El Tribunal de Justicia Europea sentencia a favor de los ganaderos afectados por un cártel lácteo que pactó los precios y les da un plazo de 5 años para reclamar perdidas... ocho compañías (entre las que están PULEVA, NESTLÉ, DANONE, PASCUAL), acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción... "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego... Esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente...

 "Además de la ruina económica, porque sigo arrastrando créditos e hipotecas, tengo una frustración enorme. Me han arruinado la vida, a mi a muchísimos otros ganaderos, y lo han hecho a propósito, que es lo que más me jode". 

A Jordi Pujol, un joven estanciero dedicado a la producción de leche, le hierbe la sangre. El negocio familiar que heredó en 2010, una pequeña explotación de vacas, echó el cierre tras una inversión de cerca de 800.000 euros. "Modernicé las instalaciones, las saqué del pueblo y las llevé a una zona más alejada y de montaña. Yo sabía que iba a ser duro, al menos los primeros años, pero empezaron a venir pérdidas y tuve que ir recortando gastos, hasta que cerré. Pensaba que era una cuestión del mercado, como cuando quebró el sector textil, pero al poco tiempo, en 2018, me enteré de que un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción", narra.

La historia de Jordi es la de miles de ganaderos que en la última década terminaron arruinados por culpa de sus propios compradores. Así lo dictó en 2019 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y así lo ha corroborado esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Durante más de una década, ocho compañías acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios.

 Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) son las empresas citadas por la CNMC en una lista de la que terminaron saliendo otras tantas comercializadoras tras haber prescrito su mala conducta.

 "Esto empezó porque, en 2013, un grupo de ganaderos navarros denunciaron a las principales industrias lácteas por formar un cártel. Es decir, las compañías, que estaban por ley obligadas a competir entre sí, se pusieron de acuerdo para pactar precios y para repartirse el mercado, llegando a dividirse el territorio. De esta forma, los ganaderos no tenían capacidad de encontrar clientes para vender su leche en su zona a precios diferentes. Estaban totalmente cautivos", explica Andoni de la Llosa, experto en Derecho de la Competencia de Redi Abogados, bufete que está llevando más de mil casos de afectados por esta alteración del mercado. "Habitualmente los cárteles operan para vender, pero en este caso, lo llamativo es que lo hacían para comprar. Creemos que esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente", indica el abogado.

 Las compañías, según la CNMC, intercambiaron información a nivel nacional y regional sobre los precios del producto lácteo, sobre los excedentes de los ganaderos, los volúmenes de compra y hasta la identidad de los productores. Después, consensuaron una estrategia para controlar el mercado y evitar que los granjeros no tuvieran apenas alternativas para encontrar precios de venta diferentes. Todo ello se traduce en la falta de libertad de los ganaderos para fijar y negociar el precio de sus productos y a la empresa a la que lo suministraban. Todo ello en una coyuntura de mercado difícil donde, en condiciones normales, los productores ya disponen de un margen estrecho de negociación, ya que se ven obligados a dar salida la leche para poder conservar su cuota láctea.

"Era mi vida y se lo han llevado todo", lamenta Pujol. "Aquí en la comarca del Ripollès no queda nadie. Las lecheras han ido cerrando poco a poco o han cambiado el negocio porque no salía a cuenta vender esos precios. Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho, se han enriquecido a costa de gente trabajadora. 

"Nosotros no tuvimos que cerrar. Tuvimos algo de suerte porque tenemos mucha tierra y teníamos más cabezas de ganado. Engordamos a las vacas y enfocamos el asunto de otra forma", comenta Eliseo Cebreiro, dueño de una explotación asentada en San Sadurniño (A Coruña). Tras una década arrastrando pérdidas en la producción, no hay muchas esperanzas en doblegar a los cartelistas, manifiesta, a pesar de que la CNMC emitió una sanción de 80 millones de euros que todavía debe ser ratificada por la Audiencia Nacional y, en caso de recurso, por el Tribunal Supremo. "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego.

 Pese a su desánimo, el camino judicial todavía deja lugar para el optimismo. La sentencia del Tribunal Europeo, aunque no estipula una indemnización para los afectados, alarga en cinco años el periodo que los ganaderos tendrán para poder reclamar ante la Justicia y esa es una novedad que podría relanzar el caso en España. "Muchos pensaban que ya había vencido el plazo y esto cambia el panorama. Nosotros tenemos ya 1.126 casos y en total hay en torno a 3.000 reclamaciones. Ahora podría aumentar el número", advierte De la Llosa. Y es que, además de la sanción de la CNMC, los letrados ya trabajan caso por caso para solicitar una compensación por daños. "Es gente que ha perdido muchísimo dinero. De media, unos 320 millones por explotación, a lo que hay que añadir los intereses que elevarían la factura entre un 55% y un 65%, estima el jurista de Redi Abogados.

A Eliseo no le compensa ponerse a echar cuentas. "Cómo me ponga ahora a calcular me explota la cabeza, pero te digo que producíamos entre un millón y un millón seiscientos kilos de lecho al año y nos pagaban entre tres y cuatro céntimos por debajo de coste", detalla. "Mientras nosotros apretábamos y reducíamos gastos, ellos aumentaban sus beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la puta gana. ¿Negociar? Eso nunca ha existido, lo que había eran imposiciones. Yo entiendo que un contrato consiste en que las dos partes lleguen al mismo punto, pero aquí no ocurría, tu vendías a su precio sí o sí, porque cambiar de empresa era prácticamente imposible".

