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6.11.23

Pelotazo urbanístico en un batzoki: Algorta construirá 14 viviendas en la sede del PNV

"En la fachada del batzoki de Algorta (Getxo), la gran “casa”, bar y restaurante de los simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de este barrio, siempre ha colgado un cartel que recogía el título de un poema de Gabriel Aresti en euskera: “Nire aitaren etxea defendatuko dut” (Defenderé la casa de mi padre). Alguien, hace unos años, añadió, a modo de grafiti, una apostilla que rezaba: “Más te vale, al precio que están”. En ese mismo suelo se construirán 14 viviendas libres —que pueden ser negociadas en el mercado al no ser objeto de ningún régimen de protección oficial o pública—. La operación urbanística, comandada por el Equipo del Gobierno de Getxo (formado por el PNV y el PSE-EE), ha sido calificada por EH Bildu como posible “pelotazo urbanístico”.

El patio del batzoki de Algorta es particular. Hasta ahora, el PNV se lo ha cedido a los alrededor de 100 alumnos de primaria del colegio Juan Bautista Zabala para que jueguen, pues su zona de recreo es muy pequeña. La Asociación de Madres y Padres ha solicitado en varias ocasiones mejoras en la condiciones de sus pequeños, pero el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ido dilatando la gestión. Parece que, aunque es particular, cuando llueve se moja, como los demás.

El plan urbanístico

Con la dilatación en la toma de decisiones, el Ayuntamiento del municipio ha llegado a una solución que no agrada al vecindario, tampoco a las madres y los padres de los alumnos del colegio Juan Bautista Zabala. También levanta suspicacias y es cuestionada por la oposición política. Esa solución se da a través del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (PGOU), que permitiría construir viviendas residenciales en el solar del propio batzoki de Algorta. Su aprobación se dio con los votos de los jeltzales y los socialistas, contó con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El nuevo PGOU permitirá edificar en el amplio espacio que incluye un edificio de tres alturas, donde hubo aulas, además de otra casita con más espacio en la parte trasera y el patio donde corren los alumnos habitualmente. En general, la aprobación del nuevo plan urbano hace posible el plan de construcción de 4.601 nuevas viviendas. Aunque la mayoría serán “protegidas” —3.089—, las 14 que se levantarán en suelo del batzoki no lo estarán.

La Asociación de Madres y Padres piensan que tras acometer el PGOU será más reducido aún el patio de recreo de sus hijas e hijos. Temen también que si habilitan aulas en el patio, “se quede así para siempre”, tal y como sucedió en el Colegio Público Zipiriñe de Sopela, donde aún hay pabellones provisionales habilitados como aulas desde hace dos años.

La operación urbanística en torno al patio del batzoki contempla un acceso para vehículos a planta sótano. Este parking subterráneo tampoco convence a los vecinos, quienes recuerdan que el parking de San Nicolás no ha calado desde su inauguración en 2013 y continúa con solo una veintena de plazas adjudicadas de un total de 103.
Batzokis: sospechosos habituales

En los batzokis de Bizkaia sirven cafés, pintxos de tortilla, menús del día y se lee el Deia. Allí se reúnen a jugar la partida viejos amigos unidos por un hilo rojo, verde y blanco: los colores del Partido, en paralelo a los de la ikurriña. Nadie pide el carné ni comprueba los apellidos, pero todo el mundo sabe que allí, concretamente en el de la calle Correo de Bilbao, se alzó por primera vez la bandera que luego sería de todos los vascos, y nació el Partido Nacionalista Vasco de la mano de Sabino Arana. Ahora en esos lugares de encuentro (de batu, 'reunir' y toki, 'lugar', batzoki) son investigados por el Tribunal de Cuentas y vuelan cheques.

Concretamente, las operaciones urbanísticas en torno a algunos batzokis han sido objeto de investigación y reproche del Tribunal de Cuentas. En septiembre del 2013, el PNV celebró la reapertura del batzoki de Barakaldo. Cinco años antes, la sede del partido ubicada en el paseo de Los Fueros fue edificada gracias a un acuerdo entre el PNV y la constructora Constxus Promociones. La empresa construyó pisos de lujo en el inmueble histórico, conservando la fachada de 1932, para su explotación, mientras los jeltzales obtuvieron los bajos para uso político.

En este caso, el Tribunal de Cuentas advirtió que “el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca”. Los nacionalistas vascos respondieron que no habían “cometido ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza”. Y todo se quedó ahí.

Ese mismo año, en 2013, el diario El Mundo desveló que la constructora Sacyr entregó 13.000 euros en 19 cheques a una sociedad mercantil propiedad del PNV: Landaburu Etxea, controlada por el propio partido con poco nivel de transparencia, según se hicieron eco publicaciones especializadas. Estos ingresos contravienen la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que entre otros aspectos prohíbe a las formaciones recibir donaciones de empresas adjudicataria de contratos públicos, como es el caso de la constructora, y desde luego, no permite que esos ingresos se canalicen por medio de sociedades interpuestas.

Los movimientos bancarios formaban parte de un acuerdo alcanzado entre Sacyr y Landaburu Etxea en el marco de la compra de una parcela en propiedad del PNV en Llodio. La operación estaba impulsada, de nuevo, por el plan de reordenación urbanística del Consistorio que incluía la demolición de varios inmuebles, entre ellos el batzoki, con el objetivo de urbanizar la zona y levantar una promoción de viviendas. El nuevo plan fue la excusa perfecta.

Dos años después, en 2015, el diputado vizcaíno de Promoción Económica, Imanol Pradales, se desprendió de sus acciones en Sacyr, momento en que la Diputación penalizó a la constructora por abandonar unas obras públicas. Por otra parte, Landaburu Etxea estuvo administrada por Alfredo De Miguel, condenado en 2019 por el caso de comisiones ilegales del denominado caso De Miguel. El propio Alfredo De Miguel utilizó Landaburu Etxea para acometer la compra y reforma del edificio que alberga la sede del PNV en Gasteiz mientras era el partido quien figuraba como titular de la empresa.

Para más inri, el Tribunal de Cuentas ya había puesto bajo su lupa otras operaciones inmobiliarias del Consejo del Bizkai Buru Batzar del PNV en 2011 negociadas con un promotor en las localidades de Arrigorriaga, Elorrio y Dima. El PNV llegó a incumplir la normativa sobre donaciones anónimas en el marco de su campaña de financiación de las obras de Sabin Etxea, sede central del partido. Entre el 12 al 20 de enero de 1993, ingresó en una cuenta 54 aportaciones en efectivo por un total de 150 millones de pesetas en las que no se identificó a ninguno de los impositores.

Gran parte de las anotaciones de ingreso en la cuenta Donativos Sabin Etxea correspondían a cantidades inferiores o próximas a 500.000 pesetas así como 78 ingresos por importes iguales o superiores a un millón de pesetas, casi la mitad del saldo de la cuenta de donativos para el PNV durante aquel ejercicio. El saldo de la cuenta del total de donativos y aportaciones ingresados en la sede central del PNV, por entonces en la calle Elcano de Bilbao, ascendía a 343.861.127 pesetas (algo más de dos millones de euros). La construcción de Sabin Etxea costó más de 10 millones de euros. Un estudio atribuye a la sede del PNV un valor residencial algo superior a los 12 millones de euros, la segunda sede de mayor valor detrás de la del PP en Génova (Madrid).
Actividades mercantiles de los batzokis

Las actividades mercantiles desarrolladas en los batzokis han estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por no ajustarse a la normativa de financiación de partidos y por la falta de transparencia sobre este tipo de contabilidad. En concreto, el Tribunal se refiere a “los ingresos que la formación obtiene de la explotación de su patrimonio inmobiliario mediante la realización por terceros de actividades de restauración en locales de su propiedad”, “así como los ingresos procedentes de las máquinas recreativas que se ubican en dichos locales”. Esto es, lo que ocurre en Getxo no es ninguna novedad, sino una norma establecida desde hace décadas.

Los lugares de encuentro de militantes del PNV están gestionados por Batzokia S.L., la empresa mercantil que impone las condiciones de arrendamiento de los mismos. Como proveedor de una buena parte de las sedes del PNV (más de 30) ejerce la sociedad Baibatzokia, creada en su día por Aitor Elizegi, expresidente del Athletic Club de Bilbao. Y el negocio es bastante rentable. Solo las máquinas recreativas (conocidas como tragaperras) instaladas en la mayor parte de los 200 batzokis contribuyeron con casi 5 millones de euros a las cuentas del PNV en 2013.

