8.3.18
El banco público de la era Camps prestó 3,3 millones al 0,5% de interés al líder del PP en Gandía
9.1.18
El Albondiguilla y más de 400 funcionarios deberán devolver años de sueldos ilegales
13.9.13
El precio de la corrupción: 40.000 millones al año
25.2.12
La corrupción en Italia mueve 60.000 millones de euros al año
"La corrupción en Italia alcanza el astronómico nivel de 60.000 millones de euros anuales, según se desprende de un informe difundido este viernes por el Tribunal de Cuentas del país transalpino.
“Las acciones ilícitas, la corrupción y el abuso de poder siguen estando muy presentes en nuestro país. Sus niveles son mucho mayores de lo que se logra detectar”, señaló el presidente de la entidad, Luigi Giampaolino.
A pesar de que la corrupción asciende a 60.000 millones de euros al año, en 2011 se dictaron sentencias en los casos por un total de sólo 75,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas italiano también refiere los datos de la Comisión Europea según los que Italia acapara la mitad de los casos de corrupción entre los Veintisiete, mientras que el 50% restante corresponde a los demás países comunitarios.
En este sentido, la prensa italiana destaca que 20 años después del inicio de la famosa operación anticorrupción bautizada “Manos limpias”, la situación se mantiene muy grave.
La operación “Manos limpias” consistió en un conjunto de actuaciones policiales y procesos judiciales llevadas a cabo entre 1992 y 1993 y tuvo por objetivo acabar con la influencia de la mafia entre las fuerzas de la ley e instituciones públicas. El promotor y coordinador de la operación fue Antonio Di Pietro, ex magistrado y abogado que actualmente lidera el partido Italia de los Valores." (Jaque al neoliberalismo, 18/02/2012)
6.9.11
Roca reconoce en el juicio por 'Malaya' que compró billetes de lotería premiados
El ex asesor marbellí ha exculpado a su mujer (María Rosa Jimeno), su hija (María Roca) y su cuñado, también procesados en un juicio que se inició el pasado 27 de septiembre y tiene 95 imputados.
Según su versión, los adquirió para no pagar impuestos de un "dinero en caja" que tenía en su casa, y de 198.000 euros que recibió en b por la venta de una casa de su mujer." (El País, 05/09/2011)
16.6.10
Aguirre forzó las valoraciones para dar las TDT a sus afines
Según ese desglose, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (del PP) dio la misma nota en "pluralidad informativa" a estas dos empresas, vinculadas a grupos de comunicación, y a otras dedicadas a la medicina naturista o a la televenta de cuchillos multiusos. Según la Comunidad, la candidatura más plural era Libertad Digital, liderada por el ex locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos, que obtuvo ocho puntos. Uno menos mereció el canal de televisión del arzobispado de Madrid, Intereconomía o Kiss TV, una oferta musical monotemática.
En 2008, tres años después de las adjudicaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las concesiones porque la Mesa de Contratación no había ponderado los criterios exigidos conforme al pliego de bases del concurso. Y dio un mes de plazo para que le fuera remitida la puntuación. Pero no hubo cambios en las concesiones. El Gobierno regional remitió al juez las calificaciones, perfectamente cuadradas para que ganaran los mismos. Y en 2009, clonó el reparto de 2005.
Para ajustar ambas concesiones, los técnicos puntuaron los 10 criterios en juego de manera que en cada una de las 10 demarcaciones en las que se dividió el mapa de la Comunidad ganaran los mismos. Así, la empresa liderada por el productor cinematográfico y presidente del Atlético, Enrique Cerezo, venció en las 10 plazas, la Iglesia católica recibió cinco (una para el arzobispado de Madrid y cuatro para la Cope), Federico Jiménez Losantos ganó cuatro frecuencias, las mismas que Uniprex-Onda Cero. El empresario José Frade recibió tres, y Blas Herrero, dos, mientras que Intereconomía y El Mundo tuvieron una cada uno. Localia no recibió ninguna. En Madrid quedó en octavo puesto, lo justo para quedarse fuera, ya que en esa demarcación se distribuyeron siete licencias.