"Estuvieron llevando los precios muy al límite y casi siempre por debajo de coste. Algunos intentamos hacer cooperativas para sacar la producción con un poco más de precio, pero es muy difícil", cuenta Pujol, en referencia a lo concentrado que está el sector. "La leche es un trabajo muy sacrificado, ordeñas dos veces al día y casi todos los días de la semana. Si no se compensa como se debe, la gente acaba abandonando o arruinándose".                 (Alejandro Tena , Público, 07/07/22)

En base a información interna desclasificada por las propias empresas, se han destapado manipulaciones en estudios de gran trascendencia en el ámbito cardiovascular y dental... En particular, cuando las muertes por enfermedades del corazón se dispararon en los años cincuenta, se animó públicamente a los americanos de mediana edad que adoptasen dietas bajas en grasas pero altas en azúcares para “mantener su ritmo de actividad diaria”... Posteriormente, magnates de la industria del azúcar pagaron en repetidas ocasiones a científicos de relieve para que minimizaran el vínculo existente entre el azúcar y alteraciones cardiovasculares

 "Llamamos “mala praxis” a actos que, bajo estricta responsabilidad profesional, se realizan aún a sabiendas de ser fraudulentos o negligentes. Dichas prácticas afectan a áreas tan importantes como la medicina, la abogacía, la contabilidad pública y la economía. En el caso de las negligencias médicas pueden llegar a causar daños graves en un paciente, mientras que en el ámbito científico pueden sembrar dudas razonables sobre los avances conseguidos.

Con el objetivo de eliminar suspicacias, los investigadores están obligados a detallar sus fuentes de financiación, además de indicar si existe algún tipo de conflicto de interés con respecto a los resultados de su trabajo. Entendiendo como conflicto de interés el conjunto de circunstancias que crea un riesgo de que un juicio o una acción profesional sea influida indebidamente por un interés secundario.

Este compromiso debe ser incluso mayor en caso de que los estudios hayan disfrutado de capital privado para hacer frente, como suele ser habitual, a los elevados costes y utilizar tecnología y equipamientos complejos.

De este modo, aunque es totalmente lícito que se reciba dinero u honorarios de, por ejemplo, una empresa farmacéutica interesada en algún producto o aspecto relacionado con la investigación, se debe señalar toda relación existente. Hacerlo salvaguarda la honorabilidad y objetividad de los autores del estudio. Además de que se preserva la integridad científica y el valor o impacto de la investigación.

No obstante, esta norma no siempre se sigue. Es bien conocido que la industria del azúcar desvió deliberadamente durante años el foco de atención sobre los efectos de ciertos elementos de la dieta en el desarrollo de las enfermedades del corazón. Otras investigaciones interesadas retrasaron el establecimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las recomendaciones contra la caries dental que hoy en día nadie pone en duda.

Estos casos muestran cómo algunas poderosas industrias o lobbies corporativos protegen sus intereses frente a investigaciones “neutrales” potencialmente contrarias. Sin pudor a favorecer la construcción y difusión de mensajes favorables pero engañosos. Y probablemente éstos sean sólo la punta del iceberg.

El sonado caso del azúcar

En base a información interna desclasificada por las propias empresas, se han destapado manipulaciones en estudios de gran trascendencia en el ámbito cardiovascular y dental.

En particular, cuando las muertes por enfermedades del corazón se dispararon en los años cincuenta, se animó públicamente a los americanos de mediana edad que adoptasen dietas bajas en grasas pero altas en azúcares para “mantener su ritmo de actividad diaria”.

Posteriormente, magnates de la industria del azúcar pagaron en repetidas ocasiones a científicos de relieve para que minimizaran el vínculo existente entre el azúcar y alteraciones cardiovasculares. Además de animarles a señalar a la grasa saturada como único culpable.

Las conclusiones de esta investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), fueron publicadas en 2016 en la revista de Medicina Interna de JAMA. Los principales periódicos estadounidenses, entre ellos The New York Times, se hicieron eco de los hallazgos.

Según se desprende de estos artículos, la estrategia consiguió desviar la discusión sobre el azúcar y sus efectos adversos durante décadas. Es más, los documentos que salieron a la luz pusieron de relieve que una asociación supuestamente dedicada a la educación e investigación científica llamada Sugar Research Foundation, conocida hoy como Sugar Association, apoyó financieramente y en secreto a tres científicos de Harvard para que publicasen en agosto de 1967 un artículo de revisión sobre investigaciones relacionadas con el efecto del azúcar y las grasas sobre las enfermedades cardíacas. 

Con el sugerente título Grasas dietéticas, hidratos de carbono y enfermedad vascular aterosclerótica, los autores habían seleccionado en su revisión solo estudios favorables al azúcar, rebajando descaradamente el vínculo entre un consumo exagerado de azúcar y el deterioro de la salud cardiovascular.

Han pasado muchos años de estos sucesos y tanto los autores de la publicación como los ejecutivos que les financiaron han fallecido. Pero es bueno recordar que uno de ellos, Mark Heisted, se convirtió años después en el jefe de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ayudó a redactar las pautas alimentarias del Gobierno Federal. Otro de los autores en discordia, Frederick J. Stare, fue recompensado con el puesto de jefe del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El azúcar no causa caries

En marzo de 2015, nuevas investigaciones de la UCSF destaparon otro caso de tráfico de influencias en relación con las recomendaciones oficiales dictadas por el NIDR (siglas de National Institute for Dental Research), que en 1971 lanzó el Programa Nacional contra la Caries.

Las pesquisas de la UCSF se centraron en una serie de artículos financiados por la industria azucarera de caña y remolacha entre 1959 y 1971. Las conclusiones de la UCSF, firmadas entre otros por Cristin E. Kearns y Stanton A. Glantz, resultaron categóricas: la industria de este sector sabía que el azúcar causaba caries dentales tan pronto como en 1950 e intentó repetidamente negar esta evidencia.

Así, mediante ciertas actividades de índole comercial poco transparente, se adoptó un plan que logró desviar la atención a ciertas intervenciones en salud que podrían tender a reducir el consumo de azúcar, en lugar de contribuir a restringir sus efectos nocivos.

En consecuencia, el NCP puede considerarse como otra oportunidad perdida en cuanto a su objetivo de promover la salud dental debido a una total alineación de las agendas de investigación propias o contratadas por el NIDR y las financiadas directamente por la poderosa industria azucarera.

Resumiendo, es fundamental garantizar que los intereses privados no influyan sobre las políticas de salud pública. Para ello es imprescindible que investigadores, agencias público-privadas y editoriales científicas sigan desarrollando mecanismos de control y transparencia sobre las propuestas de información y recomendaciones oficiales de las agencias como la OMS que velan por la salud de todos."                

