La pieza clave de la macrocausa contra la corrupción en Galicia, el caso Pokémon, se desinfla con penas menores

 "Fue un verdadero terremoto político y social con epicentro en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo. En el año 2011, en plena crisis económica internacional y cuando los recortes presupuestarios amenazaban las cuentas públicas a todos los niveles y el paro seguía disparado, la jueza Pilar de Lara lanzaba la llamada operación Pokémon.

El nombre de la operación vino dado por uno de los lemas del manga y videojuego japonés: "¡Hazte con todos!". Esa sería la intención de las empresas del grupo empresarial Véndex sobre contratos públicos con ayuntamientos gallegos de todo signo político, a los que en aquellos años de crisis e indignación social la instrucción de la jueza De Lara retrató como administraciones propicias para la corrupción, desde las alcaldías a los despachos del funcionariado. 

 Ha pasado ya casi media década y media. Y más de cuatro años desde que Pilar de Lara perdió su plaza en Lugo –actualmente ejerce en Ponferrada– a consecuencia de la sanción que le impuso el Poder Judicial por retrasar y acumular macrocausas. La principal de ellas era precisamente Pokémon, con sus incontables ramas que convulsionaron la política gallega. La considerada pieza principal o central, la que dio origen de uno o de otro modo a las demás, quedó resuelta finalmente a finales de junio con condenas relativamente menores pactadas con los acusados y escaso eco más allá de Lugo.

La pieza en cuestión fue la que enjuició la concesión ilegal del servicio de la grúa municipal del Ayuntamiento de Lugo en el año 2005 a la empresa asturiana Cechalva a través de un concurso público que, según quedó acreditado en el procedimiento, estaba amañado. El entonces concejal socialista y teniente de la alcaldía, Francisco Fernández Liñares era la pieza clave de la operación. Junto a él, un funcionario y un empresario lucense que contrataba habitualmente con el consistorio; ambos pasaron a ser copropietarios de Cechalva hasta controlar el 50% de la compañía y guiarla por un proceso hecho a medida. 

Siempre según el relato de hechos probados incluido en la sentencia y aceptado por los condenados mediante conformidad, la contrapartida por el concurso amañado era "abonar en efectivo a cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento como gratificación por la adjudicación del servicio". El funcionario implicado, Javier R., mantenía que "irían destinados al alcalde de Lugo", entonces el socialista Xosé López Orozco, pero "realmente, las cantidades iban destinadas" a Liñares. 

"Para tener dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos y poder repartir entre ellos otras cantidades de dinero", continúa la sentencia, desde que Cechalva comenzó a operar en Lugo "diseñó y ejecutó" un sistema con "dos contabilidades diferentes". Una caja b basada en facturas falsas de múltiples empresas de la ciudad. Así sucedió hasta el año 2012.

En el caso de los pagos de 2.000 euros mensuales, indica el fallo judicial, fueron realizados desde 2006 y hasta julio de 2010. En total, 110.000 euros destinados a entregarse a Liñares "sin que exista constancia de que una parte de esa cantidad estuviera destinada a otras personas diferentes" –Orozco fue exonerado en este procedimiento en el final de la instrucción, como en todos los demás que le afectaban–. Además, "no puede descartarse" que el funcionario encargado del transporte del dinero no se "apropiara" cuando menos "de una parte".

Por todos estos hechos, las condenas pactadas alcanzan a once personas y dos empresas (Cechalva y Sanle). Las encabeza Liñares, actualmente en prisión por la condena que ya recibió en otra causa, considerado culpable de violación de secretos (seis meses de prisión), cohecho (un año), prevaricación (inhabilitación por dos años) y blanqueo (un año de prisión y multa de 75.000 euros). Según explicó su abogado a la prensa, esta condena no implicará que pase más tiempo en la cárcel.

El resto de condenas acordadas tampoco implicarán nuevas entradas en la cárcel. Entre otras razones, esto sucede porque "concurre respecto de todos los acusados la circunstancia atenuante por dilación extraordinaria del procedimiento", en su vertiente "muy cualificada", dada la enorme extensión del caso, durante más de una década.

Todo esto sucede después de que, como ya fue quedando acreditado en otras piezas de la operación, las mismas inconcreciones y dilaciones de la instrucción judicial propiciaron la exoneración de la empresa señalada como centro de la trama, Véndex. Del mismo modo, la enorme extensión de las pesquisas lanzadas por De Lara dio lugar a que uno de los señalados como líder de la trama en su parte empresarial, Gervasio R., se volviera ininputable por razones de salud."                  (David Lombao, InfoLibre, 08/07/24)

La Audiencia Nacional propone juzgar a un ex director general de Feijóo por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales... estuvo al mando de fondos europeos

 "El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, habría cometido supuestamente un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros. 

La investigación sitúa a José Norberto Uzal como número dos de la trama delictiva y resume su papel como el del "gestor de todo el negocio". 

