Ernesto Ekaizer narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas... En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo, y por jueces y periodistas de su cuerda... Si es así, quedará 'Operación jaque mate' como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida

"Hoy desde El Periódico y ayer desde un ramillete de medios, algunos de los cuales le han vetado la entrada, el periodista Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) ha escrito algunos de los libros más importantes para conocer las tramas políticas más determinantes de la historia reciente de España. En el último, Operación Jaque Mate (Ediciones B, 2023), que llega estos días de julio a su tercera edición, el periodista de origen argentino, que comenzó trabajando en las páginas económicas del Grupo Prisa, narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas.

Un personaje emerge como principal protagonista del libro. El hoy excomisario José Villarejo, de quien Ekaizer ha publicado una serie de entrevistas recientemente, y que aporta cada vez más cantidades de sombras de sospecha con cada una de sus intervenciones. Fuera de la cárcel desde marzo de 2021, Villarejo es, antes que nada, un oportunista que se pone al servicio del Partido Popular en el periodo de 2011 a 2016 con un objetivo personal: enriquecerse.

“Villarejo es un francotirador, es una pieza más de las operaciones”, resume Ekaizer. Son operaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Interior, la Dirección General de la Policía y la Unidad de Asuntos Internos, convertidas por el PP “en instrumentos directos del poder” en ese periodo.

Si el control del poder es lo que motiva a los altos mandos del Gobierno, lo que busca Villarejo “es una rentabilidad personal, hacer un patrimonio: pero no un patrimonio de un policía de clase media que asciende, no, quiere ser millonario”. Por eso, para Ekaizer, la idea de la cloaca es poco matizada, insuficiente para explicar las circunstancias que dieron lugar a –en una enumeración rápida– las operaciones contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la Operación Catalunya contra los principales dirigentes de la antigua Convèrgencia o el intento de destruir a Podemos. “Toda esa idea de que todo lo que ha operado son mecanismos de cloaca es equivocada”, defiende el autor de Operación Jaque Mate:

”La Policía siempre es un instrumento del Estado, no de un partido político. El PP convirtió todo eso en una estructura que dependía de sus directrices, con gente formada para eso, es decir, 'peperos' de ideología. No es que hubieran servido al PSOE y después sirvieran al PP. No. Si tú tienes un aparato descontrolado, un sector descontrolado del aparato del poder, tienes un problema, pero el salto que hubo aquí es tremendo: es decir, desde que entra Rajoy a finales de 2011, primeros de 2012, ya inmediatamente se inicia la actividad política de la Policía, con un objetivo fundamental, que es controlar a Bárcenas y la información que puede acumular, porque eso pone en riesgo la supervivencia del partido que acababa de ganar las elecciones”.

Si Bárcenas, el independentismo procesista catalán y Podemos son los rotos, Villarejo se presenta como el descosido. El oportunista, el hacedor de las lluvias, lo que los estadounidenses y Ekaizer llaman un name-dropper, alguien que basa su prestigio e influencia en las referencias a la gente con la que ha estado, con la que ha comido, hecho negocios o le debe favores. “Villarejo es un agente del PP. Si quieres agente encubierto, porque no se conoce que es agente del PP, pero no encubierto porque se trate de un agente de inteligencia”, explica Ekaizer. “Lo que he tratado de documentar es cómo el auge de Villarejo entre el año 2012 y 2017 es un auge que coincide además con su plan para hacer una gran fortuna personal. Porque las relaciones con el PP también dan para eso”.

Ese es su momento. Hasta la llegada de Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández a lo más alto de la política, el excomisario nunca ha tenido relaciones tan cercanas con altos cargos del partido. Él no lo presenta así. En las comparecencias y entrevistas del excomisario son frecuentes las referencias a los viejos tiempos, a las relaciones con la plana mayor del PSOE. Ekaizer destierra esa idea, aunque en ese periodo aparecerá una pequeña moneda de oro en el camino del excomisario, la fiscal Dolores Delgado, un fichaje estrella de Pedro Sánchez que al todavía presidente le sale mal.

No le sale tan mal a Dolores ‘Lola’ Delgado. Aunque no consigue terminar legislatura como ministra de Justicia, será Fiscal General del Estado y el 13 de junio, como anticipó el entrevistado, ha sido designada como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Caballos de Troya

Nombres, fechas, diálogos. Operación Jaque Mate es un trabajo de precisión, escrito con una estructura ágil, que explicita las formas –a veces torpes, pero finalmente efectivas– de desactivar “desde dentro del sistema” una macrocausa que amenaza con llevárselo por delante. Dos jueces de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se afanan en desactivar la bomba de relojería que la investigación de dos fiscales, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, supone para el sistema y el Estado, dos esferas concomitantes pero distintas, matiza Ekaizer.

El primer juez, Diego de Egea –entonces magistrado de la Audiencia Nacional, hoy en la Audiencia Provincial de Madrid–, es un jurista de formación jurídico-militar, que cae en la causa como magistrado de refuerzo a propuesta de Carlos Lesmes. Se trata de un hombre de confianza de la derecha. Escandalizado por el alcance que puede alcanzar la causa Tándem, De Egea pone de su parte para sabotear la investigación de Stampa y Serrano:

“En el primer año de instrucción [2017], De Egea intenta contaminar la causa porque cree que no tiene ningún futuro. Y además, como está el tema del rey, la pieza Carol, él considera –en palabras que cito literalmente– que eso es un cáncer y que hay que extirparlo. Ese año se dedica a denegar diligencias que plantean los fiscales y a filtrar información para que se crea que las filtraciones a la prensa vienen de los fiscales. Esto no es solo para que lo crea el público general, sino también los abogados de las defensas, a los efectos de pedir nulidad”.

Stampa y Serrano son, a su manera, y como en el podcast de Álvaro de Cózar “El País de los Demonios” (Spotify, 2023) lo más parecido a los “hombres honrados” en la reconstrucción que Ekaizer hace de los hechos. Ellos son los que ordenan la detención de Villarejo en 2017. A ellos se la tiene jurada el excomisario, que considera que son simples herramientas de los servicios secretos, alfiles de Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.

Stampa y Serrano sospechan del juez De Egea y lo llevan en secreto: solo se dirigen al juzgado para presentar la querella y pedir la entrada y registro en la casa del excomisario. El juez no juega papel alguno en la detención. No lo sabe pero su papel en la investigación está tocando a su fin. Tiene poca cintura para el problema que se le está planteando al Estado en su conjunto y al sistema en particular.

2018 comienza, no obstante, siguiendo la misma tónica. De Egea filtra, fundamentalmente a El Confidencial, señala Ernesto Ekaizer. Embarra, pone palos en las ruedas de la investigación. Stampa y Serrano, a su vez, acumulan pruebas contra el juez. En noviembre hará cinco años, parece que fue ayer, los fiscales presentan un documento a María José Segarra, fiscal general del Estado entre junio de 2018 y enero de 2020. El informe “es casi una querella”, apunta el periodista. Los fiscales lanzan un ultimátum: o De Egea o ellos, y si es De Egea se guardan la baza de presentar una querella.

Obtienen una victoria pírrica. Carlos Lesmes habla con Manuel García Castellón, titular del juzgado. Convencen al exjuez militar de que se tiene que marchar, y en enero de 2019 ya está fuera de la causa. El propio García Castellón, una figura fundamental para entender el devenir partidista de la justicia española, asume el control del caso. Es el juez rescatado desde su posición de enlace en Roma, y tras un largo periplo de 15 años sin pisar los juzgados españoles, para arreglar los problemas generados en torno a la Operación Lezo. Es el magistrado que hace de la causa general contra Podemos algo personal.

El gran capital

Uno de los elementos fundamentales para entender el alcance y la trascendencia de las operaciones llevadas a cabo por Villarejo es el dinero. No el dinero con el que se da la entrada de un piso. El gran capital. El excomisario representa la ambición de todo un país, simboliza a todas las criaturas nacidas del pelotazo económico de los años 80 y 90: llega tarde pero tiene mucha prisa.

