Baltasar Garzón: "Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político a PP y Vox"

 "Baltasar Garzón (Jaén, 1955) asegura que el fascismo tiene muchos disfraces y ese es, precisamente, el nombre que ha elegido para titular su nuevo libro, editado por Planeta. Un fascismo presente en el mundo judicial, del que él procede. "Se ven comportamientos fascistas y autoritarios que tendrían que superarse", explica en entrevista con infoLibre. Garzón lo atribuye a la herencia franquista que, a su juicio, no ha desaparecido de la cúpula judicial.

 "No hubo un antes y un después y todavía se nota en algunos aspectos", ahonda. Pero el juez también identifica estos disfraces en otros ámbitos como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. "Se trata de grupos violentos que tratan de imponer su criterio a la fuerza y que para ello se valen de todas las armas, llegando a financiar campañas electorales para controlar un país", expone.

Garzón fue el primer condenado del caso Gürtel. Investigar la mayor trama de corrupción política conocida hasta la fecha le costó la toga. El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó 11 años por prevaricación, un plazo que ya ha cumplido. "Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas", asegura. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha respondido a su requerimiento. "Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión", lamenta.(...)

¿Se siente más libre ahora que cuando ejercía como juez?

Sí, por razones obvias, porque al ejercer como juez tienes unos límites que no puedes traspasar y tocar. Aun hoy, cuando me preguntan sobre hechos concretos, no me puedo pronunciar más allá de lo que es conocido. Le puedo dar un sesgo, una impresión, pero no puedo desvelar hechos internos de la instrucción. Yo siempre lo he entendido así, siempre he sido muy respetuoso, por eso tampoco entiendo las dinámicas de hoy día cuando veo que los procesos judiciales se debaten en los medios de comunicación y no de una forma sosegada y profunda. Eso me ha preocupado siempre.

Y, aun así, tiene ganas de volver a ejercer tras la condena a once años de inhabilitación....

El año pasado, el 25 de agosto, llegó la notificación del dictamen de Naciones Unidas, que dictó una resolución por unanimidad en la que se establece que mi procedimiento fue arbitrario, que no hubo todos los mecanismos de defensa, que se cercenaron derechos fundamentales y que se me debería de reparar. Se establecía también la falta de previsibilidad de la sentencia, en el sentido de que me condenaron por un delito que todavía no sé bien cuál fue. Sí, el cajón desastre es prevaricación, pero me gustarían explicaciones concretas más allá de palabras grandilocuentes, que son contrastadas por el comité. Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas. Estoy a la espera de que se cumpla ese dictamen, ya lo he solicitado, pero no ha sido atendido de momento. Ya han pasado nueve meses desde el dictamen y me temo que tendré que volver a andar el camino judicial correspondiente. El Estado es, a veces, renuente cuando se trata de cumplir con los derechos de los ciudadanos y atiende quizá más a las estructuras institucionales y, utilizando una expresión muy castiza, a nadar y guardar la ropa.

En el libro hace alusión a su condena y expresa que el daño es irreparable, por el desprestigio que le han causado.

Son once años de inhabilitación, once años de imposibilidad de ejercer la profesión por la que luché, por la que estudié, a la que me dediqué con vocación, con ganas, con las mismas que puedo tener ahora, en defensa de la sociedad dándolo todo. Lo di todo, como doy por hecho que debería hacerse siempre. Ocurrió esto y no voy a quejarme ni a decir qué he hecho yo para merecer esto. Ocurre y punto. Hay que seguir hacia delante, tomar impulso y continuar. Al final se me da la razón y nadie me va a devolver esos once años. Ni a mí ni a los ciudadanos, que tenían derecho al juez predeterminado por la ley. Yo no manifesté mi voluntad de irme, otra cosa es que hubiera tomado la decisión de cambiar o marcharme. Es difícil la reparación, pero bienvenida aunque sea simplemente moral, aunque sea por la satisfacción de las personas que me rodean y me quieren y que, de alguna forma, se han visto resarcidas porque a nivel internacional se diga que no se actuó bien ante el juez que estaba investigando la corrupción.

¿Por qué cree que el Gobierno todavía no le ha contestado?

Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión. Alguna deben de tomar. De momento la que han tomado no ha sido la mejor. El pasado 23 de abril contestaron a mi abogada diciendo que no podían darle una respuesta porque no acreditaba la representación en la que actuaba. Me parece un poco brutal, porque llevábamos tres años litigando esta abogada y yo contra el Gobierno y el Estado español. Por tanto, sí sabían quién era. Ahora le hemos vuelto a decir que sí, que es mi representante.... ¿qué más quieren?

En el libro pone de manifiesto la diferencia que existe entre una justicia que es conservadora y la mayoría progresista que hay en España. ¿Por qué diría que hay tanta distancia y cómo cree que se soluciona?

Es una de las grandes contradicciones que hay en nuestro país. En la España de hoy la justicia tiene un componente conservador o ultraconservador, lo que afecta a la confianza de las personas que ideológicamente se sitúan en el lado progresista de la sociedad. Aunque hay épocas en las que ha gobernado la derecha, el equilibrio entre ambas fuerzas en el Congreso siempre ha estado a la par en número de votos y participación. España es un país progresista, podemos decir, como mínimo, de centro izquierda. No de derechas, ni de ultramontana ni de ultraderecha como ahora. Así que creo que algo está funcionando mal en una justicia que sigue radicalizándose más. Los órganos de la justicia tienen que ser los que protejan a esa sociedad que va por unos derroteros distintos de los que siguen esos administradores de justicia. Esa interpretación de las leyes es fundamental que sea progresista, porque los problemas y los retos a los que nos enfrentamos son muy grandes, y una visión retrógrada frente a ellos solo nos va a dar inseguridad y espacios opacos.

También dice que la separación de poderes es un "mantra tan anodino como falso".

El poder judicial es un contrapoder, un contrapoder de los demás poderes. Por tanto no tiene que ir cada uno por su sitio, tiene que haber una sincronía. El titular del poder judicial es el pueblo, los jueces y juezas son administradores del mismo. No se pueden confundir los planos y decir: 'somos el poder judicial'. Los jueces ejercemos la jurisdicción, pero el poder judicial no es nuestro. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la derecha aboga ahora por que los jueces se elijan a sí mismos. Y esto hay que hilvanarlo con lo que decíamos al principio del componente ultraconservador de la judicatura. Si fuera así, ya sabemos cuál seria la composición sistemática del consejo: una extensión corporativa de lo que es la carrera judicial. Si es un organismo que tiene competencias mas allá de las estrictamente corporativas, es decir, que te afecta a ti y me afecta a mí, porque diseña el mecanismo de política criminal, hace informes que exceden de lo que es la corporación judicial, no podemos prescindir de que en ese órgano estén representantes populares, no solo de los jueces. No creo que sea adecuado que los jueces se gobiernen a sí mismos a través de las asociaciones judiciales. Es más, creo que habría que profundizar en cómo se financian y quién las financia. Al final, esto también tiene mucho que ver con los disfraces del fascismo, es decir, con el ansia de controlar el poder hacia un segmento concreto de esa profesión y no en beneficio de la ciudadanía. Cuando se dice que así seria más independiente, hay que tener cuidado....

