La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana

 "La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia envió la noche del sábado al domingo a prisión provisional sin fianza al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, y al hasta hace cuatro días subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición durante el Gobierno de la alcaldesa ya fallecida. 

Los dos políticos están investigados en el caso Azud, una causa abierta en 2007, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Grau y Rubio, Gobierno y oposición durante años en el Consistorio capitalino, fueron detenidos el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación coordinada por la jueza de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción. La ofensiva judicial se saldó 48 horas después con 14 arrestados y más de 40 registros en Valencia, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso (Ciudad Real). Junto a estos dos políticos, la magistrada mandó a la cárcel también al constructor Jaime Febrer, clave del entramado de comisiones, a su asesor Joaquín Pastor y a la empresaria Mónica Montoro.

 Los investigadores sospechan que Grau pudo beneficiarse de un millón de euros en mordidas y Rubio, de unos 300.000 euros. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, las sospechas sobrevuelan sobre varias operaciones urbanísticas, entre estas la relacionada con el plan del Grao, uno de los grandes proyectos inmobiliarios de la capital, malogrado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, y salpica a cargos políticos del PP y del Partido Socialista, algunos retirados y otros activos.

Es el caso de Rafael Rubio, concejal socialista de Valencia en la década de los noventa y responsable en la oposición de fiscalizar la política urbanística del PP. El edil permaneció en el Consistorio hasta 2011 y ejerció de portavoz de grupo en el periodo investigado por el juzgado, al menos entre 2004 y 2007. Los socialistas, que gobiernan Valencia desde 2015 junto a Compromís, lo repescaron ―es funcionario municipal― para sus servicios de Urbanismo y allí permaneció hasta que le nombraron subdelegado del Gobierno en Valencia. Está investigado, además, en una pieza separada de otro conocido episodio de corrupción política, el caso Taula, por la presunta contratación irregular de dos falsos trabajadores. Pese a ello, mantuvo el cargo de subdelegado. La detención de Rubio ha dejado estupefacto al partido de los socialistas valencianos, que lo ha suspendido de militancia. Su esposa aparece entre el medio centenar de investigados.

Otro conocido socialista implicado en esta segunda fase del caso Azud es José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV, y el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia en extinción], José Luis Vera, próximo al partido y que los investigadores sitúan como la persona que supuestamente puso en contacto a Febrer con cargos del PSPV.

 El exvicealcalde del PP Alfonso Grau dejó la política activa en 2015, poco antes de perder el Gobierno local, acosado por su procesamiento en el caso Nóos, del que salió absuelto. No fue así en otro caso donde le condenaron en junio de 2019 por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal. La hija de Grau también está investigada junto a su padre por Azud. Otro antiguo cargo del PP bajo investigación es la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú por un plan urbanístico con campo de golf proyectado en su municipio.

La primera fase del caso Azud estalló en 2019, dos años después de abrirse la investigación, con la detención de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y su socio en el bufete de abogados que compartían. En este primer golpe de Azud están investigadas además la mujer de Corbín y hermana de la exalcaldesa de Valencia, y sus tres hijas. Fuentes del caso aseguraron entonces que el abogado cobró presuntamente más de un millón de euros en mordidas a diversos empresarios a cambio de la obtención de recalificaciones."                      (Cristina Vázquez, El País, 17/05/21)

Los escándalos que se han quedado por investigar en el caso Taula de corrupción del PP en Valencia

"La instrucción del caso Taula de corrupción del PP en Valencia, que se ha troceado en siete piezas para supuestamente agilizar su investigación, va lenta. Muy lenta. 

Recientemente el fiscal anticorrupción ha pedido un año más para seguir con las pesquisas de la rama conocida como "pitufeo", en la que se persigue un posible delito de financiación ilegal del PP de Rita Barberá en las elecciones de 2015. Esta solicitud ha soliviantado a las defensas de los nueve concejales del PP imputados que alegan indefensión y dilaciones indebidas.