Ekaizer explica que para entender esa ambición es fundamental otro nombre. Adrián de la Joya, empresario, con residencia fiscal en Gstaad, en el cantón suizo de Berna. De la Joya –apodado Joy– es otro de los apellidos que aparecen en los audios más conocidos del serial Villarejo. Pero no es solo un compañero de francachelas, no es una comparsa:

“Es un intermediario, un comisionista, un tipo que tiene relaciones excelentes con la jet de Marbella. Ha tenido relaciones familiares con Abdul Rahman El Assir, a través de su exmujer. Y cuando le conoce en el año 2014, Villarejo queda fascinado. Sobre todo porque este tío tiene una gran agenda nacional e internacional y tiene glamur. Algo de lo que evidentemente Villarejo carece. Joy le explica que, con la cantidad de información que él tiene, con su capacidad para conseguir información, él tiene que monetizarlo. De la Joya le explica [a Villarejo] que es un mal gestor de su activo. ‘Tu activo necesita monetizarse’. Joy es quien le dice: ‘Eso que estás haciendo no tiene sentido. Lo que necesitas es vincularte a gente que tenga la relación con los bancos, que te contraten todos los bancos. En eso hay un mercado’. Es un mercado que poca gente conoce y donde están otros rivales de Villarejo: [Gabriel] ‘Gabi’ Fuentes, el propio Enrique García Castaño y otros que también se dedican a traficar con su información y conseguir el apoyo de bancos y empresas. Por eso le hace la reunión con Medina, con Manuel Medina, que es el íntimo amigo de [Emilio] Botín y le cuenta toda la operación en la que montan el embalsamamiento de Botín, que muere con su amante en Italia y se dice que muere aquí”.

Diálogos, nombres, fechas. Y una práctica que se remonta a muchos años atrás. Agentes de la policía que se pasan al sector privado, como Gabriel Fuentes, como Enrique García Castaño, como Carlos Salamanca, como Antonio Giménez Raso. Ecos de la Brigada Política Social y su devenir empresariado. Ecos de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, colocándose como jefe de seguridad de Renault, ejerciendo de hombre para todo del empresario Mario Conde. El nuevo milenio ha visto colocados a esas piezas de la policía en las principales empresas del país. Julio Corrochano, en el BBVA; Rafael Araujo, en Repsol; Miguel Ángel Fernández Rancaño, en Caixabank; Antonio Asenjo, en Iberdrola. Villarejo piensa que puede controlarlos a todos, les ofrece los servicios de su empresa, Cenyt. Desliza nombres, provoca confesiones, promete la lluvia.

Entre todos los nombres destaca uno, el citado Manuel Medina. Expolicía, abogado. Comenzó a trabajar para el sector privado en 1984, en el departamento de “asuntos dificultosos” del Banco Central, hoy disuelto en el Santander. Tiene uno de los principales bufetes de la derecha en Madrid, Medina Cuadros, con sede en la plaza del Marqués de Salamanca, y “relaciones con todo el mundo”, subraya Ekaizer, desde Rajoy hasta Alberto Núñez Feijóo. Así describe en Operación Jaque Mate el papel que Villarejo atribuye a este abogado jienense: “La relación personal de Medina con los banqueros era de gran interés para Villarejo. Medina era el asesor áulico de Emilio Botín e Isidro Fainé, presidente de Caixabank en aquellos días, y su bufete realizaba trabajos de envergadura para ambas entidades”.

 finales de diciembre de 2018, el caso Villarejo es el caso de las grandes empresas del país. Las miserias de los multimillonarios, sus paranoias y sus miedos, han sido “monetizadas” por fin, como insistía De la Joya. “A De Egea la preocupaba la figura del rey, es un juez de Estado y a García Castellón le preocupa todo en su conjunto: el sistema”, subraya Ekaizer. BBVA, La Caixa, Iberdrola, Planeta. Estrellas en el Ibex 35 implicadas hasta el tuétano en operaciones turbias. El tribunal se encarga de desmontar las piezas del mecano:

“Todo va a quedar reducido a los jefes de seguridad, porque son los que pagaron, son ellos los que se sientan en el banquillo. Los paganos. ¿Por qué? Porque, como dice García Castellón, todos los bancos y las entidades cuentan con un sistema de compliance [cumplimiento normativo] donde se prevé un sistema deontológico. Entonces, lo justifican en que los presidentes no tenían por qué saber los detalles de lo que pagaban los jefes de seguridad. Un contrato de diez millones de euros anuales, ¿quién se lo come? Nadie”.

Así, los casos han ido muriendo uno por uno. Esos “paganos” abonan la factura. Queda vivo el del segundo banco del país, cuyo expresidente, Francisco González, es sospechoso de espionaje corporativo y administración desleal. El BBVA, presuntamente por orden de González, encargó entre 2004 y 2017 unos trabajos por los que la entidad habría pagado a Villarejo más de diez millones de euros.
Estado judicial

La destitución de De Egea, celebrada por los fiscales Stampa y Serrano, se ha convertido en una victoria pírrica.

“Esta es una instrucción judicial en la que los fiscales, aparte de perseguir a los delincuentes –y a unos delincuentes muy poderosos en este caso– tienen que perseguir a los jueces. Esta es la paradoja. ¿Por qué? Porque les torean con las medidas, las adoptan, se las tumban, archivan las causas, etc. Con García Castellón es más difícil, porque tiene más experiencia que De Egea, entonces los va toreando, les sigue la corriente, parece que les sigue la corriente. Por ejemplo, en el tema de Kitchen, García Castellón, en un momento determinado, se da cuenta de que la vía para salvar a Cospedal es imputarla primero. La interroga y determina que no se puede criminalizar el derecho de reunión. Dice que sus reuniones con Villarejo son expresión del derecho de reunión, cuando ella está detrás de la operación Kitchen. Ella es quien se sirve de Villarejo, a quien informa Villarejo: hablan de dinero, ella hace las gestiones en el Ministerio del Interior”.

Manuel Marchena, Manuel García Castellón, Pedro González Trevijano, Enrique Arnaldo, Carlos Lesmes. Sus nombres están marcados al cambio de década. Nunca se habló tanto de la derecha judicial en España, nunca se mostró más poderosa y más indiferente a las críticas. La no renovación del Consejo General del Poder Judicial en la XIV legislatura ha supuesto una manipulación de las reglas del juego, que coincide en el tiempo, y no es casual, con los años en los que todo estuvo a punto de saltar por los aires.

“En España estamos en un Estado judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que la judicatura y las decisiones de las instituciones judiciales altas, medias y bajas intervienen en el terreno político. Pasa también porque la política, además, ajusta cuentas en torno a la judicatura. La judicatura es un estamento que ha sufrido durante la Transición la menor adaptación a la democracia que se puede dar. González Trevijano dice que los jueces son conservadores porque el derecho es conservador. Eso es algo que se ha inventado, porque la Constitución española no es especialmente conservadora. Es una Constitución que permite un desarrollo. Habla de nacionalidades y regiones, habla del Estado social y democrático de derecho, habla de la vivienda. Eso no es conservador, otra cosa es que no se aplique. El Estado judicial es el Estado controlado por la derecha, una derecha que no vacila en que los consejeros del Consejo General del Poder Judicial estén no cinco años, sino diez años en el cargo. Es una derecha judicial que bloquea la renovación del Constitucional de forma alevosa, y lo que es más grave, tolerada por todo el mundo”.

La situación de la Justicia no ha sido provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero este interviene solo al final, en una crisis que queda cerrada cuando las instituciones representativas acatan el bloqueo del Tribunal Constitucional a la aprobación de una serie de leyes de renovación de órganos en el Parlamento. Antes, el presidente ha cometido una serie de errores. El principal ya ha sido mencionado: Dolores Delgado.

Delgado será la encargada de cargarse al fiscal Ignacio Stampa. Esa es la principal responsabilidad de los socialistas en el desmantelamiento de un caso que amenazaba, principalmente, a su partido adversario. Entre los audios de Villarejo está el de una comida de la hoy fiscal de Derechos Humanos con una serie de policías, aquél en el que llama “maricón” al que sería más tarde su compañero, Fernando Grande-Marlaska. Aquel otro en el que Delgado insinúa que algunos jueces españoles se dedican al turismo sexual con menores –presuntos delitos que no denunció– en sus viajes a congresos en Latinoamérica.

“Es una comida con los principales comisarios de la Policía Nacional en 2009 en el restaurante Rianxo al que asiste el entonces juez Baltasar Garzón, quien se lleva a Lola Delgado allí. El bufete de Garzón, Ilocad, defiende al comienzo a varios imputados en Tándem. Y Garzón asiste personalmente a 'El Gordo', el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao) de la Policía (especializada en intervenciones de teléfonos y seguimientos)”.

