"Mientras el neofranquismo avanza y un 30% de la población sigue en
riesgo de exclusión, las cloacas mediáticas, judiciales, empresariales y
políticas no descansan, y siguen trabajando a destajo “para limpiar la
mierda”, según declaró el excomisario José Villarejo el día de su puesta
en libertad, pocas horas después de que la fiscal general del Estado,
Dolores Delgado, fuera cazada almorzando en su domicilio privado con dos emisarios del policía jubilado.
La sucesión de escándalos fiscales del rey emérito copaba
hasta fechas recientes el goteo por entregas de Villarejo a sus medios
afines; son los últimos coletazos de la inconfesable operación Salvar al Soldado Felipe VI: matar al padre a cambio de blindar la libertad del policía y empresario para garantizar su silencio sobre todo(s) lo demás.
Mientras en los juzgados esperan destino las más de 30 piezas
separadas que forman el maxiproceso a Villarejo, todavía en activo como
director de comunicación de las cloacas, este reportaje conjunto de Público y CTXT
pone el foco en una historia en apariencia menor, de cuyas motivaciones
y trasfondo real se ha hablado poco, aunque la prensa ha publicado en
los últimos años numerosas noticias escandalosas sobre el asunto.
Hablamos de la corrupción universitaria en Madrid, judicializada bajo el eufemismo Caso Máster,
y que en la memoria colectiva remite al bochornoso episodio de los
títulos de posgrado supuestamente tuneados y regalados por la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid a algunos políticos
prominentes.
El relato va de delante hacia atrás, y arranca en el mes de noviembre
de 2020. Han pasado justo cuatro años desde que, según reveló el
sumario del caso Lezo, José Creuheras, sucesor de José Manuel
Lara como máximo dirigente del Grupo Planeta, visitó en el otoño de 2016
a Cristina Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol. En ese
tiempo, Cifuentes tuvo que dimitir, y Ángel Garrido, su número dos y
luego sustituto en funciones, dejó finalmente paso a Isabel Díaz Ayuso,
una desconocida periodista de pasado falangista, discípula de Esperanza
Aguirre.
Ayuso llega en agosto de 2019 a la presidencia de la Comunidad de
Madrid. De los 48 diputados que sacó Cristina Cifuentes en 2015, el PP
ha pasado a 30, pero los votos de Ciudadanos y Vox, escisión ultra del
PP, dejan al PSOE, que había ganado las elecciones autonómicas después
de mucho tiempo, en la oposición.
En febrero de 2020 estalla la pandemia y todo se para. Madrid lidera
con Bérgamo las cifras de muertos de Europa en la primera ola. Ayuso da
órdenes a las residencias de mayores para que no envíen ancianos a los
hospitales colapsados. Más de 20.000 ancianas y ancianos mueren sin
atención, solos, sin ver a sus familias. Florentino
Pérez, a quien muchos ven como el verdadero poder de la Comunidad en la
sombra, recibe contratos sin cesar, hasta 35 en unos meses, tanto de
servicios como de construcciones. Y se permite incluso exigir el lucro cesante por las muertes que se producen en las 61 residencias de su empresa, Clece.
El Gobierno progresista confina el país durante cuatro meses, y Ayuso
echa la culpa de todo a Sánchez, pero apenas hace nada. No concede
ayudas directas, no gestiona los rastreos, no medicaliza las
residencias, abandona la atención primaria a su suerte, cierra los
colegios, ordena alimentar con pizzas a los niños con menos recursos, se instala en un hotel de lujo de su amigo Kike Sarasola, convierte Ifema en un hospital de guerra sin quirófanos y lo clausura con un festín repartiendo bocatas de calamares.
Asesorada por MAR (Miguel Ángel Rodríguez), el spin doctor de Aznar, Ayuso crece como principal ariete del PP contra el Gobierno “socialcomunista”. Pero no aprueba una sola ley.
Hasta que, un año después de llegar al poder, en julio de 2020, algo
se mueve por fin: la presidenta pide al Consejo de Gobierno que ponga en
marcha un proyecto de ley para conceder una licencia de universidad
privada a la Escuela de Administración de Empresas. La EAE es una
empresa del Grupo Planeta que presta formación universitaria en
instalaciones propias desde 2015 bajo el manto de la Universidad Rey
Juan Carlos: era un centro adscrito, lo que significa que carece de
licencia para funcionar como universidad independiente, por lo que no
puede emitir títulos con su nombre y debe ceder un porcentaje de sus
matrículas a la universidad que la cobija.
En octubre de 2020, Ayuso ha aprobado su primera ley, la ley del suelo, reedición a pequeña escala de la que Aznar lanzó en 2000 para iniciar el milagro económico
de Rodrigo Rato. La oposición recurre el acto ante el Tribunal
Constitucional porque la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por el
diputado de Ciudadanos Juan Trinidad, exempleado de OHL y Villar Mir,
ha encerrado a los parlamentarios en el Hemiciclo para garantizar el
quórum. “Todavía no entendemos la prisa que tenían. Podían haber
esperado dos semanas y hubiera habido quórum sin problema; pero es que
no tenían prisa, tenían urgencia”, recuerda el diputado autonómico de
Unidas Podemos Jacinto Morano.