La baremación de Madrid capital pone de manifiesto la arbitrariedad del Gobierno de Aguirre a la hora de puntuar las 27 ofertas. El primero de los criterios utilizado es revelador. En el apartado de "pluralidad de la oferta informativa", la nota más alta (un ocho) se la lleva Libertad Digital porque garantiza "los valores democráticos y éticos" mediante un código de autorregulación y un defensor del espectador, tiene "una parrilla muy completa y variada" y hace especial hincapié "en colectivos desfavorecidos". De Unedisa (editora de El Mundo), se destacan los valores "democráticos y éticos" y las "variantes valorables para la pluralidad informativa y participativa". Total: siete puntos. Y de la candidatura del arzobispado se subraya su "valorable línea editorial", que equivale a otros siete puntos. En este apartado, se penaliza especialmente a Localia y a Uniprex. De ambos grupos se dice que adolecen de "las variantes diferenciales exigibles a este tipo de concesionarios por pretender ocupar un segmento del que ya dispone sin aportar un plus de novedad". Y les otorga tres puntos.
Los mismos que mereció European Home Shopping, un canal dedicado al comercio electrónico y la televenta, y eso que presentaba "escasez de compromiso, de pluralidad y principios éticos". Idéntica calificación (tres puntos) obtuvo la fundación Golden Clover, gestionada por un ciudadano asiático, que apostaba por un canal dedicado a la medicina naturista, y todo pese a que "carece de plan de informativos" y manifiesta "desorientación con respecto al concurso público". Y tres puntos recibió un particular, Pedro José Rodríguez Iglesias, que presentaba una "discreta mención genérica, sin sustancia programática". De Canal 47 se dice: "No desglosa ni detalla. Solo generalidades superpuestas. Imposible de analizar con detenimiento. No admisible tal presentación". Ante juicios tan negativos, soprende que reciba cuatro puntos, más que Localia o Uniprex. Otro tanto ocurre con Intercontinental Multimedia Network, que hace una "mera referencia a los valores constitucionales" y merece una "reprochable directividad en la programación informativa" y "poca credibilidad derivada del expositivo en cuanto a la televisión analógica". Pero esta catarata de descalificativos logró cuatro puntos, los mismos que Televisión Independiente de Madrid SA, cuya oferta pecaba de "inconcreción exagerada" y "poca credibilidad". Mejor nota tuvo Vetonia Televisión, cinco puntos en pluralidad pese a que alguno de sus aspectos "invade terrenos de índole política no admisibles para este tipo de televisiones".
Los técnicos repiten casi literalmente los comentarios sobre los candidatos en las distintas demarcaciones. Pero no siempre dan la misma nota. Por ejemplo: Uniprex recibió en Madrid siete puntos en el criterio 5, sobre calidad y pluralidad de los contenidos. Esta es la justificación: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. Apuesta por la programación infantil". Al tasar la oferta de Alcobendas, se anota: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. La apuesta por la programación infantil es muy destacable". Pero en este caso, el comentario, casi idéntico, se salda con ocho puntos." (El País, ed. Galicia, , /06/2010, p. )
18.1.10
Imputado por cohecho el jefe de seguridad de los juzgados coruñeses. El capitán de la Guardia Civil, implicado en un millonario fraude fiscal
El capitán de la Guardia Civil fue involucrado en esta trama por Serafín Montenegro González, el detonante del caso y uno de los tres socios del grupo conformado por las empresas Transportes y Grúas Estación, Talleres y Grúas Estación así como Servicios Estación. También imputado en la causa judicial que él mismo originó con una extensa denuncia, Montenegro sostiene que Teijeiro trabajaba y cobraba desde hace 15 años del grupo empresarial ahora bajo sospecha, realizando tareas de gerente; manejaba dinero negro; manipulaba tacógrafos de sus camiones e incluso les facilitaba información para eludir controles de Tráfico cuando carecían de permisos de transportes en regla. El mando de la Guardia Civil también es acusado de "realizar funciones de traslado de dinero o escolta para la empresa" de Padrón. Un empleado de Grúas Estación corroboró en su declaración como testigo ante la juez estas denuncias. Según el informe pericial que figura en el sumario, el grupo de empresas emitía facturas falsas para camuflar compras inexistentes de combustible y manipular así los balances de la compañía.
