La pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional... La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín, García Castellón, quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo

Victor Guillot @Espejodevillano

TODOS LOS HOMBRES DE LA PRESIDENTA

EL JUEZ ELOY VELASCO, "A TOMAR POR CULO, A ONTENIENTE

" Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que una dictadura no va de una día para otro sino poco a poco, carcomiendo las instituciones. Se ve que la Presidenta de Madrid nos lee con devoción, porque este martes comparó la investigación que recae sobre su novio con el Watergate. Por otra parte, a Alberto González Amador se le va a imputar un nuevo delito por presunto soborno a un directivo de Quirón. Tras un año, el acusado por fraude fiscal y falsedad documental todavía no ha declarado por los casos que han desencadenado "el Watergate", ay. 

Tiene razón Ayuso: para tomar el poder judicial hace falta tiempo. A veces los tiempos se aceleran. La actual presidenta de Madrid, no obstante, fue testigo de toda una época de corrupción en el turbomadrid de Aguirre, Granados e Ignacio González. Casi se puede decir que todo lo que estamos observando hoy comenzó tras un tamayazo. Ayuso fue testigo en primera persona del estallido de Púnica y Lezo, primero como candidata en las listas del PP a las elecciones de la Asamblea de Madrid de 2011. Después, en 2015, como portavoz adjunta del PP, durante el gobierno de Ignacio González y más tarde como viceconsejera de Justicia.

 En ocasiones, los movimientos de los peones se aceleran. Son pasos irreversibles que resquebrajan la arquitectura del estado de derecho. Le sucedió al juez Eloy Velasco, el juez "del pueblo" (léase con toda la ironía), cuando inició la instrucción del caso Lezo y el caso Púnica en 2015. 

El juez Velasco incluyó como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir. La lista incluía al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además del propio presidente Ignacio González. ​

El periódico http://Vozpopuli.com publicó en abril de 2015 que los abogados de los imputados en la trama Púnica estudiaban acciones legales contra el magistrado Eloy Velasco por entender que pudiera estar revelando secretos del sumario, mientras algunos de los presuntos implicados permanecían en prisión.

 El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

 La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo, pero que conviene recordar hoy para saber cómo se van encofrando los pilares de una dictadura y cómo tratar a los jueces. 

A Ignacio González no le tembló el pulso ante Zaplana cuando exigió que Velasco abandonara la instrucción antes de que le estallase en la cara: "Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño". 

La grabación continúa expresando la pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional: "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no. Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...". 

De quien habla González no es otro que Manuel García Castellón que llevaba casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzaba Ignacio González, García Castellón pediría su regreso al juzgado que dejaba su sustituto. 

Para que quedar completamente aquilatada la dictadura, en los términos de Díaz Ayuso, González insistió en quién podía ser el siguiente juez que llevase la causa: García Castellón: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla"

 Efectivamente, la Comisión Permanente del CGPJ designó a Eloy Velasco y a Enrique López Velasco como los magistrados para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Su nombramiento, además, fue publicado también en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Finalmente, el juez García Castellón sustituyó a Velasco en los casos Lezo y Púnica. 

Ignacio González no sólo consiguió cambiar al juez Eloy Velasco por Manuel García Gallardo en la instrucción. También consiguió colocar al Fiscal Anticorrupción que quería: Manuel Moix.

 ADENDA El juez Eloy Velasco fue director general de justicia en el gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. 

ADENDA 2 Durante un curso celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la V Semana Internacional del Compliance, Eloy Velasco criticó al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y cuestionó su legitimidad. Refiriéndose a la aprobación de la ley del "solo sí es sí" de 2022, criticó a la entonces ministra de Igualdad por tratar de «enseñar el mundo» y explicar lo que es el consentimiento a los juristas, cuestiones que, según el juez, «nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona». 

ADENDA 3 Mariano Rajoy confirmó a Catalá como ministro de Justicia después de haber sido reprobado en la Corte de los Leones.

Última edición3:49 p. m. · 15 ene. 2025 28,4 mil Visualizaciones

Anticorrupción pedirá la condena de Esperanza Aguirre por lucrarse con los trabajos reputacionales de la Púnica

 "La Fiscalía Anticorrupción no solo reclamará en el juicio oral sobre la supuesta caja b del PP de Madrid que los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González comparezcan como testigos. También solicitará durante "la fase de cuestiones previas en el juicio oral", según afirman fuentes de este Ministerio Público, que ambos sean condenados como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado con los servicios reputacionales personales que ejecutaba en redes sociales el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

 Unos trabajos de reputación que no eran abonados por sus beneficiarios sino por el Partido Popular de Madrid, supuestamente con dinero de la caja b que gestionaba Beltrán Gutiérrez, el gerente de siempre de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, o bien con fondos públicos desde la Comunidad de Madrid con facturas "falaces", según el Ministerio Público. Por estos hechos, la Fiscalía reclamará al tribunal que tanto Aguirre como González abonen 26.000 y 28.293 euros respectivamente.

Esperanza Aguirre recibió cinco de estos informes reputacionales privados en 2012, e Ignacio González, 14. Dice la Fiscalía que al tratarse de posicionamientos privados, la Comunidad de Madrid era "consciente" de que no podía abonarlos con dinero público, y para ello ideó "falaces" métodos de abono, sin un contrato que explicitara el concepto real.

De admitirse esta petición de responsabilidad como partícipes a título lucrativo se trataría de una condena civil, como la que ya ha experimentado el propio PP por la Gürtel o la exministra Ana Mato. Una condena a título lucrativo implica que el aludido desconoce el carácter ilícito del dinero por el que se ha beneficiado y debe asumir una responsabilidad civil.

Anticorrupción ya pidió en su escrito de acusación del pasado mes de diciembre que Aguirre y González fueran partícipes lucrativos en la causa, pero el juez García-Castellón desestimó esta posibilidad la semana pasada, cuando emitió su auto de apertura de juicio oral. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción elevará la petición en el juicio oral, para el que aún no hay fecha señalada."                (M. Á. Campos, SER, 12/04/24)

García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados... A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

 "La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión. 

