La Audiencia Nacional considera probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas... cuando las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación

 "El pasado de corrupción del PP, condenado ya en 2018 por beneficiarse de la trama Gürtel, vuelve a estallarle al partido conservador, ahora encabezado por Pablo Casado. 

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves una sentencia que impacta de lleno en el corazón de la formación, al considerar probado que pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la madrileña calle Génova, un edificio que la fuerza política aseguró este año que abandonaría, pero de la que aún no se ha marchado. 

El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”, según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.

Esta resolución inflige un duro golpe a los populares y echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

La terna de jueces que forma el tribunal —José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García— cierra así otro capítulo de corrupción del PP, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Esta nueva sentencia, de 454 páginas, aborda una línea de investigación derivada del caso Gürtel y que se abrió tras la publicación de los papeles de Bárcenas, donde constaban entradas de dinero a nombre de Gonzalo Urquijo, uno de los socios del estudio de arquitectura Unifica. Aún se encuentra en instrucción otra parte de las pesquisas, centrada en las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de Gobiernos populares.

La Audiencia Nacional condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica y le impone una multa de 1,2 millones de euros. Al arquitecto Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García les sentencia a dos años y nueve meses de prisión, y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. El partido conservador debe responder de forma subsidiaria por un importe de 123.669 euros: “No consta que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de comisión de los hechos enjuiciados”.

La Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP, Cristóbal Páez; y Laura Montero, una empleada de Unifica. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García les absuelve del resto de los delitos de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.

En el caso de Bárcenas, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores. Si bien, apunta el tribunal, fueron los registros en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. El tribunal destaca también que el extesorero cayó “en algunas contradicciones en su declaración en el juicio con respecto a las anteriores, dando distintas versiones” de algunos apuntes recogidos en su contabilidad opaca. A Bárcenas también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

 

La veracidad de ‘los papeles’

Esta es la tercera sentencia —tras las dictadas por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y el Tribunal Supremo en octubre de 2020, ambas por la primera etapa del caso Gürtel— que da “verosimilitud” a los papeles de Bárcenas como reflejo de una caja b del PP, aunque recalca que “no puede darse validez a la integridad de su contenido” sin tener más pruebas. Los magistrados concluyen que “solo han de considerarse verosímiles las anotaciones o apuntes que se corresponden con hechos y acontecimientos reales acreditados”.

Entre los apuntes que considera reales se encuentran los referidos a las entregas de dinero en metálico a cinco miembros del partido que admitieron durante el juicio o la instrucción de la causa haberlos recibido. Se trata del exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo; el exsenador Luis Fraga; el exconsejero navarro Calixto Ayesa (ya fallecido); el exdiputado Eugenio Nasarre; y el exgerente Cristóbal Páez, que se sentaba en el banquillo y ha resultado absuelto.

A sus testimonios, el tribunal suma los cinco apuntes que recogen pagos en negro a la empresa Unifica que hizo los trabajos de reforma de la sede y una quincena más que reflejan el trasvase de fondos desde la caja b, nutrida con donaciones irregulares de empresarios, a la contabilidad oficial tras fraccionar las cantidades para burlar la ley. Sobre el supuesto desvío de fondos para comprar acciones del medio Libertad Digital, el fallo señala: “una cosa es que esas correlaciones corroboren o doten de verosimilitud a determinados apuntes, y otra distinta es que las operaciones que reflejan tengan trascendencia penal”, recoge la sentencia.

El impuesto de sociedades de 2008

El tribunal descarta condenar al PP por no declarar las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas en el impuesto de sociedades de 2008. Los magistrados aceptan la tesis de defensa del partido, que consideró que las acusaciones populares no estaban legitimadas para sostener esta imputación en solitario —ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo mantenían—. Según las anotaciones contables del extesorero, el PP recibió ese año hasta 17 donaciones por más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros. La sentencia respalda la pretensión del representante legal del partido y deja fuera esta acusación. No obstante, añade que, de lo analizado durante la vista, tampoco se hubiera considerado acreditada la comisión de este delito fiscal.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados ponen en valor el testimonio que prestaron durante la vista dos expertos de Hacienda y Margarita García Valdecasas, quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Durante sus declaraciones, estos concluyeron que el PP no cometió ninguna irregularidad. Como hicieron estos peritos durante la vista, los magistrados argumentan ahora en el fallo que ese dinero se trasladó “a la cuenta de donativos oficial, desde donde se atendían gastos de funcionamiento del partido, y al pago de parte de las obras de la sede central, es decir, al objeto y finalidad del partido”, por lo que deben considerarse exentas de tributación dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. El tribunal añade que, además, la cuota supuestamente defraudada era “muy inferior al límite penal”.

Consulte la sentencia íntegra. Si no puede leerla, pinche aquí. "          (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 28/10/21) 

Bárcenas señala a Cascos ante el juez: “Que te reciba un ministro no es sencillo, eso vale dinero”

 "Luis Bárcenas, extesorero del PP, regresó el pasado 16 de julio a la Audiencia Nacional para declarar por la línea de investigación que aún permanece en instrucción sobre las donaciones de empresarios a la caja b del partido a cambio de adjudicaciones públicas. 

A lo largo de casi 40 minutos, durante los que el exdirigente popular no especifica las obras concedidas a cambio de mordidas, el extesorero describe las gestiones que él y su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, hacían ante “ministros y secretarios de Estado” para que recibieran a los constructores que aportaban dinero a la contabilidad opaca del partido. 

En especial, según consta en la grabación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, señaló a Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento en los Gobiernos de José María Aznar. “Que te reciba un ministro no es sencillo, eso vale dinero”, resumió al explicar las contraprestaciones económicas que la formación obtenía a cambio.

 La comparecencia de Bárcenas, prevista desde el pasado febrero, se produjo en el marco de la causa abierta sobre los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013. Una parte de esta línea de investigación del caso Gürtel, bautizada como Pieza Separada UDEF-BLA, ya fue juzgada este año y se encuentra pendiente de sentencia: todo lo que versa sobre la supuesta reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova.

 Pero aún sigue viva en instrucción la parte relativa a las donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones —donde se trata de acreditar el delito de cohecho—, aunque el juez Santiago Pedraz ya acordó la pasada semana, tras escuchar a Bárcenas, darla también por finalizada y ahora, una vez resueltos los recursos que se presenten, deberá decidir si envía a juicio a los imputados o archiva las acusaciones.

La resolución de Pedraz llegará después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía enviase el pasado 20 de julio un nuevo informe al juez donde certifica numerosas irregularidades en 23 proyectos del Gobierno de Aznar concedidos a Constructora Hispánica, una de las empresas donantes de la caja b. Precisamente, entre 2000 y 2004, varias de esas obras bajo sospecha las otorgaron organismos dependientes del Ministerio de Fomento, al frente del cual se situaba Cascos, al que Bárcenas apuntó en su declaración como conocedor de la trama. “El interés que tenía Alfonso García Pozuelo, [entonces presidente de Constructora Hispánica], eran obras con Adif”, dijo el extesorero popular al juez el pasado 16 de julio.

“Las personas a las que se dirigía Álvaro [Lapuerta], y puede que en alguno momento lo haya hecho yo por delegación de él, eran los ministros en su momento de Fomento y Medio Ambiente bajo el Gobierno del PP desde 1996 a 2004; y los secretarios de Estado en su caso”, aseguró Bárcenas: “En Fomento, incluso, con el director general de Carreteras, que no recuerdo el nombre. Pero, con esta persona en concreto, Álvaro habló en un momento y este le trasladó la conversación al ministro, que era Francisco Álvarez Cascos. Y, como consecuencia, el ministro tuvo una conversación un poco dura con Álvaro, en el sentido de recriminarle haber llamado directamente a un director general y no haberle llamado a él. Le prohibió expresamente que se dirigiese a cualquier persona que dependiese de él”. “A partir de ahí, cuando Álvaro necesitaba que se recibiese a alguien, llamaba a Álvarez Cascos. Con él se acordaba que recibiese [a un donante]. Exclusivamente”, apostilló.

