La Guardia Civil investiga una trama que implica al PP de Andalucía: “Cajas fuertes en el armario" y “dinero en sobres y bolsas”

 "La Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, investiga una trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Popular de Andalucía. Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha imputado a la alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández Lobato, y a otras seis personas por cometer presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público y ofrecer puestos de trabajo por “afinidad política”.

Los detalles relatados por la Guardia Civil son escandalosos y afectan de lleno al Partido Popular de Andalucía.

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla y el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, son personas muy cercanas a María de la Paz Fernández Lobato.

“Cajas fuertes, sobres y bolsas”

“Había varias cajas fuertes, una que se encontraba en la oficina del jefe (…) otra que era del tamaño de un mueble y la cual se encuentra en las oficinas de Soliarsa y una tercera caja fuerte de tamaño pequeño”, relata uno de los testigos de esta trama a la Guardia Civil en una serie de declaraciones a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

Los diferentes testigos aseguran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados que desde la empresa pública se sacaron “bolsas de dinero habiendo monedas y billetes”.

"El dinero defraudado se lo repartían en sobres cerrados”, se explica en otro momento de las diligencias previas emitidas por la Guardia Civil y en las que se pone el foco en “ordenes de transferencias y facturas firmadas por la alcaldesa” del Partido Popular de Andalucía.

La Guardia Civil lo tiene claro: “Hay indicios relevantes que permitirían inferir la presunta comisión de ilícitos penales en el seno de la empresa pública Sociedad para la Limpieza y el Aseo de Ronda S.A. (Soliarsa)”.

En concreto, la Guardia Civil habla de “pagos (ilegales) realizados a empresas externas”, “desvío de fondos públicos”, y “confección de facturas y documentos (falsos)”. Se carecía, además, “de un procedimiento de contratación de empresas externas”. Y de todo ello, la máxima responsable es la alcaldesa del Partido Popular.

Así lo expone con claridad la Guardia Civil en las siguientes afirmaciones que forman parte de las Diligencias Previas:

“Es la única que cuenta con la potestad, de por un lado, aprobar y dar su conformidad a las facturas presentadas por empresas externas (contratos menores), así como, para ordenar el pago de las mismas mediante la emisión de órdenes de transferencia”.

“Es la máxima responsable de la entidad, asumiendo entre otras funciones, la de órgano de contratación y por ende, la aprobación de contratos de empresas externas adjudicados por la sociedad, debiendo asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Le corresponde supervisar su ejecución (contratos) y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Asume el cargo de máxima responsabilidad en la Ejecutiva de esta sociedad, y que por ende, habría participado en aquellas decisiones al más alto nivel adoptadas en relación a la gestión de dicha entidad pública”.

“Es la máxima responsable de aprobar y dar conformidad a contratos menores”.

“(Tiene) una falta de control absoluta por parte del órgano de contratación en el cumplimiento de la legalidad y en la justificación de la necesidad de realizar los citados contratos que se reflejaría principalmente en la carencia de inventario”.

“Es la única persona autorizada en las cuentas bancarias del ente en cuestión, por lo que sería la responsable única de aprobar todos los contratos para posteriormente emitir las órdenes de pago”.

En definitiva, la Guardia Civil sostiene que en Ronda se han producido “prácticas que podrían ser constitutivas de ilícitos penales”.

Amenazas a ElPlural.com

A raíz de la publicación de esta exclusiva, el Ayuntamiento de Ronda ha amenazado con denunciar de nuevo a ElPural.com.

Amenazas que se llevan produciendo desde que este periódico desvelase en exclusiva el pasado mes de abril que habían denunciado ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones.

El Ayuntamiento también ha emitido una respuesta oficial en la que destaca que María de la Paz Fernández Lobato y la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos están siendo llamadas a declarar en calidad de investigadas, no por haber participado en actividades específicas, sino debido a su papel como presidentas del consejo de administración de Soliarsa durante el período bajo investigación. El Ayuntamiento asegura que no se les acusa de estar involucradas en las circunstancias denunciadas ni se sugiere que tuvieran conocimiento de las mismas (sic).

Comunicado del Ayuntamiento de Ronda 

Trás la publicación de este artículo, el Ayuntamiento de Ronda ha lanzado el siguiente comunicado:

"Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente: 

-La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía. 

-Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores. 

-Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas. 

-María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma. 

-Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado. 

-Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado. 

-Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños. 

-Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas"."                     (J. M. Garrido, El Plural, 18/09/23)

Los ERE, un caso de corrupción en busca de autor

"(...) Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. 

Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

 

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. 

Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. 

El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan. (...)

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE."                     (Juan Francisco Martín Seco, República, 28/11/19)

¿En qué consistió el fraude del caso de los ERE? Estos son los hechos probados

"La sentencia de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula socialista del PSOE andaluz censura con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía en el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar el coste que suponían los ERE y que supuso un gasto de 680 millones de euros durante una década.

Los hechos probados del fallo describen cómo el cambio en el mecanismo de pago “posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran [las ayudas], prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según los jueces, que recogen palabra por palabra la censura de la Intervención General en 2005 cuando examinó el fondo de ayudas por primera vez. 

 El nuevo procedimiento de pago supuso “la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de renta sufragadas con fondos públicos”. Es decir, permitió que ciertos intrusos fueran prejubilados en los ERE de las empresas sin haber trabajado nunca en ellas, entre ellos amigos y vecinos de alguno de los condenados.

¿Por qué implementó este cambio normativo la Junta?

El cierre de grandes empresas a finales de los años 90 en Andalucía resultó traumático para miles de trabajadores y la Junta optó por un atajo legal para lograr un sistema de ayudas tras las pegas que la Intervención había puesto previamente. “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, reza el fallo.

El control lo ejercía hasta entonces la Intervención General, que con esta modificación presupuestaria solo pudo examinar ciertas ayudas, pero siempre a posteriori, nunca de manera previa. “El denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, debido al uso de las transferencias de financiación [herramienta presupuestaria del cambio], fue la falta de fiscalización”. La consecuencia principal de esta decisión fue un caos en las ayudas: “El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”.

El gasto de los expedientes se aprobaba en la agencia Idea, pero la concesión residía en la Consejería de Empleo, con poderes casi plenos para el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, por lo que Idea estaba a ciegas respecto a si se daban de manera correcta las ayudas. A pesar de las denuncias de la Intervención General, la Consejería de Economía ignoró los avisos, denuncia la sentencia. “Los abonos realizados no tenían reflejo contable alguno, ni en la contabilidad de IFA-IDEA, ni en la de la Consejería de Empleo”, critican los jueces."                      (Javier Martín-Arrollo, El País, 20/11/19)

Caso ERE: Griñán, condenado a 6 años de cárcel y Chaves, inhabilitado por 9 años

"El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, ha resultado sentenciado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 9 años, según el fallo de la pieza política del caso de los ERE, que ha sido notificado este martes. 

Además, la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. De los 21 procesados, solo dos han resultado absueltos de todos los delitos: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.

La Audiencia de Sevilla considera a ambos expresidentes y exministros de Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. La sentencia no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

Los jueces consideran que Chaves conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular, mientras que sitúan a Griñán -durante su etapa como consejero andaluz de Economía- como conocedor de los informes de la Intervención General de la Junta, que censuraron el fondo, y le achacan que no hizo nada para evitar las ayudas arbitrarias. 

El juez ponente Juan Antonio Calle ha elaborado la sentencia de la pieza política de la macrocausa de los ERE durante los últimos 11 meses, desde que el juicio en la Audiencia de Sevilla finalizó el pasado diciembre, después de un año y 152 sesiones. De los 22 procesados miembros de la antigua cúpula de la Junta andaluza (dos expresidentes, seis exconsejeros y 13 ex altos cargos), durante la vista oral resultó absuelto el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa. El fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo —que tendrá la última palabra—, según han avanzado las defensas.

La macrocausa de los ERE ha marcado la política andaluza durante los últimos nueve años por los escándalos destapados en la concesión de fondos públicos desde la Junta y ha sido empleado como reproche habitual del resto de partidos en Madrid contra los socialistas por su corrupción.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes y líderes históricos del socialismo andaluz, se dieron de baja en el partido en 2016 tras su inculpación durante la instrucción. Ambos gobernaron la comunidad durante 23 años, el primero de 1990 a 2009 y el segundo tras sucederle desde este año hasta 2013. Un lustro después, el proceso ha enjuiciado su política de ayudas públicas para empresas en crisis, dotada con 680 millones durante una década (2001-2010).