 En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta."                          (Pedro Águeda  , eldiario.es, 9 de diciembre de 2023)

La interminable operación Púnica: a juicio la rama local de una trama que llega hasta la 'caja B' del PP de Aguirre

 "Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario."                 (Alberto Pozas, eldiario.es, 30/04/23)

Francisco Vieira Morante: vida, amistades y currículum de un juez genovés marcado por Gürtel

 "Para el contribuyente que desde hace más de 42 años le ha venido abonando su nómina, es más que probable que el nombre de Francisco Vieira Morante no les diga nada. Y es lo normal. Lo mismo le sucede con millones de funcionarios públicos.

Pero el personaje que hoy nos ocupa tiene algo que nos ha llamado la atención y es que no somos capaces de adivinar qué razones le llevaron a este veterano juez a renunciar en 2018 a su puesto de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para, a cambio, marchar a una de las 4 secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

A partir de esta duda y con el fin de encontrar respuestas nos hemos puesto a reconstruir su trayectoria y, en particular informarnos sobre algunos de los casos más mediáticos que Vieira ha conocido en su calidad de magistrado. Y, sin duda, brilla con luz propia la trama territorial madrileña del Caso Gürtel en la que nada más ser elegido en febrero del 2009 por vez primera Presidente del TSJCM se vio de lleno envuelto como Presidente de su Sala de lo Penal. Además, su presencia no pasó desapercibida ya que tomó importantes decisiones sobre este caso de corrupción generalizada del PP. Más adelante profundizaremos en ello.

Sobre su entorno familiar, académico y profesional aquí os va un resumen resumido:

Familia y estudios

Nace en Madrid el 12 de enero de 1955 por lo que acaba de cumplir 68 años. Su padre Francisco Vieira Martín, fallecido en 2021, al igual que su hijo, también fue un juez de larga trayectoria profesional jubilándose como Presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. Antes que juez fue secretario judicial y además de su hijo Francisco, los otros cuatro han acabado ligados al mundillo judicial: dos de los chicos son fiscales, una trabaja como funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia y el cuarto, ejerce la abogacía en León. 

Por lo que respecta a sus estudios la carrera de Derecho la inició y finalizó en la Universidad de Valladolid durante los cursos 1972-1977. En sus diferentes cv figura que, en el 2011, siendo Presidente del TSJCM, se matriculó en el IESE Business School de la Universidad del Opus Dei de Navarra en el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública.

 En esta misma línea de compatibilizar sus funciones como juez con el mundo académico en varias ocasiones ha solicitado al CGPJ y ha obtenido el visto bueno para participar en diferentes cursos y centros que, los más curiosos, pueden consultar en este enlace.

Trayectoria profesional

Como muchos de sus colegas primero obtuvo plaza como juez de distrito (1980) para meses después aprobar las oposiciones, pasar por la escuela judicial (apenas estuvo allí 4 meses) y finalmente, ser nombrado juez en San Clemente (Cuenca).  Sobre su recorrido judicial toda la información se puede consultar aquí.

Desde entonces han pasado más de 42 años y según el último escalafón publicado ocupa el número 30 entre los magistrados.

Sus diferentes destinos van pasando uno tras otro: Sahagún (León), La Bañeza (León), Barcelona, Burgos y Segovia. Tras este periplo entra en la Comunidad de Madrid, primero en Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después en Sección Primera (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid, posteriormente Presidente de la Sección Quinta (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid y en el 2003, para ser exactos, a primeros de noviembre es nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Llegado a este punto y para contextualizar este nombramiento es obligado hacer una serie de consideraciones.

La primera es que, en el año 2003, el inquilino en el Palacio de la Moncloa, era el Presidente Aznar siendo su ministro de Justicia José María Michavila. 

La segunda es que su nombramiento coincide con la llegada a la Puerta del Sol de Esperanza Aguirre como Presidenta de la CM, tras las elecciones autonómicas que provocaron “El Tamayazo”.

Caso Gürtel

Tras estas dos consideraciones, continúa su camino hasta alcanzar en febrero del 2009 la Presidencia del TSJCM. Se da la circunstancia circunstancial que el mismo día que es publicado su nombramiento en el BOE, Baltasar Garzón, juez titular del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, firma un auto en el que llama a declarar como imputados a 34 personas. Días antes había ordenado los primeros registros y detenciones de lo que se ha venido conociendo como Caso Gürtel. Posteriormente, de acuerdo con las fiscales anticorrupción, remite al TSJCM que preside Vieira, “los datos, elementos e indicios referidos a los aforados D. José́ Gerardo Galeote Quecedo y D. Luis Bárcenas Gutiérrez”.

Desde entonces hasta que el caso pasó definitivamente a la Audiencia Nacional y al TSJCV, la trama gurteliana marcó la agenda de Vieira y en buena medida su propia imagen tras verse envuelto en serios conflictos con el ya fallecido juez Pedreira, instructor de la trama madrileña mientras estuvo en el TSJCM y por su decisión de anular buena parte de las escuchas en la cárcel donde estaban varios de los detenidos y que habían sido ordenadas por el juez Garzón a petición de las fiscales anticorrupción.

Además, su encuentro gastronómico en privado con Francisco Granados, por entonces Consejero Presidencia, Interior y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre y Secretario General del PP de Madrid, celebrado justo un día antes de que el tribunal que el presidía asumiera la investigación del caso Gürtel, provocó una oleada de informaciones y rumores sobre el sentido final de ese encuentro. En todo caso, ni uno ni otro aclararon las razones finales de ese encuentro ni tampoco tuvo consecuencias de ningún tipo como si las tuvo el encuentro en una cacería del Ministro de Justicia del PSOE con el juez Garzón.

Caso Púnica

A partir del 2018, tras varios años de por medio, el destino les ha vuelto a unir en torno a la Audiencia Nacional. Uno como juez y el otro por sus vinculaciones penales con la trama de corrupción Púnica que, tomó el relevo a Gürtel e igualmente afecta al PP de Madrid. Para los más despistados recordar que desde el 2014 esta trama está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6, cuyo titular es el juez ultraconservador Manuel García Castellón que tras 17 años fuera de España como juez de enlace, súbitamente decidió en junio del 2017 volverse a Madrid para “trabajar más y ganar menos”.

