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8.3.18

El banco público de la era Camps prestó 3,3 millones al 0,5% de interés al líder del PP en Gandía

"El empresario y expolítico del PP Arturo Torró recibió un gran espaldarazo público a sus negocios privados cuando ya era un referente del PP valenciano de Alfonso Rus y Francisco Camps. El Instituto Valenciano de Finanzas -el banco público de la Generalitat- prestó 3,3 millones de euros a una de las sociedades del exalcalde de Gandia en condiciones muy ventajosas (Euríbor + 0,5 %), prácticamente fuera de mercado. Torró todavía adeuda a las arcas valencianas esos 3,3 millones que le han sido reclamados.

Arturo Torró, que está investigado en la trama de corrupción Púnica, ha vuelto a aparecer públicamente con sus negocios. De hecho, ha vuelto al sector de la óptica con la empresa Ángels Visions. El político y empresario está en concurso de acreedores como persona física y tiene varias de sus empresas también en suspensión de pagos. Es la presentación de esa sociedad lo que provocó que sus deudores -en este caso el IVF- hayan reclamado los 3,3 millones que no devuelve.


A preguntas de eldiario.es, Torró explica que no le pueden requerir nada porque está en concurso y que la empresa Angels Visions no es de su propiedad, "trabajo como consultor". El ya expolítico asegura que estará en suspensión de pagos hasta que el Tribunal Supremo falle en el proceso que tiene abierto contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad bancaria. "En esa operación perdí 30 millones de euros, que con intereses pueden superar los 40 millones", afirma. "No pago porque no puedo y en el IVF lo saben", sentencia.

El préstamo del IVF a Torró tiene una historia más que llamativa, máxime cuando el empresario y expolítico ya era una reconocido miembro del PP y líder de la oposición en Gandia. El banco público prestó el dinero a la empresa de Torró Gestión de Ópticas Locales SA. El político avaló la operación personalmente y a través de otras dos de sus sociedades: Optiverlook SL y Torró Visión Holding SLU.

El primer préstamo del IVF a Torró se formalizó en 2004 y por valor de 1,8 millones a pagar en siete años y con dos de carencia. En plena burbuja inmobiliaria el político consiguió el dinero público con un interés del Euribor más 1,5 %, unas condiciones muy ventajosas cuando los tipos estaban elevado por la buena marcha de la economía.

Tras haber devuelto solo unos 200.000 euros, el empresario y político pidió una renovación del préstamo, que se amplió hasta 2013 y con otros dos años de carencia. 
En 2008 y pese a tener ya una deuda viva importante, el IVF volvió a dar a Torró otro préstamo de 1,5 millones. Pero no fue hasta 2009 que realizó el negocio redondo al volver a renovar ambos préstamos, consiguiendo para los dos unos intereses del Euribor más de 0,5 %. 

Prácticamente sin ningún retorno para la administración valenciana y cuando ya se preparaba para asaltar la alcaldía de Gandia, que ganó en 2011. De hecho, el acuerdo con el banco público le permitía comenzar a devolver el dinero en 2011 y 2012.

Es muy llamativo que Torró pidiera un segundo préstamo en 2008 y se le concediera porque fue el año en que vendió su empresa Mas Visión a el fondo holandés Hal Investments "para centrarse en la política". El empresario recibió un pago millonario por esta operación y además mantuvo su negocio de ópticas en Latinoamérica.

En todo el proceso de negociación con el IVF, el expolítico del PP también consiguió una subvención de la Conselleria de Economía de 128.000 euros para hacer frente a los intereses de los préstamos de la primera operación.

Arturo Torró asegura que en la actualidad no tiene negocios porque no "puede tener nada a su nombre" y que ya ha abandonado la política. Llegó a ser una persona con una fantástica relación con Mariano Rajoy. "Ahora trabajo como consultor y este tipo de informaciones me perjudican a la hora de trabajar", defiende. "Cuando se aclare mi pleito con Bankia podré devolver lo que debo", conluye."                       (Sergi Pitarch, eldiario.es, 10/02/18)

9.1.18

El Albondiguilla y más de 400 funcionarios deberán devolver años de sueldos ilegales

"Toca pagar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de ratificar la sentencia que ya dictó en enero de 2013 anulando un acuerdo del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte que aprobó en mayo de 2008 una subida de sueldos ilegal para el entonces alcalde, Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla' (hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel), sus ediles, sus cargos de confianza, y todos los funcionarios y trabajadores municipales. En un auto fechado el pasado 18 de diciembre, el TSJM ha tenido que volver a fallar anulando de nuevo la subida de salarios

 Y lo ha hecho porque en 2016 tuvo que aceptar el incidente de nulidad presentado por todos los sindicatos, CSIF, CCOO y UGT, y dejar entonces en suspenso la sentencia de 2013.

El TSJM ha estudiado los argumentos de los trabajadores, que señalaron indefensión e incapacidad para personarse en el caso porque el Gobierno local de González Panero no les emplazó como interesados en el procedimiento judicial. Tras escucharles ha rechazado en cambio todos sus recursos y ha vuelto a fallar en el mismo sentido: el acuerdo de mayo de 2008 fue ilegal. 

La nueva sentencia provoca un terremoto en el ayuntamiento y pone en una situación delicada al equipo municipal, dirigido por el diputado nacional Antonio González Terol. Porque más de 400 trabajadores, entre funcionarios (incluidos los agentes de la Policía Local) y personal laboral, y una veintena de cargos de confianza y exconcejales, tendrán que devolver años de subidas ilegales.