Tras ocho años de instrucción, la pieza política de la macrocausa —la primera en ser enjuiciada de un total de 146 bajo investigación— analizó el sistema de pago de los ERE, censurado por la Intervención General pero cuyos avisos cayeron en saco roto. En 2001 la Junta cambió las subvenciones excepcionales por las transferencias de financiación y la clave del juicio estaba en dilucidar si el mecanismo fue ilegal y si existió responsabilidad penal de políticos y técnicos.

Los ERE fraudulentos han escrutado parte de la gestión socialista de las últimas décadas en Andalucía junto a otras macrocausas como los cursos de formación e Invercaria, una sociedad de capital riesgo de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones —PP y Manos Limpias— estimaban que el cambio de sistema de pago fue “una decisión política” para instaurar un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen de “los ciudadanos y los controles de la Intervención” para beneficiar a empresas afines al PSOE. Mientras, las defensas resaltaron en la vista oral que el Parlamento andaluz aprobó con transparencia las partidas que alimentaron los ERE y que las acusaciones contra la excúpula por confabularse para que se pagaran año tras año son “genéricas” y repletas de “vaguedades”.

Desde 2011 cuando arrancó, el caso ERE ha estado en el centro de la batalla política como el ariete preferido del PP para contrarrestar su corrupción destapada por el caso Gürtel, que siempre dispuso de gran eco mediático. Ambas sentencias coinciden en extensión (1.700 páginas de los ERE y 1.687 de la Gürtel), pero tienen dos diferencias esenciales: la trama corrupta del PP conllevó un enriquecimiento ilícito de sus protagonistas y la financiación ilegal del partido. 

Entre los políticos de los ERE solo ha existido un supuesto lucro del director general que daba las ayudas de manera directa, Javier Guerrero, —cuestión que no se enjuicia en la pieza política— y no hay rastro de financiación ilegal del PSOE, a pesar de que la primera instructora, Mercedes Alaya, lo plasmó por escrito en sus autos.

En 2015 el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro examinó la causa por estar inculpados seis políticos aforados y solo apreció indicios de prevaricación administrativa y descartó la malversación (que conlleva cárcel). Barreiro tildó de “claramente ilegal” el procedimiento de pago en los ERE, pero matizó que no estaba destinado “al lucro ilícito de terceras personas”, de ahí que descartara la malversación.

El juicio desarrollado en 2018 sirvió para ratificar la visión opuesta entre defensas y acusaciones, cuyos expertos respectivos —catedráticos de Derecho Presupuestario y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)— protagonizaron un duelo de tesis enfrentadas a favor y en contra de la legitimidad de emplear las transferencias de financiación para pagar los ERE a través de la agencia pública Idea."                  (Javier Martín-Arroyo, El País, 19/11/19)

Corrupción: así se desmoronan los grandes casos judiciales investigados por la jueza Alaya

 "El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado.

Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados.

No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias.

Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios.

Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular.

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya.

No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que dan la razón a los jóvenes del 15M que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.                   (Juan Torres López, Ganas de escribir, 21/06/17)


"Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones.

Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.

Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE.

Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.

La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción

Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.

En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’.

Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.

Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades.

¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".

El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla

A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce.

A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.

La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma.

Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.

La "juez de porcelana" es odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón

El Confidencial publicó en marzo de 2013 cómo el calendario electoral de Alaya con imputaciones, detenciones y entradas en prisión beneficiaba el calendario electoral del PP-A. Alaya lo negó y dijo que ella no interfería en las elecciones.

En esa época el presidente de los 'populares' andaluces tras la retirada de Javier Arenas era Juan Antonio Zoido, que compagina la dirección del partido en Andalucía con la Alcaldía de Sevilla. Zoido fue acusado de haber mantenido una relación fluida con Alaya. El actual ministro del Interior también lo desmintió.

