Si de verdad queremos atajar la corrupción, el delito de prevaricación debe entrañar pena de cárcel. Para evitar, por ejemplo, aberraciones como esta: "Condenada la exalcaldesa de Manilva por 749 contratos “a dedo”. Antonia Muñoz contrató personal “sin procedimiento legal alguno” entre 2007 y 2013 para este municipio de la Costa del Sol"

Max Pradera @maxpradera

Si de verdad queremos atajar la corrupción, el delito de prevaricación debe entrañar pena de cárcel. Para evitar, por ejemplo, aberraciones como esta: Antonia Muñoz: Condenada la exalcaldesa de Manilva por 749 contratos “a dedo” | España | EL PAÍS

4:12 p. m. · 23 ago. 2022
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 "Condenada la exalcaldesa de Manilva por 749 contratos “a dedo”. Antonia Muñoz contrató personal “sin procedimiento legal alguno” entre 2007 y 2013 para este municipio de la Costa del Sol, cuyo actual regidor tiene dos causas judiciales pendientes.

 Cuando se destapó el caso Malaya de corrupción política en 2006, todas las cámaras enfocaron hacia Marbella. La presión mediática creció con las idas y venidas de implicados como Julián Muñoz o Isabel Pantoja, hasta que en 2013 el juez dictó sentencia. Sin embargo, en esos mismos años y a poco más de 40 kilómetros de distancia, el Ayuntamiento de Manilva (16.894 habitantes) pasaba desapercibido mientras contrataba a dedo a cientos de personas. Es justo lo que ha declarado probado una sentencia de la Audiencia de Málaga, que ha condenado a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público a la entonces alcaldesa Antonia Muñoz. Lo hace por un delito continuado de prevaricación administrativa tras realizar 749 contratos de trabajo “sin procedimiento legal alguno” entre los años 2007 y 2013. Muñoz tiene otras dos causas judiciales pendientes, en ambos casos, junto al alcalde actual, Mario Jiménez.

Muñoz llegó a la alcaldía de Manilva —uno de los municipios más pequeños de la Costa del Sol— en 1999 con Izquierda Unida, pero perdió el cargo un año después tras una moción de censura promovida por el GIL de Jesús Gil y el socialista Emilio López Berenguer, que ocupó su puesto y fue expulsado del PSOE por ello. La inestabilidad política local se sucedió en los años siguientes. En 2003 ganó las elecciones el antiguo gilista Pedro Tirado (entonces en el Partido Democrático de Manilva), quien fue detenido dos años después en la operación Ballena Blanca y que tenía en casa 770.000 euros en billetes de 500 euros enrollados y sujetos con gomas. Le sucedió Salvador Zotano, del PSOE, partido que también lo expulsó por desobediencia.

La convulsa situación política parecía encauzarse en 2007 con la vuelta de Antonia Muñoz, pero ahí es donde sitúa el juez el inicio de las contrataciones irregulares. Según la sentencia de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, la exalcaldesa se valió de dos sociedades municipales — Fundación de Manilva para el Desarrollo y la Sociedad Deportiva Manilva— para contratar “de manera sistemática” a personal del Ayuntamiento “prescindiendo de todo procedimiento legal, sin proceso de selección, sin atención a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, simplemente eligiendo de forma personalista a aquellos que decidía contratar”. El fallo judicial cifra en 749 contratos de trabajo los realizados por Muñoz entre 2007 y 2013, muchos de ellos iniciados de forma temporal y que se transformaban al tiempo en indefinidos.

“El Ayuntamiento se encontraba de forma repentina con trabajadores que ni siquiera habían sido nombrados legalmente a los que había que pagar la nómina”, recoge la sentencia, que subraya cómo se eliminó una convocatoria pública de 201 plazas “por razones políticas”, según declaró un testigo. También destaca que la Intervención municipal avisó de la ilegalidad de las contrataciones en distintas ocasiones, pero la exalcaldesa no hizo caso. En uno de sus informes, la interventora afirmaba que “salvo cuatro administrativos, un ingeniero técnico, los policías locales, el secretario” y ella misma, el resto del personal —que sumaba 518 empleados municipales— se encontraba en situación de interinidad. “Lejos de solucionar el problema de que todo ese personal carecía de consignación presupuestaria, [se] contrató a más de 400 personas más”, continúa el texto de la Audiencia de Málaga. Entre los referidos, como denunció entonces el comité de empresa, a toda la lista de IU y decenas de familiares directos o políticos.

Muñoz se defendió durante el juicio —celebrado en enero y febrero pasados— argumentando que este tipo de contrataciones irregulares ocurrían antes y después de su mandato. También explicó que, dada su formación como auxiliar de administrativo, carecía de conocimiento sobre los procedimientos y que toda su actuación se derivó de su “buena intención política”. El tribunal ha respondido que “es evidente” que quien “se presenta a un cargo público en principio se sobreentiende que cuenta con unas nociones, cuando menos mínimas, de sus tareas y responsabilidades que asume” y que cuenta con asesoría técnica para resolver cualquier duda.

Por todo ello, la exregidora ha sido declarada “autora criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa” y condenada a una pena de inhabilitación para todo cargo o empleo público durante nueve años. También ha sido condenado el que fuera su asesor jurídico a 21 meses de inhabilitación.

Dos casos pendientes

La exalcaldesa dimitió de su cargo en octubre de 2014. Lo hizo sin dar explicaciones. “Es mi decisión y en ello han pesado muchos factores, pero sobre todo, el interés y el beneficio del pueblo de Manilva”, aseguró entonces. Un año antes se había dado de baja de Izquierda Unida junto a todo su grupo municipal cuando el partido presionó para forzar su salida. La sustituyó Diego Urieta, que figuraba en el grupo de no adscritos. Tras las elecciones de 2015, llegó al poder Diego José Jiménez (PSOE), que en 2016 fue desbancado por Mario Jiménez (Compromiso Manilva) tras una moción de censura presentada por su formación e Izquierda Unida, pero que contó con el apoyo del Partido Popular y la Agrupación Socialista de Manilva (sin relación con el PSOE, que votó en contra).