¿Deberían haber dimitido los vocales y el presidente del CGPJ después de tantos años de mandato caducado?

Sí, no me valen las justificaciones. Por dignidad política, dignidad ciudadana y dignidad hacia la justicia. Si el poder político no ha sido capaz de establecer una renovación, tendría que haberse producido esa disolución de un organismo nacido de una mayoría absoluta del PP, con consejeros que ya se están jubilando. De ser un verdadero gobierno de los jueces ha pasado a ser un simulacro de la nada. 

¿Por qué cree que no lo han hecho?

El problema es considerar que los jueces son una especie de ente diferente de lo que realmente son: servidores públicos al servicio de la ciudadanía para generar confianza a través de la administración de justicia. Todo lo que difiera de esa dinámica no es verdaderamente justicia, es otra cosa diferente. Una acumulación de poder para después colocar por afectos y desafectos cada pieza donde interese, y en los que el mérito no es el principal motivo de ascenso. En el caso del PP, si ejerce algo de forma perfectamente diferenciada al resto, es que sabe recompensar a quienes considera que han sido favorables a determinadas posturas. No voy a decir nada más…

Me suena que uno está de consejero de la Comunidad de Madrid...

(risas)

En los últimos años también estamos viendo una ofensiva judicial (lawfare) por parte de Vox y el PP. ¿Cómo lo ve?

Es otro de los disfraces del fascismo. La guerra jurídica, aprovechar las instituciones judiciales para desviarlas de lo que tienen que hacer y utilizarlas en provecho propio en contra de un enemigo político. El acudir a los tribunales presentando querellas o denuncias se ha convertido en un elemento más del debate en contra de otros. Esto se dio en los años 80, pero lo superamos. Yo recibí muchas de estas denuncia y les pedía que resolvieran sus problemas y dejaran en paz a la justicia. Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político de PP y Vox. Son denuncias estrambóticas o con poca consistencia que no van a llegar a nada. Pero el daño lo van produciendo y, con ello, el desprestigio de las instituciones judiciales. Hay que tener más valentía para tomar decisiones y detectar esas maniobras, esa utilización, esa manipulación de las instituciones.

¿Cómo valora que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de PP, Vox y Cs que en su día desestimó?

Es una posibilidad que existe en la normativa española, pero últimamente se están produciendo determinadas invasiones de algunas salas del Tribunal Supremo más allá de lo que les corresponde. Me parece bien que se pueda valorar el uso que se ha hecho de algunos indultos, pero a ver qué argumentos se dan y por qué razones. Y también quiénes están interesados y cómo van a resolver esa cuestión. Últimamente algunas resoluciones dejan mucho que desear. (...)

¿Podemos concluir que el mundo judicial también tiene tintes fascistas?

Es una visión elitista, aislada, que normalmente tiene quien ejerce un tipo de poder. Son cuestiones sutiles. La carrera es muy endogámica, está mas abierta en la actualidad que antes, pero hay dinámicas perversas que tienden hacia esa conceptuación. Es una relación vertical del juzgador al justiciable. No nos vamos a poner como colegas. Pero en mi despacho, por ejemplo, cuando entraban presuntos terroristas, narcotraficantes, etc. jamás entraban esposados y tampoco entraba la policía a mi despacho. Tuve enfrentamientos con la policía por esto y es verdad que alguno se me echó encima pero yo creía que lo tenia que aguantar, porque mi idea de la justicia no es represiva, sino igualitaria."       (Marta Monforte Jaén  , InfoLibre, 25 de mayo de 2022)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el Supremo condenó al juez Garzón sin garantías. El órgano exhorta a España a “borrar los antecedentes penales” del magistrado condenado por prevaricación por las escuchas ilegales del caso Gürtel

 "El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que existen “dudas” objetivamente justificadas de que el exjuez Baltasar Garzón tuviera “acceso a un tribunal independiente e imparcial” en los procesos seguidos contra él por prevaricación en el Supremo, por los casos Franquismo y Gürtel, el último de los cuales acabó por apartarle de la carrera judicial en febrero de 2012. 

En un dictamen, el órgano considera que el Supremo vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

En su resolución, el Comité determina que España “tiene la obligación” de, entre otras medidas, “borrar los antecedentes penales” del exjuez y ahora abogado, y de proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”. De cumplir el Estado con esta exigencia del ente de Naciones Unidas se allanaría la vuelta de Garzón a la judicatura.

Garzón fue condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo tras ordenar, siendo instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas de aquella trama de corrupción que afecta al PP desde 2009 y sus abogados defensores. Desde entonces, el exjuez, gran impulsor de la justicia universal, y que instruyó grandes sumarios contra el terrorismo y el narcotráfico en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se ha dedicado a la abogacía.

 Según el Comité, en el caso de su condena por la instrucción irregular del caso Gürtel, la conducta de Garzón “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.

Sobre la supuesta falta de apariencia de imparcialidad de la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó a Garzón, el órgano de la ONU tiene en cuenta que se aceptó la recusación de cinco de los magistrados. Sin embargo, pone de relieve que “dos de los magistrados que lo condenaron en el caso Gürtel lo habían asimismo enjuiciado en el caso Franquismo, y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia”. Estos dos magistrados, pese a haber sido recusados permanecieron en el tribunal sentenciador.

El Comité observa asimismo que España, durante la resolución de este expediente sobre Garzón “no ha refutado la alegación” del exjuez según la cual uno de aquellos dos magistrados, quien fue el juez instructor principal en el caso Franquismo, Luciano Varela, “habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso por el caso, en particular, mediante su repetida asistencia a los demandantes en la modificación de sus escritos de acusación” contra Garzón.

El organismo supranacional considera que, con la información proporcionada por Garzón, “las dudas de este sobre la imparcialidad de los tribunales sentenciadores se encuentran objetivamente justificadas” y que “no se puede concluir, en consecuencia, que dichos tribunales gozaran, para un observador razonable, de la apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”.

El Comité de Derechos Humanos da la razón y ampara a Garzón en otra de sus quejas: la inexistencia de una segunda instancia penal a la que recurrir su condena, ya que fue juzgado por el Supremo, el máximo órgano judicial español, al gozar de aforamiento por su condición de juez. 

“Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona, en razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena”. 

Por ello, al no haber posibilidad de revisión del fallo, el Comité concluye que se violó su derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del Pacto, que establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, lo que no sucedió en el caso de Baltasar Garzón."            (Fernando J. Pérez, El País, 25/08/21)

Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’: No tendría que haber sido tan difícil que un asunto tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política...

"El nombre del emisor del mensaje y de los receptores no tiene importancia. Entre otras cosas, porque ellos quieren seguir siendo invisibles, y las contadas veces que cuentan su historia lo hacen bajo el compromiso de confidencialidad. 

Los retrató muy bien Antonio Muñoz Molina en un artículo publicado en 2014 en EL PAÍS y titulado La corrupción y el mérito.

 El escritor explicaba de qué forma el descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas.

 “Lo asombroso”, continuaba Muñoz Molina, “es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos”.

Se da la circunstancia de que, para desgracia de Bárcenas y de sus compinches, un grupo de esos ciudadanos justos estaba de guardia en la Audiencia Nacional la mañana del 21 de diciembre de 2011. 