Uzal es un viejo conocido de la política gallega, en la que llegó a ostentar el cargo de director xeral de Administración Local de la Xunta entre 2009 y 2013, durante parte de los dos primeros gobiernos de Feijóo. Posteriormente fue concejal del Partido Popular en la localidad coruñesa de Rianxo, cargo del que dimitió para incorporarse a la organización por cuyas actividades le persigue ahora la justicia.

Según el auto que da por concluida la investigación, se da por acreditada la existencia de una organización constituida en torno a la mercantil Hafesa Energía, “que ejerce su actividad en el sector de hidrocarburos, dirigida por su presidente y socio único, Alejandro Hamlyn, que valiéndose del apoyo del director general, José Norberto Uzal, ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles”. 

 Los encausados -continúa la resolución- crearon toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, servían al único propósito de llevar a efecto un fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grava el comercio de hidrocarburos, interponiéndolas entre su posición y el consumidor final. Dicho de otro modo, las 20 personas que la Audiencia Nacional propone para juicio se dedicaban a la venta de hidrocarburos a gran escala y se quedaban con los impuestos que pagaba el consumidor final. Llegaron a defraudar, según el juez, más de 154 millones de euros.

La investigación de la Audiencia Nacional se centra también en la labor blanqueadora del grupo en el que Uzal operaba como lugarteniente. Les acusa de usar la compra de criptomonedas para lavar el dinero defraudado, realizar transferencias opacas a cuentas en el extranjero y adquirir vehículos de alta gama y joyas con el mismo fin de ocultar los beneficios obtenidos de modo presuntamente fraudulento.

Sus tiempos con Feijóo al mando de fondos europeos

El currículum de Norberto Uzal tiene un punto destacado en su paso por la Xunta, a la que llegó en 2009 de la mano de Alfonso Rueda, actual vicepresidente primero de Alberto Núñez Feijóo. El cargo que se le encomendó fue el de director xeral de Administración Local. Sobre las funciones de ese cargo, la web de la administración gallega aclara que son las siguientes: La Dirección Xeral de Administración Local se dedica a colaborar con los ayuntamientos para convocar y ejecutar subvenciones y para gestionar programas financiados por la Unión Europea.

El nombramiento de Uzal para el primer gobierno de Feijóo ya estuvo marcado por la polémica en su momento, al proceder este del ámbito de la ultraderecha. En 1994 fue candidato de Falange a las elecciones europeas. Sobre sus nuevos problemas con la justicia por ahora en el Gobierno de Feijóo guardan silencio."                    (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 07/06/21)

La sustituta de Lara zanja en 2 meses 7 años de investigación por corrupción en Santiago

"Siete años de investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Santiago han tardado exactamente dos meses en recibir carpetazo. Es el tiempo transcurrido desde que el caso, que instruyó la juez de Lugo Pilar de Lara, recayera como pieza separada en los juzgados de la capital gallega.

Allí, la magistrada Ana López Suevos ha decretado el archivo de la causa, en un auto en el que critica con dureza la instrucción de De Lara, inhabilitada desde el 31 de enero precisamente por la demora en la instrucción de distintos sumarios.

El caso Pokemon afecta al mandato del alcalde Gerardo Conde Roa, del PP, que gobernó Santiago entre junio de 2011 y abril del 2012. Aborda cuestiones como un concurso de ayuda en el hogar, regalos a autoridades, la licitación de la ORA y la grúa y la retirada de sanciones a vehículos en Santiago, así como los concursos de limpieza en varios institutos y en la propia casa consistorial, entre otras.

De Lara abrió la causa como consecuencia de las investigaciones generales de la Operación Carioca, iniciada en 2011. Pocos días antes de que se consumara la sanción a De Lara, auténtico látigo desde su juzgado número 1 de Lugo de políticos de distinto signo durante la última década, la Fiscalía de Lugo propuso que el sumario se repartiera entre los distintos ayuntamientos afectados, iniciativa que fue respaldada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en un auto firmado el pasado 23 de abril. Su titular deja sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a los 11 investigados, entre ellos el exalcalde Conde Roa, junto a varios concejales y funcionarios municipales, en un auto en el que sostiene que le resulta imposible “determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuye a cada uno de los sospechosos” o “conocer la línea de investigación” llevada a cabo en Lugo.

La magistrada santiaguesa recuerda en su auto que ya en mayo de 2018 había recibido la causa, después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, que el pasado mes de febrero le fue atribuido por el alto tribunal gallego.

López Suevos explica que durante los cuatro años transcurridos desde que se decretó la inhibición, en Lugo se continuaron practicando diligencias. Por ello, considera que su juzgado “se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados”.

La juez insiste en que procesalmente “se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación”, pues sostiene que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo. También resalta que a los denunciados se les causó una “total indefensión”, ya que estuvieron sometidos “a medidas preventivas que restringieron su libertad personal”.

 La magistrada afirma que se les ocasionó “incertidumbre y angustia”, “por encontrarse inmersos en un proceso judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos delictivos se les atribuyen a cada uno de ellos”.