En estos momentos Vieira preside el tribunal que está juzgando la PS2 de Púnica que ha sentado en el banquillo, entre otros, a Marcos Martínez Barazón, ex Presidente de la Diputación Provincial de León (PP) y a Alejandro de Pedro un empresario con buenas conexiones con el PP, en particular de Madrid, que cobró grandes cantidades de dinero público para favorecer y promocionar en las redes sociales la imagen de numerosos cargos ligados a administraciones gobernadas por el PP. No es como pueda parecer una pieza más de las 12 que conforman esta trama. La decisión que tome el tribunal afectará a otros muchos investigados, entre los que se encuentran varios ex altos cargos del Gobierno de Aguirre y González.

Por tanto, no habría que descartar que también acabe en alguno de los tribunales que tienen que juzgar las 10 piezas restantes de Púnica. Circunstancia que de producirse volvería a situar a otro juez ante la posibilidad de que la propia Audiencia Nacional acabe recusándole como ya lo ha hecho antes con Enrique López, Concepción Espejel, Juan Pablo González y Joaquín Delgado.

Sea como fuere el futuro que le espera a Vieira, el hecho cierto es que en su pasado y presente se ha cruzado con el PP de Madrid, acosado por la corrupción, en demasiadas ocasiones Seguiremos informando."                 (El Plural, Los Genoveses  , El Plural, 15 de febrero de 2023)

La Comunidad de Madrid hunde San Fernando de Henares y humilla a sus vecinas... Esperanza Aguirre licita las obras con la empresa pública-privada Mintras, de Gallardón, bajo investigación en el sumario de la Púnica... concedida a Dragados, la constructora de Florentino Pérez... Un año después empiezan a surgir las primeras grietas en las viviendas... nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos... La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos

 "(...) Aguirre, paella, chocolate y la Púnica

Todo empieza en 2006, cuando Esperanza Aguirre anuncia un nuevo trazado de la línea 7B de metro, cuyas obras habían comenzado en 2004, que incluye dos paradas no contempladas en el original: Henares y Hospital del Henares. En 2020, cuando este medio entrevistó a Antonio Rus, trabajador de metro del sindicato Solidaridad Obrera, no dudó en afirmar que “Aguirre utilizó la estación de Hospital del Henares para ganar votos en las autonómicas de 2007”. La estación se inauguró con una paella, chocolate y conciertos a los que acudieron 2.000 personas menos de un mes antes de las elecciones.

La licitación de estas obras dependía de la empresa público privada Mintra, creada por Gallardón para licitar obras en el Metro y evaluar los impactos. A pesar de que ya no existe, Mintra se encuentra bajo investigación en el sumario de la Púnica. Las obras de la ampliación 7B fueron concedidas a Dragados, la constructora de Florentino Pérez. Un año después de la inauguración, en 2008, empiezan a surgir las primeras grietas en algunas de las viviendas.

 Para entender lo que está sucediendo bajo el suelo de San Fernando, Escribano recurre a la imagen de un queso gruyere. “San Fernando tiene una serie de acuíferos que recorren el subsuelo. Con la ampliación de la línea 7B hubo que desviar un gran acuífero. Imaginemos que el subsuelo es como un queso gruyere, lleno de agujeritos que están llenos de materiales hipersalinos. Si no los tocas no pasa nada, pero al desviar el agua, que está cargada de sales, estas capas salinas comienzan a degradarse junto al metro”. La solución que comenzaron a aplicar los técnicos de la Comunidad de Madrid fue usar colectores de agua, que son como pajitas que succionan el agua de los alrededores del metro y la arrojan a otras zonas. “Pero la presión con la que corría el agua era mucho mayor de la que esperaban y acabaron reventando los colectores, inundando de agua que era muy salina, casi un disolvente, todas las zonas de alrededor del tramo del metro”, continua Escribano.

Otra de las soluciones que han aplicado varias veces durante estos últimos años han sido las ya mencionadas inyecciones de cemento para tratar de solidificar el terreno y desplazar el agua de las zonas afectadas. “En 2011 se hacen las primeras acciones de inyección, se repiten en 2013, 2016, 2018 y ahora, lo cual siempre provoca el mismo resultado, que nuevas áreas se vean afectadas. El agua es como una gigantesca mancha de aceite expandiéndose por debajo de todo el municipio y hundiéndolo”, cuenta Escribano.  

 En 2008 se publica un Estudio de seguimiento hidrogeológico de la Línea 7 de Metro de Madrid por un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid en el que los profesores Pedro Martínez y Eugenio Sanz afirman que “la presencia de agua o de humedad detrás del revestimiento del túnel [...] conlleva una reducción del 28% del volumen, y por tanto la creación de huecos, ocasionando riesgo de colapso”.

 "Estudio de Seguimiento Hidrogeologico de La Linea 7 Del Metro de Madrid. 2008"

 Entre las conclusiones y recomendaciones del informe destacan que “es importante tener en cuenta que con el tiempo estos materiales sulfatados van a seguir alterándose por lo que es imprescindible el anteriormente citado estudio geotécnico, así como la vigilancia a largo plazo de la zona [...] La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos”.

Manolo Fernández, maquinista de metro desde hace 40 años y miembro del sindicato Solidaridad Obrera, que ha llevado durante estos años los conflictos laborales ligados a la seguridad en este tramo, se pregunta por qué nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos. Hasta 2016 no llega el primer informe propio de la Comunidad de Madrid que señala que, efectivamente, “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”.

 “Hasta los propios operarios de las obras reconocen que no pueden saber hasta dónde llega el cemento que están echando con las inyecciones ni a dónde desplazan el agua”, comenta Escribano. “Las licitaciones de estas obras se hacen a través de la empresa público privada Tragsa, que se los está adjudicando a la empresa Kronsa. Las obras han provocado numerosos cortes de luz y agua a los vecinos. Han dañado tuberías de gas con los vecinos dentro de las viviendas. Y han tenido que ser los propios vecinos quienes han tenido que avisar a las autoridades porque olía a gas en sus casas”.

“Después de siete cierres desde su apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de nada”, comenta Fernández. Desde Solidaridad Obrera reclaman que las estaciones del tramo se cierren para siempre y que, en caso de que fuera necesario se hiciese un metro ligero en la superficie. “Estábamos moviendo trenes con viajeros en estaciones que se hundían”. 

