Denuncian que en los últimos años se ha generalizado la persecución judicial a los periodistas y denunciantes de corrupción que resultan molestos para políticos, bancos y grandes empresas... Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes... Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias... El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción

 "Los últimos acontecimientos sociopolíticos en España han popularizado el término ‘lawfare’, que define una campaña de guerra jurídica mediante la instrumentalización de la justicia con acoso y persecución judicial, con apariencia de legalidad, para tratar de perjudicar y desprestigiar al adversario y con la finalidad coactiva de que desista de alguna actuación molesta.

La proliferación de acciones judiciales formuladas por bancos, grandes empresas y el establishment contra periodistas, abogados, activistas y denunciantes de corrupción por sus críticas públicas y denuncias de actuaciones irregulares se ha generalizado de tal forma que la Unión Europea se ha visto obligada a redactar una propuesta de Directiva contra las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (DECPP).

El año pasado infinidad de periodistas, abogados y denunciantes de corrupción han denunciado públicamente que han sido presuntamente represaliados, perseguidos judicialmente o coaccionados por denunciar actividades ilícitas de grandes empresas, políticos, jueces o empresarios.

Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes, entre ellos a su presidenta Ana Patricia Botín, por presunta manipulación de la junta de accionistas, intervención en la estafa piramidal de Madoff y otras actuaciones presuntamente ilícitas de los directivos del banco cántabro y miembros de la familia Botín que, supuestamente, habrían acarreado perjuicios a la entidad, a sus accionistas y clientes del banco.

El abogado ejerce la defensa de su cliente y de los intereses de los accionistas minoritarios ante los tribunales y en las juntas del Banco Santander, haciendo mención a esas presuntas actuaciones irregulares de la entidad financiera.

Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que, según fuentes consultadas por este medio, han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias por haber presentado varios escritos de recusación en los que se aportaba información en la que se expresaba el indicio de la supuesta existencia de cuentas bancarias que presuntamente podrían ser de miembros de la judicatura.

El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.  

Según ha podido saber este medio, el letrado habría solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid y a juzgados de lo Mercantil y de Instrucción de Madrid que llevasen a cabo una averiguación de esos presuntos hechos a través de la petición por parte de los magistrados de comisiones rogatorias a las autoridades y bancos extranjeros que permitiesen confirmar o negar la existencia de las cuentas bancarias. Los organismos judiciales se han negado a reclamar esa información.

Según el abogado, ante el presunto intento de represalia mediante ‘lawfare’ desencadenado por Banco Santander contra su propio accionista, éste se ha visto obligado a solicitar al Gobierno que proceda a aprobar una ley orgánica para amnistiar a todos los periodistas, abogados, comunicadores o denunciantes de corrupción que, como él, se ven a diario perseguidos por ejercitar el derecho de información o defensa con libertad de expresión en los medios de comunicación o en los tribunales.

En dicha petición, el abogado hace referencia a las distintas recomendaciones de organizaciones internacionales e iniciativas legislativas de los parlamentos español y europeo para la despenalización de los delitos de difamación y para la protección contra las demandas abusivas que las grandes empresas, poderosos y grupos de presión vienen instrumentalizando en los últimos años para acallar a informadores, alertadores, abogados y activistas denunciantes de corrupción que alzan la voz para denunciar actos irregulares y defender los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado que acusó a un juez de prevaricar dentro de una causa por estafa procesal. La sentencia del Supremo mantiene que el abogado, en el contexto forense y del derecho de defensa de un escrito en un proceso penal que no trascendió fuera del procedimiento, estaba amparado por la libertad de expresión para poder hacer criticas contundentes sobre la labor jurisdiccional del togado. Además, se declara que los jueces, por razón de las responsabilidades de su función pública, están obligados a soportar el escrutinio social y tolerar críticas más duras que los ciudadanos que no ostentan cargos públicos.

Por otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pondría de manifiesto la inconsistencia de la acusación del Santander contra el abogado y de otras muchas que se producen a diario en los juzgados españoles de distinta instancia y la pertinencia de que el juzgado ordenase su sobreseimiento al ser un ejemplo más del ‘lawfare’ contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Se espera que esta iniciativa tenga eco entre los grupos parlamentarios y se proceda a proteger a los que se atreven a criticar de forma pública las actuaciones irregulares de aquellos que se creen impunes ante la Justicia por la protección que se les facilita, en ocasiones, mediante ‘lawfare’."                (J. A. Gómez, Diario16, 08/02/24)

La carrera hacia la libertad de los condenados por Gürtel

 "Desde finales de diciembre, cinco de los principales condenados por la primera etapa de la trama Gürtel han mejorado su situación penitenciaria, en dos de los casos antes de haber cumplido la mitad de la pena. El extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, han visto como la justicia ―en cuatro de los cinco casos en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias― les concedía la semilibertad o, en el caso de López Viejo, salidas diarias restringidas. Sin embargo, cada uno tiene por delante su particular calendario penitenciario, según reflejan diversos documentos judiciales. Cuatro esperan haber reunido los requisitos legales para que un juez les excarcele entre finales de 2024 y 2027.

 Luis Bárcenas. El 27 de diciembre el extesorero acudía al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para comenzar a disfrutar de la semilibertad que días antes le había concedido Instituciones Penitenciarias. Condenado a 29 años y un mes, para entonces Bárcenas hacía más de un año que había cumplido la mitad de los 12 años de cumplimiento efectivo que fijó la Audiencia Nacional. En su caso, la semilibertad era fruto de la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a internos que, como él, están clasificados en segundo grado (el ordinario, en el que está más del 70% de los presos en España) acceder a beneficios del tercer grado, como las salidas diarias. Desde entonces abandona durante 15 horas al día el recinto penitenciario para ir a trabajar. Pese a que esta situación es, prácticamente, un tercer grado, Bárcenas ha intentando sin éxito que se le progrese a esta clasificación. El juez lo rechazó el pasado julio.

Si lo logra finalmente (cada seis meses se revisa la clasificación de los reclusos), obtendría ventajas a corto plazo ―pasaría de 36 días de permiso al año a 48―, pero sobre todo le permitiría aspirar a la excarcelación a medio plazo. Según su calendario penitenciario recogido en el auto de julio, el 20 de septiembre de 2024 habrá alcanzado las dos terceras partes de la pena, lo que le abriría la puerta a que un juez le concediera la llamada “libertad condicional adelantada”, una medida excepcional contemplada en el artículo 91 del Código Penal. Justo un año después cumplirá las tres cuartas partes para aspirar a la libertad condicional ordinaria (artículo 90). Para lograr cualquiera de las dos, además de los respectivos requisitos temporales, Bárcenas tiene que estar clasificado, precisamente, en tercer grado además de haber tenido buen comportamiento y, en el caso de la libertad condicional anticipada, haber “desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales”. El extesorero, que ha realizado un taller de justicia restaurativa y participa en un programa de reinserción para delincuentes económicos, aprovecha sus salidas del CIS para, además de trabajar como contable, colaborar con una ONG. El extesorero extinguirá la pena el 19 de septiembre de 2028.

Pablo Crespo. El que fuera número 2 de la trama Gürtel está condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel, aunque la Audiencia Nacional fijó que el máximo que debe cumplir son 18 años. En diciembre pasado ya había cumplido la mitad. En su caso, y al contrario del extesorero del PP, la justicia sí le ha concedido el tercer grado penitenciario ―lo hizo en febrero―, por lo que en diciembre de 2025, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, podrá aspirar a que el juez le conceda la libertad condicional anticipada. De no lograrlo, en junio de 2027 cumpliría el requisito temporal para la ordinaria. Extinguirá la pena el 12 de diciembre de 2031. El auto judicial con el que se le concedió en febrero la semilibertad en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias se destacaba que Crespo había disfrutado de 11 permisos “sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción. La resolución también destacaba su colaboración con la justicia.