Dos camiones de la empresa Madrileña de Mudanzas, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), descargaron los miles de folios de un sumario que en 2009 había empezado a instruir el juez Baltasar Garzón.

 “Se daban todas las circunstancias”, dice ahora uno de los investigadores, “para que el proceso se hundiera y el juicio nunca se llegara a celebrar. Se trataba de una causa con aforados, que utilizaron de forma torticera su condición según les iba conviniendo. 

 Bárcenas, que era senador, lo utilizó para que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor del Tribunal Supremo, y otros de los procesados, que eran diputados autonómicos, lograron que el proceso fuese al TSJM. Cuando vieron que las cosas allí pintaban mal, dimitieron para que volviese a la Audiencia Nacional, y empezaron las presiones aquí.

 Por si fuera poco, consiguieron cargarse a Garzón, que en mayo de 2010 fue suspendido de forma cautelar y en febrero de 2012 expulsado de la carrera judicial. Aquello no pintaba bien. Nunca durante todos estos años nos quitamos la sensación de que esto se podía venir abajo en cualquier momento”.

Pero resistió. O, mejor dicho, resistieron. Resistió el juez Pablo Ruz, que en el momento de asumir la instrucción tenía 36 años y una capacidad infinita para motivar a los colaboradores, y el magistrado José de la Mata. Y resistieron las fiscales, todas mujeres, a quienes Luis Bárcenas llamaba despectivamente “las niñas”. 

Eso sí, cuando comprobó su eficacia —“hubo momentos clave de la investigación en que la inteligencia de la fiscal Concha Sabadell lo iluminó todo”, asegura una fuente—, el extesorero del PP hizo todo lo posible para que el Gobierno la quitara de en medio, como también pretendió hacer con Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que destapó el caso y que, el pasado mes de noviembre, durante su comparecencia ante comisión de investigación del Congreso, admitió haber recibido presiones y denuncias del PP con el objetivo de “desestabilizar” la investigación. 

Aguantaron también los funcionarios de Hacienda y el abogado del Estado, que emitieron informes muy contundentes contra la trama. Y también algunos de sus superiores jerárquicos supieron estar a la altura. 

Una fuente de la Audiencia Nacional asegura que “Antonio Salinas, el entonces fiscal jefe anticorrupción, avaló en todo momento el trabajo de las fiscales e incluso llegó a desaparecer literalmente en momentos clave para evitar que una orden terminante de sus superiores pudiese cortocircuitar la investigación”.

De ahí que, el jueves, a eso del mediodía, una emoción discreta embargara a muchos funcionarios de la Audiencia Nacional. Uno de ellos advierte: “No tendría que haber sido tan difícil. No es lógico que un asunto tan importante como este, tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que, en algunos casos, se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política”.

Hay quien dice en el PP que la sentencia de Bárcenas es la prueba de su respeto por el poder judicial. “Nada más lejos de la realidad”, dice un alto representante de la Audiencia Nacional. “Raro es el servidor público vinculado al caso Gürtel que no haya recibido presiones. 

O ya no se acuerdan de que los informes de Bárcenas contra la UDEF o decenas de tretas parecidas”, señala la misma fuente. Sin olvidar que, en un primer momento de la instrucción, la Comunidad de Madrid (en manos del PP) infiltró a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. 

Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a cargos del PP y a las resoluciones del magistrado, aquejado de graves problemas de movilidad."              (Pablo Ordaz, El País, 26/05/18)

Trillo y Rajoy dieron "caza" al juez Garzón

"(...)  Wyoming, a priori, lo tenía fácil. Tan sólo debía adoptar un rictus más serio que el ofrecido en televisión, y el tema ayudaba: un juez que se atreve a remover el estercolero de la presunta financiación irregular del partido en el Gobierno es acorralado judicialmente con el fin de quitárselo de encima. O sea, que al magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba los crímenes del franquismo lo aparcaron en la cuneta por el caso Gürtel. (...)

De los aquellos maravillosos años de un adolescente del barrio madrileño de Prosperidad a las más de dos décadas de Garzón al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde combatió el terrorismo etarra, la guerra sucia del Estado y a los narcos gallegos. “Ha abarcado tanto, que cabe preguntarse: ¿y los demás jueces qué hacen?, ¿dónde están?

 Encarna a ese hombre en España que lo hace todo, como el de la canción de Astrud”, dijo Wyoming del magistrado, un daño colateral de las cloacas del PP por haber pisado la mina de la corrupción política. “No fue condenado el 9 de febrero de 2012”, pues “la cacería” había comenzado tres años antes, cuando Mariano Rajoy leyó su sentencia.

Entonces, el presentador de El Intermedio amplificó a través de su micrófono las declaraciones del líder del PP: “El PP cree que Garzón debe abstenerse de la causa y pide la recusación del juez. Esto no es una trama del PP, sino una trama contra el PP”.

Era el 11 de febrero de 2009 y Rajoy comparecía ante la prensa rodeado de los suyos: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Y quiero dejar claro también que este partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. Junto a él estaban Soraya, Gallardón, Trillo, Montoro, Arenas, Botella… Tampoco faltaban Aguirre, Mato, Camps o Barberá.

 “Si lo hace el PP, es una foto institucional. Si lo hace Podemos…”, ironizó Wyoming, que describió En el punto de mira como “un mosaico de nuestra historia reciente” en el que Garzón le pega “un repaso al imperio del mal”. 

Sin embargo, el juez que destapó el caso Gürtel fue condenado a once años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo por ordenar que se grabasen las conversaciones entre los detenidos implicados en la trama de corrupción y sus abogados, pese a haber preservado su derecho de defensa. 

“Es difícil sobrevivir entre las intrigas palaciegas si eres independiente. Ese fue el pago que recibió de las personas que dirigen la Justicia, instigadas por el PP”, criticó Monzón, intrigado por saber quién estará cobrando los derechos de autor por haber descubierto la Gürtel. 

“Se lo atribuyó Aguirre”, respondió el abogado, quien denunció que muchos jueces ascienden a la cúpula judicial no gracias a sus “méritos”, sino a “fidelidades, acuerdos y conveniencias que, tarde o temprano, se suelen pagar”.   (...)

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional batallaba contra ETA, los GAL o, años después, la presunta corrupción del PP: “Las personas que me denostaron me besaban la mano cuando les interesó”. Federico Trillo, por ejemplo, lo llamó “juez prevaricador”, recordó Wyoming [cuando encarcelaron a los cabecillas de la Gürtel, en 2009 el responsable de Justicia del PP dijo que el magistrado actuaba "con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley"]. 

Garzón lo tiene claro: “Desempeñó el papel que le marcaron: coordinar la acción contra un juez al que había que tumbar”.

Fue el inicio de “una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo”, sostiene en sus memorias, donde defiende que “el juicio y condena a los que fui sometido obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia”. 

En sus páginas también arremete contra los jueces que demostraron “una animadversión congénita contra mí”, contra Manos Limpias y Ausbanc, así como contra un “determinado sector judicial” que aceptó que un “seudosindicato” y una “extraña organización” convirtiesen la acción popular en “un instrumento de extorsión”. 

La conclusión es desesperanzadora: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo”.  (...)

Si Almudena Grandes había considerado antes de la presentación que estamos ante “un caso de injusticia flagrante”, el abogado Manuel Ollé afirmaba al término de la misma que “ese final jamás se tenía que haber producido”. 

