Corrupción: Correa llegó a cobrar más de 30 millones de euros en comisiones

"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del ‘caso Gürtel’ cerrando la última pieza que se estaba investigando, concretamente la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los responsables del conocido como Grupo Correa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron ellos y sus empresas de forma ilegal. Estima que el líder de la trama, Francisco Correa, habría cobrado más de 30 millones en comisiones irregulares.

Esta era la «pieza principal» de la macrocausa cuya instrucción comenzó en 2008 y en ella el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 propone juzgar a 21 personas físicas y 19 jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.

Entre otros, el magistrado dirige su procesamiento contra Francisco Correa, el que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo, sus asesores fiscales como Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como empresarios y testaferros que participaron durante todas las épocas de la actividad de Gürtel en la operativa para eludir las declaraciones al fisco.

SOBRESEIMIENTO PARA 28 IMPUTADOS

Para otras 28 personas que habían sido investigadas, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Para varios trabajadores de las empresas del grupo, no concurren, según el juez, suficientes indicios para atribuirles un conocimiento del origen presuntamente ilícito de los fondos, ni de su ocultación a la Hacienda Pública.

En otros dos casos, el de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y Cándido Herrero, los hechos que se les atribuían han sido investigados en otras piezas separadas de Gurtel. En cuanto a Jesús Merino, no se habría acreditado el delito contra la Hacienda Pública; mientras que respecto a Plácido Vázquez, el magistrado archiva por prescripción de los delitos. También ha visto sobreseídas las actuaciones el gestor de Correa en Suza, Arturo Gianfranco Fasana.

El auto del juez, con fecha de este lunes, explica que ésta es la última pieza de Gürtel que quedaba en fase de instrucción, una macrocausa que se ha centrado en investigar la organización liderada por Correa, que fue, desde finales de 1999 hasta 2009, un «holding empresarial dedicado a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba para el PP«.

Ya se han juzgado cinco de las piezas en que derivó el ‘caso Gürtel’, mientras que quedan aún pendientes otras cuatro. La referida a las irregularidades por los amaños en la contratación para la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006 ha comenzado precisamente este lunes.

OCULTACIÓN DE PATRIMONIO

Lo que se ha investigado en la pieza principal son los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y Crespo –que ya acumulan condenas que suman casi 80 y 59 años de cárcel, respectivamente, por otras piezas de la macrocausa– con motivo de la ocultación de su patrimonio, el cual, recuerda el instructor, en gran parte procedería de las actividades ilícitas investigadas en las restantes piezas separadas de Gúrtel.

Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de 30 millones de euros por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera«.

Estos fondos «nunca fueron declarados» por Correa, por lo que calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.

En segundo lugar, el juez desarrolla en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado toda la estrategia diseñada por los dos responsables del Grupo Correa para ocultar y blanquear los ingresos procedentes de las actividades ilícitas.

La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática y con cargo a fondos públicos, dice el auto, «con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita».

De la Mata detalla en su escrito toda la estructura de ocultación de los ingresos, a través de sociedades de eventos vinculadas a Correa, así como toda la operativa de ocultación del patrimonio llevada a cabo por éste, bien a través de dinero en efectivo opaco y utilización de sociedades, bien de estructuras societarias patrimoniales en España y el extranjero.

Del líder de la trama corrupta, el juez considera que «ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias» que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera, «justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos».

Respecto al ‘número dos’ de Gürtel, también ocultó una parte de sus recursos económicos que procederían de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa. El magistrado señala como cooperadores necesarios del delito contra la Hacienda Pública a los asesores fiscales De Miguel Pérez y Blanco Balín.

SERVICIOS NO PRESTADOS

Respecto al delito continuado de falsedad en documento mercantil, el auto explica que el contenido de las facturas emitidas para obtener un cobro no suponen una simple alteración de la verdad en una operación real, «sino unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado, y que por tanto deben ser calificados de documentos no auténticos con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente».

El instructor incluye por último el delito de blanqueo y detalla los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de «enriquecimiento de su líder».

En esa operativa de blanqueo, el magistrado destaca el papel de sus asesores jurídicos también investigados, la utilización de una compleja estructura de sociedades interpuestas, movimientos internacionales de dinero, así como canales de blanqueo empleados mediante transferencias internacionales, participación de no residentes en propiedad de sociedades nacionales, inversiones directas en el exterior, préstamos concedidos a no residentes, financiación concedida a filiales residentes, mezcla de dinero lícito e ilícito, inversiones en el sector inmobiliario y uso masivo de efectivo como medio de pago."                    (Kaos en la red, 10/03/20)

“Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada...

"(...) El procesado por construir el edificio societario que permitió a Correa blanquear el dinero que expoliaba a través de adjudicaciones públicas quiso sacudirse la imagen de delincuente sacando a la luz su trayectoria cerca de la política.

 “Ya en el 77, formaba parte de la administración de UCD; era el que controlaba la pasta”. Y más tarde: “He tenido clientes de IU, también del PCE, diputados socialistas, no voy a decir nombres, y he tenido a algún embajador socialista”. Puro pluralismo democrático. 

Trataba de insertarse en la normalidad del país. La esencia del delito es su naturaleza antisocial, contraria a la costumbre, y De Miguel pretendió mostrar que lo suyo no había sido más que una pieza del sistema político y económico de España. Aquí las cosas se hacían así.

El acusado duerme tras las rejas porque fue condenado a 21 años por ayudar al empresario Juan Ramón Reparaz a ocultar al fisco 16 millones de euros.

Lo de la Gürtel (antes de que se le pusiera una etiqueta mediática que le diera a este grupo de políticos y empresarios y otros tahúres un cierto aire de exclusividad) no era para él más que un episodio de su carrera. 

Un día Francisco Correa le dijo que quería presentarle a un amigo; era Guillermo Ortega y tenía un objetivo claro: “Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada.

 El Rata acudió a él por lo típico, porque la oposición iba husmeándole detrás. El autor del libro Objetivo sin fronteras fiscalesle dijo que, bueno, y le aconsejó formar una sociedad para difuminar el pastel. “No querían ser opacos a la Hacienda Pública, sino a todo el mundo”, llegó a resumir.

Si nos basamos sólo en la escena de la declaración, es fácil dudar de la inteligencia del acusado. No vocalizaba correctamente, cada frase parecía gestarse después de un trabajo muy duro y lento de neuronas: “Y no sé a qué venía esta historia”, confesó en un momento, despistado, después de responder a algo que no le habían preguntado. Afeitado mal apurado, ropa afelpada por el uso, pelo graso, como lavado sólo con agua durante meses, papada. 

En general, parece empapado en ceniza. Cada vez que decía “no me acuerdo” daba la impresión de que aludía, realmente, a un agujero negro de su memoria, una laguna total, como si hablaran de la vida de otro. No mantenía las formas. Sacado del contexto de la sala, nadie aseguraría que estaba compareciendo ante un tribunal: “Hay que ser un poco más serio”, reconvino en cierto momento a la fiscala Concepción Sabadell. Una vez se rió y fue como si le doliera algo.

De Miguel afirmó que las operaciones e inversiones con las sociedades relacionadas con la trama se efectuaban todas bajo “instrucciones de Correa”. Negó, antes de que nadie le preguntara, que repartiera dinero a discreción a Álvarez Cascos, Luis Bárcenas o Jesús Merino. 