"La implicación de Teijeiro en la sociedad tiene aparente refrendo objetivo", advierte la Audiencia, dado que aparece citado en "dos apuntes manuscritos" del libro de la supuesta contabilidad b entregado en el juzgado como prueba del dinero en negro que manejaba un grupo empresarial con una facturación anual superior a 24 millones de euros. En esos apuntes, se alude al capitán de la Guardia Civil "en relación con el pago de nóminas por cifras millonarias", subraya la Sección Sexta del tribunal provincial. Los magistrados critican que Teijeiro "incomprensiblemente no fue interrogado sobre estos documentos incriminatorios, ni le fueron exhibidos, ni tampoco se le dedica el más mínimo análisis" en las resoluciones de la juez instructora del caso." (El País, ed. Galicia, Galicia, 16/01/2010, p. 1/2)
23.12.09
Los socialistas denuncian al juez la financiación ilegal del PP valenciano

"El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.(...)
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros". El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios".
Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.
La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido. En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario (veáse gráfico).
Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones." (El País, ed. Galicia, 10/11/2009, p. 14)
5.11.09
Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.
- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.
Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.
- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.
- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura." (El País, ed. Galicia, España, 31/10/2009, p. 11)
2.11.09
La trama de Berlusconi
La juez demostró que Mills recibió el soborno de Berlusconi y que, en combinación con los abogados de éste, los hizo pasar como una parte de la ingente masa de 10 millones de dólares pertenecientes al armador Diego Attanasio; los centrifugó después a través de cuentas en Londres, Suiza, Gibraltar y otros lugares, por medio de numerosas operaciones e inversiones de acciones, hasta ponerlos a su disposición, el 29 de febrero de 2000, convertidos en 2.802 unidades del fondo Torrey Global Offsgor Fund por un valor nominal de 600.000 dólares.
La jueza, presidenta de la sección décima del Tribunal Penal de Milán, razonó su sentencia en un texto de 400 páginas. Su relato revela una minuciosidad casi enfermiza, y es a la vez un ejemplo de escritura sobria y de ahínco investigador. Contiene elementos de novela negra y fragmentos dignos del mejor periodismo de precisión, sin ahorrar reflexiones filosóficas y guiños humorísticos. La sensación que deja su lectura es que Berlusconi tenía muy buenas razones para forzar a su mayoría parlamentaria y al presidente de la República a firmar su escudo salva-procesos. Ahora, Berlusconi será juzgado por un nuevo colegio judicial, pero el proceso deberá empezar de cero, con lo cual, aunque fuera condenado, muy probablemente el delito de soborno habrá prescrito.
"Lo más impresionante de la sentencia es que lejos de basarse en declaraciones, se basa en hechos", explica el periodista Peter Gomez. "Hay documentos internos de Fininvest firmados por directivos del grupo que evidencian la absoluta irregularidad de los balances extranjeros y demuestran que Berlusconi robaba dinero de las compraventas de derechos televisivos para metérselo en el bolsillo y ponerlo en cuentas secretas que pertenecían a sociedades off shore de su propiedad".
Mills fue el arma trascendental de ese presunto robo. Según los jueces, él fue el arquitecto de Fininvest B, la estructura paralela de Fininvest, una gigantesca caja oculta asentada en paraísos fiscales a través de 64 sociedades distintas, opacas y ficticias. Un armario oscuro y lleno de cajas chinas encubiertas por Mills, al que la jueza Gandus retrata como un sofisticado trilero capaz de esconder el dinero en cualquier garito lejano, ora las islas Caimán, ora Gibraltar, Suiza o Liechtenstein.Cerca de la mitad de los 400 folios detallan la contabilidad paralela que Mills creó para Berlusconi, sus hijos Marina y Piersilvio y el grupo Fininvest. La otra mitad sigue el "tortuoso recorrido" de los 600.000 dólares del soborno a través de decenas de transferencias a cuentas numeradas.
La relación entre Mills y Fininvest se inició, según la sentencia, hacia 1981. El abogado Berruti, un empleado de Berlusconi, pidió asistencia a Mills sobre la doble imposición de derechos cinematográficos; enseguida, Mills empezó a crear sociedades, en Reino Unido y las islas del Canal y las islas Vírgenes, siempre en contacto con otros directivos de Fininvest. "Una vez constituidas, esas sociedades eran controladas por fiduciarios, formalmente responsables, pero a menudo pasivos", explica Gandus. Mills creó al menos "entre 30 y 50 empresas" a nombre del grupo de Berlusconi, y en la contabilidad de CMM las agrupó en una lista A y una lista B." (El País, Domingo, 11/10/2009, p. 10/1)
26.10.09
Una fórmula de la corrupción
La Xunta de Fraga infló un contrato con la promotora de la sede del PP. El destinatario del millón de euros fue el promotor que construía esa sede
En el plazo de 18 días, los representantes de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que depende de Sanidade, y de la inmobiliaria tuvieron que presentarse dos veces ante notario. La primera, para elevar a público un contrato privado mixto, de venta y alquiler con opción de compra, de acuerdo con unas condiciones supervisadas por el patronato de la fundación. Eso fue el 13 de marzo de 2003. El 31 del mismo mes, volvieron a la notaría para dar cuenta de varias incorrecciones. Se eliminó así, y sin dar cuenta al patronato, la exención de materializar abono alguno para ejercer la opción de compra. La operación se encarecía en 1.004.004 euros.
