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12.5.24

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

 "Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal.

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso.

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. "               (Elena Herrera, eldiario.es, 11/05/24)

14.4.24

Zapatero: "Rato renunció al FMI para velar por la autoridad del cargo y me comprometí a no informarlo públicamente... Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón. Punto... ¿Fue una razón poderosa? Suficiente para la responsabilidad que tenía"

 "El 27 de junio de 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que anunciaba que “Rodrigo Rato, director gerente del FMI informó hoy al Comité Ejecutivo que no podrá completar su mandato y que su intención es dejar el cargo en octubre”. También daba cuenta de que Rato había presentado una declaración sobre su decisión. Allí decía: “He tomado esta decisión por razones personales. Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente con respecto a la educación de mis hijos, son la razón por la cual dejaré mis funciones en el FMI antes de lo previsto”.

 Rato, con el apoyo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo el respaldo de la Comisión Europea y del presidente del Ecofin, el consejo de ministros de Finanzas, el irlandés Charlie McCreevy, quien, además, aconsejó al entonces secretario de Estado de Economía español, Luis de Guindos, que José María Aznar hablase con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para asegurarse la elección para el importante cargo.

 En efecto, Aznar solicitó al presidente Bush el apoyo para esa candidatura, dado el papel que España había asumido en la coalición de los voluntarios para impulsar la guerra de Irak en febrero y marzo de 2003.

 El FMI nombró a Rato el 5 de mayo de 2004 director gerente del FMI, uno de los puestos más codiciados del mundo para un economista, por un periodo de cinco años, con categoría equivalente a jefe de estado, con derecho a uso de avión privado para el ejercicio de sus funciones. Su sueldo anual era de 391.440 dólares anuales actualizado cada mes de julio por el índice de precios, y 70.070 dólares en gastos de representación, más un fondo de pensiones y una pensión vitalicia de 80.000 dólares. Todo libre de impuestos. Al renunciar, le correspondía una indemnización por una parte de su salario. Sus billetes de avión y los de su familia eran de primera clase.

Pero en el ecuador de su mandato de cinco años, sorpresa, sorpresa. Rato se marcha.

Una fuente dijo en aquellos días que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, apuntó al producirse la dimisión: “Hay solo tres personas públicas que aparte de Rato conocen el motivo por el cual Rato renunció al FMI: son el primer ministro Gordon Brown, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y yo” .

En la entrevista con Rodríguez Zapatero del pasado jueves 4 de abril EL PERIÓDICO preguntó por la salida de Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007.  Solo tres de quienes apoyaron a Rato conocen el verdadero motivo de su renuncia en 2007. Usted eres uno de ellos.

Me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantendré esa palabra.

Pero hubo una razón por la que dimitió. 

Hubo una razón, sí; sin duda.

Y no fue de naturaleza…. Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello.

Hubo una razón. Punto.

¿Fue una razón poderosa?

Suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor. Hoy. Porque hemos conocido muchas cosas. Pero suficiente, por velar por la autoridad del cargo.

Y usted lo supo enseguida en 2007 cuando anunció que se quería dedicar a la educación de sus hijos.

Sí, claro.

Y ellos lo supieron porque respaldaron el nombramiento de Rato en 2004.

Bueno, además Gordon Brown tenía con el FMI una relación…

Fue presidente del Comité Monetario y Financiero del FMI desde 1999 hasta julio de 2007, unos días después del anuncio de dimisión de Rato.

Así es, completamente. Bueno, a mí me lo dicen porque es español, obviamente. Yo era presidente en 2004 y le había apoyado. 

Hizo llamar al Fondo a nuestro director ejecutivo a través de Pedro Solbes…

No solo eso. Recuerdo mi primera conversación en el Palacio del Elíseo con Jacques Chirac [presidente de Francia] cuando le pedí el apoyo para Rato [en el FMI] y no le gustaba nada. No le gustaba Rato. Recuerdo que Chirac tenía identificado que Rodrigo Rato era un hombre, me dijo, muy soberbio. Esto es la primera vez que lo cuento. Y yo le dije, presidente te pido, se trata de un español, y yo tengo que mojarme y hacer todo lo posible para que salga, aunque sea del PP. Esas son las reglas. `Bueno, vale, apoyaremos´dijo, pero Chirac no quería apoyar a Rato. (...)"              (Ernesto Ekaizar, El Periódico, 14/04/24)

25.11.22

De Rodrigo Rato a Ángel Acebes: los 34 protagonistas del caso Bankia que han sido absueltos... cousas veredes

 "Terminó el juicio del caso Bankia con todos sus protagonistas absueltos. La causa juzgaba las responsabilidades sobre la fallida salida a Bolsa de entidad surgida tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja, y otras pequeñas cajas de ahorros. El juicio oral comenzó en 2018 en la Audiencia Nacional, pero la investigación se remonta a 2012, meses después de su rescate.

Se preveía un juicio largo pero no que se tardaran ocho años para una sentencia. Además de los 34 acusados, entre ellos el que fuera entonces presidente de la entidad financiera Rodrigo Rato, tuvieron que declarar numerosos testigos ilustres como Luis de Guindos, Miguel Ángel Fernández Ordoñez o Christine Lagarde.

Justo cuando se ha iniciado el proceso de absorción de Bankia por CaixaBank, que da la puntilla a la posibilidad de recuperar los 24.000 millones de euros que se utilizaron para rescatar a la entidad, los acusados han sido absueltos. Estor fueron los protagonistas de una farsa que arruinó a miles de personas:

El consejo de administración de Bankia:

Rodrigo Rato: El que fuera ministro de Economía y director gerente del FMI se convirtió en presidente de Caja Madrid y, posteriormente, de Bankia, cuando sucedió a Miguel Blesa. Era el principal encausado. Fiscalía y Abogacía pedían cinco años de cárcel para él por estafa de inversores. Las peticiones llegaron hasta los 12 años en el caso de las acusaciones populares, que añaden los delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal.

José Luis Olivas: Expresidente de Bancaja, ocupó tras la fusión la vicepresidencia del consejo tanto en BFA como, posteriormente, en Bankia. Se le acusó de conocer perfectamente la situación crítica de la entidad de realizar operaciones al frente de Bancaja con “falta de racionalidad económica”. La Fiscalía y la Abogacía solicitaron 4 años de cárcel y la acusación popular, 12 años.

Francisco Verdú: Consejero delegado de Bankia, su nombre se hizo conocido dentro del caso de las tarjetas black por ser el único consejero de la entidad que rehusó utilizar las tarjetas opacas. Las peticiones de cárcel iban desde los 2 años y siete meses a 12 años.

José Manuel Ferández Norniella: Miembro del consejo durante el proceso de la salida a Bolsa y exdirectivo de Caja Madrid. Para él, la petición de condena por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado fue de tres años y de la acusación popular de 12 años.

El resto los presentes en el banquillo de los acusados estaban por parte de la acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, cuyos escritos se limitaban a los cuatro directivos anteriormente citados. En todos estos casos, se enfrentaban a acusaciones como falseamiento de cuentas, administración desleal y estafa a inversores, con peticiones de penas que alcanzaban los 12 años

Arturo Fernández: El que fuera directivo de la patronal madrileña CEIM afrontaba su segundo juicio sobre su paso por el consejo de Caja Madrid y Bankia. Ya fue condenado a seis meses meno un día de prisión por gastar más de 37.000 euros con esta tarjeta.

Alberto Ibáñez: Antiguo directivo de Citigroup para España y Portugal y desarrolló parte de su vida profesional en la banca de inversión Salomon Brothers, así como otros cargos en Colonial, asesor de KPMG o Banco Ibérico.