Su estrategia para desembarazarse de los 18 años y medio de cárcel que le acechan por Gürtel fue delegar, agarrarse a que cumplía órdenes de sus clientes. Afirmó que le habían falsificado su firma muchas veces y, para las que no, esgrimió que primero había firmado un papel en blanco y luego alguien había añadido el contenido que, ahora, le implica en la causa. “¿Suele firmar usted muchos papeles en blanco?”, se escandalizó la fiscala. “Si son de amigos, sí”, zanjó él.

Sabadell y el procesado no se entendieron en ningún momento. Ella se empeñó en pedirle explicaciones de si sabía si los billetes de sus clientes procedían del delito y de por qué no lo investigó. Él fijó su filosofía de trabajo en una frase: “Yo lo único que veo son cifras”. 

Cifras y papeles de pisos que se vendían y recompraban y revendían entre Luis de Miguel y Guillermo Ortega; sociedades como pelotas de malabares que se creaban para Correa y luego usaba De Miguel, y más tarde, Ortega. Operaciones cuyo único fin era generar operaciones y crear una fantasmagoría empresarial. 

Sin embargo, estas artes no las inventó él. Por lo común, ese mundillo funciona con acrobacias y quiso dejarlo claro: “En Suiza, lo que suelen hacerse son sociedades panameñas”. (...)

Concepción Sabadell siente una total falta de sintonía hacia los acusados. Su cara de interrogar recuerda a la periodista Ana Pastor: tiende al cabreo, se esfuerza mucho en que conste que no se deja vacilar y, en consecuencia, articula una medio sonrisa de desconfianza como sistema, a la que por supuesto le añade un toque canalla. 

Tiene razón en pensar (si es que lo piensa) que eso la hace más profesional porque, por algún motivo, siempre nos parece más competente el mosqueo que la cortesía. Sabadell mantuvo esa misma actitud ante Antonio Villaverde, el corredor de seguros de Correa para el que se piden 15 años y nueve meses de encierro. 

Villaverde, nervioso, empezó con bastante educación y acabó rojísimo y soltando estufidos contra el micro cuando Virgilio Latorre, abogado de la acusación, le pidió explicaciones a distintas transferencias. Latorre traía ganas de fiesta y nombró una por una las operaciones como si le estuviera soltando bofetones con la mano abierta. El acusado gruñía y decía no recordar nada. 

Villaverde usó la misma estrategia defensiva que De Miguel, a saber, que hacía lo normal en su trabajo en aquella época, que era hacer rendir al máximo el patrimonio que le confiaban, y que, además, había contado entre sus clientes a peces gordos, incluso ministros.

 Quizás por eso, por obnubilarse ante tantos grandes hombres como Correa, Villaverde nunca miró si la procedencia del dinero era lícita o no, ya fueran empresarios, cargos públicos u obispos. Hace quince años funcionaba así el cotarro, lo mismo que los movimientos de dinero desde cuentas suizas a cuentas españolas: era lo habitual, dijo, lo normal."                  (Esteban Ordóñez, CTXT, 19/12/16)

Blanco Balín me dijo que todas las comisiones cobradas por él durante 8 años como vicepresidente y consejero delegado de Repsol, con los países en los que cerraba acuerdos (Argentina, Colombia, Venezuela, etc) las depositó en una cuenta suiza

"Entre los silencios de Francisco Correa en el juicio de Gürtel hay uno que el propio acusado anticipó a bombo y platillo. “No lo voy a decir porque saldría esta tarde en todos los periódicos”, lanzó en un momento de su primera intervención. Hablaba del dinero en Suiza y de la entidad de una misteriosa y poderosa persona que blindaba de cualquier investigación la actividad de su 'blanqueador', Ramón Blanco Balín.

Si aún falta por aclarar quién es la X de las adjudicaciones del Gobierno del PP manchadas con dinero negro, esa otra identidad podría considerarse la Z, el gran hallazgo enterrado en siete años de caso Gürtel.

En sus hasta hoy dos jornadas de declaración, Correa ha ido confirmando paso a paso la confesión de nueve folios, detalles incluidos, que publicó a eldiario.es en noviembre de 2015, y cuyo contenido la Fiscalía había rechazado como moneda de cambio para una reducción en la petición de condena.

 En ese documento, Correa explica que Blanco Balín le propone a Arturo Fasana como gestor de sus fondos en Suiza. “La importancia de los clientes (de Fasana) y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, me dice que me quedase muy tranquilo”, relataba Correa en aquella confesión.

Durante la jornada del jueves, Correa explicó a la fiscal Concepción Sabadell algunos de los aspectos relacionados con los 22 millones de euros que tiene bloqueados en Suiza. Habló de Ramón Blanco Balín, el exvicepresidente de Repsol y amigo personal de Aznar, que sustituyó a Luis de Miguel al frente del diseño societario de la trama  y que está imputado en una pieza que se juzgará más adelante.

"Cuando se registra el despacho de Ramón Blanco Balín me puse muy nervioso porque se llevaron todas mis escrituras y mi opacidad se podría hacer pública. Entonces le dije que quería regularizar y me dijo que no", ha relatado en el juicio Francisco Correa. Blanco Balín, según explicó, le garantizó la inmunidad de la que disfrutaba su hombre en Suiza, Arturo Gianfranco Fasana, y que le garantizaba uno de los clientes a los que escondía dinero negro.

En la confesión a eldiario.es, Correa se explica así: “En varios viajes que realicé para visitar a Fasana en Ginebra con Ramón Blanco, Arturo, con quien ya adquirí cierta confianza, me acreditó visualmente la realidad de lo que me explicó Blanco Balín, y corroboré la coincidencia de las informaciones de mi conductor”. 

Francisco Correa asegura, por tanto, haber visto documentos que acreditan que Fasana trabajaba para un cliente español tan importante que alejaría cualquier intento de investigación en su contra. Correa, además, ponía coche y chófer a Fasana cuando éste viajaba a Madrid y el conductor después contaba a su jefe con quién y dónde se había reunido el gestor.   (...)

En la confesión escrita de Correa, éste afirma: “Blanco Balín me trasladó que todas las comisiones cobradas por él en sus cargos durante 8 años como vicepresidente y consejero delegado de Repsol, con los países en los que cerraba acuerdos (Argentina, Colombia, Venezuela, etc) las depositó en la cuenta Soleado (Credit Suisse) de su íntimo amigo Fasana, y que ascendían a 60 millones de euros". 

Arturo Fasana fue detenido por la Policía española el 20 de mayo en el aeropuerto de Barajas. Dos días después, el magistrado instructor del caso Gürtel entonces, Antonio Pedreira, le tomó declaración y quedó en libertad sin medidas cautelares. Días después se produjo la visita de los policías españoles a su despacho. Fasana estuvo imputado, pero la causa contra él acabó archivada. 

Los informes policiales del caso Emperador, contra la mafia china en España, se referían a un tal Arturo como "un individuo de una importancia capital" en la organización. Finalmente fue identificado ante el juez por un empresario implicado. Se trataba de Arturo Fasana. Las investigaciones le situaban por encima del responsable de buscar "compradores" de dinero negro.

Los chinos disponían de abundantes cantidades de dinero que no querían declarar. Para enviarlo a su país de origen, necesitaban las cuentas en Suiza de miembros de la jet española que tienen fondos en en el país helvético que no pueden tocar, por lo que no disponen de efectivo.