(Santiago Roura Ferrer . Profesor asociado Facultad de Medicina, Universitat de Vic, The Observation, 17/02/22)

La Asociación Europea de Salud Pública pone en evidencia la influencia de Coca-Cola sobre asociaciones médicas y científicas en España. “Muestra los conflictos de intereses habituales, que son ocultados por los propios autores”

"La Fundación Española de la Nutrición (FEN), a través de investigaciones y actividades, se erige como referente en el estudio, conocimiento y mejora de la nutrición de la población española. Pero a su vez mantiene estrechos vínculos con la industria alimentaria: Nestlé, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo y Telepizza, por ejemplo.

 También colaboran con ella distintas instituciones públicas, como ministerios del Gobierno, universidades y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Asimismo, tiene relación con el lobby Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), dedicado a “la investigación sobre los efectos del consumo moderado de cerveza en adultos sanos”.

 ¿Cómo influyen estas colaboraciones en la elaboración de sus investigaciones? Un estudio publicado en la revista de la Asociación Europea de Salud Pública ha tratado de poner en evidencia la influencia de Coca-Cola sobre asociaciones médicas y científicas en España, entre ellas, la Fundación SHE, presidida por el cardiólogo Valentín Fuster. “Muestra los conflictos de intereses habituales, que son ocultados por los propios autores”, explica a La Marea uno de los autores del estudio, Juan Pablo Rey.

Y volvemos a la FEN. A pesar de los múltiples estudios que desmienten el mito de que el vino sea saludable, su defensa por parte de la FEN llega hasta el punto de calificarlo como mejor que el agua, como se puede leer en el artículo El vino y la gastronomía. En este espacio se publicita la bodega Vega Sicilia, promotores de la fundación y parte de su patronato a través de su consejero delegado, Pablo Álvarez Mezquiriz, perteneciente a una de las familias más ricas de España.

Un tratamiento similar recibe la cerveza. Bajo el epígrafe Menús saludables, la FEN y el CICS cuelan recetas elaboradas con un ingrediente común: la cerveza, a la que señalan, junto al agua, como las mejores opciones a la hora de hidratarse durante la comida. Esta no ha sido la única vez que ambas instituciones han trabajado conjuntamente. 

En 2016, en el marco de la presentación del estudio El valor nutricional del aperitivo: las tapas y la cerveza, el director general de la fundación, José Manuel Ávila Torres, aseguró lo siguiente: “Puede ser una bebida saludable para acompañar el aperitivo por su especial interés nutricional [por lo que] no hay mejor forma de evitar el alcoholismo que fomentar el consumo moderado”. Ávila es también concejal por el PP de Obras, Urbanismo, Salud y Bienestar en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid.

 

Supeditado al interés empresarial

El patronato de la Fundación Española de la Nutrición está formado por 34 personas –28 hombres y seis mujeres–, que aprueban las actividades, el presupuesto y la memoria anual. En su mayoría, proceden del sector alimentario y de la política.

Uno de los vocales es John Alves, director general de McDonald’s España. La cadena de comida rápida, conocida por ofrecer alimentos nutricionalmente poco saludables, busca constantemente mejorar su imagen y, entre otras técnicas, organiza visitas guiadas a sus restaurantes, como publicó PlayGround.

 Telepizza anuncia en su página web que es parte de la FEN y anima a los colegios a acudir a sus centros para “aprender desde bien pequeños la importancia que tiene llevar una vida sana”, proclama. El jefe de Márketing y Operaciones de Telepizza, Fernando Frauca Amorena, es también integrante del patronato de la fundación.

Otra persona destacada, muy activa en difundir las ventajas de su empresa, es Rafael Urrialde de Andrés, subdirector del Área de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberian Division.

Ocupa, tanto en el patronato como en la comisión ejecutiva, el puesto de secretario, además de ser vocal en el comité científico de la fundación. Es habitual verle participando en todo tipo de charlas, congresos y jornadas nutricionales defendiendo las propiedades de sus refrescos.

 Anteriormente, Urrialde de Andrés fue jefe de Márketing, Salud y Seguridad Alimentaria de Puleva, empresa que también trabaja junto a la fundación. En mayo de 2016, la FEN publicó un informe titulado La leche como vehículo de salud, editado con la colaboración de Puleva. El actual responsable del departamento de I+D de la empresa láctea es Federico Lara Villoslada, vocal en el patronato de la fundación.

PepsiCo tiene en el patronato a Marta Puyuelo, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de la multinacional. La lista continúa con Alberto Vega Pascual, de la Unidad de Relaciones Instituciones de Nestlé, que está presente tanto en el patronato como en la comisión ejecutiva. En el Programa Escolar Nestlé de Educación en Nutrición: Manual del profesorado, elaborado en colaboración con la FEN y otros organismos, se anima a los más pequeños y pequeñas a desayunar cereales y galletas “de vez en cuando”.

Según los últimos datos (2015-17) de la iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en España, la obesidad infantil afecta a uno de cada cinco menores, cifras que se han duplicado en las últimas dos décadas. Miguel Ángel Royo, jefe del Área de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, confirmó esta tendencia durante la presentación de la campaña Defiéndeme: “El 30-40% de los niños tiene sobrepeso, y uno de cada tres tiene obesidad” debido “a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, que son los que se publicitan” constantemente en televisión.

 Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, denuncia los oscuros lazos que se mantienen en este sector a través del informe Confiad en mí, que refleja la innumerable cantidad de organismos que, si bien en sus inicios se postularon como defensores de hábitos saludables en la alimentación, en algún momento han acabado por convertirse en lobbies a merced de la industria alimentaria.

 

Opacidad financiera

Existe mucha reticencia de las empresas a reflejar cuánto invierten en este negocio. Coca-Cola es una de las que sí opta por mostrar sus vínculos con estas organizaciones, aunque, según Juan Pablo Rey, la lista de donaciones “no es tan transparente” como se muestra en su web. De ahí sacaron la veintena de publicaciones que han analizado en su estudio, de las que 14, sostiene, están alineadas “con las tácticas de márketing usadas por la industria”. 

 En el caso de la FEN, destinó 567.000 euros durante el periodo 2010-2017, en su mayoría para costear congresos o para abonar los pagos de la cuota anual de colaboración, según los datos recogidos en su página web. Esas donaciones se tornan también en becas para proyectos como ANIBES, un estudio para determinar los datos antropométricos, la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, así como la práctica de actividad física, los datos socioeconómicos y estilos de vida de la población. 