Javier López Madrid: El conocido como compi yogui de los Reyes es yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir. Fue condenado por el caso de las tarjetas black a 6 meses menos un día de cárcel. Además de la salida a Bolsa de Bankia también tendrá que afrontar el juicio de la púnica.

Araceli Mora: Catedrática de Economía Financiera, Mora fue vocal del consejo de Bankia y ha ocupado distintos cargos de asesora en materia de normativa financiera y contable como en el European Accounting Association o en el Colegio de Economistas.

José Antonio Moral Santín: Fue dirigente de Izquierda Unida en Madrid y presidente de Telemadrid durante los años noventa. Fue condenado a cuatro años de prisión por el caso de las black.

José Manuel Serra Peris: Fue secretario de Estado de Industria con el Gobierno de José María Aznar. Se le consideró posteriormente persona de la confianza de Olivas. Está imputado en el caso Lezo, por su paso como vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II.

Antonio Tirado Jimenez: Alcalde de Castellón entre 1979 y 1987. Posteriormente ocupó distintos cargos en Caja Castellón o Bancaja.

El Consejo de administración de BFA

Ángel Acebes Paniagua: Uno de los rostros más conocidos en el juicio. Se trata del exsecretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior durante los gobiernos de Aznar. En la actualidad es consejero de Iberdrola.

Francisco Baquero: Consejero de Caja Madrid a propuesta de CCOO, sindicato al que estaba afiliado. Baquero, condenado a más de 3 años de cárcel por las black.

Pedro Bedia: Otro representante de CCOO en la antigua caja madrileña. También fue condenado por las tarjetas black a 8 meses de prisión.

Rafael Ferrando: Vocal en el consejo de BFA, Ferrando era uno de los llegados desde Bancaja al grupo bancario en su creación.

José Rafael García Fuster: Otro político del PP en el consejo de BFA. Fue diputado en las Cortes Valencianas, concejal en Valencia y senador a finales de los años noventa, posteriormente entró en Bancaja.

Jorge Gómez Moreno: Fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Gómez Moreno fue condenado a 3 años y 2 meses de condena por el caso de las black.

Agustín González González: Político del Partido Popular, partido con el que fue alcalde del Barco de Ávila y presidente de la diputación. Posteriormente llegó a ser presidente de Caja Ávila, entidad que pasó a ser parte de BFA.

Jesús Pedroche Nieto: Realizó su carrera política en el PP y llegó a ser presidente de la Asamblea madrileña, consejero de presidencia con Alberto Ruiz Gallardón y concejal en la capital. Miembro del Opus Dei, fue condenado a 10 meses de prisión por el caso de las black.

Remigio Pellicer Segarra: Miembro del consejo de Bancaja a propuesta del PSPV. Es un empresario que ha centrado su carrera en el mundo del mueble.

José María de la Riva Ámez: Condenado a tres años de prisión por el caso de las black. Histórico directivo del PSOE en la política local madrileña.

Estanislao Rodríguez-Ponga: Otro de los antiguos directivos de Caja Madrid que fue condenado a tres años y dos meses de cárcel por las tarjetas black. Inspector de Hacienda en excedencia, estuvo vinculado a empresas ligadas a El Corte Inglés y a los consejos de compañías como Testa.

Mercedes Rojo-Izquierdo: Fue secretaria de Esperanza Aguirre y terminó como consejera de Caja Madrid. Condenada a 10 meses de prisión por las black.

Ricardo Romero de Tejada: Condenado a un año menos un día de prisión por el caso de las black. Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP de Madrid.

Juan Manuel Suárez: Fue presidente de la Cruz Roja en España durante más de 20 años, hasta el año 2015. Fue presidente de la Caja Insular de Canarias, entidad que se incorporó a BFA. Aseguró que no tenía conocimientos suficientes de banca para dirigir una entidad.

Ángel Villanueva: Ocupó distintos cargos directivos en Bancaja.

Directivos

Estaban acusados por las acusaciones populares a hasta 12 años de cárcel por delito de falseamiento contable y de estafa de inversores en concepto de cooperadores necesarios.

Sergio Durá: Fue interventor general de Bankia, a la que llegó después de la salida a Bolsa de la entidad.

Miguel Ángel Soria Navarro: Fue directivo en el área de auditoría interna de Bankia.

Ildefonso Sánchez Barcoj: Fue el directivo de Bankia que más gastó con las tarjetas opacas de Bankia: 484.100 euros, pero fue condenado a un año menos un día de cárcel porque devolvió el dinero. Era el director financiero de la entidad.

Auditor

Deloitte

Francisco Celma: Al igual que los directivos de Bankia, este auditor de Deloitte se enfrentaba hasta a 12 años de cárcel por delitos de falseamiento contable y estafa de inversores en concepto de cooperador necesario.

Personas jurídicas

Tanto Bankia como BFA estaban acusadas de estafa de inversores."                   (Diego Larrouy, eldiario.es, 29/09/20)

31.10.22

La ruinosa salida a bolsa de Bankia, que desembocó en un rescate bancario de 22.000 millones de dinero público, queda impune por la vía penal. El Supremo confirma la absolución de los 34 acusados, entre ellos, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato

Jesús Cintora @JesusCintora

“La ruinosa salida a bolsa de Bankia, que desembocó en un rescate bancario de 22.000 millones de dinero público, queda impune por la vía penal. El Supremo confirma la absolución de los 34 acusados, entre ellos, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato” (...)

4:26 p. m. · 28 oct. 2022
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"El Supremo confirma la absolución de Rato y el resto de acusados por la salida a Bolsa de Bankia.
  
El Tribunal Supremo pone punto y final al caso Bankia por la salida a Bolsa de la entidad. Y lo hace ratificando la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato, expresidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Una decisión que supone el final de uno de los juicios económicos más importantes de la historia de España. Así, se cierra el caso que juzgaba un estreno bursátil de hace más de una década, en julio de 2011. 
 
De esta forma, se da por válido que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores —Banco de España, CNMV, FROB y EBA—, que el folleto contenía suficiente información tanto financiera como no financiera y que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Contra esta sentencia ya no cabe recurso.

El proceso del caso Bankia se había convertido en el juicio a una época, la del fin de las cajas de ahorros. Los tiempos en los que el poder político intervenía en las entidades a su antojo y en los que se cometieron excesos que afloraron en la crisis financiera. Además, los protagonistas eran icónicos: Bankia, el banco que fue rescatado con 22.424 millones de euros de dinero público, y Rodrigo Rato, el político y banquero que lo pudo ser todo y acabó en prisión por las tarjetas black. Finalmente, el desenlace da la razón a los acusados. El alto tribunal, en una sentencia fechada el pasado lunes, ha rechazado los dos recursos presentados contra la decisión adoptada hace ahora más de dos años, el 29 de septiembre de 2020, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la misma que condenó a parte del banquillo por las tarjetas black de Caja Madrid—. En ella se incidía en que la salida a Bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores.

El Supremo ha rechazado los argumentos de Bochner España y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas (Aemec): se desestima “el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Aemec contra la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, así como “el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Bochner España” e impone a cada uno de los recurrentes “las costas devengadas como consecuencia de su recurso”, recoge el fallo.

Bankia salió a Bolsa en julio de 2011. En marzo del año siguiente presentó las cuentas de resultados anuales con un beneficio de 309 millones. En mayo de 2012, ya con Rato fuera y con José Ignacio Goirigolzarri en la presidencia, se reformularon esas cuentas y la entidad pasó a presentar pérdidas de 2.979 millones. Tras eso, el banco reclamó un rescate total de 24.424 millones de dinero público. Peritos del Banco de España aseguraron que la entidad maquilló sus cuentas para salir a Bolsa y captar inversores. Pero la sentencia de la Audiencia, y ahora el Supremo, echa por tierra ese argumento.