François Leiser, un belga de 73 años, hacía de intermediario. Por encima de él, según las pesquisas, estaba Fasana. Una prima del rey Juan Carlos admitió haber sido una de las ricas españolas con cuenta en Suiza que obtuvo dinero de Gao Ping. Fasana también logró librarse de la imputación en el caso Emperador."                       (Pedro Águeda  , eldiario.es, 15/10/2016)

Suiza: el agujero negro de la democracia española

"En la política española existen dos clases de puertas giratorias. Las de clase A y las de clase A-Oro. Las que llevan al consejo de administración y las que dan a Suiza. 

Las puertas engrasadas a base de privilegios que los ciudadanos ven girar pasmados y las que no se ven: aquellas que esconden cierta estructura financiera criminal y dan a parar a un Estado paralelo. Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, la utilizan. Cada causa top ten tiene altos cargos imputados que han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. 

Allí acaban los beneficios del Ibex-35, los narcotraficantes, la financiación del terrorismo y el dinero de la corrupción, entre otros. Y tras ellas, cualquiera: un traficante de cocaína, el concejal que acaba de adjudicar una rotonda, un aforado recién elegido en las elecciones. Suiza no es el único territorio off shore abonado de entidades propicias al cobijo del fraude y la evasión. Pero es, con diferencia, el paraíso fiscal más utilizado por los políticos españoles envueltos en estos casos.

Por el cauce helvético ha desfilado la financiación irregular de los principales partidos españoles. Las pruebas fundamentales de Gürtel están allí. La presunta contabilidad B del PP, también. Allí han encontrado refugio las actividades de Luis Bárcenas y la familia Pujol. Y de la documentación enviada a los juzgados por las autoridades helvéticas salen los nombres de quienes habrían cobrado sobornos millonarios esquilmando presupuestos públicos.

 Por Suiza pasan las comisiones de Iñaki Urdangarin, el desvío de fondos públicos del caso Palau, las supuestas mordidas de alcaldes y concejales, las herencias de los Pujol, Artur Mas, la Casa Real y los ahorros (también presuntos) de un exsecretario general regional del PP ahora encarcelado, Francisco Granados.

Sin el espejo suizo la dimensión de la corrupción sería otra, y sin la colaboración judicial –todavía deficiente– no habría cómo apuntalar muchos de los delitos cometidos en España. Las causas quedarían en nada, o casi nada. Y sólo al trasluz de las comisiones rogatorias emerge el verdadero retrato de la corrupción nacional.

Suiza no tiene color político y en materia de corrupción la cantidad no lo es todo. Sin embargo, el Partido Popular, bien porque gobernó en los años del boom, liberalizó suelo y empresas públicas, bien por su buena relación con grandes constructoras, posee un buen palmarés en número y relevancia de los cargos, implicación de miembros del Gobierno, continuidad en el tiempo y presuntos millones de euros defraudados.

 A la par está Convergència i Unió, con la sede embargada por la Justicia. Las operaciones de las tramas Gürtel y Pretoria, destapadas por el juez Baltasar Garzón en 2009, hunden sus raíces en la presunta financiación ilegal de ambos partidos con sus idas y venidas off shore.

Para comprender esta economía B montada en torno a la red Gürtel –para vislumbrar, en definitiva, cómo emigra la corrupción a Suiza–, hay que remontarse 35 años atrás, cuando los responsables de la tesorería popular abren sus primeras cuentas. Era el conocido como grupo de Badajoz, que sería a las finanzas del PP lo que el clan de Valladolid a la política. En 1980 Ángel Sanchis daba trabajo a un Luis Bárcenas de 23 años en una empresa montada en Extremadura.

 A los dos años, Manuel Fraga le encargó las cuentas del partido con carta blanca para llevarse a cinco personas. Entre los elegidos, Luis Bárcenas y Francisco Yáñez, empresario que permanecería en Génova hasta su fallecimiento. Eran unos chavales, y para entonces (y hasta la fecha) los conseguidores del partido y extesoreros (Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, el propio Ángel Sanchis o el exsenador sobrino del fundador, Luis Fraga) ya compartían depósitos, empresas tapadera y agentes fiduciarios.

Un primer andamiaje de cuentas opacas montado después de la Transición que crece en volumen y protagonistas al fragor de la burbuja inmobiliaria y el desmantelamiento de los controles administrativos. Y no es casualidad, ni siquiera para la Justicia, que la fecha de los primeros ingresos en la caja B del PP coincida con la apertura de estas cuentas; 20 años de contabilidad en negro destapados por Luis Bárcenas tras la aparición de su primera cuenta en el Dresdner Bank en 2013 con 22 millones de euros acumulados.

Aunque a los bancos del país helvético llega la high class de la corrupción, el presunto soborno político comparte las rutas del crimen organizado. El más apabullante es el tejido financiero de Luis Bárcenas para esconder en tres continentes una fortuna de 48,2 millones de euros. 

 Según la investigación, su modo de operar es el más complejo, el que delata un engranaje delictivo de ocultación al máximo nivel, un máster en operaciones de fraude y presunto blanqueo sólo comparable a los movimientos en paraísos fiscales de Francisco Correa, el caso Malaya y veremos si le hacen sombra los Pujol.

Tras 30 años montando el chiringuito suizo, cazados por la Justicia, toca desmantelarlo. Bajo la máxima “lo que se hace en familia se resuelve en familia”, Bárcenas comenzó a borrar su fortuna tres días después de las primeras detenciones de la trama Gürtel en una carrera que discurriría paralela a la investigación de la financiación irregular de su partido. 

El procedimiento es siempre el mismo: necesitan al testaferro, un clan de confidentes elegidos en el seno de la familia –esposas mediante–, la confidencialidad del partido y los negocios, además de una buena defensa que goce del amparo del secreto profesional.

Los extesoreros del PP anteriores a Bárcenas, junto a abogados bien avenidos al calor del partido del Gobierno, han sido los encargados de hacer desaparecer el dinero. “Me eligió para actuar en su nombre por la sensación de persecución que tenía. 

Necesitaba alguien de confianza”. Quien dice estas palabras es Iván Yáñez en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el hijo del histórico trabajador del PP Francisco Yánez, pero también socio en una empresa del exconsejero e imputado en el caso Bankia Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, reconocido empresario donante del partido. 

Génova 13, Bankia, constructoras... Bien conectado con los entresijos del PP, buen conocedor de cómo operar en paraísos fiscales, Yáñez fue el elegido para esparcir por el mundo la compleja estructura societaria en Suiza y mover con agilidad el patrimonio del extesorero antes de que la policía dé con todo ello.

Un trabajo laborioso, pero no tan difícil. La banca privada está montada para que el dinero sea más rápido que los agentes, la Justicia y el trámite para bloquear cuentas. Bárcenas acudió a los circuitos de Estados Unidos, Suramérica y Europa a través de operaciones de fondos y transferencias sin cortapisas.

 Del hilo de la primera cuenta aparecieron otras 20. En ese momento, escondía 17,2 millones de euros en Suiza. Cuatro años después, cuando por fin llegó la petición rogatoria de información, quedaban 9,6. El resto se había esfumado en cuentas repartidas por Paraguay, Nueva York, Atlanta, Alemania, Argentina, Gran Bretaña, Irlanda, Liechtenstein, Hong Kong y un largo etcétera.