Francisco Correa. Condenado a 105 años y siete meses en siete juicios por corrupción, la Audiencia Nacional fijó para el cabecilla de la trama un máximo de estancia en prisión de 18 años. Aunque aún tiene que sentarse en el banquillo en otros tres juicios, el auto con el que el juzgado le concedió en junio el tercer grado ya destacaba que las hipotéticas condenas no ampliarán su tiempo de estancia en la cárcel. Su acceso a la semilibertad, como pasó con su número dos, se produjo en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias. El juez consideró que era merecedor de este beneficio porque su evolución en prisión había sido “muy positiva” y colaboraba con la justicia, además de tener una oferta de trabajo. Ahora, y con la mitad de la pena cumplida desde 2022, su vista está en julio de 2025, cuando habrá cumplido dos terceras parte de la condena y enero de 2027, cuando alcance los tres cuartos. No extinguirá la pena hasta el 9 de julio de 2031.

Rosalía Iglesias. La esposa de Bárcenas accedió a la semilibertad el pasado lunes después de que la Audiencia Nacional corrigiera a Instituciones Penitenciarias y ordenara aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como al extesorero. Condenada a 12 años y 11 meses de prisión, el tiempo máximo en prisión se le fijó en siete años y seis meses. Al no haber ingresado en prisión preventiva ―al contrario que su marido, Crespo o Correa― su grado de cumplimiento de la pena es inferior aunque esta es más baja. De hecho, aún no ha cumplido la mitad de la misma (lo hará en julio de 2024) y no llegará a los dos tercios hasta octubre del año siguiente. Su calendario penitenciario tiene en rojo otras dos fechas: el 28 de mayo de 2026 habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena y el 11 de abril de 2028 extinguirá el castigo. Como Bárcenas, Correa y Crespo, cumple su condena en el CIS Victoria Kent, del que en breve podrá salir a diario para trabajar y ayudar con una ONG. Además, deberá participar en programas de reinserción por orden del juez.

Alberto López Viejo. El exconsejero de la Comunidad de Madrid es, de los cinco, el que tiene los plazos más largos para la excarcelación. Condenado a 27 años y 10 meses, de los que tiene que cumplir 13 años y nueve meses, López Viejo no cumplirá la mitad de la pena hasta abril del año que viene. De este modo, no alcanzará las dos terceras partes hasta julio de 2027; las tres cuartas partes hasta septiembre de 2028, y no la extinguirá hasta el 13 de febrero de 2032. Aunque aspiraba a que se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el mismo que a Bárcenas e Iglesias―, el juez optó en julio por aplicarle otro artículo, el 117, que le permitirá salir varias veces a la semana para hacer voluntariado con refugiados ucranios a pesar de estar en segundo grado penitenciario. Es el mismo artículo por el que Iñaki Urdangarin abandonó a partir de 2019 varios días a la semana la prisión de Ávila también para colaborar con una ONG. No obstante, el magistrado apuntaba en el auto que, de continuar con la evolución “positiva”, el exconsejero obtendrá “en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 21/08/23)

Jueces corruptos españoles, Europa va a por vosotros... La Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo han iniciado los procedimientos para endurecer la legislación anticorrupción de la Unión Europea y, según las pautas marcadas, parecen diseñadas exprofeso para frenar la corrupción judicial que en España ya es alarmante... Europa está harta de España y de los problemas que genera la Administración de Justicia. Cada año llegan miles de denuncias ante la Comisión, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupción en las que se señala un incremento alarmante de la corrupción judicial en España... y es que En España, hay jueces de lo mercantil que han hecho fortuna con los concursos a empresas otorgados de manera poco transparente a determinados administradores concursales. También dictan sentencias favorables a grandes empresas, multinacionales y familias de rancio abolengo en las que no se han tomado en cuenta las pruebas presentadas en los procedimientos

 "Tanto desde la política como desde determinados lobbies mediáticos se insiste en que el mayor problema de la Justicia en España es la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es falso porque, sí, que el Partido Popular se haya negado a renovar los órganos constitucionales es muy grave. Sin embargo, el único gran problema que tiene la Justicia en España es el elevado nivel de corrupción existente que está inundando todas las instancias.

No se puede generalizar porque sería injusto. No todos los jueces en España son unos corruptos. Es más, la mayoría de ellos no lo son y realizan su trabajo mejor o peor en función de sus capacidades y del nivel de soberbia que apliquen en procedimientos. No obstante, es un hecho que el nivel de corrupción judicial se acrecienta en los juzgados de lo Mercantil y en las instancias superiores, donde la ponzoña toca a la gran mayoría de sus miembros. Esto debería colocar a España en estado de crisis democrática, pero ningún gobierno, ni del PP, ni del PSOE, ni de coalición progresista se atreve a meterle mano a la Justicia. Por algo será.

Diario16 lleva años en contacto con distintas fuentes en las distintas instituciones de la Unión Europea y lo que nos dicen de manera extraoficial (o en off the record) es que Europa está harta de España y de los problemas que genera la Administración de Justicia. Cada año llegan miles de denuncias ante la Comisión, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupción en las que se señala un incremento alarmante de la corrupción judicial en España.

Por esta razón, las nuevas medidas anunciadas el pasado mes de mayo tanto por la Comisión, como por el Parlamento y el Consejo Europeo, parecen hechas exprofeso para intentar poner fin a la corrupción judicial en España.

Muchos ciudadanos piensan que la ineficacia de los tribunales está causada por la falta de recursos y por el exceso de trabajo al que se ven sometidos los jueces. Puede ser cierto. También se da por hecho que si un ciudadano se enfrenta a una gran compañía o una gran familia, entonces va a perder. Esto ya es muy grave per se, porque determina que decenas de miles de personas perjudicadas o estafadas por los poderes económicos, financieros y empresariales dejan de acudir a los tribunales porque saben que, de mano, lo tienen perdido.

Los juzgados españoles se han convertido en un verdadero mercado persa, donde, en ocasiones, da la impresión de que los jueces actúan de una manera para, posteriormente, hacer lo contrario para dar la razón a los poderosos y que este comportamiento no es más que una supuesta maniobra para subir «el caché». Esto ha sido corroborado a Diario16 por exmagistrados y exmagistradas de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia que, por decencia y por ética, abandonaron voluntariamente sus puestos por no soportar lo que sus ojos veían o por no ceder a las presiones para que formaran parte de un sistema corrupto.

En España, hay jueces de lo mercantil que han hecho fortuna con los concursos a empresas otorgados de manera poco transparente a determinados administradores concursales. También dictan sentencias favorables a grandes empresas, multinacionales y familias de rancio abolengo en las que no se han tomado en cuenta las pruebas presentadas en los procedimientos.

Europa se harta

Por esa razón, Europa está harta y ha decidido endurecer las medidas anticorrupción con una ampliación de los delitos. «La integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción son compromisos políticos claros de la Unión. El actual conjunto de propuestas reforzará aún más la lucha contra la corrupción en la UE, elevando las normas de la legislación de la UE para garantizar una mejor prevención y lucha contra la corrupción, así como estableciendo un mecanismo internacional de sanciones», afirma la UE.

La propuesta de Directiva establece normas sobre las definiciones y sanciones de los delitos de corrupción. Amplía la lista de delitos de corrupción para abarcar la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción, más allá de los delitos de soborno más clásicos. Como se puede comprobar, son delitos intrínsecos a la corrupción judicial.

La Unión Europea también establece niveles de pena coherentes, así como circunstancias agravantes, entre las que señala directamente a los jueces. o es responsable de la aplicación de la ley.

Por primera vez a escala de la UE, la propuesta reúne la corrupción de los sectores público y privado en un solo acto jurídico. También establece requisitos claros de control e información para facilitar la aplicación de la ley.

«La propuesta también reforzará la aplicación de la ley. Los informes sobre el Estado de Derecho han puesto de manifiesto que unos sistemas de justicia penal eficaces, dotados de los instrumentos adecuados para luchar contra la corrupción, son fundamentales para mantener unos niveles elevados. La Directiva facilitará una lucha eficaz contra la corrupción en toda la UE, proporcionando normas mínimas para hacer frente a la compleja red de actividades interrelacionadas que alimentan la corrupción en las sociedades actuales. Abordará factores clave para una lucha eficaz contra la corrupción, como la capacidad, la especialización y el acceso a las herramientas de investigación pertinentes, así como los obstáculos a la investigación y el enjuiciamiento efectivos, como los procedimientos onerosos y opacos para levantar inmunidades o los plazos de prescripción excesivamente cortos para los delitos de corrupción», advierten desde la Unión Europea.