Entre los afectados se encuentran por ejemplo la actual senadora del PP María Arenales Serrano o la esposa de David Pérez, el polémico alcalde de Alcorcón. Se trata de Elena Cerezo, que fue jefa de gabinete del Albondiguilla. Cerezo sigue en el consistorio como coordinadora técnica, un cargo de confianza del actual regidor. 

 También hay exconcejales que actualmente han encontrado acomodo como asesores en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes y en otros consistorios del PP. También está afectada la actual teniente de alcalde, Susana Sánchez-Campos, entonces firmante del acuerdo como funcionaria y delegada de CSIF. Y obviamente todo el personal laboral y funcionario de este ayuntamiento madrileño de 50.000 habitantes.

La sentencia, de momento, no entra en los importes a devolver ni en cómo se debe hacer. "En cuanto a la pretensión relativa a la devolución de los ingresos indebidos, genéricamente planteada además en autos, no procede mayor pronunciamiento en este momento, debiendo sustanciarse en su caso y en concreto con el incidente de ejecución que puede nuevamente plantearse en este proceso, debiendo aquí únicamente recogerse que la anulación del incremento retributivo para el ejercicio 2008, en lo que exceda el límite legal presupuestario, habrá de conllevar los efectos procedentes de toda índole".

Según un portavoz municipal, "los efectos de esta sentencia, si los hubiere, se debatirán en el trámite de ejecución por parte del juez, como se indica en el escrito". Además, el consistorio señala que "la ejecución de la misma solo tiene efectos meramente declarativos, pero no reales en los trabajadores, que no son los culpables de la nefasta gestión del anterior alcalde, Arturo González Panero".

 En cualquier caso, matizan, "si ha de tener alguna consecuencia económica, porque así lo dictamine la Justicia, se luchará porque recaiga en el responsable, González Panero, que fue quien ocasionó el daño tanto a los vecinos como a los trabajadores, y se estudiará, llegado el caso, cómo debe asumir económicamente el perjuicio causado tanto al erario público como ahora a los funcionarios".

Alternativa por Boadilla (APB), el grupo municipal que denunció la subida, no piensa igual. "El ayuntamiento tiene dos meses para ejecutar la sentencia. Si no lo hace, pediremos la ejecución de la misma", señala su portavoz, el concejal Ángel Galindo, abogado del denunciante que originó el caso Gürtel. ¿Cómo se reintegrará el dinero? "La subida se aprobó en 2008. 

Esa legislatura finalizó en 2011. El ayuntamiento tiene que reclamar a los exconcejales y excargos de confianza [ver listado] que estuvieron esos tres años la subida ilegal que disfrutaron. Calcularla en cada caso y reclamársela", explica Galindo. Panero, por su parte, solo disfrutó un año de la subida ya que en 2009 el PP le apartó del cargo tras ser imputado en el caso Gürtel.

Luego está el capítulo de los funcionarios y personal laboral. La gran mayoría sigue en su puesto desde la subida de 2008. La han disfrutado todos estos años. "El ayuntamiento debe hacer lo mismo. Calcular cada caso y descontar de sus futuras nóminas la deuda de cada trabajador, que incluye los intereses", señalan desde APB.  

En total, este grupo municipal calcula unos 3,8 millones de euros. "Nosotros calculamos unos 9.000 euros de media de devolución por funcionario. Hasta la interventora y la secretaria que informaron favorablemente a la subida que la Justicia ha dicho que es ilegal tienen que devolver", asegura Galindo.

Según la sentencia del TSJM, el equipo municipal entonces dirigido por el Albondiguilla aprobó en mayo de 2008 una subida salarial para todos los funcionarios del 5,2%, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado limitaba el incremento al 3%. En el caso de los altos cargos y concejales, el incremento fue más generoso, llegando al 23,9%. 

El TSJM obligaba a funcionarios, cargos de confianza y concejales a devolver la diferencia entre el 3% de subida legal y la que realmente tuvieron sus salarios. Elena Cerezo, por ejemplo, pasó de cobrar 45.053 euros a 55.727 euros, un incremento del 23,69%.

 El ayuntamiento, que intentó tumbar la sentencia, cree que esta tiene muchos interrogantes sobre su aplicación porque el presupuesto de 2008 fue superado por los siguientes presupuestos durante la legislatura de Arturo González Panero y estos nunca fueron impugnados. "El problema es que los gastos se han realizado a través de unos actos que no han sido reclamados y han sido consentidos, incluso por el denunciante. 

El ayuntamiento quiere cumplir la legalidad, la cuestión ahora es cómo, algo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia. Nuestra postura en todo momento ha sido siempre en esta cuestión salvaguardar los intereses de los trabajadores y de los vecinos, que no tienen por qué pagar los platos rotos de anteriores gestores"."                          (David Fernández, El Confidencial, 08/01/18)

13.9.13

El precio de la corrupción: 40.000 millones al año

"Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC) cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España, fenómeno que según ese informe tiene una dimensión "mucho mayor" que la que reflejan las estadísticas oficiales.

Este estudio, publicado en varias revistas internacionales especializadas en las ciencias sociales y la economía aplicada, ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides).
 
El trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, según ha explicado hoy en un comunicado la Ulpgc.

Con esta nueva metodología "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".