En la pieza santiaguesa de la Pokemon, De Lara apuntaba a una presunta financiación irregular del PP de la capital gallega en el año 2011, cuando logró a la alcaldía. Gerardo Conde Roa, su sucesor, Ángel Currás, y el que fuera concejal de Seguridad, Albino Vázquez, eran cuestionados por la juez de Lugo por el origen de casi 27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi en su totalidad durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara citó como investigados a los 11 implicados en el caso, aunque no llegó a atribuirles ningún delito en concreto.

Conde Roa no dimitió como alcalde de Santiago por la Pokemon, sino por una condena por fraude fiscal de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Fue sustituido por Ángel Currás, que abandonó la alcaldía dos años después por su implicación en el caso ahora archivado y en otro de supuesto acoso a un policía local. La condena colectiva de otros siete concejales del PP en aquella corporación obligó a dejar la alcaldía en manos del entonces conselleiro de la Xunta de Feijóo Agustín Hernández, que se había presentado en el puesto número 25 de la candidatura.

Después de instruir durante 12 años los sumarios más sonados de corrupción en Galicia, De Lara fue destituida el pasado 30 de enero y separada de sus macrocausas contra políticos y empresarios, para cumplir la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “retrasos injustificados”. La sanción lleva aparejada la pérdida de destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, a pesar de la alegación presentada por la juez ante los “graves e irreversibles” perjuicios que causaría.

A De Lara se le atribuyó una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, debido al “abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal”.

La resolución denuncia “un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción”. Según el CGPJ, se aprecian en las causas que tramitaba la magistrada “paralizaciones o largos períodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción o ausencia de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables”.

También se le atribuyeron procedimientos “prospectivos y por ello inadecuados”, como recopilación ingente de documentos, desorden cronológico en la formación de autos o falta de exigencia al personal del juzgado del oportuno cumplimiento de sus obligaciones."             (Pablo López, El Confidencial, 24/04/20)

A juicio el alcalde de Barreiros por autorizar 2.966 viviendas en un año con licencias ilegales

"En un sólo día, el 5 de septiembre de 2006, el gobierno local de Barreiros, en la costa de Lugo, con su alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga a la cabeza, concedió licencias para construir 616 viviendas. 

En aquel año, en un municipio rural de solo 3.200 habitantes, autorizó un total de 2.966 nuevas viviendas dispersas por terrenos que carecían de cualquier tipo de servicio urbano. “¿Que tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, justificaba el regidor en referencia a la villa turística de las Rías Baixas en la que veranea Rajoy y que se compara con Marbella. 

Su juicio ya tiene fecha, el próximo febrero, doce años después, y en él Fuente Parga, otros cinco concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada Arca, se sentarán en el banquillo para hacer frente a una petición de la fiscal para cada uno de ellos de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El juicio analizará el otorgamiento en 2006 de un total de 45 licencias que suman 2.966 nuevas viviendas así como otras instalaciones comunes como piscinas. Fueron las licencias que el gobierno municipal llegó a autorizar antes de que a comienzos de 2007 la Xunta bipartita de PSdeG y BNG interviniese el urbanismo local con un procedimiento posteriormente anulado por el Tribunal Supremo por no exponerlo previamente al público. 

Pero antes de esa intervención del urbanismo local, la Xunta ya había avisado a Barreiros de la ilegalidad que estaba cometiendo por considerar como suelo urbano terrenos que no lo eran porque no contaban con ningún tipo de servicio público.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el 14 de marzo de 2006 el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, remitió una comunicación al Ayuntamiento informándolo de que la ley impedía desde comienzos de aquel año otorgar licencias para esos terrenos no urbanos a los municipios como Barreiros que carecían de plan de urbanismo actualizado. 

A pesar de ese aviso directo y explícito, en los meses posteriores y hasta la intervención del urbanismo por la Xunta, “los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barreiros concedieron [...] 45 licencias para la construcción de edificaciones, pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal, de que prescindieron, pese a ser preceptivo, en parte de los procedimientos que siguieron”, dice la fiscal.

Porque mientras la arquitecta municipal, también acusada, obvió las irregularidades, la secretaria municipal no lo hizo y advirtió expresamente de ellas. El escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de las diversas ilegalidades urbanísticas que se pueden cometer.

 Los terrenos afectados, muchos dedicados a la agricultura o la ganadería, dice la fiscal, “distaban, en términos irreconciliables, de lo que podría ser una malla urbana, ya que carecían de acceso rodado público y de servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, red de saneamiento y suministro de energía eléctrica con iluminación pública”. En algún caso las edificaciones ocupaban suelo protegido. 

Es paradigmática la imagen recogida años después en una publicación de la Xunta de un cartel ofreciendo la venta de chalés “con agua y luz” como algo extraordinario ya que muchas de las edificaciones que se hacían entonces en Barreiros carecían de aquellos servicios.

Con aquellas licencias que ahora se juzgan, así como con las que se habían concedido en años anteriores de la burbuja inmobiliaria e incluso posteriores, cuando ésta ya había explotado pero el gobierno local de Barreiros seguía confiando en su modelo de urbanismo, ha pasado de todo. Una parte de las viviendas se finalizaron, pero no todas lograron venderse a pesar del intento de los promotores de deshacerse de ellas con ofertas como un apartamento de dos habitaciones por 36.000 euros.