En el fallo inicial de la Audiencia se sostenía que no había ni un solo dato que pudiera conducir a pensar que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Y consideró que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera. También destaca que tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones “enteramente contempladas por el Banco de España”, que a través de su servicio de inspección “supervisó y aprobó todos los pasos”. Entre los acusados, además de Rato, estaban José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma, entre otros. Puede consultar aquí la lista completa.

Sentencia correcta

La sentencia del Supremo, de 178 folios, repasa los argumentos de los recurrentes y ha indicado, entre otras cuestiones, que la deliberación, votación y fallo de la sentencia que absolvió a Rato y al resto de acusados fue correcta. Y rechaza que dicha resolución no estuviera lo suficientemente motivada o que hubiese un error en la valoración de la prueba que se practicó durante el juicio. “No nos compete aquí testar, en el marco de un recurso de casación, la irrefutable capacidad de convicción de las razones que sustentan lo resuelto, frente a cualesquiera otras valoraciones alternativas, sino identificar la existencia de aquellas razones y comprobar que las mismas se sujetan a las reglas de la lógica, se distancian de la decisión meramente arbitraria o apodíctica”, recoge el fallo. La Sala de lo Penal asegura además que “no se advierte error palmario alguno, ni argumentos apodícticos o absurdos” que pudieran llevar al Supremo a anular la decisión de la Audiencia Nacional, tal y como piden los recurrentes.

Los magistrados insisten en que no es su labor valorar cuál era la sentencia más “idónea o acertada”, sino “comprobar” que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional “no ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones”. Algo que no ha pasado a su juicio. De ahí que el Supremo ratifique ahora la sentencia y cierre uno de los casos más mediáticos de la última década.

 La Audiencia Nacional destacó en su fallo que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Por ese motivo sostuvo que lo que correspondía era absolver a los acusados. Para aquel tribunal, resultó “evidente a todas luces” que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue “intensamente supervisado”, contando con la aprobación de todas las instituciones.

El tribunal, además, hizo suyas las declaraciones de la fiscal, Carmen Launa, que decía que la información financiera “no puede calificarse materialmente de falsa en la medida en la que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables aunque no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente”. En cuanto a la información no financiera suscrita, la sentencia original indica que se describieron hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido, cuya descripción era “exhaustiva, clara y que cualquiera entendería”.                      (Hugo gutiérrez, El País, 28/10/22)

10.5.22

El caso Bankia 10 años después: el hundimiento del ‘Titanic’ bancario español... Se cumple una década del rescate de más de 22.000 millones de la entidad con el que el sistema financiero del país se asomó al abismo

 “Creíamos que Caja Madrid, y luego Bankia, eran como un transatlántico, que lo podían aguantar todo. Pero, como con el Titanic, llegó su iceberg. Nos decían que había problemas pero que se iban a superar, aunque no fue así. Una gran pena”. 

Con estas palabras, José Antonio Izquierdo explica lo que sintió hace ahora 10 años, el 9 de mayo de 2012, cuando el Estado tomó el control de Bankia convirtiendo en acciones un préstamo de 4.465 millones y nombró presidente a José Ignacio Goirigolzarri en sustitución de Rodrigo Rato. Pocos meses después de aquel terremoto, Izquierdo salió de Bankia —junto con otros 4.500 empleados— en el primer expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad después de 39 años trabajando en un banco al que entró de botones.

 Las cifras todavía sobrecogen. La entidad pasó de tener 20.500 empleados a 14.500, mientras el tamaño del banco —medido en el volumen de activos—, se reducía desde los más de 300.000 millones a unos 200.000 millones, lo que supuso un adelgazamiento urgente sin precedentes. Bankia se formó con la fusión de Caja Madrid y Bancaja, además de otras cinco cajas más. Sin embargo, la plantilla final de la entidad era la misma que tenía solo Caja Madrid antes de la fusión.

Bankia llegó a ser el banco más grande en España. Enderezar su camino para poder garantizar los depósitos y volver a dar crédito ha supuesto una factura de 24.000 millones de los contribuyentes (incluyendo las ayudas recibidas por la absorbida BMN). Para cualquier ciudadano las principales preocupaciones pueden girar sobre si se podrán recuperar los millones enterrados para rescatar a la entidad, si estuvo justificada aquella actuación y si se han aprendido las lecciones para que no se vuelva a socorrer un banco con dinero de los contribuyentes.

Para conocer las respuestas a estas cuestiones es relevante contar con la perspectiva de la década pasada. Bankia fue absorbida por CaixaBank el 26 de marzo de 2021, con lo que la participación del Estado quedó circunscrita al 16% del capital del banco de origen catalán. Estas acciones tienen ahora un valor de mercado de unos 4.000 millones, que sería lo que se podría recuperar en el mercado de los 24.000 millones invertidos. Además, habría que añadir los dividendos que recibirá el Estado por su participación en CaixaBank: del ejercicio 2021 ha cobrado 160 millones, según fuentes del fondo de rescate, el FROB. Es de suponer que esta cantidad se incrementará en los próximos años si mejora el beneficio de CaixaBank.

 Para completar las cuentas, BFA, matriz de Bankia, que es 100% del Estado, recibió ingresos por valor 3.875 millones por la venta del 14,5% de las acciones del banco en Bolsa y por los dividendos cobrados desde 2014. Sin embargo, tuvo que gastar 3.840 millones para compensar a los afectados por las preferentes y por la salida a Bolsa de Bankia, según el FROB. Por tanto, la ganancia es insignificante.

Acciones y dividendos, claves para recuperar ayudas

En definitiva, el agujero que dejará Bankia al Estado dependerá del precio de las acciones cuando las venda y de los dividendos que reciba. Por el momento, el Gobierno ha establecido un límite de permanencia hasta diciembre de 2023, pero podrían ampliarlo con un acuerdo del Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que para el Estado sería más beneficioso mantenerse más años en CaixaBank tanto para recuperar el máximo posible de las ayudas como por la capacidad de influencia en el banco ante problemas reputacionales o sociales.

Como no se puede predecir el precio de las acciones de CaixaBank así como los dividendos que repartirá, no es posible fijar la pérdida definitiva para los contribuyentes, pero es razonable pensar que será inferior a 20.000 millones, aunque tampoco una cantidad muy alejada. Como declaró en octubre de 2020 Jaime Ponce, el entonces presidente del fondo de rescate, “la recuperación de las ayudas públicas será limitada y escasa”.

Además de Bankia, los contribuyentes han perdido definitivamente 28.000 millones en el rescate de las otras cajas quebradas, según el Banco de España. El dinero se fue en sanear Caixa Catalunya, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Caja España-Duero, entre otras.

Por otro lado, los bancos también han pagado facturas para el rescate de sus competidores, en aras a la estabilidad del sistema, ya que todos están interconectados. En concreto, aportaron 22.300 millones para entidades como CAM, CCM o Unnim, si bien algunos de ellos se las quedaron posteriormente con las alforjas de las ayudas llenas, como el Banco Sabadell que recibió 12.600 millones por quedarse con la caja alicantina. Entre los directivos consultados por EL PAÍS que participaron en aquel rescate se apunta que es un error insistir en la idea de recuperar la aportación pública: “Lo que se debería hacer es explicar mejor por qué se hizo y que no hacerlo hubiera sido mucho peor”.

El rescate o el abismo

Por eso, la siguiente cuestión es si estuvo justificada la intervención del Titanic de la banca. El máximo responsable de esta operación, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha declinado hacer declaraciones para esta información y se remite a lo dicho en el Congreso en su comparecencia de 2018.