Para ello, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.

Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008). (...)

Las mediciones del nivel de corrupción existentes hasta ahora se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, explican.

Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga."                  (Público, 29/07/2013)

25.2.12

La corrupción en Italia mueve 60.000 millones de euros al año



"La corrupción en Italia alcanza el astronómico nivel de 60.000 millones de euros anuales, según se desprende de un informe difundido este viernes por el Tribunal de Cuentas del país transalpino.

“Las acciones ilícitas, la corrupción y el abuso de poder siguen estando muy presentes en nuestro país. Sus niveles son mucho mayores de lo que se logra detectar”, señaló el presidente de la entidad, Luigi Giampaolino.

A pesar de que la corrupción asciende a 60.000 millones de euros al año, en 2011 se dictaron sentencias en los casos por un total de sólo 75,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas italiano también refiere los datos de la Comisión Europea según los que Italia acapara la mitad de los casos de corrupción entre los Veintisiete, mientras que el 50% restante corresponde a los demás países comunitarios.

En este sentido, la prensa italiana destaca que 20 años después del inicio de la famosa operación anticorrupción bautizada “Manos limpias”, la situación se mantiene muy grave.

La operación “Manos limpias” consistió en un conjunto de actuaciones policiales y procesos judiciales llevadas a cabo entre 1992 y 1993 y tuvo por objetivo acabar con la influencia de la mafia entre las fuerzas de la ley e instituciones públicas. El promotor y coordinador de la operación fue Antonio Di Pietro, ex magistrado y abogado que actualmente lidera el partido Italia de los Valores."                (Jaque al neoliberalismo, 18/02/2012)

6.9.11

Roca reconoce en el juicio por 'Malaya' que compró billetes de lotería premiados

"El juicio por el caso Malaya se ha reanudado hoy con una sorpresa. Sobre las 13.30 y después de asegurar que su colección de arte no es tan valiosa como la Policía cree,Juan Antonio Roca, máximo imputado en la trama de corrupción, ha reconocido que compró billetes de lotería premiados por 646.000 euros para no pagar impuestos.

El ex asesor marbellí ha exculpado a su mujer (María Rosa Jimeno), su hija (María Roca) y su cuñado, también procesados en un juicio que se inició el pasado 27 de septiembre y tiene 95 imputados.

Según su versión, los adquirió para no pagar impuestos de un "dinero en caja" que tenía en su casa, y de 198.000 euros que recibió en b por la venta de una casa de su mujer." (El País, 05/09/2011)

16.6.10

Aguirre forzó las valoraciones para dar las TDT a sus afines

"La Comunidad de Madrid adjudicó hace cinco años 30 canales de televisión digital de ámbito local a la Iglesia católica y a grupos de comunicación afines al PP. Para calificar las diferentes candidaturas, la Mesa de Contratación utilizó 10 criterios (con una puntuación máxima de 10 puntos cada uno). Valoró la pluralidad de la oferta informativa, la viabilidad económica de los proyectos, la creación de empleo o la contribución al desarrollo tecnológico de la Comunidad. Y utilizó una doble vara de medir. Penalizó a empresas como Localia (del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) o Uniprex-Onda Cero (del grupo Antena 3). Los socialistas de la Asamblea de Madrid han obtenido el desglose de las calificaciones, que pidieron durante años.

Según ese desglose, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (del PP) dio la misma nota en "pluralidad informativa" a estas dos empresas, vinculadas a grupos de comunicación, y a otras dedicadas a la medicina naturista o a la televenta de cuchillos multiusos. Según la Comunidad, la candidatura más plural era Libertad Digital, liderada por el ex locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos, que obtuvo ocho puntos. Uno menos mereció el canal de televisión del arzobispado de Madrid, Intereconomía o Kiss TV, una oferta musical monotemática.

En 2008, tres años después de las adjudicaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las concesiones porque la Mesa de Contratación no había ponderado los criterios exigidos conforme al pliego de bases del concurso. Y dio un mes de plazo para que le fuera remitida la puntuación. Pero no hubo cambios en las concesiones. El Gobierno regional remitió al juez las calificaciones, perfectamente cuadradas para que ganaran los mismos. Y en 2009, clonó el reparto de 2005.

Para ajustar ambas concesiones, los técnicos puntuaron los 10 criterios en juego de manera que en cada una de las 10 demarcaciones en las que se dividió el mapa de la Comunidad ganaran los mismos. Así, la empresa liderada por el productor cinematográfico y presidente del Atlético, Enrique Cerezo, venció en las 10 plazas, la Iglesia católica recibió cinco (una para el arzobispado de Madrid y cuatro para la Cope), Federico Jiménez Losantos ganó cuatro frecuencias, las mismas que Uniprex-Onda Cero. El empresario José Frade recibió tres, y Blas Herrero, dos, mientras que Intereconomía y El Mundo tuvieron una cada uno. Localia no recibió ninguna. En Madrid quedó en octavo puesto, lo justo para quedarse fuera, ya que en esa demarcación se distribuyeron siete licencias.