La segunda y última ley de la legislatura de Ayuso es la que concede
al Grupo Planeta una licencia de universidad privada: se vota por el
procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020. “El método se
llama lectura única”, explica Clara Ramas, exdiputada de la Asamblea por
Más Madrid. “Consiste en debatir en el pleno y a toda pastilla un
informe de mil páginas –el expediente presentado por EAE demostrando la
supuesta excelencia de su proyecto– sin pasar por comisiones ni aceptar
enmiendas o ponencias”.
La concesión exprés de la universidad privada a EAE, la enseña de
formación universitaria del Grupo Planeta, se consuma con los votos a
favor de PP, Cs y Vox.
14,5 millones a dedo y presiones de Marhuenda
Las relaciones del Grupo Planeta con la Comunidad de Madrid eran en
ese momento las mejores en mucho tiempo. En octubre de 2020, Ayuso ha
concedido a dedo un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al
holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales a las clases desde 5º Primaria a segundo de Bachillerato a través de Educamadrid, la plataforma de servicios educativos de la comunidad madrileña.
La patronal del sector, Anele, denunció ante los tribunales y los
organismos de control económico y presupuestario la declaración de
emergencia del contrato. “Es un despropósito”, dijo en El País el presidente de Anele, José Moyano, que se sumaba así a las quejas y a las críticas de los directores de instituto, sindicatos y oposición, que ya tildaron el contrato de “escandaloso”.
Desde Más Madrid recuerdan bien aquellos días. “Dos semanas antes de
que se votara la ley de la universidad privada en la Asamblea, Francisco
Marhuenda me llamó y estuvo un buen rato contándome las bondades de
EAE”, cuenta el diputado Eduardo Rubiño. “No es infrecuente que cuando
una ley se acerca a la Asamblea las empresas interesadas hagan lobby. Pero Marhuenda insistió más de lo habitual en que aquello era una maravilla que no podíamos dejar de apoyar”.
La presión de Marhuenda, que compagina su tarea de tertuliano 24/7
con su cargo de profesor titular en la URJC y la dirección de La Razón,
no hizo mella en la oposición. “El proyecto nos pareció inconsistente,
un chiringuito diseñado para cobrar dinerales por grados y másteres que
solo beneficia a empresas privadas y a fondos buitre”, cuenta Rubiño, “y
que además no cumplía ninguno de los requisitos exigidos a las
universidades privadas”.
“A nosotros no nos llamó Marhuenda”, recuerda por su parte Jacinto
Morano, de UP, “seguramente porque sabía que en esa piscina no había
agua”.
Morano hizo una rotunda intervención ante el pleno:
“Ha dicho el señor Sicilia [Eduardo Sicilia, consejero de
Universidades, cuota Ciudadanos] que este proyecto de ley que estamos
hoy votando va a ayudar al progreso social y educativo de la Comunidad
de Madrid. Recuerdo un dicho latino: Cui prodest?, ¿esto a
quién beneficia? El progreso social y educativo, ¿para quién? Vamos a
ver lo que estamos hoy votando. Estamos votando una cierta manera de
privatización de una institución universitaria, porque pasamos de un
centro adscrito, el EAE, a un centro absolutamente privado”.
Y proseguía: “Esta universidad tiene planteados planes de grado con
un coste de 8.000 euros por alumno, y posgrados, algunos habilitantes,
por un precio de 13.500 euros. Por cierto, cuando eran centros
adscritos, los precios en esta entidad, el EAE, de la que va a ser
sucesora la Universidad Internacional de la Empresa, eran más bajos. Se ha aprovechado esta conversión de la naturaleza jurídica de la institución para subir 300 euros los costes de los posgrados.
Y oferta un posgrado de Alta Dirección de 26.700 euros de coste. El
coste de este posgrado es mayor que la renta per cápita de Madrid.
Entonces, ¿a quién está beneficiando este proyecto de ley que estamos
planteando? ¿Cuántos madrileños, en la situación social y económica en
la que estamos, van a poder acceder a estos programas?”.
Tras el apresurado intercambio de opiniones, votan en contra PSOE,
Más Madrid y Unidas Podemos. Pero la universidad privada de Planeta en
Madrid es oficial gracias al trifachito. Ayuso necesita los votos de Vox, y los obtiene.
En plena pandemia, con la mitad de los diputados en sus casas, y sin
un debate digno de ese nombre, el soñado negocio universitario de
Planeta, por el que sus directivos llevan trabajando y presionando desde
2015 en los más altos despachos de la Comunidad, se hace por fin
realidad.
La concesión genera una pequeña controversia, que se entierra
enseguida. Los organismos consultivos que debían pronunciarse sobre la
idoneidad del nuevo centro eran contrarios a conceder la licencia a
Planeta. Según Público, el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid,
la Fundación para el Conocimiento Madridmasd y los sindicatos habían
detectado deficiencias en las instalaciones (algunas de ellas alquiladas
y con contratos cercanos a expirar), en la ratio profesores-alumnos y
en el nivel de investigación que planteaba EAE. El acta de la reunión
del Consejo certifica 9 votos en contra del proyecto, ninguno a favor y
siete abstenciones.
