Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo... la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero... La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española... Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad... Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería (Juan Carlos Monedero)

 ""Sigue el dinero", recomendaba la serie The Wire, truco infalible para acabar con los verdaderos delincuentes. Resulta que Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la unidad policial encargada de, ni más ni menos, hacer la pregunta esencial en los delitos económicos, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo. Por traducirlo al castellano, la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. 

Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Supongo que metes la pasta en las paredes porque te desborda el dinero y no se lo quieres perdonar a tus socios. Sabes que son unos delincuentes y no les van encima a regalar dinero. Así que todo a las paredes. Es otra versión de la España del ladrillo. El PP sabe a qué me refiero.

La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española. No era solo la llamada policía patriótica que, además de a los independentistas catalanes, ha investigado a toda la gente de Podemos "a ver qué encontráis". Es como una tupida red que, no vendría mal, debiéramos saber hasta dónde llega. Igual sale el Emérito. En un audio, el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, hablaba enfadado con un policía de su misma cuerda porque no encontraba nada contra Podemos. Le gritó sorprendido: "¡Pero algo tendrán". Pues eso, diez años investigando de todas las maneras posibles a ver si encontraban algo. Sin éxito. 

Otro máximo responsable de la UDEF fue José Luis Olivera. Pasó de la jefatura de la unidad anticorrupción en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) a policía de máxima confianza del Ministro Jorge Fernández Díaz (PP). Este máximo responsable de la UDEF fue el que dijo, en una charla con el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals, que "tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen", a lo que apostilló el también presente comisario Villarejo, con maneras de poeta romántico alemán (perdonen que insista en recordarlo): "eso te lo hacemos con el rabo". Diez años de mentiras con total impunidad. Y muy castizo, que para eso mandan, como buenos cristianos viejos, con el rabo. (Villarejo, se quejaba, en términos parecidos, de lo mucho que le debía el PP al Comisario Olivera: "es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder (...) Que la Gürtel los podía haber [al PP], vamos, los podía haber mandado todos a tomar por el culo si no llegar a ser por este... y eso no se puedo olvidar en la puta vida, eh". Luego, que cómo es posible que al PP lo dirija un tipo que tiene un álbum de fotografías veraneando con un narco en Galicia. 

No sé si alguien le podrá pedir cuentas a los policías que hacen informes falsos para instruir causas que se archivan. Cuánto dinero tirado. ¿Qué se hace con tanto informe falso? (Quizá están entrenados para meter luego en los muros de las comisarías, ocultos con mampostería, todos esos informes falsos que solo tenían una intencionalidad política. Bueno, política contra Podemos, aunque para gente como Óscar Sánchez Gil, que al parecer llevaba  al menos cinco años trabajando con los narcos,  le ha brindado grandes emolumentos).

Dicen las noticias que este pollo Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería, como a aquel otro gran político de Valencia al que en el Partido Popular siempre han tenido en tan alta estima. Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad. ¿Por qué se le ha terminado ahora? Eso nos lo dirán los buenos periodistas.

La UDEF, dirigida con esta gente, lleva muchos años inventándose pruebas contra políticos y activistas de izquierda, contando a menudo con la colaboración de jueces a los que no les parecía que lo que decían esos policías olía a pescado podrido. No tengo que irme muy lejos a buscar ejemplos. Me han acusado de financiar ilegalmente a Podemos, de financiar a la guerrilla latinoamericana (no es broma), de cobrar comisiones ilegales, de inventarme facturas, de blanquear dinero, de manipular "con intenciones delictivas" unas fotocopias que yo mismo había presentado al juez -había tachado en documentos entregados también a la prensa el final de mi dirección de correo electrónico para evitar que los trolls saturaran mi mail (donde, es lo que les molestaba, se demostraba que la UDEF mentía. Quizá por eso tardó el juez Escalonilla 4 años en abrirlos), de tener 92 cuentas, de llevar bolsas de dinero, maletas de dinero, contenedores de dinero y de formar parte de la banda inicial de la casa de papel (mi nombre clave era Heidelberg). Todo, por supuesto, mentira, tras mentira tras mentira. Pero les daba igual. Ahora vemos que la gente responsable de que se inventaran esas mentiras para intentar matarnos (como se jactaba Ferreras, el de La Sexta) son unos redomados sinvergüenzas. No creo que salga la gente del PP ni los jueces y periodistas que trabajaron con ellos a decir nada. 