“De no haberse realizado el rescate bancario, se hubiera producido una suspensión de pagos de las entidades con ayudas. Se hubiera generado una situación inimaginable, con la obligación de devolver depósitos de los clientes cubiertos por el Fondo de Garantía por 250.000 millones, que el Tesoro hubiera tenido que emitir. Hubiera supuesto, casi automáticamente, el rescate completo de nuestra economía o nuestra expulsión de la unión monetaria”. Guindos responsabilizó del desastre “a los gestores de las entidades con problemas” e insistió en que “se rescató a los bancos con problemas sin compensar a ningún gestor” y cargó con dureza contra Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, que también ha declinado ofrecer su versión.

Para elaborar este reportaje se ha hablado con la mayoría de los que tuvieron responsabilidades en aquella operación, aunque muchos de ellos han pedido el anonimato. La mayoría sostienen que la no intervención hubiera sido más costosa para el Estado y para los clientes de Bankia. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia entonces y hoy de CaixaBank, afirma a EL PAÍS que en 2012 “no había mecanismos de recuperación de entidades como los que existen ahora” y que el banco era “el epicentro de los problemas del sistema financiero”, cuya solución “pasaba por el rescate de Bankia”.
Sin ayudas a banqueros y accionistas

El directivo insiste: “Las ayudas no beneficiaron a los accionistas, que lo perdieron todo, ni a sus consejeros, que fueron renovados sin indemnización, ni a sus empleados, que soportaron un fuerte descenso de la plantilla”. Según los cálculos de Goirigolzarri, sin el rescate de Bankia, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hubiera tenido que gastar 60.000 millones, “el triple de las ayudas recibidas” al garantizar los 100.000 euros por titular de cada cuenta. “Como el FGD no tenía esa cuantía, el Estado hubiera tenido que hacer el desembolso, que no hubiera evitado que los depositantes hubieran perdido otros 60.000 millones adicionales no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos”.

El directivo vasco concluye que la inyección “fue la decisión correcta porque salvó al conjunto del sistema y ayudó a salvar a la economía” y niega que se pidieran más ayudas de las que precisaba Bankia. Ni que los ejecutivos fueran los que las determinaron, sino las autoridades europeas.

José María Martínez, secretario general de Servicios de CC OO, sindicato mayoritario en banca, cuestiona el procedimiento de rescate. “Desde un punto de vista financiero-contable es evidente que tal inyección de capital público no se podía hacer si no era con la remoción del consejo y del comité directivo, pero las formas son discutibles ya que el Ministerio de Economía apartó al Banco de España y discutió la fórmula de intervención de Bankia con sus principales competidores, llegándose a plantear su troceamiento”.

El error de Rato

Martínez cree que Guindos forzó el final de Bankia al declarar al FMI que era una entidad con graves problemas y al cerrar la vía que, meses antes, abrió el Banco de España con ayudas de 7.000 millones. “¿Hubiera salido adelante con ese dinero? Nunca lo sabremos. Lo que sí tengo claro es que fue la persistencia de Rato de mantenerse al frente lo que aumentó la presión para su salida, tras hacerse evidente el deterioro de la entidad”.

Desde un punto de vista más técnico, Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, sostiene que “la intervención de Bankia y su rescate con fondos públicos fue la mejor solución para los depositantes, ya que de lo contrario lo hubieran perdido todo”.

Maudos también explica que “la prima de riesgo hubiera alcanzado niveles aún más altos de los más de 600 puntos básicos a los que llegó en el verano de 2012″ —hoy está en 110 puntos—. Y lamenta que en 2012 no existiera la unión bancaria ni el mecanismo de resolución para inyectar capital por otras vías.

Antonio Carrascosa, que se centró en el rescate de entidades como director general del FROB entre 2012 y 2015, apunta: “Si tuviéramos ahora una crisis como la de 2008-2012, el nuevo marco de resolución europeo habría evitado las ayudas públicas multimillonarias gracias al bail-in” (contribución de los accionistas y bonistas a la absorción de pérdidas), “así como a la aportación del Fondo Europeo de Resolución”.

Lecciones aprendidas

Tras sobrevivir al desastre bancario y lograr que no se rompiera el euro, las autoridades europeas se conjuraron para reforzar la regulación y la supervisión de los bancos, así como crear autoridades macroprudenciales que intentan prevenir las burbujas de activos. “Europa ahora cuenta con una Unión Bancaria con autoridades de supervisión y resolución únicas”, añade Carrascosa. Desde noviembre de 2014, el BCE supervisa las 130 principales entidades europeas, lo que le otorga una responsabilidad máxima en la salud de las entidades. El objetivo es que los ciudadanos no paguen la próxima crisis bancaria.

Bankia fue un ejemplo para aprender lo que no se debería volver a repetir. Entre los supervisores hay consenso sobre que los bancos no pueden soportar las burbujas (inmobiliarias o financieras) solo con su capital, porque no serían rentables. “Hoy se cuenta con la posibilidad de controlar más a los bancos imprudentes exigiéndoles más capital, reduciéndoles el importe de las hipotecas en relación con el valor de la vivienda o acortándoles el plazo de amortización de los créditos”, indican en este ámbito.

Estas fuentes supervisoras coinciden en que es fundamental ser proactivo desde el principio de una crisis: “No arrastrar los pies y no confiar, como hizo el Banco de España en 2012, en que el tiempo mejora las situaciones difíciles sin medidas contundentes”. También apuntan que si se inyecta dinero se deben realizar cambios estructurales.

Algunos consideran una ventaja que ya no existan cajas de ahorros: “Eran entidades medio públicas y medio privadas que no podían captar capital”. E incluso critican el gran poder que todavía tienen las Fundaciones Bancarias, “una puerta trasera para reproducir algunos males de las cajas”, y lo ejemplifican con la polémica situación que vive Unicaja. Desde CC OO recuerdan que en Francia y Alemania siguen funcionando entidades similares a las cajas y no están cuestionadas por el BCE.

La caída del Popular, una mancha supervisora

Para algunos expertos, la prueba de que no se han aprendido las lecciones es la crisis del Banco Popular. Cayó en junio de 2017, cinco años después de Bankia, en plena recuperación económica. ¿Por qué no funcionaron los nuevos controles del BCE? El que fuera vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, afirmó en 2019 a modo de autocrítica: “En 2012 y 2013 se nos escapó el Banco Popular que presentaba unos balances mejores de lo que eran”. Preguntado ahora por aquella afirmación, que provocó gran polémica en el Banco de España, Almunia se ratifica. “El Popular no cae en 2017 por problemas de 2016, sino de mucho antes”.

Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España y consultor, lo tiene claro: “La caída del Popular mostró que durante años la medicina preventiva del marco supervisor no había funcionado. Lo que causó la caída del Popular fue la insolvencia no abordada. La liquidez fue la consecuencia de esa insolvencia”. Para Goirigolzarri, el hecho de que la crisis del Popular se resolviera sin gasto de dinero público “es una prueba de que los supervisores aprendieron la lección”. Sin embargo, las improvisaciones vividas la noche del 6 al 7 de junio de 2017, cuando el Banco Santander presentó su oferta casi fuera de plazo, rebaten esta teoría, según otros directivos.