La baremación de Madrid capital pone de manifiesto la arbitrariedad del Gobierno de Aguirre a la hora de puntuar las 27 ofertas. El primero de los criterios utilizado es revelador. En el apartado de "pluralidad de la oferta informativa", la nota más alta (un ocho) se la lleva Libertad Digital porque garantiza "los valores democráticos y éticos" mediante un código de autorregulación y un defensor del espectador, tiene "una parrilla muy completa y variada" y hace especial hincapié "en colectivos desfavorecidos". De Unedisa (editora de El Mundo), se destacan los valores "democráticos y éticos" y las "variantes valorables para la pluralidad informativa y participativa". Total: siete puntos. Y de la candidatura del arzobispado se subraya su "valorable línea editorial", que equivale a otros siete puntos. En este apartado, se penaliza especialmente a Localia y a Uniprex. De ambos grupos se dice que adolecen de "las variantes diferenciales exigibles a este tipo de concesionarios por pretender ocupar un segmento del que ya dispone sin aportar un plus de novedad". Y les otorga tres puntos.

Los mismos que mereció European Home Shopping, un canal dedicado al comercio electrónico y la televenta, y eso que presentaba "escasez de compromiso, de pluralidad y principios éticos". Idéntica calificación (tres puntos) obtuvo la fundación Golden Clover, gestionada por un ciudadano asiático, que apostaba por un canal dedicado a la medicina naturista, y todo pese a que "carece de plan de informativos" y manifiesta "desorientación con respecto al concurso público". Y tres puntos recibió un particular, Pedro José Rodríguez Iglesias, que presentaba una "discreta mención genérica, sin sustancia programática". De Canal 47 se dice: "No desglosa ni detalla. Solo generalidades superpuestas. Imposible de analizar con detenimiento. No admisible tal presentación". Ante juicios tan negativos, soprende que reciba cuatro puntos, más que Localia o Uniprex. Otro tanto ocurre con Intercontinental Multimedia Network, que hace una "mera referencia a los valores constitucionales" y merece una "reprochable directividad en la programación informativa" y "poca credibilidad derivada del expositivo en cuanto a la televisión analógica". Pero esta catarata de descalificativos logró cuatro puntos, los mismos que Televisión Independiente de Madrid SA, cuya oferta pecaba de "inconcreción exagerada" y "poca credibilidad". Mejor nota tuvo Vetonia Televisión, cinco puntos en pluralidad pese a que alguno de sus aspectos "invade terrenos de índole política no admisibles para este tipo de televisiones".

Los técnicos repiten casi literalmente los comentarios sobre los candidatos en las distintas demarcaciones. Pero no siempre dan la misma nota. Por ejemplo: Uniprex recibió en Madrid siete puntos en el criterio 5, sobre calidad y pluralidad de los contenidos. Esta es la justificación: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. Apuesta por la programación infantil". Al tasar la oferta de Alcobendas, se anota: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. La apuesta por la programación infantil es muy destacable". Pero en este caso, el comentario, casi idéntico, se salda con ocho puntos." (El País, ed. Galicia, , /06/2010, p. )

18.1.10

Imputado por cohecho el jefe de seguridad de los juzgados coruñeses. El capitán de la Guardia Civil, implicado en un millonario fraude fiscal

"El mando del instituto armado figuraba, junto a un inspector de Hacienda en excedencia, entre la docena de personas imputadas desde hace un año por esta trama. Pero fue exculpado el pasado verano. Ahora Teijeiro deberá comparecer de nuevo ante la Justicia para responder de la acusación de soborno. La Sala Sexta de la Audiencia reprocha a la juez de Padrón que sobreseyese la imputación contra Teijeiro sin hacer la más mínima averiguación para comprobar unas acusaciones que aparecen reiteradas en el sumario, tanto en declaraciones orales como en pruebas escritas.

El capitán de la Guardia Civil fue involucrado en esta trama por Serafín Montenegro González, el detonante del caso y uno de los tres socios del grupo conformado por las empresas Transportes y Grúas Estación, Talleres y Grúas Estación así como Servicios Estación. También imputado en la causa judicial que él mismo originó con una extensa denuncia, Montenegro sostiene que Teijeiro trabajaba y cobraba desde hace 15 años del grupo empresarial ahora bajo sospecha, realizando tareas de gerente; manejaba dinero negro; manipulaba tacógrafos de sus camiones e incluso les facilitaba información para eludir controles de Tráfico cuando carecían de permisos de transportes en regla. El mando de la Guardia Civil también es acusado de "realizar funciones de traslado de dinero o escolta para la empresa" de Padrón. Un empleado de Grúas Estación corroboró en su declaración como testigo ante la juez estas denuncias. Según el informe pericial que figura en el sumario, el grupo de empresas emitía facturas falsas para camuflar compras inexistentes de combustible y manipular así los balances de la compañía.

"La implicación de Teijeiro en la sociedad tiene aparente refrendo objetivo", advierte la Audiencia, dado que aparece citado en "dos apuntes manuscritos" del libro de la supuesta contabilidad b entregado en el juzgado como prueba del dinero en negro que manejaba un grupo empresarial con una facturación anual superior a 24 millones de euros. En esos apuntes, se alude al capitán de la Guardia Civil "en relación con el pago de nóminas por cifras millonarias", subraya la Sección Sexta del tribunal provincial. Los magistrados critican que Teijeiro "incomprensiblemente no fue interrogado sobre estos documentos incriminatorios, ni le fueron exhibidos, ni tampoco se le dedica el más mínimo análisis" en las resoluciones de la juez instructora del caso." (El País, ed. Galicia, Galicia, 16/01/2010, p. 1/2)

23.12.09

Los socialistas denuncian al juez la financiación ilegal del PP valenciano



"El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.(...)