No es baladí. Fuera del alcance del Tribunal de Cuentas se encuentran las operaciones en torno a los batzokis del Ipar Buru Batzar (el gobierno del partido en Iparralde). Niko Mendizabal ejerce de administrador de estos batzokis y a su vez, como tesorero del partido. Su difunto hermano estuvo ligado al caso Tragaperras, la supuesta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego, fue asociado con un testaferro del magnate Silvio Berlusconi: el testaferro tenía una empresa en el mismo lugar que Mikel Mendizabal, según desvelaron los Papeles de Panamá.

También protagonizó un affaire en otro municipio, Bakio, junto a un exalcalde condenado por corrupción en 2017. Ese mismo exalcalde y los consejeros de una constructora, mimada por el consistorio y en la que trabajaba un exsecretario del Euzkadi Buru Batzar, crearon una sociedad para hacer una operación de compra-venta con un local que después albergó la sede del nuevo batzoki de Bakio.

Las cuentas de las organizaciones locales del PNV siempre han estado fuera del alcance del organismo fiscalizador. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas detectó en 2012 que el PNV había ocultado de sus balances oficiales 357 cuentas corrientes de batzokis y Juntas Municipales, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros.

Que se despreocupe Aresti. La casa del padre está muy bien defendida: todo son sombras sobre las fachadas de los batzokis. "                       (Ahoztar Zelaieta , Luis Miguel Barcenilla , El Salto, 16/11/22)

5.5.23

Así se reparten 220 millones en concesiones de Osakidetza entre empresas vinculadas a excargos del PNV

"Según la documentación remitida por la Consejería de Salud al Parlamento Vasco la semana pasada, destacan los 117,7 millones que fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del servicio vasco de salud, los 42,3 millones destinados a una entidad presidida por una exportavoz jeltzale del Gobierno Vasco y los 34,4 millones que acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides del PNV.

La Ertzaintza reparte porrazos contra las limpiadoras en Hospitales como Cruces, que protestan por las condiciones laborales. Todavía existen 20 imputados por irregularidades en la OPE del Servicio Vasco de Salud. Se han incrementado las listas de espera. Hay saturación en Urgencias, escasez de médicos, temporalidad fraudulenta. También un desmantelamiento de Atención Primaria y Salud Mental. Hace unas semanas, se escenificó el motín de los Jefes de Servicio en Donostialdea. Los deseos de privatizar el mantenimiento de los aparatos de electromedicina y TIC a veces son paralizados. “Es peligroso decir que se está desmantelando Osakidetza sin dar ni un solo dato”, decía Itxaso Atutxa, presidenta del Partido Nacionalista Vasco en Bizkaia, apenas unas horas después de que Bilbao, Donostia y Gasteiz se llenasen de manifestantes por la sanidad pública.

Un día antes de la celebración de la última gran manifestación contra el desmantelamiento de Osakidetza celebrada el pasado viernes, la Consejería de Salud se apresuró a responder una pregunta formulada el 18 de enero por EH Bildu en torno a la concertación que realiza el Departamento de Salud. La consejera Gotzone Sagardui adjuntó una relación de entidades privadas con las que Osakidetza realiza concertaciones de servicios sanitarios públicos, junto a una lista de contrataciones que incluía a sus respectivos adjudicatarios. El documento de la consejera se refiere al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022.

Hordago-El Salto ha investigado las vinculaciones de exaltos cargos del Servicio Vasco de Salud y de personalidades del PNV con las entidades privadas que figuran en la respuesta de Sagardui. Según los datos recabados, el sector privado vinculado a excargos y personalidades del partido se ha beneficiado con más de 220 millones en concertaciones con Osakidetza y contrataciones del Servicio Vasco de Salud. Un total de 117,7 millones fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del Servicio Vasco de Salud y 13,8 a una empresa dirigida por el marido de una alto cargo de Osakidetza. Otros 42,3 millones se destinaron a una entidad presidida por una exportavoz del Gobierno Vasco. Asimismo, una empresa ligada a la carrera empresarial de un exalto cargo del Gobierno Vasco recibió 3,8 millones. Además, 34,4 millones acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides. Por último, una empresa de un militante del PNV se llevó 8,1 millones.

 Gipuzkoa, la más concertada

En el documento remitido por Gotzone Sagardui al Parlamento Vasco destacan los 71 millones concertados con la clínica Asunción de Tolosa para “atención especializada para pacientes de la zona de Tolosaldea”, comarca que por empeño del PNV carece de un hospital público. La empresa gestora, Inviza, fichó en su día como directivo de la clínica a un exviceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Rafael Cerdán, quien llegó a estar imputado por el “caso Margüello”. En la clínica de Tolosa también ejerció como directivo el nuevo gerente de la OSI de Osakidetza de Donostialdea, Agustín Agirre.

Otra de las principales amenazas al derecho a la salud pública de los guipuzcoanos, Quirónsalud, a su vez propietaria de Policlínica Gipuzkoa, ha conseguido 39,3 millones para diversos servicios sanitarios concertados con Osakidetza que incluyen las provincias de Bizkaia y Araba. En este grupo tampoco faltan las puertas giratorias. El exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Gabriel Inclán, es ahora jefe de servicio médico en Quirónsalud.

El sector sanitario privado en Gipuzkoa está liderado por el grupo Fresenius, máximo accionista de Quirónsalud. Fresenius, implicado en una trama de sobornos a médicos, ha fichado como directivo al marido de Ana Isabel Quinteiro, coordinadora de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza, Jefa del Servicio de Análisis Clínicos de la OSI Araba y miembro del Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco.

Osakidetza también concertó con Fresenius, por 13,8 millones, los servicios de hemodiálisis y diálisis domiciliaria en las tres provincias. Según reza una sentencia judicial, Fresenius es propietaria de Dialbilbo, otra empresa con la que Osakidetza ha concertado servicios y que estuvo controlada en su momento por el entonces Jefe de Nefrología del Hospital de Cruces.

Entre las concertaciones hospitalarias en Gipuzkoa destacan los 42,3 millones para Fundación Matia, entidad presidida por una exportavoz del Gobierno Vasco, la jeltzale Mari Karmen Garmendia. Se trata de una fundación que se apoyó en el grupo constructor Moyua, con importantes puertas giratorias para cargos del PNV, para expandir su negocio en el sector de residencias para mayores.

La órbita Darpón-Azua

Las concertaciones a empresas con puertas giratorias se extienden a todo el oasis vasco. Osakidetza ha concertado en Araba y Bizkaia servicios por valor de 5,7 millones con Centro Scanner Vizcaya y Radiología Clínica Vizcaya. Son empresas dirigidas por Nicolás Guerra, exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa Marina. Guerra dejó Osakidetza para hacerse cargo de la dirección de las clínicas IMQ, sustituyendo en ese puesto del sector privado a Jon Darpón, quien acababa de ser nombrado consejero de Salud del Gobierno Vasco. Darpón era “el hombre del partido” y “la persona idónea” que se necesitaba para gestionar “una Sanidad en tiempos de vacas flacas”.

Una empresa del grupo IMQ, Igurco, con un exburukide del PNV y excargo público del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, Iñaki Isasi, de director de operaciones entre 2019 y 2022, también concertó servicios con Osakidetza en Araba y Gipuzkoa por valor de 2,7 millones. En este grupo también hay puertas giratorias cualificadas. Un exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jon Azua, llegó a ser consejero de IMQ.

En la actualidad, los exconsejeros Jon Azua y Jon Darpón, junto a la exviceconsejera de Salud Fátima Ansotegi y la exsubdirectora de Calidad de Osakidetza Mayte Bacigalupe, lideran el grupo privado sanitario Keralty. Además, Guillermo López, exviceconsejero de Sanidad, es ahora jefe de servicio en IMQ.

Keralty, junto a empresas como IMQ o Quirón, es socio del Basque Health Cluster. El cluster de salud está presidido por el jelkide Asier Albizu, exviceconsejero de Agricultura del Gobierno Vasco que ha pasado a ser directivo de la empresa privada del sector sanitario Biolan, proveedora de productos farmacéuticos para la entidad pública vizcaína Instituto Foral de Asistencia Social. Además, en la constitución Biolan participó como socio fundador Koldo Atxutegi, en la actualidad director de Atracción en la Diputación de Bizkaia.