A lo largo del interrogatorio, Bárcenas describe su función y la de Lapuerta como una especie de “relaciones públicas”. “Yo no sé en el mundo del lobby en otros países, donde incluso está admitido legalmente, cómo funcionan las cosas… Pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro no es sencillo. Eso vale dinero en cualquier sitio. Tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso... Poder sentarte una hora con el responsable de un proyecto y conocer los que tiene ese ministerio, los plazos en los que se va a ir licitando obras... Eso creo que valía dinero y los empresarios estaban dispuestos a donarlo a cambio de esa contraprestación”, insistió el extesorero.

 El exdirigente del PP, en prisión por el caso Gürtel, subrayó que los donantes de la caja b “querían” como “contraprestación la posibilidad de tener la interlocución que en cada momento necesitasen”. “Pero, cuando había una campaña electoral, hacíamos una acción a las personas que donaban para ver si podían contribuir con cantidades adicionales”, añadió el extesorero ante Pedraz, a quien aseveró que esas entregas de dinero quedaban reflejadas en unos segundos papeles de Bárcenas. “Había unos papeles electorales exclusivamente”, dijo. En ellos, según continúo, se especificaban quién dio el dinero para las campañas, qué cantidad entregó cada uno y a qué se destinaron esos fondos: “Eran básicamente gastos electorales: de mailing, de imprenta… Una serie de conceptos que en aquella época no estaban financiados por la ley electoral, que tenía un coste muy elevado y que requerían fondos adicionales a los que se aportaban oficialmente”.

Pero, según remachó Bárcenas, ya no tiene en su poder esa documentación. Según explicó, porque se los arrebataron supuestamente los policías que pusieron en marcha la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero con el supuesto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP. “Eran documentos que estaban en el estudio de mi mujer”, aseguró Bárcenas.

Durante su declaración del pasado 16 de julio, el extesorero respondió a todas las partes excepto a una.

—Con la venia. Jesús Santos, en representación del Partido Popular... —comenzó el abogado de la formación conservadora al llegar su turno.

—No, yo al Partido Popular no le voy a contestar —zanjó de inmediato Bárcenas, concluyendo así la cita ante Pedraz."                 (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 27/07/21)

La policía certifica sobrecostes millonarios en obras bajo sospecha de la era Aznar

 "La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica.

 El entonces presidente de esta empresa, Alfonso García Pozuelo, realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza a lo largo de 424 páginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

 La policía centra así su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que la constructora de García Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicación y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato, que cambian las condiciones del mismo”.

En este sentido, el informe de la UDEF subraya “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.

Pedraz tendrá ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente —toda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, aún pendiente de sentencia—, pero que mantenía aún en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio también por cerrada esta línea de investigación la pasada semana y ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.

Modificados. Este último análisis de la UDEF mantiene la misma línea plasmada en otro informe anterior por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entró apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detectó sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Policía completa el foco con el análisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que técnicamente se denomina “modificados”. Según explican, seis de las obras tuvieron “al menos un modificado” que elevó el preció; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administración abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, según los investigadores.

Además, la UDEF apostilla que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes”: “Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato. “Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, remacha el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.

Obras complementarias. Otro de los aspectos analizados son las “obras complementarias”: “A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación”. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de más de 57 millones.

En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo “mediante un procedimiento negociado sin publicidad” —lo que permitió adjudicárselas a la misma constructora— “no reúnen los requisitos” legales y “deberían haber sido objeto de contratación independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. “Además, se pone de manifiesto que la valoración del criterio técnico de la propuesta presentada por Constructora Hispánica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria”.

Certificaciones finales. La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”. Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, recalca el informe.

Cascos y los nueve contratos del Consejo de Ministros

El informe de la UDEF hace hincapié en que, de los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del Ministerio de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras— en la etapa en la que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la cartera. El documento destaca también que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la autorización del Consejo de Ministros que entonces presidía José María Aznar para poder ser formalizados.

En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis Bárcenas señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos. Bárcenas describió un episodio en el que Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que debían amañar. Según la versión de Bárcenas, solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor que todas esas gestiones debían pasar por él.

Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo negó."               (Óscar López-Fonseca , |J. J. Gálvez , El País, 27/05/21)

La acusación popular: “El curso vital político de Aznar está vinculado a la caja b... La caja b nace cuando Aznar es nombrado presidente del PP en 1990; y en 2004, cuando deja de serlo, continúa funcionando la caja b. Pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable. Y pensar, en cambio, que tenía un conocimiento cabal de ella resulta plausible”

 "Las acusaciones populares han asumido este lunes el protagonismo del juicio sobre la caja b del PP, con la exposición de sus alegatos finales.

 Los abogados Virgilio Latorre, en nombre de la exdiputada socialista Carmen Ninet; José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade); Gonzalo Boye, letrado de Observatori Desc; y Juan Moreno, de IU, no solo han desgranado durante cerca de cinco horas toda la batería de indicios revelados en la vista oral, sino que han centrado el tiro en las antiguas cúpulas del partido conservador y en su responsabilidad sobre la contabilidad paralela: “El curso vital político de José María Aznar está vinculado al curso vital de la caja b”, ha ejemplificado Latorre.

“La caja b nace cuando Aznar es nombrado presidente del PP en 1990; y en 2004, cuando deja de serlo, continúa funcionando la caja b. Pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable. Y pensar, en cambio, que tenía un conocimiento cabal de ella resulta plausible”, ha proseguido el abogado de Ninet, que ha incidido en que el tribunal “tiene la obligación” de valorar en su sentencia la palabra de este expresidente del Gobierno y del resto de exdirigentes populares que han testificado, como Mariano Rajoy, también exjefe del Ejecutivo; y los ex secretarios generales Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Esta petición de la acusación popular no es baladí. En el fallo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, los magistrados ya cuestionaron la credibilidad de Rajoy, que acabó saliendo de La Moncloa tras la moción de censura que presentó el socialista Pedro Sánchez a raíz de la sentencia. Además, en esta vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, donde el PP se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, los populares han tratado de evitar toda responsabilidad política sobre la contabilidad paralela y descargarla en el extesorero Luis Bárcenas: “La caja b era de esa persona, no del PP”, defendió Cospedal.

Una argumentación que rechazan todos los abogados que han intervenido este lunes en el juicio. “Ya está declarado por los tribunales que hay una caja b. No puede ser objeto de cuestionamiento”, ha apostillado Latorre en referencia a la resolución de Época I, que la dio por acreditada. “No son los papeles de Bárcenas, son los papeles del PP”, ha dicho Benítez de Lugo. “Podría parecer a veces que el señor Bárcenas es la cabeza de turco de toda esta forma de operar”, ha recalcado Moreno, que ha arremetido contra la actitud del partido durante sus años de gobierno: “El PP no hizo ningún esfuerzo legal para acabar con la práctica de los donativos anónimos. ¿Por qué? Había un interés elemental para seguir cobrando dinero negro por parte de dirigentes del PP”.

Unas “cuentas internas”

Frente a la postura del fiscal, que cuestionó el “valor contable” de los papeles de Bárcenas en su alegato final y puso en duda algunos de los apuntes, las acusaciones populares han resaltado que las escasas incongruencias que presentan son fruto de que se trataba de una contabilidad ajena al control legal. “Una de las características más relevantes de una contabilidad b es su clandestinidad. Por tanto, un cierto desorden, una falta de cierto rigor en los sistemas contables y una premura que hace que, efectivamente, pueda parecer en algún momento una contabilidad asistemática”, ha descrito Latorre: “Lo que no puede pedirse es que la contabilidad b se ajuste al plan general contable”.