Mario Jiménez continúa hoy como alcalde. Tanto él como Antonia Muñoz están pendientes de juicio en otras dos piezas del caso Manilva. En la denominada Manilva II ambos se enfrentan a dos años de prisión por la supuesta contratación ilegal de empresas por parte del Ayuntamiento. En Manilva III, que investiga presuntas irregularidades en el traspaso de fondos municipales a la entidad urbanística El Hacho entre 2009 y 2012 —cuando Muñoz era regidora y Jiménez edil—, la Fiscalía les acusa de los delitos de prevaricación y malversación y solicita ocho años de prisión para ella y cuatro para él."       (Nacho Sánchez, El País, 04/08/22)

Ana Botella vendió 18 promociones de pisos protegidos en Madrid al fondo buitre de su hijo

"Las viviendas no se podían vender

La conclusión sexta del informe de la Cámara de Cuentas explica por qué, jurídicamente, no se podían vender estas promociones: La EMSV “contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”.

Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal.

Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”.

La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la Cámara de Cuentas de Madrid en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas.

El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles, siempre según el informe.

Sin justificación fehaciente alguna, y saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces por la alcaldesa Ana Botella, rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes, locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes pactadas inicialmente.  La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández, hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo.

El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le reportaron 261,8 millones de euros. 

Entre ellos, las citadas 1.860 viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros.

El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18 promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS. 

Pero al poco de llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías.

El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”.

 Es decir, el precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”. Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”.

El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008 las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la Cámara de Cuentas. 

“La venta de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública. 

Ello puede ser indicativo, de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”, concluye el informe.

La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas, destaca el informe.

La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los miembros de su anterior equipo de gobierno.

Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS.

Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este asunto. 

Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla. “A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”, avanza Mejías."       (José Antonio Hernández, El País, 05/04/16)

 "El Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, cuando estaba gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las "instrucciones internas de contratación".

Así consta en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes, al que ha tenido acceso Europa Press.

El escrito, adelantado por eldiario.es, destaca que la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".

También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.

En este punto añaden que no sólo se incumple la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos", recoge la Cámara en su informe.

1.860 viviendas afectadas

En concreto, las promociones vendidas componen un total de 1.860 viviendas vendidas a dos entidades jurídicas del mismo grupo societario, Fidere Gestión y Fidere Vivienda, en régimen de arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra, más los correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5.315 inmuebles).

Esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.

A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados".

La Cámara de Cuentas concluye que la EMVS lanzó el anuncio de venta desconociendo el valor objetivo del mercado de los inmuebles, renunciando a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologadas.

"Solo tiene como referencia una estimación por aproximación al total de los bienes, que carece de condición de informe técnico de valoración, hecha por PwC, que no solo carece de validez de tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar (...) sino que además se revelará, en la fase de negociación, posterior con la que resultaría la adjudicataria, como asesora de esta última", destaca el informe.

En consecuencia, ve un incumplimiento de las instrucciones internas de contratación respecto a la obligación de fijar "el precio objetivo y cierto" del bien a enajenar, además de "vulnerar las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos".

Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.

La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento en contra de lo que marca la normativa.

Además, recrimina a la EMVS que no se haya establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control "para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad".               (Público, 06/04/16)

“El PP me pagó con billetes de 500 en b parte de una campaña en Alicante”

"La campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2007 en Alicante que coordinó la entonces concejal de Urbanismo y actual alcaldesa Sonia Castedo superó los límites legales que marca la ley, se pagó en dinero negro y fue financiada en parte por el constructor Enrique Ortiz y otros promotores locales y nacionales, asegura Enrique Ruiz Córcoles, propietario de la agencia de publicidad ER Backspin al que se le encargaron casi todos los eventos. Castedo y Ortiz lo niegan.

Ruiz Córcoles, de 49 años, entonces hombre de confianza de Castedo, diseñó una agresiva campaña que, según asegura, costó más de 450.000 euros, dio la mayoría al PP y aupó a la alcaldía a Luis Díaz Alperi, al que luego sucedió Castedo, hoy imputada junto a Ortiz por amañar supuestamente el Plan General Urbano de la ciudad y en el denominado caso Rabassa.

El dueño de ER Backspin afirma a EL PAÍS que no firmó ningún contrato con el PP y que preparó una factura por sus servicios de 21.000 euros porque la Ley Electoral impedía gastar más. “Me dieron 35.000 euros en b en el despacho de Luis Díaz Alperi, que estaba con Sonia Alegría [concejal del PP].

Me hizo contar el dinero delante de ellos. Posteriormente, durante la conversación comenté cómo fabricaban tan bonitos los billetes de 500. Sonia me dijo: ‘Esto lo mandan de Madrid”. Asegura que esto fue tres o cuatro días después de la jornada electoral. Alperi y Alegría lo niegan.

Dentro del caso Gürtel que se instruye en Valencia, la Agencia Tributaria atribuye el pago de 88.000 euros en dinero b de parte de esa campaña del PP a “Sonia”.

Ruiz afirma que el resto se lo abonaron varios constructores, entre los que cita a Enrique Ortiz. “Ortiz me pagó en billetes unos 30.000 o 40.000 euros. Fui a sus oficinas en Alfonso X El Sabio y una secretaria me dio un sobre diciéndome: ‘Esto han dejado para ti”. El constructor Ortiz niega el presunto pago.

La campaña a las municipales en Alicante en 2007 fue clave porque semanas antes de las elecciones una encuesta del CIS apuntaba que el PP perdería la alcaldía. El partido se volcó con una ostentosa campaña electoral. La imagen de Díaz Alperi cubrió las fachadas de una docena de edificios en lonas de hasta 10 por 6 metros. Los carteles se colgaron en edificios en construcción y en otros protegidos de los barrios más emblemáticos.

 Una ordenanza, aprobada anteriormente por el propio Alperi y su grupo municipal, prohibía la instalación de carteles, exigía su retirada inmediata y multaba con hasta 3.000 euros a quien lo hiciera. La oposición denunció el despliegue de medios del que hizo gala el PP.

“Sonia se ocupó de buscar todos los espacios y habló con los constructores y promotores que los cedieron. Les decía: ‘Hay que colaborar con la campaña’. Alquilar cada fachada podía costar entre 8.000 y 40.000 euros al mes. Logramos los mejores espacios de la ciudad. Movilicé a más de 150 personas durante 25 días”, asegura Ruiz.