Pasó lo mismo con la fuga a Nueva York. Las sucursales elegidas fueron el HSBC y la Unión de Bancos Suizos (UBS), sancionadas por EE UU con multas históricas por ayudar a los clientes a evadir impuestos e incumplir el protocolo antiblanqueo. A instancias del juez, las autoridades neoyorquinas remitieron la documentación de donde se vació la cuenta del Dresdner Bank. De los 22 millones, 4,5 llegaron a ambos bancos.

 Investigado por la Justicia, en las cabeceras de la prensa internacional en calidad de extesorero del partido del Gobierno, el HSBC y el USB aceptaron los ingresos del testaferro y Ángel Sanchis sin rechistar. En agosto de 2013, Ruz pidió bloquear las inversiones y productos incluyendo cajas de seguridad. Quería conocer los titulares, apoderados y beneficiarios en EE UU de las empresas tapadera que recibían el goteo de fondos desde Suiza. Cuando la petición llegó, el dinero tampoco estaba allí.

Ángel Sanchis sacó un millón de dólares un día, 270.000 dólares al siguiente. El broker Iván Yánez hizo lo propio a través de un correo: “Instrucciones para (vaciar) la cuenta conjunta”. El último documento del HSBC enviado a España decía: “El querido cliente ha cerrado la cuenta”. Según la gestora en el 452 de la Quinta Avenida, el dinero iba camino del Deutsche Bank, en Francfort, Alemania, de la mano de Yáñez.

 Y hay más. La otra parte de la fortuna Bárcenas la invertía Sanchis en Brasil y Argentina en “empresas de cítricos” y “maderas preciosas”. Son las llamadas operaciones comerciales de dudosa credibilidad, las más habituales para el blanqueo por la dificultad que tienen los peritos para comprobar si realmente se han producido. Según la declaración de Bárcenas, de estas hizo decenas.

Ante estos vaivenes, normalmente las pruebas no resultan suficientes y el caso se cierra. Los abogados consiguen anularlos, o llega un punto donde los instructores, exhaustos, se rinden al rastreo del dinero. Es un mecanismo endiablado difícil de rastrear y verificar donde las sucesivas transacciones saltan de un país a otro, de una cuenta a otra, en una espiral vertiginosa que no hay quien cierre. Una ingeniería fiscal que, al margen de las presuntas mordidas, permitió a Bárcenas defraudar 11,5 millones de euros de 2000 a 2011, millón al año, sin contar las siete declaraciones consecutivas a devolver.

 Y sin contar con la amnistía fiscal, una autopista de repatriación de dinero negro sin límite de velocidad por donde circuló la sociedad vehículo Tesedul, matrícula de Uruguay, con 11 millones en acciones de los que Bárcenas trajo de vuelta diez. Las alarmas sólo saltaron cuando su abogado lo hizo público.

Este mínimo trazo es una muestra de algunos movimientos. El dinero, hoy, sigue perdido. Casi seis años después, los investigadores continúan sumergidos en la maraña de la evasión buscando fondos en decenas de cuentas, apoderados, reintegros, sociedades.

Como Bárcenas, el político que decide abrirse una cuenta en Suiza sabe que, en parte, está a salvo. O no será descubierto o saldrá casi indemne. El sistema de transacciones está protegido por el secreto bancario, las cuentas no son fáciles de bloquear ni tampoco demostrar el cohecho e ir más allá del fraude, poco penado cuando no va acompañado de otros delitos. Lavar dinero, evadir impuestos, ocultar comisiones: por estos motivos un cargo público paga las altísimas comisiones de apertura, no hay más. 

Uno de los máximos responsables policiales de Anticorrupción resume la gravedad del binomio político-Suiza en las investigaciones: “Salvo en casos muy puntuales, en España son profesionales de la política sin otra ocupación ni ingresos conocidos. Su nómina tributa al 100%. Para nosotros es un indicativo de la cantidad que ese cargo ha tenido que llevarse en comisiones irregulares hasta el punto de tener que abrir una cuenta en Suiza para ocultar el dinero”.

Una vez allí, gozan de impunidad. Los bancos apenas denuncian la presencia de imputados por corrupción y sólo informan mediante una petición muy específica de la Justicia (indicando la cuenta y el titular). El tiempo que necesita un juez para encontrar dicha entidad y la tardanza de los trámites no ayuda. Las respuestas, además, son imprecisas. Tanto Bankia como el helvético Lombard Odier han obstruido en numerosas ocasiones la instrucción.

Gestores y testaferros son parte de los servicios financieros. Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, movía los fondos antes y durante la investigación sin comprobar el origen de un solo ingreso, sin llamar la atención a las autoridades, a sabiendas de la dimensión de los hechos y de que debía declarar ante el juez. 

Frederic Mentha, gestor de Bárcenas y también de Gao Ping en el HSBC, sólo fue apartado de su puesto tras el escándalo de la mafia china, no la política. Como explica Hervè Falciani, el garganta profunda del HSBC: “Los gestores son parte de la operativa del blanqueo y del fraude”. La policía, que investiga la lista Falciani con más de 100.000 evasores –repleta de apuntes a mano de gestores–, asegura que es difícil de probar. El informático rebate: “De eso se trata”.

A día de hoy, Ruz acusa a Bárcenas de llevarse unos 300.000 euros vinculados a los fondos administrados del PP de los 48,2 millones detectados en Suiza. No ha podido concluir si el resto son negocios personales, prebendas de constructoras o parte de los donativos anotados durante años de contabilidad B. Llegará el juicio y no sabremos si Bárcenas estaba solo en las cuentas o llevaba consigo a otros beneficiarios.

 Tal vez los numerosos amigos y máximos dirigentes a los que amenazó con tirar de la manta y a quienes ya sólo reprocha haberle retirado la palabra. En el inventario colectivo quedan las denuncias del PP a los policías, las peticiones para desimputar a su extesorero, aquel “Luis, sé fuerte” y la destrucción de los discos duros a martillazos. Blindaje en Suiza, sí, pero no sólo.

El tiempo de los maletines ha pasado y las comisiones se mueven sin necesidad de pasar por España. Ya ocurrió con las operaciones de compraventa de cuadros entre Bárcenas y Naseiro, donde según la policía el presunto blanqueo desfilaba de una cuenta a otra directamente en Suiza. 

Incluso la antigua trama Filesa (PSOE), donde un exsenador y un diputado mandaban las comisiones directamente allí; o los inspectores de Hacienda del caso Huguet-Aguiar en 1999, cuando el entonces delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña, Ernesto Aguiar, y el exjefe regional de Inspección Josep María Huguet recibían cantidades millonarias en Suiza por trabajos para empresas de Javier de la Rosa.

José María Mollinedo, hoy presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, recuerda cómo, destinado en el equipo de estos inspectores, se sintió utilizado: “Nos amedrentaban para que sancionáramos a la mínima y descubrimos luego cómo Javier de la Rosa les pagaba favores en Suiza.

 Nunca imaginamos que los jefes de la recaudación en Cataluña fueran los jefes del fraude. Magdalena Álvarez, entonces máxima responsable de la Agencia, lo dejó en manos de la Justicia sin ir más allá. Los trapos sucios de Hacienda suelen quedarse dentro, sin lavar”.

Con el grifo del crédito abierto, las prácticas de Bárcenas camparon por los municipios controlados por el PP. Arturo González Panero, diez años alcalde en Boadilla del Monte en la dorada época del boom. Sin estudios, pasó de los boy scout a la concejalía de Deportes y de ahí a la alcaldía en 1999. 