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros". El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios".

Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.

La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido. En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario (veáse gráfico).

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones." (El País, ed. Galicia, 10/11/2009, p. 14)

5.11.09

Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

"El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.

- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.

Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.

- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.

- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura." (El País, ed. Galicia, España, 31/10/2009, p. 11)

2.11.09

La trama de Berlusconi

"Donald David Mills Mackenzie no es sólo un buen abogado. Es un tipo fiel. Conoce todos los paraísos fiscales del planeta y se mueve como pez en el agua en el líquido submundo de los fondos de inversión, las sociedades interpuestas, las cajas chinas, los testaferros gibraltareños y las operaciones ilegales. Una vez dijo la verdad, y eso le condenó. Fue en una carta escrita en 2004 a su asesor fiscal, Bob Drennan. Mills le contó que había recibido 600.000 dólares de Silvio Berlusconi por testificar a su favor en dos procesos judiciales. La carta estaba encabezada con un informal "dear Bob", y en ella Mills decía: "Todos sabían que mi testimonio (no he mentido pero he superado curvas peligrosas, por usar un eufemismo) salvó a Mr B. de un mar de problemas en el cual se habría ahogado si yo hubiese dicho todo lo que sabía. En 1999 me dijeron que recibiría el dinero. Los 600.000 dólares fueron ingresados en un hedge fund. A mi disposición". (...)

La juez demostró que Mills recibió el soborno de Berlusconi y que, en combinación con los abogados de éste, los hizo pasar como una parte de la ingente masa de 10 millones de dólares pertenecientes al armador Diego Attanasio; los centrifugó después a través de cuentas en Londres, Suiza, Gibraltar y otros lugares, por medio de numerosas operaciones e inversiones de acciones, hasta ponerlos a su disposición, el 29 de febrero de 2000, convertidos en 2.802 unidades del fondo Torrey Global Offsgor Fund por un valor nominal de 600.000 dólares.

La jueza, presidenta de la sección décima del Tribunal Penal de Milán, razonó su sentencia en un texto de 400 páginas. Su relato revela una minuciosidad casi enfermiza, y es a la vez un ejemplo de escritura sobria y de ahínco investigador. Contiene elementos de novela negra y fragmentos dignos del mejor periodismo de precisión, sin ahorrar reflexiones filosóficas y guiños humorísticos. La sensación que deja su lectura es que Berlusconi tenía muy buenas razones para forzar a su mayoría parlamentaria y al presidente de la República a firmar su escudo salva-procesos. Ahora, Berlusconi será juzgado por un nuevo colegio judicial, pero el proceso deberá empezar de cero, con lo cual, aunque fuera condenado, muy probablemente el delito de soborno habrá prescrito.

"Lo más impresionante de la sentencia es que lejos de basarse en declaraciones, se basa en hechos", explica el periodista Peter Gomez. "Hay documentos internos de Fininvest firmados por directivos del grupo que evidencian la absoluta irregularidad de los balances extranjeros y demuestran que Berlusconi robaba dinero de las compraventas de derechos televisivos para metérselo en el bolsillo y ponerlo en cuentas secretas que pertenecían a sociedades off shore de su propiedad".

Mills fue el arma trascendental de ese presunto robo. Según los jueces, él fue el arquitecto de Fininvest B, la estructura paralela de Fininvest, una gigantesca caja oculta asentada en paraísos fiscales a través de 64 sociedades distintas, opacas y ficticias. Un armario oscuro y lleno de cajas chinas encubiertas por Mills, al que la jueza Gandus retrata como un sofisticado trilero capaz de esconder el dinero en cualquier garito lejano, ora las islas Caimán, ora Gibraltar, Suiza o Liechtenstein.

Cerca de la mitad de los 400 folios detallan la contabilidad paralela que Mills creó para Berlusconi, sus hijos Marina y Piersilvio y el grupo Fininvest. La otra mitad sigue el "tortuoso recorrido" de los 600.000 dólares del soborno a través de decenas de transferencias a cuentas numeradas.

La relación entre Mills y Fininvest se inició, según la sentencia, hacia 1981. El abogado Berruti, un empleado de Berlusconi, pidió asistencia a Mills sobre la doble imposición de derechos cinematográficos; enseguida, Mills empezó a crear sociedades, en Reino Unido y las islas del Canal y las islas Vírgenes, siempre en contacto con otros directivos de Fininvest. "Una vez constituidas, esas sociedades eran controladas por fiduciarios, formalmente responsables, pero a menudo pasivos", explica Gandus. Mills creó al menos "entre 30 y 50 empresas" a nombre del grupo de Berlusconi, y en la contabilidad de CMM las agrupó en una lista A y una lista B." (El País, Domingo, 11/10/2009, p. 10/1)

26.10.09

Una fórmula de la corrupción

"Un experto en la materia propuso hace años esta ecuación para definir la propensión a la corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas. No es casual que la corrupción tienda a florecer en los periodos o territorios en que la oposición está muy debilitada frente a Gobiernos con mayoría absoluta. El poder ciega y el poder absoluto ciega absolutamente." (PATXO UNZUETA: Los escándalos que afectan al PP. Poder público, fines privados. El País, ed. Galicia, España, 15/10/2009, p. 12 )

La Xunta de Fraga infló un contrato con la promotora de la sede del PP. El destinatario del millón de euros fue el promotor que construía esa sede

"Oficialmente, todo se debió a una simple "corrección de errores". Pero esos errores le costaron al erario público un millón de euros, al elevar el precio de la sede de una fundación de la Consellería de Sanidade de 2,07 millones a 3,07 millones de euros. Corría el año 2003, el mismo en que el PP de Galicia, entonces al frente de la Xunta, se hacía con su actual sede de San Lázaro, ubicada en el mismo edificio que la fundación de Sanidade. Las coincidencias no acaban ahí, ya que el promotor inmobiliario que se benefició de la corrección de los "errores" es el mismo que construyó el local del PP. El valor de escritura de la sede de los populares se corresponde con el sobreprecio abonado a la promotora.

