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30.1.20

El escándalo de la mujer más rica de África salpica a las cuatro grandes consultoras

"Se las conoce como las Big Four, las cuatro mayores firmas de consultoría y auditoría del mundo. Se trata de PwC (antes PriceWaterhouseCoopers), KMPG, Ernst & Young y Deloitte, y entre las cuatro obtuvieron unos ingresos en 2019 de 153.000 millones de dólares; en España han duplicado sus ingresos en los últimos 10 años. 

A pesar de que, a raíz de casos de contabilidad ficticia como Enron, Lehman Brothers o Tyco en EE.UU., se han promulgado leyes para combatir ciertas malas prácticas que acarrearon una generalizada falta de confianza de los inversores en estas agencias, no parece que estas hayan hecho mella en las Big Four.

Esto es lo que se desprende de los documentos analizados y publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 36 medios de comunicación de 20 países diferentes. La investigación señala que la enorme fortuna acumulada de forma fraudulenta por Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos (en el poder durante más de 38 años, hasta 2017), considerada la mujer más rica de África, se valió no sólo de la complicidad de las cuatro mayores firmas de auditoría, sino también de una trama internacional compuesta por abogados, contables, testaferros, asesores y representantes que permitieron el saqueo de las arcas de Angola durante más de 20 años. 

Lo contó claramente el periodista del ICIJ Will Fitzgibbon en una entrevista a la cadena de noticias portuguesa SIC: “Existe toda una red global, en muchas ocasiones gestionada y controlada desde Lisboa, Londres, Nueva York y Ginebra, y las personas responsables que trabajan ahí son tan responsables, a veces aún más, por ayudar y favorecer la existencia de estos regímenes cleptocráticos”.


Como ya publicó CTXT en 2017, la caída de Isabel dos Santos lleva años siendo una muerte anunciada. Hija del hombre más poderoso e intocable de Angola durante 38 años, pasó de regentar un pub nocturno a finales de los 90 en la zona conocida como A Ilha (La Isla), un barrio/trinchera para la súper reducida clase alta de Luanda, a ser la mujer más rica de todo un continente. Entre ella y su marido, según el ICIJ, cuentan con participaciones en 400 empresas de 41 países, y han creado más de 192, incluyendo 94 sociedades pantalla en paraísos fiscales: banca, energía, cemento, distribución, finanzas, servicios, sector inmobiliario, restauración, supermercados, telecomunicaciones, centros de negocios, diamantes y, por supuesto, petróleo.

Isabel siempre fue “la princesa” sin miedo, la hija menos politizada de todos los que tuvo José Eduardo dos Santos, pero sin duda la más despiadada en los negocios y la más popular tanto fuera como dentro de Angola. Gracias a la firma suiza de diamantes que compraron ella y su marido, De Grisogono, dieron el triple salto mortal para zambullirse en la beautiful people de la alta sociedad internacional. Su implicación activa durante años en el Festival de Cine de Cannes, aparte de infinidad de galas y fundaciones benéficas, hizo que sus redes sociales, con cientos de miles de seguidores, se convirtieran en una sucesión de fotografías junto a actrices, cantantes y demás celebridades.


Pero todo eso cambió cuando su padre cedió el bastón de mando al actual presidente de Angola, João Lourenço, en agosto de 2017. Empezaron las investigaciones que han dado como resultado la imputación de Isabel dos Santos por fraude, la confiscación de sus cuentas bancarias, bienes y participaciones industriales tanto en Angola como en Portugal, y el bloqueo de transferencias bancarias a Rusia y Dubai por valor de 11 millones de euros. El caso ha afectado también a su hermano José Filomeno, que fue arrestado y está siendo juzgado en Angola por blanqueo de dinero y malversación, y a su hermana Tchité dos Santos, que fue apartada de la dirección del MPLA (Movimiento Popular de Libertaçao de Angola, el partido fundado por su padre y el que gobierna el país) y está siendo juzgada en Portugal, también por blanqueo.

La desaparición del paraguas de invulnerabilidad con el que nació Isabel dos Santos es lo que ha hecho posible el trabajo de los whistleblowers desde Angola. No parece coincidencia que la organización de la que partieron la mayor parte de los documentos filtrados al ICIJ, la Platform to Protect Whistleblowers in Africa (Plataforma para Proteger a Denunciantes de África) naciera en París en 2017, el año en que el dictador más longevo de África, Eduardo dos Santos, dejó el Gobierno de Angola.

