La policía patriótica del PP espió a 69 diputados de Podemos a través de las bases de datos de Interior... La Audiencia Nacional tiene ya las pruebas del rastreo masivo que hicieron sin aval judicial los agentes con cientos de consultas entre 2015 y 2016 sobre líderes como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero... “Mirar a los 69 de Podemos se saca, pero deja rastro”

 "Las pruebas documentales de un supuesto espionaje ilegal a los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de diciembre de 2015 han llegado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz investiga las maniobras de la denominada policía patriótica durante el mandato del Partido Popular contra sus adversarios políticos. El rastreo masivo que hicieron los agentes con cientos de consultas en bases de datos policiales entre 2015 y 2016 afectó al menos a 55 parlamentarios recién elegidos de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero.     

La operación policial, ahora documentada, se enmarca dentro del interés del por entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, en sus conversaciones de enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, en buscar datos que dañaran la reputación de los recién elegidos diputados de Podemos. Así se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, para sustraerle documentación sobre la financiación bajo sospecha de la formación conservadora.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una investigación judicial este febrero a raíz de una querella presentada por Podemos donde denunciaba haber sido víctima de las maniobras de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, consultado por este diario, ha señalado: “La noticia que dais confirma algo que venimos diciendo desde hace tiempo, tenemos una democracia limitada, en la que hay poderes del Estado, en este caso policías, altos mandos policiales, que se toman la justicia por su mano y que llevan a cabo una investigación prospectiva ilegal contra quien consideran un adversario político sin tener competencias para considerarlo”. “Lo que reforzaría nuestra democracia es que esos policías acabaran en prisión, creo que eso es muy difícil que ocurra con una derecha judicial tan legitimada después del acuerdo del PSOE con el PP de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este país hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan más allá de lo que decidan los ciudadanos”, ha agregado.

“Mirar a los 69 de Podemos se saca, pero deja rastro”

Así fue dicha conversación entre Martínez y Castaño el 30 de enero de 2016:

Francisco Martínez: De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?

 García Castaño: Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?

Martínez: ¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los otros, ¿qué? No me mandas nada....

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro.

Ese “rastro” figura en el informe fechado el pasado 8 de julio que la policía ha enviado al juez Santiago Pedraz, donde se detallan cientos de consultas sobre los 69 diputados de Podemos en bases de datos policiales (Argos, Sidenpol y otras). Consultas sin ningún motivo aparente y sin amparo judicial. Esas bases de datos permitían conocer los antecedentes policiales de las personas investigadas, el contenido de las diligencias policiales que afectaran a los espiados, sus viajes, alojamientos o vehículos y otro tipo de información. Era un espionaje destinado a rastrear en la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

Diputados espiados

En algunos casos apenas se trata de media docena de consultas; en otros son decenas o cientos. Entre los diputados supuestamente espiados figuran la vicepresidenta Yolanda Díaz, el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, la secretaria general de esta formación, Ione Belarra; la exministra Irene Montero, o el actual portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

 Pablo Iglesias. Las búsquedas al por entonces líder del Podemos fueron 121, repartidas homogéneamente entre el 7 de enero de 2015 al 29 de diciembre de 2016, los dos años completos de registros que solicitó el juez a la Policía. El análisis señala que 39 usuarios diferentes ejecutaron el rastreo de información en cuatro bases de datos diferentes (según aparece en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS), la mayoría en Argos (59) y Personas (46). En las palabras de búsqueda destacan las palabras “hospederías”, “joyas” y referentes a viajes en avión o barcos.

Íñigo Errejón. El entonces diputado de Podemos y hoy portavoz de Sumar en el Congreso aparece en el informe policial con 34 búsquedas a tres bases de datos diferentes por 10 usuarios de la Policía. Las fechas de las consultas van del 14 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2016.

Yolanda Díaz. La actual vicepresidenta del Congreso y ministra de Trabajo era bastante desconocida cuando se desencadenó el supuesto espionaje ilegal a diputados de Podemos. Pese a ello, es de las diputadas que más consultas en bases de datos sufrió: 401 entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Al menos 230 usuarios rastrearon a Díaz, en su mayoría en la base de datos Sindepol.

Irene Montero: La exministra de Igualdad, por entonces diputada, fue espiada por 18 usuarios de la Policía a través de 28 búsquedas, en las bases de datos policiales Argos y Sindepol, entre el 13 de enero de 2015 y el 27 de julio de 2016.

Ione Belarra. La entonces diputada de Podemos por Navarra en el Congreso y ahora secretaria general del partido fue investigada al menos en 13 ocasiones por la Policía Nacional durante el periodo de tiempo de entre enero de 2015 al 10 de octubre de 2016, aunque se intensificaron a partir de febrero de ese último año, donde la exministra de Asuntos Sociales fue rastreada hasta en siete ocasiones.

Pablo Bustinduy. El actual ministro de Asuntos Sociales fue espiado mientras formaba parte del equipo de Podemos en 2016. Era entonces ideólogo de la formación morada y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y diputado en el Congreso en 2016. Bustinduy fue rastreado en 13 ocasiones; un año antes habían sido consultados sus datos seis veces.

Joan Baldoví. El portavoz de Compromís en Valencia también figura en el listado de los diputados investigados por Interior. Baldoví fue cabeza de lista en las generales de 2015 con la coalición Compromís-Podemos por Valencia para el Congreso de los Diputados. Su nombre aparece registrado en 15 ocasiones, todas las búsquedas se efectuaron desde enero de 2016 hasta diciembre de ese año.

Operación de descrédito

La recopilación y el uso de datos personales con fines policiales es un delito contra el derecho a la vida privada y familiar de una persona, así como de su domicilio y correspondencia, según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos humanos, que especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a menos que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”. El análisis de estas búsquedas reflejan una desproporcionalidad, tanto por el tiempo en el que se ejecutó este espionaje como por la cantidad de búsquedas realizadas en diferentes bases de datos.

Aquella operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza de PSOE y Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social."

(José Manuel Romero , Julio Núñez , Elena Reina , El País, 10/07/24)

Descripción del caso Neurona: dos años de la causa que empezó con “rumorología” y terminó buscando niñeras de Podemos... las cosas de los jueces 'amiguetes'

 "Hace dos años, un juzgado de Madrid ponía en marcha las diligencias 1182/2020. Una investigación llegada desde Martorell (Barcelona), donde un abogado llamado José Manuel Calvente había denunciado ante la Guardia Civil un ramillete de irregularidades supuestamente cometidas en el seno de Podemos, partido para el que había trabajado y del que había salido entre acusaciones no probadas de acoso sexual. 