“Fue una campaña bestial. Había castillos hinchables, tirolinas, bandas de música, regalábamos coca-colas. Pusimos más de 150 vallas en Alicante, radios, publicidad estática, un folleto especial de 12 páginas buzoneado por todo Alicante... Invitábamos a todo el mundo”, recuerda Ruiz.

La campaña no reparó en gastos. Una crónica del diario Información de Alicante del 15 de mayo de 2007 describe un mitin de Alperi: “La organización del PP montó en la plaza de San Blas todo tipo de atracciones para el público: invitó a comer y beber, entregó bolsas con obsequios, instaló juegos infantiles... hasta la banda de Los Claveles tocó”.

Contra pronóstico, Alperi logró la alcaldía por 63.695 votos (15 concejales de 29). Fue la cuarta mayoría absoluta consecutiva de Alperi.

“Cuando ganamos celebramos el fin de fiesta en el hotel Meliá y Sonia y Alperi y el resto de concejales me mantearon. Hubo barra libre para mil personas”, recuerda Ruiz, que afirma que organizó los actos y estrategia publicitaria salvo el primer mitin y el último. En ambos intervino Francisco Camps, entonces presidente de la Comunidad Valenciana. “Los actos de Camps los organizaba Orange Market”, apostilla el publicitario. Orange Market es una de las empresas investigadas en la trama Gürtel.

El 17 de septiembre de 2008, menos de año y medio después de las elecciones, Alperi, entonces imputado, cedió el bastón de la alcaldía a Sonia Castedo, una periodista reconvertida en política. “Durante la campaña ya sabíamos que Alperi le dejaría el poder, que ella iba a ser la alcaldesa”, asegura Ruiz.

El publicitario describe cómo el PP propuso pagarle la campaña: “Me dijeron que preparara una factura de 21.000 para el partido”. Era el máximo permitido por la ley. El resto procedió de constructores o de contratos troceados del consistorio después de ganar la alcaldía.

 Como ejemplo, cita la campaña divernadal de Navidad de ese año: “El presupuesto excedía lo que podía dar una sola concejalía, así que lo trocearon”. Para probarlo muestra 15 facturas de distintos departamentos. “Me avisaban antes de cuál era la mejor oferta de los competidores para que la mejorara”.

Aun así, los contratos no conseguían saldar la deuda: “En 2009 comencé a tener problemas porque seguían sin pagarme; yo a mi vez dejé deudas a varios proveedores y todo se me vino abajo. Me decían que me pagarían con concesiones municipales, pero me ofrecían tonterías y acabé arruinado”.

 Así era el sistema que supuestamente utilizaron Alperi y Castedo para favorecer a los constructores que financiaron su campaña: “Les pagaban los favores con concesiones municipales. Todo era una farsa y lo sabíamos mucha gente. Los empresarios de Alicante están sangrados”.

El dueño de la agencia ER Backspin afirma que el constructor Enrique Ortiz regaló joyas y relojes a concejales y a Sonia Castedo. “Ella le decía: ‘Enrique, no me hagas estos regalos que no sé como te los voy a pagar’. Y él respondía: ‘Ya sabes cómo’. Eran relojes y joyas de 6.000 y 7.000 euros. He escuchado conversaciones alucinantes entre Ortiz y Sonia. Entonces la corrupción era lo normal. Yo he visto cómo les llevaban al coche neceseres. Y a Alperi con bolsas negras liadas, aunque nunca vi lo que iba dentro”.

Ruiz define la relación del constructor con la alcaldesa como “muy estrecha” y afirma que esta “ha estado muchísimas veces en el barco de Ortiz en Ibiza”. Unas fotografías de ambos con unos amigos celebrando las Navidades en un hotel de Andorra lo demuestran.

El publicitario se lamenta de que lleva años intentando cobrar los 140.000 euros que aún le deben. “He ido a la sede del PP en Génova a reclamar la deuda y la única respuesta que me dan es que ya me llamarán”, se lamenta. Dice que cayó en desgracia en el entorno de Castedo porque “vieron que trataba con José Antonio Sobrino”, un concejal del PP ahora enfrentado a la alcaldesa.

Ruiz vendió el catamarán que tenía atracado en el puerto de Alicante y se marchó a Argelia en febrero de 2012 en busca de trabajo. Dejó un reguero de deudas. Y concluye: “Ellos viviendo de puta madre y yo de la limosna. Lo he pasado muy mal, aunque ahora he conseguido rehacer mi vida. Esta gente no imaginaba que algún día me atrevería a contar la verdad. Llevo siete años callado y me apetecía hacer esto. Hoy he descansado”.        (Rafael Méndez / José María Irujo  ,  El País, Madrid 30 NOV 2014)

La comisión era del 4%. Un 3% para el partido, y un 1% para el alcaldes y concejales

"Pozuelo de Alarcón (Madrid) es uno de los ayuntamientos que “saqueó” la “mafia” Gurtel, pero no el único. También lo hizo en Majadahonda y Boadilla del Monte. Y el resto de España está sin investigar, con 8000 municipios cuya mayor parte están gobernados por PP y PSOE. 

Todos los integrantes de la red corrupta (políticos, empresarios y funcionarios) están libres y, por contra, los empleados públicos, empresarios y policías que denunciaron la malversación han sido perseguidos por su honestidad.  (...)

El último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que fue entregado el pasado 26 de mayo al juzgado central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional desvela con sus nombres, apellidos y empresas como miles de sociedades viven de los “enchufes” municipales que alcaldes, concejales y funcionarios corruptos avalan con sus firmas.

 Las obras: 4% de comisión para el político, que a su vez reparte el 3% (partido) y el 1% (particular)

 El despilfarro es espectacular, con compras municipales en tiendas y marcas de lujo, suministradores con los mismos apellidos que alcaldes y concejales, y corrupción generalizada: precios del asfalto de las calles que se han “hinchado” para dejar comisión, constructoras que cambian de nombre y estafan a sus propios empleados, contratas particulares cuyos servicios ni siquiera se efectúan…

 Así asfaltan nuestras calles: manipulan las ofertas económicas

 El informe de Hacienda, que ofrecemos en esta misma web, no deja lugar a dudas: es urgente una auditoría en todos los ayuntamientos de España y los partidos de la “casta” jamás la efectuarán. 