En España, por culpa de la corrupción judicial, no existe un sistema institucional basado en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Los enfoques anticorrupción eficaces suelen basarse en medidas para mejorar la transparencia, la ética y la integridad, así como en la regulación de ámbitos como los conflictos de intereses, los grupos de presión y las puertas giratorias. Es decir, todo lo contrario que sucede en España, donde hay jueces y fiscales que salen voluntariamente de la carrera para ganar millones de euros en despachos de abogados privados, o donde los grandes bufetes ignoran los conflictos de interés para generar un escenario de presión constante (el económico incluido) que favorezca a sus clientes.

La experiencia demuestra que una respuesta firme a la corrupción se basa en sistemas para prevenir y abordar los conflictos de intereses; en el establecimiento de registros de transparencia y de grupos de presión; y en la creación de mecanismos viables para la divulgación y verificación de los bienes e intereses de los funcionarios públicos. No es posible que en España haya cientos de jueces que se niegan a dictar comisiones rogatorias a bancos extranjeros para perseguir el lugar donde se esconde el dinero de la corrupción en España en todos sus elementos: política, empresarial, bancaria, y, sobre todo, la judicial.

«La transparencia no sólo es fundamental para la responsabilidad política, sino también para la integridad. Un sistema basado en la transparencia en la toma de decisiones y su aplicación es crucial para cerrar el paso a la corrupción. Las transacciones digitales y la publicación de datos financieros y de otro tipo por parte de los organismos públicos también dificultan los intercambios corruptos. Unos marcos éticos fuertes y claros, con las estructuras e instituciones necesarias para funcionar bien, son herramientas poderosas. También existe una importante dimensión internacional: como parte de la próxima iniciativa de Defensa de la Democracia, la Comisión presentará legislación sobre la transparencia de la representación de intereses extranjeros, para limitar el riesgo de injerencias encubiertas en los procesos combatir mejor la corrupción en la UE y mejorar la coordinación de las actuaciones a escala nacional y de la UE», advierten tanto la Comisión como el Parlamento y el Consejo."          (J. A. Gómez, Diario16, 16/06/23)

Europa acaba con la impunidad de los jueces españoles... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los órganos responsables de los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben ser independientes e imparciales, por tanto, el actual sistema español por el que se archivan decenas de miles de denuncias queda absolutamente desacreditado

 "El mayor problema que tiene España no es la inflación, el desempleo, la incapacidad política, la Monarquía o la corrupción. La Justicia se ha convertido en la mayor problemática que afecta a la vida de los ciudadanos de una manera directa puesto que, además de la confirmada corrupción judicial existente, se suma la impunidad de los jueces ante los continuos atropellos que perpetran día sí y día también.

En España no hay justicia, salvo que tengas la posibilidad de contratar a los grandes despachos de abogados que pueden resolver asuntos espinosos de manera directa o a través del tráfico de influencias que tan bien pagan. A ese nivel no pueden llegar el 99% de los ciudadanos y, en consecuencia, el 1% restante es el que se lleva, en la mayoría de los casos, las sentencias favorables.

La problemática de la justicia en España no está en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en las mayorías de jueces conservadores o progresistas que sirven de correa de transmisión de los intereses políticos. El problema de la justicia en este país es que el propio sistema ha creado un escenario basado en la más absoluta impunidad.

Tal y como publicamos y analizamos en Diario16, la ley española viola la Constitución para blindar a los jueces, dado que la aplicación que se hace de la recusación en los procedimientos judiciales conculca derechos fundamentales y constitucionales. Además, causa indefensión a la parte recusante al limitar sus derechos de defensa, audiencia, contradicción y prueba.

 Además, según expertos juristas consultados por Diario16, es manifiestamente inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano.

Por otro lado, está el modo en que se gestionan las acciones disciplinarias contra los jueces porque es una evidencia de que no es muy ético, por no decir alegal. Una persona que tenga que juzgar a otra tiene que ser absolutamente libre e independiente. Sin embargo, en España, los jueces son los que juzgan a sus compañeros de carrera profesional, lo que provoca que las barrabasadas legales que se ejecutan en España pasen sin ningún tipo de sanción disciplinaria.

Sin embargo, una vez más ha tenido que ser Europa la que entre en juego y dicte jurisprudencia que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado que e órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Esto no sucede en España, puesto que a la hora de interponer sanciones contra un juez o magistrado, la responsabilidad recae sobre la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Jueces juzgando a jueces.

La sentencia del TJUE confirma su jurisprudencia por la que el régimen disciplinario aplicable a los jueces que pueden tener que aplicar el Derecho de la Unión debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control de sus actividades.

En consecuencia, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de un órgano competente para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias y para ejercer una acción disciplinaria contra jueces y fiscales deben respetar las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión y, en particular, del Estado de Derecho.

Según indicaban las conclusiones del Abogado General de la UE, «las garantías de independencia e imparcialidad exigidas en virtud del Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, en particular en lo relativo a la composición del órgano, el nombramiento, la duración de las funciones así como las causas de abstención, recusación y cese de los sus miembros, que permiten disipar cualquier duda legítima, en la mente de los litigantes, sobre la impermeabilidad de este órgano frente a los elementos externos y su neutralidad frente a los conflictos de intereses».

Además, un aspecto muy importante de esta sentencia es el hecho de que no indique en ningún momento que ese órgano tenga que estar constituido por jueces porque, evidentemente, la independencia y la imparcialidad quedarían muy en duda."         (José Antonio gómez, Diario16, 13/05/23)

En España tenemos nuestros héroes anónimos: el comisario Jesús García, que se enfrentó a la jerarquía político-judicial para esclarecer los hechos... comisario Rodolfo Ruiz, cuyo encomiable trabajo en el 11M fue objeto de una campaña de acoso mediático amparada en un fenomenal bulo sobre los atentados (que dice Bárcenas que se pagó con dinero fruto de la corrupción), una difamación que acabó llevando a su esposa al suicidio...

 "La Asamblea Nacional Francesa se inventó tras la Revolución, en 1891, un concepto que tendría cierto éxito entre las democracias balbucientes del siglo XIX: el Panteón de Hombres Ilustres, una forma de reemplazar los mausoleos de las monarquías del Antiguo Régimen y sus mitologías dinásticas por un nuevo devocionario democrático de paisanos. (...)

España tiene el suyo en Madrid, pero que apenas hayamos oído hablar de él, que nadie sepa dónde está (al lado de la basílica de Atocha, por cierto) y que todos sepamos dónde está el Valle de los Caídos es consecuencia de la pobre historia de las revoluciones liberales y democráticas españolas de los últimos 250 años. (...)

Aquí tenemos nuestros héroes anónimos, protagonistas de historias ejemplares pero el silencio cultural que los rodea es otra prueba de los déficits de nuestra memoria histórica. Aunque el caso Lasa y Zabala ha sido voluntariosamente llevado al cine, parece mentira que no haya una película centrada en la levantar una elegía al comisario Jesús García, un hombre que se enfrentó al Estado y a la jerarquía político-judicial para esclarecer los hechos, y al que su empeño le costó la vida: murió de un infarto durante el juicio, en la misma sala de justicia. 

Tampoco la hay del comisario Rodolfo Ruiz, cuyo encomiable trabajo en el 11M fue objeto de una campaña de acoso mediático amparada en un fenomenal bulo sobre los atentados (que dice Bárcenas que se pagó con dinero fruto de la corrupción), una difamación que acabó llevando a su esposa al suicidio.

De los déficits de la construcción colectiva española da cuenta también la ofensiva institucional contra destacados políticos republicanos españoles, como Largo Caballero e Indalecio Prieto, algo que no pasaría si alguien hubiera hecho una película sobre ellos. 