Dos años después de la apertura del caso, solo una de las múltiples piezas separadas abiertas por el juez Juan José Escalonilla a raíz de esa declaración permanece abierta, a la espera de saber si llegará o no a juicio: los pagos de Podemos a la consultora Neurona por trabajos en la campaña electoral de 2019. 

Por el camino han naufragado investigaciones sobre una supuesta 'caja B' en el seno de la formación, sobresueldos inexistentes e, incluso, más de un año de diligencias para descubrir si varias colaboradoras de Irene Montero y del partido cometieron un delito al sujetar a su bebé en horario laboral.

La causa arrancó con la declaración de Calvente, abogado que había abandonado el departamento legal del partido en un cruce de acusaciones no probadas y de un enfrentamiento directo con Marta Flor, otra de las letradas que actúa en los tribunales en nombre de Podemos. Él acusó a Flor y al partido de intentar manipular a su favor procesos judiciales y tener un trato demasiado cercano con el fiscal del caso Tándem. Y el partido contestó acusando al abogado de haber acosado sexualmente a su compañera. Las acusaciones de Calvente se quedaron en los titulares y las del partido terminaron en absolución firme para el letrado.

En ese contexto de máxima conflictividad, José Manuel Calvente llegó al juzgado número 42 de Madrid y declaró durante tres horas. Se ratificó en su denuncia de contratos simulados en el partido para una campaña electoral, pero puntualizó: “Tampoco es que lo afirme categóricamente, porque no dejan de ser una serie de indicios”. Según explicó, le habían llegado de compañeros a los que no quería sacar del anonimato. “Son personas que temen por su trabajo, están verdaderamente asustados. Podemos, actualmente, es un partido autoritario. Está amenazando a personas. A mí me ha creado un círculo, un cordón sanitario”, lamentó ante el juez.

Ese día también apuntó al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por cobrar una comisión. “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (...) se rumorea, se rumorea en el partido”, dijo Calvente. También denunció irregularidades en la 'caja de solidaridad', explicando que lo sabía a partir de “comentarios y rumorología a nivel de militancia”. Apuntó igualmente a la reforma de la sede del partido en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. A sus declaraciones se sumaron las de otros antiguos trabajadores y miembros del partido: la abogada Mónica Carmona, la antigua escolta de Irene Montero y la exsenadora del partido Celia Cánovas. La primera mantuvo un litigio con el partido después de que redujeran su jornada a la mitad, la segunda había sido despedida en 2019 y la tercera había mantenido un enfrentamiento abierto con el partido un año antes y acusando, por ejemplo, a Irene Montero de “nepotismo”.

A estos testimonios se unieron las acusaciones populares del caso mientras la Fiscalía iba pidiendo el cierre progresivo de las piezas abiertas. En agosto de 2020 el juez aceptó a Vox como acusación popular del caso. Unos meses antes, el partido ultraderechista había fracasado al denunciar hechos similares en la Fiscalía Anticorrupción y usó esa denuncia fallida para solicitar su ingreso en el caso Neurona. También se sumó a la nómina de acusaciones populares del caso Pro Lege, una asociación autodenominada de '“juristas europeos” cuya única cara visible conocida es la abogada Carolina Mata que, según informó InfoLibre, se declaraba cercana al Partido Popular, y que ha impulsado la acusación en causas contra políticos, personalidades y partidos progresistas. 

 

Cada una de esas afirmaciones de Calvente se transformó en una causa judicial con imputaciones a lo largo y ancho del organigrama de Podemos, liderado entonces por Pablo Iglesias y hoy por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Fueron implicados su responsable de finanzas Daniel de Frutos, su entonces director de comunicación Juan Manuel del Olmo e incluso Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido. Dos años después, solo una línea de investigación sobrevive a falta de que el juez reciba los últimos informes y decida si debe llevarse a juicio: lo que pagó el partido a la consultora Neurona por trabajos para la campaña electoral de 2019, si los trabajos se realizaron y si el dinero llegó donde tenía que llegar.

El juez ya rechazó la petición de Vox y Pro Lege de prolongar la causa y tendrá que decidir en los próximos meses si envía el caso a juicio o si dicta un nuevo archivo. Por ahora cuenta con el testimonio de varios trabajadores de Neurona que han afirmado que todos los pagos se corresponden con trabajos efectivamente realizados. También con los de decenas de testigos que recuerdan haber trabajado con personal de Neurona en la campaña. Recientemente, la fiscal Lorena Álvarez ha dejado por escrito en un informe que no hay pruebas de “la existencia de un contrato simulado” y que solo queda aclarar “el valor de los trabajos realizados y si hay exceso en el pago”. Un escrito en el que, sin embargo, no cerraba la puerta a que el caso sea llevado a juicio.

Pleno de archivos

El resto de ramificaciones del caso Neurona abiertas por el juez –y, en ocasiones, reabiertas por la Audiencia Provincial de Madrid– han terminado en el archivo. El primer auto en ese sentido llegó en octubre de 2020, cuando el juez envió al cajón las acusaciones de Calvente contra los contratos de Podemos en 2019 con la consultora portuguesa ADB Europa que contaban incluso con el aval del Tribunal de Cuentas. “No cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos se traten de contratos simulados”, dijo el juez Escalonilla.

El segundo archivo llegó pocos meses después en la ramificación que indagó en posibles irregularidades en la reforma de la sede del barrio de Pueblo Nuevo de Madrid que Podemos acometió en 2019. Calvente llegó a afirmar que el presupuesto se había inflado ilegalmente y que la licitación había sido simulada. El juez, en enero de 2021, archivó la causa: no hubo “distracción de dinero” para “pagos u obras ajenas”.

Lo mismo sucedió con la pieza separada que investigaba el origen y destino de las donaciones que cargos públicos de Podemos hicieron al Proyecto Impulsa, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a lo largo de 2016. El partido presentó medio centenar de certificados de donación desde esa fundación a diversas asociaciones destinadas a distintas causas sociales y el juez optó por el archivo. La denuncia sobre los supuestos sobresueldos que cobraban los líderes del partido político también acabó en el archivo en marzo de 2021. Tanto Calvente como Carmona denunciaron que las nóminas de algunos altos cargos del partido tenían complementos salariales irregulares. El juez Juan José Escalonilla entendió que eran complementos aprobados por el Consejo de Coordinación del partido y que los gastos que pasaban a la formación política eran “aprobados en sus respectivas áreas”.

Una de las derivadas del caso que más titulares y más idas y venidas judiciales protagonizó fue la de la caja de solidaridad de Podemos, bautizada por las acusaciones como una 'caja B' que finalmente no existía. En enero de este año la Audiencia Provincial de Madrid certificó en firme que no existieron salidas opacas de dinero del Fondo Salarial del partido a una asociación llamada '404', tal y como denunciaba entre otros la exsenadora Celia Cánovas. “No consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos”, dijo, contundente, la Audiencia de Madrid.