Por esta razón es prioritario que las nuevas formaciones políticas y los vecinos más activos, valientes, honrados y lúcidos conformen nuevas plataformas ciudadanas sin “contaminación” de los viejos partidos –como la que tan exitosamente ha surgido en Torrelodones (Madrid)–y tomen el poder municipal y autonómico en mayo de 2015.

 Así nos engañan con las obras municipales

 “Vecinos por Torrelodones” logró la mayoría en esta localidad madrileña y es un ejemplo para toda España de cómo, si los ciudadanos se unen por encima de las ideologías, pueden lograr que los políticos profesionales saquen sus manos de la caja y algún día poder llevarlos ante un tribunal de justicia que los juzgue, requise sus bienes y encarcele.

 Así manipulan las facturas en los ayuntamientos

 “No somos un grupo de profesionales de la política buscando un hueco en el que ubicarnos en el espectro electoral. Muy al contrario, somos un grupo de profesionales que, hartos de veinte años de dejadez de los distintos equipos de gobierno que, amparados en mayorías absolutas, han gobernado de espaldas a los intereses de los ciudadanos, buscamos dar un giro de ciento ochenta grados a la política local para que sean los intereses de todos los vecinos y la mejora de su calidad de vida lo único que prime a la hora de tomar decisiones”, señala Elena Biurrun, la nueva alcaldesa.

 Así pagan a empresas que no realizan la actividad contratada

 En paralelo, el ingeniero informático Miguel Fiandor (Madrid, 1983) tampoco se ha cruzado de brazos y puso en marcha la web Transparenciadecuentaspublicas.es, un portal que pretende desenmascarar la corrupción local. Con iniciativas ciudadanas así, la “mafia” PP-PSOE que actualmente nos esquilma tiene los días contados.

 Hacienda detecta “el pago de la comisión” en un ayuntamiento (Pozuelo)"

(Un espía en el Congreso, 18/06/2014)

El Ayuntamiento de Sabadell exigía un depósito del 3% del importe de las obras

 "Del alcalde ‘capo’, el presunto colocador y la gestión del Plan E.

 Aunque la operación Mercurio sigue bajo secreto judicial, se van conociendo pasajes de la supuesta trama de corrupción cuyo epicentro se centra en Sabadell (Barcelona). Al alcalde de la ciudad se le conocía como el capo, Daniel Fernández (PSC) podría haber intercedido para colocar a una conocida en el Ayuntamiento de Moncada y Reixach (Barcelona) y parte del desvío de dinero podría proceder, también, del famoso Plan E que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Varios diarios han publicado este jueves filtraciones de la investigación que se está llevando a cabo bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d’Esquadra. La operación Mercurio sigue abierta y cada día que pasa se va conociendo algún nuevo imputado más.

En este contexto, este miércoles se ha sabido que el ex concejal de Urbanismo de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Antonio Jiménez, también ha sido imputado en la operación Mercurio. Jiménez (ex concejal del PP) estuvo relacionado en al caso Pretoria, aunque posteriormente fue exculpado. Hasta ahora hay doce detenidos y 26 imputados.

“Lo que diga el capo“

La investigación de los Mossos d’Esquadra se ha centrado, durante una buena parte del tiempo, en identificar quién era el capo. Según ha publicado El Periódico, las alusiones al capo aparecían en numerosas conversaciones de teléfono intervenidas tras la autorización del magistrado de Sabadell Ramón González García. “Lo que diga el capo“; “pregúntaselo al capo“; “si al capo le parece bien”.

¿Quién era el capo? Según las investigaciones de la policía autonómica era Manuel Bustos (PSC), alcalde de Sabadell. Cabe recordar que el líder del PSC, Pere Navarro, ha avalado todo su futuro político a que tanto Bustos como Fernández, secretario de Organización del PSC y congresista, son inocentes de la imputación que ha caído sobre ellos.

Sin embargo, los Mossos han recopilado suficiente información como para que el juez instructor haya considerado oportuna la imputación de Bustos. La policía autonómica tenía suficientes indicios como para solicitar al juez la intervención telefónica del móvil personal del alcalde.

En estas conversaciones intervenidas, empresarios que han sido detenidos -ya están declarando ante el juez- relatan las extorsiones a las que eran sometidos para poder acceder a cualquier concurso de adjudicación pública que se realizaba en la ciudad, según han explicado fuentes de la investigación al diario del grupo Zeta.

Algunos de estos empresarios podrían haber sufrido, además, alguna presión extra para que aceptaran las cuotas de hasta 120.000 euros que se exigían y que se ingresaban en una cuenta común, que después se repartía entre los implicados en la trama. A esto hay que añadir el presunto cobro de un 3% del coste final de la obra concedida, debido a un ‘pacto implícito y apalabrado’.

En algunas de las llamadas intervenidas a los empresarios, estos pronuncian de manera reiterada frases como “esto te lo arregla el alcalde“. Frases que revelan una manera de actuar que, según los investigadores, se había convertido en una práctica “sistematizada” en algunos departamentos del Ayuntamiento.

Fernández, implicado de forma casual

También han sido grabaciones telefónicas las que han llevado a implicar en el caso a Fernández, número dos del PSC. Sin embargo, el móvil de este dirigente socialista no ha estado pinchado nunca. En las charlas intervenidas a los imputados, algunos cargos de confianza de Bustos, se detectaron numerosas alusiones despectivas hacía una mujer denominada “la pija”. María Elena Pérez, alcaldesa de Moncada, según los investigadores.

En mayo, los agentes de la policía autonómica transcribieron varias conversaciones entre la alcaldesa y Fernández, que llamaba a través del móvil de Bustos, este sí, pinchado por la policía. El número dos del PSC pedía a la edil que le ayudara a colocar a Carmina Llumà, ex alto cargo en la Generalidad durante la época del tripartito, como directora del área de política territorial del consistorio.

Pérez se negó. Pero Fernández, según los investigadores, le insistió “con muy malas maneras” advirtiéndola de que no tenía más opción que admitir a Llumà para un cargo del que su antecesor fue cesado el 22 de marzo. Al concurso para ocupar la plaza se presentaron cinco candidatos. Llumà fue la escogida. Los Mossos d’Esquadra se llevaron del Ayuntamiento de Mocada la documentación referente al concurso de la plaza.