“La propia memoria de impacto normativo reconocía que el proyecto no
cumplía los requisitos académicos, docentes ni de infraestructuras”,
recuerda la exdiputada Clara Ramas; “pero los promotores afirmaban que
ya los cumplirían cuando se les diera la licencia. Fue una claudicación
en toda regla a los intereses corporativos de Planeta”.
Curas y bancos
Comisiones Obreras denunció por su parte que se trataba de la cuarta
universidad privada que autorizaba la Comunidad de Madrid en solo quince
meses. El 7 marzo de 2019, la Asamblea aprobó convertir en
universidades privadas a la Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing (ESIC), el Colegio Universitario de Estudios Financieros
(CUNEF) y la Universidad Internacional Villanueva.
“Aquel dislate se aprobó en el último pleno de la anterior
legislatura, y por supuesto el entonces presidente en funciones, Ángel
Garrido, también recurrió al método de la lectura única, hurtando el
debate parlamentario”, recuerda Morano.
Las tres agraciadas tenían padrinos tan poderosos o más que la del
Grupo Planeta. ESIC (Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de
Jesús) y Villanueva (Opus Dei) están vinculadas a organizaciones religiosas,
y CUNEF se gestiona desde la Fundación de la Asociación Española de
Banca –AEB–. Villanueva y CUNEF rompieron lazos como centros adscritos
de la Complutense, y ESIC se desligó de la Rey Juan Carlos, como haría
EAE 15 meses después.
La decisión de Garrido fue un golpe duro para Planeta. En noviembre
de 2018, la prensa había contado que se había desbloqueado el asunto de
la EAE y que la concesión de la universidad privada estaría lista en
2019. Pero la vía libre quedó pospuesta ante el empuje, la experiencia y
los contactos de la Iglesia y la banca: desde el ‘Tamayazo’, las
concesiones de licencias de universidad privada en Madrid habían ido
favoreciendo de forma mayoritaria a organizaciones religiosas y fondos
buitre. Los jesuitas (Comillas), los Legionarios de Cristo del pederasta
Marcial Maciel (Francisco de Vitoria) y la Asociación Católica de
Propagandistas (CEU) ya tenían la suya.
En aquel momento, la Comunidad de Madrid sumaba ya once universidades
privadas, además de 38 centros privados de estudios superiores,
mientras el número de universidades públicas se había mantenido en seis
desde que se fundó la Rey Juan Carlos 25 años atrás. Por fin, en
noviembre de 2020, Díaz Ayuso cumplió el deseo de Planeta y logró la
hazaña de convertir a Madrid en la región con más universidades privadas del país: 12, frente a seis públicas.
Unos meses después de la concesión de la licencia a EAE, hace un par de
semanas, Ayuso impuso a Cristina Cifuentes la medalla de oro de la
Comunidad. Era el símbolo de que un círculo se había cerrado. Ayuso
rehabilitaba a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la principal
perjudicada del Caso Máster, que, como veremos enseguida, venía
sufriendo feroces ataques y presiones de los directivos y medios del
Grupo Planeta y de otros afines a este al menos desde 2016.
La triste historia de la URJC
2018 fue el año que dañó para una larga temporada el prestigio de la
Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, cuando era presidente de
la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Con el tiempo, la URJC se
convirtió en la gran universidad pública del PP (sector María Dolores
de Cospedal) y, en menor medida, también de la vieja Izquierda Unida.
Los dos partidos, que compartían consejo y tarjetas black en
Caja Madrid con los socialistas, se repartían por cuotas en la URJC
profesores, departamentos, cátedras patrocinadas y honoris causa,
haciendo crecer así sus escuderías académicas y sus negocios educativos:
la idea era que la Rey Juan Carlos compitiera en volumen de
estudiantes, rentabilidad y presencia, ya que nunca lo consiguió en
prestigio, con la gran universidad ‘socialista’ de la región, la Carlos
III.
Pero de repente algo se torció en ese pujante camino neoliberal de la URJC. En la primavera de 2016, Cuartopoder publicó
que el rector de la institución, el catedrático de Historia Fernando
Suárez Bilbao, había cometido múltiples plagios en distintas obras. Poco
después, Suárez dimitía; dos años más tarde, sería procesado en
relación a las convalidaciones irregulares de diversas asignaturas del
máster en Derecho Autonómico que dirigía el catedrático Enrique Álvarez,
el mismo que cursaron, al menos en teoría y en etapas distintas, Pablo Casado y Cifuentes.
Esas corruptelas tenían un mismo lugar de origen: el Instituto de
Derecho Público (IDP) de la URJC, de alto interés económico para su
núcleo duro, muy vinculado a Cospedal. En plena guerra interna del PP
tras la disputada sucesión de Mariano Rajoy, El País reveló en
agosto de 2018 que el flamante líder popular, Pablo Casado, había
aprobado diez años antes un sospechoso máster exprés de Derecho
Autonómico en el IDP. Fuego amigo a discreción.