Imputadas por cuidar un bebé

El último auto de archivo, todavía recurrible ante la Audiencia Provincial, tiene que ver con una acusación surgida de un informe de Mónica Carmona remitido a los tribunales. La abogada afirmaba que el matrimonio formado por Pablo Iglesias e Irene Montero había utilizado de forma irregular a un cargo público, Teresa Arévalo, como niñera de su hija pequeña. El juez ha mantenido esta línea de investigación abierta durante más de un año e incluso ha indagado en la posibilidad de que más colaboradoras de los políticos hubieran usado a una segunda trabajadora, Gara Santana, igualmente como niñera. Un juez incluso se dirigió por escrito a Irene Montero, ministra de Igualdad, a través de la Comisaría del Congreso para que tuviera constancia de la apertura del proceso penal.

 Detrás de este procedimiento, que recientemente ha quedado archivado ante la ausencia de cualquier prueba estaba la alegación de Mónica Carmona de haber recibido una denuncia anónima destapando este uso irregular de una empleada del partido como niñera de su hija. Posteriormente la causa engordó cuando la antigua escolta de Montero, que pleiteó con la ministra tras su despido, también denunció que era usada como “recadera” y alegó haber sufrido un trato humillante. Ella fue quien, ante el juez, apuntó a Santana como otra niñera supuestamente irregular.

El juez fue claro en su auto: “De las diligencias de investigación practicadas no solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaba funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.                 (Alberto Poza, eldiario.es, 07/08/22)

Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF... Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros

 

"Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF.

 Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros.

Hasta que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley le espetó a la periodista Susana Griso aquello de “la UDEF, ¿y que coño es la UDEF?”, los informes sobre corrupción de esta presunta Unidad de élite de la Policía -que crearon los comisarios Juan Antonio González (alias JAG), José Luis Olivera y José Manuel Villarejo– sacaban a los ciudadanos a la calle a manifestarse hasta que los antidisturbios les devolvían a palos a sus casos.

 Sin embargo, algunos de estos documentos contenían información falsa, manipulada u omitían convenientemente datos por orden directa de altos mandos como Villarejo y de diferentes comisarios jefes de la UDEF que sustituyeron en el puesto a José Luis Olivera Serrano, quien pasó a ser director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), hasta que al salir de la Policía obtuvo el puesto de director de Crisis en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que dirige Luis Rubiales.

Crónica Libre ha detectado a algunos de estos agentes tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.

A todos, el ministro del Interior Manuel Marlaska los mantiene en sus puestos.

PARQUÉ

La primera persona en manifestarse contundentemente sobre los presuntos montajes de la UDEF fue el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a quien José Manuel Villarejo quiso acusar de corrupción junto a otros de sus funcionarios en la denominada Operación Parqué, que finalmente fue archivada. En 2016, antes de ser detenido el comisario escribió el artículo “Hay que sanear la UDEF” para acabar concluyendo al ser entrevistado que: “Villarejo privatizó la UDEF para sus propios intereses”. Entre quienes hicieron encargos contra la CNMV se encontraba la empresaria Sara Fernández Frutos, pero este organismo, así como la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que encabezaba el economista Miguel Sebastián, recibió otros envites por parte del BBVA, al igual que diferentes empresas.

PÉREZ DOLSET, SORIA Y CEBRIÁN

El juez Manuel García Castellón tiene en este momento dos causas abiertas que parecen solaparse. Se trata por un lado de la causa Hanta, donde está imputada la familia Pérez Dolset, que tenía como accionistas del Grupo ZED al gran amigo de Villarejo, Mauricio Casals, en representación del Grupo Planeta y a Mihail Fridman, accionista mayoritario del Grupo Día a través de Letter One. Tanto Fridman como la sociedad con la que operaba está incluida en la lista de personas físicas y jurídicas de origen ruso y que forman parte de los oligarcas de Vladimir Putin.

En la documentación de Tándem se ha encontrado el Proyecto Bro sobre los hermanos Pérez Dolset. En este caso se puede ver a la perfección en modus operandi de la presunta organización criminal liderada por Villarejo y su “lobby de socorristas”: crear el problema, compincharse con los jefes de seguridad de dichas empresas que saben que los informes que entrega son información copiada o directamente falsa, pero que sirven para hacer caer o tambalear luchas económicas como la que en ese momento se libraba en el consejo de Zed.

 En agosto de 2016 Javier Pérez Dolset junto con su jefe de seguridad, Fernando Pisa, acude a la secretaria de Estado de Interior de Francisco Martínez, imputado en Kitchen. Una trampa en toda regla.

Días después Javier Pérez Dolset es dirigido al Grupo II de la UDEV (Unidad de Delitos Violentos) que se encarga de las actuaciones de las organizaciones criminales de países del Este. El empresario denunciaba haber recibido amenazas en ruso e incluso escuchaba por teléfono conversaciones que había mantenido minutos antes con su propio hermano. Exactamente en el mismo momento que estaba presentando la denuncia, intentaron secuestrar a su mujer, pero se equivocaron de persona.

Es también Pisa, que estaba a disgusto con su jefe -como él mismo ha declarado en sede judicial- quien acude a ver al comisario de la UDEF encargado de los delitos contra la Seguridad Social y Subvenciones, José Luis André Vega, y le cuenta la denuncia que acaba de poner en delitos violentos Pérez Dolset y Pisa se interesa sobre a qué se va a dedicar el comisario André al jubilarse.

Mauricio Casals estuvo imputado en dicha pieza 18 pero finalmente se archivó. Ahora el entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, en los que se recoge una comida de mayo de 2016, cuando la pelea en la junta de ZED estaba caliente, con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes le hicieron dos encargos explícitos a los comisarios José Luis Olivera y Villarejo delante del empresario también imputado Adrián de la Joya: un informe sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Pero Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, a ver si va a salir lo de Panamá.

 Tras hablar de su jubilación con Pisa, el comisario de la UDEF André Vega empieza a tomar declaraciones a personas de Planeta e incluso a periodistas. Desde ese momento el caso que se llevaba por delitos violetos (UDEV) y en el que la víctima era Dolset se convierte en un caso de la UDEF, donde fue detenido el denunciante inicial, pasando a ser imputado y enviado a prisión. Tras dos comisiones rogatorias a Panamá, aún no se ha encontrado el dinero de Javier Pérez Dolset, pero si se ha acreditado que las cuentas bancarias que Planeta le acusó de tener no existen.