Hay que decir que el único cineasta español que se ha tomado en serio la capacidad del cine para conformar un santoral democrático e ilustrado con películas populares que son modelos éticos o fábulas morales es Alejandro Amenábar, con sus títulos sobre Ramón Sampedro (Mar adentro), Hypatia (Ágora) o Miguel de Unamuno (Mientras dure la guerra). Y más modestamente el dramaturgo Jordi Casanovas, autor de Ruz-Bárcenas y Jauría.

De la condición melindrosa de nuestras ficciones da la medida el hecho de que, hasta para hablar de corrupción las películas eviten cuidadosamente señalar nombres o partidos, lo cual tiene el funesto efecto de trasladar la idea de que tal vez todos somos iguales y no cabe escapar a esos comportamientos. Quizá no resolvamos nuestros problemas para articular un proyecto democrático común, sano y plenamente funcional en tanto personajes como los comisarios Rodolfo Ruiz y Jesús García no hayan sido elevados por la ficción cinematográfica."                   (Pedro Vallín, La Vanguardia, 12/02/21)

Fiscalía ve posible blanqueo en el Santander, pero pide archivar por "dificultades técnicas"

 "La Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar la investigación en torno al Banco Santander pese a apreciar indicios de que colaboró en el blanqueo y la evasión de fondos de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. 

En un informe remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público subraya que "los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades" por parte de BNP Paribas y el banco que preside Ana Botín, pero pide dar carpetazo a las pesquisas por "las evidentes dificultades técnicas" y la falta de una prueba "directa, inequívoca y sin fisuras", lo que "no otorga certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en la sede de enjuiciamiento".

El futuro de las diligencias queda ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, que mantiene imputados a siete directivos y exdirectivos del Banco Santander por poner presuntamente su infraestructura al servicio de HSBC Suiza, uno de los bancos más investigados del mundo por lavado de dinero. 

Como adelantó El Confidencial, las averiguaciones en torno al Santander avanzan en paralelo a las diligencias de la red Charisma, el grupo de gestores financieros que lideraba Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— y que presuntamente ocultó en depósitos suizos y andorranos dinero de grandes fortunas españolas.

"La operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español (entre otros hechos delictivos), se extendía al aprovechamiento y repatriación de los mismos, contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander SA y Santander Investment, y de BNP Paribas Securities Services, que prestaron su apoyo en operaciones puntuales", explica la Fiscalía en su informe. Pese a ello, considera que debe archivarse la investigación y apunta, entre otros motivos, a "la ausencia en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o Constitucional sobre la cuestión".

En cuanto al papel del Santander en esta red, Anticorrupción explica que "era el Banco corresponsal de HSBC en España" y que "a través de la cuenta de corresponsalía se canalizaron sucesivas transferencias con clientes de HSBC españoles". "En parte del periodo investigado (2005-2010) se llevaron a cabo múltiples transferencias de fondos de Suiza a España utilizando los mensajes MT202 que no identificaban al ordenante ni al beneficiario, puesto que la única información que incorporaban se refiere a los fondos transferidos y a la entidad bancaria final depositaria". De esta manera, entre 2005 y 2008 llegaron a hacerse "1.070 transferencias por importe de 73.957.603 euros, de los cuales 13.549.299 provienen de cuentas de denunciados en el caso Falciani".

Mediante este sistema, Anticorrupción sospecha que el Santander puso su red al servicio de los clientes del HSBC de Ginebra para que estos pudieran efectuar movimientos en las cuentas que escondían en Suiza sin tener que salir de territorio nacional, dificultando así el correspondiente seguimiento por parte de Hacienda. "En ningún caso por los responsables de Banco Santander se llevó a cabo control alguno sobre esta operativa a pesar de que HSBC Private Bank Suisse era una entidad de Banca Privada cuyos clientes en muchos casos eran residentes españoles con fondos en Suiza y obligaciones tributarias en nuestro país", critica la Fiscalía en su informe, de 20 páginas.

¿Por qué solicita entonces el archivo? "Sin perjuicio de lo expuesto, las numerosas evidencias afloradas podrían resultar insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas", argumenta. "La ausencia de publicidad en un primer momento de los contribuyentes españoles defraudadores fiscales podría incidir en esta dirección, aunque resulta difícil de justificar la ausencia absoluta de comunicaciones al SEPBLAC".

Apoyándose en este razonamiento, Anticorrupción pide el sobreseimiento de las diligencias que tiene entre manos la Audiencia Nacional, pero al mismo tiempo considera que los hechos deben seguir investigándose por la vía administrativa: "Interesamos la remisión de todo lo actuado en la presente Pieza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la CNMV, a los efectos oportunos, para depurar las responsabilidades que en su caso procedan en su ámbito de competencia, o la activación de los mecanismos de control oportunos a la vista de los hechos descritos", concluye su informe.

"Absoluta falta de valoración del riesgo"

Entre los hechos que considera que deben revisarse, Anticorrupción destaca "la absoluta falta de valoración del riesgo que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse" por parte del Banco Santander y BNP. Esta falta de previsión choca con "las sanciones impuestas a HSBC sucursal en España", con el "escándalo Gescartera" o con el caso Falciani, cuestiones que pusieron de manifiesto cómo la entidad helvética ofrecía a sus clientes una "estructura para ocultar sus patrimonios" a la Agencia Tributaria. A nivel internacional, el banco suizo fue condenado por blanquear dinero de la droga o manipular los tipos de cambio, pero las dos entidades españolas pasaron por alto estas informaciones a la hora de valorar el riesgo que conllevaba colaborar con el mismo.

Según explica la Fiscalía, en el caso del Santander, la labor de "calibrar los riesgos de la actividad de la entidad cliente y las medidas que deberían adoptarse" se refleja en expedientes de 2005, 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Una vez revisados los mismos, considera que presentan "numerosas deficiencias en su tramitación", como se plasma en el hecho de que "la calificación otorgada a la entidad suiza hasta el expediente de 2009 (incluido) es de riesgo bajo". "A partir de esa fecha, donde el asunto Falciani es objeto de un amplio despliegue publicitario, la diligencia debida llevada a cabo hasta la fecha de HSBC Private Bank Suisse es sustituida por la de su matriz, obviando la valoración de la filial en el país helvético, que continúa siendo de riesgo bajo, esta vez por su asimilación al grupo", critica.

En los informes de 2005, 2006 y 2009, por tanto, no "hay consultas en busca de antecedentes ni a nombre de HSBC Republic Bank Suisse, ni de HSBC Private Bank Suisse, ni por tanto de su vinculación al caso Gescartera y las cuentas cifradas", mientras que en el de 2011 "continúa sin haber la más mínima mención a los antecedentes citados, ni siquiera al caso Falciani, de gran relevancia pública en esa fecha". La situación se mantuvo así hasta el expediente del 10 de diciembre de 2015, cuando se "calificó a todo el grupo, incluida la filial suiza, como riesgo medio". Pese a ello, Anticorrupción destaca que "tampoco constan en el mismo consultas de antecedentes, ni diligencia debida sobre HSBC Suiza, ni mención alguna al caso Falciani".

Las críticas a esta "absoluta falta de valoración del riesgo" se extienden a su vez a BNP, entidad de la que se han analizado dos informes distintos en los que una vez más no aparece "ninguna mención a los casos Gescartera o Falciani:". La calificación otorgada a HSBC Private Bank Suisse de 7 de julio de 2014 es de riesgo 0, (en una escala de 0 a 30), es decir, sin riesgo en absoluto", explica el informe de Anticorrupción. "Según mantienen los peritos judiciales tras la revisión de la documentación aportada, la decisión del Órgano de Control Interno de 2005 de aplicar medidas simplificadas a HSBC Suiza no está fundamentada de ninguna manera", añade."                           (Pablo Gabilondo , José María Olmo , El Confidencial, 29/12/2020)

De investigar sin indicios a Podemos a archivar con indicios una causa contra el Banco Santander

 "A la Justicia en España se le saltan las costuras cuando se dan situaciones como la que hemos vivido estos días en los que sigue adelante una investigación contra Podemos mientras se archiva una causa por blanqueo contra el Banco Santander a pesar de «graves irregularidades»

La Fiscalía Provincial de Madrid no encuentra ni un solo indicio de que Podemos cometiera un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona Consulting para la campaña de 2019.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC, en el marco de la «lista Falciani».