Maudos admite que por muchas lecciones que se aprendan, siempre es posible que surjan bancos que haya que intervenir. “Lo importante es que los problemas se detecten lo antes posible por el supervisor y se exijan buenos colchones de capital”, afirma. El presidente de CaixaBank añade asimismo que la caída del Popular demuestra que la confianza de los clientes es clave. “Es una lección para todos sobre la importancia de la reputación en este sector. Aquí tenemos todavía mucho camino que recorrer”, zanja Goirigolzarri."                  (Íñigo de Barrón , El País, 08/05/22)

9.12.21

El capitalismo de 'amiguetes' de Aznar y Pedro Isla... y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña... una descripción

 "Hemos leído en la última semana muchas crónicas sobre la noticia-bomba del año en el mundo empresarial, el cambio en la presidencia de Inditex, el imperio textil de Amancio Ortega y la mayor compañía del Ibex-35, valorada en casi 90.000 millones de euros. Causó sorpresa y hasta conmoción el anuncio de la próxima salida de Pablo Isla para dejar el trono a Marta Ortega, hija del fundador. 

Pero más allá de cierto tufo machista en no pocos análisis y reacciones, lo curioso (o no tanto) es que el relato mediático casi unánime del asunto y, sobre todo, el perfil dibujado de Isla como megacrack de la sabiduría empresarial española olvidan alguna clave fundamental de su biografía: Pablo Isla fue, desde la Dirección General de Patrimonio, uno de los arquitectos y ejecutores de la ola de privatizaciones del Gobierno Aznar-Rato, origen del modelo de capitalismo extractivo o de amiguetes instalado en la economía nacional. De aquellos polvos vienen los lodos de las prácticas oligopólicas y de no pocos grandes asuntos de corrupción.

Para evitar una imagen distorsionada, conviene recordar que el nombramiento de Isla como consejero delegado de Inditex en 2005 (más tarde ascendido a presidente ejecutivo) fue su primer (y único) destino ajeno al entramado surgido de aquel llamado milagro económico español capitaneado por Rodrigo Rato y del que formaron parte amigos personales del entonces vicepresidente económico o compañeros de pupitre del propio presidente José María Aznar tan significados y afines al PP como Manuel Pizarro, Francisco González, César Alierta, Rodolfo Martín Villa, Antonio Vázquez, Miguel Blesa, Juan Villalonga o Javier Monzón. 

El mismo Rato presumía a principios de 2004 (ver aquí) de ese empujón definitivo a la privatización de sectores clave de la economía, que cifró en 52 empresas públicas entregadas al negocio particular durante su mandato, con una valoración que los propios órganos reguladores consideraron discutible para los intereses del Estado (ver aquí).

Lo que resulta indiscutible es la relación de la fulgurante carrera de Pablo Isla con esa red de intereses catapultada al poder de las grandes empresas desde la primera legislatura de Aznar-Rato. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció fugazmente como abogado del Estado (número uno en las oposiciones de su promoción), para luego escalar (en dos etapas) las más altas cumbres del Banco Popular, del que llegó a ser secretario general cuando ascender en ese banco sin ser miembro del Opus Dei era más difícil que subir el Everest con unas muletas. 

Y desde el año 2000 (a mitad del ciclo del aznarato), Isla empezó a cosechar lo sembrado como Director General de Patrimonio ejecutor del plan de privatizaciones: sucedió a Alierta al frente de Altadis (antigua Tabacalera) y de Logista cuando Alierta pasó a Telefónica en sustitución de Villalonga tras el escándalo de las stock options.

En las numerosas hagiografías de Isla publicadas esta semana no se citan las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actividad de Cor Comunicación, sociedad montada en 1997 por el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato y sus hermanos con el objetivo prioritario de hacer negocio personal y familiar a base precisamente de contratos con las empresas públicas que él y Pablo Isla (quien formalmente representaba al ministerio en esas compañías participadas por el Estado) iban privatizando. 

Por ejemplo, Juan Rizo, ex consejero delegado de Logista, filial de Tabacalera, declaró a la UCO que «Cor Comunicación llega por Pablo Isla». Rizo aseguró que Isla le pidió que atendiese a esta sociedad y a otras de la familia Rato. «Inician su facturación cuando Rodrigo Rato ostenta un alto cargo en el Gobierno y dejan de facturar cuando Pablo Isla abandona la compañía» (ver aquí). Curioso (como mínimo) más allá del alcance judicial de esas investigaciones sobre Rato (ver aquí). 

 El relato instalado sobre Pablo Isla y su trayectoria dice tanto sobre el funcionamiento de ese capitalismo extractivo que tan pingües beneficios ha dado a sus promotores como de la dependencia del mismo que caracteriza a buena parte del ecosistema mediático español, una de las distorsiones más preocupantes de nuestra democracia. Si se cambia al líder de un partido político o al entrenador de un gran club de fútbol, el balance suele reflejar luces y sombras, y a menudo destacan más las últimas. 

No ocurre lo mismo con un alto ejecutivo de una gran empresa, y desde luego no ocurre con Pablo Isla, que por cierto saldrá de Inditex con una verdadera fortuna en acciones, fondo de pensiones e indemnización que garantiza un futuro confortable a tres o cuatro generaciones de los Isla.

 En esta faceta se han distinguido también los protagonistas de aquella milagrosa ola de privatizaciones. Manuel Pizarro, a quien se le ha escuchado más de una vez decir "Isla es mi criatura", ya cobró en el año 2007 más de 18 millones de euros al salir de Endesa tras una gestión marcada por preferir una opción alemana para Gas Natural con tal de torpedear una OPA catalana y por dejar la eléctrica española privatizada en manos de ENEL, compañía cuyo principal accionista es el Estado italiano.

Si acierta o no la familia Ortega en el cambio de Isla se verá con el tiempo a través de los resultados de Inditex. Las crónicas de las primeras reacciones apuntaban a una caída bursátil adjudicada a esa decisión, pese a que el comportamiento del valor accionarial probablemente ha tenido más que ver con las incertidumbres sobre el covid que han afectado estos días a otros muchos valores. Algún día quizás se confirme si la sustitución de Isla tiene más relación con su arriesgada apuesta por la apertura de tiendas en todo el mundo en lugar de priorizar la venta online, especialmente en tiempos de pandemia. 

De momento lo que sorprende (o no tanto) es que se imponga el relato que más favorece a Isla, constructor y beneficiario del capitalismo de amiguetes, y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales (ver aquí)—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña."                         (Jesús Maraña , Info Libre, 06/12/21)

20.5.19

Culpas sin culpables en el juicio de Bankia

"Ni el Banco de España ni la CNMV se sientan en el banquillo de los acusados del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, aunque por momentos lo haya parecido. La entidad financiera, creada en 2010 a partir de la integración de Caja Madrid y otras seis cajas de ahorros, debutó en el parqué madrileño en julio de 2011.

 En 2012 fue intervenida y se tragó 22.424 millones de ayudas públicas. El fiasco dejó miles de perjudicados (a la mayoría Bankia ya les devolvió su dinero), que ahora quieren saber qué pasó y, sobre todo, de quién fue la culpa.




La Audiencia Nacional tiene que determinar si Rodrigo Rato y otros tres exadministradores dieron información falsa a los inversores, como cree la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones particulares y populares van más allá: creen que 34 personas (entre ellas, tres personas jurídicas: Bankia, BFA y el auditor Deloitte) cometieron otros delitos, de falsedad contable y administración desleal.

El constante cruce de críticas y regañinas de las últimas semanas es irrelevante para que el tribunal dirima si hubo delito. Dejando a un lado las comparecencias estelares (Lagarde, Guindos, Segura, Fainé, Francisco González…), el meollo llegará en la fase pericial. Será la parte más técnica pero la más contundente. Hasta ahora el juicio —han declarado 34 acusados y 26 testigos— se ha asemejado a un Sálvame Deluxe Edición Banca que el mundo financiero ha seguido como si fuera el culebrón de moda.