Esta información también ha sido denunciada por el PP. Eva García, responsable popular en Moncada y diputada autonómica, ha recordado que Pérez echó de forma “fulminante” y “sin dar explicaciones” al anterior responsable de la política territorial del ayuntamiento. El PSC local ha negado que se cometieran irregularidades en la contratación de Llumà pero la oposición local, según ha sabido LA VOZ DE BARCELONA, considera a Pérez un muñeco de Bustos.

El hermano del alcalde Bustos

En paralelo, según ha publicado La Vanguardia, la investigación también se ha centrado en si hubo fraude de recursos públicos en las partidas destinadas a Sabadell del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocidos como el Plan E.

Los agentes de la policía autonómica que han registrado las dependencias municipales del Ayuntamiento se han hecho con la contabilidad municipal de los años 2009, 2010 y 2011. Según el diario del grupo Godó, durante estos años -fechas en las que desde el Gobierno se transfirieron a los ayuntamientos dinero para aplicar el Plan E- los fondos públicos fueron gestionados por el área de Espacio Público, cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde.

La otra persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo, coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. También están imputados los concejales de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área de presidencia, Montse Costa -que es la pareja sentimental del alcalde-, y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

¿Financiación ilegal de partidos?

Otro de los imputados que podría haber tenido un papel fundamental en la presunta trama corrupta es el ex concejal del PP, Jordi Soriano. Soriano fue expulsado del PP en 2009 por su connivencia con el alcalde Bustos -en dos años solo presentó una moción en el Ayuntamiento- y sospechas de mala gestión económica del grupo municipal del PP, tras una auditoria del partido.

Uno de los objetivos marcado por los investigadores es saber si además de enriquecerse con la supuesta trama de corrupción, los implicados han facilitado, a través del pago de las constructoras, la financiación ilegal de partidos políticos. De momento, todo indica que la operación Mercurio tendrán más ramificaciones y que la instrucción será larga."       (lavozdebarcelona.com, 29/11/2012)


 "Hay una treintena de imputados, entre ellos el alcalde y una diputada del PSC, en la operación ordenada por un juez que lleva más de dos años investigando recalificaciones.

 Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 12.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". 

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.   

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso. 

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.

 

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. (...)

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta. 

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. 

 Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. 

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio."          (Público, 27/11/2012)


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Botella inicia el "desalojo" de los vecinos de las viviendas sociales que ha vendido al marido de la Cospedal

"El desalojo de los vecinos de los cinco edificios de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender a una empresa privada, relacionada con el marido de Cospedal, ya ha comenzado. 

Esta misma mañana [miércoles], varios vecinos, cuya fecha de revisión del contrato está próxima, se han despertado con una carta en su buzón que les advertía de que deben abandonar su hogar. (...)

Este es el caso de Mario Agreda que ha recibido la notificación para que abandone su casa antes del 31 de enero a pesar de que su contrato, con fecha de 1991, le adjudica la vivienda de manera “permanente”. Hasta ahora, el contrato de Mario, de 70 años, se había renovado cada dos años de manera automática ya que los motivos por los cuales le habían concedido la vivienda social persistían.

La única intervención del Ayuntamiento consistía en adecuar el alquiler a la renta del inquilino. Ahora, de manera unilateral la Administración ha rescindido el contrato. (...)

“Llevo 21 años viviendo en esta casa. Hasta ahora, el contrato se renovaba automáticamente cada dos años mientras que pagase el alquiler. Ahora según la carta que me mandaron rescinden de manera unilateral”, señala Mario a Público, quien asegura que a sus 70 años no tiene lugar donde ir junto a su esposa, como el resto de vecinos.(...)

 

Así, Loli, vecina de la calle de la Madera, se ha enterado esta mañana de que el 18 de diciembre debe abandonar su hogar. Ni siquiera la han avisado un mes antes, como manda la ley. Esta vecina, que vive con su madre de 72 años y tiene un hijo de 21 años, llegó al vecindario procedente de otro edificio de su propiedad que fue declarado en ruina. 

Le dijeron que el realojamiento sería definitivo y que dispondría de una opción de compra. “Ni siquiera nos han dado tiempo para prepararnos. En apenas tres semanas tenemos que abandonar nuestra casa”, señala a Público.

En el mismo inmueble de Loli, otros dos vecinos han recibido la carta de desalojo: Javier, un hombre de 54 años con una minusvalía reconocida, debe desalojar su vivienda antes del 13 de diciembre; otra vecina de origen marroquí, que lleva 15 años en la casa, tendrá que hacerlo antes del 10 del mismo mes y Ángel, un señor de 81 años que vive junto a su mujer de 79 años, tendrá que abandonar su hogar en el mes de febrero. 

 Cada uno de ellos tiene un contrato diferente dependiendo de sus circunstancias y de la ley vigente en el momento en el que lo suscribieron, sin embargo, todos ellos han recibido el mismo documento en el que se les comunica que si quieren continuar habitando en viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid deberán ponerse en contacto con la empresa pública. (...)

Si el contrato es indefinido, el inquilino podrá permanecer en su casa a pesar de la venta del inmueble, aseguran la abogada. No obstante, la empresa pública está tratando de convencer a todos los vecinos, independientemente del contrato que tengan, para que abandonen sus casas. 

“Les están asustando diciendo que el nuevo propietario puede modificar las condiciones del contrario de alquiler y eso no es así. Es la ley la que marca unos baremos para actualizar. 

No obstante, las letradas aseguran que los vecinos que decidan permanecer en sus casas podrían sufrir otro tipo de problemas. “Existe el peligro real, porque así lo indica la experiencia, de que el nuevo comprador trate de echar a los inquilinos de forma legal o de forma menos legal”, asegura. 

Por otro lado, los vecinos realojados pasarán a tener un nuevo contrato de cinco años de duración, pero nadie les puede asegurar que no les volverá a suceder lo mismo que están viviendo ahora. "         (Público, 21/11/2012)

Los hijos de Gil, condenados a pagar 105 millones al Ayuntamiento de Marbella

"Los cuatro hijos y herederos del fallecido Jesús Gil deberán reintegrar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 66,5 millones de euros que se volatilizaron de las arcas municipales entre 1994 y 1999, años en los que su padre fue alcalde.

Además, los descendientes del controvertido regidor tendrán que abonar otros 39,15 millones por los intereses que habría generado hasta hoy la cantidad evaporada. En total, los vástagos de Gil deberán devolver 105,65 millones al consistorio marbellí.