Si aún no es indiciaria la estrecha relación, al comisario José Luis André Vega la Unidad de Asuntos Internos le señala en uno de sus informes como un colaborador del proyecto July y también del proyecto PIN, otros de los encargos realizados a Villarejo.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que “hubo una gran discusión cuando se descubrieron las maniobras de André”. Incluso, el agente encargado de la denuncia en la UDEV elevó una queja contra su compañero de la UDEF al que acusó de falsificar y manipular los informes en contra de Pérez Dolset y también lo puso en conocimiento del fiscal anticorrupción, José Grinda.

Algunos policías consultados aseguran que el comisario André Vega “es un hombre fiel a José Luis Olivera. Además, había concertado una jubilación dentro del Grupo Planeta si conseguía enfocar la investigación hacia Javier Pérez Dolset”, extremo confirmado por fuentes de la Fiscalía.

SANDRO ROSELL

El último encargo en hacerse público ha sido el que Alicia Sánchez Camacho, mujer de confianza tanto de la ex secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, como del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, le hace a Villarejo en el contexto de la Operación Cataluña sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.

En este caso el Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, del Grupo III de la UDEF, Alberto Estévez, es el que firma los informes que son enviados al entonces fiscal Daniel Campos y con los que la juez Carmen Lamela envía a Rosell a prisión durante casi dos años, aunque luego resultó absuelto. Los informes, según las fuentes consultadas, están plagados de graves inexactitudes y sirven para justificar el “altísimo” riesgo de fuga en el que Fiscalía se apoyaría para pedir, y la jueza acordar, la desproporcionada prisión preventiva. Por ejemplo, dichos informes afirman que Sandro Rosell disponía de una gran fortuna oculta en el extranjero, lo cual se reveló como una afirmación falsa porque nunca se encontró dicho patrimonio oculto, que en todo caso fue hallado y embargado íntegramente en España, y que al final del proceso se le tuvo que devolver tras confirmarse su absolución.

En la Comisión Rogatoria Internacional, supuestamente remitida a España por la Fiscalía de Manhatan (Nueva York), que llevaba la causa Fifagate, se pregunta por dos cuentas de Goldman Sachs en Estados Unidos donde Rosell habría escondido más de tres millones de euros de su indemnización de Nike. Sin embargo, en el propio escrito se hace alusión a que las cuentas han sido detectadas por una transferencia a la Caixa, por lo que el supuesto dinero evadido ya se encontraría repatriado en España. ¿Además, quién podría haber facilitado la información de las cuentas de La Caixa, si luego resultó que Sandro Rosell nunca tuvo ninguna cuenta en EEUU? ¿Por qué dice EEUU que le ha encontrado unas cuentas allí cuando en realidad las cuentas estaban en Londres y el dinero ya en España?

Para más coincidencia, el agente del FBI encargado de tramitarlo y adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid, que llegó a estar presente incluso en los registros producidos en España con motivo de las CRI’s americanas, aparece en multitud de ocasiones en las agendas de Villarejo, pero también en los correos y otra documentación recogida en el registro del comisario. Mark Varri (aunque Villarejo en sus agendas lo escribe con B) llegó a enviarle un currículo por si Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) contaba con él tras su jubilación.

Debido a la dilatación en la entrega de informes del agente Estévez, así como en la tramitación de las CRI’s, la instrucción de la causa con dos presos preventivos se prolongó durante casi dos años, para únicamente citar a declarar a dos testigos, y uno de ellos declaró por videoconferencia.

Incluso, uno de los periodistas de cabecera del comisario de Villarejo, en este caso de El Confidencial, José María Olmo, publicó información sobre una de las piezas que se trasladó desde la Audiencia Nacional a Barcelona y que estaba bajo secreto de sumario. Es decir, sólo tenía acceso la Policía, la fiscalía y las jueces competentes. No tenía conocimiento del contenido ni el acusado, pero dicho medio siempre dispuso de información absolutamente privilegiada como fueron los contenidos de escuchas telefónicas.

Para rematar, cuando Daniel Campos, que en abril de 2017 había firmado la querella contra Sandro Rosell que le llevaría a prisión durante dos años, abandona la fiscalía para regresar al despacho de Matías Cortés, se queda el caso quien había sido jefe de la fiscalía madrileña, Javier Polo Gutiérrez, quien dejó guardado en un cajón durante un año un informe elaborado por Asuntos Internos en 2016 que pedía la investigación de Villarejo por la incompatibilidad entre sus negocios y los de funcionario público, y también por presunto blanqueo de capitales.

ASTAPA

Pero este modus operandi se creó hace muchos años. En 2009 salta el caso Astapa, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al alcalde de la comunidad malagueña, Antonio Barrientos, quien había denunciado ante el fiscal José Caballero diferentes irregularidades urbanísticas sin que acometiera ninguna acción, hasta que el comisario Villarejo habló con él.

Dicho alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona Pedro Villarejo. El nuevo alcalde llegó a contratar como arquitecto municipal a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario policía. Con Valadez, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias.

Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el exministro ese fue un encargo de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.

 Además, gracias a un audio entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa Tándem bajo la dirección de Manuel García Castellón, y por el que se ha abierto una pieza separada, se puede escuchar como José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que de la orden a sus subordinados como Silvia Orna y Miguel Ángel Cuevas, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.

 Precisamente Silvia Orna también fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos -no cumplía ninguno de los protocolos que debe tener un informe para ser admitido a trámite en un juzgado-.

GÜRTEL y PUJOL

Algunos de los números de placa de Astapa se repiten en la Operación Gürtel o el caso Pujol, dos encargos realizados por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que entró en contacto con el comisario debido a los 30 años de amistad entre Ignacio López del Hierro y Villarejo. Como no, los ejecutores de contra quién se hacían informes exculpatorios o incriminatorio lo hizo el equipo de confianza de Olivera y que lideraba el inspector Luna (conocido entre sus compañeros por vender botellas de vino de su bodega que guardaba en la sede policial a restaurantes chinos).

Otro inspector, Manuel Morocho, lo ha denunciado ya dos veces en el Congreso de los Diputados y también en la pieza Kitchen de la causa Tándem, al asegurar que su jefe y luego ex jefe José Luis Olivera Serrano le ordenó retirar la identificación de M. Rajoy así como a López del Hierro.

Este último, que fue Gobernador Civil, estuvo en los inicios de Alianza Popular, mantenía estrechas relaciones con el Ayuntamiento de Madrid -Álvarez del Manzano, familiar suyo, llegó a ser alcalde- y aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas también se vio involucrado en el caso Pujol por haber tenido una sociedad con Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat, y con el hermano del quien fuera consejero de Interior, Felip Puig. La sociedad se llamaba Ibadesacat y su nombre se mencionaba en un documento de la UDEF que fue publicado por otro de los periodistas de cabecera de Villarejo, recogiendo este unas declaraciones del empresario en las que decía explícitamente que “ya he hablado con la UDEF y están haciendo otro informe en el que no aparezco”. Algo totalmente extraordinario y fuera de la norma judicial.