La Fiscalía del Supremo decidió no procesar a Casado, aun
reconociendo que había indicios de trato de favor, porque el asunto
estaba prescrito. Luego, gracias a los votos del PSOE, el nuevo
presidente del PP fue eximido de comparecer ante la comisión
parlamentaria, como Cifuentes, aunque esta sí sería procesada.
En aquellos días de 2018 también se supo que la URJC expedía títulos
de posgrado a licenciados en Derecho de universidades italianas con un
imaginativo paquete a la carta organizado por agentes de viajes desde
Madrid. El cursillo daba acceso a la colegiación española, lo que
permitía a los alumnos italianos ejercer en la UE ahorrándose 18.000
euros de un máster obligatorio en su país. Para amenizar la estancia, el
pack ofrecía incluso la asistencia a partidos en el Bernabéu, un imbatible todo incluido.
Cifuentes y Montón
Desde que se conoció el plagio del rector hasta finales de 2018, el
huracán de la URJC dejó un largo rosario de titulares escandalosos.
Quizá el único positivo, sobre todo para su protagonista, fue que
Francisco Marhuenda, director de La Razón, el medio escrito del Grupo Planeta, pasó de ser profesor interino a titular el 12 de octubre de aquel año.
Por lo demás, el aluvión se llevó por delante las carreras de una
presidenta de la Comunidad de Madrid (Cristina Cifuentes, PP) y de una
ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez (Carmen Montón, PSOE, artífice
de la desprivatización de la sanidad valenciana mientras fue consejera
de Sanidad de la Generalitat y declarada enemiga de Farmaindustria).
Cifuentes se vio obligada a dimitir en abril de 2018 tras la difusión
de un vídeo en el que se adivinaba que había intentado llevarse de un
supermercado unas cremas sin pagar. La presidenta se había mantenido en
el cargo contra viento y marea después de que se publicara que le habían
aprobado el máster del IDP manipulando notas y documentos públicos sin
que la lideresa hubiera tenido que ir a clase ni presentarse a defender
el Trabajo Final de Máster (TFM).
Por su parte, la ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón, fue
acusada de beneficiarse de un trato de favor durante su curso de
posgrado y, además, de haber plagiado o recogido textos sin citar en 19
páginas de las 52 que ocupaba su TFM. Montón dimitió el 11 de septiembre
de 2018. La médica valenciana, que solo fue ministra durante cuatro
meses, es hoy embajadora permanente de España ante la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Cifuentes fue juzgada y absuelta (aunque el juicio deberá repetirse) y
en los últimos tiempos se ha dedicado a participar en tertulias
televisivas de Mediaset. Montón fue investigada, pero la jueza archivó la causa.
Las primeras informaciones sobre las exalumnas de la URJC se publicaron en eldiario.es,
el digital que dirige Ignacio Escolar. Sin embargo, las filtraciones no
consiguieron desalojar de sus cargos a las dirigentes del PP y del
PSOE. El último empujón a Montón se lo dio La Sexta, que se hizo cargo
de la demostración del plagio. Y de la puntilla a Cifuentes se encargó
el tabloide de Eduardo Inda, que publicó aquel vídeo borroso y antiguo
de Cifuentes, con inequívoco hedor a los pendrives de Villarejo.
Puertas giratorias policiales
En este punto es preciso recordar que el jefe de Seguridad de
Planeta, Antonio López López, recientemente llamado por la Audiencia
Nacional en calidad de investigado por la pieza nº 12 de la macrocausa Tándem o caso Villarejo,
colaboró en las maniobras del Ministerio del Interior contra diversos
políticos catalanes, según le aseguró el exministro Jorge Fernández Díaz
al ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en el audio de cinco horas que se grabó subrepticiamente y se envió a Público de forma anónima.
Estamos ante una de las grandes especialidades de las Cloacas S.A.:
las puertas giratorias policiales. Un buen número de altos mandos,
procedentes de las órbitas de Agustín Linares, Pepe Villarejo y Eugenio
Pino, dieron un lucrativo salto al sector privado al colocarse como
jefes de seguridad de grandes empresas, muchas de ellas del IBEX, tras
haber ocupado puestos públicos de relieve, incluyendo a los jefes
superiores de Madrid o Barcelona. Aquella investigación de Público ha tomado nuevo vuelo esta semana con la imputación de dos altos directivos de La Caixa por haber contratado, supuestamente, a Villarejo y sus muchachos para espiar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
Bankia, Telefónica, El Corte Inglés, La Caixa, Iberdrola, Prosegur,
Santander y Planeta son algunas de las empresas que contaban o cuentan
con policías leales a Villarejo en sus departamentos de seguridad, con
acceso a datos e información de toda índole.
Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid,
recuerda que oyó hablar del vídeo de las cremas de Cifuentes “bastante
antes” de que Inda lo publicara. “En la Asamblea se decía desde el
principio de aquella legislatura que el dueño de otro digital de ultraderecha se
lo había enseñado a Cifuentes en un intento de obtener más publicidad
institucional. Pero todo el mundo pareció olvidarse de aquello cuando
fue Inda el que publicó el vídeo”.