 En otros casos nunca se llegó a mover una piedra mientras que, en un punto intermedio, abundan en Barreiros las estructuras de hormigón a medio levantar. Hoy, en el municipio de 3.200 habitantes hay 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.

A pesar de ese resultado, el gobierno local consideró la intervención urbanística de la Xunta como un ataque político. En los últimos años inició por dos veces la redacción de un plan de urbanismo, pero empeñado nuevamente en apostar por el aumento del parque de viviendas, con hasta 2.000 más, a pesar de que las existentes están vacías. 

En un análisis incluido en los documentos previos de ese nuevo plan, el propio equipo redactor relata cómo en el momento de la burbuja, por el simple hecho de ser considerados por el Ayuntamiento como suelo urbano, terrenos agrícolas o ganaderos sin servicios valorados en 3 euros el metro cuadrado pasaban a convertirse en solares de 600 euros el metro.

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que en 2013 dijo que “las feministas dejan de serlo cuando se casan”, reeditó la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015 y dejó el PP pero no el cargo unos meses después, cuando finalizó la instrucción del caso y se abrió contra él el juicio oral que ahora acaba de ser programado para febrero. En él, junto con el regidor, se sentarán en el banquillo cinco concejales y la arquitecta municipal. 

La fiscal considera al alcalde, la arquitecta y tres de los ediles autores de un delito continuado de prevaricación urbanística y pide para cada uno de ellos dos años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración. Los otros dos concejales sólo están acusados de un delito puntual de prevaricación administrativa porque sólo participaron en la aprobación de una de las 45 licencias del caso.

La fiscal dice del alcalde y de los concejales que “votaron unánimemente a favor de la concesión de las licencias referidas, siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad de Barreiros, y de la imposibilidad de dar repuesta a las necesidades de infraestructuras precisas para la ejecución de dichas licencias y de los informes contrarios de la secretaria” o incluso de la inexistencia de esos informes. De la arquitecta, la fiscal dice que “en casi todos los expedientes citados emitió informes como arquitecto municipal favorables a la concesión de las licencias, pese a la problemática expuesta”.                       (David Reinero  , eldiario.es, 02/10/2017)

Os tres alcaldes da Costa da Morte foron detidos tras un ano de investigación policial

(traductor gallego-español)

"Sorpresa e expectación na Costa da Morte. Os alcaldes de Cee, Fisterra e Mazaricos pasaron onte a noite na comisaría da Policía Nacional da Coruña logo de ser detidos pola mañá por axentes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais xunto con dous concelleiros e tres empresarios da zona.

As oito persoas resultaron detidas no marco da denominada operación Orquesta, ordenada pola Audiencia Nacional en colaboración co Xulgado de Instrución número 2 de Corcubión, e que investiga unha presunta trama de corrupción urbanística para a adxudicación de obra pública. (...)

Os tres rexedores detidos son José Manuel Traba (PP), alcalde de Fisterra; José Manuel Santos (PP), alcalde de Mazaricos, e Ramón Vigo (IxCEE), alcalde de Cee, independente e que goberna co apoio do PSdeG.

Os outros cinco que durmiron en comisaría son dous concelleiros de Fisterra –o responsable de Urbanismo e o tenente de alcalde–, ademais do dono da construtora Daniel Ogando e o seu fillo, e mais 
J. M., un empresario de espectáculos musicais que tamén compra e vende terreos, de aí o nome que a Policía elixiu para a operación. (Xornal.com, 01/02/2011)

"La empresa investigada en el marco de la operación Orquesta por supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas, Construcciones Daniel Ogando SL, es una constructora de carácter familiar –de hecho la sede de la firma en la parroquia de Senande, en Muxía, también es empleada como vivienda unifamiliar–.

Pero pese a sus dimensiones destaca por el importante volumen de contratos públicos que ha venido logrando en los últimos tiempos. Así, solo en el último año, durante 2010, los tres concellos implicados de momento en la investigación –Fisterra, Cee y Mazaricos– adjudicaron al menos 1,85 millones de euros a dicha empresa por una docena de obras distintas.

Varias de esas actuaciones son fruto de convenios con la Diputación de A Coruña así como producto del Plan E del Gobierno central. Igualmente, el actual Gobierno gallego adjudicó a la misma empresa una obra de 700.000 euros mientras que en su último año el bipartito le entregó otras cuatro actuaciones por 550.000 euros." (Xornal.com, 01/02/2011)

"A Xunta adxudicou á construtora da Operación Orquesta coa 11º peor oferta entre 49.

En Xuño de 2010 a Consellería de Medio Ambiente anunciaba a adxudicación a esta empresa da "estación de bombeo e impulsión de augas residuais" do Sardiñeiro, en Fisterra, por 700.000 euros máis IVE.

A Xunta deulle a obra a D. Ogando, malia que a súa oferta económica foi a undécima peor das 49 puntuadas, como se pode comprobar nos resultados da mesa que abriu o "sobre C", aos que tivo acceso GC (ver PDF).

