"800.000 euros en dinero b para
la campaña nacional de Rajoy.
La sentencia por la caja b del PP valenciano hecha pública este lunes detalla la financiación “de modo irregular,
en parte en efectivo y en parte a través de terceros”, de la mayor
parte de los trabajos que la formación conservadora contrató en la
Comunidad Valenciana con la trama de Francisco Correa durante los
comicios municipales y autonómicos de 2007, y las elecciones generales
de 2008.
El magistrado José María Vázquez Honrubia explica que en esos
procesos electorales Orange Market, la empresa con la que la red Gürtel
operaba en esta comunidad, percibió de manera legal únicamente 175.000
euros de los más de dos millones que realmente facturó por la
organización de 56 mítines y la contratación de espacios publicitarios
en autobuses, vallas y medios de comunicación.
De
ese dinero, 801.810 euros correspondían a la campaña a la presidencia
del Gobierno de Mariano Rajoy de 2008, las segundas elecciones que
perdió. Con este último dinero se sufragaron 26 actos electorales.
En al
menos dos de ellos —incluido el mitin de fin de campaña en el
Hemisfèric valenciano— participó el propio Rajoy. El coordinador de
aquella campaña fue Ricardo Costa, ex secretario general del PP de
Valencia y condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos —tres de
ellos electorales— tras confesar durante la vista las irregularidades.
El fallo concluye que parte de estos gastos fue cubierta por seis
empresarios radicados en la Comunidad Valenciana que, a cambio,
esperaban verse favorecidos con la adjudicación de contratos públicos
por parte de las Administraciones gobernadas por los populares. Los
empresarios los abonaron directamente a Orange Market camuflando como
pagos por servicios ficticios prestados.
Vázquez Honrubia añade que las irregularidades en la financiación de
actos del PP valenciano no se limitaron a las campañas electorales y que
durante esos mismos años el partido pagó “también fuera del circuito
legal del dinero” otros servicios prestados para el partido por la trama
Gürtel. En 2007, los populares abonaron de este modo 508.051 euros por
32 actos de todo tipo, desde uno conmemorativo de los 100 días del
Gobierno de Francisco Camps a comidas con militantes en diversas
localidades.
Al año siguiente la cifra superó los 918.000 euros por 38 actos,
entre ellos una campaña contra el entonces presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero; los gastos de una manifestación y un acto en
contra de la ley del aborto.
También, la fiesta con la que se clausuró
el congreso de junio en el que Rajoy fue reelegido presidente del
partido. En total, la sentencia recoge que en estos dos años, el PP
financió de modo irregular actos del partido, tanto electorales como de
fuera de campaña, por cerca de 3,5 millones de euros." (Óscar López Fonseca, El País, 12/06/18)
"La corrupción vuelve a golpear al PP.
Solo tres semanas después de que se conociera la sentencia de la trama Gürtel,
que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; la Audiencia Nacional ha
publicado este lunes la resolución sobre la rama valencia de la misma
red, que considera probada la financiación ilegal del partido en la
comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando
Francisco Camps era presidente de la Generalitat.
El juzgado ha
condenado a 18 de los 20 acusados, a los que impone penas que oscilan
desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses de cárcel.
"El
PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los
años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue
delictiva", subraya el juez José María Vázquez Honrubia en su
resolución, donde describe a lo largo de 137 páginas los mecanismos
delictivos empleados por la red de corrupción.
En ellas, destaca que el
partido conservador utilizó a Orange Market, la filial valenciana del
entramado empresarial de Francisco Correa, como una compañía "pantalla"
para ocultar los gastos destinados para las citas con las urnas de 2007 y
2008. El magistrado no deja lugar a dudas al subrayar que existe "una
inveracidad total" en la documentación enviada por los populares a los
órganos fiscalizadores públicos.
El juzgado considera acreditado, por tanto, que la trama incurrió en
delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda
Pública. Y la sentencia condena a los principales miembros de la trama: a Francisco Correa, cabecilla de la red (cinco años y tres meses de prisión); a Álvaro Pérez, alias El Bigotes
(seis años y nueve meses); a Pablo Crespo, ex secretario de
Organización de los populares gallegos (cinco años); y a Ricardo Costa,
ex secretario general del PP de Valencia (cuatro años).
También, impone
penas de un año y nueve meses a los nueve empresarios implicados, todas
sustituibles por multas de hasta 154.000 euros, después de que
reconocieran que pagaron comisiones para conseguir posteriormente
contratos.
Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat, ha
resultado absuelto —al igual que el empresario José Enrique Fresquet,
contra el que se retiró la acusación el primer día de juicio—. "No hay
prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita
concluir que es autor de los delitos impuestos", escribe el juez sobre
Rambla.
Según explica la resolución, Correa y sus colaboradores expandieron
su negocio a Valencia entre los años 2003 y 2005 para tener acceso a
determinados políticos y "conseguir una posición ventajosa en la
convocatoria y adjudicación de contratos" de eventos organizados por el
PP, la Administración autonómica y sus empresas públicas.