La pareja de Delgado, el magistrado condenado por prevaricación Baltasar Garzón, abogado de algunos de los policías implicados en la Operación Tándem, considera que los fiscales son los que filtran información que contamina la causa y perjudica a sus clientes. Stampa es el enemigo.

Stampa es sacrificado a finales de octubre de 2020, en una conjura que agrupa a los fiscales afines al Partido Popular y a la Unión Progresista de Fiscales. Un “crimen imperfecto” motivado por la animadversión de Delgado hacia el fiscal, de quien cree que es el que ha filtrado el audio en el que se muestra tan bocachancla; un audio que le deja en mal lugar con su nuevo jefe, Pedro Sánchez, que en la formación de Gobierno en 2020 deja de contar con ella. La nombra, eso sí, Fiscal General del Estado, en un movimiento insólito, que Ekaizer solo se explica porque “en el ámbito de la justicia Pedro Sánchez carece de idea y no se deja asesorar. Se fía de Lola y punto”.

¿Cómo termina esta historia? Las piezas del mecano están dispuestas para ser ordenadamente dispuestas en la caja, la caja está lista para ser cerrada, y el cierre determinado para que el mensaje sea que aquí no ha pasado nada. Villarejo seguirá dejando caer nombres, atacando a Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia que aceptó su órdago, a quien el excomisario ya ha ganado un juicio, y asegurando que España la controla el Opus Déi o alguna secta secreta.

Probablemente postergada por la convocatoria de elecciones, la primera gran sentencia de la Operación Tándem está lista. Ese juicio, cuya vista oral terminó en septiembre de 2022, examina tres de las más de 20 causas derivadas de la información recabada en los registros de las viviendas y oficinas del excomisario Villarejo. Para Ekaizer, la trascendencia de esa sentencia, no obstante, radica no tanto en las penas como en la valoración de las pruebas. Se trata de los audios, el factor diferencial del método Villarejo. Si el tribunal los considera una prueba lícita, los siguientes juicios, entre ellos el que juzga el Caso Kitchen –trascendental para el PP– pueden hacer zozobrar a actores principales del sistema. Si el tráiler de información obtenido por Stampa y Serrano no sirve como prueba, las causas pueden fundirse como la nieve de las pistas de Gstaad cuando termina la temporada.

Si eso sucede, el diagnóstico sobre la corrupción en todo el sistema puede recrudecerse. Ekaizer no lo niega, pero aporta un matiz: “Eso dependerá de la situación política: si el PP vuelve a gobernar, si se vuelve a hacer cargo de la maquinaria del Estado”. Núñez Feijóo no es un desconocido en el Madrid sistémico. En noviembre de 2022, el candidato del PP a presidente del Gobierno presentó Pasión por vivir, el último libro del abogado Manuel Medina. En la misma mesa estaba Margarita Robles, ministra de Defensa con el PSOE, y entre el público, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la fiscal Dolores Delgado y el abogado Baltasar Garzón.

En el audio de Medina, explica Ekaizer, se habla de Feijóo y de cómo este abogado les lleva a la presidencia de la Xunta a García Castaño y a Gabriel Fuentes para comer con el hoy candidato. Quieren que este les apoye para que Rajoy les nombre en algunos puestos. “Según Feijóo, quien filtró la foto suya en marzo de 2003, con el narco Marcial Dorado no ha sido, como se pensaba, Soraya Sáenz de Santamaría, la pequeñita –la llaman así en el audio, especifica este periodista– sino la amiga de Rajoy, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor”.

En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo –y por jueces y periodistas de su cuerda– y un resultado favorable para el Partido Popular el 23 de julio. Si es así, si todo termina a partir del 24 de julio, quedará Operación jaque mate como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida."                               (Pablo Elorduy , El Salto, 02/07/23)

El juez García Castellón miente para no indagar en los trabajos ilegales de Villarejo para el PP

 "Los informes fantasma contra Podemos, el espionaje contra Ignacio González, la Operación Astapa contra el PSOE o la Operación Cataluña contra la familia Pujol y el exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, entre otros. Le ha costado llamar como investigada a María Dolores de Cospedal, aunque Asuntos Internos ha informado a los afectados que los indicios están entregados. Pero la acción de indagar es del juez y de Fiscalía Anticorrupción.

El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva a sus espaldas las ya 34 piezas de la operación Tándem está puesto en entredicho por acusaciones y defensas debido a «subjetividad manifiesta a la hora de investigar los encargos políticos realizados por una parte del Partido Popular y que sin duda pasaban por las manos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de por los ministerios de Interior y Justicia, cuando no por el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy», aseguran algunos letrados y perjudicados.

 Cada vez son más quienes se acercan a esta tesis y no solo la acusación popular de Podemos o las particulares de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, después de que en la pieza Dina al juez García Castellón le hayan parado los píes -desde la propia Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo-, para recordarle que el objeto de la investigación son las actuaciones ilegales cometidas por los funcionarios de la brigada política que dirigía Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior.

 Es lo que investiga en la pieza Kitchen, como esa brigada política se sirvió de medios públicos para seguir al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y así hacerse con la información que pudiese dañar al partido. La orden la habría dado la secretaria general del PP y más tarde ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto con su marido el empresario y fundador de Alianza Popular, Ignacio López del Hierro. Todo ello con el conocimiento del jefe, el presidente del gobierno Mariano Rajoy Brei, también conocido como el Barbas o el Asturiano, tal y como relata la propia Cospedal al comisario José Manuel Villarejo en una reunión en la sede del Partido Popular.

Sin embargo, el juez ha vuelto a poner aquí la línea roja y no investigar a la controvertida exdirigente en la pieza Kitchen, a pesar de la multitud de anotaciones que hay en las agendas del comisario y que fueron incautadas en los dos registros realizados, el primero en noviembre de 2017 y el siguiente en 2020.

El argumento del magistrado resulta peregrino para las acusaciones y defensas consultadas por Crónica Libre, algunas han recurrido el auto del juez que manda la pieza Kitchen para ser juzgada, más cuando García Castellón se ha visto obligado a abrir la pieza 34 donde ha aceptado volver a llamar a Cospedal como investigada debido a los audios que diferentes medios de comunicación han hecho públicos debido a filtraciones del propio entorno del comisarios Villarejo.

Las contradicciones argumentales 1: el caso de Sandro Rosell

El pasado verano Manuel García Castellón decidió que el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de aludir a un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo debido a que su padre había formado Convergencia junto al expresident Jordi Pujol.

 Alicia Sánchez Camacho, muy unida a María Dolores de Cospedal, es una de las políticas que le da a Villarejo las claves para iniciar la Operación Cataluña: desde la entrevista con Victoria Álvarez, que se convirtió en fuente del Ministerio del Interior cobrando de los fondos reservados hasta otro tipo de información de tipo político.

En grabaciones incautadas por la Unidad de Asuntos Internos en el primer registro a la casa de Villarejo se encontró, por ejemplo, una conversación entre Villarejo y el marido de Cospedal en el que hacían alusión a que la publicación en un medio de una grabación en la que se dejaba a Sánchez Camacho al descubierto y el comisario advertía a López del Hierro que el siguiente nombre que saldría era el de su esposa.

Pues bien, con esa misma base argumental por las que están abiertas las piezas Dina y Kitchen -trabajos ilegales encargados por el Gobierno del PP contra sus adversarios- y tras dictar un auto por el que abre la pieza 34 con audios filtrados por el entorno de Villarejo, es decir, que la policía no ha conseguido desencriptar, García Castellón desarrolla un nuevo argumento para desechar la personación de Sandro Rosell en Tándem.

Así escribe el magistrado que: «Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ella es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes DP 96/2.017. En la querella no se consigna en que modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aqui seguida contra el excomisario Villarejo Pérez.

En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del ex comisario -mediante el grupo CENYT-, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ella se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad».

Con este argumento tanto la pieza Kitchen como Dina no debería haber existido nunca, pues que no se ha encontrado ningún contrato ni factura que indique que Jorge Fernández Díaz como ministro, Francisco Martínez como secretario de Estado o Eugenio Pino como director adjunto de la Policía solicitara servicios privados al Grupo Cenyt y que pagaran por ella y mucho menos el resto de imputados como el comisario Marcelino Martín Blas.

Continúa el auto en el que desecha las actuaciones de Sandro Rosell con que: «No ha lugar a su investigación en el momento presente, sin perjuicio de que, si surgiere algun indicio ulterior, pudiesen llevarse a cabo las diligencias de investigaci6n oportunas.