La pregunta siempre es ¿alguien nos devuelve el daño causado? Porque han sido diez años con acusaciones, telediarios, tertulias, portadas, columnas, editoriales gritando: "¡Culpables! ¡Culpables! ¡Culpables!" Todos sabemos que, en nuestra sociedad saturada audiovisualmente, basta la acusación para que la descalificación, el estigma, la sospecha hagan su trabajo. Todo, además, bien engrasado, de manera que cuando terminaba un juicio, siempre empezaba otro. A los odiadores profesionales y los tertulianos en nómina nunca les ha faltado nueva munición. En España, las cloacas, como pasa cuando las herencias de las dictaduras no se revierten, siguen muy activas. Hay lugares en el Estado español a donde no es que no llegara el 15M: es que no llegó la Transición.  

¿Cómo hacer pagar por el daño personal causado y cómo devolverle a España el hurto de una posibilidad política a la que no se confrontó con argumentos y con ideología, sino con aparatos del Estado, medios de comunicación y redes que se comportaron como corruptos? Supongo que una posibilidad es decidirse ir a vivir en los tribunales y poner decenas de querellas. Llevar ante la justicia a todos aquellos y aquellas -Dolores de Cospedal estaría imputada si el Juez García-Castellón no la hubiera exonerado- que han participado en el daño. Es una posibilidad.  

La otra es entender que a España le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo. Que en España puede gobernar la extrema derecha -como acaba de pasar con Trump en EEUU- sin que se hayan limpiado las instituciones de franquismo. Ahí está estos días de luto en Valencia la policía compadreando con los fascistas y aporreando a los desahuciados. Y a partir de ahí, que cada cual saque las conclusiones apropiadas."  

(Juan Carlos Monedero , Público, 10/11/24)    

El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)

"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

La narcocorrupción en las filas de la DEA y su peso en Latinoamérica

 "La agencia federal antinarcóticos DEA, en su publicitado combate contra la narcocorrupción por el mundo, se ve obligado a enfrentar esa misma batalla, pero dentro de su propia casa con una serie de escándalos internos que sin duda captan más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas. Lo cierto es que la política estadounidense antidrogas es un gran fracaso, y el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante.

 La todopoderosa DEA ha tenido que investigar por corrupción y complicidad con el narcotráfico a docenas de sus agentes. Algunos –pocos- fueron presos, otros obligados a retirarse, mientras los escándalos de corrupción y complicidad con el narco en sus propias filas ya son comunes. Hoy la poderosa agencia estadounidense enfrenta un problema sistémico, no a casos aislados de corrupción.

A 50 años de su creación, la DEA fue objeto de una primera evaluación de desempeño en más de 100 países, que descubre irregularidades de agentes en su desempeño. Se detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. En el mismo, hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de los informantes con los que trata la DEA en varios países, a los que deja completamente descobijados una vez que les sirven.

Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EEUU.

Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EEUU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos.

Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, también se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia. Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos.  Es en EEUU donde se localizan no sólo la demanda, sino la industria armamentista que empodera a los cárteles, las instituciones financieras que facilitan y administran el lavado de dinero y agencias del gobierno que operan en favor del crimen organizado.

El discurso de la DEA trata de instalar un manto de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto y Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.

La narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de EEUU, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que expliquen su ubicuidad.

 Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también se ha enfrentado a la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Departamento de Estado estadounidense lanzo alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EEUU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.

Cuando se ve en apuros políticos o de seguridad, EEUU –incluyendo la DEA- lanza camapañas de desprestigio contra gobernantes latinoamericanos, tratando de dañar su imagen ante sus compatriotas y en el imaginario colectivo mundial, brondándole excusas para intervenir en los asuntos internos de nuestros países.

La última semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al periodista estadounidense Tim Golden, quien en un reportaje, sin prueba alguna, lo involucró en un presunto financiamiento del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006 en medio del actual proceso electoral: “que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron? o ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto?”, dijo el mandatario

La injerencia de la DEA, el “cuco” de la droga

Lo que no dice la autoevaluación es que la DEA es uno de tantos modos de intervención de EEUU con la tarea explícita de combatir el narcotráfico mediante métodos nunca explícitos. La poderosa agencia con base en Estados Unidos y tentáculos en todo el mundo fue penetrando diferentes capas de la estructura judicial, policial y política local de los países latinoamericanos, hasta controlarlas.