A construtora logrou superar a mala puntuación pola oferta económica, que se barema automaticamente, ao lograr a máxima puntuación no "sobre B", que se barema máis subxectivamente. D. Ogando logrou 46 de 49 puntos no "sobre B", mentres que ningunha das outras 48 compañías superaba os 34 puntos.

Que contiña o "Sobre B"? Segundo as bases do concurso, a "documentación da oferta acreditativa dos criterios de valoración non cuantificables de forma automática" como, por exemplo, a memoria ambiental e a de execución." (Galicia Confidencial, 31/01/2011)

Una nueva prueba reafirma los pagos en negro del PPdeG a Special Events en los comicios autonómicos de 1997, con Fraga en el poder

"En la nueva parte del sumario del caso Gürtel, destapada ayer, aparecen nuevas pruebas que reafirman el vínculo de la trama con la organización de las elecciones gallegas en la etapa de Manuel Fraga, cuando el número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, era secretario de Organización del PPdeG. (...)

Dichas siglas se refieren al imputado José Luis Díez Berrendo, persona que presuntamente llevaba la contabilidad de las empresas de la trama Pasadena Viajes y Special Events, entre otras. Esta última empresa organizó todas las campañas del PP de Galicia entre 1996 y 1999, de las cuales, según se refleja en el sumario, el partido gallego pagó al menos la mitad en dinero negro. La formación política autonómica manejó unos seis millones de euros de la red durante este período, según desvelan las conversaciones entre Pablo Crespo y su abogado.

Como adelantó en su día Xornal, la Diputación de Pontevedra, que encabezaba Rafael Louzán, mantuvo relaciones profesionales con Pablo Crespo en fechas posteriores a 1999, cuando el PPdeG rompió relaciones con el que fuera su secretario de Organización. Los populares de Pontevedra contrataron en 2001 a Special Events para la realización de un sondeo sobre la opinión pública en la provincia. Del trabajo se encargó personalmente la mujer de Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano.

Un año más tarde, en 2002, el conselleiro de Agricultura de la Xunta de Manuel Fraga, Juan Manuel Diz Guedes, también siguió ese camino y adjudicó a Special Events la instalación de stands en ferias del sector por 246.414 euros y la “consultoría y asistencia en la organización de catas” por una suma de 1.202.024 euros. Se trataba de eventos en defensa de la carne gallega después de toda la polémica de las vacas locas.

En una de las cuentas de la red, abierta en Caja Madrid y que manejaban Luis Bárcenas y Francisco Correa, figuran varios pagos bajo el encabezamiento Cobro Elecciones Gallegas. Entre los movimientos, figuran 1,9 millones de pesetas del año 1997, un millón de 1998, quince millones de 1999 y 30.000 euros de 2002.

Como informó este diario, una de las principales preocupaciones de Crespo era que este posible caso de financiación ilegal afectase a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones autonómicas de 2009. El 24 de febrero del año pasado confesaba a su letrado: “Si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo”. El 5 de marzo, Crespo se congratulaba en otra conversación de que no se hubiese destapado antes de los comicios." (Xornal.com, 04/12/2010)

La investigació contra el narcotráfico ha destapado una extensa madeja de sociedades e intermediarios de los capos dedicados a mover ingentes fortunas

"En la extensa madeja societaria del narcotráfico emergen una vez más las conexiones con la política. En el mundo de los negocios con dinero de origen dudoso es imprescindible la figura de los cooperadores necesarios, personas con influencias y buenos contactos. Es el caso de Manuel Cruz López, chófer de profesión que trabajó para dos pesos pesados de la política: primero para José Manuel Romay Beccaría, cuando era conselleiro, y luego para Manuel Fraga.

A mediados de los noventa, Cruz fraguó una profunda amistad con Marcial Dorado, entonces convertido en el número uno de los contrabandistas de tabaco que no habían dado el salto al narcotráfico en la ría de Arousa. A través del chófer, el tabaquero, que ya gestionaba potentes negocios inmobiliarios y otros relacionados con astilleros, conservas, viñedos y concesiones oficiales de gasóleos, incluso logró introducirse en los círculos de políticos del PP.

Pero la detención, en 2004, por narcotráfico de Marcial Dorado provocó un vuelco en el entorno de sus amistades y negocios. Tras ser implicado en una importante operación de cocaína a la que dio cobertura con un barco que, según la investigación, fue construida clandestinamente en los Astilleros Hércules de Ferrol, que controlaba el propio Dorado Baúlde, el confeso contrabandista, actualmente en prisión, pelea en los tribunales para evitar que su condena de 10 años no sea elevada a firme en el Supremo.

Hasta su fallecimiento en un extraño accidente de tráfico, Cruz López fue una pieza fundamental en los negocios de Dorado hasta el punto de que su viuda, Ana María Montero, fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, en el sumario por blanqueo de dinero que actualmente instruye el juez Grande Marlaska. En él aparecen sus familiares más allegados y una extensa cohorte de abogados y testaferros que habrían diseñado la trama más sofisticada de paraísos fiscales para ayudar a Dorado a colocar su enorme fortuna, según la investigación.