 Dos casos, el de Podemos y el del Banco Santander, que se entrecruzan, no porque tengan relación entre ellos de forma directa, sino por el trato que la Justicia española ha dado a las dos partes. Pasamos a explicar cada punto. 

Podemos y la financiación irregular sin indicios

Ni un solo indicio de delito de financiación irregular de Podemos. Aún así, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que mantenga la condición de investigado como persona jurídica en esta causa.

Lo ha manifestado la fiscal del caso Neurona, Lorena Álvarez Taboada, en un informe con fecha del pasado 2 de diciembre, sobre el archivo de la causa solicitado por el partido liderado por Pablo Iglesias. En dicho escrito la representante del Ministerio Público reitera los mismos argumentos que expuso el pasado mes de octubre en relación a una petición similar de Podemos y vuelve a afirmar que la condición de investigado es “más garantista” para el partido ya que le permite “defenderse”.

Señala la Fiscalía de Madrid que “los únicos hechos respecto de los que existen indicios racionales de delito” son los referidos a la contratación mercantil Neurona, por el que se habría pagado Podemos 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de las elecciones generales de 2019, y que estos son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral, tal y como señaló el Tribunal de Cuentas en su informe.

Según recuerda la fiscal, ninguno de los dos delitos pueden ser cometidos por una persona jurídica y más aun teniendo en cuenta que el delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales, quienes están imputados en la causa.

No existen indicios

“Centrándose exclusivamente” en dicha contratación, según su opinión, el único delito que se le puede atribuir a la formación morada es el de financiación irregular de los partidos políticos, aunque recalca que “de las diligencias practicadas por el momento, no existen indicios de esa presunta financiación irregular”.

Entiende que “atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.

“Es decir, la tipificación inicial no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar su derecho del peticionario”, concluye, pues si el partido no ostenta la condición de investigado “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”. 

Archivar la causa por blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC. El Ministerio Público ha decidido que no ve posible mantener la acusación contra los investigados a pesar de las «graves irregularidades» supuestamente cometidas por estos bancos.

Según el escrito de Anticorrupción, “los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza”

“Agrava más si cabe esta consideración la notoria publicidad alcanzada en los medios de comunicación de la implicación en la ocultación del fraude fiscal masivo llevado a cabo por la entidad helvética”, continúa el texto. La Fiscalía considera que hay «evidentes dificultades técnicas» en la resolución de este problema, y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento».

La Fiscalía no niega la implicación de los bancos en el blanqueo

La Fiscalía no niega el blanqueo a pesar de detener la investigación: “Este acerbo probatorio ha puesto de manifiesto cómo la operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español (entre otros hechos delictivos), se extendía al aprovechamiento y repatriación de los mismos, contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander SA y Santander Investment, y de BNP Paribas SecuritiesServices que prestaron su apoyo en operaciones puntuales”.

Como razón para parar lo investigado hasta ahora, la Fiscalía alude a que las evidencias afloradas se entienden «insuficientes» para señalar una «prueba directa, inequívoca y sin fisuras que acredite el conocimiento cabal» de que a través de ellos se canalizase dinero procedente de actividades delictivas.

Es importante recordar que los peritos del Banco de España nombrados por el juzgado nº5 de la Audiencia Nacional concluyeron en un informe relativamente reciente que en el Santander «eran plenamente conocedores de que sus cuentas vostro de corresponsalía podían ser usadas de forma indebida».                  (Jorge F. Ferreño, Spanish Revolution, 30/12/20)

José Luis Peñas: "El Supremo dice que sin mis grabaciones no se habría averiguado casi nada de Gürtel y el indulto está pensado para estos casos"... Puede acabar en prisión por una trama de corrupción que usted mismo denunció y de la que aportó las principales pruebas. ¿Ha merecido la pena? He sufrido amenazas de todo tipo, maltrato de todo tipo, intentos de extorsión y soborno. Han atentado contra la vida de mis hijos y de mi mujer. Esto lo digo como crítica a los jueces en concreto, sino al sistema judicial

 "El exconcejal del PP que delató a Francisco Correa y destapó la trama cree que el Gobierno debería "dar un paso" tras su condena y darle tratamiento de arrepentido para que no vaya a la cárcel.

 El 7 de noviembre de 2007 fue el principio del fin de la trama Gürtel. Ese día, el exconcejal del Partido Popular en Majadahonda José Luis Peñas presentó ante la UDEF una detallada denuncia y decenas de horas de grabaciones que había hecho a escondidas al cabecilla, Francisco Correa, en las que se revelaban algunos de sus negocios ilegales. Correa había sido su amigo personal pero lo acabó traicionando para destapar el caso. Esos audios se convirtieron en la prueba fundamental de una causa con 37 procesados y que ha salpicado directamente a la estructura interna del PP. Pero no han evitado su condena, que ya es firme. 

Los magistrados del Tribunal Supremo, que este miércoles confirmaron la pena de cuatro años y nueve meses de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional, califican de "esencial" su colaboración y admiten que sus grabaciones han sido "de gran ayuda" para esclarecer los hechos. Sin embargo, no le creen cuando dice que él no cometió delito alguno. Defienden que cobró casi 40.000 euros en sobornos y que ayudó a Correa a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, donde empezó como funcionario y acabó de concejal.

Sus esperanzas están puestas ahora en el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre la petición de indulto que va a presentar y para la que espera tener el aval de la Fiscalía. "Si para alguien está hecho el indulto es para una figura como la mía", dice por teléfono a elDiario.es. Reconoce que los últimos días tras hacerse público el fallo del Supremo han sido "complicados" porque ha rememorado todas las vivencias de los últimos años, que califica como los peores de su vida. Pese a todo, dice estar "orgulloso" de lo conseguido. Y no se arrepiente, aunque sí lamenta el daño "enorme" que ha causado a su familia. "Hay días en los que por ellos se me saltan muchas lágrimas", asegura. 

El Supremo ha validado las 20 horas de grabaciones que usted hizo y que se convirtieron en la prueba fundamental del caso Gürtel pero mantiene su condena por recibir sobornos en metálico de la trama. ¿Cómo ha recibido la sentencia?

Con sentimientos contrarios. Por una parte, encantado de que no solo valide las grabaciones, sino que diga que no habría podido averiguar prácticamente nada sin ellas y sin mi denuncia. Eso hace que esté muy orgulloso de lo que he conseguido hacer. Una persona sola, sin ningún padrino... sin nada de nada. Simplemente con mi constancia he logrado que se llegara a esta sentencia. Que el Tribunal Supremo haya mantenido la condena de cárcel es un contratiempo enorme para mí. Ya lo dije con la otra sentencia... yo soy el único culpable porque no he podido hacer entender a los jueces que aunque he estado muy cerca de Gürtel nunca he sido Gürtel. 

¿Está preparado para entrar en la cárcel?

Yo espero no entrar. Aunque la condena total es de cuatro años y nueve meses es por cinco delitos, no por uno solo. Todas las penas son de menos de dos años y la mayor es de un año y dos meses. Y en estas circunstancias, normalmente, si se solicita la suspensión [de la pena] se suele acordar para las personas que se enfrentan a su primera pena, como es mi caso. Además creemos que la Fiscalía va a apoyar la suspensión. Desde el año 2005, de cuando son los hechos que se han juzgado, está mi historial de trabajo, de familia... Incluso condenado he asistido a juicios en calidad de testigo de la Fiscalía. Y si me llaman de nuevo, iré. No es que esté reinsertado, es que nunca me he desinsertado de la sociedad. Además, seguramente iremos en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

¿Pedirá el indulto? ¿Tiene esperanzas en que se lo den? La Fiscalía anunció en el juicio que le apoyaría.