El PP
valenciano contrató entonces a Orange Market para las campañas
electorales de 2007 y 2008. Pero, según la sentencia, estos operaron sin
tener en cuenta la cuantía máxima prevista por la ley. Así que
recurrieron a empresarios para saltarse la normativa a través de abonos
en b, que después se compensaba con adjudicaciones.
"Tales pagos no
quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", considera
probado el juez, que habla de que se produjeron "sobornos en diferido":
"Ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u
obtienen mañana contratos administrativos".
Costa jugó un papel fundamental en todo ello. Era "el hombre que está
detrás inspirando y sosteniendo la acción", recalca el magistrado, que
admite que su testimonio autoinculpatorio resulta fundamental para la
causa. "La declaración, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas,
acredita que efectivamente existía una financiación ilegal y que Costa
era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente
ilícito", apunta la resolución, donde se señala que la trama dañó y puso
en riesgo el "juego limpio electoral", así como "la neutralidad y
objetividad del Estado".
Los nueve empresarios, que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía
Anticorrupción, ya admitieron durante el juicio que pagaron mediante
facturas falsas 1,2 millones de euros a Orange Market. Según los
investigadores, solo en los comicios de 2008, el partido conservador
llegó a pagar 2,03 millones con fondos de la caja b.
Entre los servicios
prestados por esta compañía, y no declarados, se encuentran la
organización de decenas de actos —en varios de ellos participó el
expresidente Camps y Mariano Rajoy—, y la intermediación en la
contratación de anuncios electorales (buses, vallas, radio y prensa).
El juez admite cierta "desazón" y recupera una frase del "lenguaraz"
El Bigotes durante el juicio, cuando dijo que "son todos los que están,
pero no están todos los que son". Pero esta causa no acaba aquí. La
Fiscalía General del Estado ya anunció el pasado enero que estudiaría
investigar a Francisco Camps después de que los principales acusados lo
señalaran como el creador y organizador de la financiación ilegal del
partido en esta comunidad.
"Delante de mí llamaban al presidente
[Francisco Camps] y le decían: 'Oye, que está aquí Álvaro'. Y decía:
'Pues dadle el acto del domingo'. Y ya está, otro cacahuete al mono",
afirmó durante la vista oral Álvaro Pérez, en referencia a que era Camps
quien ordenaba contratar con Orange Market. Tras esta y otras
declaraciones, el magistrado José de la Mata, que instruye la causa de Los papeles de Bárcenas, aceptó investigar las acusaciones vertidas contra el expresidente.
La sentencia publicada este lunes recuerda que varios condenados
apuntan a Camps como pieza clave del entramado. De hecho, da "notable
credibilidad" al testimonio de Costa, que señaló al expresidente durante
la vista oral. También considera "muy ilustrativa" la escena relatada
por Álvaro Pérez en la que Costa llama a Camps para "literalmente,
pedirle instrucciones".
"Pero es imposible jurídicamente emitir
pronunciamiento alguno contra él, porque comparece como testigo", señala
el magistrado Vázquez Honrubia, que habla de la "radical negativa de
Camps a admitir cualquier conocimiento". "Nada saben, nada recuerdan,
nada reconocen", escribe el juez sobre el exdirigente del PP y sobre
Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, que también
compareció como testigo.
Además de los testimonios de los principales implicados, el juzgado ha valorado
como prueba la "ingente cantidad de información" recopilada por la
Guardia Civil. El magistrado aplaude la labor de la UDEF por su
"minuciosidad y laboriosidad de extraordinario mérito". Todo ello
compone una "sólida" batería de pruebas, que incluye una ilustrativa
conversación telefónica entre Crespo y Cándido Herrero, contable de
Orange Market, el 3 de febrero de 2009.
El primero le dijo al segundo:
"Me llamaron de las 'galletas', mañana lo mandan. Y en esa misma fecha
se extendieron tres cheques que el empresario Enrique Ortiz abonó a la
empresa de Correa. Según los investigadores, era parte del lenguaje
críptico que usaban: "galletas" eran las facturas, "biscotes" era dinero
en metálico y Enrique Ortiz era el de las "magdalenas".
Tres grupos delictivos
El juez diferencia tres grupos delictivos entre los condenados por la
rama valenciana de la trama Gürtel y los bautiza con nombre propio.
Habla primero del "Grupo Correa", formado por el cabecilla de la red
junto a Crespo; El Bigotes, Cándido Herrero Martínez, contable de Orange
Market; y Ramón Blanco Balón, asesor financiero.
El magistrado afirma
que, aunque este conjunto de acusados no puede ser condenados como grupo
u organización criminal en este procedimiento —porque no se acusa de
ello—, se dan en él todas las caracteristicas que lo identifican como
tal.
El magistrado habla también de un "Grupo Político", compuesto por
Ricardo Costa; David Serra, exvicesecretario del PP valenciano; Cristina
Ibáñez, exgerente; y Yolanda García, extesorero. Por último, el "Grupo
empresarial" lo conforman los nueve empresarios: Antonio Pons, Alejandro
Pons, Enrique Gimeno, Tomás Martínez, Rafael Martínez, Enrique Ortiz,
José Francisco Beviá, Vicente Cotino y Gabriel Alberto Batalla." (J. J. Gálvez, El País, 11/06/18)