En la lista de colaboradores aparece José Miguel Trias Rovira, detenido como supuesto hombre de paja en pimera línea de Marcial Dorado y vinculado a la sociedad Doverdale Trading Ltd, con sede en las islas Vírgenes británicas y con cuenta abierta en Suiza. El nexo entre Trias Rovira y Dorado Baúlde es la empresa Progamallo, SA, que, según el sumario, "era el buque insignia de todo el entramado societario" desde la década de los noventa hasta que el tabaquero fue detenido por narcotráfico.

Siguiendo el hilo de la madeja societaria, aparecen también los tentáculos del abogado Pablo Vioque, otro hombre de grandes influencias y contactos políticos, hasta que cayó en desgracia, implicado de lleno en el narcotráfico. Fallecido en diciembre de 2008 tras una larga enfermedad, el narco fue objeto de una larga investigación por blanqueo de dinero desde la Audiencia Nacional sobre sus intermediaciones en la compra y venta de sociedades de sus clientes, la mayoría contrabandistas convertidos en narcotraficantes.

En las sociedades JF Oil -creada por el actual jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal-, o Abuín-Izquierdo, SL aparecen familiares como David Lages Abuín, hermano de la mujer de Vioque y al que éste ayudó económica y profesionalmente.

Respecto a la sociedad Abuín Izquierdo, el nombre se corresponde con los apellidos de la suegra de Vioque y con el de su madre. Precisamente la aparición de María del Pilar Izquierdo en un sumario judicial instruido contra el abogado fue el motivo de que Vioque ordenara el asesinato del entonces fiscal antidroga de la Audiencia Nacional y hoy jefe de esta fiscalía, Javier Zaragoza, según declaró el propio abogado a un juez en su lecho de muerte. Finalmente esta causa quedó extinguida cuando ya estaba declarado artículo mortis.

Los mismos tentáculos empresariales llegan hasta otro personaje, el narco Manuel Abal Feijóo, alias Patoco, también fallecido a los 38 años, en accidente de tráfico, un mes antes que Vioque. A pesar de su juventud, Patoco había tenido buenos maestros, sobre todo a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, lo que le sirvió para librarse de la Operación Nécora tras una autodefensa ante el tribunal, propia de un actor de cine. Con sus mentores en la cárcel, hizo sus pinitos en el tráfico de cocaína hasta que fue pillado junto a su mujer, María Luisa Vila Fabeiro, como distribuidor de la mercancía, lo cual derivó en una condena para ambos. La carrera meteórica de Patoco se escribe como uno de los casos insólitos del narcotráfico gallego. Creó la más potente infraestructura marítima para el desembarco de grandes cargamentos hasta el punto de que los cárteles colombianos sólo querían trabajar con él. La mayor lancha que cubría la ruta gallega de la cocaína, incautada por la policía, de siete motores y 18 metros de eslora, la utiliza ahora la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) para reprimir los ataques piratas en el Indico.

Tras la muerte del narcotraficante, el constructor Gregorio García Piñón, Yoyo, y su mujer Ramona Fabeiro, tía de la mujer de Patoco, se convirtieron en uno de los objetivos de la Agencia Tributaria que investigaba la suculenta fortuna del difunto capo. De hecho, ambos fueron detenidos junto a su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, como los principales testaferros del número uno del transporte de cocaína. Yoyo estaba destinado a suceder a su sobrino al frente de la organización pero una redada contra la banda tras la muerte de Abal Feijóo llevó al traste todos sus planes. Hacienda descubrió, el pasado año, 75 propiedades que sirvieron para blanquear más de 50 millones de euros, supuestamente obtenidos con el transporte de cocaína.

En este capítulo de los negocios otro nombre, José Alberto Aguín Magdalena, evoca la época de los grandes capos gallegos. Condenado como testaferro de Sito Miñanco, este constructor, conocido como Rubio de Aios, fue uno de los hombres de confianza del narcotraficante cambadés y desde que cumplió una condena de cuatro años de prisión y multa de 300.000 euros, se ha entregado a los negocios de promoción inmobiliaria. Aguín, sin embargo, se vio involucrado, hace tres años, en una supuesta operación de evasión de divisas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 3)

Un jefe territorial de la Xunta vendió empresas a testaferros de 'narcos'

"Juncal traspasó negocios a hombres de confianza de Miñanco y Dorado - "Las sociedades van de mano en mano y caen donde uno no quiere", alega.

Evaristo Juncal Carreira, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y presidente local del PP de Caldas de Reis, ha tenido desde mediados de los noventa una agitada, aunque silenciosa, vida empresarial. Este ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios.

Tres de esas sociedades están actualmente en manos de personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico como Marcial Dorado, Sito Miñanco y el fallecido Pablo Vioque. (...)