El Tribunal de Cuentas considera en una sentencia reciente que los hijos de Gil, al haber aceptado expresamente la herencia de su padre, son responsables contables del "menoscabo real y efectivo" sufrido por las arcas públicas debido a la "conducta gravemente negligente" del exalcalde. (...)

Parte del patrimonio que Gil legó a sus hijos lo constituyen las acciones del Atlético de Madrid, club de fútbol que presidió el fallecido regidor marbellí. Estos títulos fueron puestos a disposición del Tribunal de Cuentas por parte de la Audiencia Nacional, que los tenía embargados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de Gil por el llamado caso Saqueo.

El grueso del dinero detraído de las arcas públicas corresponde a las transferencias realizadas entre 1994 y 1999 desde el Ayuntamiento de Marbella a cuatro sociedades del entramado ideado por Gil y su entonces abogado de confianza, José Luis Sierra, para impedir la fiscalización de las cuentas municipales.

En su demanda ante el Tribunal de Cuentas, presentada en 2005, la Fiscalía detectó que en ese periodo un total de 66,37 millones de euros salieron del Ayuntamiento "pero no hay constancia [...] de que los fondos hayan entrado en la sociedad municipal a la que iban destinados".

La cantidad detectada por la Fiscalía era inferior a la detectada por la propia juez del Tribunal de Cuentas, que elevó a 71,24 millones de euros el dinero que se evaporó en las transferencias desde el Ayuntamiento a las sociedades municipales. Sin embargo, la juez recuerda en su sentencia que no puede imponer el pago de una cantidad superior a la reclamada por el ministerio público.

Para fijar la cantidad desfalcada, los inspectores del Tribunal de Cuentas debieron recurrir a analizar las transferencias declaradas por el Ayuntamiento a las sociedades, ya que la contabilidad de esta sigue siendo un misterio.

En la sentencia, la juez recuerda la "escasa colaboración e incluso obstrucción de las autoridades municipales" durante el periodo de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades. Además, pone de relieve que durante la inspección salió a la luz la existencia de seis mercantiles "no comunicadas por el Ayuntamiento, que solo dio cuenta de la existencia de 25".

Además de las transferencias a las sociedades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha analizado pagos de obras y servicios sin justificar del Ayuntamiento por valor total de 135.850 euros. Entre estos abonos figuran 6.000 euros para la celebración del certamen Linda de España de 1996 o 36.060 euros para los festejos de Navidad y Reyes de 1998.

En la causa, además de Gil, se investigó la responsabilidad contable de los exconcejales gilistas Julián Muñoz, Antonio Luque, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá, Pedro Román y Dolores Zurdo. Todos estos exediles, excepto Zurdo, cuya responsabilidad ha prescrito, deberán devolver a las arcas públicas un total de 197,65 millones, entre el principal y los intereses generados en los últimos 17 años." (El País, 03/05/2011, p. 26)

"Patrimonio amasado en Marbella"

"El imputado por corrupción al que los jueces atribuyen los negocios urbanísticos ilegales más lucrativos en la historia de España se llama Juan Antonio Roca, tiene 57 años y ha pasado los últimos cinco en una celda. En este tiempo, el supuesto cerebro del caso Malaya, la trama de corrupción en Marbella (Málaga) no ha perdido nada de su talante controlador. (...)

Lo que sigue es un resumen de su declaración.

- "A mí me nombra Jesús Gil a dedo". El interrogatorio arrancó con la llegada a Marbella en 1992. "A mí me nombra Gil a dedo gerente de Planeamiento 2000, pero en el mismo día en que se me nombra gerente de la sociedad el alcalde nombra un arquitecto director de la revisión del plan, Eugenio Sánchez Moro. Yo no me encargo de revisar el plan, soy ingeniero, no arquitecto. Yo no he redactado un plan en mi vida".

- 31 años en la "actividad inmobiliaria". El exasesor sostuvo que ya era rico antes de entrar a trabajar para la sociedad municipal marbellí. "Llevo en la actividad inmobiliaria desde los 26 años, primero en Murcia y luego en Marbella. Entre 1991 y 1997 liquidé la sociedad Marbella Inversiones [germen del entramado societario] con unos activos de 500 millones de pesetas [tres millones de euros]".

- 12.000 euros netos al mes, dos días de trabajo a la semana. Roca percibía una nómina de 12.000 euros mensuales como gerente de Planeamiento 2000. Eran sus únicos ingresos declarados y, según confesó, explican su alto nivel de vida: "Le puedo garantizar que con 12.000 euros netos mensuales después de impuestos se puede vivir muy bien. Me refiero a llevar a los niños a un colegio bueno o permitirse algún viaje".

Además de bien pagado, el trabajo no era absorbente: "Desde 2002, cuando le comunico al alcalde que quiero ir dejando el Ayuntamiento y dedicarme a mis negocios inmobiliarios, yo voy al Ayuntamiento dos días a la semana, lunes y martes, nada más. El resto de los días estoy dedicado a mis empresas".

- Sin rendir cuentas a Hacienda. "Cuando Marbella Inversiones hace la liquidación, cuando cobra 200.000 euros, el que cobra es Juan Antonio Roca, que es el propietario y que ha prestado previamente el dinero a la sociedad. Evidentemente, no declaraba esos fondos", admitió Roca.

- "Disfrutar de lo que es mío". "En ningún momento he tratado de ocultar que el patrimonio de mis sociedades era mío. Disfrutaba perfectamente a ojos de todos de lo que era mío. Si tratara de ocultar que era el propietario, no hago en 2005 que se escriture la sociedad a nombre de mis hijos".

- Un padre generoso. "Mis hijos tienen cuenta corriente desde que nacieron. Les iba asignando 3.000 euros un año, 4.000 euros otro. ¿Quién va a financiar la cuenta corriente de un niño de un año hasta los 18? Pues el padre".

- Confianza en los testaferros. Roca puso la administración de sus principales empresas en manos de los abogados Sánchez Zubizarreta, también procesados, aunque sin mediar contrato de fiducia alguno. "No he tenido nunca la más mínima duda de la honestidad de este gabinete. Cuando uno pone unas sociedades administradas por ellos, lo único que existe es la confianza plena en su honradez". (El País, 07/03/2011, p. 16)

"Patrimonio amasado en Marbella"

El fiscal presentó un amplísimo escrito de acusación donde desgranaba las sociedades que Juan Antonio Roca tenía a nombre de testaferros, las obras de arte adquiridas, sus manejos con los políticos y sus prácticas irregulares. Lo que sigue es un resumen de ese escrito.