El Albondiguilla, alias recogido en las grabaciones, concedió más de 100 millones de euros en obras a Teconsa, FCC, Sufi, Hispánica, UFC…, núcleo duro de las empresas donantes del PP, lo equivalente a dos veces el presupuesto anual completo del municipio adjudicados enteros a la trama. A Guillermo Ortega, El Rata para sus amigos, su último trabajo conocido antes de ser alcalde fue de estanquero frente al consistorio de Majadahonda. Años después, tenía tres cuentas en Suiza.

Benjamín Martín Vasco, exdiputado de Esperanza Aguirre, que habría cambiado un pelotazo en Arganda por unos ahorros transferidos de Miami a Suiza ocho días después de ser acusado por Baltasar Garzón de cobrar 150.000 euros en comisiones. 

Y Alberto López Viejo, favorito de la expresidenta de Madrid, hizo lo propio a través de las contratas de basura. Políticos sin oficio que, a cambio de engrasar las arcas municipales del partido, abrieron su vía de financiación particular. El estallido de la burbuja ha sacudido los pilares de las instituciones claves del Estado. Y tras el polvo, de todo. 

Desde políticos-empresarios y cargos venidos a más hasta los tótems morales de la construcción nacional, defensores de la Patria, artífices del statu quo a quienes una corrupción casi nunca les parece para tanto. A Suiza han llegado las herencias del Molt Honorable expresident Jordi Pujol, Artur Mas y su Majestad; además de la estirpe de hijos y yernos que han campado por el erario protegidos por la familia.

A la sombra del saqueo valenciano y balear estaban Diego Torres y Iñaki Urdangarin, acompañado por la infanta Cristina. Su capítulo helvético es igual de sencillo, igual de presuntamente burdo. La cuenta investigada recibía dinero desde otra radicada en el mismo país y donde una empresa participada por Aguas de Valencia ingresó 375.000 euros. 

La asistente del duque, Julita Cuquerella, cual gestora suiza, llegó a apuntar a mano: “Me pide [Iñaki] que te copie el siguiente número de cuenta. Que tú ya sabes para qué es”. Era del Credit Suisse, en Lausana. 375.000 euros por mediar ante un magnate afgano por trabajos nunca realizados. 

Como es habitual, desvinculó a su esposa. Según las declaraciones de los implicados, sólo era el escudo fiscal, la presencia de la hija del rey en Aizoon cual muro de contención para evitar inspecciones de Hacienda, como así ocurrió. El impacto social del caso Nóos recayó en la codicia más que en la cantidad, en ese mirar hacia otro lado del rey y el ímpetu de Hacienda y la Fiscalía por preservar a la infanta. Una defensa a ultranza similar a los años de Banca Catalana con una diferencia: los escudos del Estado han perdido la inmunidad ante la opinión pública.

Podríamos seguir. No hay institución sin su escándalo suizo. Son casos protegidos por los silencios cómplices –es decir, intereses– que ahora se desmoronan con el estruendo de la crisis política española.

La saga de los Pujol dejará trazos parecidos a la Gürtel. Pero lo más relevante será ver a los dirigentes de la moralidad frente a la nueva configuración de Cataluña. Treinta y cinco años de engaño fiscal, aún sin que Pujol haya confesado la cantidad, dan para mucho.

 Como a los Bárcenas, las declaraciones de la renta les salen a devolver y las primeras cuentas datan de los ochenta, con Marta Ferrusola de titular e hijos. 227.000 euros en efectivo sacados entre 2011 y 2014 podrían ser la escarcha del iceberg. 

Y Pujol Ferrusola Junior podría estar a la altura del juzgado número 5 de la Audiencia: 32 millones de euros moviéndose por 13 paraísos en ocho años a través de al menos cinco sociedades; pagos de 30 empresas de hasta 12 millones; sobornos, extorsiones, falsas asesorías. Veremos dónde queda el origen de las herencias, el “problema del 3%” de los contratos públicos para Convergència y los supuestos desvíos a Pujol.

Esta vez, serán los catalanes quienes arrebaten la senyera a quienes tantos negocios parecen haber tapado con ella. Y, al tiempo, no permitirán al Gobierno instrumentalizar la corrupción, es decir, vincular el futuro de los frentes judiciales de la familia del expresident a la presión de Cataluña para llevar a cabo la consulta. Instrucción por un lado, política por otro.

Porque a los millones de euros evadidos en Suiza, a los numerosos cargos e instituciones implicadas, la opinión pública sospecha de ciertos acuerdos intangibles que deciden el punto final de algunas tramas, en qué momento se hace la vista gorda o cuándo y hasta dónde se persiguen y cuáles. Es el control político de la corrupción, un concepto perverso, donde los escudos del Estado mencionados caen o se levantan según convenga.

 Suiza no debería ser ajena a los efectos del secreto bancario en la política de los países que tiene alrededor. Pero, además, el fin de la opacidad –no descartable por la OCDE en un futuro próximo– sólo podrá evitar la fuga del dinero de la corrupción si la maquinaria que lo persigue no tiene su palanca de cambios en La Moncloa."        (Pilar Velasco   , eldiario.es, 09/02/2015)

El juez imputa a Lapuerta por ayudar a Bárcenas a llevarse dinero negro del PP

"El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al entender que su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, se apropió de parte del dinero negro que ingresaba en la caja b del PP (al menos 150.000 euros) y que para ello "habría actuado con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela".

Álvaro Lapuerta ejerció de tesorero del PP y jefe de Luis Bárcenas entre 1993 y 2008. Durante esos años, según mantiene acreditada la investigación judicial, el PP recibió casi ocho millones de euros en forma de donaciones ilegales de empresarios, la mayoría constructores que tenían contratados con la administración pública. 

Esos ingresos fueron recogidos en una contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas con el control de Álvaro Lapuerta. La contabilidad secreta del PP recoge los apuntes manuscritos de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero y junto a esos apuntes, algunas pequeñas firmas supuestamente de Lapuerta, con supervisaba toda esta operativa.

La citación para este viernes de Lapuerta forma parte de una batería de decisiones y diligencias sobre el caso Gürtel hechas públicas hoy por Ruz. La incriminación de Lapuerta no es una novedad: el antecesor de Bárcenas ya está imputado en la investigación del juez Ruz sobre la contabilidad b del PP.  

De hecho, fue citado a declarar el pasado mes de noviembre pero Lapuerta se negó a hacerlo con el argumento de que las dos caídas que había sufrido meses antes le habían provocado secuelas vasculares que podían agravarse si forzaba la memoria. Un informe forense consideró que Lapuerta no reunía las condiciones neuropsíquicas necesarias para someterse al interrogatorio en la Audiencia Nacional.

El juez quiere apuntalar ahora la posible participación de Lapuerta en el manejo de los fondos opacos del partido de Mariano Rajoy. El auto de citación al ex tesorero subraya que Bárcenas y Lapuerta eran los encargados de la llevanza de la contabilidad paralela o caja b del PP, "que se nutriría, con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

El texto cita de manera particular un informe de la Fiscalía Anticorrupción: "Luis Bárcenas, en connivencia con Álvaro Lapuerta, podría haber sustraído de la supuesta contabilidad opaca del PP 149.600 euros en el año 2004 que habrían sido retirados con la finalidad de comprar acciones de Libertad Digital y que finalmente podrían haber sido, sin embargo, ingresados en una cuenta titularidad de Rosalía Iglesias, destinándose posteriormente al pago de un inmueble".