 Por ejemplo, la agencia de noticias estadounidense Associated Press dio cuenta el 1° de febrero, de operaciones encubiertas realizadas por la DEA en Venezuela, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, y rastrear a altos funcionarios públicos, incluido el presidente Nicolás Maduro. Hechos similares se repitieron en varios países de la región.

Aunque parezca inverosímil, los informantes son asesinados e incluso desaparecidos, y nunca dan cuenta de ello los reportes de la DEA. Eso pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tienen protocolos de salvaguarda a los informantes, por lo cual es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera, pero hay mucha acusaciones en ese sentido, nada más que no son tomadas en serio en el informe oficial.

Una evaluación de las operaciones en el exterior de la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero; tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo. No obstante, revela casos de corrupción, escándalos e incluso complicidades con grupos criminales.

 El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití, que además de la corrupción, señala casos de inteligencia comprometida y muerte de civiles.

Pero a pesar de noticias bastante frecuentes de agentes que aceptan sobornos, colaboran con operaciones de lavado de dinero, que filtran información a narcos o que roban bienes confiscados y más, los escándalos parecen no tener impacto sobre la agencia, que sigue con su cantinela de combate a las drogas ilícitas y la corrupción en el mundo, mientras su presupuesto sigue creciendo con más de 2.500 millones de dólares al año.

Los diez mil empleados de la DEA en 241 oficinas en Estados Unidos, así como en 93 oficinas en el extranjero, son –en los papeles- los encargados de combatir las redes criminales de droga, causante de daño, violencia, sobredosis y envenenamiento a los estadounidenses.

Pero ha debido asumir Estados Unidos, y una parte central de eso incluye combatir la corrupción que es parte integral del negocio de drogas ilícitas. Según la información oficial, realizó en los últimos años más de 26 mil arrestos y participó en algunos casos prominentes en México como los de El Chapo y García Luna.

Y sigue persiguiendo a otros capos mexicanos como El Mayo Zambada y el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de ser los principales actores en el tema que ha elevado a su mayor prioridad: el fentanilo.

Casos espectaculares

Entre los casos más espectaculares está el de su agente estrella José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar en 2020 al FBI,  que trabajó con (y para) cárteles colombianos para lavar dinero, y robó millones en bienes confiscados y de supuestos pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y prostitutas.

 Irizarry, que se ganó el título del agente más corrupto en la historia de esa dependencia, denunció que él no era un caso aislado dentro de las filas de la DEA y acusó a varios de sus colegas, funcionarios del gobierno estadounidense, políticos de los países donde actuó e informantes de participar en su gran festival de corrupción a través de tres continentes: “con lo que llamábamos Equipo America, tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.

Pero por más que la DEA intentó señalar a este escándalo como un caso aislado, a finales de 2022 investigadores del Departamento de Justicia ya habían empezado a interrogar hasta dos docenas de agentes de la DEA y fiscales acusados por Irizarry, el agente estrella.

Irizarry señaló que la acusación pinta una imagen de él, como el agente corrupto que manejó todo este esquema, “pero no habla sobre el resto de la DEA. Yo no era el cerebro”. El jjuez que lo condenó aseveró ante los fiscales en 2021 que el acusado es quien fue atrapado, pero sin duda para su corte hay muchos otros.

Irizarry, por su parte, dijo a la prensa que sus actos corruptos fueron resultado de que se dio cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”. Y por demás redituable.

Un año atrás, La DEA removió de su cargo a su director en México, Nick Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con autoridades mexicanas. Utilizó fondos de la agencia para, entre otras cosas, pagar su propia fiesta de cumpleaños, así como rentar un yate en Panamá para recibir al entonces director interino de la agencia.

 Nick Palmeri, jefe regional de la DEA en México, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado, luego que se filtró la información de que se había reunido varias veces con abogados de líderes de cárteles.Pero recién dos años más tarde el inspector general del Departamento de Justicia informó públicamente las razones por las cuales había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post.