Por lo tanto, ya son tres los exconsejeros de Salud del Gobierno Vasco que trabajan en el sector sanitario privado. A esta cifra hay que sumar dos exviceconsejeros de Salud, un exviceconsejero de Agricultura y una exsubdirectora de Calidad de Osakidetza que han pasado a trabajar en empresas privadas del sector, junto a 37 jefes de servicio que cuentan con autorización para trabajar en centros de salud privados, según datos remitidos al Parlamento Vasco por la Consejería de Salud, según datos remitidos al Parlamento Vasco por la Consejería de Salud.

El exburukide “zorro plateado”

En la línea clientelista del oasis vasco, Osakidetza ha externalizado 27,7 millones a empresas de un exburukide del Euzkadi Buru Batzar del PNV, exapoderado del partido en Juntas Generales de Bizkaia y exconcejal en el Ayuntamiento de Sestao. Se trata de Josu Olazaran, alias “El zorro plateado”, quien dirige la empresa de limpiezas Garbialdi y la de seguridad privada Integral de Vigilancia y Control. Garbialdi, beneficiada por el empeño privatizador del PNV en Osakidetza, es a su vez una importante contratista de hospitales de Madrid.

En el capítulo de externalizaciones millonarias también se han beneficiado mercantiles vinculadas a empresarios del PNV. Dirigida por el empresario vinculado al Partido Víctor Malpartida, Bilbomática se ha llevado 8,1 millones por contratos relacionados con herramientas informáticas de Osakidetza, en ocasiones liderando alguna UTE. Cabe señalar que Bilbomática está siendo requerida por el Gobierno Vasco para que devuelva más de 500.000 euros en ayudas públicas, tras verse salpicada por una trama de corrupción a raíz de la denominada “operación Enredadera” desarrollada en 2018.

Por último, en el área del transporte sanitario se concertaron 3,3 millones con Ambulancias Maiz, empresa que estuvo representada por el exdirector de Emergencias del Gobierno Vasco Fernando Izagirre, excandidato del PNV a la alcaldía en Galdakao. En la actualidad, Izaguirre está imputado por una trama de apropiación indebida que ha llevado al borde de la quiebra a la asociación de ayuda en carretera DYA
La trama Púnica en Osakidetza

Según la información remitida por Gotzone Sagardui al Parlamento Vasco, la “joya de la corona” del oasis vasco también externalizó cerca de 2,8 millones a Kosorkuntza, filial de Cofely, una empresa implicada en la trama de corrupción del “caso Púnica”, y otros 2,8 millones a Mantenimiento Electromédico, empresa bajo sospechas de irregularidades en servicios prestados al Servicio de Salud de Madrid. Además, las externalizaciones han favorecido una empresa controlada por Florentino Pérez, en concreto son 3,7 millones para Zaintzen, filial de Clece.

En el listado de entidades privadas beneficiarias por contrataciones de Osakidetza no faltan miembros del cártel de consultoras de la “red de colaboración norte”, que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2021. Ahí figuran PwC, dirigida por el exburukide Asier Atutxa, consultoras de un presunto cártel investigado por la Autoridad Vasca de la Competencia al que pertenece Teknei, dirigida por el burukide Joseba Lekube, e incluso algunos caterings que integraron el sancionado cártel de comedores escolares del oasis vasco.

Dado que el citado listado abarca los años 2019 y 2022, no aparece el contrato de teleasistencia de Osakidetza adjudicado por 41,3 millones en 2018 a la UTE liderada por IMQ y GSR, esta última propiedad del grupo MCC. El director de la división sanitaria de MCC es Mikel Álvarez, exalto cargo de Osakidetza. En 2017, Álvarez abandonó su puesto en el Ayuntamiento de Bilbao y fue sustituido en su cargo de concejal por Gotzone Sagardui, quien cerró la cuadratura del círculo al ser nombrada consejera de Salud.

Así es como la que fuera gallina de los huevos de oro del oasis vasco ha pasado a ser una vaca lechera que amamanta la red clientelar del PNV en el sector sanitario privado."                 (Ahoztar Zelaieta, El Salto, 02/02/23)

27.1.23

Las puertas giratorias entre el PNV y el oligopolio energético... Aunque en el imaginario social haya calado la figura de Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco y expresidente del partido jeltzale que ahora dirige Repsol, el salto de la Administración pública a la empresa privada en el sector energético llega a una treintena de casos, como el número dos del PNV, varios extesoreros, dos exvicelehendakaris, un expresidente del Parlamento Vasco y otros tantos exconsejeros del Gobierno Vasco

"Las puertas giratorias son una pata fundamental a la hora de caracterizar el modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los críticos con este fenómeno señalan que el constante flujo de cargos públicos hacia el sector empresarial y viceversa lleva aparejado un trasvase de información harto relevante sobre la Administración que las corporaciones utilizan después para influir e imponer sus intereses empresariales. Hacen política fuera de las instituciones, a golpe de billetera.

Según sigue la crítica, los políticos se convierten en conseguidores de contactos para la agenda corporativa y facilitan un conocimiento central para ganar las licitaciones públicas. Asimismo, en muchas ocasiones, los cargos elegidos democráticamente adjudican contratos o granjean favores a las firmas en cuyos cargos directivos terminan recalando después con el objetivo de conseguir mejores salarios en la industria o simplemente acumular más poder.

En el caso vasco, cualquier análisis de este tipo se queda corto: empresas y cargos políticos cruzan, una y otra vez, del sector público al privado. ¿Dónde empieza y acaba cada uno? Año tras año, la respuesta es cada vez más complicada y la frontera más difusa. En el sector de las energéticas hay acumuladas, según ha podido comprobar Hordago-El Salto, cerca de una treintena de puertas giratorias cruzadas por personalidades del PNV.

Muchas de estas se concentran en Iberdrola y Repsol, dos oligopolios energéticos que en los primeros nueve meses de 2022 acumularon un beneficio conjunto de 6.300 millones de euros mientras el resto de personas observaba cómo los precios subían drásticamente. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la segunda, afirmaba recientemente con un poco de cinismo que “Europa ha fracasado, las familias tienen problemas para pagar sus facturas”. Imaz fue exconsejero de Industria del Gobierno Vasco y expresidente del PNV.

La ejemplaridad en el sector energético

Iberdrola es un gigante energético que cuenta con un ciego apoyo institucional vasco para desplegar proyectos de hidrógeno, eólicos y fotovoltaicos sin apenas regulación o control público. Iberdrola cocina, pincha, corta y reparte en la organización de la energía en este país. ¿Cómo hemos llegado a este punto?

En el consejo de administración de la eléctrica se sienta Roberto Otxandio, exalcalde del PNV en Basauri, exdirector de Euskotren y en la actualidad miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la compañía. Por las direcciones de sus filiales y entidades participadas también han desfilado destacados nacionalistas como Alfonso Basagoiti, exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco y expresidente del Parlamento Vasco, y Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco.

La relación entre la política y la empresa se estrecha cuando el patrimonio o el sueldo extra de los primeros dependen de los ingresos que genere la energética. Personalidades relevantes del PNV son accionistas de Iberdrola, la compañía con su gran torre a orillas de la Ría. El portavoz adjunto del PNV en Madrid, Mikel Legarda, exviceconsejero de Seguridad y exasesor del Gobierno Vasco para Asuntos Parlamentarios, es diputado en el Congreso con 67.731 euros en juego en la empresa (con datos de 2019). Jokin Bildarratz, exalcalde de Tolosa, expresidente de Eudel, exparlamentario y exsenador, ocupa el cargo de consejero de Educación del Gobierno Vasco y cuenta con 30.168 euros en acciones de Iberdrola (también con datos de 2019).

No obstante, uno de los ejemplos para ilustrar cómo el sector energético se vigoriza gracias a los militantes del partido que más año ha gobernado en Euskadi es Repsol. Emiliano López Atxurra, exasesor de Lehendakaritza que fichó por Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), en la actualidad preside la petrolera. Por su parte, Mario Fernández, exconsejero de Trabajo y exvicelehendakari, fue vocal del consejo de administración de la misma empresa hasta que tuvo que dejarlo por ser condenado a seis meses de prisión en el marco del 'caso Kutxabank',

En la empresa siguió su esposa, Arantza Estefanía, quien actualmente figura como consejera de la empresa. Este cargo lo compatibiliza como miembro del Consejo Económico y Social Vasco de Lehendakaritza.

Repsol también ha fichado a otros consejeros del Gobierno Vasco como Javier Balza, exconsejero de Interior que trabaja en el despacho Uría Menéndez asesorando a Petronor, y José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria que se cambió de camiseta varias veces, vistiendo el escudo de Repsol, Petronor y Naturgas. Asimismo, Antón de Madariaga, exalcalde por el Partido Nacionalista Vasco en Plentzia, fue director general y vicepresidente de Petronor.


