"A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019
pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas
presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia
Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.
O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrariasante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das
empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a
unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas
sancións.
Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran
igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas
Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa
infracción prescribira.
Segundo
aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as
empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas
sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos,
que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller
clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a
súa actividade en condicións de competencia”.
Varias
empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do
Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias
sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas.
As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6
millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber
Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia.
Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas.
O
tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria
Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e
establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que
sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de
cálculo que prescribiran.
En todo caso, a Audiencia
Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información
comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os
produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."
"La familia francesa Perrodo, dueña de la petrolera Perenco y una de las principales accionistas en la promotora inmobiliaria Kronos Homes, una de las más conocidas en España después de que la rica heredera e influencerTamara Falcó se convirtiera en su imagen de marca. El multimillonario griego Spiros Latsis,
con negocios que van desde el transporte al petróleo o los centros
comerciales. Y por supuesto los principales fondos de inversión del
mundo, con el gigante Blackstone a la cabeza, que controla más de 20.000 viviendas en España. Todos ellos tienen algo en común: utilizan sociedades en Luxemburgo para canalizar sus inversiones inmobiliarias en Europa.
La elección del Gran Ducado obedece básicamente a razones tributarias. El dinero entra en la UE desde paraísos fiscales sin mayores problemas y, tras invertir en proyectos inmobiliarios de toda Europa, regresa multiplicado a los territorios de baja fiscalidad.
El experto alemán Christoph Trautvetter, miembro de Tax Justice Network y autor de un reciente estudio sobre el papel de Luxemburgo en la ingeniería fiscal que busca reducir a cero la factura fiscal
de los grandes capitales, lo explica así: “Los inquilinos de muchos
países europeos, especialmente en las ciudades más grandes, están
sufriendo la explosión de los precios de la vivienda y el alquiler.
Estas explosiones de precios están impulsadas en parte por los
inversores profesionales de los mercados financieros mundiales que
descubrieron los bienes inmuebles residenciales como una inversión
lucrativa. Muchos de ellos canalizan sus beneficios del sector
inmobiliario europeo fuera de la UE prácticamente sin pagar impuestos. Para ello, suelen utilizar los pagos de intereses intragrupo canalizados a través de Luxemburgo”.
Pero, ¿cómo funciona esa ingeniería fiscal? Vamos a explicarlo en cinco sencillos pasos, tomando como ejemplo un reciente proyecto inmobiliario de Kronos.
Este reportaje forma parte de una investigación sobre los privilegios fiscales del sector inmobiliario en los países de la UE realizada por el consorcio internacional Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.
1. El negocio
La compañía Kronos utiliza Luxemburgo como base de operaciones para realizar sus inversiones inmobiliarias en España y Portugal.
Luxemburgo sirve como vía de entrada del dinero
utilizado en los diversos negocios de Kronos, procedente en su mayoría
de paraísos fiscales, y también juega un papel fundamental para reducir el pago de impuestos por los beneficios obtenidos.
Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo: el proyecto H2O, que consistió en la construcción de 252 viviendas, 372 garajes y 18 locales comerciales en la zona del puerto de Badalona, una ciudad a poco más de diez minutos de Barcelona.
Para poner en marcha dicho negocio se constituyó una empresa en Luxemburgo, llamada Barkeno Sàrl, única propietaria de una filial en España denominada Barkeno Developments SLU.
De acuerdo con el Registro Mercantil de Luxemburgo, el 68,04% del capital de Barkeno Sàrl pertenece a cuatro miembros de la familia Perrodo, una de las más ricas de Francia gracias a la empresa petrolífera Perenco, de la que son dueños. Los Perrodo realizaron su inversión desde compañías en Bahamas, que en 2021 fueron trasladadas a Guernsey, una de las islas del canal de la Mancha que funciona como paraíso fiscal.
El resto del accionariado de Barkeno Sàrl pertenece a compañías con sede en Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernsey y Suiza, propiedad de los socios de los Perrodo. Todos ellos son territorios de nula o baja fiscalidad.
El proyecto H2O se inició en 2015 y la práctica totalidad de las
viviendas, garajes y locales fueron entregados a sus compradores en
2020 y 2021. Estaba previsto que los últimos se vendiesen en 2022.
2. El viaje del dinero desde Bahamas a España
Barkeno Sàrl fue constituida el 30 de julio de 2015 en Luxemburgo.
En diciembre de 2015, Barkeno Sàrl recibió 15,8 millones de euros procedentes de una compañía de Bahamas, llamada Tchak Limited y que pertenece a la familia Perrodo.
Para recibir ese dinero, Barkeno Sàrl emitió un producto financiero propio de Luxemburgo: certificados de participaciones preferentes convertibles o CPECs por sus siglas en inglés (Convertible Preferred Equity Certificates). Este producto ha sido muy utilizado desde hace años para invertir en sociedades de Luxemburgo desde otros países.
El motivo es que, a efectos fiscales, los CPECs se consideran deuda para la empresa de Luxemburgo que recibe el dinero y fondos propios (equity) para quien lo presta.
Eso significa que los intereses que paga la sociedad de Luxemburgo son
deducibles fiscalmente y, al mismo tiempo, quien recibe ese dinero en
otro país no tiene que declararlo como ingreso financiero.
Ese mismo mes de diciembre de 2015, Barkeno Sárl prestó su vez 15,7 millones a su filial española (Barkeno Developments SLU).
En definitiva, el dinero viajó en pocos días desde Bahamas a España con parada en Luxemburgo.
En los dos años siguientes, 2016 y 2017,
Barkeno Sàrl prestó otros 3,3 millones de euros a su filial española. El
dinero también llegó a Luxemburgo a través de préstamos de los Perrodo y
sus socios en el negocio.
3. Préstamos a un tipo de interés desorbitado
La sociedad española Barkeno Developments SLU recibió, en total, 19 millones en préstamos de su matriz luxemburguesa.