La Sexta y sus medios amigos
Cruzando los hechos sucedidos en aquellos meses con las agendas de
los protagonistas visibles e invisibles, parece obvio que la banda de
Villarejo jugó su papel en aquellas sonadas decapitaciones políticas y
en el golpe a la reputación de la URJC. Pero antes de zambullirnos en lo
oculto, veamos lo tangible.
Las noticias que acabaron con las carreras de Cifuentes y Montón se
publicaron, coincidiendo en el marco temporal y con enorme repercusión
en redes sociales, en un digital progresista (eldiario.es); en el
tabloide de extrema derecha de Inda, y en la cadena dirigida por Antonio
García Ferreras, La Sexta, propiedad de AtresMedia (Planeta).
Mano derecha de Florentino Pérez y buen amigo de José Luis Rodríguez
Zapatero, Ferreras cobija bajo el mantra “más periodismo” una pasión a
prueba de bombas por el Real Madrid y por el bipartidismo borbónico del
78. Alrededor de su mesa se sientan de manera habitual Inda, Escolar,
Jesús Maraña (Infolibre) y Angélica Rubio (El Plural)
–digital que, por cierto, comparte accionista de referencia con
OkDiario, ElDorado Media Holding SL, cuyos últimos socios se parapetan
tras un bufete de abogados de Barcelona–.
Escolar e Inda son
habituales desde hace años en Al Rojo Vivo, lo cual no implica que
Planeta tenga algún tipo de participación empresarial en esos medios: en
las fuentes mercantiles oficiales no consta que Planeta o sus
directivos participen con su razón social y/o su nombre en dichos
accionariados, tampoco bajo la moderna modalidad mercantil del ‘media
for equity’ (exposición mediática a cambio de acciones o participación
en beneficios).
En el caso del imputado Inda, Ferreras fue el trampolín que convirtió
a su tabloide en uno de los digitales que más aparece en las tertulias
de radio y televisión, multiplicando hasta el infinito el don de la
ubicuidad del exdirector de Marca y de Villarejo. Escolar, por
su parte, se prodiga mucho menos en otros platós. Según ha contado él
mismo a distintos colegas, su contrato exclusivo con La Sexta le impide
acudir a la competencia.
EAE, centro adscrito y ‘Púnica’
Volvamos a la universidad privada. Además de su oligopolio editorial y
mediático, el grupo Planeta da cada vez más importancia a su división
de Educación, que está considerada como estratégica por el holding fundado
por el editor José Manuel Lara Hernández en 1949 y convertido en el
primer grupo de comunicación español por su hijo, José Manuel Lara
Bosch.*
Desde que la crisis de 2008 precipitó la caída del negocio del libro
en su modalidad de ediciones generales, Planeta intenta compensar su
cuenta de resultados con los libros de texto físicos o digitales y su
departamento educativo. En 2019, el grupo anunció el cierre de Círculo de Lectores, tras registrar unas pérdidas de 12,1 millones. A día de hoy, el principal sostén del conglomerado es Planeta de Agostini, la joint venture participada al 50% con la italiana De Agostini, que en 2019 prácticamente duplicó sus ganancias desde los 26 millones hasta los 51,1 millones de euros.
El buque insignia es EAE, una escuela de negocios fundada en los años
cincuenta que Planeta adquirió en 2006. Desde hace una década funciona
como centro adscrito de la Universidad Politécnica de Barcelona, y en
2015 se convirtió en centro adscrito a la Rey Juan Carlos de Madrid. Fue
reconocida como apta para dicha condición por el Gobierno del antecesor
de Cifuentes, Ignacio González, y obtuvo el visto bueno final para el
inicio de operaciones el 5 de octubre de 2016, siendo ya presidenta
Cifuentes.
La orden que otorgó a EAE la condición de “apto” para ser uno de los
siete centros adscritos de la URJC, facultándole para impartir (y cobrar
en función de ello) formación universitaria oficial, la había firmado
la consejera de Educación Lucía Figar, que se vio obligada a dimitir en
junio de 2015, al ser imputada en el Caso Púnica por sus relaciones con Francisco Granados y, sobre todo, con Alejandro de Pedro, un
conseguidor cuyo negocio principal era cuidar de la reputación digital
de políticos como Esperanza Aguirre, y de clubes como el Real Madrid,
manipulando información por varias vías (diarios zombies, bots, redes
sociales, posicionamiento en Google, páginas de Wikipedia…).
Así llegamos a 2016. La armada mediática de Planeta ataca duramente a
Cifuentes. Según publican distintos medios, Planeta intenta que la
presidenta no colabore con la Justicia en el caso del desfalco del Canal
de Isabel II, porque la Fiscalía estaba investigando en el llamado Caso Lezo al socio y consejero de La Razón
Edmundo Rodríguez Sobrino, que a la sazón era presidente de Inassa, la
filial del Canal en Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, como veremos
enseguida, las escuchas de Lezo muestran que los directivos de Planeta perseguían otro objetivo: obtener una universidad privada.