Fraudes

Un ex agente de la DEA comentó: “no puedes componer lo que está mal en el gobierno mexicano si tu propia casa está incendiada”. Y por cierto, en su propia casa el año pasado, unos siete altos funcionarios de la DEA fueron sujetos de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia por posible fraude en el otorgamiento de contratos millonarios no competitivos y emplear a una docena de personas que habían trabajado antes con la administradora (directora) de la agencia, Anne Milgram.

También estaba bajo investigación un contrato de 1.4 millones de dólares con un bufete en Washington que fue realizado por Milgram –y encabezado por un abogado cercano a un amigo de la directora– para realizar una evaluación de los escándalos de las operaciones en el extranjero de la agencia; el informe final fue ampliamente cuestionado por sus críticas limitadas a la conducta inapropiada por varios agentes.

Milgram fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2021 para limpiar la casa, y muy rápido provocó conflictos al imponer reglas más firmes para prevenir conducta inapropiada de agentes que incluyen frenar actos racistas y sexistas.

Fue ella quien ordenó la evaluación de las operaciones internacionales de su agencia, sobre todo después del escándalo de Irizarry .Pero ella resultó ser la cuestionada por a quién encargó y contrató para el trabajo, y sus actividades han sido parte de investigaciones de legisladores poderosos como el senador Charles Grassley.

Altos mandos en problemas

La corrupción dentro de la agencia es un tema delicado y la DEA repite que entre sus prioridades está garantizar la integridad de su labor y asegurar que no permitirá la impunidad entre sus filas. Pocos le creen y la realidad les da la razón.

 A mediados del año pasado, el segundo en el mando de la DEA, Louis Millones, renunció después de que la agencia noticiosa Ap revelara que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y también consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos.  Millione había dejado su carrera de 21 años en la DEA en 2017 para irse al sector privado y retornó en 2021 como segundo de Milgram."              (Álvaro Verzí Rangel, estrategia.la)

Dos ministros, un Secretario de Estado, un alto cargo de la Policía Nacional, un comisario y tres abogados colaboraron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para llevar a cabo la Operación Kalashov’, gracias a la cual se consiguió información comprometedora del PSOE y de alguno de sus políticos más reconocidos. Además, el líder de la mafia rusa excarcelado, Zakhar Kalashov, también se encargó de algunos flecos sueltos de la Gürtel y dio armas a Rajoy para poder atacar a los disidentes internos del Partido Popular, especialmente, un político valenciano que no era de la cuerda del presidente... Aclarar lo ocurrido también debería ayudarnos a entender que pasó de verdad en la Gürtel de Arganda y con la petrolera PEMEX, inmersa en ese momento en una pugna con Repsol

 "Dos ministros, un Secretario de Estado, un alto cargo de la Policía Nacional, un comisario y tres abogados colaboraron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para llevar a cabo la Operación Kalashov’, gracias a la cual se consiguió información comprometedora del PSOE y de alguno de sus políticos más reconocidos. Además, el líder de la mafia rusa excarcelado, Zakhar Kalashov, también se encargó de algunos flecos sueltos de la Gürtel y dio armas a Rajoy para poder atacar a los disidentes internos del Partido Popular, especialmente, un político valenciano que no era de la cuerda del presidente. Todo ello con el objetivo de mantener la exigua ventaja en las encuestas con la que contaba en 2014 hasta las elecciones de 2015.

Mientras analizamos los pormenores de la operación en el especial de Crónica Libre sobre los intentos de compra de elecciones del Partido Popular, en este artículo desgranamos quienes fueron las personas que participaron en la operación. Para empezar, tenemos al omnipresente Villarejo, como alma del proyecto, ideólogo y conductor del asunto. Pero detrás también estaban todos sus habituales, que abordamos por orden cronológico de aparición. En segundo lugar, tenemos al abogado del PP, Javier Iglesias “el largo”, que se reunió con Rajoy y María Dolores de Cospedal el 12 de marzo de 2014, según relata el propio Villarejo en su agenda.

 Villarejo comentó la posibilidad de hacer la ‘Operación Kalashov’ pocos días después. Exactamente, el 28 de ese mismo mes, marzo de 2014.

 En tercer lugar, el 30 de marzo de 2014, hizo acto de presencia el Secretario de Estado, Francisco Martínez, también conocido como Chisco.