El tipo de interés pactado fue del 8%, un porcentaje desorbitado entre 2015 y 2017, que fue cuando se suscribieron los préstamos.
La mejor prueba la encontramos en la propia sociedad española.
Además de recibir 19 millones de su dueña luxemburguesa, recibió un
préstamo de 8 millones del Banco Sabadell a finales de 2015, que dos años después se amplió mediante una línea de crédito de 59,4 millones. Pues bien, el tipo inicial pactado con la entidad financiera fue del 3,08%, que se redujo incluso al 2,5% tras la novación en 2017.
En otras palabras, Barkeno Developments SLU estuvo pagando en intereses tres veces más por el dinero que recibió de sus accionistas en Luxemburgo que por el que le prestó el Banco Sabadell en España.
4. Pierde Hacienda
Pero, ¿por qué razón decide una sociedad pagar esos sobrecostes financieros a sus accionistas?
La respuesta es sencilla: para pagar menos impuestos.
A finales de 2020, Barkeno Developments SLU ya
había devuelto a su matriz luxemburguesa todo el dinero que le había
prestado como principal, además de 5.818.731 euros en pago de intereses.
Si los préstamos se hubiesen firmado al mismo tipo de interés que con el Banco Sabadell, la sociedad española habría pagado 1.995.277 euros en intereses a Barkeno Sàrl.
Por tanto, abonó 3.823.504 euros más por el tipo de interés exorbitante pactado con sus accionistas. Como ese dinero es un gasto para la sociedad española, eso significa que los beneficios de Barkeno Developments SLU se redujeron en esa misma cantidad: 3.823.504 euros. Y dado que en España las sociedades tributan en impuestos el 25% de sus beneficios, la empresa del grupo Kronos redujo su factura fiscal en 955.876 euros gracias a la ingeniería fiscal.
Una portavoz del grupo inmobiliario, a preguntas de Investigate Europe y de infoLibre, negó cualquier irregularidad:
“Las tasas de interés utilizadas para los préstamos intragrupo en las
estructuras de Kronos vienen definidas por análisis de precios de
transferencia, que son actualizadas anualmente por expertos
independientes, siguiendo los directrices de la OCDE. Es importante
señalar que dichos tipos de interés no pueden ser comparables con los préstamos bancarios, ya que estos normalmente están garantizados hipotecariamente por un activo inmobiliario, mientras que un inversor asume un mayor riesgo ya que su deuda está subordinada y no garantizada,
lo que consecuentemente debe implicar una mayor rentabilidad”. Dicha
portavoz añadió que “en ningún caso la intención de cualquier
transacción de este tipo es incurrir en sobrecostes en nuestras
empresas, ya que estas se celebran en condiciones de plena competencia y
libre mercado”.
Los periodistas enseñaron las cuentas de Barkeno Developments SLU a un inspector fiscal y a un técnico de Hacienda y ambos son unánimes: los préstamos entre sociedades del grupo tienen que realizarse “por su valor de mercado”, según indica el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades.
Hay hasta cinco métodos para calcular ese valor, pero básicamente se
puede afirmar que sólo podría acordarse un tipo de interés del 8% para
el préstamo intragrupo si la compañía no tuviese ninguna otra vía para obtener ese dinero
a un tipo más bajo. Algo que a priori desmienten las operaciones
realizadas por la Barkeno Developments SLU con el Banco Sabadell, que
llegó a darle una línea de crédito de 59,4 millones, de los que utilizó
menos de 30. “La sociedad española tendría que estar prácticamente en quiebra para pedir entre 2015 y 2017 dinero a un tipo de interés del 8%”, resume el inspector fiscal.
5. El dinero viaja de vuelta a los paraísos fiscales
El dinero que llegó a España en 2015, regresará a los paraísos fiscales multiplicado y sin pagar demasiados impuestos,
gracias a la estructura societaria cuyo eje se encuentra en Luxemburgo.
Ese camino de vuelta del dinero se produce a través de dos vías.
La primera la acabamos de ver: el pago de intereses por los préstamos
recibidos de la matriz. En total, casi 5,82 millones de euros, de los
que más de 3,82 pueden considerarse beneficio traspasado gracias a los
sobrecostes financieros.
La segunda es el abono de dividendos. En 2020 y 2021, la sociedad española pagó por este concepto 12,66 millones a Barkeno Sàrl.
En total, 16,48 millones de beneficio trasladado a Luxemburgo por una sola operación inmobiliaria.
Pero el Gran Ducado no es el destino final del dinero. Exactamente el mismo sistema utilizado por la sociedad española para trasladar sus beneficios a Luxemburgo, es el que utiliza Barkeno Sàrl para mover el dinero hacia las empresas en paraísos fiscales de sus principales accionistas.
En primer lugar, el pago de intereses por los préstamos recibidos. Entre 2015 y 2021, Barkeno Sàrl abonó a las empresas de sus accionistas más de 4,5 millones de euros en intereses y costes financieros.
En segundo lugar, Barkeno Sàrl pagó en 2021 a las empresas de sus accionistas 13,2 millones de euros en dividendos.
Todas esas sociedades están en países considerados paraísos
fiscales o territorios de baja tributación. En el caso de los
accionistas mayoritarios de Barkeno Sárl, los cuatro miembros de la familia Perrodo, sus sociedades están ahora en Guernsey.
¿Y cuántos impuestos pagó Barkeno Sàrl en Luxemburgo? Entre 2017 y 2021, poco más de 37.000 euros en total, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil del Gran Ducado.
Las grandes cifras del proyecto inmobiliario H2O dan una idea de lo rentable que puede ser el ladrillo:
una inversión de poco más de 19 millones generó a los accionistas unos
dividendos de 13,2 millones. O, lo que es lo mismo: lograron una
rentabilidad del 69%.