Cuenta, a pesar del posible conflicto de intereses, con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad de Madrid. Entre las investigaciones de ANIBES destaca una firmada por el propio fundador y presidente de la Fundación Española de la Nutrición, Gregorio Varela Moreiras, y por la directora de proyectos, Emma Ruiz Moreno. Este estudio, financiado por Coca-Cola, se ha encargado de analizar la ingesta diaria de azúcares de los españoles, y apunta a que se consumen menos hidratos de carbono de los recomendados.

Coca-Cola también mantiene relación con la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), cuyo secretario técnico es el director de la FEN y concejal del PP, José Manuel Ávila Torres. Una de las dos vicepresidentas, María Marcela González Gross, doctora en Farmacia, ha publicado para Coca-Cola 100 consejos para practicar actividad física diaria.

 Además, ha impartido cursos sobre educación nutricional en la actividad física, patrocinados por la compañía de bebidas. En cuanto a Concepción Aguilera García, vicepresidenta segunda de la SEÑ, ejerce como profesora de un Máster Propio en Alimentación, Ejercicio y Deporte para la Salud, impartido por la Universidad de Granada, que tiene entre sus colaboradoras a Coca-Cola. Rafael Urrialde, subdirector del Área de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberia, es parte del profesorado.

La tesorera de la SEÑ, Ascensión Marcos Sánchez, doctora en Farmacia y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), entidad con múltiples vínculos colaborativos con la industria alimentaria, participa habitualmente en eventos sobre nutrición, como la Jornada sobre los Avances en Nutrición y su impacto sanitario y social que acogió la Universidad Complutense de Madrid. Entre los participantes, Urrialde, de Coca-Cola, habló sobre la Evolución en la oferta de bebidas no alcohólicas en los últimos 25 años, reducción de azúcar como nutriente crítico. 

Dicha jornada estaba patrocinada, además, por: Campofrío HealthCare, Central Lechera Asturiana, Centro de Información Cerveza y Salud (el lobby cervecero), Coca-Cola Iberia, Danone, Instituto de Estudios del Huevo y el Instituto Puleva de Nutrición. A ello se suman los congresos anuales que organiza la Sociedad Española de Nutrición. 

El último, celebrado el pasado junio, estaba patrocinado por Coca-Cola, Nestlé, Unilever y Danone, entre otras. Todas participaron posteriormente en la mesa redonda Las empresas por una alimentación 5S –saludable, segura, satisfactoria, sostenible, social–. Frente a estas prácticas, Rey apuesta por “crear agencias de investigación más independientes” para, de ese modo, poder “garantizar la integridad científica”.

 

Polémicas con la asociación de Pediatría

En el punto de mira también se encuentra la Asociación Española de Pediatría (AEP), que afronta varias polémicas sobre sus modos de actuación. Una de ellas afectó a las galletas Dinosaurus. Aunque desde la asociación quisieron aclarar que no “concede avales a ningún producto y cualquier alegación en este sentido por parte de una empresa es falsa”, la relación de ambas es continuada. 

Juntos han llegado a convocar una beca para un proyecto sobre nutrición pediátrica, que solo cuenta con una edición hasta el momento. Estas galletas han estado presentes también durante los congresos que organiza la AEP ofreciendo “desayunos saludables a los asistentes”.

 Además, como se puede observar en la web de Adam Foods –multinacional encargada de comercializar este y otros conocidos ultraprocesados–, sus marcas colaboran desde hace años con la Asociación Española de Pediatría, referencias que ya han sido eliminadas de los sitios webs de TostaRica y Dinosaurus.

 En el caso de estas últimas, llegan hasta las consultas ofreciendo muestras gratuitas a los profesionales médicos. Según figura en su última memoria, la AEP ingresó en 2017 en concepto de donaciones privadas 14.000  euros –en 2014 fueron 51.000–, y más de 150.000 en publicidad. También dispone de una fundación, en la que las donaciones alcanzaron los 157.000.

Otras organizaciones, como la Academia Española de Nutrición y Dietética, también emplearon en tiempos pasados estos modelos de actuación. Sin embargo, en 2017 tomaron la decisión de no renovar los convenios de colaboración con la industria alimentaria y farmacéutica, a la vez que pidió al resto de la comunidad a seguir el mismo ejemplo, mensaje que no ha acabado de calar entre la sociedad científica ni en la industria. 

No obstante, estos acuerdos continúan en sus congresos: “[Los beneficios] procedentes de las aportaciones de la industria se entregan a terceros en un concurso llamado ‘tú eliges, tú decides’”, asegura a La Marea."                 (Eduardo Robaina, La Marea, 28/12/18)

Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados

"Una empresa auditora de alimentos acaba de destapar la caja de los truenos al denunciar fraude generalizado y malas prácticas en los productos de cerdo ibérico.

Acerta, una empresa dedicada a las inspecciones de productos ibéricos desde 2009, acaba de anunciar que abandona los trabajos de certificación de productos procedentes del cerdo ibérico para enfocarse en otras áreas alimentarias.

La compañía ha lanzado una dura acusación contra el sector al asegurar que las entidades que deben inspeccionar y certificar la autenticidad de los productos también están involucradas en el fraude.

El director general de la empresa, Matías Romero, ha comunicado públicamente la retirada de un sector convulso. La Guardia Civil inició una investigación contra el fraude del jamón ibérico contra Comapa, el mayor distribuidor de jamones de España, por vender jamones de cebo como ibéricos de bellota en algunas cadenas de supermercados, entre ellas, Carrefour.

El bajo precio del supuesto jamón ibérico de bellota low cost levantó las suspicacias del sector que considera “imposible” la venta de jamones de bellota por debajo de los 300 euros. Carrefour llegó a vender jamones incluso por debajo de los 200 euros, tal como ha publicado este diario.

Los productores de alimentos procedentes del cerdo ibérico están obligados a contratar los servicios de entidades inspectoras y certificadoras para que verifiquen que el producto cumple con las especificaciones de su etiquetado. Estas entidades son empresas privadas pagadas por el propio fabricante y que en la práctica funcionan como colaboradoras de la administración.

Con estas auditorías se intenta evitar, por ejemplo, que un productor venda como un jamón ibérico de bellota una pieza procedente de un cerdo que ha sido alimentado en una granja con costes de producción mucho más reducidos.