La escritora cree que fue “una medida absolutamente arbitraria y el modo de destrozar la carrera de un juez estupendo”, mientras que el profesor de Derecho Penal Internacional, que ha trabajado como letrado con Garzón, va más allá: “Fue una caza en la que se cobraron su pieza. Cuando investigas, eres absolutamente independiente, te quieren coartar esa libertad y no le gustas al poderoso ni a los que desean controlar el poder judicial, te cortan la cabeza”. (...)"               (Henrique Mariño, Público, 26/11/16)

Una denuncia contra magistrados del Tribunal Supremo

"Se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones.

Estos encuentros hacen recordar que el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusión de los procesos contra el juez Garzón, en el ejercicio del derecho constitucional de petición, presentó un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en el que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra Garzón y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas.

Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos.

El escrito concluía así: “Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad.

Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades.

Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de ‘prohibiciones e incompatibilidades’, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho”.

Los hechos eran estos:

1.- Schola Iuris, Instituto Europeo de Práctica Jurídica.

“El Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris es una entidad de carácter privado que pretende fomentar en su campo de actividad, la Formación, valores tales como la excelencia, la calidad, el humanismo o la cercanía al alumno que, con un enfoque eminentemente práctico, sirva de puente para la para la incorporación eficiente al mundo del trabajo y de la empresa. Una de las características más importantes de Schola Iuris es su Profesorado.

Así lo reconocen los alumnos que se han formado con nosotros. Con su prestigio, conocimientos, y sus dotes pedagógicas y humanas se han ganado a pulso una altísima valoración, que hacen de Schola Iuris una institución líder en España en sus áreas formativas” (domicilio social: c/Arturo Soria, 301. Madrid).

Su titular es la sociedad Procard Europa S. L. con un capital social de 3.010 euros de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de 1º Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con María Ángeles Mora Martínez de la sociedad Servicios Promocionales Asociados Millenium S. L., de igual capital social que la anterior.

Ofrece másters privados, cursos de Especialización y Formación Profesional. En relación al máster de Derecho Penal Práctico, “sin duda alguna el punto fuerte de este Master lo conforman el magnífico plantel de Profesores en el ámbito judicial español”.

Plantel en el que figuran los magistrados del TS Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, como hemos dicho ahora presidente de la Sala Segunda del TS, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro.

Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos, al que luego nos referiremos. Máster en el que los alumnos pagan por matrícula 14.000 euros. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar.

Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios años una enumeración de jueces, en particular los del TS, como reclamo para los cursos de una academia privada.

La oferta educativa de Schola Iuris incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como Gürtel, como el Sr. Rodríguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.

A lo expuesto, debe añadirse el siguiente texto publicitario del citado Instituto: “Para los licenciados en Derecho, el título proporciona una alta especialización práctica en Derecho Penal y está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”.

Y añadía: “Cuenta además con un cuadro docente del más alto nivel, en el que se encuentran juristas con la experiencia y prestigio de D. Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo” y otros magistrados y fiscales.

En noviembre de 2004, el director del centro viaja a México y firma un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua para permitir que licenciados en derecho mexicanos pudieran cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de Schola Iuris.

La web de becas mba se refería a este viaje exponiendo que: “El preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)”.

Previamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tabasco, Guillermo Narváez, había visitado Madrid donde se reunió con el presidente del CGPJ y del TS, según explicaba becas mba.com: “El director del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, D. Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y presentarle la oferta formativa del Instituto que preside, especialmente el máster en Derecho Penal Práctico.

A la vista del excelente programa y del magnífico plantel de profesores, el Magistrado-Presidente D. Guillermo Narváez, acordó la promoción del mismo entre distintas instituciones del Estado en México…” En internet se puede encontrar al día de hoy esta oferta de Schola Iuris en diversos portales educativos.

En educaweb se anuncia el máster de Derecho Penal Económico y de la Empresa” de Schola Iuris con un precio de 2.200 euros por las 96 horas de duración. En el programa figura como docente, con dos módulos, el magistrado del TS José Manuel Maza.

Entre los letrados se encuentran el ya citado Rodríguez Ramos, que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda). Por último, el letrado D. Florentino Ortí Ponte se hizo cargo de la defensa del ex alcalde del PP de Arganda, Ginés López Rodríguez.

2.- La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, cuenta con un consejo asesor empresarial cuya función es, según definición de la propia Fundación, la siguiente: “Promueven que la plataforma de reflexión que pretende ser la Fundación se amplíe a los diferentes sectores económicos, administrativos y jurídicos.

Contribuyen económicamente al desarrollo de las diferentes actividades. Está integrado por un conjunto de empresas y despachos que financian y participan decididamente a la Fundación”. (Domicilio social, c/Serrano 26,4º Dcha.) Fundación que cuenta con la colaboración de Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras grandes empresas, así como importantes Despachos de Abogados como Rodríguez Ramos Abogados, Oliva-Ayala Abogados, Garrigues y, entre otros muchos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el juicio oral contra el magistrado Sr. Garzón por la intervención legítima de las escuchas ya mencionadas de la trama Gürtel, que concluyó con la sentencia condenatoria del Magistrado acusado, figura desde el año 2007 en la dirección de un Foro de la Fundación.

Entre 2011 y 2012, el magistrado Colmenero participó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió en la dirección, entre otros juristas, con la Sra. Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y el Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete Oliva-Ayala Abogados.

Este foro se viene realizando prácticamente con el mismo equipo desde 2007. Estos dos letrados tienen en común haber defendido a algunos de los imputados en el caso Gürtel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier Sánchez Vera Gómez Trelles defendió a Jacobo Gordon Levenfel.

El letrado D. Horacio Oliva García asumió de la defensa de Manuel Delgado Solís y José Antonio Lopez Rubal. Por su parte, D. Ignacio Ayala Gómez, del mismo despacho, asumió la defensa de Alberto López Viejo (exConsejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional).

Además, el magistrado Colmenero ha participado en otros dos Cursos de FIDE. El 23/2/2011 sobre el Delito de corrupción entre particulares con la intervención también de los letrados Sra. Bacigalupo y el Sr. Sanchez-Vera. El 19/5/2011, sobre el delito de “administración desleal”, acompañado de los mismos letrados.

Y el 4/10/2011, apenas cuatro meses antes del juicio oral contra el Magistrado Sr. Garzón por la causa de las escuchas, el letrado Rodríguez Ramos intervenía junto al magistrado Colmenero en un evento sobre Compliance y Derecho Penal.

En relación al proceso contra el Magistrado Sr. Garzón por su intervención en el proceso sobre la trama Gürtel, el letrado Rodríguez Ramos protagonizó un debate sobre la conveniencia de que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es Vicedecano, se personara como acusación. El Colegio finalmente se decidió por emitir un informe.

El 9 de febrero de 2012 a las 19.30 de la tarde, el magistrado Sr. Garzón hizo público un comunicado manifestando su rechazo hacia la sentencia condenatoria que esa misma mañana le habían notificado. A esa misma hora, en la sede de FIDE, según su programa de actividades , estaba previsto que el magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edición de los Comentarios al Código Penal, obra coordinada por el Sr. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3.-Los magistrados antes citados del TS y diversos letrados figuran relacionados en el anuncio de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.