En el plazo de 18 días, los representantes de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que depende de Sanidade, y de la inmobiliaria tuvieron que presentarse dos veces ante notario. La primera, para elevar a público un contrato privado mixto, de venta y alquiler con opción de compra, de acuerdo con unas condiciones supervisadas por el patronato de la fundación. Eso fue el 13 de marzo de 2003. El 31 del mismo mes, volvieron a la notaría para dar cuenta de varias incorrecciones. Se eliminó así, y sin dar cuenta al patronato, la exención de materializar abono alguno para ejercer la opción de compra. La operación se encarecía en 1.004.004 euros.

La sociedad vendedora mejoró así sustancialmente unas condiciones de venta que originalmente ya le eran muy favorables. Según un informe de la consultora Tinsa, el valor de tasación del inmueble a fecha de marzo de 2003 era de 1.756.800 euros, esto es, un 53% menos de lo finalmente acordado. La sede fue comprada por 3.073.879 euros sobre plano y sin acondicionar.

Entre una y otra visita al notario, el entonces director de la fundación, Javier Bouzada, eludió someter al criterio del patronato las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento y opción de compra, a pesar de que encarecían la operación en un 50%. Las correcciones afectaban de un lado a cálculos menores. Pero venían acompañadas de una carga de profundidad: la eliminación literal de dos párrafos, en los que se establecía que las cantidades ingresadas como alquiler eximían a la Fegas de realizar "el abono de cantidad alguna" en el momento de ejercer la opción de compra." (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/10/2009, p. 1/2)

29.9.09

Hombres de confianza de Camps dirigieron y ampararon la financiación ilegal del PP

"La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP. (...)

El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos.

- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana".

- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA).

En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".

- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". (El País, ed. Galicia, españa, 25/09/2009, p. 10)

3.9.09

El director de Deportes repartió millones en subvenciones irregulares (de la Xunta de Galicia)

"Es el caso de las ayudas a federaciones y clubes deportivos. La auditoría constata que se trata de un espacio de la Administración caracterizado por el descontrol, con un sistema de ayudas "no conforme a derecho" que "no salvaguardó la integridad de los fondos públicos".

El estudio abarca buena parte de la última legislatura de la Xunta de Manuel Fraga, entre los años 2002 y 2005, con ayudas que superaron los 32,5 millones de euros. Al frente de Deportes estuvo inicialmente Eduardo Lamas y, desde mayo de 2003, José Ramón Lete Lasa, que trabajaba a las órdenes de Pilar Rojo, entonces conselleira de Familia e Deporte. Lete Lasa ha sido recuperado para el cargo por el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como secretario general y en el departamento del propio presidente.

Su gestión de las ayudas públicas no pudo ser más desafortunada, según se desprende del informe. A pesar de que las federaciones actuaron como entidades colaboradoras, "no se estableció un régimen de derechos y obligaciones aplicables", denuncia Contas, que añade: "Se les atribuyó el manejo, control y gestión de fondos públicos sin mediar la exigencia de acreditar los requisitos de eficacia y solvencia". Revela por ejemplo que no se establecieron los plazos ni la forma en que las federaciones debían efectuar los pagos a los clubes, el tipo de justificación que debían exigirles ni que rindiesen cuentas a la Administración. (...)

El importe de las ayudas que carecen de factura, esto es, las libradas en 2002 y 2003, asciende a 14,9 millones de euros." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/07/2009, p. 1)

"El Consello de Contas denuncia la "satisfacción generalizada de remuneraciones de forma encubierta". Se hacía mediante el recurso de las ayudas de coste o de locomoción, "que no figuran debidamente acreditadas". (...)

Destaca el caso de la Federación de Fútbol, la que más ayudas recibió: casi tres millones de euros en esos cuatro años. Ni uno sólo estuvo adecuadamente justificado. Pero las subvenciones recibidas superan esos tres millones, ya que Contas sólo incluyó en su estudio las destinadas a clubes."(El País, ed. Galicia, Gaslicia, 30/07/2009, p. 2)

17.7.09

Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo

"Los trucos de la Generalitat y El Bigotes. Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo - La trama corrupta cobraba por distintos conceptos de un mismo acto.

El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.

El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.


Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.

En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía. (...)

Una comida de 150.000 euros

El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria. (...)

Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto ala feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros." (El País, ed. Galicia, españa, 11/07/2009, p. 16)

6.11.08

Retrato de una cacique, Carlos Fabra, el de Castellón

"Su vocación política viene de familia. Es el quinto en la línea de sucesión de una dinastía de presidentes de Diputación y alcaldes. Lo fueron, desde Victorino Fabra Gil (que ocupó dicho cargo entre 1874 y 1892) hasta su padre, Carlos. Padre, abuelo, bisabuelo y tío-tatarabuelo, la familia Fabra está emparentada con el poder. La estirpe no se ha interrumpido: su hija Andrea (38 años) consiguió su acta de diputada del Partido Popular en las pasadas elecciones generales como número dos en las listas por Castellón, tras el ex ministro Juan Costa. (...)