Complicidades y falta de control

El fraude de falsos productos ibéricos ha alarmado a los productores tradicionales del ibérico que denuncian falta de control por parte de las autoridades. “¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, explicó el director general de la compañía en un comunicado público. 

Y la empresa lanza acusaciones sobre quienes hasta ahora han sido competidores. “Determinadas actuaciones de ciertos operadores del sector han puesto en tela de juicio la fiabilidad de las entidades de inspección. Tanto es así que hoy por hoy se presuponen cómplices de un fraude generalizado”.

El auditor alimetario da un portazo al insinuar que la corrupción se ha apoderado tanto de las empresas productoras como de las auditoras que deben certificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

“En Acerta queremos hacer las cosas bien. En la mayoría de los casos lo conseguimos a un gran nivel; en otros no tanto, la autocrítica nos sirve para aprender. Pero, en cualquier caso, nuestros valores siempre están por encima de las oportunidades económicas. Desgraciadamente, para nosotros la inspección de cerdo ibérico ha acabado siendo una actividad desmotivadora”, asegura el comunicado.

El creciente fraude de los falsos productos ibéricos tiene "difícil solución, según la compañía. “Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes y, en consecuencia, cada vez es más difícil sacarlas del juego, desautorizarlas, quitarles la acreditación, pues miles de productores se quedarían sin poder calificar su producto y el mercado quedaría desabastecido”.

La empresa también ha acusado al Ministerio de Agricultura y a las administraciones autonómicas como por su complicidad con el fraude. “El ministerio y las comunidades autónomas son conscientes de esto pero miran para otro lado.

La compañía solicitó el fin de las actividades el 20 de febrero pasado y dio un plazo de un mes a los productores para que buscasen otra entidad certificadora.

El director de la empresa, que también certifica otros procesos de seguridad alimentaria y acuicultura, culminó su carta de despedida con una frase demoledora. “Esperamos poderlos atender en otros ámbitos donde nuestro trabajo tenga sentido y aporte valor, y donde podamos ser realmente un eslabón de la cadena de generación de confianza para el consumidor”."                    (David Placer, Economía Digital, 16/04/18)

Ramón Cerdá: el nexo que une los casos Gürtel, Nóos y la carne de caballo ilegal

"¿Qué tienen en común los casos Gürtel o Nóos y la operación que está desarrollando la Guardia Civil contra la venta internacional de carne de caballo no apta para el consumo humano? Les une Ramón Cerdá, cuyo nombre ha aparecido en los sumarios de los grandes casos de corrupción, como Gürtel, Nóos o Hidalgo. 

Una empresa creada por Cerdá en 2009 y de la que se desprendió un año después —Kandelia Europea SL— está en el centro también de la operación contra el fraude de la carne de caballo, que aún está abierta y bajo secreto de sumario.

Kandelia acabó en 2015 en manos del ciudadano holandés Jan Fasen y de una de sus hijas, según figura en el Registro Mercantil y apunta la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona y que, de momento, ha supuesto la detención de 25 personas. A su vez, Fasen, que presuntamente está en el centro de la operación que desarrolla el Seprona, es un viejo conocido del negocio fraudulento con carne de equino.

 En 2013 estuvo relacionado con el enorme escándalo que se desató al localizarse en los mercados europeos ternera mezclada con caballo. Este mismo ciudadano protagonizó en 2009 otro caso más: hizo pasar como ternera halal (los alimentos que cumplen con los requisitos del Islam) carne de caballo.

Enrico Brivio, portavoz de salud de la Comisión Europea, ha mostrado este martes su "sorpresa" ante la presunta implicación de Fasen en este nuevo caso en España. La red vendía la carne de caballo en Bélgica, Italia, Rumanía, Holanda y Francia.

Pero la de este holandés es una historia aún en construcción y que los agentes del Seprona intentan desenmarañar dentro de la llamada Operación Gazel.

Condenas y detención

La historia de Ramón Cerdá —propietario de la web sociedadesurgentes.com— dio un vuelco el 14 de marzo, cuando fue condenado a 13 años y un mes de prisión por fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil en una trama del IVA relacionado con la compra de aparatos electrónicos.

En el Registro Mercantil aparecen más de 9.000 anotaciones a su nombre de cargos en sociedades. De hecho, se dedica profesionalmente a eso, a crear sociedades que luego otros compran. "Espero que sepa distinguir entre mi actividad y lo que ocasionalmente hagan mis clientes después de comprar las sociedades", se ha limitado a señalar este martes a EL PAÍS a través de un correo electrónico.

Es el mismo argumento que utiliza cuando es interrogado por los agentes, señalan a este diario fuentes policiales. El problema es que, con bastante asiduidad, algunos de sus "clientes" acaban investigados o condenados por corrupción y usan, precisamente, las sociedades que él creo para ocultarse.

El 14 de marzo tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a escuchar la sentencia por la que fue condenado a 13 años y un mes de prisión. Solo unos minutos después de abandonar la Audiencia agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional lo arrestaron dentro de la Operación Praga, en la que fueron detenidas otras 29 personas e imputadas 27 más por el impago de cuotas de la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones. 

Cerdá, supuestamente, está relacionado con tres empresas de la industria cárnica vinculadas a un fraude al erario de 1,6 millones, según las pesquisas de la Udef. En concreto, con la creación de las mercantiles Digosa XXI, Aristrandro Grupo Inversor y Frepamar Teca SL. La policía lo acusa de delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y organización criminal.

Pero el mes horribilis de Cerdá no acababa ahí. El 9 de abril la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 14 años de cárcel por otro fraude del IVA relacionado con el caso por el que fue condenado en marzo. Una mala racha para el hombre que se jacta de haber vendido 10.000 empresas a lo largo de su vida.

En el centro de las tramas de corrupción

Ramón Cerdá es un viejo conocido de la policía, ya que su nombre aparece ligado a la creación de empresas vinculadas a buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido España en los últimos años.

 Él está detrás de la creación de Good and Better, una de las empresas de Francisco Correa, quien en los últimos meses se sienta en el banquillo de los acusados por la primera etapa del caso Gürtel precisamente por la utilización de esta sociedad, entre otras, para facturar a la Comunidad de Madrid contratos supuestamente amañados por valor de varios millones de euros.