El primer negocio con un presunto testaferro de los capos de la droga y el contrabando lo entabló Juncal Carreira en 1996. El dirigente del PP había creado tres años antes con su esposa, Mercedes Froján Fontán, la sociedad JF Oil, bautizada con las siglas del matrimonio (JF de Juncal-Froján) y dedicada a la construcción y gestión de estaciones de servicio, al suministro de gasóleos a domicilio y a "proyectos y dirección de obra civil en general".En 1996, la pareja le vendió esta firma a Manuel Cruz López, un vecino de Ferrol, chófer de la Xunta y presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde, el histórico contrabandista de tabaco condenado el año pasado por narcotráfico. Evaristo Juncal asegura que no conocía de nada al comprador de su empresa -"se puso en contacto conmigo y dijo que quería comprármela con una sociedad de inversión"- y que lo único que supo luego de él es que fue chófer de la Xunta. Según las inscripciones del Registro Mercantil, Cruz López, un amigo personal de Marcial Dorado que nunca pudo ser juzgado porque falleció en un accidente de tráfico, llegó a ser socio en esta empresa de Juncal y su esposa entre 1995 y 1996, un dato que el jefe territorial de la Xunta niega tajantemente y achaca a un "error". La sociedad gestiona dos gasolineras a la entrada de Caldas de Reis, el municipio en el que Juncal Carreira es presidente del PP y donde optó a la alcaldía por este partido en las elecciones de 2003. "A Manuel Cruz lo vi durante un montón de tiempo por la gasolinera [de Caldas] y no me extrañó", recuerda.

En 1998, Manuel Cruz le traspasa JF Oil, con las siglas del matrimonio del jefe territorial de la Xunta incluidas, al clan de Marcial Dorado Baúlde. Y lo hace vendiéndole la empresa a José Miguel Trias Rovira, un conocido testaferro de Dorado, que inmediatamente después nombra apoderado de la sociedad al hijo de su jefe, Marcial Dorado Fariña. No ha sido ésta la única incursión de los agentes de Dorado en el negocio de las estaciones de servicio. Trias Rovira también gestionó hace años otra empresa de gasolineras que, según el Registro Mercantil, todavía preside el veterano contrabandista de A Illa de Arousa bajo el nombre de Petrogalicia.

A partir de esta fecha, por la empresa que creó el dirigente del PP han desfilado no sólo personas vinculadas a Marcial Dorado, sino también a otro capo del narcotráfico: Pablo Vioque. Administradores y apoderados de JF Oil han sido hasta la actualidad el cuñado de Vioque, David Lages Abuín, y la novia de éste, Cristina García Rodríguez. En 2005 la empresa pasó a llamarse Gasóleos Caldas y actualmente pertenece a Abuín Izquierdo, SL, una sociedad que está en manos de la madre y suegra de Pablo Vioque.

El siguiente contacto del actual delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra con el entramado empresarial que canaliza el multimillonario botín del narcotráfico en Galicia se produjo siete años después. José Alberto Aguín Magdalena, alias O Rubio de Aios, procesado a principios de los noventa en el marco de la Operación Nécora como número dos de la organización de Sito Miñanco, le compró directamente a Evaristo Juncal la empresa Enxeñería dos Recursos Enerxéticos, con la que el funcionario de la Xunta gestionaba una gasolinera en la ciudad de Pontevedra, en las inmediaciones de la iglesia de Lérez. "Lo de Aguín Magdalena me suena pero no lo de O Rubio de Aios. Cuando vendo, no conozco a la gente que viene. A él creo que nunca lo vi delante", se justifica Juncal.

El negocio entre el dirigente del PP y O Rubio de Aios se firmó en septiembre de 2002. Aguín Magdalena le compró a Evaristo Juncal la sociedad Enxeñería dos Recursos Enerxéticos a través de su promotora Alxopar Promociones. O Rubio de Aios ya había pasado entonces por la cárcel, condenado durante el sumario de la Operación Nécora por comerciar con bienes obtenidos gracias al tráfico de drogas.

Aguín Magdalena es hoy en día el administrador único de la empresa fundada por el presidente local del PP en Caldas de Reis y compatibiliza la gestión de la gasolinera de la parroquia pontevedresa de Lérez con la administración de Estación de Servicio Xesteira, en Cambados, y diversos negocios inmobiliarios. Los grupos municipales de PSOE y BNG en Sanxenxo llegaron a acusar en 2007 a la alcaldesa del PP, Catalina González, de favorecer la tramitación de una de las urbanizaciones promovidas por Aguín Magdalena, ubicada en la zona de Montalvo y que no contaba con estudio de impacto ambiental, por las buenas relaciones de este con su partido.

El negocio con Aguín Magdalena no fue el único que cerró Evaristo Juncal en septiembre de 2002 con personas vinculadas a clanes del narcotráfico. El dirigente del PP vendió en aquella fecha la empresa Tracidi, que había comprado para la construcción y gestión de minicentrales, a otra firma llamada Minicentrales 2000 cuyo administrador único era José Ramón Lores Sueiro - "no me suena de nada", asegura Evaristo Juncal-, que en 2007 fue sustituido en el cargo por tres personas muy cercanas al difunto capo Manuel Abal Feijóo, O Patoco, un discípulo de Sito Miñanco condenado por narcotráfico en 1998 y fallecido en accidente de tráfico en diciembre de 2008.