Su clientelismo se ha fraguado a lo largo de un sistema de concesión de pequeños favores y de un conocimiento muy preciso del ordenamiento territorial de Castellón, plagado de pequeños municipios donde sólo ocho ciudades superan los 20.000 habitantes (88 pueblos tienen menos de mil). "Su padre, a quien también llamaban Don Carlos, hizo parte del trabajo durante los últimos años del franquismo. Por entonces, era usual que todo pequeño alcalde se desplazara a la capital a pedir un favor de Don Carlos. Era el paso necesario para solucionar pequeños problemas", dice un ex alcalde. (...)

Los pequeños favores han llegado a extremos muy personales, desde un puesto de trabajo (entre sus 35 asesores en la Diputación hay ex alcaldes, primos, hijos, hermanos de cargos de la provincia, sin considerar empleos en sociedades públicas, patronatos y concesiones) hasta una subvención, pasando por un trato exquisito en el Hospital Provincial, dependiente de la Diputación. "Mi madre se encontraba muy enferma y llamé a Don Carlos. Me dijo que no me preocupara y a los dos días estaba ingresada en una habitación para ella sola", cuenta una ciudadana. "Ése es el tipo de favor menor que angustia mucho a la familia y produce una enorme gratitud", explica un político de la oposición.Carlos Fabra se convierte así en el Gran Conseguidor que todo lo puede: el pequeño favor para el modesto ciudadano y la recalificación multimillonaria para el empresario, el puesto de trabajo por un lado y un aeropuerto para Castellón por el otro. (...)

Fabra ha tenido la habilidad de adaptar este sistema clientelar a la política actual para conseguir actuar como un cacique dentro de un sistema democrático de partidos. Ése ha sido su éxito hasta el momento y quizá el origen de su declive. Dotado de don de gentes, de una extraordinaria memoria y de una capacidad de trabajo sobresaliente, ha tejido una red impenetrable en Castellón que no escapa a su dominio y que envuelve al propio Partido Popular. Todos cuantos intentos hicieron tanto Eduardo Zaplana como, actualmente, Francisco Camps para infiltrar gente afín en cargos de la provincia han fracasado, de manera que Fabra se ha convertido en elemento decisivo para inclinar cualquier balanza en la lucha por el poder en la Generalitat valenciana. (...)

Durante 1999 se registran en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 euros cuya procedencia Fabra no pudo justificar ante la Agencia Tributaria, por lo que el organismo presentó contra él una denuncia por delito fiscal. Los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como autorizado. Con la declaración de la renta que presentó a Hacienda en 1999, el erario público le devolvió cerca de 3.000 euros. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 euros como ingresos del ejercicio.

Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. Fabra pagó un total de 131.000 euros como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 euros, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos. Además, la documentación que la policía judicial y los peritos han recopilado en los bancos durante los últimos días desvela la existencia, entre 1999 y 2004, de seis millones de euros sin justificar.

El caso tiene su origen en un asunto donde se mezclan las relaciones personales y el sistema de favores. Diríase que el Gran Conseguidor fue traicionado. Vicente Vilar y su esposa, Monserrat Vives, formaban parte del círculo privado de Fabra. Las respectivas mujeres llegaron a ser socias en la mercantil Artemis 2000. Vilar tenía una empresa de productos fitosanitarios, Naranjax, y le pidió a Fabra que acelerara la concesión de autorizaciones para su distribución a través de sus amistades en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante el Gobierno de Aznar. Los documentos que forman parte de la instrucción demuestran cómo no sólo Carlos Fabra, sino más diputados y senadores populares, se interesaron por la situación en la que se encontraban las autorizaciones de Vilar. Presuntamente, Vilar pagó algunas cantidades a Fabra por dichos favores.

El "negocio" se rompió a causa de las desavenencias conyugales de la pareja Vilar. Su mujer le denunció por violación y Fabra la apoyó. La venganza de Vilar se convirtió en una denuncia: llevó documentos al juzgado y contó detalles de las gestiones realizadas. El caso sigue abierto desde entonces y ha colocado a Fabra ante la opinión pública española. (El País, Domingo, 05/10/2008, págs. 2 a 5)

24.10.08

La industria espía a los troskistas

"Trotskistas espiados.

La Inspección General de la Policía Francesa, encargada de los asuntos internos de las fuerzas de seguridad, detuvo a siete agentes y otras cuatro personas acusadas de espiar a Olivier Besancenot, portavoz y candidato electoral de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y líder del Partido Anticapitalista, en formación. La redada confirma las informaciones publicadas, no por el órgano de información de los trotskistas, sino por el semanario L'Express.
Según los documentos a los que este medio tuvo acceso en mayo, los pasos de Besancenot, su compañera y sus hijos habrían sido espiados por iniciativa de la sociedad SMP Technologies, que distribuye un tipo de pistola eléctrica con la que se ha equipado recientemente a la policía francesa. Besancenot se opuso a la adquisición de este arma y, de ahí, presuntamente, el espionaje encargado por SMP Tecnologies.
Según sospecha la prensa francesa, la implicación de estos policías podría indicar que la adquisición de las pistolas eléctricas Taser se realizara gracias al pago de comisiones. (...)