DE COSPEDÍN GÓMEZ GORDO A MIGUEL ÁNGEL ARCE, EL FUTURO 

Cuando en 2015 Dolores de Cospedal calculó que no volvería a salir elegida presidenta de Castilla La Mancha, lo primero que hizo fue colocar a su director de Documentación (en realidad era Seguridad) en la Junta y mandarle de nuevo a la Policía. Andrés Gómez Gordo, más conocido ya como Cospedín, recayó entre abril y mayo en la DAO con la misión de seguir supervisando la operación Gürtel y sobre todo monitorizar a Luis Bárcenas, a través de su antiguo compañero en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos, chofer del entonces tesorero, Luis Bárcenas.

Su destino como inspector jefe fue llevar la Unidad de Seguimientos de la UDEF, menos los ratos en los que Eugenio Pino, número dos de la Policía y también imputado, le mandaba pasarse por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para hacer informes contra el comisario Jaime Barrado, investigador del caso de la doctora Pinto, sobre Podemos o sobre Kitchen.

La ventaja de ese puesto es que tienes el conocimiento de lo que hacen todas las unidades de la UDEF mientras que entre ellas hay secreto. La dirección de esta presunta organización criminal, observando que el agente al que le correspondía ocupar la vacante no era “apto” para los intereses de Olivera y Villarejo, colocaron allí a Miguel Ángel Cuevas, quien además ha llegado a ocupar dos puestos donde la información importante fluye: seguimientos y el Sepblac."          (Patricia López , Crónica Libre, 07/07/22)

"En Madrid se montó una gestapillo"

 "Sin apenas descanso tras la suspensión de militancia impuesta por la dirección del PP al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus críticas a Esperanza a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS, el número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha prestado hoy declaración como testigo ante la juez que investiga el caso del espionaje que saltó hace un año.

A la salida del tribunal, Cobo ha asegurado que en Madrid "se montó una gestapillo" y ha rematado: "Ojala sepamos quién lo hizo". El vicealcalde de Madrid ha declarado ante la juez durante 40 minutos para tratar de confirmar las coincidencias entre su propia agenda y los partesde los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, gobernada por su propio partido.

 De acuerdo con la acusación, los agentes que trabajaban para la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (a cargo del además secretario regional del partido, Francisco Granados), espiaron a Cobo además de al ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en plena guerra interna por el poder en el Partido Popular en 2008.

Los periodistas que esperaban a Cobo le han preguntado si cree que el propósito de los seguimientos era "tener un arma" contra él, a lo que el vicealcalde ha respondido: "No sé si era para tener armas contra mí". El pasado viernes, en el ya famoso desliz cometido por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la también presidenta del PP de la región preguntó a su número dos, Ignacio González, qué armas tienen ellos contra Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid y cuya designación provocó un auténtico terremoto en el partido.

Pruebas decisivas

Cobo ha recordado tras testificar que "desde el primer momento condené los seguimientos que me hicieron a mí, a [Alfredo] Prada y a Ignacio González y lo seguiré haciendo".

Ambos dirigentes son afines al líder del partido Mariano Rajoy. Prada fue destituido por Aguirre tras producirse los seguimientos, mientras que la presidenta regional mantiene con el Ayuntamiento de Madrid un interminable rifirrafe que volvió a resurgir la semana pasada cuando descalificó a Gallardón al referirse a la pugna por Caja Madrid y al reparto de consejeros.

Hace unas semanas la juez recibió una prueba que puede resultar determinante en la investigación, al remitir Telefónica los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los móviles de ocho agentes supuestamente implicados en los espionajes. Los rastros de los teléfonos demuestran que los ex guardias civiles y ex policías, todos asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, y del jefe del equipo de espías, Sergio Gamón, controlaron muy de cerca los pasos que daban Cobo y Prada.

La fiscalía ya solicitó en su día que se impute a José Manuel Pinto, el agente encargado de elaborar los partes de seguimiento. Dos peritos que han participado en destacadas investigaciones de la Audiencia Nacional acreditaron tras un análisis grafológico hace un año para EL PAÍS que Pinto fue el autor de las anotaciones referidas a Cobo y Prada."                  (El País, 02/02/10)

La comisión de investigación del Congreso concluye que Rajoy y Cospedal ordenaron la 'operación Kitchen'

 "La comisión del Congreso que ha investigado este año la operación Kitchen ha aprobado este miércoles el documento de conclusiones propuesto por el PSOE, que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Bildu, y que establece que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que "informaba" al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno han apoyado el documento de los socialistas, al que se han añadido dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos, informa Europa Press.

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Hay que mejorar el control de los fondos reservados

En concreto, se ha agregado una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor "objetividad y transparencia".

Además, se ha dejado constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde.

Sin embargo, estos añadidos de última hora, no han sido suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.

"El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas", concluye el texto aprobado.

Implicación "indiciaria" de Rajoy

El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) - de la Policía.

Resalta que se produjo "con el conocimiento" de Cospedal que "informaba" a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien "encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y que el "epicentro" del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de "obstruir" las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama "de interés particular exclusivo del Partido Popular" se utilizaron "ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".

La comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir "la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno".

No se cumplían los protocolos

También señala como otra "conclusión evidente" el "descontrol absoluto en el uso de los fondos" en Interior, así como la "ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos".

Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de "catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria" por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, "con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales".

Así, apunta a un "despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas", y, encima, "en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban".

"Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento", resaltan las conclusiones aprobadas."                 (InfoLibre, 22/12/21)

El PP de Rajoy conoció durante años datos secretos de los casos Gürtel, caja b y Kitchen... Un informe policial refleja el contacto habitual de Villarejo con Cospedal, entonces ‘número dos’ del partido

 "Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y del PP, declara este lunes en la comisión parlamentaria abierta sobre el caso Kitchen después de sucederse los informes de la Fiscalía y de la Policía Nacional que señalan a su Ejecutivo y a su partido como responsables de la supuesta operación de espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas.

El último informe policial sobre las llamadas telefónicas y las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo detalla múltiples indicios de cómo la cúpula del PP y dirigentes de este partido conocieron detalles secretos de las investigaciones judiciales del caso Gürtel y de sus dos causas derivadas, la caja b que controlaba Bárcenas, y el caso Kitchen para robar documentación al extesorero.

La comparecencia de Rajoy cierra casi un año de trabajo de los diputados, con más de 20 sesiones y 40 interrogatorios a mandos políticos y policiales salpicados por la trama. “No he visto a ese señor en mi vida”, dijo el exlíder popular el pasado viernes en una entrevista, en referencia a Villarejo, que reflejó en sus agendas las supuestas maniobras a favor del PP para frenar el caso Gürtel: “[María Dolores de] Cospedal quiere datos para tomar decisiones”, reza uno de sus apuntes, en referencia a la entonces secretaria general del partido.