Los cincos meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad tampoco ayudaron a agilizar los procesos que había abierto. Una instrucción llena de claroscuros la de esta magistrada poco amiga de trabajar en equipo; la juez de porcelana odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón, le abrieron hasta un club de fans (51.000 personas en el grupo de Facebook en homenaje a ella). Y ahora ve cómo su legado se desmorona." (Agustín Rivera. Málaga
, El Confidencial, 22/06/17)

ERE: las estimaciones hablan de unos 130 casos de incorporación ilegal a los ERE, de entre 6.000 trabajadores prejubilados

"(...) No son todos, vale: las estimaciones hablan de unos 130 casos de incorporación ilegal a los ERE, de entre seis mil trabajadores prejubilados con todas las de la ley a través de este controvertido procedimiento, entre 2001 y 2010. Pero lo mismo da que da lo mismo: aquel saqueo infame de las cuentas del paro tuvo la misma catadura ética que el acto de arrebatarle un mendrugo a un mendigo.

 Y, para colmo, muchos de los que se vieron legalmente prejubilados por aquellos expedientes, se encuentran ahora en suspensión de desempleo y subsidio hasta que se esclarezca toda esta trama.

La magistrada entiende que el marco jurídico instaurado por la administración está viciado desde su propio germen y que las denominadas “transferencias de financiación” contempladas en el mismo, fueron cómplices necesarias para la opacidad de este procedimiento. 

Habrá que ver también hasta donde llega esta línea de investigación porque, de proseguir con el camino iniciado, la jueza no sólo tendría que ser capaz de imputar a la Junta de Andalucía, a sus consejeros y directivos, sino a la mayoría de los parlamentarios que aprobaron este mecanismo. Choque entre poderes democráticos, a la vista. Montesquieu, al borde de la esquizofrenia.

Hace unos días, se sentaba ante el banquillo la que fuese consejera de Economía y Hacienda durante el periodo que se investiga. Magdalena Alvarez compitió en tamaño y calidad de trolly con la magistrada pero, en reiteradas ocasiones durante su comparecencia, insistió en ofrecer todos los datos y documentos posibles sobre la materia de su gestión, pero no así sobre las competencias de Empleo, que concernían desde su punto de vista a otros consejeros, alguno de los cuales como José Antonio Viera, sigue sin merecer su imputación. 

Tras la argumentación de la imputada no sólo latía la percepción de que de aplicar a rajatabla esta línea de acusación, esta causa vendría a suponer algo así como que en la comisión de un asesinato, se pretendiera imputar a los fabricantes del arma del crimen. 

También pesaba lo suyo la certeza de que algunos de sus colaboradores, con un perfil político inferior o simplemente burocrático, se enfrentaban a fianzas que no podían pagar salvo por muerte financiera, con sueldos reducidos al salario mínimo, bienes o cuentas embargados y una familia entera que tenía que cambiar de calidad de vida: adiós, por ejemplo, a los estudios universitarios de los hijos en universidades lejanas.

Si resulta especialmente llamativa la cifra de 117 millones de euros, de responsabilidad civil, impuesta a un directivo de Vitalia, no lo es menos la fianza personal que pesa sobre Antonio Lozano, uno de aquellos cargos de perfil técnico que se han visto imputados: 43 millones de euros por el simple supuesto de que pudo impedir administrativamente un delito y no llegó a hacerlo.

 Esa fue la misma cuantía que el juez Ruz impuso inicialmente a Luis Barcenas, en función del volumen de sus cuentas que, en absoluto, se corresponden con la de Lozano o las de otros cargos de Hacienda que habrán de sentarse sorpresivamente en el banquillo de los acusados, si prospera finalmente su imputación. 

¿Cuando ocurrirá eso? ¿Dentro de diez años como en el caso de Carlos Fabra? ¿Qué habrá ocurrido, para entonces, con la vida de muchos de los acusados si finalmente no resultan culpables?

 La justicia lenta no es justicia. Mercedes Alaya se enfrenta concienzudamente a un caso complejo –más allá de otras investigaciones que se siguen desde su juzgado–. Y dado que ella ya rechazó la presencia de jueces de refuerzo, debería tener al menos todos los recursos técnicos y de personal que sean posibles para agilizar su pesquisa, con independencia de que la instrucción en su totalidad o parte de la misma se le vaya de las manos si finalmente, y como parece lógico por la secuencia de los acontecimientos, deba imputar a algunos aforados. 