Es conocido que antiguos trotskistas coparon puestos clave de la Administración de Bush, encabezados por aquel Wolfowitz que fue número dos del Pentágono. Si en Francia hubieran tenido esa misma inclinación y llegado tan alto como allí, los espías de Besancenot podrían no ser otros que sus antiguos camaradas. Pero Francia no es EE UU." (El País, ed. Galicia, Opinión, 21/10/2008, p. 28)

14.4.08

La inmobiliaria del narco no tiene crisis

“La 'coca' no teme la crisis. Un narcotraficante había acumulado en Madrid un vasto patrimonio inmobiliario, pagado en metálico y en el acto.

Hay un sector inmobiliario que difícilmente temerá el encarecimiento de los créditos o el desplome del precio de la vivienda: el dominado por el narcotráfico. Necesita imperiosamente invertir para blanquear el beneficio económico de la droga. No hay pérdida posible porque su dinero nunca debió existir. Es fruto del delito. (…)

Micharet sería una más de las miles de inmobiliarias que operan en España de no ser por el hecho de que ha servido de tapadera para la compra de un verdadero imperio con un dinero y un activo que nunca figurara en sus cuentas. El dinero procede de un personaje que, oficialmente, no figura en ella: Luis Moreno Jimena, preso desde octubre pasado por narcotráfico. (…)

Con el apoyo del juzgado número uno de Arganda, empezaron a desenredar el ovillo. Patearon distintas localidades de la zona de Arganda hasta que dieron con el chalé. Interrogaron a los propietarios de las fincas sospechosas, pidieron ayudas a oficinas de notaría... Y descubrieron un vasto imperio inmobiliario que no estaba registrado a nombre del narcotraficante y, sin embargo, lo había adquirido con el dinero de la droga.

En su mayoría, no existía escritura de tales compras, y, por tanto, no estaban registradas a su nombre. Al contrario que la mayoría de los ciudadanos, no mostraba ninguna prisa en oficializar tales compras. Sólo existían meros contratos privados de compras de fincas con poderosas sumas en efectivo. (…)

La investigación acreditó que en poco más de dos años se había hecho con un patrimonio inmobiliario valorado en nueve millones de euros. Esta cifra podría multiplicarse ya que los investigadores sospechan que buena parte de estas fincas podrían estar pendientes de recalificación. La Comisaría General de Policía Judicial tiene claro que el patrimonio es el punto más vulnerable del narcotraficante: una requisa de droga, la supera fácilmente. Pero si le privas de sus beneficios, le has hundido.

El chalecito del capo

Sólo el chalé del capo, de 420 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados, le costó casi un millón de euros. Su detención frustró varias operaciones inmobiliarias que tenía en marcha. La investigación hizo aflorar una red de testaferros que salpicaba a sus familiares más cercanos y movía media docena de empresas, financiadas con créditos con cargo a su botín. Algunas de las fincas eran integradas en sus empresas como aportaciones de capital por sus testaferros. En total, poseía 70.000 metros cuadrados de suelo rústico en Mejorada del Campo (Madrid) en la zona denominada Raya de la Velilla; una nave industrial, dos pisos, tres solares urbanizables en altura, cuatro viviendas unifamiliares en parcela individual y, como guinda, cuatro coches de lujo, incluido un Ferrari. Buen patrimonio para un industrial de maquinaria cuyas empresas presentaba como insolventes.” (El País, ed. Galicia, España, 09/04/2008, p. 25)

21.2.08

Fundaciones que son paraísos fiscales, y además caritativas ¡Quién da más!

Liechtenstein se enfrenta a Alemania por el escándalo fiscal. El Principado denuncia que se ha producido un ataque a su soberanía (…)

Acusó Von Liechtenstein en tono marcial a los alemanes de saltarse el derecho internacional. Al mismo tiempo, el Principado contraataca nombrando al supuesto ladrón de datos que vendió el famoso DVD a Alemania.

… el embajador de Liechtenstein en Alemania, Stefan von und zu Liechtenstein, aseguraba ayer que "todos los servicios financieros que ofrece pueden usarse de manera legal". O no. La creación de fundaciones en Liechtenstein no está sujeta a controles oficiales. Un extranjero puede montar una fundación en un par de días y poner dinero en sus cuentas para esconderlo del fisco de su país. En Liechtenstein sale casi gratis.” (El País, ed. Galicia, Economía, 20/02/2008, p. 31)

15.2.08

¿Pero alguien ha visto un billete de 500 euros?

“El 70% de las operaciones con billetes de 500 son sospechosas de fraude.

En total, Hacienda dispone de información sobre casi 12.000 operaciones en las que se emplearon más de 1.000 billetes de 500 euros. La cuantía mínima de cada transacción asciende, por tanto, a 500.000 euros y los movimientos corresponden más a empresas, principalmente del sector inmobiliario, que a particulares. Las zonas del país con mayor dinamismo económico (arco mediterráneo y Madrid) acaparan casi todas las transacciones (por ejemplo, retiradas o ingresos de esas cantidades con dinero en efectivo). La mayoría de las analizados (6.100) se produjo el año 2004 y "un porcentaje importante" responde a un esquema fraudulento, según un portavoz de la Hacienda.” (El País, ed. Galicia, Economía, 14/02/2008, p. 27)