Daños y secuelas en el cuerpo

Nines ha tenido que ir a urgencias por el estrés y la ansiedad por no saber cuándo tendrá una casa propia a pesar de haber pagado la suya. También se le complicó un posoperatorio del ojo por la falta de reposo. Ansiedad es la palabra que repiten casi todas las vecinas entrevistadas.

De las familias desplazadas hay personas de más de 80 años que han tenido que aclimatarse a su nueva vida en el apartahotel del polígono industrial. “Yo tengo una hija de cinco años que también lo está viendo y viviendo a su manera, ven la realidad bajo su prisma, y ella me preguntaba que a dónde iban a llevar los Reyes Magos sus regalos a sus amigos desalojados”, comenta Casado.

Poner el cuerpo tampoco es gratuito. Ni económicamente ni en salud. Después de 20 minutos dando detalles pormenorizados y técnicos de lo que ha sido esta lucha de 15 años, cuando desde El Salto le preguntamos qué tal está, el ceño fruncido que ha mantenido durante la entrevista se deshace y su voz se quiebra aguantando las lágrimas. Llora sin ellas, con la voz y la cara, mientras cuenta que “para entenderlo hay que vivirlo. Te cambia la vida. Para la parte en la que estamos al público y salimos a pelear te pones la coraza, pero cuando llegas a casa o a tu portal vas y te rompes, te cuesta mucho. Cuesta separar lo personal de la pelea”.

Toda la ayuda psicológica que la Comunidad de Madrid ha brindado a las vecinas son dos profesionales que les atienden semanalmente en grupo, sin atención pormenorizada. Igualmente han abierto una oficina pública para los afectados, “pero no sirve para nada. Llegas cuentas tu problema y te dicen que pasas a una lista de espera y ya, solo sirve para frustrarte más”, comenta Casado mientras camina frente a la cristalera transparente de la oficina.

Víctor Yangüez, vecino de 19 años, también ha sufrido las consecuencias de poner la cara en la lucha. Vivía en una casa que derribaron en mayo y ahora está con su familia pagando un nuevo alquiler además de la hipoteca que pagaban porque aún no han recibido ninguna indemnización. Víctor apareció en un vídeo de Tiktok que se viralizó denunciando la situación del municipio. A las horas el medio subvencionado por la Comunidad de Madrid OKDiario elaboró un perfil señalando al joven, lo cual derivó en un acoso mediático y en redes de miles de perfiles atacándole. 

“Nosotros buscábamos la presión mediática para ver si se ponen las pilas para poder solucionar este problema y que todo el mundo sepa que no hay nadie al volante de esta situación”, relata Yangüez a El Salto. “Pero claro que te afecta, son bulos contra mí, gente criticándome, perfiles cercanos al Partido Popular. Aunque estoy bien, pero al daño psicológico de perder la casa se le suma el de que te ataquen”.

 “La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve que no nos puede doblegar  descuelgan el teléfono y llaman a sus medios afines para poner en marcha la máquina del fango”, comenta Escribano. Para responder toda esa ofensiva de bulos contra el joven, su propia madre y otros vecinos utilizaron las redes sociales para mandar mensajes de apoyo y visibilizar que estaban orgullosos de él. “Lo único bueno de todo esto es la unión que se está generando en el municipio. Vecinos que hasta ahora no nos conocíamos, somos uno. Vamos a ganar por eso”, añade Casado.

Un Plan Integral y organización vecinal

El 16 de diciembre de 2021 se aprobó en la Asamblea de Madrid un Plan Integral para los afectados por las obras del metro de San Fernando. Una Proposición No de Ley (PNL) hecha a medida que fue diseñada y consensuada por todos los vecinos de la Plataforma junto con los partidos de la oposición. Sin embargo, el 23 de diciembre del mismo año, durante la sesión de apelaciones a la PNL, el PP y Vox votaron en contra de su aplicación y quedó bloqueada. “Es un cuerpo sin vida, lo que pedíamos era que si te tiran la casa, haya unas condiciones mínimas de realojo, si tu casa tiene grietas o sufre otros daños, que se expedienten debidamente para que se puedan reclamar patrimonialmente, que se tenga en cuenta en las reparaciones las viviendas devaluadas, porque al final todo el municipio se ha visto afectado por esto. Que se restauren los servicios públicos perdidos . Que todos los comerciantes que han perdido su negocio reciban el dinero correspondiente por lucro cesante”, reclamen desde la Plataforma.

El Salto ha consultado al gabinete de prensa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuyo alcalde es Javier Corpa, del PSOE, y desde el mismo han declarado que denuncian “la total falta de interlocución política por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Señalan que el alcalde ha enviado numerosas cartas al Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o a la propia Ayuso, sin respuesta.

La única interlocución entre Comunidad y Ayuntamiento se dio a través de una Mesa Técnica, montada en 2019 en la que ambas instituciones enviaron técnicos para tratar de solucionar el problema. Escribano cuenta que “desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están improvisando. No dan información porque no la tienen”.

Desde el Ayuntamiento señalan que el propio consistorio no tiene mecanismos ni herramientas para atajar los problemas derivados de las obras del Metro, que dependen enteramente de la Comunidad. En apoyo de la Plataforma y los vecinos afectados están poniendo sus recursos técnicos para la elaboración de informes propios y ofreciendo las estructuras de atención y ayuda social para las personas damnificadas.

Mientras tanto, a falta de soluciones institucionales, los vecinos siguen organizándose y creando asociaciones para contratar a grupos de abogados que les permitan pelear por la vía legal las indemnizaciones que no están llegando."                  (Álvaro Lorite, El Salto,  22 ene 2023)

Granados señala a Esperanza Aguirre para exculparse de la caja b del PP de Madrid: “No soy el artista principal de esta copla”

 "Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, exsenador y presunto cabecilla de la trama Púnica de corrupción, sostiene que es un “contrasentido” y una “contradicción” que él vaya a sentarse en el banquillo de los acusados mientras la que fuera líder de la formación y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido exonerada. 

En el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional contra su reciente procesamiento por la caja b del PP madrileño, Granados subraya que Aguirre tenía mayores responsabilidades que él en el control de las cuentas bancarias y, por tanto, de la financiación del partido. El ex secretario general de los populares madrileños, que ya se encuentra condenado en firme en otra pieza del caso Púnica, cita en su escrito en una veintena de ocasiones a Aguirre y señala también al sucesor de esta al frente del Ejecutivo regional, Ignacio González, al que el juez ha exculpado igualmente.