El meollo de la cuestión es que, en aquellos tiempos, no era fácil obtener esas licencias.
Desde que llegó al poder de la Comunidad de Madrid en 1996, el PP
‘sólo’ había autorizado ocho nuevas universidades privadas, y la última
databa de 2011. Ni Ignacio González ni Cifuentes concedieron ninguna.
Pero, a partir de ahí, la veda se abrió. Como vimos antes, el sucesor de
Cifuentes, Ángel Garrido, que acabó en Ciudadanos y hoy está recién
retirado de la vida política, aprobó tres licencias de golpe en el
último pleno de la legislatura, el 7 de marzo de 2019. Planeta llevaba
dos años esperando, pues presentó la solicitud en 2017. Pero su
expediente era un rosario de chapuzas e incumplimientos, y solo logró su
objetivo en noviembre de 2020.
La sombra de Villarejo
Cruzando las escuchas de Lezo con las anotaciones
manuscritas de Villarejo, se observa que el comisario estuvo muy cerca
de los dirigentes de Planeta durante los meses en que estos realizaron
aquella delicada “gestión de crisis” contra Cifuentes. El policía y
empresario apunta en su agenda el 17 de mayo de 2016 que ha almorzado
con su admirado Adrián de la Joya y con varios directivos de Planeta. Por orden de jerarquía: José Creuheras, el presidente del holding; Mauricio Casals, presidente de La Razón
y asesor del Grupo Planeta, y el ya citado Antonio García Ferreras. La
comida se repite un mes después, el 14 de junio, esta vez sin el máximo
directivo de Planeta, según anota el amanuense Villarejo.
La importancia que Planeta otorgaba a la obtención de una universidad
privada en Madrid queda probada en las escuchas del sumario de Lezo.
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la
Guardia Civil (UCO), que había pinchado los teléfonos de la cúpula de
Planeta por el caso del Canal de Isabel II registró en aquellos meses
que varios directivos del grupo editorial mantuvieron al menos tres
reuniones (entre agosto y noviembre) con Cifuentes. Al menos a una de
ellas asistió también el entonces número dos de esta, Ángel Garrido.
A pesar de que Rodríguez Sobrino pedía a sus jefes que presionaran a
Cifuentes por su asunto personal, la temática de la primera reunión
(celebrada el 10 de agosto de 2016 entre Marhuenda y la presidenta que
presumía de no veranear) trató sobre la formación universitaria y la
URJC, según declaró la propia Cifuentes a la Comisión Judicial el 19 de
abril de 2017: “Mantuve una reunión con el señor Marhuenda el 10 de
agosto de 2016, sobre distintas cuestiones relacionadas con la
universidad Rey Juan Carlos, donde es profesor el señor Marhuenda”.
En efecto, Marhuenda era en aquel momento, además de director de La Razón
a distancia y tertuliano, profesor interino de Historia del Derecho y
de las Instituciones en la URJC, y responsable de la cátedra patrocinada
Historia de las Instituciones. Antes de la segunda reunión, Rodríguez
Sobrino llama a Mauricio Casals para contarle que Marhuenda se va reunir
de nuevo con Cifuentes y Garrido a partir del 20 de agosto, y Casals le
comunica que él también asistirá y que tiene interés en que Cifuentes
(a la que en otros fragmentos se refieren como “la puta esa”) sepa que
el tema que van a tratar “no solo afecta a La Razón, sino también a Onda Cero y a La Sexta”.
Las privadas, “un negocio de puta pena”
Otras conversaciones pinchadas durante aquellos meses de 2016 a
Rodríguez Sobrino confirman que el gran objetivo de las reuniones de los
dirigentes de Planeta con Cifuentes era lograr la licencia de
universidad que colocara a EAE más allá de la condición subalterna de
centro adscrito. El 26 de octubre de 2016, Rodríguez Sobrino comenta con
un amigo, Carlos A., las gestiones emprendidas por el grupo para lograr
una licencia. Según había anunciado Creuheras en un reciente consejo de
administración, dice Sobrino, “había que tratar bien a la señora porque
van a dar dos universidades” (…), “y ellos quieren aspirar a una y para
ellos es muy importante la operación”.
En el siguiente fragmento, Sobrino comenta que “no estaría de más que
se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecida con una universidad
privada”, aunque añade: “Macho, ya les han dado bastantes cosas”. Su
interlocutor comenta de paso que “el sándwich al PSOE con La Sexta
funciona de cine”, y remata: “Queda como independiente eldiario.es, que ese es incontrolable porque es el órgano…”.
--Universidad quieren, la Iglesia querrá una, dice Sobrino.
--Sí, replica Carlos A.
--Y se la van a dar, porque hay dos...
A continuación, Rodríguez Sobrino recibe una llamada de Joaquín P., y le
confirma que la prioridad de Planeta es el tema universitario, aunque
él piensa que las privadas son “un negocio de puta pena”.