Más de 700.000 documentos, 356 gigabytes de información relacionada con los negocios de Isabel dos Santos y su entorno, analizados por el ICIJ y por un puñado de medios de comunicación internacionales, como El Confidencial en España y SIC y Expresso en Portugal, han puesto de manifiesto que este tipo de esquemas fraudulentos no pueden concretarse sin la complicidad de los reguladores, tanto a nivel nacional como internacional.

Después de un contundente jaque a la reina, el siguiente movimiento no puede ser otro que la búsqueda del resto de peones que intervinieron en este inmenso tablero internacional disputado, durante dos décadas, bajo las reglas de la familia dos Santos. 

En este sentido, la firma de diamantes De Grisogono, de Isabel dos Santos y su marido, el coleccionista de arte Sindika Dokolo, contó como socio accionista, durante cinco años, con la multinacional española Eurofinsa. Como revelan los documentos del ICIJ y publicaba El Confidencial, “en los años previos a ese período, el Gobierno (…) de Eduardo dos Santos había otorgado varios contratos a Eurofinsa y a sus filiales en Angola”. Además, el portugués Guilherme Taveira Pinto, ex representante de la empresa semipública española Defex en Angola, fue una pieza clave en los movimientos desde el país africano hacia Europa.

En Portugal ya se han alzado voces en el Parlamento que acusan al Banco de Portugal y a la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliario de complicidad activa y pasiva con los negocios de dos Santos. En conversación con CTXT, el profesor emérito de la Universidad de Oporto y fundador del Observatorio de Economía y Gestión del Fraude, Carlos Pimenta, denuncia “la propagación del fraude y la corrupción a élites portuguesas (…), el envolvimiento recíproco en negocios deshonestos, la acción conjunta en paraísos fiscales, la utilización de Angola ‘sin ley’ por portugueses, y de Portugal como oportunidad de negocio y de entrada en la zona euro por angoleños”.

¿Suicidio de un banquero?

El escándalo en Portugal ha dado un giro dramático por el hallazgo del cuerpo sin vida de Nuno Ribeiro Cunha, director de banca privada del Eurobic, entidad de la que dos Santos poseía el 42,5% hasta el 22 de enero, cuando el banco anunció la salida de la angoleña de su estructura accionarial. La muerte, ocurrida al día siguiente, el 23, parece haber sido un suicidio, según las autoridades, y se produce el mismo día en el que la Fiscalía General de la República de Angola anunciaba la imputación de dos Santos y otros cuatro portugueses, entre ellos Ribeiro Cunha, por transferencias fraudulentas desde Sonangol, la petrolera angoleña, por valor de 90 millones de dólares. Esto implica que, si se emite orden de busca y captura internacional, el Gobierno de Portugal extraditaría a todos, incluyendo a sus compatriotas portugueses, para ser juzgados en tribunales angoleños.


Y el ventilador sigue girando y salpicando. El abogado de dos Santos, presidente no ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones Nos, que es también presidente del Consejo del Eurobic, Jorge Brito Pereira, dimitió de este último cargo y fue llamado a declarar por el comité de ética de Nos junto a otros dos representantes de Isabel. El responsable de PwC para Portugal, Angola y Cabo Verde, Jaime Esteves, dimitió este martes; y el primer ministro, António Costa, ha tenido que pronunciarse ante las acusaciones de que Dos Santos tuvo “acceso directo” al gabinete de la presidencia en el pasado: “Nunca tuvo un trato especial (…) ni favor ni desfavor”, aseguró Costa a varios medios de comunicación.

En este sentido, Carlos Pimenta asegura que “hace tiempo que se sabe que los reguladores en Portugal son burocráticamente cómplices. Europa es uno de los centros neurálgicos del crimen organizado. Dos tercios del dinero global oculto en paraísos fiscales está localizado en territorios de la Unión Europea. Que no haya dudas, los mayores interesados en el mantenimiento del actual status quo respecto a estas jurisdicciones (Luxemburgo, Malta, Irlanda, etc.) son los países ricos”.

Sonangol, o Lacuevadealibaba, S.A.

El patrón preferido por el entorno de dos Santos, y que evidencia el beneficio obtenido por las Big Four (además de la firma Boston Consulting Group y otras) puede explicarse con un ejemplo tan práctico como paradigmático: el auge y caída de la millonaria en la dirección de la compañía petrolera estatal de Angola, Sonangol. Porque, a pesar de todos sus éxitos empresariales anteriores, fue en 2016 cuando Dos Santos subió al Monte Olimpo del capitalismo, en el mismo momento en el que su padre la nombró presidenta de Sonangol, la empresa más grande de Angola (representa un tercio del PIB y el 90% de las exportaciones), y tuvo la oportunidad de controlar cantidades desorbitadas de dinero público para gestionarlo de forma privada.