 Ambas son, dice Granados, las personas que “podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades” lo que pasaba en las cuentas del partido. El exdirigente del PP madrileño carga contra la investigación de la Guardia Civil, a la que acusa de haber centrado sus pesquisas en convertirle en “artista principal de toda esta copla”.

Granados está acusado de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias. Es el segundo exalto cargo de la Comunidad de Madrid procesado en el caso Púnica —tras la exjefa de Comunicación, Isabel Gallego— que señala a Aguirre y González como responsables últimos de las presuntas irregularidades.

En su escrito, de 115 páginas, Granados intenta desligarse de la financiación irregular del PP, que se ha investigado en una de las piezas separadas, la número nueve, del caso Púnica, y en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, lo procesó recientemente a él y a otras siete personas y dos empresas, aunque exoneró a otras 71 que estaban imputadas, entre ellas los expresidentes y líderes del PP madrileño Aguirre y González.

La investigación, que se inició tras el hallazgo de una agenda en poder de Granados con anotaciones que recogían supuestas entregas de dinero en efectivo por parte de empresarios para pagar mítines, se centró en tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, donde Aguirre arrasó con mayoría absoluta; y las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy era candidato. Finalmente, el magistrado consideró, al igual que Anticorrupción, que las supuestas irregularidades de los comicios de 2007 y 2008 habían prescrito, y el procesamiento solo ha sido por los de 2011 ―en los que el PP supuestamente gastó cuatro millones de euros en negro, además de los 2,9 millones que reconoció al Tribunal de Cuentas― y por la adjudicación de contratos públicos para mejorar la reputación online de altos cargos del PP en redes sociales y en internet.

Granados se adjudica en la campaña de 2011 un papel muy secundario como director de la misma, y asegura que nunca recibió dinero en efectivo para sufragarla ni tuvo control alguno en la gestión de los fondos. De esto último responsabiliza “única y exclusivamente” al que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez. El exdirigente popular sostiene que en la única campaña que ya se investiga el suyo fue un rol “testimonial, decorativo o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición”, ya que, insiste, para entonces ya había sido “defenestrado y decapitado” por parte de Aguirre de sus cargos dentro del partido. “Ya no era persona de confianza” asegura.

En este sentido, el escrito de la defensa del que fuera también alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003 incide en que, “en las 30 páginas que el auto dedica a analizar los gastos electorales con los distintos proveedores, no hay ni una sola mención a una participación de ningún tipo del señor Granados, ninguna relación con facturas, pagos, conciertos o reuniones”. “¿Por qué entonces nos empeñamos en situarlo en el íter incriminatorio del delito? Resulta evidente que de haber tenido participación hubiera salido su foto, su sello, su firma o identificación en todas esas descripciones que se contienen en el propio auto. Si no está por algo será”, concluye su defensa.

Granados esgrime que la función de “desacreditar, controlar y contradecir” al entonces gerente del partido por su gestión de los fondos era de “los órganos ordinarios del partido”, en referencia a la cúpula del PP madrileño que entonces encabezaba Aguirre y de la que se autoexcluye. “Nos parece un contrasentido mantener una tesis de acusación contra alguien que por organigrama carece de potestad”, señala. Y recuerda que en la campaña de 2011 sí tuvo responsabilidades el que entonces era su máximo rival político dentro del PP, Ignacio González, al que señala como la persona que “controlaba por su interés en dicha campaña [iba de número dos en las listas] todos los actos derivados de la misma en unión de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre”.

Conversación entre Aguirre y González

El exdirigente del PP recoge en su escrito una conversación intervenida por la Guardia Civil en marzo de 2017 entre González y Aguirre e incorporada al sumario en la que, si bien ambos niegan que Fundescam, la fundación del partido en Madrid, hubiese participado en la financiación de las campañas, admiten que el PP pudo haber superado el límite de gasto electoral, pese a lo cual ninguno de los dos ha sido procesado. Granados se pregunta por qué si el juez no ha considerado este diálogo suficiente para mandar a ambos al banquillo sí ha decidido hacerlo con él. En todo caso, Granados cree que estos hechos estarían prescritos.

Un argumento similar esgrime para defenderse de la acusación de haber desviado fondos públicos para financiar los trabajos de reputación y posicionamiento en internet que dos empresas del experto informático Alejandro de Pedro, también imputado, realizaron para él y otros dirigentes del partido. Granados insiste en que la presidenta de Madrid y otros investigados que también se vieron beneficiados por estas actividades no han sido procesados al concluir el magistrado que no tuvieron conocimiento ni de la contratación de los trabajos ni del desarrollo de los mismos ni de cómo se abonaron. “El único de los sujetos de dichos informes acusado finalmente por esos trabajos ha sido mi representado por la existencia de un informe de 2010 que, al parecer, según el auto, no fue abonado”, destaca su abogado, que pide que, “por principio de igualdad”, se le exculpe de esta acusación como se ha hecho con Aguirre.

Granados, que recuerda que pasó casi tres años en prisión preventiva tras su detención en 2014, acusa al juez García-Castellón de aplicar criterios diferentes “a la hora de considerar los hechos respecto a uno y otro acusado”, y carga duramente contra la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de “ansia” por incriminarle “por activa y por pasiva en todos los informes”. Tampoco se libra de sus críticas la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina que en un primer momento le acusase “hasta la saciedad y sin prueba alguna” de un fraude de 700 millones de euros, “para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado”.

Entre las ocho personas finalmente procesadas, además de Granados y Gutiérrez, se encuentran Borja Sarasola, exconsejero con Ignacio González; el empresario Alejandro de Pedro y la periodista Isabel Gallego. Esta última, quien fuera directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), también ha recurrido su procesamiento con un escrito en la misma línea del ahora presentado por Granados. Gallego considera “injusto, parcial y discriminatorio” que el magistrado la envíe al banquillo tras hacer “pivotar” sobre ella la financiación irregular del PP cuando ni siquiera formó parte del partido y había “numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos”, en referencia a los dos expresidentes madrileños."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 20/10/22)

La exjefa de prensa de Esperanza Aguirre: “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella”... Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada

 "La investigación del caso Púnica ha acreditado siete años (de 2007 a 2014) de grave corrupción en el seno del PP de Madrid. El sumario judicial recoge numerosos indicios de financiación ilegal a través de una caja b —alimentada por empresarios contratistas de la Comunidad— con la que se pagaron supuestamente actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas; a través de Fundescam, la fundación del PP de Madrid que facturaba en falso, según la instrucción del caso, para orillar la ley y financiar actos electorales; y a través del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (que financiaba sus campañas de publicidad ilegales a través de empresas a las que adjudicaba contratos, según el relato del magistrado).