Las esperanzas nunca se pierden. Yo no la he perdido ni la perderé, independientemente del resultado. La Fiscalía hizo un posicionamiento muy fuerte diciendo que merecía ese trato, por lo que espero su informe favorable a mi petición, pero el Consejo de Ministros tiene la última palabra y es absolutamente libre de tomar una decisión u otra. Yo creo que si para alguien está hecho el indulto es para una figura como la mía. La Directiva de Protección al Denunciante —que todavía no se ha traspuesto— va en esa línea. 

 Puede acabar en prisión por una trama de corrupción que usted mismo denunció y de la que aportó las principales pruebas. ¿Ha merecido la pena?

Es algo que pienso todos los días, pero no por mí, que me considero una persona fuerte que puede resistir esto perfectamente, sino por mi familia. Este proceso ha hecho mucho daño a mi mujer y a mis hijos. Ellos no entienden que los jueces hayan sido tan insensibles con una persona que pasó dos años de su vida para grabar a esta gente, que ha sufrido amenazas de todo tipo, maltrato de todo tipo, intentos de extorsión y soborno. Han atentado contra la vida de mis hijos y de mi mujer. Esto lo digo como crítica a los jueces en concreto, sino al sistema judicial. Creo que hay casos en los que la Justicia debe ser otra cosa. Por mí en absoluto me arrepiento, pero hay días en los que por mi familia se me saltan muchas lágrimas. 

¿Cree que su caso puede ser un desincentivo para alguien que se esté planteando denunciar un caso corrupción? 

Creo que el Gobierno y la Fiscalía deberían dar un paso. Cuando salió la sentencia de la Audiencia Nacional en la Fiscalía ya se dieron cuenta de que se iban a encontrar con un problema por el precedente que sentaba. ¿Cómo van a encontrar a personas que arriesguen su vida y la de los suyos, su patrimonio, su felicidad si luego encuentran este trato? En mi caso han sido 12 años en tribunales y lo que queda. 

Yo he denunciado una trama que solo en decomisos de dinero en el extranjero van por más de 200 millones de euros y que, según mis cálculos, ha robado a los españoles más de 10.000 millones de euros. Y a mí se me condena porque los jueces creen probado que me apropié de 40.000 euros. La verdad es que yo creía que la pasta de la corrupción era mucho más dura. He sido concejal en Majadahonda, que es un pueblo muy rico, donde he tenido a mi cargo presupuestos anuales de treinta y cuarenta millones... y que yo me quedara con facturas de 150 o 200 euros se me hace un poquito raro. 

La sentencia destaca su colaboración "esencial" en la investigación pero dice que su credibilidad falla porque también se benefició de la trama. ¿Por qué cree que no logró convencer a los jueces de la Audiencia Nacional durante el juicio ni a los del Supremo con su recurso?

Lo más fácil hubiera sido en el juicio, en el Supremo es muy complicado porque la prueba ya está tasada. ¿Cómo le digo a los jueces que no han valorado determinados testimonios? Porque la valoración de la prueba es libre. Allí hubo testigos que dijeron que yo no tuve nada que ver en determinados actos que se me imputan. En el juicio se vio que había otros concejales que estaban bastante más cerca de la trama que yo en lo que era Majadahonda y que no fueron ni procesados. Si yo realmente hubiera hecho algo habría negociado con la Fiscalía, que por mi condena me habrían dado una cobertura total. 

A los jueces solo les ha importado la parte relacionada con el PP, que era el 0,1% de una causa que tiene un millón de folios. Se han centrado en si iba o no declarar Mariano Rajoy, si entraba por delante o por detrás, si se sentaba en el banquillo o al lado del tribunal... todo por 200.000 euros. Y se han olvidado del resto de los mortales. Eso no puede ser en una causa con 37 procesados y que ha dado lugar a una sentencia de más de 300 años de cárcel. 

Pero es que durante la investigación afloraron indicios de una contabilidad paralela en un partido que ha gobernado el país durante tres lustros años, que preside varias comunidades autónomas… 

Sí, pero eso demuestra que al resto de mortales no nos hicieron ni caso. Desde el minuto uno compraron el relato de la Fiscalía, que está bien hecho pero adolece de muchas cosas. Esto puede parecer lamento de mal pagador, pero es algo que he dicho siempre. He dicho que me parecía increíble que el tribunal se planteara colocar en otro sitio [cuando fue a declarar como testigo] al presidente del Gobierno, que en ese momento era M. Rajoy, no el presidente; pero con esas cosas los jueces perdieron la visión completa de lo que es el juicio y se fueron para mí muchas oportunidades que tenía para haber demostrado las cosas. 

¿Por qué decidió empezar a grabar a Francisco Correa?

Cuando me expulsaron del PP en 2005 yo era muy amigo de María del Carmen Rodríguez, la mujer de Francisco Correa, porque habíamos trabajado cuatro años compartiendo despacho como concejales en Majadahonda. Guillermo [el exalcalde] nos dejó tirados porque consiguió un trabajo en el mercado de Puerta de Toledo y Paco [Correa], que era muy amigo de José María Aznar, nos ofreció ayuda. 

En 2005 hablamos de varios proyectos y montamos un partido municipal en Majadahonda... en diciembre de ese año tuvo un lío personal y se fue de casa al hotel Fénix de Madrid. Un día estando allí él, Juan José Moreno [otro exconcejal] y yo, recibe una llamada de Benjamín Martín Vasco [exconcejal de Arganda], que le dice en un momento dado que si no le daba sus 300 millones de pesetas no salía un tema de parcelas. Lo escuchamos todo porque Paco tenía la costumbre de poner el manos libres. En ese momento vi que lo que allí había era una trama de corrupción y esa misma noche decidí que iba a recopilar el mayor número de pruebas posible para que saliera a la luz. 

¿Cuánto  tiempo estuvo grabando?

Todo el año 2006 y cinco meses de 2007, hasta las elecciones de mayo de ese año. A partir de ahí dejamos de hablarnos y ya puesta la denuncia —que la puse el 7 de noviembre de 2007— me llama en diciembre Pablo Crespo [número dos de Correa] y me dice que me pase por sus oficinas de Serrano 40 que tiene una proposición que hacerme. Imagine el miedo con el que fui a esa cita. 

¿Es ahí cuando empieza la campaña de acoso que usted ha denunciado?

En 2008 y 2009 estuvieron investigando. Y en febrero de 2009 saltó la operación, se nos detuvo y a los dos o tres días se filtró que había un denunciante y quién era. De 2009 a 2014 fueron los peores años de vida. En ese momento todo el mundo decía que yo era igual de ladrón que ellos y que había denunciado por venganza y despecho porque no había cogido dinero... Lo pasamos fatal. Pero en 2014 cuando salió el tema de los papeles de Bárcenas mucha gente empezó a creerme. Todos sabemos quién es M. Rajoy. 

¿Qué ha hecho estos dos años a la espera de la sentencia del Supremo? ¿A qué se dedica ahora?

Soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Me dedico a hacer lo mejor posible mi trabajo, a cuidar de mi familia... En mi casa está mi mujer, mis hijos, mis suegros y dos cuñados. Este tema afectó también mucho a mi suegro, que tenía un gran negocio en Castilla y León —una región trufada de corrupción y controlada por alguno de los mayores empresarios de Gürtel— y lo arruinaron. Tuvo que venir a vivir con nosotros. 

Soy una persona normal que se dedica a trabajar y cuidar de los suyos, pero el runrún de este tema siempre está ahí. Es algo que nunca te deja descansar. Ahora hemos llegado a una etapa final, que no el fin, y espero que los próximos pasos que demos junto a mi abogado, Ángel Galindo, sean para bien y esta historia acabe de una manera más o menos feliz."               (Entrevista a José Luis Peñas, Elena Herrera, elDiario.es, 16/10/20)

Santiago Torres: “El sistema judicial no ha dado respuesta al crimen organizado”

"La serie El Pionero (HBO) ha recuperado la figura de Jesús Gil, icono de la corrupción que supo rentabilizar deporte y televisión, como Berlusconi, aunque con un populismo de impronta castiza. Santiago Torres (57 años) fue el juez que cortó su espiral, aunque acabaría abandonando la judicatura después de dos infartos, seis anginas de pecho y decepciones. Torres, con quien EL PAÍS mantuvo una conversación telefónica, ha vetado su aparición en la serie.