En este punto ha de recordarse que no ha sido desencriptada toda la documentación -intervenida en los registros domiciliarios que se practicaron en esta causa, por lo que, si apareciese algún dato que vincule al investigado VILLAREJO PEREZ con el querellante, o se tiene constancia de la existencia de dicho encargo, se realizaría el oportuno ofrecimiento de acciones».

Sin embargo, como relata en su querella el letrado Pau Molins ha sido un audio, de esa misma tanda de filtraciones que ha servido para abrir la pieza 34, en la que se ha basado el perjudicado Sandro Rosell para pedir personarse en la causa. Es decir, en la pieza 34 el juez reconoce válidos -casi a la fuerza, por presión de la Fiscalía Anticorrupción- los audios no incautados por la Policía y que se han publicado en la prensa, pero para abrir una pieza sobre la Operación Cataluña, no.

Contradicciones argumentales 2: Pujol

Esta resistencia de Manuel García Castellón para abrir piezas que afectan a políticos o a la política y no solo a empresas y particulares es una constante de su trabajos desde el principio. Y las pruebas se acumulan.

 En diciembre de 2020, la Unidad de Asuntos Internos remitió el Oficio para que el juez valorase si realmente había suficientes indicios para que la familia Pujol, encabezada en este caso por Jordi Pujol Ferrusola, podía personarse como perjudicado en la causa Tándem.

El informe remitido a García Castellón suma un total de 149 páginas, incluídos los anexos. Los investigadores recopilan dentro de lo hallado en el primer registro de noviembre de 2017, desde grabaciones de audio, documentación y otro tipo de pruebas sobre el informe borrador elaborado con las «identidades encubiertas» de Villarejo, sin ningun tipo de control judicial y pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.

 La conclusión de García Castellón fue de nuevo la negativa a investigar las acciones sobre la familia Pujol, la Operación Cataluña o algo que se le asemejara."       ( Patricia López , Crónica Libre, 22/08/23)

El número dos de Interior con el PP: “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? ¡Cagüenlaputa!”... Los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez dentro del caso Kitchen muestran las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016

 "30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular del Ejecutivo. El Ministerio del Interior exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. 

El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la brigada política: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez. 

Hace dos semanas que varios medios han publicado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial que terminarán por despreciar los tribunales, pero que ocupa portadas y minutos en televisión vinculando a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán. Para el Ministerio del Interior no es suficiente. García Castaño es en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, captación de fuentes, escuchas… El comisario lleva cuarenta años cumpliendo con encargos especiales de distintos gobiernos. Se ha implicado en la Operación Kitchen, en las maniobras policiales contra el separatismo catalán… y contra Podemos.

García Castaño, solícito con el secretario de Estado de Seguridad, se salta la escala de mando y trata directamente con el número dos de Interior, dejando un reguero de indicios que terminarán arrastrando a este último hasta una petición de quince años de cárcel por parte de Anticorrupción por la operación el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. García Castaño también está procesado en el caso Kitchen, aunque el grave estado de salud que padece en la actualidad detendrá con probabilidad el procedimiento contra él, como ya ha ocurrido en el primer juicio del caso Villarejo. 

El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, le ha ofrecido en días anteriores a Martínez información sobre candidatos de Podemos en las distintas circunscripciones. El 30 de enero, Martínez le recuerda lo que le prometió. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”.

Quedan casi dos años para que otro comisario, José Manuel Villarejo, sea detenido y en su casa aparezcan las pruebas de las distintas operaciones parapoliciales durante ese periodo. Los chats de WhatsApp que hoy publica elDiario.es estaban, sin embargo, en el teléfono de Martínez. El mismo móvil que volcó la Unidad de Asuntos Internos cuando se presentaron en su casa, junto a los fiscales, en el marco de la investigación del caso Kitchen, en marzo de 2020. 

Los policías habían destacado en sus atestados los mensajes destacados para esa pieza separada sobre el espionaje a Bárcenas, pero la guerra sucia contra Podemos o la Operación Catalunya siguen sin encontrar hueco en el caso Tándem, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Finalmente han sido incorporados a la causa en bruto, una vez la instrucción ha finalizado y se divisa ya el juicio. 

“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. Del pasado del que fuera senador por Podemos ya había informado Okdiario el 26 de diciembre, al que identificaba como “un etarra arrepentido”. Arrieta explicó que ingresó en ETA con 17 años, todavía en dictadura, y que se benefició de la amnistía de 1977. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres nada”. 

El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”. Es cuando Martínez zanja: “¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo”. 

El número dos de Interior le pide al comisario que mire “con ojos atentos” y García Castaño promete insistirle a Castiñeira, en alusión al entonces jefe de la Brigada Provincial de Información en Madrid, Germán Castiñeira. “Los trabajó mucho tiempo”, dice el jefe de la UCAO sobre su compañero comisario.

Los mensajes hallados en el teléfono de Martínez son una prueba más de cómo el Ministerio del Interior maniobró contra Podemos desde casi su irrupción, tal y como demuestra el cruce de las anotaciones de Villarejo en su diario con hechos acreditados [leer aquí]. Este lunes, el diario El País ofreció otros mensajes de Martínez con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que abundan en esta guerra sucia contra el partido morado y contra el independentismo catalalán, consistente en obtener informaciones sin contrastar que luego eran filtradas a determinados medios de comunicación en los momentos en que consideraban más podían dañar al adversario político. 

Unos días antes de la conversación citada, el 20 de enero de 2016, García Castaño alude a la operación Catalunya en su conversación con Martínez. “No se te ocurra darle una medalla a Salamanca [Carlos, otro comisario], dice Pino que la propones tú, fui yo el que le dije a Fornet que tirara para adelante con el famoso escrito de la udef, te acuerdas?”. García Castaño alude a la difusión, en rueda de prensa, de un supuesto informe de la UDEF que atribuía delitos a Artur Mas y otros dirigentes independentistas por parte de José Manuel Sánchez Fornet, en aquella época secretario general del Sindicato Unificado de Policía y colaborador habitual de García Castaño y Villarejo. 

“La Fiscalía son unos cagados vendidos a la izquierda”

En este clima de negociación para un cambio de Gobierno, Antena 3 había difundido unas imágenes, el 21 de enero de 2016, que habían sido tomadas dos años antes, el 10 de diciembre de 2014, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la cadena, “un avión de las fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla-la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia”.

Cuatro días más tarde de la información, el 25 de enero, se escriben por WhatsApp el comisario y el número dos de Interior.

García Castaño: ¿La fiscal general de qué va? Porque la Fiscalía Anticorrupción no quiere saber nada de lo de Podemos y lo de la CUP.

Martínez: Porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda, que solo buscan destruir al PP.

García Castaño: Yo no entiendo nada.

El comisario Enrique García Castaño acabaría confesando en la Audiencia Nacional su participación en el caso Kitchen y describiendo cómo informaba puntualmente al secretario de Estado de Seguridad de la operación parapolicial con fondos reservados. Antes de que eso se produjera y rompieran su relación, el político y el policía hablan, el 1 de marzo de 2017, todavía en términos afectuosos, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se refieren a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ‘El Gordo’ afirma: “Jorge es el cadáver a pasear para que no se llegue más arriba. Hablo del tema catalán, la grabación es una pieza más del puzle”."                   (Pedro Águeda  , eldiario.es, 28 de febrero de 2023)

Kitchen: el plan para salvar a Cospedal de la pieza de los Papeles de Bárcenas

 "El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó el pasado 29 de julio un auto en el que procesa al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y parte de su excúpula policial, a la vez que archiva  la imputación de la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal, que no era lo que parecía, como todo este macro-caso: "En el auto de 1/06/2021 este instructor no acordó la citación de los investigados Sra. Cospedal y Sr. López del Hierro por entender que existiera un conocimiento y participación en la operación investigada de la dirección del partido [Partido Popular] al que había pertenecido el Sr. Bárcenas, sino para que respondieran sobre las cuestiones que expresamente se señalaron por la Fiscalía". El juez cree que la pieza no da más de sí, por lo que da por terminadas las pesquisas, rechaza diligencias adicionales solicitadas por las partes, y pasa la pieza a "procedimiento abreviado" (antesala de la fase de enjuiciamiento).