Los supuestos delitos acreditados beneficiaron fundamentalmente a Esperanza Aguirre, candidata del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. Pero solo llevarán al banquillo de los acusados al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez (delito electoral); al exsecretario general del PP en aquella época y exconsejero, Francisco Granados (delito electoral, cohecho y malversación); y a la entonces jefa de prensa de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego (prevaricación y malversación). La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado solo por el último de los tres fiscales que se incorporó a la investigación, propuso archivar la causa contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y el juez instructor, Manuel García Castellón, ha exculpado a ambos definitivamente en su auto de procesamiento. El argumento de fiscal y juez fue idéntico: “Tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que Esperanza Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Pero algunos de los implicados en esta trama de corrupción no opina lo mismo. La periodista Isabel Gallego, directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), ha estallado tras ser procesada. Su abogado ha presentado un recurso de reforma en el que afirma: “El auto ha de ser reformado por lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada (Directora) de Medios de la CAM, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria”.

La persona que trabajó durante una década para proteger la imagen de Esperanza Aguirre, la misma que se empleó a fondo para publicitar todas sus políticas, que intentó evitar informaciones negativas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid durante todos aquellos años, no entiende que el juez la incluya entre las pocas personas que han sido procesadas por corrupción, lo que atribuye al “trato desigual que dan el juez y los (las) fiscales en función del rol particular de cada individuo”.

Díaz Ayuso, responsable de redes sociales

El juez y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Isabel Gallego de prevaricación y malversación por contratar con dinero público de su dirección general a las empresas de Alejandro de Pedro para hacer en las redes sociales campañas de propaganda a favor de Aguirre y González. Gallego responde que ella no decidió esa contratación, sino que se la impusieron. Y detalla quién era el responsable de esas actuaciones en el PP: “No es intrascendente que se haga notar que en el año 2010 la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar [exconsejera de Educación en el Gobierno de Esperanza Aguirre] y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso [hoy presidenta de la Comunidad de Madrid]. Así consta en la causa y en fuentes abiertas. Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego. Como también es importante recordar que en aquellos comienzos de la década del 2010 la moda, tratándose de internet, eran los blogs y que cada político tenía el suyo propio. Pero, como dejamos claro, no los gestionaba Isabel Gallego, quien además no era político. Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociaciones previas con el PP, con Francisco Granados, Salvador Victoria, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, Ignacio González…. es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquel le es presentado”.

Respecto a esas campañas para mejorar con dinero público la imagen de Esperanza Aguirre en las redes sociales, el juez sostiene que durante los primeros meses de 2012 la presidenta madrileña fue “beneficiaria de trabajos de reputación y posicionamiento online llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro”. Pero concluye que tras la instrucción llevada a cabo no pudo acreditar que “Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Isabel Gallego rechaza estos argumentos: “El auto sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente. Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos [Aguirre y González] eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario”, sostiene el recurso.

La exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid explica así el mecanismo de contratación de las campañas de reputación a favor de Aguirre y González: “Se dispuso que se contratara el servicio con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios, lo que en absoluto puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, al Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios Presidentes afectados y, desde luego, ni a Salvador Victoria ni a Borja Sarasola. No es Isabel Gallego quien propone a Alejandro de Pedro, sino que le llega ‘impuesto’ tras ser recomendado por Borja Sarasola”. Y remacha: “No puede tenerse por bueno que se le achaque a la directora general de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal”.

Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada: “Si para la que fuera consejera de Educación, Lucía Figar, no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la directora general de medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos [Aguirre y González] eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada”, insiste. “Y ello, además de ser contrario al derecho a la igualdad, pone en jaque el derecho a la tutela judicial al faltar el razonamiento de por qué lo que para unos es lícito para Isabel Gallego es delictivo”.               (José manuel Romero, el País, 18/10/22)

Los seis delitos que acechan a Esperanza Aguirre... El juez halla indicios de cohecho, falsedad electoral, malversación, falsificación, prevaricación y tráfico de influencias

 "El “hombre que está detrás” es, según lo expresan algunos magistrados en sus sentencias, la persona que, aunque materialmente no interviene en los delitos, “inspira y sostiene la acción de los ejecutores materiales y tiene dominio del hecho en todo momento”.

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, busca al hombre o a la mujer que están detrás de una década de corrupción en el PP de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La expresidenta Esperanza Aguirre acude a declarar ante García Castellón como investigada por seis supuestos delitos —cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral— cometidos durante su mandato al frente del Gobierno regional y del PP de Madrid.

Cinco años de investigación judicial en el caso Púnica —que se inició tras descubrir por la Fiscalía suiza la existencia de una cuenta en ese país a nombre del que fue secretario general del PP madrileño, Francisco Granados— han permitido acumular numerosas pruebas de la corrupción en los tres organismos que dirigió Aguirre.

El PP de Madrid, que presidió Aguirre entre 2004 y 2016, se financió supuestamente de manera ilegal durante su mandato mediante aportaciones en dinero negro de diversos empresarios.

Fundescam, fundación del PP que presidió Aguirre entre 2004 y 2010, dedicó ilegalmente a actos electorales dinero que recibía de donaciones de empresarios, muchos de ellos contratistas de la Administración autonómica.

El Gobierno regional, que presidió Aguirre entre 2003 y 2012, desvió supuestamente fondos públicos para el PP de Madrid a través de empresarios adjudicatarios de contratos millonarios.

El juez García Castellón sostiene en el auto de imputación de Esperanza Aguirre que “no es verosímil” que todos esos actos supuestamente ilegales de los que tiene pruebas se produjeran “sin el conocimiento y consentimiento” de quien era entonces presidenta autonómica y del PP de Madrid.