Las demás piezas separadas siguen más o menos en la misma situación y fiscal y juez instructor siguen realizando diligencias y analizando los informes policiales más de cuatro años después, desde que el 29 de julio de 2014 la denunciantes y diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo presentara la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Pérez Garijo ha sido de los pocos políticos de izquierda que ha criticado la instrucción puesto que, según dijo en la comisión parlamentaria del caso Taula en las Corts Valencianes esta semana, se han quedado patas importantes de la trama corrupta por investigar. Además, también criticó la actuación fiscal porque, tal y como puntualizó, "depende del poder político".

¿Cuáles son esas sombras que la investigación judicial no está intentando alumbrar?

Según las denuncia inicial y las demás aportaciones de la diputada de izquierdas -hasta siete-, al menos se han quedado tres patas importantes por investigar: los sobrecostes escandalosos en las obras de carreteras de la Diputación de Valencia, las luces LED del empresario amigo de Alfonso Rus y la etapa anterior a Marcos Benavent en la saqueada empresa pública Imelsa.

El departamento de carreteras de la Diputación de Valencia siempre ha sido un área muy polémica del ente provincial. En esta caso, la diputada de izquierdas denunció proyectos concretos y aportó documentación de modificados de obra sin justificar. En la carretera entre La Yesa y Alpuente el desvío del presupuesto inicial fue de un millón de euros; en la de Rocafort-Montcada 82.399 euros y en la de Xeraco 361.494 euros.

Pérez Garijo acusaba al equipo de Alfonso Rus, imputado en varias de las causas de Taula, de adjudicar las obras con criterios no objetivos, licitar los trabajos antes de expropiar los terrenos o inaugurar carreteras antes de que se adjudicara la obra.

La otra gran pieza que no se ha judicializado -de momento- es la instalación de centenares de miles de luces LED producidas por la empresa de un amigo de Rus Inelcom y donde trabajaba un importante barón del PP en la comarca de la Costera. Esta empresa se quedó con el 50 % del proyecto de la diputación de sustitución de bombillas tradicionales en el que se invirtieron unos 11 millones de euros.

Rus se inventó una central de compras para distribuir el plan de LED, lo que no evitó que la empresa Inelcom consiguiera un porcentaje mayoritario de adjudicaciones pese a ser nueva en el sector de estas bombilla. Curiosamente, eran los ayuntamientos gobernados por el PP los que mayoritariamente confiaron con la empresa de Xàtiva.

Además, la diputada también aportó numerosa documentación sobre la etapa en Imelsa anterior a la de Marcos Benavent, el autodenominado "yonki del dinero". Antes, apunta la denuncia, se habría funcionado en esa empresa pública con numerosas irregularidades y con decenas de enchufados y trabajadores zombies, es decir, que cobraban sin ir a trabajar."                 (Sergi Pitarch, eldiario.es, 19/12/18)

Dentro de la corrupción valenciana: Emarsa, Púnica, Taula y otros cruces corruptos

"Dice la periodista especializada en corrupción, Laura Ballester, que la corrupción es un organismo vivo que se retroalimenta a sí misma. Esta deficinición es de las más precisas que se hayan podido hacer nunca, y la corrupción valenciana es el mejor ejemplo de ello. Dentro del repaso que El Plural está ofreciendo a sus lectores de los casos valencianos es preciso hacer una parada técnica y explicar algunas cosas que si no se hace un reportaje específico no se entenderían bien.

Cuando Ballester dijo esta frase era porque Esteban Cuesta, uno de los principales imputados dentro del caso Emarsa (caso que se tratará próximamente), anunció que iría a declarar ante el magistrado de Taula para explicarle una de las vías de financiación que utilizaba presuntamente el PP de Rita Barberá.

 Esa vía era, ni más ni menos, la que se realizaba con maletines con dinero público que salían de la depuradora de la que era gerente, y por cuyo saqueo se ha sentado en el banquillo y está a la espera de sentencia. Afirma el exgerente que se habrían pagado cerca de 100.000 euros para "actos de partido del PP de Valencia" con dinero procedente de la depuradora.