El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un Consejo Científico. Como Presidente figura el magistrado del TS Maza Martín. Entre los vocales de dicho Consejo se encuentra el letrado D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor del exdirigente del PP Pablo Crepo Sabarís, imputado en causa de Gürtel y, asimismo, ejerció la acusación particular contra el Magistrado Sr. Garzón en la Causa especial ya mencionada y derivada de aquel proceso.

En el plantel de profesores de dicha Universidad figuran los siete magistrados que compusieron la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón: D. Joaquín Giménez, presidente de la Sala; D. Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; D.Manuel Marchena, D.Andrés Martínez Arrieta; D. Francisco Monterde; D.Luciano Varela; y D. Juan Ramón Berdugo.

En el capítulo de letrados profesores figuran letrados que en su día asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama Gürtel. Es el caso de D. Ignacio Ayala, de Oliva Ayala Abogados; D.Joaquín Burkhalter, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Dña.Adriana de Buerba, de Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados; D. Ángel González Franco; Rodríguez Ramos; Sánchez Vera, de Oliva- Ayala Abogados y el citado Rodríguez Mourullo.

Ignacio Ayala, defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor.

Joaquín Burkhalter, que asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana.

Adriana de Buerba, defensora de Cesar Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.

Ángel González Franco defiende al imputado Santiago Lago Borstein.

Este máster fue una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC y la empresa KPMG, que presenta así la cátedra: “Bienvenidos a la página web de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías”.

4.- Algunos de los citados magistrados del TS participaron hasta el 2007 en cursos de la Fundación FAES que preside José María Aznar. Más recientemente, han intervenido en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer cuyo consejo consultivo asesor está presidido por José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar y en donde figura asimismo Ángel Acebes, quien fue Ministro de Administraciones Públicas y de Interior, también con Aznar.

Es relevante, por su significación ideológica y política, que un magistrado miembro de la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón. D. Miguel Comenero, haya tenido relación con la Fundación FAES que preside Aznar.

Participó en cursos de la Fundación FAES durante los cursos 2005, 2006 y 2007, al menos, en cinco ocasiones. Concretamente, el 8 De Febrero de 2005, en un acto coordinado por el exmagistrado Adolfo Prego y el 21 de junio, también con el exmagistrado anterior. En 2007, el 26 de marzo. Y en 2008, los días 12 de junio y 12 de septiembre.

Durante los años 2005-2008, el exmagistrado Adolfo Prego consta que asistió a 27 actos convocados por dicha fundación del Partido Popular, al menos en tres de ellos como Coordinador o Ponente. Posteriormente, pese a su evidente y pública afinidad con el Partido Popular, integró la Sala y fue Ponente durante la instrucción del proceso contra el magistrado Sr. Garzón por haber incoado el Sumario 53/2008 sobre los crímenes del franquismo.

FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, es una Fundación privada sin ánimo de lucro que según se expresa en su propia presentación: “Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas.

Vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. FAES es un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento y la acción política del centro liberal y reformista”.

En 2006, el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy magistrado Manuel Marchena obtenía el XX premio La Ley de artículos doctrinales. La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer –perteneciente al grupo multinacional editorial Wolters Kluwer–. Su actividad se centra en la edición de publicaciones técnicas y profesionales, manuales y libros, y en la organización de seminarios presenciales y cursos on-line, en diferentes áreas: como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad o Marketing, entre otros.

Su Consejo Asesor está presidido por el ex ministro de Justicia José María Michavila y en él se encuentran, entre otros, el también exministro Ángel Acebes, .Desde entonces,el magistrado Manuel Marchena, figura en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer y en concreto como Jurado del premio La Ley de artículos doctrinales, del que es miembro desde hace varios años, coincidiendo en el Jurado con su ex olega Adolfo Prego y otros juristas como el Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Rodríguez Ramos.

El magistrado Manuel Marchena ha intervenido también en el comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y La Ley de Walters Kluwer y su nombre aparece además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado compartió el encuentro con otro magistrado del TS, Sánchez Melgar.

5.-El magistrado Manuel Marchena, en 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems.

En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, también participó, conjuntamente con el Magistrado Maza Martín, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, así como jueces de diversos órganos judiciales.

En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al Magistrado Sánchez Melgar, en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripción fue de 1.230 euros.

Igualmente participa, con el magistrado D. Miguel Colmenero, en la VII Semana Jurídica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados.

Según el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido Profesor del Master de Nuevas Tecnologías de la Información organizado por el Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de ICADE.

6.- En las Canarias, la entidad económica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen los Magistrados de la Sala Segunda, Maza Martín y el letrado Choclan, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama Gürtel y que actuó como acusador particular, en representación de dicho imputado,en la causa penal contra el Magistrado Sr. Garzón por las escuchas del caso Gürtel.

Bajo el patrocinio de Iuris Comer Canarias S. L.,empresa, entre otras actividades, de distribución de fondos bibliográficos, los días 25 y 26 de Junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre La prueba ilícita penal en el que participó el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclan.

Los días 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7, el expresidente de la Sala que acabamos de citar, interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre la Prueba ilícita penal.

Mas tarde, los días 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclan y el Magistrado Maza Martín sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011,con el patrocinio de Caja7 y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales.

7.- El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jurídica Malacitana. Semana en la que, según informó Cajamar, participaron “miembros relevantes de la judicatura española”. Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero.

El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecución de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra.

Y en noviembre de 2009, Cajamar convoca un nuevo acto en Málaga sobre El Tribunal Supremo en la Constitución en el que también interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar, a la que luego nos referiremos.

8.- El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio Cátedra José María Cervelló convocado por dicha cátedra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.

9.-Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex Presidente Saavedra, debe citarse su participación en las II Jornada Jurídica de Ceuta, convocada por el Gobierno de aquella ciudad para el 26 de Abril de 2011.

10.-En relación a Saavedra, debe destacarse su condición de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación Datadiar. Centro que dirige el letrado José Manuel Díaz-Arias, principal responsable del Bufete Díaz-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU).

Y que garantiza una “Formación Jurídica, Fiscal, y Contable en Internet, desarrollada con la última tecnología y guiada por los mas prestigiosos autores en cada materia”. Destaca en su oferta la “Consultoría Derecho de Nuevas Tecnologías y Juego Online”. En su oferta de servicios dice así: “Las bases de datos de Datadiar han sido homologadas por el Consejo General del Poder Judicial y son seleccionadas por jueces y magistrados para su consulta”.

Es decir, que, al parecer, magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el Presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa. Así mismo, dispone de una oferta on line para la adquisición de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias. Como algunas de los referidos Maza Martín y Sánchez Melgar.

En dicho centro, el expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que también intervienen algunos de los citados magistrados.

Entre otras, los siguientes. Los días 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Económico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Martín.

Los días 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego on line, Jornadas que también fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). En ellas participaron el ex Presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza.