“El impulso para poner en marcha el entramado [corrupto]”, escribe el juez, “debe vincularse a Esperanza Aguirre, en quien concurría la condición de presidenta del partido, candidata de las campañas investigadas, cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos en la contabilidad sometida a fiscalización pública, presidenta y patrona de la fundación Fundescam y, sobre todo, presidenta del Gobierno regional, desde donde se tomaron las decisiones instrumentales”.

Pero Aguirre sostiene, desde que conoció los escándalos de corrupción destapados en el caso Púnica, que ella ni vio, ni ordenó, ni vigiló lo que debía para impedir esos actos.

De todos los testimonios recabados en la causa y de la documentación requisada en los diversos registros judiciales no se puede sacar hasta ahora una prueba definitiva que implique a la expresidenta en los entramados corruptos que salpican al PP de Madrid, a la fundación Fundescam y al Gobierno regional. Su nombre no aparece en las declaraciones de quienes admiten las irregularidades, pero se las imputan a otros.

Aguirre era la jefa de los tres organismos donde anidó la corrupción pero, según cuenta, ni ordenó, ni supo, ni vigiló."                    (José Manuel Romero, El País, 17/10/19)

La conducta de Esperanza Aguirre ante la corrupción: repasamos todos los casos en los que se vio implicada

 "El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este miércoles la conducta «ejemplar y admirable» de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ante la corrupción. Vamos a hacer un pequeño repaso por las polémicas de la vida política de Aguirre ante tales alabanzas.

Primero, pongámonos en situación. Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y ostentó el de condesa consorte de Murillo (hasta la renuncia de su marido en 2013), es Grande de España, la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, pues está situada inmediatamente después de la de príncipe de Asturias y de la de infante de España. Esto podría tener cierta importancia hace 100 o 200 años, pero Aguirre es en 2021 una ciudadana más que puede ser juzgada por sus actos polémicos, que no son pocos.

Tras obtener la licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1974, en 1976 accedió al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo por oposición. Ocupó la jefatura de servicio de Publicidad de Turismo de la Secretaría de Estado de Turismo, donde permaneció hasta 1979. Posteriormente se hizo cargo de diversos cargos administrativos de designación directa en el Ministerio de Cultura, con varios ministros, durante los gobiernos de Unión de Centro Democrático; así, fue nombrada sucesivamente jefe del Gabinete Técnico del director general del Libro y la Cinematografía del Ministerio de Cultura (1979), subdirectora General de Estudios en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura (1980), subdirectora general jefe del Gabinete Técnico del subsecretario de Cultura (1981) y subdirectora general de Fundaciones y Asociaciones Culturales (1982).

 Perteneciente desde muy joven al Club Liberal de Madrid, su presidente, Pedro Schwartz, impulsor de la Unión Liberal, propició en 1983 la entrada en política de Aguirre de la mano de este partido con la agrupación política Coalición Popular, en la que se integraba la el partido de Schwartz. Fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 1983 en Madrid. En la oposición, fue miembro de la Comisión Permanente del Ayuntamiento y de portavoz de Coalición Popular en el Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes y en el Distrito de Moncloa-Aravaca.

 En diciembre de 1984, al fusionarse Unión Liberal con el Partido Liberal (PL), Aguirre ocupó diferentes cargos en la ejecutiva nacional y secretaría del Consejo Político del Partido Liberal de José Antonio Segurado. En 1987 abandonó el Partido Liberal e ingresó en Alianza Popular (AP).​ Renovó su acta de concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

 La primera polémica de Aguirre llega por su forma de acceder al poder: mediante una moción de censura del ya denominado Partido Popular y del Centro Democrático y Social contra el alcalde del Partido Socialista Obrero Español, Juan Barranco, ambos partidos pasan a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, en 1989. Esperanza Aguirre fue nombrada concejala de Medio Ambiente.

 La lista del PP obtuvo una mayoría absoluta de concejales en las elecciones municipales de 1991 en Madrid con mayoría absoluta y Esperanza Aguirre, repitiendo como concejala, fue nombrada tercera teniente de Alcalde y concejala de Medio Ambiente. Dos años después fue designada además concejala de Cultura. Asimismo, pasó a dirigir las concejalías de Limpieza y de Educación y Deportes.

 Tras la segunda victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales de 1995 en Madrid (a las que Aguirre concurrió como número 2 de la lista del PP), tuvo lugar el nombramiento de Aguirre como primera teniente de alcalde y como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. En ese año fue nombrada consejera de Caja Madrid, en representación del Partido Popular.

En las elecciones generales de 1996 fue candidata del Partido Popular al Senado por Madrid. Aguirre, que había sido designada como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, resultó elegida senadora. El nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, le confió la cartera Educación y Cultura. Desempeñó el cargo de ministra hasta 1999, cuando fue sucedida por Mariano Rajoy.

 En febrero de 1999, fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para el cargo de presidenta del Senado. En marzo de 2000 repitió como presidenta en un segundo mandato. Renunció a su escaño para concurrir como cabeza de lista del PP en las elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de 2003. Tenía otros planes.

2003, el tamayazo

Aguirre había ampliado sus miras y quería más poder, sin embargo, tuvo que usar métodos oscuros para lograrlo. Tas elecciones autonómicas de Madridel 25 de mayo de 2003, el Partido Popular fue el partido más votado pero quedó a un escaño de la mayoría absoluta. El PP se quedó con el 46,67 % de los votos en la Comunidad de Madrid (55 diputados) y a un escaño de los sumados por el Partido Socialista Obrero Español-Federación Socialista Madrileña (39,99 %, 47 escaños) e Izquierda Unida (7,68 %, nueve escaños).

Sin embargo, la elección de un gobierno bipartito de izquierdas no se consumó debido al abandono de su militancia en el partido socialista, por parte de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que pasaron al grupo mixto sin apoyar a ningún candidato. Este cambio en su posición generó una gran polémica y se conoció popularmente como el caso “Tamayazo”.

Mariano Fernández Bermejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante la campaña electoral de 2007 que la investigación judicial respecto al caso fue bloqueada por el Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar, sin que se retomase tras la ascensión del PSOE al poder.