Los administradores de Tracidi son, desde 2007 y hasta la actualidad, según la documentación del Registro Mercantil, la viuda de O Patoco, María Luisa Vila Fabeiro, también condenada por narcotráfico, su tía Ramona Fabeiro Besada, y Gregorio García Tuñón, alias Yoyo, un constructor, marido de esta última, llamado a sustituir a O Patoco en el negocio cuando este murió, pero que fue detenido en abril de 2009. La viuda de Patoco era socia de Lores Sueiro al menos desde 2006 en la empresa Grupo Inmobiliario Eira, según consta en el Registro Mercantil.

Cinco meses después de vender estas dos empresas, Evaristo Juncal Carreira es designado candidato por el PP a la Alcaldía de Caldas de Reis para las municipales de mayo de 2003. Fue, explica el delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, una incursión "inesperada" en política porque, aunque es afiliado al PP desde la década de los ochenta, nunca "ha seguido" ese mundo." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 1)

Baltar repartió 100 empleos durante la pugna por dirigir el PP

"José Luis Baltar Pumar reconoce haber contratado en la Diputación a cien personas en los días previos al congreso del PP de Ourense al que se presentaba su hijo. Sin embargo, y tras conocerse este dato, el presidente provincial se planteó ayer "cerrar el grifo" de los empleos en la institución orensana. Y aseguró que si el próximo año se mantiene la crisis, si persiste la reducción de la aportación del Estado "que afecta a todos los municipios de la provincia, salvo al de la capital", y si recibe una alerta de la Intervención sobre el excesivo número de trabajadores en la institución, pensaría en una política de "contención del gasto" en el capítulo de personal. (...)

La última entrada de nuevos trabajadores en la Diputación de Ourense se ha conocido gracias a la respuesta de José Luis Baltar a una pregunta formulada en enero por el PSOE sobre el número de contratos laborales firmados por la institución provincial en los meses previos al congreso del PP en el que el hijo del presidente pugnó (y ganó) por presidir el PP orensano. Y según la contestación, desde que José Manuel Baltar Blanco se postuló para el cargo y hasta el 15 de enero, aumentó en un centenar el número de trabajadores del ya desbordado organismo público. Sólo en los primeros 15 días del mes, el presidente provincial firmó 54 contratos para el organismo que preside. Buena parte de ellos eran compromisarios al congreso en el que se elegía al nuevo presidente del partido.

El PSOE destaca que de momento se desconoce el número de empleos que el presidente de la Diputación pudo haber firmado en la última quincena de enero. " (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/02/2010, p. 1)

La Xunta de Fraga infló un contrato con la promotora de la sede del PP. El destinatario del millón de euros fue el promotor que construía esa sede

"Oficialmente, todo se debió a una simple "corrección de errores". Pero esos errores le costaron al erario público un millón de euros, al elevar el precio de la sede de una fundación de la Consellería de Sanidade de 2,07 millones a 3,07 millones de euros. Corría el año 2003, el mismo en que el PP de Galicia, entonces al frente de la Xunta, se hacía con su actual sede de San Lázaro, ubicada en el mismo edificio que la fundación de Sanidade. Las coincidencias no acaban ahí, ya que el promotor inmobiliario que se benefició de la corrección de los "errores" es el mismo que construyó el local del PP. El valor de escritura de la sede de los populares se corresponde con el sobreprecio abonado a la promotora.

En el plazo de 18 días, los representantes de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que depende de Sanidade, y de la inmobiliaria tuvieron que presentarse dos veces ante notario. La primera, para elevar a público un contrato privado mixto, de venta y alquiler con opción de compra, de acuerdo con unas condiciones supervisadas por el patronato de la fundación. Eso fue el 13 de marzo de 2003. El 31 del mismo mes, volvieron a la notaría para dar cuenta de varias incorrecciones. Se eliminó así, y sin dar cuenta al patronato, la exención de materializar abono alguno para ejercer la opción de compra. La operación se encarecía en 1.004.004 euros.

La sociedad vendedora mejoró así sustancialmente unas condiciones de venta que originalmente ya le eran muy favorables. Según un informe de la consultora Tinsa, el valor de tasación del inmueble a fecha de marzo de 2003 era de 1.756.800 euros, esto es, un 53% menos de lo finalmente acordado. La sede fue comprada por 3.073.879 euros sobre plano y sin acondicionar.

Entre una y otra visita al notario, el entonces director de la fundación, Javier Bouzada, eludió someter al criterio del patronato las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento y opción de compra, a pesar de que encarecían la operación en un 50%. Las correcciones afectaban de un lado a cálculos menores. Pero venían acompañadas de una carga de profundidad: la eliminación literal de dos párrafos, en los que se establecía que las cantidades ingresadas como alquiler eximían a la Fegas de realizar "el abono de cantidad alguna" en el momento de ejercer la opción de compra." (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/10/2009, p. 1/2)