De seguir así, lo mismo no sólo iban a prescribir los supuestos que se imputaban a los hermanos de la ministra Fátima Bañez, cuya exculpación por fecha de caducidad causó un sonoro escándalo hace unos días, reforzando la tesis de que la jueza pudiera estar favoreciendo en esta indagación a los intereses del Partido Popular. (...)"              (Público, Corazón de Olivetti, 13/10/2013)

Un caso con 39 intrusos en los ERE de 14 empresas

"El escándalo de los ERE revela una trama de fraudes en Andalucía

"En el fútbol los amigos me comentaron que la Junta daba ayudas individuales y a empresas. Y me acerqué a pedir una porque estaba en el paro". José Antonio García, exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), explica con pasmosa tranquilidad cómo entró a formar parte del grupo de 70 intrusos descubiertos hasta ahora en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía.

Estas personas figuran como prejubilados en los ERE que acometieron empresas gracias a las subvenciones de la Junta andaluza, pese a que nunca trabajaron en estas compañías que redujeron personal. (...)

El fraude consistió en incluir a ediles, sindicalistas, intermediarios y amigos de todos ellos como beneficiarios de las pólizas de los ERE gracias a la connivencia de las aseguradoras, las consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo, que autorizaba los pagos.

La casuística de estas 70 personas es muy diversa y hubo trabajadores de una empresa prejubilada en otra y familiares y vecinos desempleados ajenos por completo a las compañías.

Durante nueve años, entre 2001 y 2008, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero manejó un fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional. Esas ayudas públicas fueron definidas por el propio Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se desdijo.

Estas ayudas sirvieron para un roto y un descosido; para cientos de prejubilaciones ante el cierre de grandes firmas como Santana Motor o Delphi, y para incluir a la suegra de Guerrero como prejubilada en el grupo Sos Cuétara, presente en Jaén, pese a que la señora reside en El Pedroso (Sevilla), municipio del que Guerrero fue alcalde durante cuatro años.

La policía ha desarticulado al núcleo duro de los intrusos, una trama que se lucró a través de la consultora Vitalia y el conseguidor Juan Lanzas, incluido en dos ERE junto a su mujer y su cuñada. Por ahora han sido detenidas 12 personas que a continuación fueron puestas en libertad.

Mientras, la Junta ha identificado 70 intrusos en una investigación interna, lo que supone el 4,4% de los 1.569 trabajadores examinados. Sin embargo, el goteo de intrusos seguirá, porque 6.096 empleados están recibiendo estas ayudas públicas.

Pero el capítulo del fondo más espinoso fueron las subvenciones directas a empresas: 87 millones para un auténtico cajón de sastre repleto de sospechosos pagos. La contabilidad del fondo revela cómo este sirvió para ayudar a empresas en dificultades pero también contentar, de manera discrecional, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones a través de 130 ayudas.

La provincia de Sevilla acumula la gran mayoría de abonos y concentra 10 de los 13 Ayuntamientos beneficiados." (El País, 06/03/2011, p. 18)

"El último escándalo de corrupción que investiga la policía en Andalucía nació derivado del caso Mercasevilla.

Hoy acumula 12 detenidos, un fraude de al menos cuatro millones de euros y cuya dimensión está aumentando.

La Junta andaluza reconoce que de momento ha encontrado 39 falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que aún se están pagando, gracias a un fondo de ayudas públicas que el Ejecutivo ha dotado desde 2001 con 647 millones. El 90% del dinero financió expedientes de regulación de empleo y el 10% se destinó directamente a empresas.(...)

La policía ha detenido hasta el momento a 12 personas que operaban en dos de las empresas investigadas. A través de intermediarios incluyeron en los ERE los nombres de personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas. La red está acusada de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Entre ellos destaca el conseguidor Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT. Todo apunta a que los miembros implicados en la red seguirán aumentando.

Esta nueva línea de investigación surgió tras el análisis de los dos ERE que atravesó Mercasevilla y sus irregularidades. A continuación, la magistrada del caso amplió la investigación a todas las ayudas públicas concedidas desde 2001.

La Intervención General de la Junta envió tres informes a la Consejería de Empleo desde 2005 en los que cuestionaba el procedimiento administrativo utilizado para financiar las ayudas a empresas en crisis, pero sus recomendaciones cayeron en saco roto." (El País, 14/02/2011, p. 13)