 El cuarto hombre en entrar en la trama fue el DAO de la Policía, Eugenio Pino, al que Villarejo contó la operación el 1 de abril de 2014.

El quinto, fue uno de los abogados que trabajaba en el despacho de Javier Iglesias “el largo”. Se trata de Oscar Jiménez Rubia. El sexto en entrar en escena fue quien trajo el contacto con el entorno de Kalashov y fue Jesús Gil (que nada tiene que ver con el que fuera Alcalde de Marbella), un amigo de Villarejo. Jesús Gil fue el encargado de hablar con el intermediario que había designado Kalashov, cuyo nombre es Halit Sahitaj.

En el séptimo lugar no podía faltar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue el encargado de llevar al Consejo de Ministros la operación planteada por Villarejo. El octavo fue el encargado de tramitar la excarcelación de Kalashov y su expulsión a Rusia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el mismo que al dejar de ser ministro empezó a trabajar en una de las empresas de Villarejo, Legálitas. Y, el noveno, por supuesto, el presidente Mariano Rajoy que presidió el Consejo de Ministros donde se puso en libertad al criminal más peligroso de España y uno de los más peligroso del mundo.

Sería muy interesante que el gobierno actual de Pedro Sánchez desclasificara todos los papeles, documentos y trámites de la ‘Operación Kalashov’ para conocer con pelos y señales que pasó exactamente. Ya que todavía quedan por despejar dos incógnitas básicas:

1. ¿Quién filtró desde la Fiscalía Anticorrupción que se iba a realizar la Operación Avispa y que permitió que abandonaran España los principales cabecillas? Porque sólo Kalashov fue apresado y lo fue en Dubái.
2. ¿Qué dos fiscales rusos (es decir funcionarios oficiales) vinieron a España a intermediar para que Kalashov fuera liberado? ¿Y con quien hablaron estos enviados de Putin además de con el Juez Andreu, tal y como apuntó Villarejo?

Nueve individuos: un Presidente de Gobierno, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, el Secretario de Estado de Interior, el DAO de la Policía, el Comisario Villarejo, el abogado del PP y 2 abogados más para guiar a un Consejo de Ministros en una operación digna de la Justicia bananera de la que disfrutamos en este país. Y, sobre todo, no nos podemos olvidar de las víctimas que aparecen en la documentación, que todos ellos han sufrido el azote de la Justicia o de la prensa en campañas posteriores: PSOE, Gaspar Zurrías, José Bono, José Blanco o Eduardo Zaplana.

Aclarar lo ocurrido también debería ayudarnos a entender que pasó de verdad en la Gürtel de Arganda y con la petrolera PEMEX, inmersa en ese momento en una pugna con Repsol… Estaría bien que alguna institución se preocupara de velar por las cosas que les ocurrieron en los meses o años posteriores a la Operación Kalashov. La Democracia bien lo merece."                 (Patricia López, Crónica Libre)

Los mensajes que implican al exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho: “Yo no fallo a los míos” Un agente de Asuntos Internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes

 "El exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho de Gibraltar David Oliva consiguió información reservada de la investigación que Asuntos Internos dirigía contra él a cambio de prometer a uno de los agentes de este servicio un puesto en el dispositivo especial en el que entonces mandaba. Así consta en los mensajes que Asuntos Internos incautó en diciembre pasado al exintegrante de esa unidad y autor de la filtración. El 25 de enero de 2022, a punto de producirse el soplo, Oliva exprime al que terminaría por ser su subordinado: “Entrega la tarea. Esto es la operación boomerang”

Cuando se envió ese mensaje, el teniente acusado de la filtración todavía estaba destinado en Asuntos Internos. Acababa de regresar de una baja de paternidad y ya había acordado con Oliva extraer del servidor de la unidad los datos recabados sobre él y otro mando en el marco de la Operación Varea, tal y como acredita de forma indiciaria la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.

Asuntos Internos indagaba en la relación con el clan de los Ariza del teniente coronel Oliva y otro mando del operativo antidroga en el Campo de Gibraltar, a partir de los datos obtenidos por la Policía Nacional contra el grupo de narcotraficantes. La posible implicación de Oliva y su teniente con los ‘narcos’ motivó la apertura de una pieza separada de la causa contra los Ariza.