“Es indiscutible su autenticidad y su veracidad. Esos papeles eran las cuentas de un grupo que se estaba enriqueciendo con el dinero de una caja b. Esos papeles no eran para enseñar a nadie, sino para una organización interna que se nutría de donaciones [...] Esos movimientos no eran para enseñar al Tribunal de Cuentas, sino las cuentas internas que llevaba Bárcenas con Álvaro Lapuerta, [su predecesor en el cargo]”, ha destacado Boye.

En esa línea, las acusaciones populares han recordado este lunes que los peritos caligráficos confirmaron que la letra de los papeles de Bárcenas era del extesorero, que se confeccionaron a lo largo del tiempo y que se utilizaron varios útiles de escritura para elaborarlos. También, han descrito cómo varios ex altos cargos del PP han reconocido que recibieron el dinero recogido en la caja b. Entre ellos, los exparlamentarios Eugenio Nasarre, Luis Fraga y Jaime Ignacio del Burgo.

Reproches cruzados

Latorre también ha aprovechado su turno de palabra para contestar al fiscal Antonio Romeral, que el pasado jueves devolvió a las acusaciones populares las críticas que estas vertieron contra el ministerio público durante la instrucción. “Entendían que no acusábamos lo suficiente”, les echó en cara Romeral: “No podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían. No nos mueve ningún interés de parte”, remachó. 

Unas palabras que han encontrado respuesta este lunes: “El informe fiscal [del pasado jueves] se sobrepasó. Lo que hizo fue llamarnos la atención, reñirnos y corregirnos. Eso no es propio del ministerio fiscal”, ha dicho el abogado de Ninet, que ha insistido en la “falta de rigor y celo” de Anticorrupción durante la investigación judicial: “Lo que hacía más necesaria que nunca la acción popular”. “Estaría bien un poco de respeto [a la acusación popular]”, ha añadido Juan Moreno."                   (J. J. Gálvez, El País, 10/05/21)

Aznar: “No he conocido ninguna contabilidad b en el PP”, es mentira y se puede demostrar... Rajoy: “El PP tenía una única contabilidad”, es mentira y se puede demostrar

 "El Partido Popular tenía capacidad suficiente a finales del siglo pasado para destruir en muy pocos segundos cualquier papel innecesario. Su contabilidad oficial registra ese año 2000 la compra de una trituradora Dahle por 1.194 euros —”gran volumen de trabajo con corte en tiras de 5,8 milímetros”— y una destructora Ofipack 4002 por 1.727 euros — capaz de eliminar “entre 39 y 41 hojas por minuto”—.

El extesorero del PP ha contado a varios jueces que su jefe Rajoy utilizó en 2010 (primera confesión) o 2009 (segunda confesión) una trituradora de papel que tenía en el despacho para destruir las fotocopias (segunda versión) o el último folio fotocopiado (primera versión) de la contabilidad paralela con la que el PP se había financiado ilegalmente durante dos décadas. El expresidente contestó que las versiones mutantes de su extesorero eran “absolutamente falsas” y “metafísicamente imposibles”: “No he triturado lo que nunca tuve en mis manos”.

Algunos abogados del juicio por los papeles de Bárcenas exageran sobre lo ocurrido tras 11 sesiones en la sala de vistas: “Aquí todos mienten”. La mentira es un derecho de los acusados y la verdad es un deber de los testigos. Pero las condenas por falso testimonio son excepcionales en España: una por cada 13.000 juicios, según las estadísticas de 2016.

La vista oral por los papeles de Bárcenas amenaza con convertirse en una trituradora de la verdad. EL PAÍS ha contrastado las declaraciones de los testigos con los hechos acreditados.

Aznar: “No he conocido ninguna contabilidad b en el PP”

El expresidente contó al tribunal que durante sus 14 años al frente del partido no conoció el funcionamiento económico de la formación. Cuando se hizo cargo del PP, en 1989, los Estatutos vigentes concedían al presidente competencias sobre la supervisión de la tesorería, pero nunca las ejerció. Aznar despidió en 1990 al tesorero Rosendo Naseiro tras leer la investigación hecha por Alberto Ruiz-Gallardón: “Se acredita la disposición de Naseiro a solicitar donaciones no condicionadas a empresas que hayan resultado beneficiadas por adjudicaciones. Tanto Aznar como Fraga desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe”.

 Entre 1990 y 1993 no hubo tesorero en el PP. El secretario general Francisco Álvarez-Cascos ejerció esa función, pero Aznar no le supervisó: “No se aplicó nunca [esa competencia que tenía el presidente] justamente por la situación transitoria... Según la realidad del partido a partir del cese o dimisión del señor Naseiro es una función que deja de existir”. El PP eliminó en los nuevos estatutos de 1993 la competencia del presidente para supervisar la tesorería.

Aznar: “No he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie”. Bárcenas facilitó algunos recibís firmados por Jaime Ignacio del Burgo: pagos en metálico para compensar a Calixto Ayesa, entonces consejero navarro de salud, por la pérdida de ingresos al cerrar su consulta. Del Burgo aseguró que Aznar autorizó los pagos, pero el expresidente lo negó: “No podía autorizar ni dar instrucciones sobre ningún tipo de pago absolutamente a nadie”. El caso es que la Agencia Tributaria no halló en la contabilidad oficial del PP ninguna retención ni remuneración a Calixto Ayesa, fallecido hace 14 meses.

Aznar recalcó al tribunal su falta de competencias sobre las cuentas: “Yo no puedo dar ninguna instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para darla”. Sin embargo, entre la documentación que Bárcenas entregó al juez hay pagos a Pedro Arriola autorizados por Aznar. En la factura fechada el 23 de febrero de 1992, y pagada por el PP, se lee: “En virtud de trabajos y servicios adicionales encargados personalmente por el presidente del PP, José María Aznar, al margen de los contratos que nos vinculan con ustedes (...) les presentamos los siguientes honorarios”.

Rajoy: “El PP tenía una única contabilidad”

Rajoy aseguró que el PP no tuvo una contabilidad paralela. Al menos dos sentencias le desmienten. La Audiencia Nacional condenó a numerosos excargos del PP por el caso Gürtel y dejó escrito lo siguiente: “Otras cantidades detraídas sirvieron para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘Caja B’ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a miembros relevantes del partido”. 

El PP recurrió este fallo al Supremo, quien sentenció por su parte: “El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una ‘Caja B’, o contabilidad ‘extracontable’, del PP —sobre la que el recurrente [Bárcenas] ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por este, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir acciones de Libertad Digital”.

Rajoy: “Hay un señor [Bárcenas] que tenía unos papeles que son mentira”. El expresidente declaró que todas las anotaciones donde aparece su nombre son falsos y que la contabilidad b que llevaba el extesorero es mentira. Sin embargo, hay más de 50 apuntes en los papeles de Bárcenas que suman casi 3,5 millones en salidas de fondos —el total en la contabilidad b es de 7,5 millones— que están acreditados por documentos oficiales y el testimonio de las personas beneficiadas:

— Hay 56 ingresos en la cuenta de donativos anónimos entre 2002 y 2007 que suman 1,3 millones. Ese dinero se corresponde con algunas salidas reflejadas en la caja b. Se trataba de donaciones ilegales que se troceaban de manera que el cajero del PP, por indicación de Bárcenas, hacía varios ingresos inferiores a 60.000 euros que sumaban la cantidad sacada de la caja b.

