"(En Lanzarote) suman más de 100 imputados... de todos los partidos. Entre ellos... 11 alcaldes y ex alcaldes... y familias enteras"

"Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro.(...)

Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. (...)

Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. (...)

Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino.

Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.
Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro.
Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión. (...)
"Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.
-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.
Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.
-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.
Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.
-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio.
Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?
A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.
-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo.
Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.
La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones.
Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder. (...)
Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz.

Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario.

La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías. (...)

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos.

Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.(...)

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. (...)

Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones." (El País, Domingo, 13/02/2011, p. 10/11)

El Tribunal Supremo se carga la lucha contra la corrupción urbanística en Lanzarote... y de paso... la libertad de expresión

"El periodista Luis Fernando Rodríguez solía decir antes de que fuera fulminantemente despedido: "La luz que hay al final del túnel es el mechero de otro que está tan perdido como tú".

Así se deben de sentir los redactores de la revista Cuadernos del Sureste, una de las pioneras y más activas en denunciar la corrupción urbanística en Lanzarote, que en 2003 calificaron de corruptas las actividades del abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y el Supremo, a pesar de que éste fue destituido de su cargo y está imputado en dos procesos por corrupción, les ha condenado a indemnizarle con 15.000 euros, por haber atentado contra su honor. Un mensaje inquietante para la libertad de expresión: el que se atreve a denunciar, condenado a indemnizar al denunciado. (...)

El equipo de Cuadernos, con Jorge Marsá a la cabeza, realizó uno de los primeros análisis en profundidad de la corrupción urbanística en Lanzarote y entre los varios artículos que se referían al tema, se publicó uno titulado "El secretario, el quinto poder" en el que revelaban que Fernández, entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era un personaje clave para entender lo que ocurría en el municipio y en general en toda la isla, puesto que además de su cargo público, ejercía como abogado, representando como apoderado a sociedades con intereses inmobiliarios, lo que suponía una evidente incompatibilidad.

Añadía que sus tesis como letrado solían coincidir con los intereses de los promotores privados del suelo y que su figura constituía "uno de los obstáculos con que tropiezan los más importantes procesos de racionalización territorial y urbanística que se vienen acometiendo en Lanzarote".

El secretario presentó una demanda al honor y la juez destacó que las informaciones eran "veraces, es decir, suficientemente contrastadas" y que tenían interés informativo. Precisaba que las expresiones utilizadas en el artículo por sí solas no se consideraban atentatorias contra el honor, pero condenaba a Marsá y a la revista por haber dicho que las actividades de Fernández eran corruptas, lo que a criterio de la magistrada era un claro insulto que vulneraba el honor del secretario.

La Audiencia de Las Palmas revocó la condena por entender que la información era veraz y referida a las actuaciones profesionales y empresariales de un funcionario público que desempeñaba un cargo de gran relevancia, por lo que eran de interés general. Además, puntualizaba que el término corrupción se utilizaba en el artículo en un sentido coloquial admitido por la Academia alusivo a ciertas prácticas que los ciudadanos pueden considerar discutibles, controvertidas o criticables, aunque pueden no estar expresamente prohibidas por la ley.

Sin embargo, la Sala Primera del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente Xavier O'Callaghan, volvió a condenar a Marsá y al equipo de Cuadernos del Sureste señalando que "se trata de unos juicios de valor que se basan en información que no se suministra". Añadía también que las acusaciones sobre el secretario son "abstractas informaciones cuya vaguedad no permite una adecuada defensa y las pocas que son medianamente concretas no ha sido probada su veracidad".

No deja de ser sorprendente, porque si algo han dejado claro todos los jueces que han intervenido en el proceso, excepto los del Supremo, es que los hechos denunciados por la revista eran ciertos e incluso reconocidos por el agraviado.

¿Qué parte de la afirmación de que en horario de trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife el secretario asistió como letrado a otros clientes privados le habrá parecido abstracta al Supremo? No obstante, la sentencia reafirmaba la doctrina de que el insulto no está amparado por la libertad de expresión y precisaba que calificar de corrupto a un funcionario público "alcanza la categoría jurídica de atentado al honor". (El País, 15/02/2010, p. 13)