Barkeno Developments SLU ingresó 81,5 millones en 2021 por la venta de viviendas, locales y garajes y pagó en total en España 4,5 millones por el impuesto de sociedades
(un 5,5% respecto a sus ingresos y un 24% respecto a su beneficio
bruto). En cuanto a los 13,2 millones repartidos en dividendos entre los
accionistas, no fueron objeto de ningún tipo de retención fiscal ni en España ni en Luxemburgo. Se supone que los impuestos por los dividendos se pagarán cuando lleguen al bolsillo de los inversores (los Perrodo y sus socios), una vez que los distribuyan sus sociedades en paraísos fiscales. Pero sólo se supone porque la opacidad es una de las señas de identidad de esos territorios de nula o escasa tributación.
Luxemburgo y la inversión fantasma
Las estructuras de evasión u optimización fiscal en Luxemburgo son muy utilizadas por las personas adineradas.
Y los préstamos intragrupo son una forma habitual, aunque no la única,
de trasladar los beneficios obtenidos en negocios inmobiliarios a
lugares con tipos del impuesto de sociedades del 0%.
"Al utilizar estructuras híbridas y permitir el anonimato total, se
aseguran finalmente de que los inversores (normalmente muy ricos) paguen menos impuestos que un trabajador medio en sus países de origen o incluso evadan por completo los impuestos y el escrutinio", denuncia Christoph Trautvetter en su estudio.
Una publicación de 2019 del Fondo Monetario Internacional (FMI), The Rise of Phantom Invesments (El auge de las inversiones fantasma), destacaba que "según las estadísticas oficiales, Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes, acoge tanta inversión extranjera directa (IED) como Estados Unidos y mucha más que China.
Los cuatro billones de IED de Luxemburgo equivalen a 6,6 millones de
dólares por persona. Una IED de este tamaño no refleja las inversiones
de ladrillo y mortero en la minúscula economía luxemburguesa".
Los autores explican que la inversión extranjera directa puede
ser “un importante motor de una auténtica integración económica
internacional, estimulando el crecimiento y la creación de empleo e
impulsando la productividad mediante transferencias de capital,
cualificaciones y tecnología". Sin embargo, añaden, gran parte de esa inversión en Luxemburgo "es de naturaleza fantasma,
es decir, inversiones que pasan a través de cascarones empresariales
vacíos. Estos cascarones, también llamados entidades de propósito
especial, no tienen actividad empresarial real". El objetivo es pagar menos impuestos a través de la ingeniería fiscal.
El estudio del FMI añade: "Curiosamente, unos pocos paraísos fiscales bien conocidos acogen la inmensa mayoría de la IED fantasma del mundo.
Luxemburgo y los Países Bajos albergan casi la mitad. Y si añadimos a
la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur,
las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías acogen
más del 85% de todas las inversiones fantasma".
Puede que las inversiones sean fantasma, pero quienes se
embolsan finalmente el dinero que transita por las estructuras
societarias opacas no lo son. Tienen nombres y apellidos, pero eso no significa que siempre se les conozca. A veces, consultando Registros sobre los titulares reales de las empresas, como el que era de acceso público en Luxemburgo hasta que fue cerrado a finales de noviembre tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden descubrir algunos de estos nombres. Así fue como Investigate Europe e infoLibre encontraron decenas de empresas del grupo Kronos en Luxemburgo y su vinculación con los cuatro miembros de la familia Perrodo.
"Además de la
ruina económica, porque sigo arrastrando créditos e hipotecas, tengo una
frustración enorme. Me han arruinado la vida, a mi a muchísimos otros ganaderos,
y lo han hecho a propósito, que es lo que más me jode".
A Jordi Pujol,
un joven estanciero dedicado a la producción de leche, le hierbe la
sangre. El negocio familiar que heredó en 2010, una pequeña explotación
de vacas, echó el cierre tras una inversión de cerca de 800.000 euros.
"Modernicé las instalaciones, las saqué del pueblo y las llevé a una
zona más alejada y de montaña. Yo sabía que iba a ser duro, al menos los
primeros años, pero empezaron a venir pérdidas y tuve que ir recortando
gastos, hasta que cerré. Pensaba que era una cuestión del mercado,
como cuando quebró el sector textil, pero al poco tiempo, en 2018, me
enteré de que un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15
años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción",
narra.
La historia de
Jordi es la de miles de ganaderos que en la última década terminaron
arruinados por culpa de sus propios compradores. Así lo dictó en 2019 la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y así lo ha corroborado esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Durante más de una década, ocho compañías acordaron los precios de la
leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los
productores apenas pudieron obtener beneficios.
Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España
(antes Senoble Ibérica) son las empresas citadas por la CNMC en una
lista de la que terminaron saliendo otras tantas comercializadoras tras
haber prescrito su mala conducta.
"Esto empezó porque, en 2013, un grupo de ganaderos navarros denunciaron
a las principales industrias lácteas por formar un cártel. Es decir,
las compañías, que estaban por ley obligadas a competir entre sí, se
pusieron de acuerdo para pactar precios y para repartirse el mercado,
llegando a dividirse el territorio. De esta forma, los ganaderos no tenían capacidad de encontrar clientes para vender su leche en su zona a precios diferentes.
Estaban totalmente cautivos", explica Andoni de la Llosa, experto en
Derecho de la Competencia de Redi Abogados, bufete que está llevando más
de mil casos de afectados por esta alteración del mercado.
"Habitualmente los cárteles operan para vender, pero en este caso, lo
llamativo es que lo hacían para comprar. Creemos que esta puede haber
sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles
de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios
de siglo a unas 10.000 actualmente", indica el abogado.
Las compañías, según la CNMC,
intercambiaron información a nivel nacional y regional sobre los
precios del producto lácteo, sobre los excedentes de los ganaderos, los
volúmenes de compra y hasta la identidad de los productores. Después,
consensuaron una estrategia para controlar el mercado y evitar que los
granjeros no tuvieran apenas alternativas para encontrar precios de
venta diferentes. Todo ello se traduce en la falta de libertad de los
ganaderos para fijar y negociar el precio de sus productos y a la
empresa a la que lo suministraban. Todo ello en una coyuntura de mercado
difícil donde, en condiciones normales, los productores ya disponen de
un margen estrecho de negociación, ya que se ven obligados a dar salida
la leche para poder conservar su cuota láctea.