La sociedad vendedora mejoró así sustancialmente unas condiciones de venta que originalmente ya le eran muy favorables. Según un informe de la consultora Tinsa, el valor de tasación del inmueble a fecha de marzo de 2003 era de 1.756.800 euros, esto es, un 53% menos de lo finalmente acordado. La sede fue comprada por 3.073.879 euros sobre plano y sin acondicionar.
Entre una y otra visita al notario, el entonces director de la fundación, Javier Bouzada, eludió someter al criterio del patronato las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento y opción de compra, a pesar de que encarecían la operación en un 50%. Las correcciones afectaban de un lado a cálculos menores. Pero venían acompañadas de una carga de profundidad: la eliminación literal de dos párrafos, en los que se establecía que las cantidades ingresadas como alquiler eximían a la Fegas de realizar "el abono de cantidad alguna" en el momento de ejercer la opción de compra." (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/10/2009, p. 1/2)
29.9.09
Hombres de confianza de Camps dirigieron y ampararon la financiación ilegal del PP
El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos.
- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana".
- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA).
En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas.
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".
- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". (El País, ed. Galicia, españa, 25/09/2009, p. 10)
3.9.09
El director de Deportes repartió millones en subvenciones irregulares (de la Xunta de Galicia)
El estudio abarca buena parte de la última legislatura de la Xunta de Manuel Fraga, entre los años 2002 y 2005, con ayudas que superaron los 32,5 millones de euros. Al frente de Deportes estuvo inicialmente Eduardo Lamas y, desde mayo de 2003, José Ramón Lete Lasa, que trabajaba a las órdenes de Pilar Rojo, entonces conselleira de Familia e Deporte. Lete Lasa ha sido recuperado para el cargo por el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como secretario general y en el departamento del propio presidente.
Su gestión de las ayudas públicas no pudo ser más desafortunada, según se desprende del informe. A pesar de que las federaciones actuaron como entidades colaboradoras, "no se estableció un régimen de derechos y obligaciones aplicables", denuncia Contas, que añade: "Se les atribuyó el manejo, control y gestión de fondos públicos sin mediar la exigencia de acreditar los requisitos de eficacia y solvencia". Revela por ejemplo que no se establecieron los plazos ni la forma en que las federaciones debían efectuar los pagos a los clubes, el tipo de justificación que debían exigirles ni que rindiesen cuentas a la Administración. (...)
El importe de las ayudas que carecen de factura, esto es, las libradas en 2002 y 2003, asciende a 14,9 millones de euros." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/07/2009, p. 1)"El Consello de Contas denuncia la "satisfacción generalizada de remuneraciones de forma encubierta". Se hacía mediante el recurso de las ayudas de coste o de locomoción, "que no figuran debidamente acreditadas". (...)
Destaca el caso de la Federación de Fútbol, la que más ayudas recibió: casi tres millones de euros en esos cuatro años. Ni uno sólo estuvo adecuadamente justificado. Pero las subvenciones recibidas superan esos tres millones, ya que Contas sólo incluyó en su estudio las destinadas a clubes."(El País, ed. Galicia, Gaslicia, 30/07/2009, p. 2)
17.7.09
Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo
El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.
El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.
Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.
En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía. (...)
Una comida de 150.000 euros
El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria. (...)
Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto ala feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros." (El País, ed. Galicia, españa, 11/07/2009, p. 16)
6.11.08
Retrato de una cacique, Carlos Fabra, el de Castellón
Su clientelismo se ha fraguado a lo largo de un sistema de concesión de pequeños favores y de un conocimiento muy preciso del ordenamiento territorial de Castellón, plagado de pequeños municipios donde sólo ocho ciudades superan los 20.000 habitantes (88 pueblos tienen menos de mil). "Su padre, a quien también llamaban Don Carlos, hizo parte del trabajo durante los últimos años del franquismo. Por entonces, era usual que todo pequeño alcalde se desplazara a la capital a pedir un favor de Don Carlos. Era el paso necesario para solucionar pequeños problemas", dice un ex alcalde. (...)
Los pequeños favores han llegado a extremos muy personales, desde un puesto de trabajo (entre sus 35 asesores en la Diputación hay ex alcaldes, primos, hijos, hermanos de cargos de la provincia, sin considerar empleos en sociedades públicas, patronatos y concesiones) hasta una subvención, pasando por un trato exquisito en el Hospital Provincial, dependiente de la Diputación. "Mi madre se encontraba muy enferma y llamé a Don Carlos. Me dijo que no me preocupara y a los dos días estaba ingresada en una habitación para ella sola", cuenta una ciudadana. "Ése es el tipo de favor menor que angustia mucho a la familia y produce una enorme gratitud", explica un político de la oposición.Carlos Fabra se convierte así en el Gran Conseguidor que todo lo puede: el pequeño favor para el modesto ciudadano y la recalificación multimillonaria para el empresario, el puesto de trabajo por un lado y un aeropuerto para Castellón por el otro. (...)
Fabra ha tenido la habilidad de adaptar este sistema clientelar a la política actual para conseguir actuar como un cacique dentro de un sistema democrático de partidos. Ése ha sido su éxito hasta el momento y quizá el origen de su declive. Dotado de don de gentes, de una extraordinaria memoria y de una capacidad de trabajo sobresaliente, ha tejido una red impenetrable en Castellón que no escapa a su dominio y que envuelve al propio Partido Popular. Todos cuantos intentos hicieron tanto Eduardo Zaplana como, actualmente, Francisco Camps para infiltrar gente afín en cargos de la provincia han fracasado, de manera que Fabra se ha convertido en elemento decisivo para inclinar cualquier balanza en la lucha por el poder en la Generalitat valenciana. (...)
Durante 1999 se registran en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 euros cuya procedencia Fabra no pudo justificar ante la Agencia Tributaria, por lo que el organismo presentó contra él una denuncia por delito fiscal. Los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como autorizado. Con la declaración de la renta que presentó a Hacienda en 1999, el erario público le devolvió cerca de 3.000 euros. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 euros como ingresos del ejercicio.
Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. Fabra pagó un total de 131.000 euros como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 euros, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos. Además, la documentación que la policía judicial y los peritos han recopilado en los bancos durante los últimos días desvela la existencia, entre 1999 y 2004, de seis millones de euros sin justificar.
El caso tiene su origen en un asunto donde se mezclan las relaciones personales y el sistema de favores. Diríase que el Gran Conseguidor fue traicionado. Vicente Vilar y su esposa, Monserrat Vives, formaban parte del círculo privado de Fabra. Las respectivas mujeres llegaron a ser socias en la mercantil Artemis 2000. Vilar tenía una empresa de productos fitosanitarios, Naranjax, y le pidió a Fabra que acelerara la concesión de autorizaciones para su distribución a través de sus amistades en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante el Gobierno de Aznar. Los documentos que forman parte de la instrucción demuestran cómo no sólo Carlos Fabra, sino más diputados y senadores populares, se interesaron por la situación en la que se encontraban las autorizaciones de Vilar. Presuntamente, Vilar pagó algunas cantidades a Fabra por dichos favores.
El "negocio" se rompió a causa de las desavenencias conyugales de la pareja Vilar. Su mujer le denunció por violación y Fabra la apoyó. La venganza de Vilar se convirtió en una denuncia: llevó documentos al juzgado y contó detalles de las gestiones realizadas. El caso sigue abierto desde entonces y ha colocado a Fabra ante la opinión pública española. (El País, Domingo, 05/10/2008, págs. 2 a 5)
24.10.08
La industria espía a los troskistas
La Inspección General de la Policía Francesa, encargada de los asuntos internos de las fuerzas de seguridad, detuvo a siete agentes y otras cuatro personas acusadas de espiar a Olivier Besancenot, portavoz y candidato electoral de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y líder del Partido Anticapitalista, en formación. La redada confirma las informaciones publicadas, no por el órgano de información de los trotskistas, sino por el semanario L'Express.
