"Si vuelvo a mi país soy un hombre muerto". La dificultad para lograr asilo hace aflorar mafias que venden pruebas falsas de persecución en Colombia.
Tiene que demostrar que en su país le quieren muerto. Que en Santuario (Colombia), el pequeño pueblo de campesinos donde nació y donde años más tarde sus vecinos le eligieron como alcalde, la guerrilla llegó una noche de Reyes para saquear el banco y la caja agraria. Que después extorsionaron, secuestraron y mataron a decenas de sus vecinos. Que las familias más ricas contrataron a paramilitares para que echaran a los guerrilleros y que en aquel caos, que duró varios años, mataron a su hermano pequeño, a su escolta, a cuatro concejales... Que él, José Alirio Colorado, de 45 años, sigue vivo porque huyó, y que al denegarle el asilo en España, vuelve a ser "un hombre muerto". (…)
"Caduca en mayo", dice mostrando un papel arrugado y amarillo, su carné de solicitante de asilo. Se ha arrugado porque lleva casi dos años en el bolsillo, el tiempo que ha pasado desde que aterrizara en Madrid con un billete a Tel Aviv, pidiera asilo en Barajas y comenzara el proceso. Su abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) le dio la mala noticia hace dos semanas: denegado. Rechazado como el 97% de las solicitudes presentadas en 2007, la mayoría, de colombianos. Para CEAR, que asiste a más de la mitad de los solicitantes de asilo, el de José Alirio es "un caso clarísimo y una injusticia flagrante".
Asegura que va a recurrir. Pronto regresará a la Oficina de Asilo con la carpeta del horror a cuestas, la que guarda el acta de defunción de su hermano, los recortes de prensa que recogieron la noticia de su asesinato, los mensajes que le enviaban los paramilitares: "Montañas de Colombia, 23 de julio de 1997. Señor José Alirio, reciba un cordial saludo de parte de nuestra organización", empezaba el primero. "Nuestra paciencia tiene un límite (...). Le damos un plazo máximo de tres días para abandonar la región, en caso contrario, sus hijos y su esposa tendrán el mismo fin de su hermano", terminaba otro, firmado en 2004 por el comandante Escobar, de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Sabe que carpetas como la suya pueden comprarse en Colombia, por el sueldo de un año y medio. La policía de Barajas, CEAR y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han detectado la aparición de mafias que fabrican y venden a sus compatriotas packs de pruebas para solicitar asilo.
"Operan sobre todo en el Valle del Cauca. Se presentan como abogados, incluso como trabajadores del ACNUR, les venden el pack de mentiras: amenazas de grupos armados, denuncias a la fiscalía, certificados de pertenencia a organizaciones de defensa de los derechos humanos... y por desgracia, predisponen a las autoridades que revisan los casos a pensar de que todo es un engaño", asegura María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
Los clientes de estas mafias son colombianos sin visado que viajan a España no para conservar la vida, sino para mejorar sus condiciones, pero también hombres y mujeres para los que el viaje es una huida, un asunto de vida o muerte. "El fraude genera desconfianza. Es un círculo vicioso. La aplicación restrictiva del derecho de asilo, induce a pensar al que viene que si no va cargado de pruebas, no tiene ninguna oportunidad. Y acuden a estos grupos, que les hacen un flaco favor, porque después de muchos años atendiendo a refugiados, los entrevistadores detectan enseguida la mentira. La pena es que muchos pueden estar falsificando algo que es real", asegura Mauricio Valiente, coordinador del servicio jurídico de CEAR.
"Lo llaman el paquete: billete de avión y pruebas. Para dos personas cuesta unos seis millones de pesos y para uno solo es más caro, ocho millones (3.000 euros). Una vez en España, los clientes quedan al servicio de la organización, de forma que cuando llega uno nuevo, le dan el contacto de la persona que ya está aquí para que compruebe que el sistema funciona", explica Carlos Rodríguez (nombre falso), de 24 años, solicitante de asilo. "Me lo contó un hombre al que conocí en los trámites. Intenté denunciarlo a la policía porque me da mucha rabia que por culpa de estas personas sospechen de los que sí tenemos problemas. No me hicieron mucho caso", añade.” (El País, ed. Galicia, España, 21/04/2008, p. 22)