Estas son algunas de las claves de estos casi seis meses de juicio:

El papel de los organismos: Banco de España y CNMV

El juicio de Bankia ha destapado muchas miserias en el Banco de España, trapos sucios que normalmente se lavan en casa pero que ya durante la instrucción y especialmente en las últimas semanas se han expuesto a la implacable luz del escrutinio público.

 ¿Qué papel jugó el Banco de España en la integración de las cajas que dio lugar a BFA-Bankia y en la salida a Bolsa de esta última? Depende del testigo. Por la sala de San Fernando de Henares han desfilado inspectores y directivos de la entidad. Y también actores clave del sector, como el expresidente del BBVA, Francisco González, que ha criticado que el Banco de España permitiera la fusión fría de las cajas y apuntado, de forma más o menos velada, a que fue la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez la que pilotó desde el principio la ruinosa operación.

FG, como se le conoce en el mundo financiero, declaró que el BBVA sabía que Bankia tenía problemas antes de la salida a Bolsa y culpó de la situación “no solo a los administradores, sino también a las instituciones”. También fue el primero que contó que el entonces subgobernador, Javier Aríztegui, llamó a los principales bancos del país para pedirles que participaran en la operación. Aríztegui lo negó. Pero luego llegó Isidro Fainé, expresidente de La Caixa, y confirmó que con ellos también contactó el propio Aríztegui para pedir que comprara acciones. Lo hicieron: compraron 100 millones; perdieron la mitad.

Son los profesionales anónimos —no tanto después del juicio— que trabajan en el Banco de España los que más información relevante han proporcionado: desde el inspector José Antonio Casaus, autor de varios correos internos en los que alertó de que BFA-Bankia era inviable y recomendaba no salir a Bolsa, hasta el exjefe contable del regulador, Jorge Pérez Ramírez, que hace unos días declaró que al ver el folleto de salida a Bolsa de Bankia saltaron las alarmas. Relató que redactó una alerta urgente que no fue tenida en cuenta. Y explicó la situación con una metáfora simple pero efectiva: Bankia se promocionaba como oro, pero se vendía a precio de cobre.

La guerra interna en el Banco de España se evidenció con testimonios como el del antiguo director de Inspección, Pedro González, que criticó a Casaus y tildó de “opiniones sin respaldo documental” sus avisos. Vino a decir que había acertado en su predicción, pero de pura chiripa. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el máximo responsable del supervisor durante la crisis, que llegó a estar imputado al inicio del procedimiento, se sacudió la responsabilidad: dijo que los correos de Casaus nunca le llegaron, que las decisiones las tomaron los administradores y que la culpa del desplome de Bankia la tuvo ese imponderable llamado crisis.

Dado que lo que se enjuicia es si hubo engaño a los inversores, y estos se informaron de la operación a través del folleto de salida a Bolsa, el papel de la CNMV, responsable de aprobar el documento, es crucial. Pero, como ocurre con el Banco de España, esa responsabilidad solo será política, de rendición de cuentas, puesto que sus máximos responsables han declarado como testigos, no como acusados. Julio Segura, presidente del regulador en 2011, dio este martes uno de esos titulares que los periodistas de tribunales saludan con interjecciones en cuanto se pronuncian: “Que la CNMV autorice un folleto no quiere decir que sea correcto”.

La CNMV no está, dijo Segura, para repetir el trabajo de los auditores ni el del supervisor y, si los datos parecen correctos, se asume que lo son y se les da el visto bueno. Pero, ¿era correcta o no esa información? Como el grupo había nacido de la fusión de siete cajas, la única información consolidada disponible era la de marzo de 2011. Sobre esas cuentas hablarán los peritos.

La reunión de los banqueros y la dimisión de Rato

Las dos peculiares cenas que mantuvieron los principales competidores de Bankia (BBVA, La Caixa y el Santander) con el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, han ocupado horas de declaraciones. Son revelaciones que al tribunal le aportan poco a la hora de resolver si hubo delito, pero que han tenido al sector bancario con el cubo de palomitas sobre el regazo. La primera fue el 4 de mayo de 2012; la segunda, domingo, el 6 de mayo. Rodrigo Rato dimitió el 7 de mayo y precipitó el fin de Bankia, ya en caída libre.

A falta de uno de los comensales —el fallecido Emilio Botín— las versiones sobre lo que allí se decidió difieren al 50%. Rato y Francisco González han dicho que le pidieron al primero que dimitiera. Guindos, que declaró por videoconferencia desde su despacho en el Banco Central Europeo en Fráncfort, lo negó. Fainé también. “Hubiera sido muy violento”, comentó. Guindos citó a los banqueros y a Rato para hablar de la delicada situación de la entidad y de la propuesta de Rato para tratar de sacarla a flote, que consistía en ampliar capital en 7.000 millones de euros, emitiendo bonos y con un truco contable. “Con eso no arreglábamos el problema”, dijo FG.

Contra reservas o contra resultados

Uno de los puntos clave para saber si hubo engaño a los inversores se esconde bajo esa dicotomía. Cuando las siete cajas que formaron BFA-Bankia se integraron (en el llamado SIP o fusión fría) tuvieron que juntar sus activos (a valor razonable, en la terminología del juicio de Bankia) y para ello tenían dos opciones a la hora de contabilizar las pérdidas y sanear las cuentas de 2010. Las podían cargar contra resultados, lo que les obligaría a registrar pérdidas y alertar a los inversores, o contra reservas. El Banco de España les autorizó a hacerlo contra reservas, y pudieron hasta entregar bonus a los directivos pese a que había sido un año muy malo.

Las acusaciones creen que esta decisión fue irregular y contribuyó a maquillar el cutis cadavérico de las cajas. Ocultaba que estaban despatrimonializadas, según asegura, por ejemplo, el abogado del CIC, Andrés Herzog. El último presidente de la Comisión de Control que tuvo La Caja de Canarias (integrada en el SIP), José Ramón Durán Alday, criticó esa decisión durante su declaración en el juicio. Las entidades, dijo, tendrían que haber contabilizado pérdidas, pero no lo hicieron.
Fernández Ordóñez, en cambio, defendió la decisión y aseguró que el procedimiento se aprobó para todas las cajas españolas que se fusionaron, no solo para Bankia. “Fue algo muy estudiado”, dijo, y aseguró que hoy día mantiene que fue la decisión correcta.

El precio de la acción

La acción de Bankia salió a Bolsa a 3,75 euros, un 15% por debajo del mínimo de la horquilla inicial, que oscilaba entre 4,41 y 5,05 euros, y con un descuento del 74% sobre el valor en libros de la entidad. “¿Se incluyó una advertencia en el folleto de la salida a Bolsa sobre esta cuestión?”, preguntó Herzog a Julio Segura. Este respondió que fue el precio que fijaron los 16.000 inversores profesionales y que la CNMV no tenía nada que decir sobre ello.

Pero para las acusaciones particulares es muy importante. Los peritos designados por el juez, inspectores del Banco de España, aseguran que el descuento en el precio de la acción provocó en la matriz de Bankia, BFA (Banco Financiero y de Ahorros) un agujero que, de haberse reconocido contablemente, habría llevado a la entidad a entrar en causa de disolución. En quiebra. Los peritos, que declararán previsiblemente en junio o en julio, señalaron en sus informes que el empeoramiento de la solvencia del grupo no se debió a la crisis o al efecto de los decretos Guindos (normas que obligaron a la banca a hacer provisiones superiores a 80.000 millones), sino a ese tremendo descuento. Los inversores no fueron advertidos de ello en el folleto, asegura la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco de la incapacidad de la entidad de generar beneficios.