La Audiencia Nacional encargó esta pieza separada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado, que certificó la asistencia de Oliva y el otro teniente investigado a una fiesta del clan de narcos si bien acumulaban indicios de posibles irregularidades del mando desde 2016, en destinos anteriores y también relacionados con el combate al narcotráfico, precisan las fuentes consultadas.

En dicha pieza están imputados el teniente coronel Oliva, el teniente que también se habría beneficiado del chivatazo y el exmiembro de Asuntos Internos, también teniente, que dio el soplo a cambio de un destino en el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCON-Sur. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los tres los delitos de revelación de secretos y cohecho. La pieza ha permanecido en secreto hasta hace unos días.

El cohecho: un puesto de 2.100 euros más al mes

Asuntos Internos explotó la primera fase de la operación el 19 de diciembre de 2019. Los investigadores llegados de Madrid detuvieron al exteniente de Asuntos Internos y registraron su casa de Cádiz. Allí, en un ordenador, encontraron una copia de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el teniente coronel Oliva y que ilustran qué gano el teniente de Asuntos Internos con la filtración: un destino temporal en OCON-Sur, el dispositivo especial que el Ministerio del Interior desplegó en 2018 en el Campo de Gibraltar ante la impunidad con la que actuaban los narcotraficantes en la zona. 

Para el teniente de Asuntos Internos, la comisión de servicio en OCON-Sur suponía regresar a su lugar de origen y percibir un incremento de 2.100 euros mensuales en la nómina. El teniente, que acababa de ser padre, quería evitar también los numerosos viajes a los que le obligaba su destino en Asuntos Internos y que complicaban su vida familiar, según explicó en la Audiencia Nacional. También declaró que la mejora económica no era tanta porque en Asuntos Internos disponía de vivienda en un pabellón de la Guardia Civil y en Cádiz debería alquilar una vivienda. 

El teniente coronel Oliva, por entonces comandante, conocía el deseo de su compañero de Asuntos Internos por regresar a Cádiz y se acercó a él en una maniobra en la que participó presuntamente el otro mando a sus órdenes, también imputado. 

“Yo no fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”

Entre las 8.00 y las 15.00 horas del 18 de enero, el agente de Asuntos Internos extrajo los datos del servidor de Asuntos Internos y creó la carpeta “VAREA_Algeciras” en un pendrive de la marca Toshiba que rodeó con un pequeño trozo de cinta aislante. Ese mismo día, Oliva volvió a escribir al teniente: “Cómo llevas los deberes?”. El jefe Antidroga de la Guardia Civil recibió de inmediato una respuesta: “Buenos días, mi comandante: Hechos”. El 27 de enero, el teniente se incorporó a su destino en el Campo de Gibraltar y cinco días después entregó a su nuevo jefe, el entonces comandante Oliva, el citado pendrive.

Los investigadores sostienen que a la entrega de información, la revelación de secretos, hay que añadir un segundo delito, el cohecho, por la prebenda que recibió a cambio el filtrador. Así lo deja claro otro intercambio de mensajes del 25 de enero. El teniente informa a su próximo jefe de que ya está con los preparativos para mudarse al sur y el teniente coronel le advierte: “Antes tienes que entregar la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Los investigadores creen que con esa expresión, la “operación boomerang”, Oliva hace referencia al regreso del teniente a su casa a cambio de la información. El 31 de enero acuerdan verse al día siguiente y el 1 de febrero se produce el pase de información en el pendrive. Esa misma noche, el teniente se preocupa porque Oliva cumpla su parte del trato. El teniente coronel responde: “Nunca le fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”. 

Arruinada la investigación al clan Ariza

La filtración de las averiguaciones de Asuntos Internos al teniente coronel Oliva y a un subordinado suyo en el OCON-Sur estuvo seguida de un cambio radical en la actividad de los narcos investigados que ha terminado por provocar que la Fiscalía Antidroga haya solicitado el archivo de la pieza principal, dirigida contra el clan de los Ariza, según ha adelantado El Independiente.