"Era
mi vida y se lo han llevado todo", lamenta Pujol. "Aquí en la comarca
del Ripollès no queda nadie. Las lecheras han ido cerrando poco a poco o
han cambiado el negocio porque no salía a cuenta vender esos
precios. Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho, se
han enriquecido a costa de gente trabajadora.
"Nosotros no
tuvimos que cerrar. Tuvimos algo de suerte porque tenemos mucha tierra y
teníamos más cabezas de ganado. Engordamos a las vacas y enfocamos el
asunto de otra forma", comenta Eliseo Cebreiro, dueño de una explotación
asentada en San Sadurniño (A Coruña). Tras una década arrastrando
pérdidas en la producción, no hay muchas esperanzas en doblegar a los
cartelistas, manifiesta, a pesar de que la CNMC emitió una sanción de 80
millones de euros que todavía debe ser ratificada por la Audiencia
Nacional y, en caso de recurso, por el Tribunal Supremo. "Esas multas
las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de
compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar",
gruñe el estanciero gallego.
Pese a su desánimo,
el camino judicial todavía deja lugar para el optimismo. La sentencia
del Tribunal Europeo, aunque no estipula una indemnización para los
afectados, alarga en cinco años el periodo que los ganaderos tendrán
para poder reclamar ante la Justicia y esa es una novedad que podría
relanzar el caso en España. "Muchos pensaban que ya había vencido el
plazo y esto cambia el panorama. Nosotros tenemos ya 1.126 casos y en
total hay en torno a 3.000 reclamaciones. Ahora podría aumentar el
número", advierte De la Llosa. Y es que, además de la sanción de la
CNMC, los letrados ya trabajan caso por caso para solicitar una
compensación por daños. "Es gente que ha perdido muchísimo dinero. De
media, unos 320 millones por explotación, a lo que hay que añadir los
intereses que elevarían la factura entre un 55% y un 65%, estima el
jurista de Redi Abogados.
A
Eliseo no le compensa ponerse a echar cuentas. "Cómo me ponga ahora a
calcular me explota la cabeza, pero te digo que producíamos entre un
millón y un millón seiscientos kilos de lecho al año y nos pagaban entre
tres y cuatro céntimos por debajo de coste", detalla. "Mientras
nosotros apretábamos y reducíamos gastos, ellos aumentaban sus
beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la puta
gana. ¿Negociar? Eso nunca ha existido, lo que había eran imposiciones.
Yo entiendo que un contrato consiste en que las dos partes lleguen al
mismo punto, pero aquí no ocurría, tu vendías a su precio sí o sí,
porque cambiar de empresa era prácticamente imposible".
"Estuvieron
llevando los precios muy al límite y casi siempre por debajo de coste.
Algunos intentamos hacer cooperativas para sacar la producción con un
poco más de precio, pero es muy difícil", cuenta Pujol, en referencia a
lo concentrado que está el sector. "La leche es un trabajo muy
sacrificado, ordeñas dos veces al día y casi todos los días de la
semana. Si no se compensa como se debe, la gente acaba abandonando o
arruinándose". (Alejandro Tena , Público, 07/07/22)
Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado). No son grandes constructores, son la mafia.
La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos.
"La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años.
Las
empresas se reunían semanalmente para concertar miles de licitaciones
de carreteras, hospitales y aeropuertos. Las firmas recurrirán
judicialmente la sanción, la mayor de la historia de Competencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales
constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y
Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles
de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de
infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.
En
conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la
mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30
millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15
compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran
número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron
dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas
[anticompetitivas]”.
El modus operandi del grupo
(denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas)
consistía en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones
de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de
contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los
concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una
parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas
técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban
información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir
los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la
de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las
integrarían para asegurarse las adjudicaciones.
Para
evitar sospechas, “los trabajos se encargaban conjuntamente por los
miembros del grupo a empresas externas”, según ha indicado la CNMC en un
comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras tenían que
atenerse a él, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. “Las empresas
no podían modificar los trabajos generados en conjunto para
presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del
resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la
inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento
conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia
en la presentación de las ofertas”, indica la CNMC.
Entre
las Administraciones Públicas afectadas figuran fundamentalmente las
pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y
entidades públicas empresariales dependientes. La multa total será
repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados
(57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones),
Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
En
este caso, el expediente no se abrió a raíz de la delación de una de
las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanción, como suele ser
habitual, sino por una investigación paralela sobre unos contratos de
hormigón armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia
del cártel.
Las consecuencias para las grandes firmas
constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resolución a
la Junta Consultiva de Contratación Pública por si cabe la prohibición
de contratar con la Administración. El regulador puede activar este
procedimiento que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público y que permite que se prohíba la participación de las sociedades
infractoras en futuros contratos públicos hasta tres años. Pero las
empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cláusula solo se puede
aplicar tras una sanción firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya
que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia
Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía
judicial puede alargarse durante años.
Grave perjuicio público
En
el expediente hecho público este jueves, se denuncia que las empresas
compartían en muchos casos la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el
70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la
puntuación económica, asegurándose así la adjudicación de contratos de
edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como
son hospitales, carreteras o aeropuertos. “El hecho de compartir las
ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores
incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las
proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los
procedimientos de contratación pública”, explica el organismo.
En
2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra
la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y
manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las
normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas,
apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Se trata de prácticas
cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que
afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas
españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como
hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etcétera”.
En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto
agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al
gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el
elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en
el tiempo de las prácticas.
Al tomar una posición de
ventaja en los concursos públicos, las prácticas de las constructoras
“produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a
los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas
del grupo”. Los rivales debían soportar mayor coste en la preparación de
sus ofertas, además de carecer de información sobre los movimientos de
sus competidores.