Y la aprovechó, al menos hasta noviembre de 2017, cuando fue apartada del cargo y sustituida por Carlos Saturnino, que de inmediato comenzó un proceso implacable de auditorías y purgas que llevaron a la antigua “princesa” a su actual situación. Saturnino denunció una transferencia ilegal de 38 millones de euros desde las arcas de Sonangol a una empresa de la órbita de Dos Santos, lo que dio inicio a un proceso criminal contra la expresidenta y a la posterior incautación de bienes y participaciones.


Los hechos se remontan a 2015, antes incluso de que ella presidiera la petrolera, siempre bajo control absoluto de su padre. Ese año, la empresa con sede en Malta Wise Intelligence recibió un contrato, sin concurso público, para reestructurar Sonangol y su sistema productivo. Sin embargo, Wise Intelligence era una empresa vacía, sin medios ni experiencia, sin trabajadores ni oficinas. Esta empresa fantasma contrató a su vez a las firmas de consultoría Boston Consulting Group (BCG), PwC y al despacho Vieira de Almeida, una de las mayores firmas de consultoría legal en Portugal.

El proyecto de restructuración de Sonangol, bautizado como Solange y adjudicado a la empresa fantasma Wise Intelligence, le costó al Estado angoleño más de nueve millones de dólares en solo seis meses. De esos, cuatro  millones fueron pagados a las consultoras (BCG, PwC y Vieira de Almeida) y casi cinco millones no salieron de Wise. Gracias a los documentos filtrados al ICIJ, se sabe que Wise fue creada por Isabel dos Santos: en la constitución del Holding Wise aparece como dueña del 99% de las participaciones. El 1% restante pertenece a su marido, Sindika Dokolo.

El mismo mes en que se realizó la última transferencia a Wise desde Sonangol, julio de 2016, se produjo el nombramiento de Dos Santos como presidenta de la compañía. Previamente, ella era ya accionista de otras empresas que hacían negocios con Sonangol.
El debut como presidenta de la petrolera supuso un ligero cambio: cesaron los contratos con la filial de Wise en Malta y se pusieron en marcha otros con  dos empresas fantasma controladas por dos Santos en Dubai, a través de testaferros: Matter Business Solutions DMCC e Ironsea Consulting DMCC.

 Fueron estas operaciones las que se orquestaron desde el cuartel general de dos Santos en Lisboa, en el número 190 de la Avenida da Liberdade. En poco más de año y medio, Sonangol pagaría 135 millones de euros a diferentes consultoras, de los cuáles 130 millones fueron a parar a las arcas de Matter e Ironsea, y 3 millones a las de BCG. Matter no volvió a tener ningún cliente después del contrato con Sonangol y, dos años después, entró en proceso de liquidación. 

Incluso después de que varios bancos estadounidenses y europeos, como Citibank en 2012, Barclays en 2013, Banco Santander en 2014 o Deutsche Bank, emitieran señales de alarma ante los intentos de financiación para contratos por parte del universo Dos Santos, las Big Four y BCG siguieron ayudando y lucrándose con los negocios fraudulentos a expensas del pueblo angoleño. En total, el Gobierno de Angola calcula que el agujero en las arcas públicas generado por las aventuras empresariales de dos Santos y su entorno puede ascender a 1.100 millones de dólares."           (Daniel Toledo, CTXT, 25/01/20)

3.12.19

El embajador español en Angola se benefició del plan de sobornos pagados por Mercasa

"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata señala que el embajador de España en Luanda, José María Castroviejo y Bolívar (Bueu, Pontevedra, 1942), ayudó en 2012 y 2013 a la empresa pública de construcción y gestión de mercados mayoristas Mercasa a consumar un plan de sobornos a funcionarios y políticos de Angola que se elevó a más de 20 millones de euros, con el fin de asegurarse contratos en el país africano entre 2006 y 2016. Las adjudicaciones ascendieron a un total de 533 millones de dólares. Cobró no menos de 30.000 euros por esa intermediación irregular con el Gobierno angoleño.

En un auto de diligencias previas fechado el 25 de noviembre, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sostiene que en el primer semestre de 2012 directivos del consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) mantuvieron contactos con responsables de diferentes ministerios del Gobierno presidido por José Eduardo dos Santos, con el fin de desbloquear una deuda del Estado angoleño a la multinacional española. Según De la Mata, el embajador de España “habría acompañado en todo momento este proceso irregular” durante ese periodo en que aún ejercía como máximo responsable de la legación diplomática en Luanda.