— Bárcenas destinó 1,5 millones de la caja b a pagar parte de las obras de reforma de la sede central del PP. Los correos requisados a la empresa responsable de las obras y la confesión del extesorero prueban estos pagos.

— Luis Rodríguez, secretario del consejo de administración de Libertad Digital, certificó la compra y venta de acciones por 407.000 euros a personas vinculadas al PP reflejadas en los papeles de Bárcenas que no figuran en la contabilidad oficial.

— El empresario Rafael Palencia donó 150.000 euros al PP, según los papeles de Bárcenas. Palencia reconoció en una conversación grabada por el gerente del Canal de Isabel II que hacía aportaciones al PP a cambio de adjudicaciones de obra pública.

— Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, sostuvo en el juicio del caso Gürtel que aportaba dinero para “organismos centrales” del PP. En los apuntes de Bárcenas hay entregas por 258.000 euros.

— Los exparlamentarios del PP Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre; Luis Fraga, exsenador del PP, y el exgerente Cristóbal Paez, admitieron al juez que recibieron el dinero reflejado en la contabilidad paralela que llevó el extesorero del PP.

Rajoy: “Bárcenas dejó de ser senador en 2010 y a partir de ahí se rompió cualquier clase de relación”. En realidad, tras el cese de Bárcenas como senador, el PP le dio de alta en la Seguridad Social y le mantuvo la cotización hasta el 31 de enero de 2013, el mismo día que EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Entre abril de 2010 y febrero de 2013, Bárcenas tuvo el mayor sueldo del partido, chófer, secretaria y una sala, llamada Andalucía, donde guardaba sus papeles y hasta un trineo.

Rajoy. “Yo no alenté presiones contra la publicación de los papeles”. A preguntas de un abogado, Rajoy negó que hubiera presionado desde el PP contra la publicación de los papeles de Bárcenas: “Yo no alenté nada ni ninguna actuación sobre el asunto al que usted acaba de hacer referencia. Ni he alentado, ni he dado instrucciones ni conozco a nadie que haya hecho las presiones a las que usted hace referencia, ni a nadie que fuera conocedor de las mismas”.

Los principales altos cargos y ejecutivos del partido presentaron demandas contra EL PAÍS tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Todas fueron rechazadas por los tribunales o retiradas. El abogado del PP Alberto Durán amenazó por carta a este periódico por publicar documentos del sumario del caso.

El nuevo abogado del PP, Jesús Santos, sugirió en la última sesión del juicio que el PP no retiró las demandas contra EL PAÍS, sino que estaban “suspendidas por prejudicialidad penal”. Sin embargo, el PP presentó el 19 de diciembre de 2013 ante el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid un escrito de “renuncia de los demandantes Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja a la acción ejercitada contra Ediciones EL PAÍS”.               (José Manuel Romero, El País, 28/03/21)

‘Cachitos Génova’, un espectáculo de la justicia con los grandes éxitos de Rajoy y Aznar... Nadie vio nada. Nadie firmó nada. Nadie recibió nada... Rajoy fue aún más lejos: «Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas»

 "No se puede decir que las comparecencias de los grandes dirigentes del Partido Popular en los tribunales hayan servido para arrojar mucha luz sobre los casos de la corrupción que ha protagonizado ese partido. Nadie vio nada. Nadie firmó nada. Nadie recibió nada. 

Por otro lado, tampoco se puede negar que son un buen espectáculo. Las declaraciones de José María Aznar y Mariano Rajoy fueron más atractivas que la programación vespertina de televisión del miércoles. Fue como una versión política extendida de ‘Cachitos’, un pequeño fragmento del pasado reciente de la política española –versión corrupción del PP– con detalles familiares como la arrogancia de Aznar y las frases involuntariamente divertidas de Rajoy. Incluso tuvimos algunos momentos en que Rajoy hablaba con vehemencia y hasta se diría que con algo de energía. No fue una de esas intervenciones en que uno se imagina al expresidente con un puro en una mano y el Marca en la otra.

El juicio de la caja B del PP está permitiendo al menos un examen minucioso de los papeles de Luis Bárcenas, cuya publicación provocó un terremoto en el Partido Popular. Otra cosa es que la posición de sus dirigentes que declaran en la vista como testigos sea inamovible. Esos papeles son falsos, dicen. O al menos el 95% de ellos, según Rajoy, porque no puede negar que algunos testigos, como Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, han confirmado dos entregas en metálico diferentes que sí aparecen en esos documentos. Todo lo demás no es cierto, o sencillamente «un delirio», como dijo Rajoy. Salvo alguna cosa.

Sobre la destrucción por él de copias de los papeles en la trituradora de su despacho cuando se los enseñó Bárcenas, según declaró el entonces tesorero del PP, Rajoy fue aún más lejos: «Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas». Se refería a que nunca los tuvo en sus manos. Es difícil relacionar a Rajoy con algo que tenga que ver con la metafísica y la parte de la filosofía que estudia la naturaleza de la realidad. 

Donde sí entramos en territorio conocido fue con su respuesta a otra pregunta de los abogados. «Yo no me puedo poner en la mente de las personas porque, entre otras cosas, las personas somos distintas». Ahí estaba el auténtico Rajoy, el que todos estábamos esperando. No es que eso sea de utilidad en el juicio, pero el espectáculo exigía que tuviéramos un ejemplo de ello.

Después de 40 años en la política, periodo de tiempo que él destacó en su declaración, no es extraño que Rajoy pensara que estaba en un debate en el Parlamento o en una de las ruedas de prensa que concedía con pocas ganas. Al intentar negar veracidad a los papeles de Bárcenas, interpeló al abogado de una de las acusaciones como si este fuera un diputado de la oposición o un periodista impertinente: «No siga por ahí. Los papeles son falsos».

Ahí ya tenía que intervenir el presidente del tribunal. Los testigos no pueden indicar a fiscales o abogados qué preguntas les pueden hacer en un juicio. «Lamentablemente, estamos en un proceso judicial», dijo el magistrado (¿lamentablemente?). El letrado tenía «todo el derecho» a hacer esas preguntas. Eso no es equivalente a sostener que las preguntas llevaran a algún sitio. Muchas de ellas giraban sobre lo mismo o eran una forma de polemizar con el testigo, y se topaban con idéntico muro.

 En un caso, sí hubo una pregunta que tenía muchísimo que ver con el objeto del juicio. Un abogado de las acusaciones le preguntó quién tomó la decisión de reformar todo el edificio que ocupa la sede nacional del PP. «No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido».

La respuesta resultaba casi inaudita. ¿Cómo se podía acometer una obra de esas dimensiones que iban a alterar el funcionamiento cotidiano de la dirección del partido y que iban a suponer un gasto superior a tres millones sin que antes el presidente diera su aprobación? Por lo que dijo Rajoy, todo fue a iniciativa del entonces gerente, Cristóbal Páez. ¿No se discutió el asunto en el Comité Ejecutivo Nacional?, le preguntaron. «No era habitual tener debates con algo que no fuera político», respondió.

El Partido Popular debía de tener tanto dinero que podía gastarse tres millones en una obra sin que la orden partiera de su presidente. Claro que si Rajoy hubiera reconocido que la reforma era idea suya, le habrían preguntado si se había interesado en saber cómo pagarla. Y si se financió con más de un millón de euros en dinero negro, que es lo que se dilucida en este juicio. En caso afirmativo, los desmentidos de Rajoy sonarían no divertidos, sino ridículos.

Los dirigentes del PP no sólo quieren mantener distancia con los papeles de Bárcenas, sino con cualquier cosa que tenga que ver con las finanzas del partido. Si eso incluye la reforma íntegra de un edificio de ocho plantas, no hay ningún problema. Que el tribunal se lo vaya a creer y que no vaya a condenar al PP como responsable civil, eso ya es muy diferente.