El pequeño oasis de Muskiz

Las giratorias de Repsol para el PNV se abrieron hace muchos años con el Gobierno del municipio donde se asienta la petrolera. Gualber Atxurra, técnico de relaciones institucionales de la empresa, hizo las funciones de alcalde en Muskiz con el mismo partido.Uno de los casos más flagrantes es el que se dio con Rufino Manterola y Amaia Ibañez, que compaginaron su trabajo en Petronor con los cargos de teniente alcalde y concejala del PNV en el municipio.

Como bien dice el mantra, la industria sigue generando puestos de trabajo para los vecinos del pueblo. Otro buen ejemplo es el de Guillermo Higuera, jefe de área en la sección de destilación de Petronor, miembro del equipo del PNV en Muskiz.
Denuncias de Podemos y EH Bildu

No extraña que en Madrid, cuando el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en el Congreso una iniciativa relativa a eliminación de las puertas giratorias, el PNV la rechazara “sorprendido” por “el trazo grueso” con el que se había elaborado. “Se nos hace difícil su apoyo”, afrimaban.

Podemos ha llegado a afirmar que “de todos los partidos que practican las puertas giratorias en los consejos de administración del IBEX 35, el que tiene una mayor presencia en relación a su representación en el Congreso es el PNV de lejos”. La formación morada acusó a los nacionalistas que lidera la bicefalia entre Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu de torpedear la reforma eléctrica del Gobierno español por sus intereses en las energéticas y denunció que el Ministerio de Hacienda y Función Pública eludía informar sobre la implicación del PNV con las giratorias en el sector energético.

Por su parte, cuando el socialista Antonio Miguel Carmona llegó a Iberdrola, EH Bildu señaló que eso generó debate en Madrid, pero que las enormes puertas giratorias en Euskadi apenas genera discusiones más profundas en la capital española: “Aquí también se dan esas puertas giratorias, y por ser algo habitual no es normal y, mucho menos, adecuado”. Además, EH Bildu criticó entonces que “en medio de la polémica por los precios de la luz, hay exmiembros de nuestras instituciones pasando al sector energético”.

Más allá de Iberdrola y Repsol

La sombra jelkide (como se conoce a quien se autodetermina miembro del Partido del “Dios y la ley vieja”) en el sector energético es alargada y va más allá de Iberdrola y Repsol.

La segunda mayor distribuidora del Estado español, Nortegas, está presidida por Iñaki Alzaga, miembro del patronato de Fundación Agirre Lehendakaria y presidente del Grupo Noticias (conglomerado de medios de comunicación afín al PNV). Para cerrar el círculo, un exdirectivo de Nortegas, Mikel Amundarain, es el actual viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco.

Por su parte, la quinta petrolera más grande del Estado, Esergui, ha estado presidida entre los años 2000 y 2016 por José Ramón Arriaran, exrepresentante del PNV en Juntas Generales de Gipuzkoa. Esergui es propietaria del tanque que ardió en Punta Lucero este verano pasado.

Las puertas giratorias en este sector también llevan a escenarios internacionales al cruzarla. El exvicelehendakari Jon Azua, a su vez exconsejero de Industria, fundó Fenix Oil & Gas para operar en Estados Unidos y Colombia, y además vicepresidió Guascor con proyectos en Qatar. El exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Alfonso Basagoiti, fichó por Oil&Gas Capital, con importantes intereses en el fracking, y llegó a presidir Gamesa, la multinacional de energía eólica, durante su implantación en Estados Unidos.

En Bahía Bizkaia Gas, la entidad que llegó a ser el tercer mayor receptor mundial de gas ruso tras el estallido del conflicto bélico en Ucrania, han recalado pesos pesados del partido. Joseba Aurrekoetxea, antaño número dos del PNV, fichó por Enagás y Bahía Bizkaia Gas, además, preside su filial Bahía de Bizkaia Fotovoltáica.

Cuando Juan Mari Atutxa, un histórico nacionalista, dejó la presidencia del Parlamento Vasco y Josu Bergara abandonó el cargo de Diputado General de Bizkaia, ambos ficharon, gracias a ese destacado curriculum, por Bahía Bizkaia Gas.

Sener, empresa de ingeniería que creció a la luz de la industria de las armas, cuya sede en Getxo fue registrada en 2018 en el marco de la investigación 'del 3% catalán', cuenta también con salto de sector público a privado. Por un lado, Pedro María Mugarra, exalto cargo del Gobierno Vasco y exdirector de comunicaciones del departamento de Interior, pasó a ser directivo de Sener. Por otro lado, un director de proyectos de la empresa getxotarra, Mikel Gurutzeaga Zubillaga, llegó a ser nombrado director de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco.

La lista sería interminable, pero la cerramos destacando a José Manuel Martiarena, exconsejero de Interior que fichó por Naturcorp y Pasaia Gas, y a Sabin Anuzita, vocal de la junta del Cluster de Energía que tras abandonar la concejalía en Bilbao ha pasado a dirigir la compañía de ingeniería eléctrica Tecuni (dedicada a la eficiencia energética de edificios).

En palabras del investigador en Comunicación Jonathan Martínez, se trata del fenómeno “homo enchufens” dentro del “zoológico de la política institucional” donde “una especie tan común que nos hemos terminado acostumbrando con resignación a su presencia”. Esa especie autóctona con eusko label (sello de calidad de la Comunidad Autónoma Vasca) no está amenazada de extinción, simplemente es una gran desconocida. De hecho, los miembros de esta especie pasan habitualmente desapercibidos.

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, expresidente de Petronor y exvicepresidente de Gas Natural, ha sido durante muchos años el árbol totémico que no deja ver un bosque lleno de puentes entre lo privado y lo público, o viceversa, algo que le ha venido de fábula al PNV.

El fenómeno y los fenómenos

El Tribunal de Cuentas europeo ha instado a la Unión Europea para que endurezca normas y controles con el objetivo de evitar las puertas giratorias de directivos y altos funcionarios. El tribunal considera que este fenómeno provoca “conflicto de intereses y pone en peligro la integridad de las instituciones”. En este sentido, la Defensora del Pueblo europeo, Emily O’Reilly, denuncia la inacción a la Comisión Europea porque el Ejecutivo comunitario es muy “reticente a usar los poderes que tiene” para abordar este fenómeno que “afecta al corazón de la integridad y la legitimidad de la UE”. En su opinión, las puertas giratorias son explotadas “por gente hostil”, refiriéndose al modus operandi de las grandes consultoras.

En el oasis vasco, la propuesta de reforma de la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos fue tumbada en el Parlamento Vasco con los votos de PNV y PSE-EE. Esta propuesta planteaba medidas para mejorar la regulación de los conflictos de intereses. Además, pretendía otorgar rango de ley al periodo de carencia de dos años, es decir, el tiempo que ha de transcurrir desde el abandono de un cargo público hasta que se accede a una responsabilidad en el sector privado."       (Ahotzar Zelaieta, El Salto, 20/01/23)

11.1.23

El Supremo confirma las principales penas en el 'caso De Miguel', el mayor escándalo de corrupción del PNV... Ratifica doce años de prisión para Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava

 "El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y cargos públicos de esta formación. El alto tribunal, eso sí, ha realizado algunos ajustes. Necesariamente son a la baja, ya que todos los recursos iban en esa dirección. Esta sentencia es ya firme e implicará la entrada efectiva en prisión de los acusados con delitos por encima de los dos años. El fallo avala el trabajo investigador del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, de la Ertzaintza, y de la Audiencia Provincial de Álava, en el ojo del huracán durante años.

“Absolvemos a Alfredo De Miguel Aguirre del delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal por el que venía condenado por la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Zambrana, manteniendo el resto de pronunciamientos de condena que la sentencia de instancia contiene”, se puede leer en el fallo, largamente esperado desde que el alto tribunal iniciara en septiembre la deliberación por un caso denunciado en 2009.

Según el fallo, el ajuste a De Miguel se concreta en que de la la condena original de 13 años de prisión se pasa a 12 años, 1 mes y 15 días de cárcel. Son nueve de cumplimiento efectivo. La resolución del Supremo implica también la absolución de Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, aunque su pena era exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel. Es por los hechos de Miñano, que suponen también una rebaja para el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, que se queda en cuatro años de inhabilitación. El constructor Jon Iñaki Echaburu, asimismo, no entrará en prisión al reducirse su pena de dos años y cinco meses a solamente los cinco meses. Iñaki San Juan ve ajustada su pena definitiva a cuatro años, cuatro meses y 15 días de cárcel. San Juan era socio de De Miguel en varios negocios. Otro de los principales acusados, Xabier Sánchez Robles, mantiene una pena de 7 años, 1 mes y 15 días. El exdirector de Juventud con Juan José Ibarretxe facilitó que las empresas de la trama accedieran a adjudicaciones irregulares y, durante el juicio, trató de justificarlos con pruebas que fueron consideradas falsas.