José María Castroviejo fue cesado en junio de 2012 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. No había cumplido el ciclo habitual de cuatro años que suelen consumar los embajadores como jefes de misión diplomática, ya que había sido nombrado en enero de 2009.

En un correo electrónico reproducido por el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, queda claro que Castroviejo preguntó a uno de sus contactos en Mercasa durante una comida si podía ofrecer dinero a políticos angoleños para facilitar el desbloqueo de la deuda. Castroviejo participó directamente a cambio de dinero en estas negociaciones paralelas irregulares”, se lee en el escrito de De la Mata.

Cierto es que en concreto este 'e-mail' está fechado en octubre de 2012, unos meses después de ser cesado. Pero el juez subraya a continuación que Castroviejo “intervino en el proceso de desbloqueo de la deuda en desempeño de su tarea oficial como embajador y que continuó posteriormente una vez cesado. (…) Estas intervenciones que pudiera haber llevado a cabo las habría realizado bajo las expectativas de recibir un ‘premio’, recompensa esperada bajo la premisa de gestiones realizadas”.

El embajador no está entre los 28 investigados, entre personas físicas y jurídicas, en el caso Mercasa de Angola por los delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación criminal y blanqueo de capitales.

Castroviejo mantuvo una relación profesional remunerada con Incatema hasta noviembre de 2012, momento en el que recibió una notificación oficial por la que se le comunicaba la incompatibilidad de estas actividades de mediación con su labor diplomática. Tan solo 18 días después de su cese, Castroviejo creó la sociedad Betel Martin Soluçóes Lda, en Luanda. El juez defiende que la constitución de esa mercantil tenía la única finalidad de ocultar esa incompatibilidad.

La norma laboral que rige aún para los diplomáticos data de 1955. En el artículo 73 del Reglamento Orgánico de la Carrera Diplomática se lee: “Se prohíbe a los funcionarios de la carrera diplomática que desempeñen cargos en el extranjero, ejercer comercio, profesión o industria en el país en el que estén destinados”.

En febrero de 2013, Castroviejo libró una factura de 50.000 euros por su labor de intermediación entre Incatema y miembros del Gobierno de Dos Santos. Su interlocutor directo fue Javier Pardo de Santayana, consejero delegado del consorcio CMIC.

Aunque Pardo de Santayana le respondió unos días más tarde que su “hermano Manolo [Manuel Pardo de Santayana]” le había dicho que había pactado en una reunión personal con el embajador que solo se abonarían tres meses de servicios, a razón de 10.000 euros mensuales, es decir, un total de 30.000 euros.
Este diario ha intentado ponerse en contacto con Castroviejo, pero el diplomático ya retirado no ha contestado a los correos electrónicos que ha leído durante estos últimos días.

Miembro de una familia distinguida

Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, José María Castroviejo y Bolívar superó las oposiciones a la carrera diplomática en 1971. Entre 2002 y 2012, ocupó el puesto de embajador en tres misiones: Tanzania, Bosnia y Angola. Antes, había ejercido como consejero y cónsul en otros destinos internacionales, como las legaciones diplomáticas de Gabón, La Haya, Naciones Unidas en Nueva York, Montreal y Estambul.
En una de sus anécdotas como diplomático, se puede referir que Castroviejo propuso a Jane Goodall como candidata al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica cuando era embajador en Tanzania. Tuvo éxito: la primatóloga británica obtuvo el galardón en 2003.

Es hijo del escritor y periodista gallego José María Castroviejo Blanco-Cicerón (1909-1983), firmante del acta fundacional de las JONS. Su padre frecuentó los ambientes de los grandes intelectuales falangistas como Álvaro Cunqueiro, a quien le unía una gran amistad.

El embajador es el tercer hijo de un total de 11 hermanos. Varios de sus hermanos han desarrollado carreras notables y públicas.

Su hermano Javier es escritor y naturalista, fue director durante 14 años de la Estación Biológica de Doñana. Fue amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, con quien colaboró en rodajes de los afamados documentales de TVE ‘El hombre y la tierra’.

Su hermano Santiago fue un prestigioso botánico (murió en 2009). Ejerció como director del Real Jardín Botánico de Madrid entre 1984 y 1994. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación en 2009. Es autor de la gran obra ‘Flora ibérica’, de catalogación botánica."                      (Marcos García, El Confidencial, 02/12/19)