El informe del FMI

Los casi 30 testigos que han desfilado por la Audiencia Nacional han servido para reconstruir los frenéticos días que precedieron a la dimisión de Rato de la presidencia de Bankia el 7 de mayo de 2012 y al rescate de la matriz, BFA, dos días después, tras lo que el Estado se convirtió en el primer accionista del banco. Una de las fechas de vértigo es el 25 de abril de 2012.

 El FMI publicó ese día un informe —“extrañísimo y sorpresivo” en palabras de Jerónimo Martínez Tello, máximo responsable de Supervisión del Banco de España— que disparó las alarmas en el sector y aceleró la caída de la ya muy maltrecha entidad. Sin nombrarla pero dando pistas claras sobre a qué se refería, el Fondo pedía a Bankia medidas “rápidas y decisivas” para sanearse.

Diversas fuentes creen que fue Luis de Guindos el que indujo esa extraña publicación de conclusiones preliminares, como forma de presión para desalojar a Rato. Así lo cree también Rato, según ha declarado en el juicio. Para aclarar esas circunstancias, el CIC ha pedido la comparecencia de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, pero no la veremos entrando a la sede de la Audiencia en el polígono industrial de San Fernando de Henares, ni por videoconferencia: ha exigido responder a las preguntas con un cuestionario por escrito.

Las cuentas sin auditar

El principio del fin de Bankia empezó un poco antes del exótico informe del FMI. Concretamente en marzo de 2012, cuando en un hecho aún más extraño la entidad presentó sus cuentas de 2011 en la CNMV sin el informe de auditoría de Deloitte. Al mercado le olió a chamusquina. Esas cuentas reflejaban beneficios de 309 millones de euros. En mayo, tras la marcha de Rato y cuando tomó las riendas José Ignacio Goirigolzarri (actual presidente), se reformularon y aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones.

Decenas de horas de juicio se han dedicado al papel de Deloitte, y a dar vueltas sobre una palabra: borrador. Francisco Celma, auditor jefe, mantiene que no pudo entregar su borrador de auditoría porque durante meses pidió documentación, especialmente del negocio inmobiliario, y Bankia no se la dio. Sin embargo, en el sumario consta un documento —para unos, “borrador”; para otros, un humilde “papel”— en el que Celma sí dice cómo sería, solo en caso de cumplirse ciertas condiciones, su opinión sobre las cuentas de 2011.

Se lo mandó a Rato el 18 de abril de 2012, por mensajero, como una gestión privada. Los amantes de las conspiraciones ven aquí la prueba de oscuros conciliábulos. Celma, sin embargo, asegura que era un simple “papel” que redactó en una noche después de una llamada de Rato: este quería saber cómo quedaría el informe si tras aportar la documentación pendiente no hacían falta ajustes y si llegaban 7.000 millones extra de capital que había pedido al Estado para tratar de salvar la entidad, y él le redactó un informe. Los millones no llegaron. Y ya sabemos lo que ocurrió después."            (Elena G. Sevillano, El País, 12/05/19)

26.2.19

Rodrigo Rato fue el paradigma de las puertas giratorias

"El fiscal Ferdinand Pecora acuñó el término “Banksters” en los años 30 del siglo pasado, cuando investigaba las prácticas de los banqueros que condujeron al crack de Wall Street. El periodista Ernesto Ekáizer hizo uso del vocablo en un artículo publicado en el diario El País, en abril de 2016, sobre el expresidente de Banesto, Mario Conde, y también durante la presentación de “El libro negro. 

La crisis de Bankia y las cajas” (Espasa, 2018) en el Centre La Nau de la Universitat de València. El libro de 744 páginas se subtitula “Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos”. El actual gobernador del banco central supervisor, Pablo Hernández de Cos, ha declarado que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactado por el Gobierno del PSOE y Podemos – de 735 a 900 euros mensuales- castigará la creación de empleo. Hernández de Cos, que también ha alertado contra la “actualización” de las pensiones públicas respecto al IPC, percibe un sueldo mensual de más de 12.000 euros brutos.

Con independencia de las cifras oficiales, Ekáizer señala que las ayudas públicas para rescatar el sistema financiero podrían sumar 300.000 millones de euros (cerca de un tercio del PIB español). Pero hoy la situación parece distinta. Con los datos de las entidades financieras, los seis principales bancos españoles –Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter- han obtenido entre enero y septiembre unas ganancias de 13.229 millones de euros, un 12% más que el año anterior.

 -El 26 de noviembre comenzó en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia; están acusadas 31 personas, entre ellas el expresidente de la entidad Rodrigo Rato (actualmente en prisión por el escándalo de las ‘tarjetas black’) y el exvicepresidente José Luis Olivas, para quienes la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado piden cinco y cuatro años de prisión respectivamente, por presunta estafa a los inversores. Asimismo está acusada la auditora externa Deloitte. En el libro cargas las tintas contra los organismos (públicos) reguladores…

No es que yo cargue las tintas, el libro se titula así: “El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos”. Trata del papel del Banco de España, que es el organismo regulador, autor de las normas contables y supervisor; y también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la salida a bolsa de Bankia. Estas instituciones no desempeñaron su función de controlar, supervisar el mercado y velar por el cumplimiento de las normas. Por el contrario, lo que hizo el Banco de España fue diseñar las llamadas fusiones “frías” de las cajas de ahorro y la salida a bolsa de estas entidades. Resultó un fracaso notable.

-El Banco de España reconoce que, desde 2009, la “ayuda” pública directa (“apoyo de capital”) para el rescate de las entidades financieras suma 54.353 millones de euros, de los que sólo se habían recuperado 4.477 millones a finales de 2017. Sólo el rescate de BFA-Bankia supuso 24.000 millones de euros. ¿En qué términos se produjo este fracaso?

No se trata de un fracaso “in vigilando”, lo que podría haber ocurrido. El problema radica en que el Banco de España impulsó una política de expansión crediticia, entre 2000 y 2006, cuando desempeñaba el cargo de gobernador Jaime Caruana. Su sucesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, continuó a partir de 2006 con esta política expansiva que alimentaba la “burbuja” inmobiliaria. 

Ya cuando hubo síntomas de crisis en Europa en 2007 –la suspensión de la cotización en los fondos de inversión de la banca BNP Paribas en Francia o la crisis bancaria en Inglaterra-, pero también de las hipotecas ‘subprime’ en Estados Unidos, el Banco de España permaneció impasible. Cuando estalló la crisis, la “burbuja” se pincha porque el mercado bancario internacional ya no presta más, ni renueva los préstamos a los bancos y cajas españoles.

 El Banco de España diseña –para encubrir el fracaso de su política de expansión de los créditos- una “salida” que consiste en fusionar entidades, y además rebaja las exigencias de la normativa contable; la fusión más emblemática es la de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia, que salió a bolsa en julio de 2011 para ampliar capital.

-Sostienes que los máximos organismos reguladores no sólo “enmascararon” el sistema de contabilidad y “maquillaron cadáveres”, sino que también se guiaron por “intereses de camarilla”. ¿En qué consistieron?

Necesitaban ganar tiempo, pensaban que iban a recoger dinero en el mercado y que ello les permitiría capear el temporal mientras las cosas se aclaraban; pero partían de una idea equivocada: la crisis no era una recesión clásica, sino la más importante tras la “gran depresión” de 1929. Cuando empecé a trabajar sobre la cuestión en mi libro “Indecentes. Crónica de un atraco perfecto” (2012), calificaba la situación como una especie de homicidio por negligencia, temerario, por la política de expansión crediticia del Banco de España; pero cuando idean la salida a bolsa con entidades que no están saneadas, ya no se trata de negligencia sino de una política consciente de encubrimiento. El folleto informativo de la salida a bolsa de Bankia no reflejaba la totalidad de las cuentas ni el auténtico patrimonio de la entidad.