Texto íntegro de la resolución de la CNMC sobre las constructoras... AQUÍ " (Ramón Muñoz, El País, 07/07/22)
"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis
de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25
años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra
civil de infraestructuras.
Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona
(29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones),
Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones),
según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.
La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se
reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a
compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban
información sobre su estrategia de presentación a los concursos
públicos.
Entre las miles de licitaciones afectadas existen
infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y
aeropuertos y carreteras, según la CNMC.
“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente
dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos
convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y
edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos,
carreteras, etc.”, subraya Competencia.
Entre las administraciones públicas afectadas figuran
fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al
Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas
empresariales dependientes." (eldiario.es, 07/07/22)
"La Fiscalía Anticorrupción ha pedido enviar a juicio a Iberdrola Generación y a cuatro de sus directivos por "provocar una subida del precio de la energía"
a través de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de
2013.
En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de
Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sostiene que incurrieron en un delito relativo al mercado, por lo que pide una "pena de dos años de prisión" para cada directivo y una multa de 84,9 millones de euros
para la filial de la eléctrica. También solicita que los acusados
indemnicen a las comercializadoras y consumidores afectados con un
"máximo" de 107,3 millones de euros.
"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio
de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en
funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que
vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la
oferta y la demanda", sostiene Anticorrupción.
Como avanzó El Confidencial en septiembre, la instrucción arrancó en 2017
y concluyó en julio de 2021, cuando los abogados de Iberdrola y de los
directivos solicitaron el sobreseimiento del caso al descartar su
implicación en la escalada del precio a finales de 2013. Anticorrupción, sin embargo, echa por tierra esta tesis en su escrito.
"Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del
30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara,
el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus
centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del
precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del
incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía
eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo
de oportunidad", advierte la Fiscalía. "Esta situación determinó la
retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía".
Apoyándose en este
razonamiento, la Fiscalía pide enviar a juicio a Iberdrola Generación,
que se integra dentro del 'subholding' Iberdrola España, y a cuatro de
sus directivos: Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Un perjuicio de más de 100 millones
"Iberdrola, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas
de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de
compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo
combinado, de coste superior y en un rango de precios también más
elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la
energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55
€/MWh", concluye Anticorrupción tras comparar la oferta realizada entre
el 29 de noviembre y el 23 de diciembre con la que se produjo el mes
anterior.
A
partir del 24 de diciembre, "el cambio de las condiciones meteorológicas
por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la
energía por la importante aportación de fuentes renovables",
pero "la consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los
acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos,
7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos,
107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período
objeto de acusación fue de 15.000 GWh". De esta manera, Iberdrola
"despachó en el período que nos ocupa 2.965.779 megavatios (...), lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros".
Según advierte
Anticorrupción, esta manipulación del sistema provocó un perjuicio de al
menos 10,6 millones de euros a las compañías comercializadoras. "El
resto del perjuicio causado, hasta los 107.340.000 de euros,
fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y
en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron
cobertura a los mismos", añade en su escrito.
Con estas cifras sobre la mesa, pide multar con 84.891.272 euros a
Iberdrola Generación, el "cuádruplo del beneficio obtenido", así como
obligar a los acusados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los
afectados "hasta un máximo de 107.340.000 de euros". (Pablo Gabilondo, El Confidencial, 27/06/2022)
"Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”. Un
empresario experto en el comercio con China describe así la situación
vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia
que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya más de 100.000 vidas en
España, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron
mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de
un país.
La Fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado
este escándalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene
varios casos en investigación y analiza estos días otros 12 contratos de
distintos organismos de la Administración central que suman 300
millones de gasto público para decidir si abre diligencias.
Tras
año y medio de pesquisas secretas, Anticorrupción destapó y denunció el
martes los “injustificados” beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño:
ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario
defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero
que ambos dieron al dinero rapiñado —un piso de un millón de euros, un
velero, relojes de lujo, coches deportivos— se ha convertido en el símbolo de un escándalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.
Las
administraciones públicas españolas gastaron entre marzo y mayo de 2020
casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material
imprescindible en China, convertido entonces en un “mercado persa”,
según los empresarios consultados por EL PAÍS. “Exigían el pago por
adelantado, había una especulación galopante con los precios, todo era
volátil en relación con mascarillas, guantes, test de antígenos o
equipos de protección individual”, alega uno de ellos.
El
gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (más de la mitad a
cargo de las comunidades autónomas) para la compra masiva de material
anticovid se convirtió en un colosal botín de dinero público del que se
aprovecharon muchos “pillos”, según la denominación utilizada por el
líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luceño, se
hicieron multimillonarios en unos pocos días a costa de la mayor crisis
sanitaria que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años.
Contratación sin reglas. El
Gobierno aprobó en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de
muertos al día en España y contagiaba a decenas de miles de personas, un
decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayoría de
las normas de contratación. “A todos los contratos que hayan de
celebrarse por las entidades del sector público para atender las
necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente
al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia
sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de
esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de
contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a
los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”, rezaba el
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Se podían adjudicar
a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir más de
una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el
sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva
desencadenó la avaricia de determinados intermediarios que hicieron
negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situación.
Un
empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 años importando
material desde China recuerda cómo aquel negocio, sin normas rígidas
que lo regulasen, se llenó de oportunistas: “Cuando vimos la
desesperación, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de
protección individual] venía de empresas privadas y de administraciones.
En aquellos días cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un
contactillo mediaba en estas actividades. Lo podía hacer cualquiera.
Algunos eran gente en ERTE que no tenía otra ocupación esos días. Pedían
comisión o compraban la mercancía y la revendían. Era muy normal
aquellos días”.
En circunstancias normales, aquellos
espabilados no habrían podido ni acercarse a las ventanillas de la
Administración para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros
meses de pandemia no había filtros ni medidas de seguridad para evitar
el saqueo.