Desde aquella fecha, 2012, habría que pensar que dichas actividades han continuado. Lo que suscita una honda preocupación por la vigencia de la independencia judicial en el seno de tan alto Tribunal." (Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal Anticorrupción, La Lamentable, 13/11/16)

Garzón, sobre las escuchas que le costaron el cargo: "No había otra alternativa y no me arrepiento"

"El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido este jueves las escuchas que ordenó practicar en el caso Gürtel para evitar "que los acusados siguieran delinquiendo", al cumplirse cinco años del inicio de la operación contra una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.

En una entrevista en la Cadena SER, el magistrado ha recordado la decisión que le costó el puesto en la Audiencia Nacional, tras ser condenado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y pérdida de empleo por prevaricación a raíz de la querella interpuesta contra él por ordenar escuchas entre varios de los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados.

"No había otra alternativa y no me arrepiento de tomar esa decisión", ha afirmado Garzón, que ha añadido que "se tomó con todas las garantías para evitar que continuara una conducta delictiva y protegiendo absolutamente el derecho de defensa".

Precisamente, ha continuado, a día de hoy no se ha demostrado con esas medida que hubiese ningún perjuicio para los investigados, "sino solo el mío", dice en referencia a su inhabilitación.

 "Era consciente de que era un tema delicado porque había indicios de delitos de blanqueo, corrupción en los que aparentemente estaban implicados cargos del PP y empresarios", ha explicado el exjuez de la Audiencia Nacional, que ha agregado que actuó "con la misma contundencia que en cualquier otro asunto".

No obstante, ha criticado la lentitud en la que derivó la causa una vez fue removido del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al afirmar que llegó al "sobreseimiento" de la causa respecto al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su esposa.

Hasta la llegada del juez Pablo Ruz "a nadie le interesó el caso" por la presión de determinadas personas del PP para evitar que la instrucción avanzara, ha dicho."         (Público, 06/02/2014)

Para eso los jueces del PP echaron a Garzón, para que les sirviese electoralmente aminorando el golpe de la Gürtel

"Ante las nuevas evidencias, las redes sociales han recuperado una noticia significativa de 2010, cuando la fundación ideológica del PP, la FAES que preside Aznar, se jactó de que la estrategia de acoso a Garzón había servido al PP para obtener réditos electorales y minimizar el escándalo de corrupción de la Gürtel.

El informe “A propósito de la ‘peor’ campaña de la historia”, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, fue difundido en marzo de 2010 por FAES y llevaba la firma de la politóloga Ana Collado. El título del informe es irónico ya que no hace sino reafirmar la estrategia de campaña en las elecciones europeas que había ganado Jaime Mayor Oreja en el verano anterior.

 No dejaba de ser también un mensaje interno al PP, y es que entonces Rajoy no acababa de asentar su liderazgo al frente del partido y buena parte de sus críticos le acusaban de ‘pop’ y de no ‘embarrar’ el terreno de juego lo suficiente para recuperar el poder.

El informe tiene un conclusión muy significativa sobre cómo se gestionó inicialmente el escándalo de la Gürtel:

“En términos de estrategia electoral reflejada en los medios, y a la luz de los resultados de la contienda, parece que el Partido Popular ha acertado al personalizar en su líder, Mariano Rajoy, la campaña, por cuanto ha logrado que las interpretaciones de los resultados se centren en el recorte de distancias en clave nacional. Además, parece que los supuestos escándalos de corrupción en sus feudos no han tenido un resultado negativo, sino todo lo contrario. Por otra parte, la embestida “popular” contra el juez Garzón probablemente ha contribuido a aminorar los efectos de estos escándalos. En este sentido, parece que la estrategia del PP ha sido acertada”.        (El Plural, 23/01/2013)

Garzón: “Yo buscaba la localización de los fondos y ahora se ve el resultado: 22 millones han aparecido en Suiza…”

“Las decisiones que yo tomé y reitero y reiteraré siempre, que se ajustaban a la Ley, aunque el Tribunal Supremo no lo entendió así, buscaban precisamente la localización de esos fondos y evitar que los responsables de la trama se pusieran de acuerdo a través de abogados en la prisión y ahora se ve el resultado de que 22 millones de euros han aparecido en Suiza y que al parecer según los medios de comunicación publican, había sobresueldos, había pagos fuera de la legalidad a miembros de ese partido”. Así explicaba Baltasar Garzón ayer a CNN Chile su actuación en el caso Gürtel en relación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. (...)

“Este señor Luis Bárcenas fue una de las personas de las que yo elaboré una serie de resoluciones en las que constaban sus posibles implicaciones en los hechos y después el Tribunal Supremo así lo entendió, pero más tarde el juez que continuó el caso, lo sacó…” (En referencia al magistrado del Tribunal Superior de justicia de Madrid, Antonio Pedreira que sobreseyó la causa contra el ex tesorero del PP).

 “Lo que demuestra esto –continuó Garzón- es que la corrupción debe de ser investigada frontalmente con todas las energías. Eso es lo que durante toda mi vida profesional he intentado hacer y sigo haciendo desde otro ámbito”.  (...9

La presentadora le preguntó entonces si se había excedido en su actuación al haberle sentenciado el Tribunal Supremo por laminar el derecho de defensa de los acusados en las conversaciones con sus abogados. “No me excedí en absoluto. –Respondió Garzón- La sentencia ha sido una excusa para conseguir que yo esté fuera de la carrera judicial.
“¿Por unanimidad?” Insistía la entrevistadora.

 “No podía haber discrepancia –explicó el exjuez- Si se toma una decisión que desde mi punto de vista ya estaba realizada de antemano, la unanimidad es la argumentación principal. El problema no es la unanimidad ni la mayoría, es que no existe ni existía ese delito”.

 Garzón añadió que esa predeterminación “se explica por muchas razones.” “Yo respeto el sistema judicial, me defendí en la medida que puede y se me limito gravemente el derecho de defensa. A mí sí, no al caso Gürtel”. 

 “¿Por razones políticas?” Quiso saber la entrevistadora de CNN Chile. “Sin lugar a dudas”, concluyó rotundo Garzón quien explicó que nadie había juzgado ni al juez que continuó y amplió sus pesquisas, ni a los cinco fiscales que estuvieron de acuerdo con él."             (El Plural, 21/01/2013)

¿Y qué pasa ahora con Garzón, condenado por escuchas a la Gürtel para evitar posible blanqueo? El que se estaba produciendo a la vista de todos

 "Este jueves 17 de enero se cumplió exactamente un año desde que Baltasar Garzón compareciera en el Tribunal Supremo (TS) para defenderse en el juicio por prevaricación por haber intervenido las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El magistrado alegó que había ordenado las escuchas para “evitar la continuación de la acción delictiva” relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España.

 Las escuchas fueron ordenadas de hecho a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la investigación alertara de que se estaban produciendo movimientos en las cuentas que Francisco Correa y Pablo Crespo tenían en Suiza cuando ya habían sido encarcelados. Entonces se argumentó que la legislación española justifica la intervención de las comunicaciones para investigar el delito cometido, mientras que la legislación europea advierte de que el derecho de defensa no es absoluto cuando se trata de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 Además, policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera) que trabajaron en la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel testificaron en el Tribunal Supremo que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa en las grabaciones que se obtuviesen de los implicados, ya que el objetivo era el control del dinero para evitar nuevos delitos. Todos estos argumentos fueron inútiles y los cabecillas de la trama se salieron con la suya: Garzón fue condenado por el Supremo a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial.