-Por otra parte, ¿consideras a Rodrigo Rato, ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, un ejemplo de las llamadas “puertas giratorias”?

Rato es el paradigma de las “puertas giratorias”, aunque no el único. En 2003 Aznar decide que sea Rajoy, y no Rato, el aspirante a la presidencia del Gobierno. En junio de 2004 asumió el cargo de director gerente del FMI, responsabilidad a la que renuncia en 2007 antes de que venciera el mandato. 

Regresó a España y en 2008 fichó como presidente del consejo asesor de Criteria, holding industrial de La Caixa. También estuvo en el banco de inversión Lazard y en el consejo asesor internacional del Banco Santander (en enero de 2013 Telefónica también contrató al exdirigente del PP como consejero asesor en América Latina y Europa. Nota del entrevistador).

-Además de a Rato, en otros libros has investigados las figuras de Ruiz Mateos -“José maría Ruiz-Mateos, el último magnate” (1983)- y Mario Conde: “Banqueros de rapiña” (1994), Vendetta (1996) y “El farol. La primera condena de Mario Conde” (1997). ¿Qué similitudes hay entre los tres financieros?

Son personajes muy diferentes, que encarnan épocas distintas. A través de los 18 bancos de Rumasa, Ruiz-Mateos representa una época de expansión del crédito, de gran competencia en el mercado bancario por los depósitos; entonces había que subir los tipos de interés para atraer a los clientes. 

El accionista principal del holding Rumasa tenía algunos puntos en común con Mario Conde; para afirmar el dominio de Banesto en el mercado, Conde remuneró los depósitos entrando en competencia con el Banco Santander, pero se vio que no tenía fuelle. Sin embargo, Rato encarna otra historia. 

Es muy difícil separarlo del papel del Banco de España. Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Caja Madrid en 2010 por decisión de Rajoy, quién optó por él en lugar de por Ignacio González. El entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apoyó a Rato para la presidencia de Caja Madrid.

-Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis y del Consejo Científico de ATTAC, recuerda que las antiguas cajas de ahorro están hoy integradas o han sido absorbidas por la banca; pero en 2007 representaban una dimensión equivalente a la mitad del sistema bancario español, a lo que se añadía la Obra Benéfico-Social (“El sistema Financiero español: de la crisis a una normalización gradual”, septiembre 2017). ¿Fue la crisis una coartada para que los bancos privados se hicieran con el “pastel” de las cajas?

La crisis no fue sólo de las cajas, sino del sistema financiero. La prueba está en que CaixaBank (La Caixa convertida en banco, en 2011) adquiere Banca Cívica y, sobre todo, compra el Banco de Valencia por un euro después que esta entidad fuera saneada con miles de millones de euros de dinero público; la razón es que La Caixa necesitaba apoyos por la “puerta trasera”. En 2011 el Banco Sabadell se quedó por un euro con Caja Mediterráneo (CAM), después que esta entidad tuviera unos saneamientos impresionantes. La razón es que el Banco Sabadell tampoco estaba en buena situación. 

¿Y por qué “cae” el Banco Popular en junio de 2017? Fue un banco muy importante en el sistema financiero español, uno de los mejores bancos en los años 70, 80 y primeros 90 del siglo pasado. Los periodistas que cubríamos el sector financiero lo llamábamos el “Lamborghini” de la banca, todo el mundo quería fusionarse con el Banco Popular. Era un banco mediano, pero con una maquinaria extraordinaria en el área de la captación de depósitos. Además no se trataba de un banco de inversión, no hacía negocios raros. ¿Por qué “cae” el Banco Popular si el sistema financiero español era, como dijo Zapatero en 2008, el más sólido del mundo?

-En mayo de 2012 Rodrigo Rato dimitió como presidente de Bankia, y propuso como máximo responsable de la sociedad a José Ignacio Goirigolzarri -actual presidente de Bankia-, quien a su vez cesó como consejero delegado del BBVA, en 2009, con una pensión vitalicia de 69 millones de euros. ¿Cómo se fraguó la renuncia de Rato en Bankia?

Precipitaron su “caída” en una operación muy calculada y controlada. Quien se ocupó de ello fue el exministro de Economía, Luis de Guindos. Rato se convirtió en presidente de Caja Madrid – después, de Bankia- porque se trataba de una persona muy conocida internacionalmente y, para sacar la entidad a bolsa, se necesitaba a alguien de estas características. Pero éste va a ser también el motivo de su “caída”. 

Porque si uno elimina a alguien como Rato, del PP, y que ha sido vicepresidente económico con Aznar, le está demostrando a los mercados financieros, al BCE y al FMI, que es independiente y no defiende a los suyos. El Gobierno de Rajoy estaba entonces, a mediados de 2012, muy atemorizado ante la posibilidad de un rescate “completo” de la economía española. Y en este punto hay una leyenda.

-¿En qué sentido?

En el caso de España nunca se planteó un “rescate completo” al estilo de Grecia, Portugal o Irlanda, ya que se hubieran necesitado 500.000 millones de euros. Es lo que afirma Luis de Guindos en su libro “España amenazada” (2016). Nadie estaba dispuesto a poner esa cantidad. La versión oficial del Gobierno de Rajoy es que sí hubo un “rescate” bancario, en junio de 2012. 

Si se hubiera producido el “rescate completo”, puede que hubieran tenido que “rescatar” después a Italia, ya que seguramente los mercados habrían apuntado contra este país. En abril de 2012 el FMI publicó un informe en el que señalaba los problemas de diez bancos españoles (la mayoría de ellos habían recibido ayudas públicas), y especialmente de Bankia. Es entonces cuando se precipita la “caída” de Rato y de Bankia. Fue la manera de hacer un “rescate” (bancario) a medida.

-En los test publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en noviembre, se menciona que el Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell mostraron “un grado de resistencia considerable, con niveles de capital satisfactorios en escenarios adversos”. ¿Son rigurosas estas pruebas? ¿Es real la situación atribuida al Banco Santander y el BBVA?

Son bancos básicamente sanos, aunque tienen sus problemas. El día que se suspendió la cotización de las acciones del Banco Popular (junio de 2017), el valor de la acción se situaba en 30 céntimos de euro, lo que suponía una valoración del banco en bolsa de más de mil millones de euros; sin embargo, con el informe que hizo la auditora Deloitte, se lo vendieron al Santander por un euro, lo que fue un regalo. 

Esto significa que el Banco Santander también tenía alguna necesidad. ¿Los “stress test”? En el caso de Bankia describieron una situación que no existía, como después se demostró (“Ninguna entidad española requiere aumentar su capital como consecuencia de las pruebas de resistencia de la EBA”, sostenía una nota informativa del Banco de España, de julio de 2011. Nota del entrevistador).

-Por último, ¿qué aspecto destacarías de la nacionalización de Bankia (el estado controla actualmente el 61% del accionariado)?

El inspector de cabecera del Banco de España en Bankia antes y durante la salida a bolsa de la entidad, José Antonio Casaus, explicó a las autoridades del banco central supervisor que la operación de salida a bolsa de Bankia resultaría un fracaso y terminaría en una nacionalización de pérdidas; tendría que hacerse algo distinto, buscar una entidad nacional o extranjera para que absorbiera o se fusionara con Bankia pues, de lo contrario, seríamos los contribuyentes quienes acabaríamos pagando.

Pero el jefe del grupo de inspectores del Banco de España en Bankia, Pedro Comín (que llegaría a ser director general adjunto de Supervisión del Banco de España), elevó un informe a la Comisión Ejecutiva del banco central en la que sostenía que no pasaba nada, que debía apoyarse la salida a bolsa."                          (Enric Llopis , Rebelión, 19/12/18)