Aznar lo tenía más fácil que Rajoy. No aparece su nombre en ninguna anotación de los papeles de Bárcenas. Por algo dijo hace unas semanas que él «no ponía la mano en el fuego por nadie», excepto por sí mismo. De ahí que pudiera manejarse con su displicencia de costumbre. A los abogados de dos acusaciones populares, les dijo que están vinculados con el PSOE antes de responder a sus preguntas. 

Cuando le comentó a Gonzalo Boye, de la acusación popular presentada por la asociación Observatori DESC, si era también abogado de Carles Puigdemont, el magistrado le apuntó que esa observación no era necesaria. Y no lo era, pero Aznar tenía que hacer de Aznar hasta declarando como testigo en un juicio. Es lo que se espera de una actuación protagonizada por viejas glorias del espectáculo."                     ( Iñigo Sáenz de Ugarte , Guerra eterna, 25/03/21) 

El exdiputado Del Burgo asegura que Aznar autorizó el pago de “compensaciones económicas”

 "El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha asegurado este martes que el expresidente del partido y del Gobierno, José María Aznar, autorizó el pago de una “compensación económica” para un compañero de la formación. 

Del Burgo y también el exdiputado Eugenio Nasarre han confirmado la veracidad de varios apuntes de los papeles de Bárcenas sobre la caja b, aunque ambos han negado su existencia, en el juicio por el pago con dinero negro de una parte de las obras de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. 

El ex secretario general del partido, Javier Arenas, ha negado haber recibido sobresueldos ni haber conocido la existencia de la caja b. Arenas ha señalado al extesorero, ya fallecido, Álvaro Lapuerta, como responsable. (...)"                 (El País, 23/03/21)

Juicio de la caja B o cómo Aznar nombró al recaudador de las mordidas... la “tangentópolis” mafiosa descrita por el ya condenado Bárcenas tocaría directamente a Aznar, un tipo que, en efecto, se acabó forrando...

 "Empieza en la Audiencia Nacional el juicio por la “caja B” del PP, un instrumento mafioso que, salvando las distancias de los fines y los métodos, llegó a ser tan famoso como el “impuesto revolucionario” de ETA y superó en nombradía al “tres por cent” de Jordi Pujol y familia. 

 Las sesiones judiciales llegan aderezadas por las nuevas declaraciones escritas del principal acusado, el extesorero del partido, Luis Bárcenas, quien revela “donaciones finalistas” y afirma que él no inventó nada, ya que la caja B, la sobre-financiación ilegal de la que se nutrían los sobresueldos de los principales prebostes del principal venía de atrás, de la jefatura de José María Aznar López y de su padre político Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse.

Sobre la popularidad de la caja B, recuerda el observador que estando un día por la mañana tomando un café a la vera del Segura en la agrícola (y artística) localidad de Rojales (Alicante), vio venir a una cuadrilla de ciclistas.

 Pasaron ante él como una exhalación. No supo si admirar más la calidad de sus magníficas monturas o la fuerza de aquellos jubilados ingleses. Pasó tras ellos un viejo huertano con pedaleo pausado en su sencilla bicicleta de un solo piñón. Delante llevaba una cesta metálica y detrás, atado al portabultos, un cajón de madera en el que había escrito con letras mayúsculas, bien grandes, “caja B”.

 Cuando Felipe González Márquez montó una tabernilla en un sótano de la Moncloa, miles de españoles le secundaron para tener su propia tabernilla; cuando Aznar armó su pista de pádel en la Moncloa, miles de españoles quisieron tener su propia cancha. ¿Por qué si el PP de Rajoy tenía una caja B no iba a tener la suya un hortelano? Aunque esos tipos no lo crean, la política es también un magisterio. Y mucho convendría a nuestro país que quienes a ella se entregan dieran buen ejemplo siempre y en todo lugar.

Al margen de observaciones y admoniciones, es lo cierto que los ocho folios de información de su propia experiencia, remitidos por el condenado Bárcenas al fiscal que ejerce la acusación pública en el juicio por la financiación ilegal del PP, Antonio Romeral, ha debido poner los pelos como escarpias a Rajoy Brey –el único presidente censurado en el Parlamento y desalojado por corrupción-- y al belicoso Aznar López, quien, periclitado Rajoy, ha recuperado, junto con la lideresa Esperanza Aguirre Gil de Biezma, su preponderancia sobre el actual presidente del PP, Pablo Casado Blanco.

Afirma Bárcenas que la caja B viene de atrás, de cuando Fraga y Rosendo Naseiro mandaban en Alianza Popular. Los usos de pedir dinero (“naseirines” llamaban a los donativos) estaban muy extendidos aun cuando los partidos políticos ya contaban con financiación pública con cargo a los Presupuestos del Estado. Mas “la democracia es muy cara”, decían. Un juez de Valencia se topó con el “caso Naseiro” cuando investigaba una trama de tráfico de drogas. Pero como las escuchas policiales eran para descubrir a los narcos, no para destapar la “tangentópolis” de AP, la instrucción fue anulada sin más por los altos señores de negro con puñetas.

 En aquellos primeros años ochenta, Aznar, que se había librado con trampas del servicio militar obligatorio (“puta mili” le llamaban) y, con la inestimable ayuda de Ana Botella, había aprobado la oposición de inspector de Hacienda, fungía en Logroño, donde, coma afiliado a la AP de Fraga y repleto de inquietudes políticas, conoció a Álvaro Lapuerta Quintero y descubrió que el “amor a España” y “la voluntad de servicio” (se decía así) eran un negocio estupendo.

Era aquel don Álvaro un tipo voluminoso, de apreciable envergadura y rostro de morrosco, pero no se dedicaba al boxeo, sino a la política. Dueño del periódico La Rioja (en el que invitó a colaborar a Aznar) e hijo del fundador de Campsa, había sido procurador de las Cortes franquistas y ejercía como factotum y diputado de AP. Y eso que se negó a votar 'sí' a la Constitución junto con otros siete franquistas (la mitad del grupo de Fraga). Lapuerta, Licinio de la Fuente y Modesto Piñeiro se abstuvieron en el pleno previo al referendo de 1978.

 Los métodos recaudatorios de aquel Lapuerta eran expeditivos, no admitían disculpas ni tío páseme el río. Los empresarios temblaban. En cuanto se convocaban las elecciones aparecía aquel hombre por la empresa, depositaba un maletín con un único documento: un papel con la cantidad que el donante debía depositar. La hija del constructor García se quejaba: “Ya está aquí ese tío que sablea a mi padre”. Pero García depositaba los tres millones de pesetas que le pedía. Su constructora trabajaba mucho, cada vez más; obtenía contratas y subcontratas públicas. Con el tiempo llegó a edificar un hospital en la Comunidad de Madrid, saltó fronteras y, entre otras obras, realizó aparcamientos subterráneos en Bagdad (Iraq) con el régimen de Sadam Husein.

Cuando Fraga, harto de perder elecciones con sus fórmulas de coalición derechista, decidió fundar el Partido Popular (PP) y echarse a un lado (año 1989), enseguida vieron que el nuevo dirigente, el letrado extremeño Antonio Hernández Mancha, quien ganó el congreso del partido frente al notable parlamentario Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, era demasiado flexible, incluso “rojillo” para la derechona, y lo sustituyeron por Aznar. Era el año capicúa de 1991 y el primer cometido de puertas adentro del nuevo dirigente consistió en renovar el partido. Contó para esa tarea con la inestimable ayuda de Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas Bocanegra y del propio Rajoy.