Bárcenas declaró al juez que en 2004, el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, le pidió ayuda para completar una ampliación de capital de Libertad Digital mediante la compra de participaciones. Bárcenas decidió sacar dinero de la caja b del PP y comprar participaciones a través de tres personas: su mujer, Ivan Yáñez, empleado del partido, y el propio Lapuerta. 

Pasados unos meses, las personas que habían comprado las participaciones las vendieron y devolvieron los fondos a la caja b del PP. Todas menos una: Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas. Al menos así consta en los informes policiales y en los propios papeles de Bárcenas.

Además, en el asunto de la caja B del PP, el juez pretende profundizar en el supuesto pago de una comisión ilegal al PP de Castilla-La Mancha por parte de una constructora en 2007, en la víspera de las elecciones municipales y autonómicas. Por eso, el magistrado cita también como imputado a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda y Empleo de Toledo, para interrogarle sobre la adjudicación de un contrato de basuras en esa ciudad.

 Dicho contrato fue ganado por la empresa Sufi, filial de Sacyr, y el PP habría recibido por dicha adjudicación una comisión de 200.000 euros, según el relato que Bárcenas hizo ante el juez. Los responsables del PP de Castilla-La Mancha, y la propia presidenta autonómica Dolores de Cospedal, negaron estos hechos..

El juez cita ahora a García Pineda tras haber recibido un informe de la Intervención General del Estado, en el que se afirma que unos días antes de las elecciones municipales de 2007, el Gobierno municipal de Toledo, del PP, aprobó un complemento del contrato de basuras de 11 millones de euros a favor de Sacyr que "podría ser nulo por haberse adoptado omitiendo el procedimiento legalmente establecido".

En la causa principal del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afecta a una decena de gobiernos del PP, el juez acuerda, entre otras diligencias, que Hacienda continúe investigando a Arminda Iglesias Villar, hermana de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para aclarar el origen de los 60.000 euros que pagó Javier Gómez de Liaño, abogado del ex tesorero del PP.  (...)"             ( José Manuel Romero , El País, Madrid 1 JUL 2014)

La trama Gúrtel 'lavó' 1,7 millones de euros por el método del 'pitufeo'

"El testaferro Antonio Villaverde colaboró supuestamente con este sistema al blanqueo de dinero ilícito de Francisco Correa (cabecilla de la red), Pablo Crespo (exdirigente del PP gallego) y Guillermo Ortega (exalcade de Majadahona)

 La técnica de lavado de dinero llamada 'pitufeo' o 'trabajo de hormiga' dió altos rendimientos a la trama 'Gúrtel' para blanquear sus fondos de origen ilícito. La organización 'lavó' al menos 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004 usando este método, según señala el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa este mes de abril.   (...)

De acuerdo a las investigaciones, Villaverde, con la técnica del pitufeo --consistente en realizar las transacciones de dinero en cuantías pequeñas o medianas--,  habría blanqueado 1.519.407,54 euros más 302.944,22 dólares (232.000 euros aproximadamente al cambio), sólo entre los años 1999 y 2004. 

La técnica (por sus cuantías) era el pitufeo, y el sistema, el de compensación, que no deja rastro en España al no figurar en ninguna cuenta bancaria nacional una transferencia recibida u ordenada. Recibía el dinero en efectivo del entorno de Correa, y se lo entregaba a clientes suyos en España, quienes, a su vez, transferían el importe desde sus cuentas en el extranjero --básicamente en Suiza, a las cuentas suizas o estadounidenses que les marcaba Villaverde. Éste usó en ocasiones sus propias cuentas suizas en las operaciones. (...)

Así, se ha descubierto que el testaferro también habría participado en la ocultación de fondos de procedencia ilítica del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso a través de cuentas bancarias suizas. Parte de esos fondos retornaron a una empresa española que compró una casa en Majadahonda en 2004 a Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Correa .

En cuanto a Pablo Crespo, Villaverde fue apoderado de una cuenta a nombre de una empresa suya en Suiza que operó desde el año 2000 hasta el 2007. En concreto, en el Banque Cial. 

La cuenta de Ortega estaba a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc., y la de Crespo, de Midcourt Ltd. Casi todas las operaciones de ambas eran ordenadas por Villaverde, que cobraba un 0,05% del valor de la cartera de ambas sociedades.  (...)

Pero otra persona sirvió como 'lavadora' de dinero ilícito a la trama Gürtel con aún mayor eficacia que Villaverde. Se trata del ciudadano venezolano, nacido en Lisboa, Eduardo Eraso, que el juez Ruz ha citado a declarar, también por segunda vez, el próximo jueves.

Eraso usaba también el sistema de blanqueo conocido como 'compensación', pero su técnica no era la del pitufeo, ya que 'lavaba' grandes cantidades de dinero de golpe. Sus transferencias llegaron a ser de 300.000 euros de una tacada, según señala la Agencia Tributaria en su informe incorporado a la causa hace menos de un mes. 

Eduardo Eraso y una de sus empresas, Latinver, radicada en el Paseo de la Castellana, de Madrid,  sacó un total de 5.060.055,59 euros procedentes de la red Gürtel a cuentas en Suiza y otros países, para su proceso de blanqueo. 

El dinero evadido, por años, fue de 404.000 euros en 2001; 1,7 millones en 2002; 766.000 euros en 2003; 2,07 millones en 2004; y 90.000, en 2005. Posteriormente, el dinero retornaba a España mediante las operaciones de las que se ocupaba otro hombre clave en el blanqueo, Luis de Miguel. 

"A diferencia de los envíos de fondos intermediados por AntonioVillaverde --señala el informe de Hacienda--, las transferencias efectuadas o gestionadas por Eraso tienen un volumen muy superior. Hay varias de 300.000 euros cada una, por lo que no se utiliza el método de 'pitufeo' seguido por Villaverde".

La Agencia Tributaria aventura que la razón de esa diferencia de métodos puede deberse a que las personas que acudían a Eraso tenían un nivel de fondos fuera de España muy superior al de los clientes de Villaverde.(...)

 

El informe de Hacienda destaca que del análisis de las entregas hechas por Eraso se demuestra “un enlace preciso y directo” entre áquellas y las transferencias recibidas por la trama Gürtel en sus cuentas en Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que revela las exactitud de la contabilidad ‘b’ incautada a la red.

En casi todos los casos, las cantidades que la trama Gürtel transfiere a Eraso se corresponden con comisiones o entregas recibidas de empresas relacionadas con la red, y no derivan de beneficios fiscales no declarados por las sociedades mercantiles o patrimoniales de la organización. El informe menciona algún pago concreto a Gürtel del constructor Alfonso García Pozuelo."      (Público, 22/04/2013)

La Agencia Tributaria destapa la fórmula fraudulenta del entramado Gürtel

" Si existieran publicaciones dedicadas a explicar cómo se diseñan estructuras opacas para la cometer un fraude fiscal, el entramado de Gürtel se calificaría de “típico o de libro”.

Así describe la Agencia Tributaria el diseño de la trama liderada por Francisco Correa, en un informe en el que sostiene que sobre su asesor fiscal, Ramón Blanco Balín, existen “numerosas pruebas” que “confirman plenamente” los indicios de haber sido cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a Correa.