El alcalde de una de las 20 ciudades más pobladas de España
cuenta a EL PAÍS: “En mi ciudad no teníamos EPI ni para los policías
municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que
acudían a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos”.
“Pero el problema”, añade, “no reside en que la empresa o intermediario
que nos ofrecía material de China careciera de experiencia en el sector
sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que
tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El
verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos
sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es
que no se puede hacer nada”.
Los sucesivos decretos de
alarma permitieron durante 422 días, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9
de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres
primeros meses, los cargos públicos compraban el material apremiados por
una situación trágica e incontrolada. No podían pararse a comparar
precios para elegir las mejores ofertas ni podían poner condiciones a
las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrecían el material.
El precio era lo de menos; el mismo día, una administración
pública podía contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a
nueve euros, diferencias abismales que solo se podían justificar por la
caótica situación que vivía el mundo y por la falta de escrúpulos o el
exceso de avaricia del intermediario que imponía las condiciones de la
venta.
Gasto público desenfrenado y descontrolado. El
Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compró a finales de marzo
de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5
euros por unidad. Este contrato está denunciado ante la Fiscalía por el
grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposición de
izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció otro contrato —1,5
millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad— que benefició al hermano de la presidenta,
quien cobró al menos 55.000 euros por unos días de gestiones para
conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo
Daniel Alcázar. La Fiscalía Anticorrupción puede conocer por cuánto
compraron los intermediarios en China y a cuánto vendieron. La
diferencia dará en cada caso la medida del escándalo. En ese mercado sin
apenas controles legales, los más escrupulosos cobraron por sus
gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso
dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos
llegaron hasta el 300%, según las investigaciones de la Fiscalía
Anticorrupción y el análisis hecho por EL PAÍS tras consultar a decenas
de implicados.
Mercado caótico.Ninguna administración ni organismo público se libró de aquel mercado caótico,
según comprobó el Tribunal de Cuentas en una investigación aleatoria.
El Banco de España pagó 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo
que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña conseguía
idéntico material por 4,87 euros y RTVE las adquiría todavía por menos,
entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero
pasado, señala más desproporciones: “En lo que respecta a la adquisición
de mascarillas quirúrgicas, los precios por unidad oscilaron entre los
0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación Especial de
Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de
Cataluña, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de
Galicia, con una diferencia de algo más del 50 % entre el contratista
más barato y el más caro.
Los guantes higiénicos fueron
adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien
unidades, frente a los 2,42 en la Delegación Especial de Andalucía, esto
es, más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo.
La Delegación Especial de Cataluña llegó a pagar un precio de hasta
14,38 euros por litro de gel hidroalcohólico, en tanto que en los
Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegación
Especial de Madrid se pagó 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas
compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020″, explica el
informe del órgano fiscalizador. Este gasto público tan desequilibrado
no tendrá sanción penal. Las normas de contratación en pandemia
perdonaban todas estas anomalías.
El Ayuntamiento de
Valladolid logró en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35
euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno,
200.000 mascarillas quirúrgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de
guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato
que costó al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acabó
en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al
pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos días; y las mascarillas
KN95, justo el doble.
Las mordidas de los piratas. Nunca
nadie ganó tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de
material a las administraciones públicas. Pero nunca antes se vivió una
situación tan excepcional. ¿España es un país de pícaros?
Un
empresario que vendió material aquellos días responde: “A mí me parece
lícito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas
mordidas. Ten en cuenta que había mucha gente sufriendo. Había
intermediarios de buena fe, que eran la mayoría, y pedían un 5%, pero
luego había piratas que pedían hasta el 40% y trabajaban para
administraciones públicas. Yo rechacé ventas en las que me llegaron a
pedir un 30% de comisión. Quería que el material llegara a un precio
razonable”.
El jefe de compras de un hospital público
madrileño cuenta que en los primeros días (tras la centralización de las
compras por parte de la Consejería de Sanidad) se llevó una sorpresa:
“Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que
las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se
quedaban sin vender. Lo que pasó es que los proveedores ordinarios no
tenían dinero en mano así que se compró a empresas poco habituales,
empresas que ni siquiera tenían empleados, sin actividad. Cantaba por
todos lados. A mí me escandalizó todo. Se buscaban una sociedad para
facturar y hacían las compras por ahí”.
El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones
porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de
las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer “en
su momento, prospecciones del mercado”.
Un gestor público
que firmó la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido:
“En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo
innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escrúpulos
haciendo caja. Hubo quien se dedicó a rapiñar con la muerte de la gente.
Y también hubo gente ejemplar”.
Los agujeros negros de una respuesta de emergencia.
La respuesta de las administraciones públicas para proteger la salud de
la población, contener la expansión del virus y reforzar el sistema de
salud pública ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos
aspectos; desde la gestión puramente sanitaria del problema hasta el
control del dinero público empleado en combatir la pandemia.
El enriquecimiento no es delito en pandemia
El Código Penal y la contratación de mascarillas.
El decreto de alarma que aprobó el Gobierno para hacer frente a la
pandemia introdujo en su artículo 16 la posibilidad de aplicar contratos
de emergencia a las compras de material antiCovid. Esa excepcionalidad,
justificada por la gravedad de la situación, evita ahora que la
Fiscalía Anticorrupción pueda considerar delictivos los precios inflados
que muchos intermediarios impusieron a las administraciones públicas
para importar material de China.
Imputados por material defectuoso, no por beneficio exagerado.
Los primeros imputados en España por un contrato de venta de
mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron de acuerdo para
obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico” y lo
consiguieron (seis millones de los 11 que pagó el Ayuntamiento de Madrid
por el material), según relata la Fiscalía Anticorrupción en su
querella. Pero no están imputados por ese enriquecimiento, sino porque
el material entregado fue defectuoso, no correspondía al comprometido,
era de una calidad inferior y, por tanto, se produjo una supuesta
estafa. Los guantes no tenían las medidas prometidas y la encargada de
compras del Ayuntamiento de Madrid llegó a fotografiar el mismo material
de un supermercado a 0,08 euros mientras que el entregado por Medina y
Luceño costaba dos dólares (1,62 en comisiones).