El sumario de Kitchen, que corre a cargo del juez Manuel García-Castellón, ha acreditado que el Ministerio del Interior activó en 2013 una operación de seguimiento a Bárcenas y a su familia de la que nunca se informó a la unidad policial ni al magistrado Pablo Ruz que investigaban al extesorero, en el marco del caso Gürtel. García-Castellón está convencido de que el despliegue irregular tenía por objetivo robarle documentación comprometedora que aún pudiera guardar sobre el PP, que se encontraba cercado tras la publicación de Los papeles de Bárcenas. Sin embargo, en su auto de procesamiento del pasado 29 de julio, este juez atribuyó toda la responsabilidad de la Operación Kitchen a Interior —dirigido en aquella época por Jorge Fernández Díaz— y descartó la posibilidad de que también se impulsara desde el partido.

Esta tesis del instructor choca con la defendida por la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene desde hace meses que existía una pata política. En concreto, el ministerio público señala a María Dolores de Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el espionaje a Bárcenas, ya que entonces ocupaba el puesto de secretaria general del PP y podía verse también afectada por la documentación que guardase el extesorero. De hecho, la acusación ha recurrido la desimputación de la exdirigente política y apunta que sus maniobras empezaron mucho antes de la puesta en marcha de Kitchen; ya que, al menos, mantenía contacto desde 2009 con Villarejo para que le facilitase información bajo secreto que pudiese perjudicar a la formación.

Las sospechas de la Fiscalía, que apunta así de forma directa a la estructura orgánica del partido en la era Rajoy, se sustentan en una batería de indicios. Entre ellos, el audio en el que Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, conversan con Villarejo en la sede del PP en 2009 sobre la ejecución de “encargos puntuales” que serían sufragados con fondos del partido. También constan grabaciones posteriores donde el comisario advierte al esposo de investigaciones contra la formación que entonces se encontraban secretas, como la Operación Brugal y la rama valenciana del caso Gürtel. A eso se añade la figura del policía Andrés Gómez Gordo, un asesor de la popular que participó en la captación del chófer de Bárcenas; las profusas llamadas y mensajes de Villarejo con la política y su círculo más próximo —“si tienes problemas, habla con Cospedal”, le escribió Del Hierro—; y las agendas donde Villarejo dejó reflejado todo.

Precisamente, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional elaboró el 23 de junio un informe sobre esos intensos contactos telefónicos, avanzado por EL PAÍS, donde también incluye 36 páginas con apuntes de las agendas de Villarejo que se erigen como una guía temporal de las supuestas maniobras urdidas durante años contra las pesquisas de Gürtel y contra Bárcenas. Estas anotaciones refuerzan la teoría del ministerio público, que sostiene que la “intervención” del matrimonio “queda claramente reflejada” en los cuadernos del comisario. Unos primeros contactos que se remontan a los días previos al estallido de la causa contra la red corrupta liderada por Francisco Correa, que anidó en el seno del PP.

El informe de Asuntos Internos resalta un primer apunte de Villarejo del 26 de enero de 2009, cuando Cospedal ya era número dos de Rajoy. El comisarió anota que López del Hierro le ha llamado y que “su parienta quiere datos para tomar decisiones”. En ese momento, las pesquisas de Gürtel se encontraban bajo secreto. Pero, según sus anotaciones, el comisario ya conoce los detalles de mano de uno de sus compañeros, José Luis Olivera, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a cargo de la investigación. El 4 de febrero, Villarejo anota junto al nombre de Olivera: “Tema Correa a punto de estallar”. El 5 de febrero, refleja un presunto contacto con el marido de Cospedal: “Toque sutil de situación. Quedó muy mosca. Habla con su parienta”. El 6 de febrero se activa finalmente Gürtel y se producen las primeras detenciones por parte de la Audiencia Nacional.

Villarejo no se queda quieto ese 6 de febrero y, según escribe en sus agendas, contacta con Arturo González Panero (PP), el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), al que están juzgando ahora por su implicación en Gürtel: “Aviso de tormenta. Muy preocupado por la evolución de todo”, escribe el comisario sobre esa conversación, que Panero ha confirmado. Sin embargo, pese a la petición de la Fiscalía, García-Castellón ha descartado investigar esta supuesta filtración: “Sin más datos y a partir de una anotación de una agenda [...] Se desconoce el contexto en el que pudo producirse [el comentario de Olivera a Villarejo]”.

Los contactos del comisario con el entorno del PP siguen en plena ebullición de Gürtel. El 11 de febrero de 2009, junto al nombre de López del Hierro, Villarejo anota: “Reunión urgente H[otel] Palace. Detalles generales de lo que pasa. Pendiente de evolución estos días”. Justo ese día, Rajoy comparece en público acompañado de su plana mayor tras presidir el comité ejecutivo del PP. Cospedal se sitúa a su derecha. “El Partido Popular no tiene más información de este sumario que nos ocupa que la que publican los medios de comunicación [...] Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular”, asegura entonces el presidente del partido.

 Asuntos Internos destaca otras anotaciones sobre el matrimonio formado por Cospedal y Del Hierro, que evidencian la relación directa del policía con la dirección del partido. Por ejemplo, el 22 de junio de 2009, Villarejo apunta: “Cospe contenta con la info”. El 14 de octubre de ese año, junto al nombre del marido, añade: “Preparar los temas. Hija Chaves, Galindo, Faisán, Astapa. Propone reunión con parienta”. El 1 de febrero de 2010, escribe: “ILH (siglas de López del Hierro): desea caña contra Bárcen[as]”. El 19 de febrero de 2010, plasma: “ILH: aviso publicación Interviú. Tesorero PP. Agradeció el dato”. Tres días después, el 22 de febrero, la revista Interviú publicaría un reportaje sobre el patrimonio inmobiliario de Bárcenas de dudoso origen.

La captación del chófer

Esta relación se mantiene a lo largo de los años. Así que, cuando se activa Kitchen en julio de 2013, los contactos son habituales y, según la Fiscalía, el matrimonio participa en la captación como confidente del conductor de Bárcenas, Sergio Ríos. Una operación que se ejecutó gracias al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal, que conocía de antes al chófer.

El 18 de julio de 2013, Villarejo anota en su agenda que “Sergio, el conductor”, ha ”recurrido” a Gómez Gordo para “contarle que se le han acercado”. Este texto coincide con el relato de los implicados, que admitieron que hubo un primer intento fallido de captarlo. El comisario Enrique García Castaño, procesado por Kitchen, contactó sin éxito con Ríos para que colaborase, pero el conductor receló y llamó a Gómez Gordo. Entonces, según la Fiscalía, medió el matrimonio Cospedal-Del Hierro.