La Agencia Tributaria explica claramente cuál era el sistema: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos inscribían bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero, que es una sociedad residente en otro país, y que a su vez es propiedad de una tercera residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante.

Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja “normalmente, alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”, mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse, “precisamente por haber constituido las sociedad en esos territorios no cooperantes”.

“Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen”, asegura el documento entregado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El mismo informe explica “otro esquema más simple” que consiste en la creación de una sociedad mercantil española, incluida en el Registro Mercantil con el asesor fiscal y sus empleados como socios fundadores y administradores.

A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasar a “desconoces así por completo a los titulares reales”. “Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real”, sostiene la Agencia Tributaria." (El País, 26/10/2011)

Hacienda denuncia a la esposa de Bárcenas por un fraude de 500.000 euros

"El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, preguntó ayer a las partes, y les dio 10 días de plazo para contestar, si imputa de nuevo a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, tras la denuncia que ha formulado contra ella la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un supuesto delito fiscal al no tributar por un ingreso insuficientemente justificado de 500.000 euros que hizo en su cuenta corriente en billetes de 500 en enero de 2006. (...)

Según la Agencia Tributaria, la mujer del extesorero del PP no pudo acreditar ni de qué bien se trataba ni a quién se lo vendió ni los documentos que justificasen la compra inicial y la venta. Hacienda considera que se trataría de “un supuesto de ganancia de patrimonio no justificada”, dado que Rosalía Iglesias no tenía otras fuentes de renta declaradas.

Si se hubiera producido ese ingreso como consecuencia de la venta de un bien perfectamente documentada, Iglesias no debería declarar esa ganancia, que estaría exenta de tributación por el número de años transcurridos.

Fuentes del entorno de Luis Bárcenas explicaron en su día a este periódico que entre el millón de euros de que disponía Rosalía Iglesias figuraba el dinero ganado con la venta de unos cuadros adquiridos en 1987 y vendidos en 2006. Se trataría así de la misma operación que, según Hacienda, oculta un incremento patrimonial no declarado a la Agencia Tributaria."                        (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 15)

El presidente de Martinsa, imputado en el 'caso Gürtel' por pagos a Correa

"Según las investigaciones que obran en el sumario, el ex diputado del PP de Madrid Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.

En concreto, Pedreira investiga los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria Martinsa, actualmente en suspensión de pagos.

La operación (que afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en unos 100 millones.

La adjudicación de estas parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que entonces dirigía el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red criminal. (...)

Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400.

En esta operación, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría recibido más de 12 millones de euros de Martinsa, según datos que figuran en una de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira.

El dinero supuestamente obedece a "una comisión por intermediación" en Arganda del Rey vinculada a la firma de Fernando Martín. El dinero se remitió a Mónaco desde Suiza y acabó finalmente en Panamá en una cuenta a nombre de Correa." (El País, 13/06/2011)

Pedreira cita al extesorero del PP Rosendo Naseiro

"El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP.

La Fiscalía Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas -sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000 euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra. (...)
Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado 29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen, Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.
La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que supuestamente pidió como préstamo." (El País, 17/04/2011, p. 17)

Cuatro cajas secretas prueban la compra de políticos del PP por la trama Gürtel

Fuente: informe del Cuerpo Nacional de Policía

"Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.

En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama).

Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia. (...)

También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo.

La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo.

Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante.

Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red. (...)

El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos.

En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.

La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales".

La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".

El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados". (El País, 28/02/2011, p. 18)

Correa cobró de una empresa 12 millones en el extranjero

"Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, cobró, en diciembre de 2004 y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca Internacional.

El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones controladas por el PP.

El envío de fondos se realizó desde Fairway International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como mandatario y beneficiario, explica Hacienda. (...)

Ayer, Público intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89 años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira.

El empresario adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó hacer declaraciones.

El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra cauto sobre el origen de la comisión.

Pero señala cómo Agrícola Ganadera La Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300 habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe aún. (...)

Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa aparente" para el traspaso de 12 millones a Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador vicario.

Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.

El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el 27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso." (Público, 02/02/2011)

Archivada la causa contra dos abogados de la red pese a la negativa fiscal

"El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a los que contrató inicialmente Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta, para que le resolvieran algunos litigios que tenía pendientes en 2007, más de un año antes de que el juez Baltasar Garzón le metiera en prisión. Desde entonces, ambos abogados hicieron distintos trabajos para Francisco Correa y, en el momento de la desarticulación de la trama, fueron imputados por supuesto blanqueo de capitales. (...)

La fiscalía recuerda que las intervenciones telefónicas "evidencian" que ambos abogados hicieron gestiones para localizar nuevos domicilios de las sociedades relacionadas con Francisco Correa "con el objetivo de dificultar la vinculación de las empresas con su verdadero propietario". (...)

La Fiscalía Anticorrupción también señala en el informe donde se oponía al sobreseimiento de la causa contra los abogados de Correa que Manuel Delgado y José Antonio López Rubal gestionaron "la deslocalización de Francisco Correa haciéndole aparecer como residente en el extranjero a fin de no tributar por las rentas obtenidas en España, así como de ocultar su patrimonio mediante la interposición del ciudadano francés Antoine Sánchez -su primo- como testaferro".

También participaron los dos abogados, según la Fiscalía Anticorrupción, en todas las gestiones para conseguir el permiso de residencia en Panamá para Francisco Correa." (El País, 29/12/2010, p. 12)

El ex tesorero del PP gestiona cuentas en Suiza

"La policía señala que cuatro ex dirigentes conservadores formaban parte del núcleo duro' de la Gürtel'. Se repartieron dinero procedente de comisiones cobradas por amañar contratos públicos.

Luis Bárcenas, que fue gerente o tesorero del Partido Popular (PP) durante casi 20 años, hasta que se vio obligado a dimitir en abril de 2010 por su implicación en el caso Gürtel, gestiona dinero en Suiza, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del pasado marzo e incorporado en el sumario.

El informe de la Udef apunta que es posible "inferir" que Bárcenas "es titular de una/s posiciones bancarias en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos, si bien es factible que exista una combinación con otros sistemas de blanqueo". (...)

El informe recalca que Bárcenas participó en un proyecto inmobiliario de Correa en Majadahonda (Madrid), a través de un sistema de "préstamo participativo" por valor de 150.000 euros: "A través de dicha inversión [Bárcenas] hace aflorar patrimonio oculto y enmascara de esta forma su real participación en el proyecto a través de esta compañía". (...)

Otro informe de la policía, fechado el 30 de julio de 2010, va incluso más allá: considera que Bárcenas, junto con otros tres ex miembros de la ejecutiva del PP Merino, Galeote y Sepúlveda no sólo hacían supuestamente trabajos para la trama, sino que formarían parte de ella al máximo nivel. En aquel momento, Bárcenas, Merino y Sepúlveda eran además socios de Astrolago de Inversiones, que no registró actividad y que se disolvió tras el estallido del caso Gürtel.

"El objetivo no era sólo obtener un beneficio vía comisión por las gestiones realizadas para la adjudicación de los proyectos, sino participar también en el propio proyecto económico mediante una participación en el capital de la sociedad que lo iba a desarrollar con el fin de obtener un lucro a través de los beneficios repartidos por la misma", subraya el informe policial, que analiza esta red de influencias a lo largo de 150 páginas.

Y añade: "La fórmula empleada para el pago de las comisiones era mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias".