Luego, Sobrino comenta que sus jefes le “están tocando las pelotas a la
señora” (Cifuentes), se refiere a “dos peticiones” que le habrían hecho
“Mauricio” (Casals) y “Paco” (Marhuenda), habla del odio que la gente de
Planeta tiene a Ignacio González (“IG”), y concluye que “ella
(Cifuentes) puede estar más alejada de las posibilidades de la ira” (de
los medios de Planeta, se infiere), pero que al consejero (de Educación)
“se le puede dar hasta en el carnet de identidad”.
Aquellas conversaciones poco edificantes dieron lugar a una apertura de
diligencias a Marhuenda y Casals por coacciones contra Cifuentes. El
juez les imputó a los dos. Luego las archivó al declarar Cifuentes que
nunca se había sentido presionada, por lo que no podía haber coacción.
Un año después, en el otoño de 2017, con la tensión disparada en
Cataluña, Planeta decidió trasladar su sede social desde la Avenida
Diagonal de Barcelona a Madrid. Ese mismo año, en julio, ha solicitado
la licencia de Universidad Privada a la Comunidad de Madrid. En 2018, el
grupo y sus medios afines redoblan sus ataques contra Cifuentes, hasta
que consiguen que dimita. El expediente EAE transita por los dos años de
gobierno en funciones de Garrido pero no cuaja. En 2019 gana las
elecciones Ayuso. A principios de 2020, fuentes de Planeta aseguran que
los esfuerzos del grupo se concentran en la división de educación. El
negocio de la EAE Business School –unido al colegio de
dirección en turismo Ostelea– reportó 3,6 millones de beneficios en
2019, cuando todavía era centro adscrito a la Rey Juan Carlos. A finales
de 2020, Ayuso concede la categoría de universidad privada a EAE; y un
mes antes regala al grupo el polémico contrato millonario de 14,5
millones de euros. Tarea terminada.
El diputado de Podemos Jacinto Morano ríe al otro lado del teléfono:
“¿Que si tengo confirmado que La Sexta distribuyó entre periodistas
amigos lo del máster y las cremas de Cifuentes? No, no lo tengo
confirmado. ¿Me sorprendería que lo hubiera hecho? No, no me
sorprendería en absoluto”.
Dobletes y tripletes
Los autores de este reportaje han intentado contactar, sin éxito, con
Cristina Cifuentes para aclarar algunos puntos grises de la historia.
Una ex colaboradora suya, que exige el anonimato, se limita a comentar
que la expresidenta salió “muy dolida” de aquel proceso y confirma que,
en efecto, las reuniones de aquellos meses de 2016 con los directivos de
Planeta “iban en dos direcciones, por un lado la universidad privada y
por otro lo relativo al Canal de Isabel II”.
El análisis de lo sucedido durante los últimos cinco años en Madrid
no puede obviar que Cifuentes se ganó múltiples enemigos, no solo dentro
del PP sino también fuera. Es un hecho, además, que al descontrol de la
URJC y a su salida forzada le siguieron la concesión por la vía de
urgencia de cuatro nuevas licencias privadas de universidad en solo 15
meses, lo que generó beneficios a distintas personas y organismos,
seguramente igual de rentables que los que obtuvo Planeta. Y es un hecho
también que las dos únicas leyes que ha aprobado Ayuso durante su año y
medio de mandato son la ley del suelo y la de la universidad privada de
Planeta.
Ninguna motivación de las cloacas y sus múltiples meandros suele
tener que ver con nada personal. Simplemente, la caída de Cifuentes se
hizo necesaria para que un grupo de amigos poderosos y con intereses
diversos, actuando de forma coordinada, aumentaran su influencia y
mejoraran su reputación y sus negocios. ¿Fueron los mismos que ayudaron a
falsear el máster de Cifuentes quienes luego la forzaron a dimitir?
Esta pieza de Público
sugiere que es posible que así fuera. ¿Son los oligopolios mediáticos y
empresariales, y las cloacas adyacentes, organismos capaces de quitar y
poner presidentes? Tristemente, se diría que es así.
Así es, en todo caso, como suelen actuar Villarejo y sus clientes y
jefes: en la operación en la que no hacen doblete, hacen triplete. Su
especialidad es hacer amigos con los enemigos de otros, y luego facturar
a unos y a otros, bien en metálico o como favores futuros.
La historia completa de las Cloacas S.A. y de los 25 años de obsesión
privatizadora del PP madrileño, un partido capaz de contabilizar en B
hasta las muertes de ancianos y de traficar con el futuro de los alumnos
y la reputación de una universidad pública, está todavía por escribir.
Aunque algunos periodistas, sobre todo Javier Ayuso y Patricia López,
han contado buena parte de lo que ocurrió, las ramificaciones son
infinitas, y los beneficiados (y perjudicados) se cuentan por centenares
en todos los sectores, incluidos por supuesto los medios de
comunicación.
En este caso concreto, las acusaciones periodísticas contra notorios
personajes de la política madrileña y nacional y contra la propia URJC
funcionaron en un doble o triple sentido: como exigencia de honestidad y
rendición de cuentas a dos líderes políticos, como muestra del poder
del llamado Cuarto Poder, y como espita para el desprestigio y posterior
desguace y privatización a trozos de la universidad pública. Al fin y
al cabo, siempre que las empresas quieren hacerse con un servicio
público, lo primero que hacen es presionar a los políticos al mando para
que deterioren o descapitalicen ese servicio. Es un modus operandi inventado hace décadas por el capitalismo depredador.