El juez sobresee para Cospedal, la persona a la que más afectaba el estado procesal en las fechas investigadas de la Pieza de los Papeles de Bárcenas,  el procedimiento clave de Kitchen, según escribe él mismo en el apartado "Hechos" de la página 54 del auto:  "una misión encaminada a la obtención de documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas con el fin de distraerla o sustraerla a la investigación judicial que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las DP 275/08 [Caso Gürtel] denominada Pieza de los PAPELES DE BÁRCENAS". Es la única vez, en esa pagina de un total de 70, que el auto menciona el nombre del procedimiento del que se quería desviar la documentación, a pesar de que se remarca al inicio del escrito que "el procedimiento judicial" y "la documentación" a "desviar" son el "vector y fundamento" del operativo investigado; es decir, el móvil del crimen.

Partiendo de este ninguneo del procedimiento, el juez reduce el "objeto procesal" al "asalto no consentido a un local" para sustraer unas "cajas" de documentos que Bárcenas había llevado allí desde la sede del PP, donde las tenía, para argumentar seguidamente que "no tiene sentido" que Cospedal lo idease u ordenase porque tuvo esas cajas a su disposición desde que despide al extesorero (31 de enero de 2013) hasta que ella misma le conmina a llevárselas (marzo de 2013). Y por ello la exonera.

 Pero lo que resulta un sinsentido es, por un lado, asumir un objetivo de "sustracción" cuando Bárcenas podía tener copias u originales protocolizados, y por otro que pase por alto que, precisamente en las fechas investigadas, todo el futuro político de Cospedal pendía de que una documentación concreta no llegase al juez Pablo Ruz, instructor de la Pieza de los Papeles de Bárcenas: pruebas directas en su contra por la donación finalista (a cambio de una adjudicación pública concreta y única punible) de la que Bárcenas la había acusado el 15 de julio de 2013 declarando por esa pieza, pero aportando ese día un primer recibo no firmado por ella y quedando con el juez en que le haría llegar más documentación cuando "ordenase" todo lo que tenía. Y había más, según Villarejo. 

Los indicios con fecha origen en el periodo investigado apuntan a un plan con dos fases para salvar a Cospedal de su muerte política tras que Bárcenas delatase la donación finalista el 15 de julio de 2013: una primera, que finaliza el 5 de noviembre de 2013 cuando el extesorero aporta al juez datos adicionales sobre la donación (datos de reuniones con el donante pero manuscritos por él mismo) pero no letales; y una segunda, hasta el cierre de la pieza en la Audiencia Nacional (en marzo 2015 por el juzgado y en junio por la Sala de la Audiencia) y posterior envío, pero sin imputar a Cospedal, de la donación finalista en causa a un juzgado de Toledo, donde la expresidenta de Castilla-La Mancha jugaba en casa y todo acaba felizmente para ella. En ambas fases se actuó en dos frentes: un pacto con Bárcenas y un blindaje de Cospedal mientras el asunto se resolvía.

 En mayo de 2015, tras el cierre por el juzgado, toda la actuación se blanquea como "investigación policial oficial" por la cúpula policial investigada, al darse de alta en diferido en el sistema y la aplicación Investiga, con la "nota de investigación" NIV UN000029/15. Un disfraz  de legalidad para dar cobertura a un tejemaneje del pasado con disposición ilícita de Fondos Reservados. 

El vector de Kitchen:  la Pieza de "Los Papeles de Bárcenas"

El Proyecto Kitchen (llamado hasta junio de 2014 por Villarejo como Papeles, o Barce) se inicia a mediados de 2013. Los indicios con origen en las fechas de autos apuntan a un plan para evitar la muerte política (y eventualmente cárcel) de María Dolores de Cospedal, lo que se produciría si Bárcenas entregaba al juez pruebas directas contra ella tras acusarla de una donación finalista en su primera y celebérrima declaración por la Pieza Separada de los Papeles de Bárcenas el 15 de julio de 2013.

La pieza de los Papeles de Bárcenas del Caso Gurtel se había abierto el 7 de marzo de 2013 para investigar la caja B del PP de la que informaron El Mundo y El País a partir del 18 de enero de 2013 (al día siguiente de que el juez comunicase a las partes que Suiza confirmaba que Bárcenas titulaba cuentas millonarias). En esos papeles aparecían, como ingresos, donaciones opacas de 23 ricos empresarios, y como pagos, sobresueldos para miembros del partido (entre estos "M.Rajoy", persona que no ha sido aun judicialmente identificada).

El 15 de julio de 2013, Bárcenas defiende ante el juez Pablo Ruz la legalidad de todas las donaciones menos una, la que recibe la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal, poniendo la dirigente del PP al borde del precipicio. "La única operación irregular que se ha hecho aquí es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha", declara Bárcenas, describiendo a continuación una donación finalista (dinero a cambio de adjudicación pública concreta, único tipo de donación con recorrido penal), supuestamente recibida de Luis del Rivero, entonces presidente de la constructora Sacyr, a cambio de la contrata de recogida de basuras de Toledo para su filial Sufi, valorada en 85 millones. El extesorero del PP cuantificó la donación en "600.000 o 700.000 euros" (que según las notas del comisario Villarejo, sería realmente un millón de euros, pagadero en tres fracciones: dos de 200.000 euros y una de 600.000) y entregó al juez una primera prueba: un recibo original por los primeros 200.000 euros, pero no firmado por Cospedal, sino por otra persona. Cospedal salvó ese día la imputación. 

La cosa quedó pendiente de un hilo cuando el juez Pablo Ruz le pregunta a Bárcenas si tiene más pruebas (los recibos que faltaban) y éste le contesta que tenía mucha documentación aún por "ordenar". También insinuó que podía tener grabaciones de las reuniones mantenidas entre el donante y los receptores: 

-Juez: Nos habla de que cuenta con documentación que dan explicación a varios de estos apuntes que aparecen aquí, ¿verdad? […]
 Bárcenas: Bueno pues están básicamente, toda la justificación de eso y además el documento que me firmó el gerente regional de Toledo por la entrega de 200.000 euros […], que es el documento este.
-Juez: ¿Y los otros? ¿Los van a aportar?
- Letrada de Bárcenas:  Sí lo vamos a aportar todos, Señoría, lo que pasa es que están desordenados y hay un relativo orden [...]
(Fragmento de la declaración de 15 de julio de 2013 en la Pieza separada de los Papeles de Bárcenas del Caso Gürtel).

El fundamento: "5 recibos de Cospe"

¿Tenía motivos Cospedal motivos para preocuparse? ¿Tenía Bárcenas pruebas definitivas contra ella? Villarejo sugiere que sí. El 28 de noviembre de 2013, junto a dos menciones sobre el extesorero (al que identifica como "LB" o BARC en sus notas), el comisario jubilado apunta en su agenda: "5 recibos de Cospe". Es un apunte que no solo está en las últimas agendas halladas (cuya validez como indicio dependerá de si se comprueba que todos los apuntes fueron escritos en la fecha que se dice), sino que también, y como se comprueba en la imagen inferior, se halló como recorte suelto, con el mismo formato y estilo como si fuera una versión anterior (referencia judicial R01.08), en el registro realizado en noviembre de 2017 cuando fue detenido. 

Además, múltiples indicios indican que la preocupación de Cospedal era máxima por lo que pudiera decir y aportar Bárcenas antes y después del 15 de julio de 2013, y que este asunto, y no otro, era la razón de ser de Kitchen. 

1.- El 11 de julio, cinco días antes de que Bárcenas declarase, Cospedal hizo la única llamada realizada a Villarejo desde su teléfono, tras lo que éste anota: "Cospe: Muy mosca con la citación" [de Bárcenas]. Al día siguiente, 12 de julio en referencia, a su marido, Ignacio López del Hierre, escribe: "ILH: Hablar mañana de lo que declarará el lunes" [el 15 de julio era lunes]. Curiosamente, en los dias anteriores, el 7 y 10 de julio, ElMundo y ElConfidencial hacían un spoiler  de lo que declararía Bárcenas cinco días más tarde sobre la donación fijando como cuantía 200.000 mil euros y el recibo no firmado por ella como única prueba.

2.- El periodo de máximo riesgo que discurre entre el 15 de julio y el 5 de noviembre de 2013 (desde la declaración de Bárcenas hasta el día que entrega las "pruebas" adicionales, finalmente inofensivas), coincide con el periodo de contactos telefónicos entre Villarejo  y el entorno directo de Cospedal (ella, su marido, su jefe de gabinete y su secretaria). Estos contactos se inician en los días en que el extesorero es citado a declarar, y finalizan justo el 6 de noviembre de 2013. También coincide con el "operativo policial" de seguimientos y vigilancias al local que se "asalta" y a la familia Bárcenas (25 de julio al 11 de octubre de 2013).