 Entonces se trataba de escuchas relacionadas con Correa, Crespo y otro de los imputados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri. Pero los datos aportados por Suiza en relación al juicio por la Gürtel demuestran que otro de los imputados en la trama, el extesorero del PP Luis Bárcenas, tuvo cuentas en Suiza por valor de hasta 22 millones de euros y transfirió dinero de ellas después de que estallara el caso. 

 El actual juez de la Audiencia Nacional que instruye la Gürtel, Pablo Ruz, ha solicitado por ejemplo a Estados Unidos información adicional sobre dos cuentas del HSBC descubiertas en Nueva York y cuyo titular es Bárcenas a las que se transfirieron 2,5 millones de euros procedentes de sus cuentas en Suiza. ¿No suponen todos estos nuevos datos una corroboración de que Garzón tenía elementos suficientes para actuar como actuó?"    (El Plural, 17/01/2013)

‘Gürtel’ doblega a la Justicia

"El 04-08-2008, la Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional la trama de corrupción Gürtel por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todos cometidos en el ámbito del PP.

Ese mismo año, el juez dicta los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre en la causa por los crímenes del franquismo. El 26 de enero de 2009, la ultraderechista Manos Limpias presenta la primera querella por un supuesto delito de prevaricación por la adopción de dichas resoluciones, querella admitida a trámite cuatro meses después, decisión que marca el inicio de la persecución planeada contra el juez Garzón.

Días más tarde, el 12-06-2009, unos letrados formulan otra querella contra el juez por razón de unos supuestos cobros indebidos en la Universidad de Nueva York, hechos que ya habían sido conocidos y archivados anteriormente por el TS. Durante 2009, el TS tramita por obra del juez Varela la causa denunciada por la ultraderecha y, simultáneamente, practica diligencias relativas a la Universidad de Nueva York que oculta al juez querellado hasta que, ocho meses después de la querella, el TS la admite a trámite el 28-01-2010.

Durante ese periodo, el letrado Peláez presenta una querella el 09-12-2009 por supuestas irregularidades en las observaciones acordadas por el juez Garzón de las comunicaciones telefónicas de imputados presos por el caso Gürtel con sus abogados.

Querella que el TS admite a trámite el 02-02-2010, con la expresa oposición del fiscal, como en todos los procesos. En este caso, el fiscal mantiene que la querella es “una maniobra procesalmente fraudulenta para hurtar a los tribunales competentes para ello la decisión sobre la licitud de unas pruebas obrantes en otros procedimientos…”.

En la causa que instruye Varela, éste acuerda el 11-05-2010, hace ya casi un año, la apertura del juicio oral contra el juez Garzón, decisión que lleva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar la medida desproporcionada y amedrentadora de expulsar provisionalmente al juez de la función judicial, lo que constituía el primer objetivo de este cerco.

A partir de aquí, los plazos de este proceso se dilatan más allá de lo razonable, como si el TS temiera afrontar la celebración de este juicio oral.

Lo cierto es que desde el 07-10-2010 podría haberlo señalado y, posteriormente, cuando la defensa del juez plantea el 16-12-2010 la recusación de cinco magistrados por falta de imparcialidad, la Sala competente, cuatro meses después, aún no ha resuelto. Pero, al menos, un magistrado aceptó que carecía de imparcialidad para juzgar al juez Garzón.

La dilación de este proceso contrasta abiertamente con la premura del juez Barreiro, instructor del caso Gürtel. En relación a este proceso decía así el fiscal el 26-05-2010:

“Al mismo tiempo que se investiga una determinada trama de corrupción de amplia complejidad, cobra vida un proceso paralelo contra el juez instructor en el que actúan como acusadores particulares dos de los principales implicados en aquella trama.

A la vez que se instruye la causa criminal se está instruyendo otra contra el juez que practicó diligencias restrictivas de derechos adoptadas sobre la base de indicios sólidos que cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad”.

Criterio compartido por el magistrado instructor Pedreira y otro miembro del Tribunal Superior de Madrid, que no están siendo perseguidos. Y frente a la pretenciosa e irrazonable posición de Barreiro, hay eminentes juristas que comparten la justeza de las decisiones del juez Garzón.

Así lo expresaba el jurista Manuel Atienza: “En nuestro ejemplo (aproximadamente): si se trata de investigar un delito grave, no hay otra medida disponible de parecida eficacia, se previene en lo posible el derecho a la defensa, hay razones objetivas para pensar que los abogados defensores pueden contribuir a ocultar pruebas o a colaborar en la comisión de delitos y la orden judicial que autoriza la intervención está razonablemente motivada, entonces la intervención de la comunicación entre un interno en un establecimiento penitenciario y su abogado es lícita y, en consecuencia, válida”.

Por todo ello, puede afirmarse, por emplear términos de Barreiro, que sus decisiones no están “laminando” el derecho de defensa, sino al juez Garzón personal y profesionalmente.

Y cuando Barreiro se opone a que se incorporen al proceso las sentencias del TS acordando la nulidad, por violación de derechos constitucionales, de las intervenciones telefónicas acordadas judicialmente en las que nunca se acordó perseguir penalmente a los jueces de instrucción, debe saber que el TS, en sentencia de 01-03-2010, anuló la condena por delitos muy graves a relevantes miembros de las Fuerzas de Seguridad a causa de graves irregularidades en las escuchas telefónicas ordenadas por un Juzgado de Instrucción de Málaga.

El TS dice así: “Y de ese modo, el material probatorio ha quedado infectado de nulidad, de manera que no es posible otra determinación que la absolución de los ahora recurrentes…”. Naturalmente, no se adoptó la persecución penal del juez instructor.

La decisión adoptada refuerza, objetivamente, la posición de los implicados en la trama Gürtel que, a diferencia del juez Garzón, están lejos de ser enjuiciados, si es que lo son, y que, por patentes deficiencias legales, van a acudir a las elecciones del 22 de mayo desafiando a la Justicia y menospreciando los valores de la ética pública." (Attac Madrid, 28/04/2011, citando a Carlos Jiménez Villarejo: ‘Gürtel’ doblega a la Justicia)

El tribunal Supremo... (es) la más eficaz oficina electoral de un partido político, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos

"En un país que -es un suponer- se llama España, el Tribunal Supremo persigue a un juez que -es un suponer- se apellida Garzón por tres causas distintas, entre las que parece descollar la desencadenada por la querella de un partido antidemocrático que en cualquier otra nación de un continente llamado -es un suponer- Europa, sería ilegal.

Su delito consiste en amparar a las víctimas de una sanguinaria dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas. Pero la autoridad judicial le sienta antes en el banquillo por otra causa.

El juez Garzón va a ser procesado antes que los imputados de un delito continuado de corrupción, por haber ordenado que se grabaran las conversaciones que los responsables de la red más abrumadora de la historia de la democracia sostuvieron en la cárcel con sus abogados.

Y este anuncio se produce un mes y medio antes de unas elecciones en las que un partido cuyas siglas son -es un suponer- PP presenta como candidatos a casi una docena de imputados en aquel proceso.

Como escribo ficción, soy libre de conjeturar que la intención del Supremo consistiría en desmontar la causa de una red denominada -es un suponer- Gürtel, al proclamar que considera más urgente, y por tanto más grave, el caso de las escuchas que el delito original.