Los principales acusados eran tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Por todas estas actuaciones -dice el Supremo- , los integrantes de la ejecutiva alavesa han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales”. A Ochandiano “se le imponen, además de otras penas accesorias, 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo”. Él era el contable de la trama. A Tellería -que fue absuelto de otro caso paralelo en 2013- “se le condena a un total de 5 años, 1 mes y 15 días de prisión”. 

“Los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, refleja el Supremo. Y se añade: “Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros”. 

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en Euskadi y cuya investigación se remonta a 2009 y que afecta a excargos públicos y orgánicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. Del fallo su ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena. Este pronunciamiento es firme y obligará a la entrada en prisión de los afectados, aunque pueden recurrir por vulneración de derechos fundamentales primero ante el Constitucional y luego incluso a Estrasburgo.

Eran una docena los recursos de casación que tenía sobre la mesa el Supremo. Finalmente, la Fiscalía no recurrió para elevar las condenas, como querían los fiscales del caso en Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Asimismo, los condenados que habían pactado sus penas con el ministerio público durante el juicio dieron por bueno el fallo e incluso devolvieron el dinero que les correspondía por los delitos económicos cometidos.

De Miguel, el principal acusado, fue el influyente 'número dos' del PNV de Álava y también ocupó el cargo de diputado foral de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). Tenía menos de 40 años cuando esta investigación truncó su carrera política. En estos años, sin embargo, ha continuado con un cargo en una sociedad pública del Gobierno vasco, Hazi, hasta el punto de que ha tenido tres ascensos mientras era investigado.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia. 

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido."                   (Iker Rioja Andueza / Alberto Pozas  , eldiario.es, 10 de enero de 2023)

4.11.22

El cártel de consultoras conocida como “la red de colaboración norte”, se adjudica 18 millones, tres veces la multa impuesta por falsear contratos... Un año después de la sanción de la CNMC, y tras expulsar a algunos de sus representantes comerciales, las consultoras acusadas de “prácticas colusorias” han seguido contratando con las administraciones. También han iniciado una ofensiva jurídica contra la multa de 6,3 millones, en donde han responsabilizado a las instituciones públicas del amaño de licitaciones

"Rentable. A las consultoras que en mayo de 2021 se les notificó la sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la manipulación de licitaciones públicas, las ofertas de cobertura, y las prácticas colusorias contra los fondos públicos les salió rentable. La CNMC multó con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas y a varios de sus directivos, de ellos, más de 5,6 millones a las empresas que fueron catalogadas como “la red de colaboración norte”. Hordago-El Salto ha contabilizado los 46 contratos formalizados con las instituciones públicas vascas un año después desde la fecha de la sentencia y la cifra asciende a más de 18,5 millones de euros.

De esta cantidad, casi 11 millones han ido a parar a contratos con Indra, cuya multa por formar parte de la “red de colaboración norte” era de 27.000 euros. En un negociado sin publicidad, la firma fue contratada por Compañía del Tranvía de San Sebastián por casi 5 millones. Además, en un contrato junto Deloitte (así como AKO Marketing e Ibermática) destinado a “contratación de los servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático judicial en la Administración de Justicia de Euskadi”, entre ambas firmas se han hecho con 1.764.856 euros. Concretamente Indra se lleva el lote 3 valorado en más de medio millón de euros y Deloitte el lote 4 valorado en más de 1,2 millones. La contratante es la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través del Gobierno Vasco.

De los más de 2 millones (un 7% del total) han ido a parar a Altia, multada con 30.000 euros, es Lanbide quien firma un megacontrato para dejar en manos de la consultora los “servicios de mantenimiento y evolución de los sistemas de inserción laboral y de formación para el empleo”. Nauk (antes Bmasi) ha conseguido más de 90.000 euros firmando con, entre otras, la SPRI, por ejemplo, a través de un contrato valorado en más de 50.000 euros para la “elaboración del informe Panorama del sector biosanitario vasco 2022”. Es también destacable que KPMG, una consultora de asesoría de abogados, ha firmado cuatro contratos con Grupo Euskal Irrati Telebista, es decir, con la radio y televisión pública vasca, para la “asistencia técnica del impuesto de sociedades”.

Por su parte la SPRI, además de a Bmasi, ha contratado a Idom, PwC y Deloitte en varias ocasiones hasta externalizar un total de 2.464.649 millones desde mayo de 2021, cuando esas consultoras eran sancionadas por la CNMC. Por su parte, Osakidetza ha sido una contratante importante en la etapa posterior a la multa, externalizando más de medio millón de euros a PwC y Deloitte. Del mismo modo, la EJIE ha hecho un desembolso de más de 5,2 millones de euros para contratar los servicios de Indra y Deloitte.

El otro gran contratante es el Gobierno Vasco, que ha suscrito contratos con varias empresas previamente reconocidas en ese cártel. Por ejemplo, a través de Emakunde, el Gobierno Vasco ha externalizado la “elaboración de materiales específicos que analicen la situación diferencial entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos de Euskadi”, valorado en 14.520 euros.

 Modus operandi

De acuerdo a la investigación de la CNMC, el “modus operandi” consistió en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las consultoras resultase adjudicataria. La investigación apuntaba que “las relaciones de confianza” de las empresas facilitaron el funcionamiento de cárteles en distintas administraciones públicas. Por ello, la CNMC había “activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas”.

Tras analizar 200 contratos públicos entre 2008 y 2018, los datos de la CNMC muestran que se amañaron 101 licitaciones (85 de ellas adjudicadas por la Administración Pública Vasca) por importe de 3,3 millones. Concretamente, el Gobierno Vasco, liderado desde 2012 por Iñigo Urkullu (y antes por Patxi López, desde 2009), fue el licitador de, aproximadamente, el 36% de esas adjudicaciones, con un valor de 1,2 millones de euros. El Ayuntamiento de Bilbao pagó 1,08 millones de euros en esos procesos fraudulentos y la Diputación de Bizkaia, por ejemplo, hasta 502.000 euros.

Entre los directivos del cártel del “norte” sancionados se encontraban Marta Álvarez Ochoa, responsable del departamento de consultoría y del área de competitividad e innovación de Idom Consulting, Engineering Architecture; Ana Andueza Amann, apoderada de Deloitte Consulting; Leandro Ardanza Marqués, apoderado de 97S&F; Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy; Joseba Egia Ribero, administrador y socio único de Innovisions 21 y Project Manager & Responsable Técnico de 97S&F; Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PriceWaterHouseCoopers Asesores De Negocios; Xabier Manterola, director de PA Consulting Services Limited Sucursal en España; e Iñigo San Emeterio Mendibelzua, director corporativo y responsable del área de consultoría de Idom Consulting, Engineering Architecture. Además, Marta Zamacona, coordinadora de proyectos europeos de 97S&F, fue sancionada por su participación en el cártel de la red “nacional”.
La consultoras podrán seguir contratando con la administración

A pesar de la gravedad de lo señalado por la CNMC el pasado mayo de 2021, las consultoras sancionadas podrán seguir contratando con la Administración pública, al menos por el momento. La Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y facultada para decretar el alcance y duración de la prohibición de contratar que planteó la CNMC, ha decidido que no tomará una decisión hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme en torno a la propuesta.

La decisión del Ministerio de Hacienda de no intervenir hasta que se dicte sentencia firme favorece la estrategia judicial planteada por las consultoras que amañaron licitaciones con instituciones públicas. Es más, en los procesos judiciales por los recursos presentados por las consultoras en la Audiencia Nacional el Abogado del Estado está haciendo hincapié en que la competencia para determinar la duración y alcance de la prohibición corresponde al Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, un auto de la Audiencia Nacional en torno a este asunto reconoce que aunque la duración y alcance de la prohibición para ser contratadas quede diferida a la decisión de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, ello “no significa que la resolución” de la CNMC “no contenga ya una prohibición de contratar, inmediatamente ejecutiva, al margen de su concreción posterior”. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Este tribunal opina que la CNMC tiene potestad para establecer la duración y extensión de la prohibición de contratar sin la mediación del Ministerio de Hacienda, tal y como publicó El Correo.