El juez Alejandro Abascal deberá decidir si acepta el archivo y otra petición de Antidroga, que se inhiba a favor de un juzgado de Valdemoro de la pieza separada contra Oliva y los dos tenientes, por encontrarse la sede de Asuntos Internos, de donde procede la filtración, en la citada localidad madrileña.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior anunció que decidía reestructurar la unidad de OCON-Sur y reubicar por las distintas comandancias de Andalucía a los 150 agentes que había destinado al Campo de Gibraltar en comisión de servicio, esto es, temporalmente. La decisión se publicitó como una nueva fase de la lucha contra el 'narco' en la zona, pero ya por entonces Asuntos Internos seguía los pasos a Oliva. El teniente coronel nació en Algeciras y ha sido condecorado en varios puestos que ha desempeñado.

Durante los cuatro años que estuvo operativo, el OCON-Sur participó en las grandes operaciones contra el narcotráfico y sus clanes en la zona del Campo de Gibraltar cosechando numerosos éxitos. La penetración de los grupos de 'narcos' en la economía y el tejido social había hecho encender todas las alarmas en los poderes públicos. En 2021, elDiario.es reveló el contenido de un informe redactado por el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se constataba “la existencia de un grave problema de corrupción policial en el sur de España”."              (Pedro Águeda  , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)

Detenido el comisario jefe de Fuengirola por revelar secretos y perjudicar investigaciones

 "El comisario jefe de la Policía Nacional de Fuengirola (Málaga, 83.000 habitantes), José María Tocornal Blanco, ha sido detenido por sus compañeros de Asuntos Internos, que lo han investigado y acusado de omisión del deber de perseguir delitos, coacciones, violación de secretos con grave daño para la causa pública, descubrimiento y revelación de secretos, según ha revelado la propia policía en una breve nota. En ella no se aclara ni qué información ha facilitado presuntamente el comisario ni a quién, ni qué operaciones han sido frustradas. Junto a Tocornal ha sido arrestado también el empresario del sector inmobiliario S. K., de 58 años.

El comisario —que llegó al cargo en 2018— ha sido suspendido de empleo y sueldo por el Ministerio del Interior. Fuentes de este departamento han indicado que el comisario supuestamente facilitó información sobre operaciones policiales en marcha. Su arresto se ha producido a primera hora de esta mañana. Varios agentes han procedido más tarde al registro del domicilio del comisario, según han informado fuentes de la investigación a Efe, quienes han subrayado que el policía se encontraba presente y en compañía de un letrado. Fuentes del Ayuntamiento de Fuengirola han mostrado su sorpresa por la detención, pero han descartado comentarla debido a la existencia de una investigación en curso.

Las actuaciones están declaradas secretas, pero fuentes de la investigación apuntan a que el funcionario policial supuestamente facilitó información al empresario arrestado sobre el desarrollo de alguna investigación. La causa está en manos del juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola.

Tocornal, de 63 años recién cumplidos, es natural de Santa Cruz de Tenerife. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1983. Estuvo destinado en Bilbao hasta 1992 y más tarde en Huelva, donde, tras ejercer de inspector, fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Más tarde, en 2011, fue trasladado como jefe a la comisaría que comparten las localidades cordobesas de Lucena y Cabra. El primer puesto de comisario que ejercía tras su ascenso a esta categoría en diciembre de 2017 era el de Fuengirola, donde sustituyó a José Manuel Caamaño. Tocornal fue presentado en su nuevo cargo en enero de 2018. “Hoy me encuentro ante la perspectiva de poder alcanzar el sueño de hacerme cargo de una de las comisarias más envidiadas de la Costa del Sol y de toda Andalucía”, dijo entonces. El comisario tiene tres cruces al mérito policial con distintivo blanco."                    (Nacho Sánche , El País, 06/03/23)

Los escándalos que envuelven a la DEA no cesan

 "La DEA (Drug Enforcement Agency) la agencia antidrogas que despliega Estados Unidos en el mundo, es uno de tantos modos de intervención en Latinoamérica y el Caribe, con la excusa de una tarea explícita: combatir el narcotráfico mediante métodos menos explícitos. (...) 

Los escándalos que la envuelven no cesan. Ahora se reveló que destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre EEUU y México y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera. (...)

Pero el caso que fulminó la reputación de la DEA fue el de José Irizarry, condenado a 12 años de prisión después de admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. 