3.- Cospedal y la mencionada donación en causa es también la temática de las tres únicas "notas informativas" que produce Villarejo en 2013 con relación a Bárcenas (tituladas las tres NI. Actividades de LB y fechadas el 9 de julio, el 7 de agosto y el 2 de diciembre). Cospedal es también el asunto central de la única conversación de 2013 (2 de octubre) de la que se dispone de grabación entre Villarejo y el supuesto "chófer de Barcenas" infiltrado, en la que se insiste en la conveniencia de que Bárcenas "no saque nada más".

El Plan: pacto con Bárcenas y blindaje a Cospedal.

Para salvar a la numero dos del PP se implementa un plan de dos años de duración con dos fases: una de julio a noviembre de 2013, que salva la imputación inminente; y otra de enero 2014 hasta junio de 2015, que mantiene la situación hasta que la Audiencia Nacional cierra la pieza. En ambas se trabaja en dos frentes: que Bárcenas no saque nada más y por las buenas (con acuerdos) y en un blindaje político a Cospedal, usando unas supuestas grabaciones realizadas por Bárcenas al número uno y tres del PP que traslucen el mensaje de "si cae ella, caerán otros tan o más poderosos que ella".

 

Un acuerdo con el extesorero, es la opción más segura si de lo que se trata es de distraer pruebas del procedimiento. Porque ¿cómo garantizar que no hay más copias o, caso de originales, protocolos en notarios? No se puede. Por tanto, un botín real o escenificado solo tendría sentido para lo contrario, esto es, para filtrarlo y/o entregarlo al juez, o para usarlo como arma de protección o presión. El propio Bárcenas afirma que recibió múltiples ofertas a lo largo de años; así lo declaró tanto ante el juez Ruz en 2013, como en 2020 ante el juez y fiscales del Caso Villarejo. Según el extesorero,  los negociadores (a los que a veces llama enviados "del PP" y, otras, "de la dirección del PP") le proponían dos cosas a cambio de silencio: dinero (medio millón de euros fue la cantidad que más repitió), y mejoras procesales para él y su mujer.

Bárcenas mencionó a varios enviados o intermediarios a lo largo de años, todos ellos con vínculos a proyectos villarejos: Jose Luis Olivera (jefe de la Udef hasta julio 2012); el polémico socio del comisario Carlos Salamanca, Javier Sánchez Lázaro, el exfiscal Ignacio Peláez, Pelayo; y Javier Iglesias, El Largo, a quien el extesorero identificó como el abogado que le visita en la cárcel antes de su mencionada declaración ante el juez Ruz (o sea, al inicio de la Operación Kitchen).

A menudo presentado como el "abogado del Partido Popular", Javier Iglesias no se persona por el partido en causas, sino por determinados miembros del partido a la vez que atendía a asuntos de interés de Cospedal en  su ascenso a la cumbre, según fuentes jurídicas próximas al PP. Así, se le ve involucrado en las guerras intestinas del PP según las agendas de Villarejo como los asuntos que abrieron hueco a Cristina Cifuentes en su promoción primero en secreto y "en un despacho de abogados" a la alcaldía de Madrid y luego a la presidencia de la CAM y que fueron el del ático de Estepona que aparta de la carrera a Ignacio González y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre por el que la lideresa estuvo al borde de no concurrir a las elecciones; en ambos temas Villarejo se personó con su asociación "Transparencia y Justicia" . En el caso Gürtel, Iglesias se personó como defensor de Álvaro Lapuerta (el predecesor de Bárcenas, que supuestamente visaba la Caja B), y de empresarios imputados como Alfonso García Pozuelo exdueño de Constructora Hispánica o del propio Francisco Correa desde 2017. En otro plano, con Villarejo participa en el asunto de los hermanos Cierco y la Banca Privada de Andorra, en el Caso Pujol, así como también, y según las carpetas informáticas del comisario en el pleito de Inneo Torres contra Acciona,  entre muchos otros. La confianza entre Iglesias y Villarejo es tal que hasta hace poco era el defensor de su mujer en esta macro-causa.

Pago por "comprobantes" y  grabaciones de advertencia

La primera fase del plan discurre entre junio y el 5 noviembre de 2013 (cuando lo que finalmente Bárcenas añade al juez es inofensivo). Según se desprende de las anotaciones de Villarejo se trabaja para lograr un acuerdo con el tesorero y, al tiempo, para dotar de un blindaje a Cospedal mientras descargaba la tormenta.

Así se infiere de los dos conjuntos de conversaciones que describen sus agendas: las que tiene con Cospedal y su entorno, que se enfocan en el  problema procesal de ésta y en el extesorero ; y las que mantiene con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al que se trata de convencer (y de que transmita hacia arriba) de la existencia de unas grabaciones letales para Mariano Rajoy y sobre el peligro de que estas se difundan (y, con ello, facilitar un pacto y dar respaldo a Cospedal: "si cae ella, caen todos"). El calendario de los contactos telefónicos entre el tándem Javier Iglesias&Villarejo y el entorno íntimo de Cospedal y el del dispositivo policial ilegal de vigilancias a Bárcenas (de 25 de julio a 11 de octubre) se ajustan como un guante a esta primera fase.

Los dos conversaciones de esta primera fase revelan algunos detalles:

1.- En los contactos con Cospedal y su entorno la conversación gira inicialmente en torno a su problema procesal y tras el 5 de noviembre, cuando Bárcenas finalmente no aporta nada letal, se habla sobre un asunto vinculado a "un pago pendiente" del marido de Cospedal, en que está involucrado Domingo Diaz de Mera y Adrián de la Joya el cual está "dispuesto a colaborar a tope". Todo ello relacionado con "los comprobantes de pagos" que entregó Bárcenas a Diaz de Mera según anota el comisario, en clara referencia a los recibos de la donación finalista en causa no entregados al juez. Así, el 14 de noviembre de 2013, Villarejo apunta: "DOMINGO DIAZ DE M: Su tronco es LAJOYA. Que tiene los comprobantes de pagos. Se los dio LB hace 2 años para que los moviera y no lo hizo" . Siete días más tarde, el 21, anota sobre De la Joya: "JOY: LAJOYA-. Dispuesto a colaborar a tope". El día 25, anota sobre Ignacio López del Hierro: "ILH: Vernos 14h H.M.Angel. Acepta ver a Dom. D Mera si consigue los datos de DE LA JOYA. Dice que se dedica a sacar dinero".

El 2 de diciembre de 2013, Villarejo fecha la nota informativa "NI: Actividades de LB", que describe con pelos y señales la donación finalista, citando a De la Joya como fuente, y ese mismo día apunta: "ILH Vernos mañana para entrega de datos". Tres días más tarde, el 5, escribe: "ILH Nuevo toque con el pago pendiente", seguido de un apunte donde escribe que De la Joya le habla de 500.000 euros, aparentemente relacionado con otro asunto pero coincidente con la cifra que Barcenas declara que se le ofrecía por su silencio, en una visita que se le hace en la cárcel el 8 de julio de 2013, a tan solo 7 días de su famosa declaración ante el juez Ruz (una cantidad que se le triangularía por "empresarios").

Se da la circunstancia de que De la Joya, residente fiscal suizo y supuesto prestador de servicios de trasvase de capitales para terceros (señalado en Gurtel con relación a uno para Bárcenas, e imputado en Lezo por otro para OHL), traspasa en 2011 a Díaz de Mera una empresa vacía llamada Asnostrading SL, que cobra vida en 2013 y por la que según sus balances pasa medio millón de euros hasta 2019 (el año en que se ratifica el archivo de la donación) con reflejo en partidas de activo y pasivo que nunca se cancelan. La relación del empresario manchego Díaz de Mera con Ignacio López del Hierro viene de largo: este fue gobernador civil de Toledo y más tarde consejero de la Corporación Industrial de la Caja Castilla-La Mancha, una entidad que regó los negocios de Díaz de Mera. 