Blanqueo de capitales. La Fiscalía
Anticorrupción también atribuye a Luis Medina y Alberto Luceño un delito
de blanqueo de capitales —introducir las ganancias ilícitas en el
circuito económico legal— por la compra de un velero, un piso en
Pozuelo, numerosos coches y relojes de lujo o la estancia en un hotel de
lujo con el dinero obtenido de la supuesta estafa al Ayuntamiento de
Madrid. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es confusa respecto a
este punto y señala que no se puede atribuir blanqueo de capitales
cuando se trata de “autoconsumo”, como pagar viajes o el alquiler de una
vivienda con el dinero procedente del delito pues no puede apreciarse
el objetivo de ocultar o encubrir bienes. Los dos comisionistas del
Ayuntamiento de Madrid dedicaron gran parte de sus ganancias a comprar
bienes de lujo. Medina adquirió un velero, mientras que Luceño se compró
media docena de coches: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast,
un Mercedes AMG GT 63S, un Mercedes SCL 300, un Range Rover Sport, un
KTM X BOW y un BMW I8 Roadster.
Tráfico de influencias. La Fiscalía
Anticorrupción recuerda que no había ningún procedimiento reglado para
la adquisición de material sanitario en pandemia. Por tanto, explican,
es muy difícil acreditar que hubo tráfico de influencias en el hecho de
que una empresa para la que trabajaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de Madrid, fuera contratada para conseguir
250.000 mascarillas FPP2. No obstante, quienes participaron en la
gestión, tanto la parte contratante como la parte contratada, serán
llamados a declarar por Anticorrupción. En la causa abierta por el
contrato del Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía relata la participación
indirecta de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, que supuestamente puso en contacto a los comisionistas con el
personal municipal encargado de las compras de material. Pero la
Fiscalía Anticorrupción ha descartado que en esa gestión pueda haber
tráfico de influencias y nadie del Ayuntamiento de Madrid está imputado
en la causa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.
Malversación de fondos públicos. La Fiscalía
Europea reclama para sí la investigación del contrato de las mascarillas
que benefició a una empresa, Priviet, que a su vez pagó al menos 55.000
euros al hermano de Díaz Ayuso. El argumento para reclamar esa
competencia es que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para
abonar los 1,5 millones de euros por las 250.000 mascarillas que
consiguió traer de China el hermano de la presidenta madrileña proceden
de fondos europeos.
Delitos de Corrupción. La Fiscalía, que sigue
adelante con su propia investigación, sostiene que el caso solo se puede
examinar desde la perspectiva de los delitos de tráfico de influencias,
negociación prohibida a funcionarios u otros relacionados con la
corrupción. Pero en ningún caso se ha producido una malversación de
fondos públicos. “El material comprometido se entregó al precio
estipulado y en las condiciones pactadas”, señalan fuentes fiscales, “Si
el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en
China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos
penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos
meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el
precio que les diera la gana”, añaden estas mismas fuentes." (José Manuel Romero , Fernando Peinado , El País, 10/04/22)
"El fundador y director ejecutivo de Turing Pharmaceuticals, Martin Shkreli,se convirtió en una de las personas más odiadas del mundo tras comprar los derechos del Daraprim, el
único fármaco autorizado para combatir una infección que afecta a
personas con sistemas inmunológicos débiles, como enfermos de cáncer y
sida, y subir su precio de 13,50 dólares (12 euros) la caja a 750 dólares (672 euros). Un aumento del 5.555%.
Shkreli
defendió su decisión asegurando que no era una cuestión de avaricia,
sino una medida necesaria para que el negocio fuera sostenible y que,
además, no era el único que estaba acometiendo grandes subidas de
precios. Al menos en esto último tiene razón.
Las tácticas de
subidas de precios no están limitadas a unas cuantas ‘manzanas
podridas’, sino que son bien conocidas en toda la industria
DRX,
una compañía que compara precios de medicamentos para los seguros de
salud, ha analizado la evolución en el coste en Estados Unidos de 3.000 fármacos
de marca desde diciembre de 2014 hasta enero de 2015 y ha constatado
que se dobló el precio de 60 de ellos y se cuadriplicó en 20 casos. Unos
1.100 fármacos sufrieron un incremento del 10%. Sólo 50 rebajaron su
coste.
Aunque en España no rigen los mismos precios, que según un estudio de Wharton
son por norma general consistentes con las diferencias de renta entre
los países, nuestro país no se libra de este tipo de subidas. Aquí las
farmacéuticas no tienen libertad para elevar a su antojo el precio de
los medicamentos que están financiados por la Seguridad Social, y
renegociar los precios con el Gobierno es muy complejo, pero lo hacen en
cuanto tienen vía libre.
Sirva como ejemplo lo que ocurrió con los 400 medicamentos que el Gobierno decidió sacar de la financiación del Sistema Nacional de Salud
en 2012. Al quedar excluidos de la financiación pública, los
laboratorios responsables de estos productos tenían libertad para
comunicar al Ministerio su intención de comercializar los mismos a un
precio superior. Medicamentos populares como el Mucibron, el Mucosan, el
Romilar o el Fortasec aumentaron su precio por encima del 100% en sólo
un año. De los 400 fármacos sólo uno bajó de precio.
La forma en
que las farmacéuticas fijan el coste de los medicamentos está siendo muy
discutida en EEUU. Como aseguró el diputado demócrata Elijah Cummings,
que preside un comité del Congreso estadounidense para estudiar la
cuestión, “las tácticas de subidas de precios no están limitadas a unas
cuantas ‘manzanas podridas’, sino que son bien conocidas en toda la
industria” y “muchas empresas farmacéuticas se están llenando los
bolsillos a costa de los sectores más necesitados de la población”.