Pregunta. No pocas voces críticas ven un blanqueo del personaje, en un relato muy marcado por los hijos que tiende a veces obscenamente a lo hagiográfico…

Respuesta. No he visto la serie. Pero pionero es quien emprende una actividad sin antecedentes, y yo no veo un pionero. Fue una persona que realizó actos delictivos. La familia puede tener la mejor consideración, pero no es socialmente aceptable.

P. El Pionero pone de relieve el uso populista del discurso justiciero. Mientras montaban la estructura delictiva del gilismo, su abogado, José Luis Sierra, decía: “Gil hace lo que es justo, y nosotros le buscamos la percha legal”.

R. Ni siquiera iban por el borde de la legalidad. Se pueden contar cosas sangrantes. Era un nivel de ilegalidad muy obsceno.

P. El fútbol fue su parapeto, ya en el primer indulto, y a partir del triunfo liguero y electoral del 95, hay jueces que no resisten la presión.

R. Completamente de acuerdo. El fútbol es un instrumento populista de primera magnitud. Desde que en 1992 le permitieron presentarse vulnerando algunas normas. No se puede negar el trato de favor político. Y tampoco el efecto de un gran sector mediático conectado con el fútbol que le proporcionaban un altavoz formidable. El fútbol hizo al personaje.

P. Un factor clave del gilismo fue su relación con la administración de justicia. Solía decir: “los jueces no se venden; se regalan. Y otras veces se alquilan”. Estaban aquellos congresos judiciales en Marbella con todos los gastos pagados, a caviar.

R. Ciertamente. Y esto remite al papel de la Justicia en España. Algunos vivían muy bien sin querer ver lo que era notorio hasta la obscenidad. Otros decidimos no mirar a otro lado. La Justicia en España puede ser muy dócil al poder político y las influencias económicas. Y el problema es que no pasa nada.

P. El control de los juzgados de Marbella, a través de la familia Ramírez, fue muy escandaloso. Pilar Ramírez dictaminó que usted no era el juez competente al paralizar una obra emblemática.

R. Pero no solo era Pilar Ramírez, sino todo un grupo de jueces, muchos de los cuales aún permanecen. No hay más que ver el escalafón judicial, quién estaba entonces en Marbella y convivía con el gilismo y quién sigue allí.

P. Para usted tuvo un coste personal alto, y para su familia. Manifestaciones contra el juez, no contra el corrupto; después llegaron los infartos.

R. Se paga con gusto por cumplir tu trabajo. Era eso o mirar para otro lado. Tuve que salir de allí porque al final la presión era incompatible con la salud.

P. Terminó abandonando incluso la judicatura.

R. En algún momento asumí que el sistema judicial era absolutamente ineficiente y que no valía la pena. Es una de las grandes reformas pendientes en España.

P. Entiendo que va más allá del gilismo.

R. Sí, incluso más allá de la corrupción, que no sino una de las manifestaciones políticas y económicas de lo realmente importante: el crimen organizado. La criminalidad en Europa ya no va de robagallinas, como a finales del XIX. El crimen organizado es el gran problema al que todavía no se ha enfrentado nuestra Justicia. Tenemos un sistema judicial ineficiente salvo para robaperas, que es para lo que se diseñó.

P. Lo sucedido con el gilismo, ¿nos ha permitido aprender algo?

R. Sí, precisamente que el sistema fallaba y permitía que desde las instituciones se pudieran crear redes para la producción delictiva. Nos hizo ver la necesidad de cambios en la administración local, el urbanismo y la financiación de los partidos… y en la Justicia para afrontar redes organizadas y sostenidas en el tiempo.

P. ¿Se han adoptado al menos medidas básicas para afrontarlo?

R. Ninguna. Lo digo con toda desolación: no se ha modificado nada en nuestro sistema judicial.

P. ¿Tan poco cree que se ha progresado desde entonces?

R. Nada. Muchos y buenos jueces se desazonan y pasan a convertirse en meros funcionarios que expenden papel. No es ya el gilismo, sino a mayor escala. Salvo casos puntuales, nuestro sistema judicial no ha dado una sola respuesta al crimen organizado.

P. ¿Cree que algún partido o plataforma plantea medidas bien orientadas?

R. PP y PSOE no han hecho nada. No les convenía acabar con la politización de la justicia bajo el bipartidismo. Sólo Ciudadanos apunta al dictado del Consejo de Europa: separar los nombramientos judiciales de los intereses políticos. Se necesita un cambio de leyes y estructuras, en definitiva, del sistema."                       (Entrevista al juez Santiago Torres, Teodoro León Gros, El País, 08/08/19)

El único condenado por el Tamayazo rompe su silencio 15 años después

"Ni siquiera las últimas nevadas caídas sobre la capital española han conseguido llevarse consigo el olor a chamusquina que emana de la Asamblea de Madrid desde que el 10 de junio de 2003 los entonces parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no acudieran a la votación para nombrar presidente de la cámara regional, impidiendo una alianza entre PSOE e IU que hubiera supuesto la designación de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid: el Tamayazo.

La ausencia de Tamayo y Sáez en aquella votación derivó en la convocatoria de nuevas elecciones que, el 26 de octubre de 2003, ganó por mayoría absoluta el PP, convirtiéndose Esperanza Aguirre en presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por aquellos acontecimientos, el único proceso judicial que se puso en marcha fue el relativo a la filtración de llamadas telefónicas que se produjeron esos días entre Tamayo, Ricardo Romero de Tejada, José Luis Balbás, un empresario de la construcción, y un abogado. La revista Interviú, el diario El Mundo o Cadena Ser fueron algunos de los medios que publicaron esas llamadas –no los contenidos de las mismas-; los afectados denunciaron la filtración.

"Juro por la vida de mis padres, y por la tierra de mis abuelos, que yo no filtré las llamadas del Tamayazo", dice Alberto Moreno (48 años), el exempleado de Telefónica Móviles condenado por haber sido la persona que habría sustraído los datos de las llamadas y, a través de terceros, haber hecho llegar esa información a la prensa. 

"Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años, dime que has sido tú, si has sido tú dímelo, y siempre le he dicho lo mismo: Padre le juro por madre que yo no he sido".

El 17 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó sentencia. El PP, el PSOE, y un despacho de abogados habían presentado, trece años antes, denuncia por las filtraciones en los juzgados de instrucción de Madrid números 19, 27, y 47. "Pensábamos que todo lo llevaría el juzgado 19, que fue el primero en recibir querella, pero recayó en el 47", recuerda Moreno. A cargo del juzgado 47 está el magistrado Adolfo Carretero, quien se ha tirado 12 años con la instrucción del caso.

"Queda probado del examen en conciencia de las pruebas practicadas, y así se declara, que el acusado Alberto Moreno de Lucas, mayor de edad, con DNI, sin antecedentes penales (…)" se sirvió del código de usuario de otro empleado de la operadora, para "(…) consultar los datos de determinados clientes de la compañía no comprendidos en el ámbito de su actuación (…)", dice la sentencia de mayo de 2016.

El apartado de Antecedentes de Hecho de aquella sentencia, continúa afirmando que entre el 1 de mayo y 11 de junio de 2003 "el acusado Alberto consultó la titularidad y las llamadas realizadas desde el número (…) cuyo usuario era el Sr. Eduardo Tamayo, entonces diputado del partido socialista de Madrid (…)", así como las de Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, entonces diputado del PP en la Asamblea Regional de Madrid; el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez; Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción; y José Luis Balbás, quien lideró una corriente del PSOE y fue expulsado del partido tras el Tamayazo. 

"El acusado Alberto Moreno de Lucas cedió la información obtenida mediante sus consultas informáticas a tercero o terceros no identificados que les permitió identificar a los usuarios".

"Me han destrozado la vida, me ha generado ansiedad… A mi madre le dio una aneurisma que casi la mata, y cuando despertó del coma, en la UVI, lo primero que dijo cuando pudo hablar fue preguntar por el juicio de su hijo", lamenta Alberto Moreno, que en estos años se ha graduado en Derecho y ha engordado hasta superar los 140 kilos de peso.