Según este informe, estos cuatro ex dirigentes del PP operaban, junto con Correa y Pablo Crespo, número tres de la trama, a través de la sociedad Spinaker 2000 SL, convertida en un auténtico lobby de presión a la caza de subvenciones, adjudicaciones públicas y todo tipo de actividades para influir en políticos con responsabilidad en el Gobierno y carné del PP.

El documento aporta actas de juntas informales de esta sociedad, incautadas en el domicilio de Pablo Crespo, en el que se analizan con detalle todas las operaciones en marcha y los socios se comprometen a hacer todo lo necesario para que lleguen a buen puerto. También incluyen las comisiones a repartir .

Entre otras operaciones, se destacan acciones en favor de la multinacional Ros Roca en al menos seis comunidades autónomas, la presión para acceder a créditos FAD de ayuda a la internacionalización de la empresa para supuestamente fomentar el desarrollo en países pobres y el control sobre las campañas electorales del PP en 2003 y 2004.

Según este informe, estos cuatro ex dirigentes del PP operaban, junto con Correa y Pablo Crespo, número tres de la trama, a través de la sociedad Spinaker 2000 SL, convertida en un auténtico lobby de presión a la caza de subvenciones, adjudicaciones públicas y todo tipo de actividades para influir en políticos con responsabilidad en el Gobierno y carné del PP. El documento aporta actas de juntas informales de esta sociedad, incautadas en el domicilio de Pablo Crespo, en el que se analizan con detalle todas las operaciones en marcha y los socios se comprometen a hacer todo lo necesario para que lleguen a buen puerto. También incluyen las comisiones a repartir .

Entre otras operaciones, se destacan acciones en favor de la multinacional Ros Roca en al menos seis comunidades autónomas, la presión para acceder a créditos FAD de ayuda a la internacionalización de la empresa para supuestamente fomentar el desarrollo en países pobres y el control sobre las campañas electorales del PP en 2003 y 2004." (Público, 04/12/2010)

Correa invirtió en casas de lujo en Miami casi dos millones de euros opacos al fisco

"El cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, abrió en la sucursal que posee Bancaja en Miami (EE UU) ocho cuentas a nombre de sociedades constituidas en las islas Vírgenes Británicas, y en ellas ingresó, entre los años 2001 y 2004, casi dos millones de euros que desvió a una sociedad dedicada a construir viviendas de lujo, según consta en el tercer bloque de diligencias del caso Gürtel que ayer fue entregado por el juez Antonio Pedreira a los abogados de los implicados.

El juez Pedreira busca en Miami los inmuebles a nombre de la trama, algunos ya han sido localizados y están bloqueados. En EE UU el juez busca asimismo otros 30 millones de euros que Correa entregó supuestamente al broker y gestor de inversiones Randall Carusso. Estos 30 millones los tiene ahora guardados Carusso, supuestamente, en un banco de inversiones radicad en Nueva Cork y llamado Morgan Stanley Smith Barney.

Merced a la comisión rogatoria enviada a EE UU por Pedreira, ha prestado declaración Guillermo Martínez Lluch en nombre de Bancaja. Martínez LLuch asegura que Correa primero abrió una cuenta a nombre de Hilgart en 2001 en Miami y luego otras seis más. Según Lluch, Correa gozaba entonces en el sector bancario de Miami de una gran reputación y era conocido por sus empresas de mercadotecnia. Entre febrero y junio de 2005 abrió las otras seis cuentas a nombre de seis sociedades diferentes, todas ellas pertenecientes directamente o indirectamente a Hilgart.

En 2008, coincidiendo con el inicio de la investigación de Gürtel por parte de la policía, acabó de cerrar todas las cuentas en Bancaja. Y lo poco que quedaba de dinero ya entonces, unos 250.000 euros, los transfirió a una cuenta de Panamá. Según Martínez Lluch, la principal actividad de la cuenta de Hilgart en Bancaja fueron operaciones inmobiliarias en tres proyectos distintos, todos ellos dirigidos por la firma Fortune Internacional, una sociedad de amplia experiencia en el sector inmobiliario de Miami que capta dinero de inversiones para construir apartamentos de lujo. Lluch asegura que en 2001 Hilgart recibió transferencias por importe de 1,7 millones, parte de los cuales los desvió Correa a Fortune Inversiones para la compra de apartamentos." (El País, 03/12/2010)

Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

"Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso.

Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita.

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a EL PAÍS que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros".

Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa." (El País, 15/11/2010)

Billetes de 500 para comprar a cargos del PP

"Documentos del sumario acreditan el pago a dirigentes populares de comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas mediante "moneda de alta denominación"

Una "tira de impresión de calculadora" encontrada en una carpeta azul que guardaba el contable de la red Gürtel, cuya fotocopia está incorporada al sumario y se muestra en esta página, delata que la trama corrupta de Francisco Correa pagaba a los cargos públicos del PP con billetes de 500 euros la "primera fase del blanqueo de capitales", según señala un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En dicho informe se detalla cómo la red corrupta se encargó de cobrar un 3% de comisión ilegal a la constructora leonesa Teconsa por al menos tres obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular.

En el historial tributario de Teconsa, según explica el informe policial, se recoge cómo entre 2003 y 2007 sacó más de cinco millones de euros en billetes de 500. Los pagos en billetes de 500 euros por obras adjudicadas en Castilla y León a los que hace referencia el sumario corresponden a 2002, cuando todavía no se hacían controles en los bancos sobre ese tipo de billetes.

Correa, según la investigación judicial, repartía esa comisión ilegal entre dirigentes políticos del PP, entre los que la policía señala al ex diputado nacional Jesús Merino, al ex senador y ex tesorero Luis Bárcenas; al ex eurodiputado Gerardo Galeote y al actual presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago. (...)

La tira de impresión de calculadora que halló la policía refleja cómo el contable fue sumando las cantidades que tenía en billetes de 500 y en monedas de un euro y que sumaban exactamente el 3% del precio final de la adjudicación a Teconsa de las obras de la variante de Villanueva de Mena por 5,8 millones de euros. El reparto del dinero, según los documentos incautados a la trama corrupta, se hizo el 14 de junio de 2002 mientras la adjudicación fue el 9 de mayo de ese mismo año. (...)

Los investigadores hacen ver que este modo de repartir comisiones ilegales por la adjudicación de obras "constituye la primera fase del proceso de blanqueo de los capitales de procedencia ilícita denominada de adquisición y que se caracteriza por la utilización masiva de medios de pago transformables directamente en dinero en efectivo".

Teconsa, la empresa que pagó las comisiones ilegales por obras en Castilla y León, es la misma que, según la investigación, repartió con Correa parte de los 3,5 millones que ganó cuando la televisión pública valenciana le adjudicó los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de vídeo en las calles por las que iba a pasar el Papa en su visita a Valencia.

Teconsa carecía de experiencia para este trabajo, por el que cobró siete millones de euros. Y subcontrató por 3,5 millones todas las tareas." (El País, 10/11/2010)

Un constructor de 'Gürtel' devuelve 20 millones al fisco y da un vuelco al caso

"El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos.

Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.

Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.

Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.

Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonensa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia." (El País, 11/10/2010)

"Objetivo: recuperar el dinero. El juez Pedreira ha evitado aplicar medidas carcelarias a los acusados y su propósito es hallar los millones robado" (El País, España, 12/10/2010, p. 11)