Cerdá también está en el origen de Novosfera Asociados 21 SL, una inmboliliaria con sede en Coslada (Madrid) que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres transformaron en auditora internacional tras aparecer en prensa las primeras noticias sobre el Instituto Nóos. Tras adquirirla, le cambiaron el nombre por el de De Goes Center For Stakeholder Management SL.

Este creador de empresas está relacionada también con Possibilitum Business, utilizada por el liquidador Ángel de Cabo para descapitalizar el Grupo Marsans del hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán, y adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos. De Cabo terminó en prisión por el saqueo del grupo empresarial del que fuera presidente de la CEOE.

Las sociedades de este creador de empresas también han aparecido en el caso Hidalgo, una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en 2007 en Marbella, y en el más reciente caso Gowex. El presidente de esta compañía, Jenaro García, reconoció ante el juez Santiago Pedraz haber utilizado ocho de ellas para ocultar su patrimonio gracias a la colaboración de un testaferro, que fue el encargado de adquirirlas a Ramón Cerdá.

Otras empresas creadas por este que se han visto envueltas en problemas judiciales han sido Artemis 2000 (investigada en el caso que llevó al expresidente de la Diputaciónde Castellón, Carlos fabra, a prisión), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (en el caso Mercalicante) y Tempero 9000 SL (del escándalo de la ITV en Valencia)."                (El País, 19/04/17)

El lobby tóxico de los disruptores hormonales... causantes de muchos cánceres hormonales, como los de mama, próstata, testículo, ovario y endometrio, y que se encuentran en en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico...

"La pasada semana se presentó en España el informe Un asunto tóxico, elaborado por la periodista Stéphane Horel, que destapa las presiones del lobby de la industria química para bloquear la adopción de medidas contra los disruptores hormonales (EDC, por sus siglas en inglés).

“Existe una ley europea que permite a cualquier ciudadano de la UE el acceso a los documentos hechos por instituciones públicas europeas y utilicé esa ley. Lo hice durante tres años, con casi 30 peticiones de acceso a documentos. Y conseguí cientos de páginas de correspondencia interna, de la Comisión y diferentes servicios, pero también correspondencia entre la Comisión y los lobbies. 

 De esta forma hemos sido capaces de reconstruir lo que estaba sucediendo”, explica Horel a Diagonal. Su intención no es hacer el relato post­mortem de las consecuencias de una acción de lobby, explicando a posteriori cómo se han salido con la suya y han conseguido reescribir la ley, sino contarlo antes, de forma que la población informada pueda intervenir en el debate y no permitir que se privatice la decisión pública.

¿Disru... qué?

Los EDC son un conjunto heterogéneo de compuestos químicos que tienen la capacidad de imitar, bloquear o alterar nuestros niveles de hormonas (estrógenos, testosterona, hormonas tiroideas...). “Se cree que muchos cánceres hormonales, como los de mama, próstata, testículo, ovario y endometrio, pueden tener su origen en la exposición a estas sustancias durante la etapa fetal y en la pubertad”, apuntan desde Ecologistas en Acción. 

Esta organización alerta, además, de que “los efectos de la exposición a EDC en una generación pueden transmitirse a las generaciones futuras a través de los mecanismos involucrados en la actividad de programación genética”.

Pero, ¿dónde están estos compuestos? Los EDC se encuentran en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico y en otros numerosos artículos de consumo... Hasta ahora, alrededor de mil sustancias han sido identificadas como potenciales disruptores endocrinos.

Sus riesgos los avalan estudios científicos encargados por la Comi­sión Europea, además de infor­mes de la OMS, la Federación Interna­cional de Ginecología y Obstetricia o la Sociedad Mundial de Endocrino­logía. Y al menos tres normas de la UE exigen que se tomen medidas contra los disruptores endocrinos.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas y 3.800 profesionales y científicos del campo de la Salud Pública en España, llegó a remitir una carta en enero de 2014 a la ministra de Sanidad y a la Comisión Europea exigiendo una regulación más estricta de los disruptores endocrinos por la amenaza que suponen para la salud de la población. En ella solicitaban la implantación de una serie de políticas para reducir el riesgo que los EDC causan en la salud.

Cóctel tóxico

Cualquiera podría preguntarse cómo es posible la presencia de estas sustancias en productos comercializados dentro de la UE, donde se presuponen unos buenos controles de seguridad. Uno de los problemas, dice Horel, es que “no existe una prueba, no hay algo como un test de embarazo para saber si un químico es un disruptor o no”. Y ésa es la reglamentación que se ha exigido a la UE y que la industria intenta paralizar.

Tampoco es posible establecer un listado atendiendo sólo al efecto de cada químico. “En la vida real la población general está expuesta a un cóctel de concentraciones bajas de centenares de sustancias químicas diferentes y, sin embargo, las evaluaciones de riesgo que se realizan en la actualidad sólo contemplan las sustancias químicas individualmente”, dice Dolores Romano, de Ecolo­gis­tas en Acción.

 Precisa­mente una característica de algunos EDC es que el efecto adverso puede darse por la acción combinada de varias sustancias que a nivel individual no presenten efectos negativos detectables. De ahí la imposibilidad de establecer niveles de exposición seguros, como exige la industria. Tan sólo cabe determinar cuáles son y prohibir su uso.

La tarea de elaborar a nivel europeo la definición de estas sustancias para, a partir de ahí, poder establecer su regulación se encargó a la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que inició una revisión científica detallada sobre los EDC, encargada a un equipo dirigido por el profesor Andreas Kortenkamp y publicada en enero de 2012.

Ciencia contra la ciencia

Las principales conclusiones del informe Kortenkamp, que definieron  los EDC como “una grave amenaza a la salud pública”, molestaron mucho a la industria. Como respuesta, en junio de 2013, un grupo de 56 científicos envió una carta a Anne Glover, la asesora científica principal del entonces presidente de la Comisión Euro­pea, José Manuel Durão Barro­so, en la que criticaban este trabajo. 