2. Las conversaciones del comisario con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, Chisco, y con la cúpula policial (el director adjunto operativo Eugenio Pino y  Olivera) se centran en dos "preocupantes" grabaciones cuya existencia y contenido se habrían confirmado por un "confidente" infiltrado, Sergio Ríos (el llamado "chófer de Bárcenas")que venía avalado por el jefe de seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Una es a Mariano Rajoy en la que se escucharía al entonces presidente del Gobierno   conocer todo lo referente a lo de la donación a Cospedal y pasar por la trituradora una prueba que Bárcenas le enseñaría, según se infiere de la conversación grabada de Villarejo con el supuesto chófer el 2 de octubre de 2013. La otra grabación afectaría al entonces número tres del PP, y único contrapoder de Cospedal, Javier Arenas, en la que, también según el comisario jubilado, se le oye despacharse sobre asuntos de Cospedal (pero donde Arenas también participó, según apostilla el comisario). 

Estas grabaciones no han salido todavía a la luz. Reales o no, los continuos avisos sobre  ellas pueden entenderse como todo un aviso a navegantes: si hacen caer a Cospedal, caen todos. Lo mismo si Bárcenas no obtiene lo que pide y las filtra. El 8 de noviembre de 2013, Villarejo apunta que da una copia de la transcripción de la "charla de RaJ" referente "al pago de 200 de Cospe" al jefe de seguridad de Cospedal; el 27 siguiente escribe con relación a un contacto con el secretario de estado de interior "CHISCO: Charla general sobre LB y tensión de RAJOY sobre todo el ministerio. Aviso de acuerdo para entrega a partir del 16 la contab"  siendo que "la contab" o "contab B" pudiera ser el nombre clave para las grabaciones de las que viene alertando de continuo. Al día siguiente, el 28 de noviembre, Villarejo anotaba sobre Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino "PIN :Pacto con Ruz para libertad". Las conversaciones con el secretario de Estado y Pino prosiguen en diciembre con Villarejo avisando del "riesgo de entrega de contab b de Bárcenas" para el día 16, a la vez que anota que Pino realiza gestiones con Felipe de la Casa y Felipe del Pozo, facultativos que administran los fondos reservados en la Dirección Adjunta Operativa. El 18 de diciembre Villarejo anota "PIN: Charla con Felipe del Pozo para cobrar. Ok al final".

Segunda fase : mantenimiento de la situación de no imputación.

La segunda fase se inicia en enero de 2014 y se prolonga hasta mediados de 2015 cuando se cierra en la Audiencia Nacional toda la pieza de los Papeles y, sin imputar o procesar a Cospedal se envía el asunto de la supuesta donación de Sacyr a un juzgado de Toledo donde todo termina felizmente para la entonces secretaria general del PP. Es un periodo donde ya no se aprecia interacción con el entorno directo de la dirigente del PP, y los contactos son con el secretario de Estado y sus colegas policías. En esos meses, Bárcenas solicita varias veces la libertad provisional. Pero no se la concederán hasta enero de 2015 y previo pago de una fianza de 200.000 euros.

El periodo de mayor actividad es el comprendido entre enero y junio de 2014. En ese tiempo, según las agendas, es cuando se interactúa de continuo con el supuesto chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y para el que Villarejo anota un pago de 2.000 euros cada mes. A diferencia del primer periodo de 2013 (cuando fue captado, y durante el cual Villarejo solo le menciona como garante de la información sobre las grabaciones), en la primera mitad de Villarejo dice que Rios realiza todas las actividades que se encuadraron entre julio a octubre de 2013 (seguimiento de la familia Bárcenas, tratar de hacerse con dispositivos informáticos, identificación para su captación de confidentes carcelarios, etc.) pero de las que el comisario no apuntó nada en sus agendas de dicho año 2013.

Es en estos meses, y no antes, es cuando presuntamente crea la supuesta red de confidentes llamados "cocineros" K2, K3, K4, etc. Entre ellos, un informático  al que Bárcenas apenas conoce pero al que sorprendentemente asegura que le confía las claves para acceder a todos los secretos que guarda en la nube. Los supuestos hallazgos de la red de confidentes se vuelcan por Villarejo en "notas informativas" esperpénticas que, a su vez, desaguan en un informe titulado Kitchen-21.6.14.doc (en el que por vez primera se da el nombre de Kitchen al asunto). Se vuelve a poner foco en el riesgo de tener descontrolada posible documentación de Bárcenas que pudiera afectar al mismo Rajoy: a las manidas  "grabaciones" se añaden ahora unos "libros". Villarejo apunta en su agenda tras un contacto con Javier Iglesias: "RAJ está preocupado con los datos sobre él cuando habla de libros" .

En el mundo de Villarejo aparentemente nada viene solo y nada es porque sí. Ese informe Kitchen-21.6.14.doc precede en tres días a la publicación por Daniel Montero y Luis Rendueles, periodistas de la máxima confianza de Villarejo, de un reportaje en Interviu, el 24 de junio de 2014, acerca de una supuesta negociación entre Bárcenas y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "con la mediación de un sacerdote" que según lo publicado tiene como fin, limitar años de prisión caso de ir a juicio y ser condenado. Mirando esas fechas en la agenda de Villarejo se observa un apunte de 18 de junio de 2014 (seis días antes de la publicación del reportaje), con relación a Daniel Montero:  "DANI: Más gestiones sobre SILVER", donde "Silver" es Silverio Nieto, el polémico abogado, expolicía y sacerdote y gran amigo de los policías cómplices de Villarejo. Nieto fue citado en calidad de testigo en la pieza Kitchen y también en la Comisión de Investigación del Congreso, pero no para preguntar nada de esto, sino solo para dar juego a lo que tiene aspecto de una estratagema procesal para enredar el caso: la triangulación entre el secretario de Estado, García Castaño y Silverio Nieto para introducir unos SMS supuestamente intercambiados entre Martínez y el ministro que, oportunamente, conferían a éste toda la ideación del tejemaneje Kitchen, algo que ha comprado el magistrado al dejar fuera a María Dolores de Cospedal. "                              (Pilar L. González de Lara, Público, 25/08/21)

Las claves del caso Kitchen y la caída de Fernández Díaz

  "Procesado el exministro del Interior y su cúpula policial por el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

El calvario judicial del PP escribe este jueves un nuevo capítulo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto enviar al banquillo a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) por la operación de espionaje a Luis Bárcenas urdida en 2013, que tenía como presunto objetivo arrebatar al extesorero popular papeles comprometedores para altos cargos del partido y así evitar que llegaran al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y la caja b de la formación. García-Castellón inflige así un duro golpe a la principal fuerza de la oposición, liderada por Pablo Casado, pero archiva las pesquisas contra su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, por la “debilidad” de los indicios contra ellos. Ambos se encontraban imputados hasta ahora y la Fiscalía Anticorrupción los señala como la otra pata, la política, que ordenó este despliegue irregular.

Tras cerca de tres años de investigación, García-Castellón considera que ya tiene suficientes pruebas para enviar a juicio al núcleo duro de Interior por una operación pagada con fondos reservados y hecha a espaldas del juez Ruz, que investigaba la financiación ilegal del PP. El magistrado concluye en su escrito que todo el grupo de policías y ex altos cargos se movía con idea de “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, incide el auto, “el vector” en común de los implicados y “el fundamento de la operación”. “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba el [extesorero]”, remacha el instructor.

Con esta iniciativa, García Castellón, titular del juzgado Central de Instrucción 6, deja a un paso del banquillo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se desarrolló Kitchen —entre julio de 2013 y julio de 2015—, a su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y a parte de la cúpula policial de entonces: desde el director adjunto operativo del cuerpo, el comisario Eugenio Pino, hasta el también comisario José Manuel Villarejo, imputado en una treintena de investigaciones donde se le acusa de dirigir una mafia policial que delinquió para favorecer a particulares, empresarios y al PP. En total, según el auto, procesa a 11 personas por el espionaje a Luis Bárcenas (entre ellos, seis comisarios).

“La intervención de los máximos responsables gubernativos del ministerio resulta solventemente constatada”, subraya la resolución del instructor, que sitúa a Fernández Díaz en ”el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el “activo” papel de Francisco Martínez responde presuntamente a que recibió “órdenes concretas” de su jefe, que le marcó la “prioridad” de este tema. Además, “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación resulta evidente y vertebra [Kitchen], desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”.

El magistrado también señala entre los supuestos culpables al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor durante años de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa evita, de momento, el banquillo. A través del mismo auto de procesamiento, contra el que cabe recurso, el juez archiva la causa abierta contra ella y su marido, Ignacio López del Hierro. Este empresario, al igual que Cospedal, mantuvo un contacto permanente con el comisario Villarejo, que le contaba detalles de investigaciones abiertas que se encontraban secretas y que, incluso, desconocía el entonces juez instructor.