- 50.000 euros de renta;

200 millones de patrimonio. "Juan Antonio Roca ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante coincidiendo con la época en la que estuvo ligado laboralmente a Marbella. Con la renta disponible de 1997 a 2004 de aproximadamente 50.000 euros al año fue capaz de efectuar adquisiciones y atender gastos por más de 200 millones".

- Testaferros. "Los bienes de Roca aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas con objeto de ocultar su verdadera titularidad, sin que se puedan vincular a su persona, hasta el punto que Roca no figura como socio ni administrador de tales entidades".

- Negocios regados con comisiones. "Roca ha financiado parcialmente sus negocios y propiedades con fondos obtenidos de empresarios que le entregaban dinero como contrapartida por la obtención de resoluciones e informes favorables a sus intereses, sobre todo en el campo urbanístico, con vulneración de la normativa. El dinero obtenido de los empresarios lo aplicaba Roca, si bien solo en una pequeña parte, a corromper a las autoridades de Marbella".

- Reciclaje de dinero negro. "Roca destinó parte de los fondos obtenidos ilícitamente a adquirir obras de arte por varios millones. La adquisición de obras de arte es una modalidad muy usada de cara al reciclaje del dinero ilegalmente obtenido". (El País, 07/03/2011, p. 16)

"(En Lanzarote) suman más de 100 imputados... de todos los partidos. Entre ellos... 11 alcaldes y ex alcaldes... y familias enteras"

"Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro.(...)

Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. (...)

Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. (...)

Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino.

Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.
Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro.
Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión. (...)
"Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.
-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.
Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.
-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.
Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.
-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio.
Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?
A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.
-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo.
Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.
La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones.
Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder. (...)
Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz.

Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario.

La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías. (...)

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos.

Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.(...)

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. (...)

Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones." (El País, Domingo, 13/02/2011, p. 10/11)

Año y medio de prisión para el alcalde popular de Piélagos por prevaricación urbanística

Bloque de viviendas en el municipio de Piélagos y orden judicial de ser demolidas por constituir "una dentellada al monte" según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

"El juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde de Piélagos (Cantabria), José Manuel Pacheco, del PP, a un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística. (...)

"Dicen que he dado unas licencias que no debía haber dado. Yo creo que no es así. Yo no me he llevado un euro por todo esto. Voy a recurrir", ha asegurado Pacheco en conversación con este diario. "Soy inocente, pero hay tantos culpables en la calle y tantos inocentes en la cárcel... El juicio fue en junio y la sentencia llega ahora, a dos meses de las elecciones. Ha tardado más que la del 11-M. ¿A quién quieren engañar?". (...)

El alcalde ha sido condenado por 15 licencias de construcción que otorgó entre 2004 y 2005 vulnerando la normativa urbanística vigente y en contra de las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos.

Este no es el primer revés judicial para Pacheco. Los tribunales ya han ordenado la demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco. Esta última fue la quinta sentencia de derribo que afrontó el municipio." (El País, 25/02/2011)

El alcalde de Castro de Rei presionó a la secretaria para amañar contratos... pero ella dijo: "yo no quiero caciquear"

"La secretaria municipal de Castro de Rei rechazó en varias ocasiones participar en los amaños que les proponía el alcalde y sus ediles.

Las escuchas dejan al descubierto constantes presiones del regidor y algunos de los concejales, sobre todo Balado y Lorenzo, a la secretaria municipal, María Josefa Fernández, para que hiciese la vista gorda ante las irregularidades que se repiten en los procesos de contratación de obras y personal en este municipio.

En la instrucción que dirige la titular del juzgado número 3 de Lugo constan los expedientes de más de una veintena de obras en este municipio lucense en las que se repite el mismo procedimiento: el alcalde y los ediles deciden de antemano la constructora a la que adjudicar los trabajos y luego se le pide a ésta que busque otras dos firmas para dar apariencia de legalidad al contrato negociado sin publicidad. (...)

"Hay que poner varias [obras] juntas para que pasen de 50.000 euros para que [la Diputación de Lugo] nos pague el proyecto, pero no debe pasar de 200.000 para que nosotros podamos jugar con ellas a la hora de adjudicarlas, [...] se las vamos a dar a quien nos dé la gana". La policía está convencida de que "esta conversación resume básicamente toda la operativa de la contratación en Castro de Rei, la cual es evitar obras por concurso, reduciendo o fraccionando la cuantía del contrato, para poder dárselo finalmente a la empresa que deseen utilizando torticeramente el procedimiento aun a sabiendas de que si se desarrollara un concurso las condiciones para el concello podrían ser más ventajosas".

En otro de los pinchazos, el alcalde de Castro de Rei habla con el edil de Terra Galega (Tega) Roberto Lorenzo, a quien avisa: "La cuestión es que, entonces, lo de las carreteras lo que tenemos es que decidirlo y después decirle al que tengamos pensado que pida otras dos ofertas, que pida no, que nos diga a quién mandamos la invitación".

El propio regidor, en esa misma charla que tuvo lugar el 27 de febrero de 2009, desvela sus planes para intentar convencer a la secretaria municipal de que cuele en una junta de gobierno que ya ha tenido lugar tres nombres de tres empresas como si ya hubiesen sido invitadas.

En una conversación posterior, también grabada por la policía, es el concejal de Terra Galega quien le comenta al alcalde que la funcionaria municipal se niega a admitir como válidas las ofertas entregadas fuera de plazo por varias de las empresas a las que tanto él como el alcalde pretendían beneficiar. Tras enterarse, el alcalde llama a la secretaria municipal para que interceda en favor de las citadas constructoras: "El problema es que todos los que nosotros teníamos interés en las obras son los que no lo entregaron a tiempo".

La secretaria se pregunta entonces si es que los dirigentes de esas constructoras "no saben leer".

Entre los supuestos tratos de favor del gobierno municipal de Castro de Rei no sólo los hay a empresas, también a personas. Las escuchas recogen, por ejemplo, el interés de Lorenzo en contratar a determinados trabajadores para un programa de cooperación local: "Nosotros queríamos coger al Cachimbas y al Gitano, pero en teoría...". Su interlocutora le corta: "Son justo lo opuesto, porque no tienen experiencia en el mercado ganadero".