La carta se hizo pública meses después, al incluirse en un editorial firmado por 18 editores asociados de revistas científicas que ponían en cuestión la investigación sobre los EDC por estar “científicamente infundada”. Del total de 18 editores, 17 tenían vínculos con la industria química, cosmética, farma­céutica, de pesticidas, biotecnológica e incluso del tabaco.

No es un caso aislado. Parece evidente que para las instituciones europeas no son un un problema los conflictos de intereses entre sus asesores científicos. “En la Agencia de Segu­ridad Alimentaria, por ejemplo, contamos que un 58% de los expertos tenían relación con la industria. Y para esa agencia está bien.

 Hay una visión en las instituciones de que es correcto porque, como buen experto, necesitas tener relación con la industria –denuncia Ho­rel–. Pero si alguien está siendo pagado por BASF para hacer estudios sobre los efectos de los pesticidas en las personas, esto debe ser tenido en cuenta”.

“Es lo que he llamado ‘la fabricación de la duda’. Consiste en transformar la incertidumbre, que está en el corazón mismo de la ciencia, en duda. Crean pseudocontroversias por las que el responsable de tomar las decisiones políticas dude de la existencia de un consenso”, explica Ho­rel.

 “La mayoría de las veces éstos no tienen formación científica y es fácil que se fíen de un artículo publicado en una revista científica, porque si está publicado ahí tiene que ser cierto, es ciencia”, añade la periodista.

Como señala la investigadora en su informe, desde el caso del tabaco en la década de los 50 al cambio climático en la actualidad existe una larga historia de intentos de la industria por fabricar dudas contra cualquier evidencia científica que demuestre los efectos perjudiciales de sus productos. Una de las formas más efectivas para hacerlo es financiar estudios que señalen otras posibles causas para estos efectos perjudiciales.

 “Exis­ten sorprendentes evidencias de que las medidas de los gobiernos contra las sustancias preligrosas –desde el amianto al plomo, y desde el tabaco a algunos pesticidas– han sido demoradas durante años, en ocasiones décadas enteras, debido a las actividades del lobby industrial para debilitar la ciencia”, afirma Ho­rel en su informe.

En el caso de los EDC, además de subvencionar estudios que desacreditasen las investigaciones independientes, también se inició una estrategia para generar alarma social sobre el daño económico que podría llegar a producir la eliminación de estos compuestos de sus productos, y el obstáculo que podía suponer para el tratado de libre comercio que se empezaba a negociar entre EE UU y Europa (TTIP).

Los encargados de trasladar los deseos de la industria a los responsables políticos son los lobbistas. Entre 20.000 y 30.000 pueblan la sede de la UE, y la gran mayoría re­presenta a corporaciones. Sue­len ser antiguos funcionarios de la Co­misión, europarlamentarios o empleados del Parlamento o del Conse­jo. Por lo tanto, están en una buena posición para hacer lobby entre sus antiguos colegas y conocen el funcionamiento interno del sistema.

 “A veces caemos en la trampa de decir que es legítimo que defiendan sus intereses. Pero, si su interés es envenenarme, yo creo que no es legítimo. Ahí tenemos que trazar una línea”, explica Jordi Se­bastiá, eurodiputado de Com­promís-EQUO.

Sus presiones tuvieron éxito y consiguieron que la Comisión encargase una evaluación de impacto socioeconómico, que obligaba a dilatar la regulación de estas sustancias. “Antes que una valoración científica sobre el impacto que pueda tener sobre nuestra salud se ha priorizado un análisis de impacto económico”, se lamenta Xabier Benito, eurodiputado de Podemos, valoración que comparten desde Ecologistas en Acción: “Aquí lo que vemos es una subyugación de los intereses ambientales, de salud, frente a los económicos”.

No es la primera vez que ocurre algo así. Carlos Martínez, del Departa­men­to Confederal de Medio Am­bien­te de CC OO, comenta su experiencia durante la presentación del informe en Madrid: “En 2004, cuando se estaba discutiendo el reglamento Reach europeo de sustancias químicas, la patronal química europea declaró que se iban a perder 240.000 empleos por la aplicación de este régimen. 

El reglamento lleva bastantes años en marcha y no se ha perdido ningún puesto de trabajo, pero en aquella época nos creaba muchos problemas, porque nuestros compañeros del sector nos cuestionaban”.

Otro golpe al proceso de regulación se produce con las elecciones europeas de 2014. Los cambios introducidos por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jun­cker, implican que la díscola Direc­ción General de Medio Ambien­te sea desplazada oficialmente.

 La regulación de los EDC pasa a ser responsabilidad de la Dirección General de Salud y Consumidores, mucho más atenta a las necesidades de la industria. “Se retiró a la gente que llevaba trabajando cuatro años en esto, que consultaba a todo el mundo, de una forma transparente, que respondía a las preguntas que les hacíamos, que colgaba online todos los documentos de las reuniones”, critica Horel.

Próximos pasos

El pasado diciembre, el Tribu­nal de Justicia de la Unión Euro­pea exigió a la Comisión que hiciese públicos los criterios para definir los EDC. La respuesta de la Comisión ha sido que los publicarán antes del verano, pero que la harán basándose en el criterio de potencia, por el cual sólo se incluirán en la regulación los compuestos químicos más fuertes. “Significa que los disruptores endocrinos débiles, pero que pueden actuar en la gente de una forma agregada, no serán tenidos en cuenta.

 Desde un punto de vista científico, tener la potencia como un criterio para identificar los disruptores hormonales no tiene sentido, es absurdo”, se lamenta la investigadora. “No es una cuestión científica, es una cuestión política y ética. Si creemos que hay efectos, están ocurriendo ahora y hay una responsabilidad política para actuar y proteger a las futuras generaciones”.

Miles de millones de euros dedicados a influir en decisiones políticas y a pagar investigaciones favorables que podrían haber financiado el desa­rrollo de compuestos alternativos.

 Ésta es la paradoja que sorprende a Horel. “Cuando hablo con gente de la industria, les pregunto por qué en lugar de gastar millones en lobbying y relaciones públicas no lo gastan en investigar sustitutos. Al final, necesitaremos reemplazarlos con algo. No los ponemos en los objetos sólo por placer, sino porque son útiles”.