Según Asuntos Internos, además, esa jornada hubo un relevante cruce de llamadas entre Villarejo y el entorno de Cospedal. A las 10.28, el jefe de gabinete de la política, José Luis Ortiz, telefonea al comisario, pero este no le coge. Ante la falta de respuesta, Ortiz le envía al minuto un mensaje —“Llámame cuando puedas, urge un poco”— y a las 11.07 le vuelve a llamar, sin que este descuelgue. A las 11.08 lo intentan desde el número de la secretaria de la dirigente del PP, pero tampoco consiguen nada. Entonces, interviene López del Hierro, que escribe al policía a las 11.18: “Te está llamando MDC [María Dolores de Cospedal]”.

Villarejo da señales finalmente a las 11.52, cuando telefonea al número de la secretaria de Cospedal a esa hora y a las 12.07; y habla con alguien casi cuatro minutos. A las 13.09, el comisario contacta con su compañero Gómez Gordo y ambos charlan durante más de dos minutos.

El comisario lo recoge en su agenda de esta forma. Sobre López del Hierro, escribe: “Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo”. Sobre Cospedal: “Varios contactos y posible cita. Al final se arregló por teléfono”. También refleja ese día una presunta conversación con Francisco Martínez, Chisco, secretario de Estado de Seguridad y supuesto coordinador de Kitchen: “Forzando contacto con chófer LB”.

 Según las agendas del comisario, la relación con Gómez Gordo no fue fácil. El 19 de julio, el marido de Cospedal llama dos veces a Villarejo y este apunta en sus cuadernos referencias sobre su compañero: “No se fía de mí y no cree que cumplamos. Lo vamos a usar y tirar”. El día 20, López del Hierro le envía otro mensaje a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con MDC”. El 22 de julio, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi [apodo de Gómez Gordo]. Hoy muy bien. Abz”. Gómez Gordo intervino para facilitar la colaboración de Sergio Ríos, de la que finalmente se encargó Villarejo, que le pagó con fondos reservados.

La UDEF también elaboró un informe sobre Kitchen el pasado 20 de julio, donde concluía que la operación tenía un objetivo “estratégico”: “desactivar” las pesquisas abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Manuel Morocho, inspector jefe de esta unidad y principal investigador de Gürtel, añadía en ese documento que el espionaje a Bárcenas se gestó en “tres entornos o niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo”. El “entorno general” (donde señala de forma clara al PP: “la formación política”); el “entorno intermedio” (Gobierno de Rajoy) y el “entorno específico (cúpula de la Policía Nacional).

El sumario apenas roza a Rajoy

Rajoy aterriza este lunes en la comisión del Congreso sin que los investigadores lo hayan puesto en la diana. Hasta ahora, ni la Fiscalía ni el juez instructor han planteado la imputación del exdirigente popular por la operación de espionaje a Luis Bárcenas. De hecho, el sumario no contiene indicios directos contra él, solo referencias de terceros. Aunque la gran pregunta que se hacen muchos diputados es si sus subordinados pudieron montar un operativo de este calibre y durante tantos años sin que lo supiera el presidente del partido y del Gobierno.

Sobre las referencias a Rajoy, Villarejo verbalizó las más explícitas. Aunque en un primer momento mantenía que nunca habló con el presidente sobre Kitchen, cambió de versión el pasado mayo y aseguró que lo informaba por mensajes de móvil del desarrollo del operativo irregular. Posteriormente, el comisario volvió a modificar su relato y aseveró que el líder del PP, incluso, había pasado a saludarlo durante una reunión que mantuvo en la sede del partido con Cospedal. Rajoy lo negó el pasado viernes: “No he visto a ese señor en mi vida”. En unos audios interceptados, Villarejo también se refería a alguien apodado El Asturiano que tendría conocimiento de la operación. Asuntos Internos atribuyó ese alias a Rajoy.

En el sumario constan otras referencias al expresidente. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirmó en un mensaje de móvil que, si él caía y tenía que desfilar por la Audiencia Nacional para declarar, “también irán JFD (y probablemente MR)”. En otro, añadía: “Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”. El jefe de la Policía con Rajoy, Eugenio Pino, contó al juez que Jorge Fernández Díaz llegó a interceder en favor de Villarejo en nombre del presidente del Gobierno porque este último se había enterado de que le estaban “tratando mal”.                 (J. J. Gálvez     José Manuel Romero , El País, 13/12/21)

Las agendas de Villarejo confirman la operación ilegal para salvar al PP y a Rajoy

 "El 17 de julio de 2013, solo dos días después de que Luis Bárcenas, extesorero del PP, protagonizase ante el juez Pablo Ruz la confesión más explosiva de la democracia sobre 20 años de corrupción en su partido, altos mandos policiales maquinaron de urgencia una operación ilegal para evitar más daño al Gobierno de Mariano Rajoy.

Aquella confesión de Bárcenas dejó algunas preguntas sin respuesta sobre la existencia de grabaciones o más pruebas documentales de la corrupción del PP. Y los comisarios de policía con más poder, alentados por sus jefes políticos de Interior, se pusieron a buscar esos nuevos indicios para que no llegaran al magistrado instructor, según la investigación judicial.

Esas oscuras maniobras, conocidas como Operación Kitchen, han desencadenado la imputación de media docena de mandos policiales y de los dos principales responsables políticos de Interior en aquel momento, el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Francisco Martínez.

El juez que instruye el caso acumula numerosos indicios de aquellas actividades supuestamente delictivas. Pero ahora las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, incautadas en octubre pasado en uno de los domicilios del comisario, han destapado nuevas pruebas para apuntalar todas las sospechas.

Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros más leales al entonces presidente Mariano Rajoy, estaba al tanto de todo el plan policial para buscar los secretos que Bárcenas aún no había confesado al juez. Para demostrar este hecho, Francisco Martínez, número dos de Interior, levantó acta notarial de los mensajes telefónicos que le envió el ministro sobre la operación ilegal en marcha.

El sábado 13 de julio de 2013 ya se sabía que el lunes siguiente Bárcenas iba a tirar de la manta ante el juez. Ese sábado, el ministro envió este mensaje a su secretario de Estado: “Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con la mujer). Es importante”. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, era una pieza clave de toda la trama policial porque se convirtió en confidente de la policía para conocer lo que podía guardar el extesorero.

Pero el ministro sostuvo ante el juez que nunca envió ese mensaje ni conoció ni ordenó ninguna operación policial para robar documentación a Bárcenas que pudiera comprometer al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los cuadernos encontrados en un registro dirigido por la Fiscalía Anticorrupción en la casa de Villarejo apuntalan ahora la versión de Martínez y comprometen al ministro del Interior.