Cuando la resolución de las plazas, concedidas según un baremo, no les satisface, el alcalde trata de presionar a la secretaria municipal, que le responde: "Desde luego, yo no cambio el acta. En el próximo proceso de selección llamas a alguien de la Diputación y lo hacéis... A mí ya me extrañaba que no hubiera jaleo, que nadie me tocara la tecla". El alcalde replica: "Pensábamos que nos ibas a decir..." A lo que la secretaria interrumpe: "Si vais a querer a alguien y caciquear, yo no quiero participar. Llamáis a un secretario de aquí al lado". (El País, ed. Galicia, Galicia, 18/06/2010, p. 2)

'Las vamos a dar a quien nos dé la gana'

"Aunque las investigaciones y detenciones de lo que se conoce como Operación Rey se centraron en el Ayuntamiento de Castro de Rei, la declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la Diputación, salpica a los alcaldes de varios municipios de distinto color político, de entre los que, curiosamente, el mandatario investigado, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), es el que sale mejor parado en sus confesiones.

Se trataría de un proceso que se realizaba en los procedimientos negociados sin publicidad. En todo caso, según el ingeniero, tampoco varía en los casos negociados con publicidad, puesto que la diferencia es que hay que anunciarlo previamente, pero luego se invita a quien quiera la administración y su adjudicación no es siempre a la oferta más ventajosa, sino que se puede realizar discrecionalmente.

Según el testimonio del ingeniero, los alcaldes tenían trato con él y por ello le encargaban proyectos de obra a precio de mercado, que luego adjudicaban por un valor superior que podía oscilar entre el 22% y el 28%, aunque también aludió a que hay casos en los que los sobreprecios alcanzaban el 50% del valor de los contratos.

En el testimonio del ingeniero tampoco se libra el alcalde socialista de Foz, José María García Ribera, aunque, en este caso, el funcionario de la Diputación admitió que sus informaciones provienen de lo que le comentaron otras empresas. Sin embargo, deja fuera de esta práctica al alcalde de Castro de Rei, de quien aseguró que siempre le pedía que hiciera las valoraciones lo más ajustadas posible. Incluso especificó cómo sería, en líneas generales, el reparto del dinero de diferencia: un 16% de IVA, otro 6% de beneficio para el contratista y el 4% para la dirección de obra.

Reconoció además que cuando tenía ocasión de comprobar las diferencias que había entre lo que él presupuestaba y las cantidades en que se adjudicaban los proyectos, prefería no preguntar a los alcaldes, puesto que ya sabía que era para llevarse el dinero. (...)

En otra de las muchas conversaciones de Valiño con Roberto Lorenzo, concejal de Terra Galega, le dice: "A mí me va a decir: 'te cogí la chavala para allí, pero también te doy una obra en la que vas a ganar dinero'. Pero una cosa es ganar dinero y otra no poner nada de mejora". El sumario recoge decenas de diálogos en los que el alcalde habla de "arreglar" una serie de obras con otros integrantes del gobierno local.

A uno de ellos, Antonio Balado, le dice sobre una obra: "Tenemos que pagar nosotros todo. No debe pasar de 200 para que podamos jugar con ellas para la hora de adjudicarlas. Las vamos a dar a quien nos dé la gana". Este mismo concejal, le espeta a la secretaria municipal cuando veta la contratación de una familiar: "Tú eres muy legal (...) y no tardarás más de tres meses en caer".
(El País, ed. Galicia, Galicia, 16/06/2010, p. 2)

"Que me pague en 'b', que me hace mucha falta"

"Las formas son más toscas -160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán-, pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una miríada de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas -que no existían en la realidad- para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.

Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal". Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en b, que me hace mucha falta" (...)

el promotor Francisco Llamas reconoció haberle pagado "al menos en una ocasión" 3.000 euros por un permiso para construir 61 apartamentos. En su despacho, la Guardia Civil halló plantillas para falsificar licencias de obra del Ayuntamiento de Alcaucín.

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeron 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores. De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista". (El País, ed. Galicia, España, 22/01/2010, p. 18)

Alcaldes detenidos desde la operación Malaya

"La acumulación de casos de corrupción siembra la desolación en el Congreso."¿Qué me va a parecer?", espetó Zapatero sobre la trama ligada al PSC y CiU" (El País, ed. Galicia, España, 29/10/2009, p. 12)

Prenafeta y Alavedra, ex consejeros de Pujol, cobraron 637.590 euros cada uno en comisiones. El cerebro de la trama, Luis García (PSC), ingresó ocho

"El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a prisión incondicional a cinco políticos del PSC y CiU de la trama inmobiliaria de la Operación Pretoria, entre ellos los dos históricos consejeros de CiU durante la etapa de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Garzón también decretó la prisión incondicional para el presunto cerebro de la trama, el ex diputado autonómico expulsado del PSC Luis García, Luigi; para el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.

El juez atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (Opeación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".

Los empresarios imputados -Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais, y el de Proinosa, Josep Singlá- podrán eludir la prisión si pagan antes de las 13.00 horas del lunes una fianza de 500.000 euros. Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, quedó en libertad tras aducir que no tenía nada que ver con la trama, aunque el juez decretó para él una fianza de 100.000 euros. Para el gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, decretó una fianza de 25.000 euros. (...)

El auto de Garzón constata la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, de Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Utilizaban estos lugares para labores de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte.

Las actividades principales del grupo consistieron, según Garzón, en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la hacienda pública, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás. (...)

Tanto Prenafeta como Macià Alavedra utilizaron sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Lluís Casamitjana, que les paga comisiones a través de su empresa Espais, procediendo al blanqueo de las mismas. La actividad de contactos con autoridades y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Casamitjana ha continuado hasta la actualidad, en particular respecto de un edificio para la Generalitat de Cataluña y una promoción en Cerdanyola del Vallés.

Luis García, Luigi, el principal responsable de la trama, se erigió en una especie de "consejero" que decidía e impartía las decisiones en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde, Bartomeu Muñoz, habría percibido al menos 8.026.000 euros por las operaciones inmobiliarias, entre 2001 y 2007, denominadas Pallaresa, Niesma y Badalona." (El País, ed. Galicia, España, 31/10/2009, p. 10)