La negativa de la Administración Pública Vasca para tomar su propia resolución de vetar a las consultoras no es consecuente con el artículo 57 (apartado 4, letra d) de la Directiva 2014/24/UE, el cual señala que un poder adjudicador podrá excluir a un operador económico de un procedimiento de licitación “cuando (...) tenga indicios suficientemente plausibles de que el operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia". Una de las consultoras, Idom Consulting, menciona en su recurso este artículo como reproche al “impacto” de la resolución sancionadora de la CNMC.

Para cerrar el círculo, fuentes de la CNMC consultadas por El Correo habrían adelantado al diario su intención de no aplicar al “cártel del norte” el principio de retroactividad. Es decir, la prohibición de contratar se aplicará a partir de casos que surjan desde este momento, no será válido para los amaños probados en el expediente sancionador donde se investigaron las irregularidades acaecidas entre 2008 y 2018.
La estrategia judicial del cártel norte

Las consultoras del cártel están desarrollando una estrategia judicial para evitar el veto a la contratación pública. Y lo están haciendo de manera exitosa Mientras, la Administración Pública Vasca y el Gobierno de España, clientes ambas de las consultoras sancionadas (especialmente en lo relativo a la implementación de los fondos Next Generation), han preferido dejar el asunto en manos de la Justicia. De momento, a tenor de los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha admitido los recursos de Deloitte y las vascas Idom Consulting, Bmasi y 97S&F.

Asimismo, este organismo ha decidido suspender cautelarmente el traslado de la resolución sancionadora de la CNMC a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que puede determinar la duración y alcance de la prohibición de contratar. Esto es, la Audiencia Nacional ha admitido los recursos de las consultoras para impedir que la propuesta de la CNMC sea valorada por el Ministerio de Hacienda.

En el caso del recurso admitido a Deloitte, la suspensión cautelar decretada por la Audiencia Nacional “se condiciona a que la entidad recurrente aporte garantía en forma de aval bancario u otra admisible en Derecho” el importe equivalente a la sanción de la CNMC, 3.990.000 euros. En otro auto, el recurso admitido a 97 S&F se sujeta a que aporte en garantía el importe equivalente a las sanciones por pertenecer al cártel de la “red de colaboración norte”, 69.667 euros, y a la “red de colaboración nacional”, 61.926 euros. También ha sido admitido el recurso de su administrador, Leandro Ardanza, a cambio de aportar en garantía 55.000 euros, misma cantidad que le impuso de sanción la CNMC. Es decir, la suspensión cautelar de la tramitación de la propuesta de la CNMC de prohibición de contratar se condiciona al ingreso de las fianzas que deben aportar las consultoras.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público señala que “no procederá” “declarar la prohibición de contratar cuando” se “acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa”, “siempre y cuando” el sancionado adopte también “medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia de la CNMC". Esta ley recoge que entre las consecuencias que deriva una sanción con sentencia firme está incluido “el ejercicio por las víctimas” para iniciar “acciones” “por los daños y perjuicios ocasionados”. El Gobierno vasco se presentó como “víctima” del cártel de las consultoras para luego añadir que “únicamente” le afectaron 27 contratos.

En las alegaciones presentadas por Idom Consulting en la Audiencia Nacional hay un documento calificado como “confidencial”. En este documento figura la facturación que le supone al grupo la contratación pública: “Cerca de 127 millones de euros, lo que representa un 53% de la facturación total a nivel mundial” de la sociedad principal del grupo, con el nombre de Idom Consulting, Engineering, Architecture. La consultora se muestra temerosa del “impacto” “sobre las posibilidades de contratación pública en países de la Unión Europea”, si se viera “obligada a declarar en la Sección III del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) la existencia de una prohibición de contratar”.

Cuando comenzaron las pesquisas, Deloitte presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco unas alegaciones para argumentar que había existido connivencia institucional con el cártel. Esto es, que el Gobierno Vasco había podido estar favoreciendo prácticas irregulares, aunque enseguida apareció el Lehendakari Iñigo Urkullu a subrayar lo contrario. La consultora consideraba que este hecho había sido ninguneado por la Autoridad Vasca de la Competencia y aseguraba que si “hubiera realizado requerimientos de información previos habría podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley, incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación”. Añadió que “podría haber inferido asimismo, en que eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas” y que “cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras”.

Cabe recordar que la resolución de la CNMC señalaba que “no puede obviarse por esta Sala que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. El organismo afirmaba que “tampoco puede negarse que existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación”. 

La espantada de las consultoras

Ana Andueza dejó Deloitte tras aparecer en el expediente. Hordago-El Salto ha documentado el importante papel de Andueza y Deloitte en la posible manipulación de contratos con el Puerto de Bilbao, sobre todo a través de la correspondencia mantenida con Luis Gabiola. Igualmente, Leandro Ardanza se marchó de la firma 97S&F, consultora fundada por un exalto cargo del Gobierno Vasco con intereses en Panamá. Ardanza fue sancionado personalmente como apoderado de la empresa con 55.000 euros. Como Ardanza, Maryan Luzárraga dejó PwC, dirigida por el exburikide Asier Atutxa en compañía de dos exaltos cargos de la Hacienda de Bizkaia, Javier Urizarbarrena y Aitor Soloeta, tras el expediente. Luzárraga fue multada por la CNMC como socia de PriceWaterHouseCoopers por un importe de 30.000 euros.

Otro directivo sancionado con 30.000 euros, Xabier Manterola, abandonó PA Consulting para saltar a la dirección de Teknei, una consultora investigada en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia y que está vinculada a diversas personalidades ligadas al PNV, entre otras, Joseba Lekube, presidente de la delegación extraterritorial del PNV en México, y Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento vasco Bakartxo Tejeria.

Todo apunta a que la “red de colaboración norte” del cártel de las consultoras podrá seguir engordando sus arcas a través de la Administración pública gracias a la ingeniería judicial que están desarrollando y a la suave regulación de los órganos competentes. Mientras, se suceden los silencios y los cambios de cromos."                               (Ahoztar Zelaieta , Luis Miguel Barcenilla , El Salto, 21/10/22)

26.10.22

Una constructora cercana al PNV burló la prohibición de contratar para adjudicarse 14,2 millones... Bilbao Bizkaia Museoak S.L, participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, admitió una oferta de Viuda de Sainz S.A. mientras la empresa se encontraba en situación de prohibición de contratar. Por parte del ente público, el acuerdo fue suscrito por una exalcaldesa de Zamudio condenada por prevaricación. Por otra parte, el presidente adjunto de la constructora fue representante del PNV en las Juntas Generales de Bizkaia

"Todo comenzó hace siete años, cuando la UTE formada por tres contratistas habituales del Ayuntamiento de Bilbao (Exbasa, Viuda de Sainz y Balzola) recibió un contrato en 2014 por más de 17 millones. El motivo, una cuestión urbana de primera orden: la apertura del Canal de Deusto y el puente de Zorrozaurre. A partir de entonces, comenzó un rompecabezas jurídico que dura hasta la actualidad. 
La UTE paró la obra de forma unilateral al no admitir las exigencias medioambientales del nuevo plan de excavación municipal y el sobrecoste que suponía introducir las mejoras de esta regulación. Tras varios requerimientos que resultaron infructuosos y ante las críticas de la oposición política, el Consistorio decidió rescindir el contrato en 2016. Nada evitó, no obstante, que pocos meses antes de este desenlace el alcalde Juan Mari Aburto entregara un premio a Viuda de Sainz por su “compromiso con la defensa del medio ambiente”.

El suceso clave ocurrió hace poco más de un año, el 9 de junio de 2021, cuando la Junta de Gobierno del Consistorio acordó la prohibición de contratar a dichas constructoras, lo que les impedía presentar ofertas a licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao hasta el 8 de enero de 2022. Para colmo, a sabiendas de que ello podía ocurrir, Juan Mari Aburto firmó un contrato fechado en el 17 de marzo de 2021 que entregaba 1,5 millones a Viuda de Sainz para las obras de rehabilitación “como ecosistema innovador” del edificio Beta 2 de Zorrozaurre, el cual debía acoger al proyecto As Fabrik, en el que también participan Corporación Mondragón, Universidad de Mondragón, Orkestra o IDOM.