 Las sentencias que condenan a Moreno se basan en los informes elaborados por Policía Nacional, la Agencia de Protección de Datos, y, especialmente, por la misma Telefónica.

En la sentencia de mayo de 2016, se expone que el acusado "ha reconocido que era amigo" de un detective que supuestamente habría participado en la entrega de la información de las llamadas del Tamayazo a la prensa, y que "las numerosísimas llamadas que realizó el acusado Alberto" fueron a ese mismo detective.

Sin embargo Alberto Moreno desmiente que conociera a ese detective que responde a las siglas M.C. "Es totalmente falso, no le conozco, nunca he hablado con ese detective, ni con ese ni con ningún otro en toda mi vida, podrían haberlo demostrado simplemente llamándole a declarar o accediendo a su móvil, pero no lo hicieron", dice ahora el exempleado de Telefónica condenado, con el que este diario ha mantenido varios encuentros y conversaciones en las últimas semanas.

Las sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal que condenan a Alberto Moreno reconocen que "no se ha probado" que la información publicada en los medios sobre las llamadas telefónicas "la haya facilitado directamente el acusado", pero subrayan que la "acción nuclear es revelar y él [Moreno] reveló, lo cual causó perjuicios a los titulares de los teléfonos (…)".

Recurso fallido

Alberto Moreno recurrió ante la Audiencia Provincial la sentencia que, como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, le condenó en 2016 a la pena de seis meses de prisión y al abono de las costas procesales. Y el resultado fue aun peor.

El pasado 29 de septiembre la Audiencia Provincial no sólo desestimó el recurso, sino que, estimando parcialmente los presentados por el resto de afectados, declaró la responsabilidad civil de Alberto Moreno para indemnizar a Romero Tejada, el abogado Esteban Verdes y la empresa de construcción Euroholding "en la cantidad que en ejecución de sentencia se determine por los perjuicios económicos sufridos (…)".

En la actualidad, Moreno está a la espera de que un juez determine la cantidad de las indemnizaciones solicitadas, lo que en opinión de su abogado supondrá previsiblemente el embargo de sus bienes, una casa en el barrio de Vallecas y un coche.

"Yo era teleoperador de Telefónica, daba asistencia a grandes cuentas, en un departamento en el que trabajábamos unas 80 o 90 personas. Al poco tiempo de que se publicaran las filtraciones de las llamadas del Tamayazo recibí un telegrama en mi casa de Madrid de Telefónica advirtiéndome que se me ha abierto un expediente por extracción de datos públicos", recuerda Alberto Moreno.

"Tenía unos días de permiso y me fui a un pueblo de Extremadura", continúa contando el recuerdo que tiene de los días del Tamayazo. "De camino recibo una llamada de la policía diciéndome que he sido denunciado por revelación de secretos, y que tengo que presentarme en comisaría. 

La policía había ido ya a casa de mis padres y a la tienda de mi madre. Fui a la comisaría de Canillas, en Madrid, y declaro, como hicieron el resto de empleados, que las claves eran públicas, que estaban colgadas en los puestos de trabajo, algo que reconoce todo el mundo ante la policía".

En su recurso de apelación, la defensa de Moreno afirma que la mayoría de los empleados de Telefónica llamados a declarar en el juicio habían modificado su declaración inicial ante la policía, pasando de admitir que las claves de usuario del lugar de trabajo eran compartidas, a asegurar ante el juez de lo Penal que eran individuales e inaccesibles.

 El asunto del acceso público o no a las contraseñas del sistema de Telefónica es crucial en el caso: si realmente todos los que trabajan en el mismo departamento que Alberto Moreno podían acceder a las claves, cualquiera de ellos podría haber sustraído y filtrado los datos.

Ingeniero de Telefónica y testigo

La representación legal de Alberto Moreno requirió durante el proceso judicial que se tomara declaración a otro empleado de Telefónica, cuyo nombre responde a las siglas M.D.F. La Audiencia Provincial denegó esa práctica de prueba indicando que las "posibles contradicciones en sus testimonios tampoco van a ser salvadas por los testigos propuestos", y que su declaración no descartaría "lo expuesto por los numerosos testigos, trabajadores de la compañía que ya testificaron en el acto del juicio oral".

Este empleado de Telefónica, M.D.F. mantiene con rotundidad que las claves de usuario con las que podía accederse a las llamadas del Tamayazo eran públicas, lo que en su opinión debería exculpar a Alberto Moreno.

Vozpópuli ha contactado con ese testigo, M.D.F., Jefe de Área de Calidad de Sistemas de Información en Telefónica Móviles España hasta 2003, cuyo testimonio los jueces han denegado, ingeniero de Ciencias de la Computación, especializado en redes y servicios de seguridad, con más de 25 años de experiencia en la operadora española. "¿Cómo se puede incriminar a alguien cuando su usuario y contraseña eran conocidos por numerosos compañeros de trabajo?", se pregunta. "Resulta kafkiano, es una barbaridad".

M.D.F. sostiene que Telefónica "siempre argumentó que los usuarios y contraseñas que se compartían en la unidad del CRC eran única y exclusivamente los del correo corporativo Lotus Notes, lo cual no puede ser cierto porque con dicho usuario y contraseña, exclusivamente, no se puede hacer absolutamente nada". La contraseña que se estaba compartiendo "forzosamente debía ser la única o unificada (o de Red) con acceso total al perfil de cada empleado".

Al compartir contraseñas, "no sólo se contravenía la propia normativa de la empresa, si no que se cometía una negligencia profesional por parte de los mandos responsables de la implantación de dicho método de trabajo en la unidad", dice. "No es que los empleados compartieran usuario de correo electrónico, no, los empleados compartían el listado de usuario y contraseña única, el que da acceso a todo el sistema", subraya.

Sin huella digital

M.D.F. también llama la atención sobre el hecho de que la investigación interna puesta en marcha por Telefónica fue liderada por el que entonces era Director General de Sistemas de Información, P.G.V. "Estaba muy alejado del perfil técnico necesario en este caso", indica.

"No es normal", advierte el empleado de Telefónica dispuesto a declarar a favor de la versión de Alberto Moreno, "que este director no registrara todos y cada uno de los detalles máximos y mínimos de este proceso, como registrar las direcciones IP de los puestos de trabajo desde donde se obtuvo la información, o no comprobar la sesión de red (huella digital)".

 Esta información, asegura, "sin duda, hubiese despejado muchas dudas acerca de la culpabilidad o inocencia de los implicados, y se hubiese obtenido con tan sólo solicitarlo".

"Los informes que presentó Telefónica sobre las filtraciones estaban en papel, no había ningún archivo digital, no se presentó huella digital", destaca Moreno.

Otro de los testigos solicitado por la defensa de Moreno, miembro del Comité de Empresa en la época de los sucesos, cuyo nombre responde a las siglas J.J.F.M, afirma que el "uso de las claves de usuario y password que dan acceso a los sistemas de información es totalmente irregular con el cumplimiento de los sistemas de protección de datos". El sindicato UGT, asegura, comunicó entonces "por escrito, tanto a la compañía como a los empleados, el uso indebido de las claves".

J.J.F.M. destaca que con "fechas inmediatamente posteriores a la acusación, el director de Recursos Humanos de Telefónica Móviles España nos citó para explicarnos el nuevo sistema de protección de claves". Tampoco el testimonio del que fuera presidente del Comité de Empresa de la compañía ha sido admitido por los jueces.

Tras la publicación de las llamadas del Tamayazo, "no me dejaron entrar en la empresa, no pude recoger ni mi cepillo de dientes", dice Moreno. Las bases de datos a los que podían acceder los empleados de Telefónica como él, "eran líneas a nombre de sociedades o de partidos políticos, no de los usuarios finales, yo no podía saber quién era el usuario de esa línea; y había clientes de grandes cuentas que podían acceder por sí solos a esos mismos datos, y esa línea de investigación nunca se abrió", mantiene."                 (Alberto Ortín, Vox Populi, 11/03/18)