De la misma opinión es Jim Yocum, vicepresidente
ejecutivo de DRX, que apunta que las grandes subidas de precio “son una
parte integral del modelo de negocio” de las farmacéuticas.
Subidas escandalosas
Entre las mayores subidas de precio acontecidas en EEUU, por detrás del Daraprim, se encuentran el Novacort, una crema mezcla de hidrocortisona y pramoxina cuyo precio se incrementó casi un 3.000% y el Alcortin A,
una combinación de esteroides y antibióticos para tratar los eczema y
las infecciones de piel: el preció subió un 1.860% durante el periodo
analizado.
Entre las subidas de precio que afectarán a más pacientes se encuentra la del Crestor, un popular (y polémico) medicamento para tratar el colesterol cuyo precio se ha elevado un 15% para compensar la llegada de su versión genérica en
mayo –algo que no ha ocurrido en España–. O la del Viagra que cuesta un
13% más que el año pasado, pese a que ya cuenta con competidores
genéricos.
La compañía que ha efectuado, de largo, las mayores
subidas ha sido Valeant, conocida por comprar los derechos para
comercializar viejos fármacos
Según explica Yocum, en EEUU todas
las compañías farmacéuticas suelen cambiar sus precios de venta a
finales o principios de año, pero en los dos últimos meses la subida ha
sido mayor que en pasadas temporadas. Pfizer, por ejemplo, ha
incrementado el precio de 24 fármacos en un 12%.
Un portavoz de la
compañía ha explicado a ‘Bloomberg’ que los precios de catálogo no
reflejan los descuentos ofrecidos a los gobiernos y aseguradoras, pero
como explica Yocum, estos son por lo general el punto de partida en las
negociaciones. “Aunque no consiguen obtener el incremento total del
precio, consiguen una parte”, asegura.
La compañía que ha efectuado, de largo, las mayores subidas ha sido Valeant Pharmaceuticals International,
conocida por centrarse en comprar los derechos para comercializar
viejos fármacos genéricos y elevar sus precios.
El precio de trece de
sus medicamentos se ha doblado desde diciembre de 2014. Especialmente
escandaloso es el caso del Isuprel, un fármaco que se usa para
tratar las arritmias, cuyo precio subió en un 525% en cuanto la compañía
se hizo con los derechos para comercializarlo y se ha elevado un 720%
en todo el periodo analizado.
Las farmacéuticas siempre defienden
estas subidas de precio (muy por encima de la inflación general) por los
altos costes de investigación y producción que conlleva el desarrollo
de nuevos medicamentos, pero es un argumento difícil de sostener, más
aún cuando muchos de estos fármacos llevan décadas en el mercado.
AstraZeneca vendió el derecho a comercializar en EEUU dos viejos medicamentos para controlar la presión arterial, Zestril y Tenormin, a Alvogenen
enero de 2015. Tras esto, tal como constata el informe de DRX, sus
nuevos propietarios incrementaron el precio en un 800 y un 600 por
ciento, respectivamente.
El doctor Joan Ramon Laporte asegura que “El precio de los medicamentos es puramente arbitrario”. Una vieja historia
El
incremento exagerado del precio de algunos medicamentos es un asunto de
largo recorrido, que ha provocado grandes tensiones entre empresas,
gobiernos y ciudadanos.
En España todos recordamos la polémica en torno
al Sofosbuvir, el medicamento para tratar la hepatitis C cuyo
coste ascendía a 84.000 dólares por 12 semanas de tratamiento, un precio
inasumible para el Gobierno español, que tardó meses en negociar una
rebaja con la farmacéutica Gilead,propietaria de la patente.
¿Cómo se justifican precios tan elevados? Como reconoció Raymond Gilmartin, exdirector ejecutivo de Merck, a Marcia Angell,
exredactora jefa del ‘New England Journal of Medicine’, “el precio de
los medicamentos no está determinado por los costes de investigación.
Lo
que lo determina, en su lugar, es el valor que tienen en cuanto a su
capacidad de evitar y tratar una concreta enfermedad o dolencia”. En
definitiva, si tu fármaco es el único que puede ayudar a un grupo de
pacientes puedes elevar el precio hasta (casi) donde quieras.
El
precio de un nuevo fármaco no tiene nada que ver con sus costes de
desarrollo, depende por completo de cuánto estemos dispuestos a pagar
Como explicó a El Confidencial Peter C. Gøtzsche,
el médico danés autor de ‘Medicamentos que matan y crimen organizado’
(Los libros del lince), “gran parte de la investigación que permite el
desarrollo de nuevos fármacos ha sido financiada por el dinero de los
ciudadanos, que pagan las nóminas de los investigadores públicos.
Si un
medicamento es considerado un gran avance, la norma es que la compañía
farmacéutica que se hace cargo del desarrollo de ésta cobre un precio
obsceno, abusando de ese modo el monopolio que la sociedad le ha
otorgado. El precio de un nuevo fármaco no tiene nada que ver con sus
costes de desarrollo, pero depende por completo de cuánto estemos
dispuestos a pagar por él”.
En 2010, un grupo de investigadores italianos analizó el mercado de lo que se conoce como“medicamentos huérfanos”,
aquellos fármacos que se destinan a tratar enfermedades graves que
afectan a muy poca gente y, por tanto, su comercialización resulta poco
probable sin medidas de estímulo.
Pero el precio es por sí sólo un
incentivo suficiente. Según la investigación,
publicada en el ‘British Medical Journal’, el coste anual de estas
medicinas está inversamente relacionado con la prevalencia de la
enfermedad.
En definitiva, nada justifica el precio de los fármacos más allá de la ley de la oferta y la demanda. ¿Y los costes de desarrollo?
Según un informe del Congreso de EEUU redactado en 2000, “quince de los
veintiún medicamentos más importantes aparecidos entre 1965 y 1992 se
desarrollaron gracias al conocimiento y a las técnicas de la
investigación financiada públicamente”. (Miguel Ayuso, El Confidencial, en Rebelión, 10/03/16)