Pero en aquella tarea renovadora de desalojar a los veteranos “gerentes”, auténticos prebostes del partido, fuertemente enraizados, Aznar impuso alguna excepción. ¿Cómo iba a dar puerta a Lapuerta, un tipo tan rentable? De ninguna manera. Lejos de “renovarle” le nombró gerente nacional en sustitución de Naseiro y tesorero del PP en 1993. Para ganar al PSOE de González, se necesitaba mucho dinero. Aznar lo logró en 1996 por 300.000 votos y se convirtió en jefe del Gobierno gracias al respaldo de Pujol.

Las mordidas para el partido se convirtieron en un método habitual, como ahora revela Bárcenas en calidad de ayudante de don Álvaro, al que sustituyó en 2008 como tesorero por designación de Rajoy, cuando aquel comenzó a acusar los achaques de la edad. Cambió el hombre, pero no los métodos. De hecho, en su última deposición (ocho folios), ese Bárcenas da entender que lo suyo era obediencia debida (y ciega) al mando que ejercían Aznar y Rajoy, sucesivamente, con sus respectivos equipos políticos.

La novedad más apreciable del hasta ahora último testimonio del extesorero Bárcenas consiste en “los donativos finalistas”, es decir, que para obtener contratas, concesiones de servicios, recalificaciones de suelo y reformados de obras públicas al alza había que pasar por la caja B de Génova 13. Como eran los tiempos de la grandes privatizaciones para reducir el déficit público y entrar en la moneda única europea, el euro, aquel sistema mafioso de mordidas sine qua non debió considerarse “pecata minuta”.

Se alcanzó así una salud excelente en las cuentas del PP, en contraste con las demás formaciones políticas, que sólo acumulaban deudas. Se comenzó a hablar de la “corrupción sistémica”, es decir, de la proporción desmesurada del sistema de corrupción que en poco o nada desmerecía al implantado por la Democracia Cristiana en Italia, donde la exigencia de catarsis liquidó a la principal formación política de la derecha y, de paso, ultimó al PS de Betrino Craxi. Aquí ni catarsis ni bayetas, sino cuentas en Suiza y sociedades mercantiles secretas en Panamá.

 Aunque la actual dirección del PP sostiene que eso de la caja B es cosa del pasado, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha dirigido al tribunal para que, sin interferir en el juicio, le dé fecha y hora con el fin de citar a Bárcenas para que ratifique su denuncia. En ese caso, la responsabilidad penal por la financiación ilegal mediante la “tangentópolis” mafiosa descrita por el ya condenado (con extensión a su esposa encarcelada) tocaría directamente a Aznar, un tipo que, en efecto, se acabó forrando.  

Cierto que eran otros tiempos, un tiempo en el que algunos podían preguntarse: ¿si hasta el rey (ahora el emérito) cobraba mordidas y tenía su caja B, por qué yo no? La dificultad para hacer justicia estriba además en que el cobrador nombrado por Aznar ha muerto. Don Álvaro falleció el 2 de junio de 2018 y entonces será la palabra de Bárcenas contra la de sus superiores."                 (Luis díez, cuarto Poder, 08/02/21)

Bárcenas apunta al cohecho en la era de Aznar y a la caja b que usó Aguirre

 "Luis Bárcenas ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel, apunta que pudieron existir contratos amañados a favor de empresarios que donaban dinero al PP. 

Además, entre la documentación que le sustrajeron durante la operación policial Kitchen, figuraban presupuestos del PP de Madrid que demostrarían supuestamente la financiación ilegal de las campañas electorales de Esperanza Aguirre.

El caso Púnica investiga distintas ramas de corrupción en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Tres expresidentes regionales —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están imputados. La investigación que les afecta reúne algunos indicios de la supuesta financiación ilegal que alimentó las campañas electorales de Aguirre, quien ganó por mayoría absoluta en los comicios de 2003, 2007 y 2011.

El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas conservaba en su poder numerosa documentación madrileña que incluía cheques, extractos bancarios y otros documentos contables que supuestamente demostrarían los excesos de gasto electoral del PP de Aguirre para los comicios autonómicos. Ese exceso de gastos fue ocultado al Tribunal de Cuentas, según se comprueba al comparar las cifras recogidas en la documentación que conservaba Bárcenas y la remitida al organismo fiscalizador por el PP de la Comunidad de Madrid.

Bárcenas le ha confesado ahora a la Fiscalía Anticorrupción que entre los documentos que le fueron sustraídos por los policías de la Operación Kitchen —el espionaje ilegal a la familia del extesorero pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior— había algunos “muy sensibles hacía el Partido Popular”. Entre esos documentos, según explican a EL PAÍS fuentes del entorno de Bárcenas, se encontraba la contabilidad electoral del PP de Aguirre.

La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los documentos que guardaba Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones. El testimonio de Bárcenas en esa causa puede apuntalar los indicios que ya ha acumulado la investigación sobre una financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con otra confesión del ex tesorero.

Luis Bárcenas sostiene en el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicación de contratos públicos a empresarios a cambio de donaciones. El extesorero había mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios.

Ese dinero, repetía Bárcenas cada vez que le preguntaban, no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP. El extesorero tan sólo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso de adjudicación de contratos.

La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.

Rafael Palencia es un empresario que visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas, según numerosas pruebas en poder de la Audiencia. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones. El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen 23 contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de donantes del PP.

Contratos multimillonarios de la administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes del PP, con nueve aportaciones de fondos en distintos años según los papeles de Bárcenas. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.

El juez Pedraz ha solicitado ahora “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.

Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas."              (José Manuel Romero, El País, 05/02/21)

El Gobierno de Aznar, investigado por la UDEF por la 'Caja B' del PP

 "La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la 'Caja B' del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004.

En un informe policial de 24 de noviembre adelantado por El País se indica que "con el fin de concretar" los indicios que se tienen propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de ADIF, Aena y de Renfe (entre otros) para "allegar elementos indiciarios sobre el objeto" de la investigación.

 Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.

En su informe la UDEF señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa.

Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".

El empresario, propietario de la Constructora Hispánica, señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.

La sentencia de la Época I de Gürtel

La UDEF cita a colación la sentencia de la Época I de Gürtel en al que en los 'Fundamentos de Derecho' se explica que "Francisco Correa reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que les pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior".

Asimismo, recuerdan que en la declaración efectuada por Bárcenas, éste reconoció que Alfonso García Pozuelo entregó cantidades de dinero a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional del PP en ocasiones en su presencia que se anotaban en una contabilidad extraoficial que llevaban ambos a efectos de control interno. "Alfonso García Pozuelo fue condenado por delito de cohecho continuado", recuerda la UDEF en su informe de 42 páginas.

Y ponen el foco además en que el constructor tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señalan que entre 1998 y 2006 se registran en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importes que oscilan entre los 12.020 euros y 60.000 euros.

 Coincidiendo con esto, la entidad Constructora Hispánica en el periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2009 "obtuvo del conjunto de las Administraciones Públicas cuando eran gobernadas por dicha formación política adjudicaciones de obras ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad", dice la UDEF, para luego añadir que "es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas -de donativos al PP- y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".                 (Público, 30/11/20

“Todo desembocaba en el despacho de Marino Rajoy, tanto cuando estaba en Génova como en Moncloa”. “Es imposible que no lo supiera”.

"(...) Explicó Ramírez que no se planteó su encuentro con Bárcenas, a priori, como “una entrevista formal”; que acudió “con cierto escepticismo”, a instancias “de una tercera persona”, creyendo que el ex tesorero iba a limitarse a declamar “un relato exculpatorio de sus responsabilidades”. No hubo grabación ni notas. 

Pero, “ante su creciente interés y asombro”, se encontró, dijo, con “el modus operandi de lo que inequívocamente fue apareciendo ante mi capacidad de discernimiento como una máquina de delinquir instalada en la sede central del primer partido político de este país”.