Se acabó descubriendo que los tránsfugas habían llamado desde su escaño a un conocido abogado del Partido Popular para concertar sus movimientos, que las habitaciones de hotel en las que se refugiaron, protegidos por guardaespaldas colaboradores habituales de Intereconomia, fueron pagadas por dos conocidos militantes y constructores del PP, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y que se habían reunido con el responsable de las finanzas del Partido Popular en la comunidad, Ricardo Romero de Tejada. os dos constructores implicados obtuvieron poco después una recalificación de sus terrenos del municipio de Villaviciosa de Odón que permitió aumentar su edificabilidad y la comisión de investigación fue suspendida con los votos del Partido Popular. Aguirre, gracias a la situación, convocó nuevas elecciones y se convirtió en presidenta de la comunidad autónoma de Madrid.

Enriquecimiento familiar

La familia política de Esperanza Aguirre se enriqueció por la recalificación y venta de sus terrenos para urbanizar la Ciudad Valdeluz, y que el entonces ministro de Fomento del gobierno del Partido Popular creara allí un apeadero del AVE, Guadalajara-Yebes, en vez de situarlo en Guadalajara a 13 km de distancia.

Aguirre señaló que ni ella ni su familia tenían terrenos en Yebes, y que el competente para la recalificación de los terrenos era José Bono, entonces presidente de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que el dueño de Reyal, principal promotora de Ciudad Valdeluz, es el promotor y hotelero Rafael Santamaría, amigo de José Bono.

En Tres Cantos, la familia de Aguirre compró terrenos por 3,1 millones de euros en 2001 y en 2004 los venden por 11,2 millones de euros, ganando ocho millones de euros.

En Villanueva de la Cañada los tíos maternos de Esperanza Aguirre ganaron dos millones de euros en seis años por una recalificación de terrenos en Villanueva de la Cañada ordenada por Enrique Porto director general de urbanismo, nombrado por Aguirre. Compraron 24 326 m² de terrenos no urbanizables en el año 2000 por 419 995 euros, al 50 % con otra empresa, y los venden en 2006 por 4,6 millones de euros.

Enrique Porto dimitió en 2006 por haberse lucrado él mismo tras esta misma recalificación, vendiendo por 4,3 millones de euros terrenos por los que había pagado 87 000 euros en 1999.

Esperanza Aguirre no asumió ninguna responsabilidad política por el enriquecimiento de sus familiares.

Espionaje

En 2010, el gobierno de Aguirre se ha visto envuelto en investigaciones y acusaciones en torno a casos de espionaje presuntamente realizado por empleados de seguridad de la Comunidad de Madrid sobre miembros del mismo gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente y exconsejero regional Alfredo Prada.​

La Audiencia Provincial abrió diligencias por malversación de caudales públicos, ya que en sí mismo, «seguir a una persona no constituye infracción penal alguna». El 15 de julio de 2010, el juzgado de instrucción n.º 5 de Madrid sobreseyó el caso, al considerar que no podía comprobarse si habían usado o no medios públicos para los seguimientos. 7

El caso fue reabierto en marzo de 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que existían «indicios suficientes de la comisión de delito».

Aguirre y la Gürtel

Aguirre, como todo el Partido Popular, se ha visto implicado también en el Caso Gürtel, escándalo que afecta a municipios de Valencia y de la Comunidad de Madrid, como Majadahonda, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, donde gobernaban alcaldes del Partido Popular.

Según la investigación judicial, esos alcaldes presuntamente adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la red de Francisco Correa y a sus empresas afines a cambio de comisiones ilegales.

El principal imputado en la trama, Alberto López Viejo, colaboraba con Esperanza Aguirre ya en el Ayuntamiento de Madrid, desde donde la presidenta se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo viceconsejero de presidencia y consejero de deportes.

Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, destituyó al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y aceptó la dimisión de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, por estar ambos presuntamente relacionados con empresas investigadas.

Aguirre y la Púnica

Entre 120 000 y 140 000 euros de dinero público fueron ilegalmente dedicados a trabajos de reputación en línea de altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Esperanza Aguirre e Ignacio González, y también para mejorar la imagen pública de Borja Sarasola, Salvador Victoria y José Manuel Berzal; según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado al juzgado que investiga el Caso Púnica.

Isabel Gallego, directora general de Medios de Aguirre, era la interlocutora con la Púnica en nombre de la presidenta. Para Ignacio González, las funciones de contacto las realizaba Isabel Díaz Ayuso, entonces vicesecretaria de Comunicación del PP y en la actualidad es presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los trabajos incluían medidas proactivas de “posicionamiento online de las noticias relativas a su persona, creación de espacios web, contrarrestar noticias negativas o creación de perfiles falsos para influir en campañas en redes sociales. El informe recoge emails en los que hablan de trabajos concretos como: “contra el boicot que se difundía en la red para la inauguración del curso en la UAM en las que se anunciaba la presencia de Esperanza Aguirre”; o como usaron perfiles falsos en Twitter, para contrarrestar un Trending Topic “porque le han lanzado un ‘tupper’ durante la inauguración del curso escolar”; o la difusión masiva de noticias en las que Mario Vargas Llosa alababa a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el marco de la instrucción del caso Púnica, uno de los principales investigados, Francisco Granados, declaró ante el juez el 12 de febrero de 2018 descargando la responsabilidad en terceras personas entre las que, según su versión, se hallaba la expresidenta madrileña.

Financiación ilegal

Esperanza Aguirre financió de forma irregular su campaña electoral del 2003 y 2004 con donaciones de empresarios que contrataban con el gobierno del PP y a los que su gobierno posteriormente adjudicaría más de 200 contratos, la mayoría de forma directa.

Lo hicieron mediante donaciones a una fundación fantasma, Fundescam, de la que ella era presidenta, y que se encontraba en una situación irregular, ya que nunca había presentado sus cuentas.

En 2012, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó un informe ante el juez de la Audiencia Nacional en el que según sus investigaciones se aportaban pruebas de una posible financiación ilegal, y de la existencia de facturas falsas extendidas por empresas de la trama Gurtel a la fundación Fundescam por servicios prestados al partido en las campañas.

La Fiscalía Anticorrupción no continuó la investigación al estar ya prescrito el presunto delito."         (Javier F. Ferrero, Contrainformación, 15/09/21)