Lo que sigue resume dos semanas de la agenda de Villarejo desde el 17 de julio de 2013, dos días después de la confesión explosiva de Bárcenas ante el juez y cuatro días después de que el ministro del Interior alertara supuestamente a su número dos del papel clave que podía desempeñar el chófer de la familia Bárcenas.

17 de julio de 2013. “Sobre grabación LB. Pendiente conductor”. Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), al que se encarga la operación de espionaje ilegal a Bárcenas, según él mismo ha confesado, habla con su compañero José Manuel Villarejo. Este comisario apunta en su agenda de ese día bajo el nombre BIG, con el que denominaba a García Castaño: “Sobre grabación LB – pendiente conductor LB. Gabinete de crisis. Seguimiento para ver dónde están los temas”.

La captación del chófer como confidente de la policía todavía estaba pendiente. García Castaño se había aproximado al conductor sin demasiado éxito. Y Villarejo lo registró en su agenda.

18 de julio de 2013. “Forzando contacto con chófer L. B.” Villarejo apunta en su agenda una clave para lograr que el chófer de Bárcenas colabore en la Operación Kitchen. La clave se llama Andrés Gómez Gordo, un policía de confianza de Dolores de Cospedal, que le ha nombrado director general en Castilla-La Mancha. Villarejo escribe: “ANDRÉS GÓMEZ ha recurrido SERGIO el conductor para contarle que se le han acercado”. Ese mismo día, Villarejo habla supuestamente con Ignacio López del Hierro, pareja de Cospedal, y escribe: “Él se encarga de hablar con ANDRÉS GORDO”. A la vez, el comisario Villarejo registra en su agenda otra conversación con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez: “Forzando contacto con chófer LB. Quedo en cerrar la reunión”.

22 de julio de 2013. “CHEF. Al principio desconfiado. Después más receptivo”. Villarejo presumió ante el juez de su éxito al captar al chófer de Bárcenas como confidente tras el fracaso de García Castaño para convencerle. Y así lo anota en su agenda: “SERGI CHEF. Al principio desconfiado. Después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono. Después, todo lo demás”.

La investigación judicial ha descubierto y acreditado con documentos el pago de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas durante dos años por su colaboración. Ese dinero salió de la partida de fondos reservados de Interior. Villarejo puso el nombre de CHEF o COCINERO para denominar a Sergio Ríos en sus apuntes. Solo tres días después de esa anotación, escribe otra: “CHEF. Llamada últ. Hora para reactivar todo. A partir de ahora todo OK”.

22 de julio de 2013. “CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF”. Chisco es el nombre que Villarejo utiliza en sus anotaciones para identificar al secretario de Estado Francisco Martínez. Habla con Villarejo y este anota:

“Muy preocupado por datos CHEF. Sobre grabaciones actualmente en su poder”. Bárcenas puede tener guardadas grabaciones con líderes del PP sobre la financiación ilegal del partido, pero aún no las han encontrado. Tres días después de esa conversación, Martínez vuelve a hablar con Villarejo y el comisario anota que el ministro del Interior está muy interesado en conversar sobre recibís y grabaciones, las dos pruebas que, de existir, pueden hundir al Gobierno de Rajoy.

30 de julio de 2013. “Llamadas sistemáticas del minis sobre L. B.”. El 30 de julio, solo dos días antes de que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento acosado por el escándalo de la financiación ilegal de su partido y la confesión judicial de Bárcenas, el número dos de Interior vuelve a hablar con Villarejo, quien recoge así su preocupación: “Llamadas sistemáticas del minis sobre L.B.”.

Villarejo retrata en su agenda un mes trepidante para el futuro del Gobierno de Rajoy y del PP. Otras pruebas destapadas durante la investigación apuntalan la veracidad de lo recogido en las agendas del comisario.

El fiscal pregunta si Cospedal y Trillo planearon anular Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción descubrió a finales de 2018, casi un año después de la detención y encarcelamiento del comisario José Manuel Villarejo, un apunte sospechoso en la documentación incautada que hacía referencia a una supuesta operación para anular el caso Gürtel, cuyo coste estimado oscilaba entre ocho y 12 millones de euros en función del éxito del proyecto.

Los fiscales encargados de la investigación pensaron que se trataba de otro de los negocios ilegales del comisario, pero nunca encontraron ingresos en las empresas de Villarejo que se pudieran corresponder con esa operación, ni grabaciones en las que se hiciera referencia al supuesto cobro del dinero por esa actividad.

A raíz de que la investigación judicial descubriera la Operación Kitchen, el espionaje policial ilegal al extesorero Luis Bárcenas y a su familia con el objetivo de sustraerle documentación u otro tipo de pruebas que guardara contra el PP, la Fiscalía se topó de nuevo con el plan de Villarejo para anular el caso Gürtel.

En uno de los últimos interrogatorios a Bárcenas sobre la Operación Kitchen, el extesorero del PP contó que el abogado Ignacio Peláez, ya fallecido, le visitó un día en la cárcel. “Y me puso por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso Gürtel, porque las personas que controlaban el tema tenían una información de que las grabaciones de este procedimiento estaban manipuladas y que esa manipulación podía producir la nulidad de todo el procedimiento. En ese tema participaban los comisarios en cuestión, José Antonio González, José Luis Oliveras y José Manuel Villarejo. Y para que ese tema prosperase, la cantidad que pedían no sé si eran 10 o 12 millones de euros, que si entre nosotros nos poníamos de acuerdo y aportábamos esa cantidad o empresarios imputados en el procedimiento, ese tema podría salir adelante”. Barcenas, según siguió relatando al juez, estaba dispuesto a poner su parte alícuota, pero el proyecto fracasó y Peláez llegó a exigir al extesorero que desmintiera por escrito ese supuesto ofrecimiento.

 El fiscal Anticorrupción, presente en la declaración, preguntó a Bárcenas si la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, estaba al tanto de este ofrecimiento y pudo intervenir en el plan. “A mí no me consta”, contestó el extesorero. A continuación, el fiscal insistió: “¿Y le consta que tuviera información Federico Trillo?". Y Bárcenas aseguró que no lo podía afirmar, pero explicó que Trillo era la persona “encargada por Mariano Rajoy” del procedimiento judicial del caso Gürtel. “Uno de los interlocutores de Trillo para saber por dónde iban los tiros del procedimiento era Ignacio Peláez, lo mismo que lo era Enrique López por otra parte, ¿eh?”. Enrique López era en esa época (2012-2014) magistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno del PP. Dimitió tras ser imputado por conducir borracho. Ahora es consejero de Justicia del Gobierno de Madrid."                     (José Manuel Romero, El País, 21/06/21)