 Inmediatamente salió de allí y fue a su casa a anotar todo lo que pudo sobre aquella conversación, que terminó publicando bajo el titular Cuatro horas con Bárcenas (¿porque creyó que le quedaba una hora a Bárcenas para ser el muerto de Miguel Delibes?).

Dijo Ramírez que creyó a Bárcenas porque había detalles que “coincidían exactamente” con lo que uno de los presuntos donantes de esa caja B –constructor cuyo nombre no podía desvelar, pero que figura en el proceso judicial– había contado previamente a su vicedirector en El Mundo. 

 Y recordó Ramírez lo que Bárcenas le contó: que “durante veinte años” se habían recibido donativos en el Partido Popular de parte de grandes empresas; que Álvaro Lapuerta y el propio Bárcenas contaban los billetes allí mismo, en el despacho de Génova, tras lo cual sucedía invariablemente una llamada de Lapuerta al dirigente de turno (“ministro, consejero, alcalde...”) para corresponder en consecuencia a la generosa donación, en forma de lo que quiera que el donante necesitara en ese momento. 

La fórmula de Lapuerta era: “Sólo te pido que seas amable y te tomes un café con él”. Y entonces el consejero (por ejemplo) se tomaba un café con el constructor (por ejemplo); y le pagaba el café, y era amable con él (para adjudicarle una contrata a cuenta del erario público, por ejemplo).  

Contó Ramírez, zumbón, que le había producido “un impacto entre lo literario y lo inverosímil” que Lapuerta fuera apuntando en una tarjeta de visitas minúscula, “sobada y ajada”, las cantidades y los nombres de las donaciones; “quizás sea una grandilocuencia hablar de la banalidad del mal”, dijo, mientras a algunos diputados pedían al ujier un diccionario y un ibuprofeno, “pero es un detalle que no puede dejar indiferente”.

 Más detalle, en realidad, es el hecho de que Lapuerta y Bárcenas lo apuntaran todo de manera paralela, cada uno en su sitio; no tanto por seguridad como por no fiarse el uno del otro: mirándose de reojo, mientras anotaban, los dos compadres.   

Artemi Rallo, del PSOE, preguntó a Ramírez tras el largo introito de éste “quién sería entonces el nuevo señor equis” de aquella ecuación, el sujeto incognito que moviera los hilos de todo aquel entramado delincuente desde el vértice de la pirámide, lo cual hizo su gracia al interpelado (que le preguntara eso ahora un diputado del PSOE, por aquello de cuando el primer señor equis, Felipe González: los del PSOE no parecían tan divertidos). “Todo desembocaba en el despacho de Marino Rajoy”, respondió el periodista; “tanto cuando estaba en Génova como en Moncloa”. “Es imposible que no lo supiera”.    (...)

El ex director de El Mundo explicó en algún momento que tuvo la sensación de que Bárcenas y su familia se habían sentido “traicionados por una persona a la que consideraban haber servido durante muchos años, que les había protegido, y que había dejado de protegerles”. 

 “Yo era parte de esa familia y el padrino me ha dejado tirado”, fue la frase con la que Pedro J. quiso resumir la sensación que traslucía Bárcenas en la cárcel. Dijo que “los hijos de unos salían con los hijos de otros”. 

La misma familia de Bárcenas habría dado a Ramírez ocho “pruebas e indicios” que respaldarían los “episodios” (trece en concreto) en los que, según el relato de Bárcenas, Rajoy estaría claramente vinculado con la caja B del partido. (...)

“Si se mueve como un pato, y canta (¿?) como un pato..., lo más probable es que sea un pato”, había dicho el periodista para respaldar su tesis de que es “imposible” que Rajoy no supiera nada de lo que sucedía en su partido, al igual que Oriol Junqueras, añadió; al igual que Felipe González. 

La cuestión es que, con similar capacidad de discernimiento, podría considerarse igual de imposible que, en los veinte años (veinte) que estuvo operando esa maquinaria delictiva, el presidente del Partido Popular anterior a Rajoy no supiera qué sucedía en sus despachos. 

Ni una sola mención a José María Aznar en toda la comparecencia, sin embargo (sí a Soraya Sáenz de Santamaría, a quien calificó como “la coordinadora” de la maniobra que le acabaría apartando de la dirección de El Mundo.

 También regaló una frase supuestamente dicha por el difunto Emilio Botín: “El Gobierno me ha pedido que nos carguemos a Pedrojota”, y contó cómo le estuvieron siguiendo personajes sin identificar en motocicleta).   (...)"            (Miguel Ángel Ortega Lucas  , CTXT, 24/01/18)

Bárcenas denuncia que el PP tuvo caja B con Manuel Fraga, Aznar y Rajoy. Quién recibía personalmente 'donativos importantes'

 "El escrito de la defensa de Luis Bárcenas en el caso de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, revela que  Alianza Popular y su sucesor el Partido Popular crearon un "sistema de financiación perfectamente institucionalizado". Un sistema "al margen de la legalidad históricamente".

El extesorero del PP aporta un relato "fáctico" de alrededor de 20 páginas dentro del escrito en el que denuncia que Fraga, Aznar y Rajoy ingresaron donativos de empresas en negro y a través de los secretarios generales, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal dieron las instrucciones para adjudicar el dinero en complementos salariales ("sobresueldos") y otros gastos, entre ellos las obras de la sede de la calle Génova de Madrid. 

La defensa aporta como documento nuevo tres trasferencias firmadas por Álvarez-Cascos con destino al PP de Galicia en 1990. Estas transferencias rubricadas por Cascos vendrán acompañadas, adelanta la defensa, por pruebas caligráficas. 

Al publicar este periódico la contabilidad B, Cascos negó la veracidad de la anotación de Bárcenas. En los papeles figura así: "15.000.000 de Paco en diciembre de 1990, y 10.000.000 de Pepe Cuiña Galicia en noviembre de 1990". Siempre son cantidades en pesetas.

Dice el escrito de defensa: "El primero de ellos se correspondería con las transferencias posteriormente enviadas a Galicia el día 18.12.1990 por importe de 5 y 10 millones respectivamente. Y el segundo con una transferencia enviada el 6.11.1990  por importe de 10 millones de pesetas. Ambas transferencias firmadas por el sr. Álvarez-Cascos".

El extesorero relata como Aznar dio orden  de crear sociedades instrumentales para captar el dinero opaco que le entregaban las empresas y, después ordenó liquidar esas mismas sociedades, una operación que fue confiada al bufete asesor del PP regentado por Miguel Blesa, compañero de estudios de Aznar que más tarde, en 1996, fue nombrado presidente de Caja Madrid.

El extesorero explica que la participación de los presidentes y secretarios generales en la captación de donativos ilegales daban lugar a lo que él luego trasladaba a los papales para llevar un registro.

"Las anotaciones que se plasman en los papeles que figuran en la causa judicial [los Papeles]: "de Cascos", "de Paco", "por indicación de Paco", "por indicación de J.M", ", encargo José M", "por indicación Álvaro"...indican sin ningún género de dudas que estas personas entregan dinero para la Caja del PP y daban las oportunas instrucciones y directrices sobre su uso y destino".

El escrito aporta un documento de Pedro Arriola y entregad por Bárcenas en ju8lio de 2013 donde el gurú del PP pide que se le pague una parte de los emolumentos en "negras", es decir en dinero negro,

El escrito aclara que Álvarez-Cascos dio las instrucciones en 1996m, cuando el PP llegó al Gobierno de España, de pagar los complementos de sueldos (sobresueldos).

En el sistema no se salva nadie. Todos los presidentes y todos los secretarios generales.