Al asumir que se perjudicó la defensa de los imputados, la opinión pública podría sospechar que los cargos que pesan contra ellos son dudosos, irregulares.

El tribunal se convertiría así en la más eficaz oficina electoral de un partido político, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos." (ALMUDENA GRANDES: Un suponer. El País, 18/04/2011, última)

Garzón será juzgado por las escuchas de Gürtel antes que los corruptos

"El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que sentará en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos continuados de prevaricación y de uso de artificios, de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales, a los cabecillas de la trama Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de España, relacionado con el PP.

La decisión de Barreiro implica que el juez Garzón, instructor inicial del caso Gürtel, será juzgado antes que cualquiera de los cabecillas y altos cargos del PP imputados en el caso.

La resolución recae muy oportunamente para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando está a punto de dilucidarse la apertura de juicio contra él, dado que la situación de Garzón será explotada por los populares en plena precampaña electoral para desvalorizar las acusaciones.

El auto de apertura del juez Jorge Barreiro ofrece un relato de "hechos objeto de juicio" al que da el mismo formato de un genuino relato de "hechos probados", en el que ofrece a la Sala una sentencia condenatoria prácticamente hecha.

Incluso aplica al delito continuado de prevaricación y al de grabación con violación de garantías el concurso de normas que castiga el delito más grave, el de prevaricación, con pena de inhabilitación de 10 a 20 años. E imputa a Garzón una modalidad agravada que ni siquiera contempla la querella inicial, al apreciar el delito de prevaricación "continuado". (El País, 12/04/2011, p. 13)

"Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos.

Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable. (...)

El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo.

"La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala." (...)

"Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". (...)

Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio:

"Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...". (El País, 12/04/2011, p. 14)

El PP se ensaña con quien destapa su corrupción

"Las represalias por investigar la 'Gürtel' dejan un reguero de víctimas.

Baltasar Garzón, con un pie en el banquillo. Mariano Fernández Bermejo, marcado por su dimisión como ministro de Justicia. El comisario Juan Antonio González, vilipendiado tras una acusación de soborno lanzada por el defensor de un procesado por soborno en el caso Malaya. Las fiscales, acusadas en falso de estar siendo investigadas por el Supremo. El sastre de Camps, acusado en falso de falsificar facturas. Y el portavoz socialista en Valencia, Ángel Luna, acusado sin pruebas de recibir sobornos precisamente de un presunto financiador del PP. (...)

El ejemplo del sastre ilustra cómo la crucifixión moral o legal alcanza no sólo a quienes investigan sino a quienes han colaborado con los investigadores. El PP, que llamaba a Tomás "el sastre falsario", no se ha retractado. Trillo tampoco se ha desdicho de un comunicado demoledor difundido en junio: en él, informaba falsamente de que el Supremo acusaba a las dos fiscales del caso, Myriam Segura y Concha Sabadell, de infringir la ley.

La caza comenzó de inmediato. El 8 de febrero de 2009, a los dos días de que Garzón ordenara las primeras detenciones, María Dolores de Cospedal se pronunció sobre el incipiente caso y sus palabras ya encerraban un aviso: la mayor operación contra la corrupción política que se recuerda en España, dijo la número dos del PP, era sólo una "campaña de acoso" orquestada por el Gobierno, la fiscalía y Garzón.

El 11 de febrero, Mariano Rajoy comparecía arropado por su equipo para afianzar el mensaje de Cospedal, cargar contra Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por coincidir en una cacería y divulgar un segundo aviso, premonitorio esta vez de la línea que seguiría su partido: el final del caso Gürtel, vino a decir, será como el del caso del lino, que "quedó en nada". " Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP", clamó ese mismo día por primera vez el líder conservador.

A la vista de los hechos, que quede "en nada" el sumario se dibuja hoy como un objetivo trazado desde el primer minuto. Pero hay una segunda meta: enseñar la lección de que quien cuestione el alcance de la trama o indague si sus tentáculos llegaban al corazón del partido, lo pasará mal. En uno de los párrafos de esa lección figura el nombre del portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna.

Con "informaciones" procedentes del ayuntamiento que dirige la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, la presión del PP y de sus medios afines ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) actúe con diligencia inédita: tras una querella del PP, el TSJCV investiga si Luna permitió que el empresario Enrique Ortiz, presunto financiador del PP e igualmente imputado en el caso Brugal, le pagase una factura de 690.000 pesetas (4.000 euros) hace 13 años, cuando Luna trabajaba en un bufete que daba servicios a Ortiz.

Y en el cumplimiento de ese objetivo sustancial, aguar el sumario hasta que se diluya en un mar de sospechas de actuación inquisitorial, se enmarcan hechos de gran magnitud como el exitoso empeño por derribar a Garzón. Y otros pasos menos conocidos como el torpedeo constante de la instrucción dirigida por su sucesor en la causa, el juez Antonio Pedreira, a quien el PP ha llegado a acusar de parcial.

No obstante, los conservadores no han logrado por ahora impedir que en ese sumario y en su ramificación del caso de los trajes permanezcan imputados los miembros de un abigarrado ramillete institucional: un presidente autonómico (Camps), otros tres de sus altos cargos, el ex tesorero nacional del partido, el ex secretario de organización del PP en Galicia, cuatro alcaldes, un ex consejero madrileño, otros dos diputados de esa Comunidad y un ex diputado al Congreso.

La dirección del PP ha alternado su discurso de amenaza a las instituciones con otro dirigido a subrayar que el partido es "el primer interesado" en que se conozca la verdad y pague "todo aquel que haya metido mano en la caja". Pero las hemerotecas constatan que el PP, aun suspendiendo de militancia a varios imputados, apenas les ha dirigido tibias reconvenciones: de hecho, uno de los alcaldes imputados por soborno, Jesús Sepúlveda, trabaja como asesor del partido en su sede central. " (Público, 31/10/2010)

El veneno que amenaza el 'caso Gürtel'

"Abogados de imputados por corrupción, el aparato del PP y magistrados quieren anular las escuchas para desactivar todo el proceso. (...)

Para el PP y los abogados de la trama Gürtel, la vía más rápida es la nulidad de actuaciones, que tan buenos resultados les dio en el caso Naseiro: declarar nulas las escuchas ordenadas por Garzón, extender la nulidad a las del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y, siguiendo la teoría del árbol envenenado, procurar que las ramas de éste se extiendan a toda la trama.En la ofensiva desencadenada para liquidar las escuchas hay abiertos tres frentes, en los que trabajan activamente, junto al aparato del PP, abogados de bufetes de campanillas y hasta el Colegio de Abogados de Madrid. Mientras, en la Secretaría de Causas Especiales del Supremo sestean el recurso contra la exoneración del presidente valenciano, Francisco Camps, o la imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. " (El País, ed. Galicia, España, 14/03/2010, p. 14)

Los abogados de Correa, El Bigotes, Ulibarri y otros implicados en el 'caso Gürtel' intentan archivar el caso recurriendo contra Garzón

"Un año después de la desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes.(...)

La investigación de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos tribunales.

El Supremo admitió ayer la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos públicos. (...)
También ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la Comunidad Valenciana. (...)

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".

En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".

Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP." (El País, ed. Galicia, España, 26/02/2010, p. 10)