Irizarry aseguró que no caería solo, y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de colecta permanente para recoger dinero proveniente del lavado en ciudades de tres continentes. De cara al discurso oficial de Washington, Irizarry afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra de la DEA contra las drogas.

Mientras, en abril pasado, el gobierno mexicano disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA en “el combate al crimen organizado”, una medida que fue criticada por el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, como un disparo en el pie por parte de las autoridades mexicanas. 

Medios de prensa mexicanos, como La Jornada, calificaron entonces de saludable el alejamiento respecto a una institución probadamente corrupta y carente de cualquier autoridad para dictar la manera en que ha de conducirse la lucha contra el crimen organizado en otros países.

La destitución de Palmieri es crítica debido al deterioro de la situación con México, señaló Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”, añadió.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami..Uno de esos abogados, identificado como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri.

 Los registros internos muestran que el abogado Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje sin un propósito laboral útil que violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.

Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021, para interrogar a una fuente confidencial. Pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reunión social donde hubo alcohol.

Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una cacería de brujas provocada por celos personales y profesionales, que se negó a especificar. Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020 ya que algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985.

Indicaron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.

Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump,citó el arresto en EEUU en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA.

 López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular, a inexistente."

 ( Gerardo Villagrán del Corral , https://rebelion.org/749611-2/3)

“Altos contactos en la esfera judicial y policial” dan chivatazos a la familia de la alcaldesa de Marbella

 "La Policía Judicial, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, lanzó un SOS sobre el marido de la alcaldesa de Marbella, el empresario Lars Gunnar Sune Broberg, encausado por presuntos cargos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y narcotráfico.

En el informe, al que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Policía sostiene que el marido de la alcaldesa de Marbella -Ángeles 'Titi' Muñoz-, estaría recibiendo chivatazos de la Policía o del ámbito judicial, y que sería conocedor de secretos a través de estas fuentes.  

La ficha policial de Broberg adjunta al sumario presenta, además de un desglose de sus cargos sociales y su patrimonio, un apartado en el que se desgrana su participación en actividades delictivas. Uno de los puntos de dicho apartado reza lo siguiente:

“Altos contactos en la esfera judicial/policial y revelación de secretos. En una de las conversaciones Lars avisa a su hijo de que los teléfonos que usa están intervenidos y de que está siendo escuchado por la policía, lo que da una idea del alto nivel de contactos que Lars podría tener en el ámbito judicial o policial para tener conocimiento de tales hechos”.

De acuerdo con el informe policial al que ha tenido acceso este medio de comunicación, Lars Gunnar Sune Broberg tendría contactos en el seno de la Policía o en el ámbito judicial, que le revelarían secretos y le facilitarían sus movimientos ilegales. A su vez, según informó ElDiario.es en su momento y tal como corrobora el propio informe, Broberg tendría conocimiento de que había una investigación secreta en curso y de que el teléfono de su hijo estaba ‘pinchado’ por la Policía.

Trabas judiciales por doquier

A su vez, el pasado mes de noviembre, este periódico ya informó acerca de las trabas impuestas por la justicia a la investigación que incriminaba a Broberg y a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz Uriol, haciendo un repaso cronológico a los procesos judiciales.

De dicho repaso, se desprende que el juez García Castellón, titular del Juzgado encargado de procesar este caso (JCI nº6 de la Audiencia Nacional) y la fiscal antidroga no tienen la más mínima intención de investigar, tal como le propuso la UDEF, los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias que podrían haber cometido tanto autoridades políticas ligadas al Partido Popular como funcionarios públicos dependientes de los anteriores.

Esta no es la primera ocasión en la que García Castellón mantiene, con el PP y sus decenas de cargos públicos investigados en su juzgado (Púnica, Lezo o Kitchen), una actitud amable judicialmente hablando, que se ha traducido en decenas de sobreseimientos, tal como publicó este medio recientemente.

Cabe destacar también que a García Castellón le restan únicamente dos años de servicio, y no parece estar dispuesto a complicarle la vida a la actual dirección del PP Nacional y regional de Andalucía ni de agitar el avispero de las ramificaciones corruptas de la trama marbellí."               (Sergio Ramiro / José María Garrido Lunes, El Plural, 12 de diciembre de 2022)