Según los documentos a los que este medio tuvo acceso en mayo, los pasos de Besancenot, su compañera y sus hijos habrían sido espiados por iniciativa de la sociedad SMP Technologies, que distribuye un tipo de pistola eléctrica con la que se ha equipado recientemente a la policía francesa. Besancenot se opuso a la adquisición de este arma y, de ahí, presuntamente, el espionaje encargado por SMP Tecnologies.
Según sospecha la prensa francesa, la implicación de estos policías podría indicar que la adquisición de las pistolas eléctricas Taser se realizara gracias al pago de comisiones. (...)
Es conocido que antiguos trotskistas coparon puestos clave de la Administración de Bush, encabezados por aquel Wolfowitz que fue número dos del Pentágono. Si en Francia hubieran tenido esa misma inclinación y llegado tan alto como allí, los espías de Besancenot podrían no ser otros que sus antiguos camaradas. Pero Francia no es EE UU." (El País, ed. Galicia, Opinión, 21/10/2008, p. 28)
14.4.08
La inmobiliaria del narco no tiene crisis
“La 'coca' no teme la crisis. Un narcotraficante había acumulado en Madrid un vasto patrimonio inmobiliario, pagado en metálico y en el acto.
Hay un sector inmobiliario que difícilmente temerá el encarecimiento de los créditos o el desplome del precio de la vivienda: el dominado por el narcotráfico. Necesita imperiosamente invertir para blanquear el beneficio económico de la droga. No hay pérdida posible porque su dinero nunca debió existir. Es fruto del delito. (…)
Micharet sería una más de las miles de inmobiliarias que operan en España de no ser por el hecho de que ha servido de tapadera para la compra de un verdadero imperio con un dinero y un activo que nunca figurara en sus cuentas. El dinero procede de un personaje que, oficialmente, no figura en ella: Luis Moreno Jimena, preso desde octubre pasado por narcotráfico. (…)
Con el apoyo del juzgado número uno de Arganda, empezaron a desenredar el ovillo. Patearon distintas localidades de la zona de Arganda hasta que dieron con el chalé. Interrogaron a los propietarios de las fincas sospechosas, pidieron ayudas a oficinas de notaría... Y descubrieron un vasto imperio inmobiliario que no estaba registrado a nombre del narcotraficante y, sin embargo, lo había adquirido con el dinero de la droga.
La investigación acreditó que en poco más de dos años se había hecho con un patrimonio inmobiliario valorado en nueve millones de euros. Esta cifra podría multiplicarse ya que los investigadores sospechan que buena parte de estas fincas podrían estar pendientes de recalificación.
21.2.08
Fundaciones que son paraísos fiscales, y además caritativas ¡Quién da más!
Liechtenstein se enfrenta a Alemania por el escándalo fiscal. El Principado denuncia que se ha producido un ataque a su soberanía (…)
Acusó Von Liechtenstein en tono marcial a los alemanes de saltarse el derecho internacional. Al mismo tiempo, el Principado contraataca nombrando al supuesto ladrón de datos que vendió el famoso DVD a Alemania.
… el embajador de Liechtenstein en Alemania, Stefan von und zu Liechtenstein, aseguraba ayer que "todos los servicios financieros que ofrece pueden usarse de manera legal". O no. La creación de fundaciones en Liechtenstein no está sujeta a controles oficiales. Un extranjero puede montar una fundación en un par de días y poner dinero en sus cuentas para esconderlo del fisco de su país. En Liechtenstein sale casi gratis.” (El País, ed. Galicia, Economía, 20/02/2008, p. 31)
15.2.08
¿Pero alguien ha visto un billete de 500 euros?
“El 70% de las operaciones con billetes de 500 son sospechosas de fraude.
En total, Hacienda dispone de información sobre casi 12.000 operaciones en las que se emplearon más de 1.000 billetes de 500 euros. La cuantía mínima de cada transacción asciende, por tanto, a 500.000 euros y los movimientos corresponden más a empresas, principalmente del sector inmobiliario, que a particulares. Las zonas del país con mayor dinamismo económico (arco mediterráneo y Madrid) acaparan casi todas las transacciones (por ejemplo, retiradas o ingresos de esas cantidades con dinero en efectivo). La mayoría de las analizados (6.100) se produjo el año 2004 y "un porcentaje importante" responde a un esquema fraudulento, según un portavoz de