Con el escándalo de la URJC, muchos títulos universitarios públicos
pasaron a ser expedidos y cobrados por instituciones privadas, con un
trasvase automático de dinero público a manos particulares. Y muchos
profesores honrados y miles de alumnos sin acceso a tratos de favor
quedaron expuestos a una mancha indeleble. Lo dramático es que la
exposición pública de aquellos atropellos, esas presiones, esas
corrupciones, no sirvió siquiera para que el PP de Madrid perdiera el
Gobierno de la Comunidad madrileña. Tras dos años de gobierno en
funciones, el partido presentó a una desconocida llamada Isabel Díaz
Ayuso, y gracias a los votos de los “regeneradores” de Cs y de los
neofranquistas de Vox, acabó siendo la séptima presidenta popular
consecutiva de la Comunidad de Madrid.
Otra posible enseñanza de esta historia poco ejemplar es que, si
Ayuso sigue gobernando tras las próximas elecciones del 4 de mayo, los
medios y la ciudadanía tendremos que estar muy atentos a los movimientos
del PP madrileño y de sus medios y empresarios afines en la sanidad
(pública y privada), las residencias (ídem), la universidad (ídem), la
formación continua para magisterio y auxiliares sanitarios, la formación
profesional dual, los permisos de residencia para estudiantes
extranjeros, y por supuesto el fútbol y la construcción.
Bienvenidos, en fin, al Madrid de Florentino Pérez, Ayuso, Villarejo,
Planeta y cía, ese lugar donde todo se decide en las bambalinas y donde
nadie dice la verdad. En unas semanas, seis millones de madrileñas y
madrileños tendrán que responder en las urnas a algunas disyuntivas:
comunismo o libertad, socialismo o terrazas, Vox o Vallekas, privado o público, cloacas o periodismo ético.
Y una duda final: ¿a quién apoyará AtresMedia en la batalla de Madrid?
Coda: un máster para Vanesa Jiménez
Silvio Berlusconi solía decir, con su cinismo y su sentido del humor
habitual, que él no tenía enemigos, que él solo tenía futuros socios.
Planeta al parecer funciona igual, aunque por supuesto lo que van a leer
aquí debajo puede responder a una casualidad del todo inocente.
Durante la elaboración de este reportaje, una directiva de marketing
de EAE, que se identificó como Carlota sin dar el apellido, llamó a la
redacción de CTXT preguntando por nuestra directora adjunta,
Vanesa Jiménez. Le dijimos que nos diera su número de teléfono para
pasárselo a Vanesa, o si no que le escribiera un mail. Carlota respondió
que no nos daba su teléfono porque siempre estaba comunicando, y que
los mails “los escriben desde otro departamento”.
Un par de días después, una trabajadora de una consultoría educativa
con sede en Barcelona escribió un email a Jiménez ofreciéndole
participar en una selección de candidatos para cursar un MBA en “una de
las mejores escuelas de negocios de España”, con “ayudas
extraordinarias”. El precio de esos másteres de alta dirección puede
alcanzar, ya saben, unos 26.700 euros.
Tras una breve reunión de la dirección de CTXT, decidimos
declinar el gentil ofrecimiento y publicar esta pieza, en la que
llevábamos trabajando algún tiempo. Si les ha resultado útil o
instructiva, les animamos a suscribirse a la Revista Contexto o a nuestro medio amigo, Público.
Solo podremos seguir escribiendo informaciones como esta y haciendo
másteres por cuenta propia si ustedes, queridas y queridos lectores, nos
apoyan.
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Derecho de Réplica
El señor Ignacio Escolar nos hace llegar las siguientes líneas de réplica:
“Me hubiera gustado que se me hubiera contactado para recoger
mi versión de los hechos antes de publicar este artículo, y no varias
horas después. Es radicalmente falso que Villarejo, La Sexta o Planeta
tuvieran la más mínima relación con la fuente que permitió la
investigación del caso Máster por parte de elDiario.es, como se insinúa
en varios párrafos. También es completamente falso que Atresmedia o
Planeta tengan relación accionarial con elDiario.es. La investigación
del caso Máster que realizó nuestra compañera Raquel Ejerique no fue una
filtración interesada –como también se insinúa sin prueba alguna– sino
un trabajo periodístico ejemplar que nada tuvo que ver con esa
universidad de Grupo Planeta”.
Fes de errores:
En la primera versión de este artículo se decía que el fundador del grupo fue Lara Bosch, pero fue su padre, Lara Hernández.
Antonio García Ferreras no es director de Informativos sino director de La Sexta.
Ángel Garrido pertenecía al PP cuando sustituyó a Cifuentes, y no a
Ciudadanos como se afirmaba en la primera versión de este artículo." (Miguel Mora / Pilar L. González de Lara, CTXT, 17/04/21)