García-Castellón descarta la implicación del matrimonio en la trama y resta valor a sus sucesivos encuentros con el comisario: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”. “La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, reprocha a las acusaciones el juez, que también hace hincapié en que no se ha acreditado “la entrega de dinero alguno por nadie del entorno” de la pareja, como sospecha Anticorrupción y recogen las agendas de Villarejo. Por ello, el instructor también desimputa a José Luis Ortiz, antiguo jefe de Gabinete de Cospedal.

La investigación del caso Kitchen arrancó en noviembre de 2018 tras llegar a la Audiencia Nacional un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional sobre los audios y documentación encontrados al comisario Villarejo que evidenciaban la puesta en marcha de la trama de espionaje, que incluyó la captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien se pagó con fondos reservados. Desde entonces, las pesquisas han ido escalando, señalando primero a la cúpula policial de Rajoy, después a los máximos responsables del Ministerio del Interior y, finalmente, a la propia dirección del PP. De hecho, en un reciente informe, el principal investigador del caso Gürtel, el inspector jefe Manuel Morocho, ponía el foco en el partido y concluía que Kitchen tenía por objetivo “desactivar” las pesquisas judiciales contra los populares.

Sin embargo, de cara a un futuro juicio, la diana no asciende finalmente más allá de Interior y de la policía, según el auto de procesamiento dictado este jueves. García-Castellón da por finalizada la instrucción, pese a que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los perjudicados, las acusaciones populares y varias defensas pidieron que se prolongara seis meses más. Es más, Anticorrupción había solicitado hace apenas 13 días que se interrogara como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general del cuerpo y exportavoz del PP en el Senado, ante “la posible implicación de [más] responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”. Pero el juez considera esa citación como “innecesaria e inutil” por falta de indicios contra él.

El magistrado también rechaza indagar sobre las últimas declaraciones de Villarejo, que aseguró que informaba a Rajoy de Kitchen a través de mensajes de móvil. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, recalca el juez en su auto, donde añade: “Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado, que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades”.

El procesamiento ha coincidido con una comparecencia pública de Pablo Casado, que ha marcado distancias con el exministro del Interior, pero ha defendido a Cospedal, que lo apoyó en su carrera por la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría: “Fernández Díaz está suspendido de militancia. También el juez ha dicho que la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad y creo que debería llevar a una reflexión a los partidos que decían que no hacíamos nada contra una persona que hoy [por este jueves] se ha visto que es inocente”.

 
El papel de Villarejo y García Castaño

El juez Manuel García-Castellón atribuye a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño un papel especial. Ambos fueron los encargados de captar al chófer de Luis Bárcenas como confidente y querían hacerse con información del extesorero. Pero, según el juez, no tenían la intención de facilitársela después a los superiores que le habían encargado la operación: "La finalidad que guiaba tanto a Villarejo como a García Castaño sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder para poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela".      (J. J. Gálvez, El País, 30/07/21)

 

"El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, si sitúa en "el vértice de la cadena" que ordenó la puesta en marcha de la operación Kitchen, un "operativo ilegal" que robó información comprometedora para el Partido Popular a quien fuese el máximo guardián de sus finanzas durante lustros: el extesorero Luis Bárcenas. 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha cerrado la fase de investigación del caso situando a un paso del banquillo al exministro junto a parte de su cúpula política y policial, considera "solventemente constatado" la intervención de "los máximos responsables gubernativos del Ministerio" en la operación "parapolicial".

 El que fuera hombre fuerte de Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros ha pasado de "conocer de dos veces, dos minutos" al excomisario Villarejo —epicentro de la trama por la que la Audiencia Nacional investiga sus turbios negocios— a estar imputado desde el pasado mes de septiembre. Y ahora, al borde del banquillo de los acusados junto a otras diez implicados en el espionaje a Bárcenas. Estas son las claves de la caída de Jorge Fernández Díaz, el hombre que hacía una gestión y "la Fiscalía te lo afina".

La puesta en marcha del plan.  "Abusó de sus funciones" aún sabiendo de la "ilicitud" de los hechos

El juez relata en su auto que Jorge Fernández Díaz "abusó" de sus funciones y aún sabiendo de la "ilicitud" de los hechos puso en marcha —con el resto de su cúpula política y policial— en marcha en 2013. Así, instó a su exnúmero dos —primero jefe de Gabinete y luego Secretario de Estado de Seguridad— Francisco Martínez a que orquestara "una misión" encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder del referido del extesorero. En estos años el Partido Popular vivía ya su guerra particular por los escándalos de corrupción que salpicaban a los de Génova, 13. 

La captación del chófer .  El topo de la trama acabaría implicando al ministro

La operación comenzó, según señala García Castellón, por captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, "capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando". La persona elegida fue Sergio Ríos, quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas: una persona de máxima confianza del entorno familiar. A cambio, desde el Ministerio —con cargo a los fondos reservados— se le entregarían 2.000 euros al mes, además de una plaza en la Policía Nacional una vez finalizada la operación. 

En la captación del chófer jugaron un papel fundamental los comisario Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo. Según Ríos, estos dos policías le comentaron que despachaban habitualmente con el exministro Fernández Díaz, que entraban en el Ministerio "del tirón" sin tan siquiera identificarse. Estas declaraciones del chófer ante García Castellón cercaron aún más al extitular de Interior.

Los sms con su exnúmero dos que siempre negó . "Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info"

Hay cuatro sms que guardaba su exnúmero dos como oro en paño. Esos mensajes fueron protocolizados ante notario después de que Martínez —viendo una entrevista del ministro por televisión— se sintiese completamente abandonado. Ahí comenzó la guerra entre ambos. Fernández Díaz siempre ha negado esos mensajes, pero el juez instructor le da gran valor a ese cruce de mensajes, tal y como queda reflejado en el auto de procesamiento al que ha tenido acceso La Vanguardia.

 El 13 de junio de 2013 a las 20:29 horas "Chófer B: Sergio Ríos (ahora hace esa función con su mujer)". Tan sólo nueve minutos antes, Fernández Díaz le había mandado un mensaje con un "es importante". Dos mensajes que corroborarían que el extitular de Interior conocía quién era el topo de Kitchen antes de que el escándalo saltase a la prensa, tal y como él reconoció en sede judicial. Hay otros dos mensajes de gran relevancia. En uno responde a Martínez: "Yo lo tendré [en referencia a un contacto del CNI] al acabar el Consejo, así hemos [sic] kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info..."

El sonado cara a cara . "Me has llamado idiota integral"

El momento más tenso —que haya trascendido— entre Fernández Díaz y Martínez fue el careo vivido durante la fase de instrucción en la Audiencia Nacional. El exministro intentó de hacer ese cortafuegos que le separase —y de paso, también al Partido Popular— de la trama Kitchen: que todo quedase en la Secretaria de Estado. “Me llamas idiota integral porque yo no gestionaba los fondos. Me has llamado cabrón, hijo de puta, miserable, bobo, con distintas personas, con mandos policiales”, le llegó a espetar el exministro.

 Aquel careo —en el que los cuchillos sobrevolaron— duró dos horas. Después cada no se fue por su sitio, cabizbajos y agotados. Fuentes jurídicas explicaron a este periódico que lo ocurrido no favoreció a ninguno de los dos. La situación procesal para ambos, después de este enfrentamiento propiciado por el juez, se quedó igual que estaba: imputados.

 La salvación de Cospedal deja todo en Interior. El magistrado acota el plan de espionaje al Ministerio sin salpicar directamente a Génova

El 2 de junio el juez imputó —tras pedirlo la Fiscalía— por cohecho, malversación y revelación de secretos a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Por los mismo presuntos delitos también a su marido. El magistrado recogía en un auto que había acumulado los indicios suficientes para que declarasen en calidad de investigados porque la Kitchen pudo nacer en la sede nacional de los populares. Este movimiento, a priori, pudo beneficiar al exministro al diluirse las responsabilidades.

 Sin embargo, tras escucharlos declarar —en una sesión en la que negaron todo— García Castellón ha decidido desimputarlos, mandando de nuevo todo el balón al tejado de Interior. "​La imputación a ambos investigados de una participación intelectual no deja de ser resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”, dicta el instructor dos meses después de imputarlos."                 (Joaquín Vera, La Vanguardia, 30/07/21)