Este affaire urbanístico, lejos de afectar a la buena relación entre ambos, ha tenido un último episodio recientemente. Pese al acuerdo para la declaración de prohibición de contratar a Viuda de Sainz, cuya finalización estaba fijada en enero del 2022, esta y otras dos empresas más presentaron sus ofertas a una licitación de Bilbao Bizkaia Museoak Sociedad Limitada, entidad participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. Lo hicieron un mes antes de que la prohibición dejara de ser efectiva. Concretamente, el 20 de diciembre del 2021, fue la fecha en la que Bilbao Bizkaia Museoak admitió la oferta de la constructora que se encontraba en situación de prohibición de contratar con el consistorio.

La adjudicación, una obra de renovación integral de los edificios situados en la calle de la Cruz, calle María Muñoz y Plaza Unamuno, los cuales componen el Euskal Museo. El contrato, que asciende a 14,2 millones de euros, está firmado por la apoderada de Bilbao Bizkaia Museoak, Sorkunde Aiarza. Fue la alcalde de Zamudio entre los años 2003 y 2010, fecha en que tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada para desempeñar un cargo público durante nueve años por delito de prevaricación. Un año después de que finalizara la condena, Aiarza fue recolocada por el PNV como coordinadora de la entidad museística.

Bilbao Bizkaia Museoak es responsable de la gestión del Museo de Reproducciones Artísticas y del Euskal Museoa. El contrato de obra se refiere a la renovación de este último, abierto al público en 1921. Tal y como anunció el diario Deia en 2018, Bilbao Bizkaia Museoak tenía previsto acometer la reforma integral del Museo Vasco coincidiendo con su centenario en 2021. La noticia del periódico jeltzale señalaba que la coordinadora de la entidad museística, Sorkunde Aiarza, había asegurado entonces que estaban redactando los pliegos del proyecto que pretendía licitar y adjudicar Bilbao Bizkaia antes de finalizar ese año.

No obstante, coincidiendo con el litigio judicial que mantenía el Ayuntamiento de Bilbao con Viuda de Sainz, la licitación fue retrasada a finales del año 2021 con el objetivo de que la consultora pudiera participar. De hecho, solo pasaron tres meses desde el final del veto impuesto por el consistorio hasta el 8 de marzo del 2022, cuando Viuda de Sainz resultó ser la adjudicataria del contrato de Bilbao Bizkaia Museoak.

El presidente adjunto de Viuda de Sainz, Alex Bidetxea, fue juntero del PNV y es miembro del consejo de administración de Kutxabank en representación de la BBK. Para dirigir dos filiales de Viuda de Sainz, Transitia y Excavaciones Cantábricas, el grupo constructor fichó al entonces tesorero del partido y actual presidente de Bilbao Bizkaia Kutxa Xabier Sagredo, y al ahora miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV Humberto Perea, a su vez alto cargo de la Diputación de Bizkaia, respectivamente.

El pasado mes de mayo, Alba Fatuarte denunciaba la falta de representación de buena parte de la oposición política en el Consejo de Administración de Bilbao Bizkaia Museoak. La concejala de EH Bildu en el consistorio bilbaíno señalaba que en la Sociedad Bilbao Bizkaia Museoak se han realizado prácticas que no se corresponden con los estándares de transparencia y buena gestión que se le suponen a una sociedad financiada al 100% con dinero público”. Entre ellas, se refería a “la ampliación y la renovación” de Euskal Museoa, gestionado a partes iguales por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, para la que ambas instituciones han solicitado un crédito bancario.

Por último, cabe mencionar que Bilbao Bizkaia Museoak pagó 43.258 euros en 2021 y otros 22.990 euros en 2019 por servicios de “asesoramiento en materia artística”. La empresa contratada fue Alaiki, proveedora de actos del PNV y fundada por el exburukide Gotzon Bilbao y el exalcalde de Basauri Andoni Busquet. Al igual que Alaiki, dos de las empresas que formaban parte de la sancionada UTE Canal de Deusto, Viuda de Sainz y Construcciones Balzola, mantienen estrechas relaciones con personalidades del PNV.“Con esfuerzo, mucho esfuerzo. Con inversión, mucha inversión. Y con compromiso, con mucho compromiso”, así se pondrá en marcha, decía Juan Mari Aburto en 2021, el “nuevo” Museo Vasco."                                 (Ahoztar Zalaieta, El Salto, 26/10/22)

16.9.22

'Los cinco del Puerto de Bilbao': así controla el PNV un enclave estatal estratégico... Alrededor del ente público se ha formado un comité de dirección vinculado con Ajuria Enea: el Presidente y Director son cargos políticos, nombrados por el Gobierno Vasco y el Consejo de Administración del Puerto respectivamente, pero el resto forman parte del partido o son familiares de miembros jeltzales

"El acuerdo entre el PNV y PSE de alternancia en la presidencia del Puerto de Bilbao es historia: dentro de medio año, en febrero de 2023, se cumplirá una década de mandato jeltzale ininterrumpido en la Autoridad Portuaria de Bilbao. Bajo las presidencias de los dos cargos orgánicos más cercanos al partido conservador, Asier Atutxa (2013-2018) y Ricardo Barkala (2018-actualidad), el nombramiento de cargos orgánicos se ha convertido en la nueva norma con el objetivo de tener bien atado el control de este enclave económico. El año pasado volvió a estar en el ojo del huracán tras la publicación de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) y la Competencia en el que se destilaba la participación activa de un alto cargo en la manipulación de contratos públicos.

Entre los nombres relacionados con el PNV en el organigrama más elevado de la entidad podemos encontrar a Ekaitz López Amurrio, director Económico Financiero, o Andima Ormaetxe, director de Comercial, Logística y Operaciones. Aunque también hay lugar para familiares del partido como Itziar Sabas, directora de Recursos Humanos y Organización del Puerto de Bilbao, y Nagore Ardanza, coordinadora de Bilbao PortLab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Más recientemente se ha incorporado Arantza de la Llosa, candidata del PNV en Sestao que desde el pasado 1 de septiembre hace las funciones de Jefa de Sistemas de Información.

Jelkides en el organigrama del Puerto

Hay grumetes que han ascendido a oficial de manera meteórica. Es el caso de Ekaitz López Amurrio, director Económico Financiero del Puerto de Bilbao desde el año 2014, a su vez miembro de la Junta Extraterritorial del PNV en Madrid. Antes, Ekaitz López estuvo 15 años trabajando como director de finanzas del grupo Eulen y fue responsable del área Internacional del grupo, vinculado a los negocios de la familia Mayor Oreja.

Respecto a Andima Ormaetxe, hace pocos años formó parte de la lista electoral del PNV en Mungia en 2019. Anteriormente, entre 2005 y 2013, Ormaetxe fue directivo de la empresa Marítima Candina, cuyo consejero delegado, Javier Atuxa, presidió el Bizkai Buru Batzar (BBB): el arratiano es padre de Itxaso Atutxa, ahora presidenta del BBB y parte de un clan familiar con enorme poder en el territorio vasco.

Hasta el 2018, Ormaetxe había sido director general de la naviera Pérez y Cía, empresa investigada en la trama del excomisario José Manuel Villarejo por ingresar 1,4 millones de euros en concepto de retenciones que “no se incluye en la base imponible del impuesto de sociedades”. Uno de los propietarios de esta naviera, Álvaro Pérez Maura, era consejero de China Shipping, mercantil que fichó como apoderada a Leire Atutxa, en efecto, hermana de la presidenta del BBB.

Por su parte, Andima Ormaetxea es el sucesor de Luis Gabiola. Gabiola fue el alto cargo señalado en varias ocasiones en el expediente publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según la investigación, el rol de este cargo público prueba que “no puede obviarse (...) que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. El organismo regulador también indicaba que “existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia”. Hecho que excede la posible “connivencia” sobre la que versaron diversos debates en los plenos de control al Gobierno vasco a partir de la toma en conocimiento de los grupos parlamentarios de la investigación de la CNMC. Esta es una “conducta sancionable”, es decir, “antijurídica”. La causa, según el ente regulador: “confianza ilegítima”.

En el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao también puede encontrase a otro arratiano, Aitor Etxebarria Atutxa, vicepresidente del consejo en calidad de director de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, integrante de la lista electoral del PNV de Igorre en 2019.

Por otro lado, tras su paso intenso y breve por el Ayuntamiento de Sestao, Arantza de la Llosa se convritió en Jefa de Sistemas de Información en la Autoridad Portuaria. Debido a su falta de experiencia, estuvo lejos de tener la mejor puntuación en méritos formativos y profesionales, pero fue la más destacada en “aptitudes”. La ex candidata del PNV en el municipio vizcaíno ha estado vinculada desde 2005, y durante 10 años, a Panda Security, empresa muy mimada por el PNV, pese a sus conflictos laborales.