Los disruptores hormonales en España

Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, los niveles de disruptores endocrinos presentes en el organismo de la población en España (la llamada ‘contaminación interna’) son muy superiores a los de la población de otros países en los que se han hecho estudios similares, incluyendo EE UU, Canadá y Nueva Zelanda.

Un equipo de investigación sobre contaminantes ambientales dirigido por el doctor Nicolás Olea analizó la presencia de 16 plaguicidas, todos con capacidad de alterar el sistema hormonal, en 150 muestras de placenta de mujeres andaluzas. En todas ellas se detectó al menos un contaminante, con una media de ocho plaguicidas por placenta.

Otro estudio en la población catalana, dirigido por el doctor Miquel Porta analizó 19 sustancias organocloradas con capacidad de disrupción endocrina en una muestra de 919 personas. Concluyó que más del 85% de la población catalana presenta niveles detectables de las mismas. 

Estos datos indican una exposición generalizada de la población a una mezcla de varias sustancias con capacidad de alterar el sistema endocrino. Curiosamente, según esta investigación, las personas con un nivel educativo inferior presentan concentraciones superiores de estos contaminantes, observándose una disminución según aumenta el nivel educativo. La clase social más alta presenta concentraciones inferiores que el resto.

Trabajadoras del campo en Almería

Un estudio de la Universidad de Granada con 702 recién nacidos encontró una mayor frecuencia de malformaciones en hijos de trabajadoras del campo. Se analizó en las placentas la exposición a 16 plaguicidas con efectos estrogénicos y se encontró que la carga total de xenoestrógenos en los recién nacidos con malformaciones genitales era superior a las de los niños sin malformaciones. La exposición laboral de los padres también tenía relación con una mayor incidencia.

Disruptores y cáncer

Un estudio estadounidense muestra que la exposición a contaminantes hormonales –en particular el pesticida DDT– en la edad fetal cuadruplica la probabilidad de de­sa­rrollar cáncer de mama 50 años más tarde.

Bisfenol A

El bisfenol A (BPA) es el ejemplo más conocido de sustancia disruptora endocrina. Se utiliza fundamentalmente para fabricar policarbonatos plásticos irrompibles, y han detectado que se libera de este material. Desde 2011 su uso en la fabricación de biberones está prohibido en la UE. Pero el BPA aún es utilizado en productos de consumo, como envases de alimentos y bebidas."                     (Ana Álvarez, Diagonal, 27/02/16)

Los pro-bióticos (productos de engorde para el ganado) que contiene ACTIMEL provocan obesidad infantil, claro...

"El escándalo DANONE  en Francia de ACTIVIA y ACTIMEL: 

El «estudio sobre el bote de yogurt» que ha lanzado Didier Raoult*, investigador francés, en la prestigiosa revista científica « Nature » de septiembre de 2009 a acabado por dar resultados.

Para el director del laboratorio de virología de la Timone de Marsella, los yogures y otras bebidas lácteas hinchadas de pro bióticos que nos hacen tragar desde hace cerca de 20 años tendrían una gran parte de responsabilidad en la epidemia de obesidad que golpea a los niños.

Los pro bióticos que Danone añade a saco en diversos yogures son según las alegaciones de la marca expuestas en la televisión, supuestamente “refuerzan » las defensas inmunitarias. Hay más de 1 millardo por bote de Activia o de Actimel (1 millardo = mil millones)

Lo bueno es que estas bacterias “activas y vivas”, según Danone, son las mismas que las que se utilizan desde hace mucho tiempo en la cría industrial como activadores del crecimiento para hacer engordar más rápidamente a los cerdos y pollos. Un cerdo atiborrado de pro bióticos, gana un 10% en la báscula. 

 

De hecho, a principios de año, los investigadores han tenido la idea de comparar la flora intestinal de los obesos y de los no obesos.Y oh, sorpresa, los primeros estaban atiborrados de pro bióticos, esos que se encuentran precisamente en los yogures « santé plus »

Didier Raoult Comenta : «Se han autorizado para la alimentación humana activadores de crecimiento utilizados en la cría (de animales), sin pararse a saber cuál sería el efecto sobre los niños » De golpe, este ha reclamado estudios para conocer el papel preciso de TODOS los productos lácteos en la epidemia de obesidad infantil.

Por otra parte no son solo los niños los que son víctimas de esta superchería : «He encontrado numerosas mujeres rellenitas a pesar de estar sub alimentadas, y que buscaban adelgazar desesperadamente limitándose a varios yogures al día y algunas chucherías”. Y, desesperante desilusión, continuaban engordando, y estaban cada vez más cansadas y frágiles…"    (La matrix holográfica, 08/05/2012)

Alemania cierra mil granjas por usar piensos tóxicos. Millones de huevos contaminados han sido distribuidos

"El escándalo de piensos contaminados por dioxinas en Alemania es más grave de lo que se creyó en un principio. Del 12 de noviembre al 23 de diciembre se distribuyeron entre 25 fabricantes de piensos unas 3.000 toneladas de grasas no aptas para la alimentación de animales.

De estas empresas salieron entre 30.000 y 150.000 toneladas de piensos contaminados con dioxinas, que fueron utilizados en granjas avícolas y porcinas. Tras detectar estos productos, la CE activó el Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos de la Comisión Europea.

Estas grasas, fabricadas por una empresa de biodiesel llamada Petrotec, salieron al mercado para uso técnico. Las compró el intermediario holandés Olivet. La Fiscalía investiga cómo pudieron llegar a la comida que se da a animales destinados al consumo humano.

Las grasas industriales son más baratas que las aptas para el consumo, así que la ministra de Alimentación, Ilse Aigner, daba ayer por "improbable" que llegaran a los pesebres sin que mediara la intención criminal de algún comerciante. (...)

Los piensos contaminados que llegaron a las granjas bastan para alimentar a decenas de millones de animales durante semanas. Cientos de miles, seguramente millones, de huevos con dioxinas están en circulación en Alemania. Se estima que unos 136.000 fueron exportados a Holanda.Es difícil saber en qué estanterías han terminado estos productos.

En Turingia se utilizaron 52 toneladas de piensos contaminados para alimentar a un número indeterminado de cerdos que, según se cree, ya han sido vendidos, y casi medio millón de huevos contaminados llegaron a Baviera desde Baja Sajonia." (El País, 06/01/2011, p. 34)