Bárcenas ironiza. Si me acusan de pertenecer a una organización criminal cómo puedo ser yo esa organización. El PP, viene a decir, sería esa organización criminal o asociación ilícita.

Mal día para digerir este escrito, después que Rajoy invitase ayer a una cena al rey emérito Juan Carlos, a Aznar, González y Zapatero. 

Luis Bárcenas apunta con el dedo a dos de ellos: a Aznar y a Rajoy por orden de aparición."           (Ernesto Ekaizer, El País, 02/07/2015)

"El extesorero del PP Luis Bárcenas ha revelado que el PP se lleva financiando ilegalmente desde el año 1982 y ha implicado en este asunto a Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy.

 El exsenador popular ha hecho esta afirmación en su escrito de defensa que ha presentado en la Audiencia Nacional en el caso que se conoce como los papeles de Bárcenas. 

La caja B del PP “era un sistema de financiación perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo” y al exgerente y extesorero del partido solo le correspondió la “función de mero amanuense”, aseguran sus abogados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante en el escrito de defensa que han presentado después de que el juez José de la Mata dictara apertura de juicio oral contra él y otros cinco imputados en relación con la caja B del PP y el pago en negro de la reforma de la sede del partido, hechos por los que el PP ha sido considerado responsable civil subsidiario.

Según sus abogados, Bárcenas “se limitaba” a anotar en sus famosos papeles contables los ingresos y los pagos que le eran comunicados por su antecesor Álvaro Lapuerta cuando él era gerente y “eran las propias personas responsables de la dirección y gestión del Partido Popular quienes conseguían los donativos y decidían en qué se empleaban”.

“La gestión económica del Partido Popular (que comprendía necesariamente las aportaciones procedentes de donativos en la forma anotada por el Sr. Bárcenas), se llevó siempre por la Dirección del Partido Popular tal y como se acredita con las propias declaraciones o manifestaciones” del exsecretario general del PP Ángel Acebes en los Congresos Generales en los que se atribuía la responsabilidad y el mérito de la gestión económica del Partido junto al entonces tesorero Álvaro Lapuerta.

Este sistema se estableció en 1982 con el fundador del PP Manuel Fraga y se ha prolongado con los demás presidentes del partido Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy, sostiene el escrito.

“Los Secretarios Generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y el nombre de los donantes por el Tesorero nacional. En el escaso periodo de tiempo que D. Luis Bárcenas fue tesorero (junio 2008 a 2009) reportó con ese mismo criterio a las dos personas de las que dependía jerárquicamente el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal”, aseguran los abogados.

Entre otras cosas, Bárcenas denuncia la creación de hasta siete sociedades, con diferentes Gobiernos del PP, que se crearon para facturar los donativos de forma irregular y pone especial énfasis en el Gobierno de Aznar, cuando era tesorero Rosendo Naseiro, que ingresaba en una caja B el dinero en efectivo de las donaciones.

 El escrito señala que “el dinero efectivo que quedó como remanente en dicha caja cuando Naseiro dejó la tesorería constituye el primer apunte de los denominados papeles de Bárcenas”. Cuando Naseiro dejó su puesto, Aznar dio la instucción a Álvarez-Cascos de que se liquidasen las sociedades creadas, de lo que se encargó el despacho de Miguel Blesa.  (...)"     (República de las ideas, 02/07/2015)


"(...)  Desde que Luis Bárcenas reconociera en junio de 2013 ante el juez Pablo Ruz que era el autor material de los papeles en los que se llevaba una contabilidad paralela, el extesorero ha mantenido que no es responsable directo de la caja b del PP sino que tan solo obedecía órdenes y que el sistema de financiación ilegal, conocido por todos los que fueron presidentes y secretarios generales del PP, existía antes incluso de la fundación del partido, con la formación de Alianza Popular que dirigía Manuel Fraga, y continuó hasta 2009, cuando estalló el escándalo. Para demostrar estos hechos, Bárcenas llegó a declarar ante el juez Pablo Ruz que en el PP existían empresas tapaderas que él mismo tuvo que disolver y aportó documentación sobre estas circunstancias. El magistrado consideró que estos hechos, ocurridos hace más de 20 años, estaban prescritos.

La caja b afecta, según Bárcenas, desde la época del fundador, el fallecido Manuel Fraga. En esos años, “Alianza Popular venía utilizando distintas sociedades, Sipsa, Opisa, Hermógenes, Hernández Carretero, constituidas por las máximas instancias del partido que se utilizaban para recibir ingresos por donativos”.

 Estas empresas, recuerda Bárcenas, fueron constituidas por la dirección del partido y fueron disueltas por el entonces tesorero Ángel Sanchis. Bárcenas apunta en su escrito que entre 1982 y 1986, los donativos a AP “eran recibidos fundamentalmente” por Fraga, que llevaba “directamente” la relación con la patronal CEOE.

Entre 1987 y 1988, durante la presidencia de Antonio Hernández Mancha, Bárcenas sostiene que el entonces secretario general, Arturo García Tizón, “abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en la cual se ingresaban donativos, disponiéndose de los fondos, sin integrar dicha cuenta en la Contabilidad de Alianza Popular”.

Entre 1989 y 1990, Bárcenas acusa a José María Aznar y al exsecretario general, Francisco Álvarez Cascos, de recibir las donaciones. Posteriormente se las daban al tesorero, Rosendo Naseiro, quien, además, “gestionaba con empresarios aportaciones para el Partido”. Bárcenas recuerda que Naseiro constituyó tres sociedades “para facturar a empresas que aportasen donativos”.

Asimismo, afirma Bárcenas, Naseiro “empezó a ingresar en una caja ajena a la contabilidad oficial los donativos que recibía en efectivo. El efectivo remanente de dicha caja cuando el Sr. Naseiro deja la Tesorería, constituye el primer apunte de los denominados “papeles de Bárcenas”.

Al abandonar Naseiro la tesorería, tras ser imputado por la financiación ilegal del PP en 1990, Aznar da la orden de liquidar las sociedades instrumentales, labor de la que se encarga el despacho de Miguel Blesa, amigo de Aznar en su época de las oposiciones a inspector de hacienda y posterior presidente de Caja Madrid.

En abril del año pasado declaró que tras la detención del extesorero Rosendo Naseiro, en 1990, recibió los ocho millones de pesetas (48.000 euros) que constan en el primer asiento de la contabilidad paralela. Según él, el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, hoy al frente de Foro Asturias, le ordenó guardar el dinero negro como hasta entonces.

Bárcenas sigue en su escrito la línea habitual de desvincular a Aznar de la gestión directa de los donativos a partir de 1990. Entonces los fondos los recibían, según él, los secretarios generales y en algunos casos el tesorero Álvaro Lapuerta.

 Entre 1996 y 2004, Bárcenas detalla que el secretario general Javier Arenas “ponía a los donantes en contacto” con Lapuerta. “De hecho es durante el mandato como Secretario General de D. Javier Arenas cuando distintos empresarios andaluces comienzan a donar fondos a la Sede Central del Partido”, afirma Bárcenas.

Sin embargo, Bárcenas no tiene el mismo miramiento con el actual presidente del partido. Según su escrito, entre 2004 y 2008, la consecución de los donativos la hacía Lapuerta, “salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente”, Mariano Rajoy. Por último, desde junio 2008 a julio de 2009, época en la que Bárcenas accede al cargo de tesorero “disminuyen notablemente los donativos de empresarios que venían ayudando al Partido Popular”, asegura.

Ya en junio de 2013, a preguntas reiteradas del juez Ruz, Bárcenas había asegurado que todos los presidentes y todos los secretarios generales del PP, en las sucesivas etapas, conocían que había donaciones en efectivo por encima de los límites legales."      ( Fernando J. Pérez  , El País, Madrid 2 JUL 2015)