La directora del área de Recursos Humanos y Organización de la Autoridad Portuaria de Bilbao es Itziar Sabas, cuyo nombramiento fue denunciado en los juzgados por uno de los candidatos debido a la falta de transparencia en el proceso de contratación y al peso que había tenido su apellido. Se trata de la sobrina de José Luis Sabas, quien tuvo que dimitir de su cargo de director del Hospital Santa Marina tras conocerse que se saltó el protocolo de vacunación del coronavirus.

José Luis fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao entre 1999 y 2003, con Iñaki Azkuna Urreta al frente del consistorio, y además llegó a ser miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Este no es el único ejemplo donde prima la colocación de familiares del PNV en el organigrama del Puerto de Bilbao. Tras desvelarse la financiación con dos millones de dinero público de Idoki, empresa presidida por el exlehendakari José Antonio Ardanza antes de hundirse, su administradora, Nagore Ardanza ha sido nombrada coordinadora de Bilbao PortLab en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao.

El entonces secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, señaló sobre Idoki que podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, “por dar ayudas a empresas concretas sabiendo cuál era su situación financiera”, de malversación de caudales públicos “al prestar dinero público sin garantías”, de tráfico de influencias, e incluso de financiación ilegal, “para investigar si ha habido algún retorno de ese dinero a la cuenta de algún partido político”.

Consultoras sancionadas operan en el Puerto de Bilbao

Hasta ahora, el periodo más largo en la presidencia del Puerto de Bilbao lo había ostentado José Ángel Corres (1996-2009), quien tuvo un papel determinante en la privatización de la Sociedad de Estiba del Puerto. Según el jelkide Iñaki Anasagasti, “Corres fue el primer nacionalista designado como presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Iba a ser el hoy presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y gracias a una negociación nuestra en Madrid en 1996 lo fue Corres”. Su hermano, José Miguel Corres, implicado en affaires como los casos ITV, BEC y Epsilon, contó con patente de corso para ser premiado con el cargo de Director General de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (2013-2016).

Asimismo, los hermanos Corres forman parte de una “cuadrilla” de corsarios liderada por los hermanos Azua, fundadores de Uliker y Bmasi, dos consultoras sancionadas el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por integrar un cártel entre los años 2008 y 2018, junto a PricewaterhouseCoopers, donde actualmente se encuentra Asier Atutxa, antiguo director del Puerto de Bilbao. Este cártel de consultoras no solo fue beneficiado por contratos de entidades de la Administración Pública Vasca, entre ellas el Puerto de Bilbao, sino que la CNMC llegó a detectar prácticas contra la competencia, adjudicación de licitaciones donde primó la “confianza ilegítima” o manipulación de contratos.

En la famosa consultora PKF Attest, integrada en la multada Uliker, trabaja Javier Barkala, excargo público de la Diputación de Bizkaia, exdirector general del RETAbet Bilbao Basket y hermano del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. El Puerto de Bilbao le adjudicó 100.000 euros a esta consultora del cártel después de que fichara al hermano del actual presidente Ricardo Barkala.

Uliker fue fundada por el ex-viceLehendakari Jon Azua y es gestionada por Iñaki Azua, su hermano. En la actualidad, el primero dirige el grupo Keralty en compañía del millonario de la lista Fobes Joseba Grajales y el exconsejero de Salud Jon Darpón, repartiéndose el botín de la privatización del Servicio Público de Salud. Ambos son hermanos de Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy, sancionado con 35.000 euros debido a su rol en el cartel de consultoras. Sabin es el primero de los dos hermanos del ex-vicepresidente vasco vinculado al cártel norte. El otro es Iñaki Azua, que fue cesado como consejero de Elkargi cuando el expediente de las consultoras se hizo público.

Por último, el jelkide Xabier Otxandiano es miembro de la Autoridad Portuaria de Bilbao en representación del Ayuntamiento de la capital vizcaína. Su nombre también figura en el expediente de la CNMC sobre las consultoras debido a su supuesto rol en la manipulación de contratos.

En 2016, la sociedad municipal Bilbao Ekintza encargó un “análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre”, adjudicado a Deloitte. Una socia de Deloitte había escrito a Sabin Azua, hermano de Jon Azua, para amañar la licitación. “Necesitaría una cobertura para un trabajo que estamos preparando sobre la Plaza de Toros de Bilbao, es con Barkala”, refiriéndose al entonces primer teniente alcalde de Bilbao y ahora presidente del Puerto de Bilbao, “pero lo va a contratar Xabier Otxandiano. ¿podrías darnos cobertura? Mil gracias”.

Retribuciones de Atutxa y Barkala

Solo tres de las 28 autoridades portuarias del Estado español están presididas por perfiles técnicos e independientes cuyas retribuciones en el ejercicio 2018 fueron objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, que hizo públicas sus conclusiones en diciembre del 2021. Este concluyó que las retribuciones de los últimos presidentes del Puerto de Bilbao recibieron sus retribuciones de manera opaca. Asier Atutxa cobró 98.047 euros en 2015, 99.178 en 2016, 100.119 en 2017 y 55.318 entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de julio de ese año. Su sustituto, Ricardo Barkala, percibió 55.318 euros hasta el 31 de diciembre de 2018, 107.098 en 2019 y 109.982 en 2020.

En estos datos se sumaban dos conceptos: retribución básica y retribución variable. Las retribuciones básicas de los presidentes de Bilbao entre los años 2015 y 2020 son las segundas de mayor cuantía de todos los presidentes, por detrás del de Barcelona. La retribución variable del año 2020 del presidente de Bilbao fue la de mayor cuantía entre todas las percibidas por los presidentes.

En 2016, la comparsa jeltzale Gogorregi utilizó la imagen del Puerto de Bilbao para adornar su txosna y anunciar sus actividades durante las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao. ¿Será la cantera que nutrirá a la Autoridad Portuaria de Bilbao de futuros oficiales de puente y capitanes?

Consultoras Y paraísos fiscales

Sin cambiar mucho el rumbo de estas coordenadas, también podemos señalar que Serikat, firma informática beneficiada con millonarios contratos del Puerto de Bilbao e investigada en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia, está controlada por la familia Erhardt. Se trata de una saga naviera afincada en Neguri que aparece en una lista de evasores fiscales ya que tenía una cuenta en un banco de Liechtenstein con 22,3 millones de euros. Hace algunos meses, Juan Mari Aburto destacó las “hondas raíces en nuestra sociedad que se extienden por buena parte del entramado institucional y empresarial” de la familia Erhardt, fundadora de la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores y también del Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi.

Pero esta no es la única relación con paraísos fiscales del Puerto de Bilbao. Alejandro Aznar, miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, es a su vez el cuarto mayor accionista de Minerales y Productos Derivados, una empresa vasca que figura en los Papeles de Panamá junto a su filial Sulquisa.

Además de servir para beneficiar a consultoras del sector de la auditoría en operaciones sancionadas por la CNMC y a consultoras de informática investigadas por la AVC, entre las millonarias adjudicaciones del Puerto de Bilbao navegan buques insignia de la escuadra naval del partido. Destacan Viuda de Sainz, constructora que fichó en su día al ahora burukide arratiano Humberto Perea, y Transitia, en esta última ejerció de director general el extesorero del PNV Xabier Sagredo. El jarrillero Sagredo fue miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao y ha sido presidente de la Peña Athletic Club Eup.

Como botón de muestra de las operaciones de estas firmas en el Puerto de Bilbao, cabe señalar que una UTE liderada por Viuda de Sainz se hizo en 2016 con un contrato de obras por valor de 79,3 millones de euros que meses después fue modificado y su importe ascendió a 89,4 millones. Por su parte, Transitia, fue adjudicataria de otro contrato del Puerto de Bilbao en 2017 para la gestión de la terminal ferroportuaria de Pancorbo por un periodo de 15 años, a razón de 18.500 euros anuales.

Otra destacada contratista del Puerto de Bilbao es Sacyr, constructora de la que fue accionista hasta el 2015 el diputado jelkide Imanol Pradales, en la cofa del barco como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao en representación de la Diputación de Bizkaia. En 2013, el periodista Iker Rioja desveló que Sacyr había entregado 13.000 euros en 19 cheques a una sociedad mercantil del PNV, contraviniendo la ley de financiación de partidos políticos. El último contrato adjudicado a Sacyr por el Puerto de Bilbao data del año 2021, en UTE con Tecman. Se trata de una obra cuyo coste asciende a 7,6 millones de euros."
                      (Ahoztar Zelaieta  , El Salto, 06/09/22)