Así, de la noche a la mañana, un caso se cruzaba con otro. Pero no ha sido el único. El más sonado ha sido la supuesta vinculación de varios acusados de Taula con la trama Púnica. Hace unos meses, el magistrado instructor de Púnica enviaba a Valencia un informe que unía a tres investigados en los juzgados valencianos con uno de los principales investigados en la Audiencia Nacional, Alejandro de Pedro.

Púnica y Taula

Dicho informe, que fue publicado por El Plural, apunta, además de a De Pedro, a tres nombres propios que ahora ya están bajo sospecha en dos causas diferentes. El actual diputado popular y exconcejal, Miquel Domínguez; el exasesor y ahora concejal, Alberto Mendoza y el exjefe de prensa del consistorio valenciano, Julio Valero.

Sobre los tres explica la UCO que en "aquellos momentos el teniente de alcalde de la Ciudad de Valencia y concejal delegado con los Medios de Comunicación, habría elevado para su aprobación el expediente de contratación instado por Alberto Mendoza (concejal) y Julio Valero (jefe de prensa) a favor de la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, con la verdadera finalidad de financiar a un diario digital Ahora Valencia afín a los intereses políticos de las autoridades del Ayuntamiento de València (PP). Por ello, Domínguez podría haber incurrido como presunto autor de supuestos delitos de fraude y malversación".

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aseveran sobre Mendoza que se "habría prestado como interlocutor" entre el llamado por el magistrado en un auto conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, y el jefe de prensa, Julio Valero, "con la verdadera finalidad de mejorar la imagen institucional de la corporación municipal en las redes sociales, así como para contrarrestar informaciones negativas a través del diario Ahora Valencia".

De Valero explican que con "la mediación de Mendoza, habría sido asimismo partícipe de la contratación", y todo ello por los mismo motivos que el resto: conseguir mejorar la imagen del PP de la ciudad de València. A ambos, de la misma forma que a Domínguez, les acusan de fraude y malversación.

Clan Blasco

Otro de los cruces corruptos más conocidos en las tierras valencianas es el que afecta al clan Blasco, liderado por el exconseller Rafael Blasco que cumple prisión por robar el dinero del tercer mundo en el marco del caso Cooperación, y del que este periódico ya ha hablado.

En el caso de los Blasco se cruzan dos casos y un tercero que afecta a otra parte de la familia, pues todos ellos son los protagonistas de hasta tres tramas. El primero es el caso Cooperación en el que como ya se ha dicho está Blasco, el segundo el caso IVAM, por el que su mujer Consuelo Císcar y su hijo Rafael Blasco Císcar, más conocido como el artista Rablaci, están imputados por entre otros motivos, utilizar dinero público del Museo IVAM que dirigía su madre para conseguir que la carrera del retoño como artista despegara.

Pero hay un tercer caso, la operación Osvaldos, en el que fueron detenidas nueve personas, entre ellas Sergio Blasco Perepérez, exgerente del Hospital General de València, y su hermano Francisco, hijos del que fue presidente de la Diputación de Valencia Francisco Blasco para los que tras la detención el fiscal del caso pidió prisión eludible bajo fianza y que es el que se cruza con Cooperación.

De hecho, las investigaciones de Osvaldos comienzan a raíz de una declaración de un testigo en la trama Cooperación. Una declaración que la magistrada paró en seco y realizó a puerta cerrada solo con el fiscal. A partir de ahí comenzó una investigación que culminó con las detenciones de los Blasco y siete personas más.

Este caso se centra en el presunto amañó de contratos por cerca de 30 millones de euros que fueron a parar a un entramado de empresas vinculadas al sobrinísimo. Unas, dirigidas por un testaferro; otras, por su hermano y su sobrino. Los registros que se realizaron el día que reventó la operación Osvaldos, una veintena, se realizaron en dos frentes diferentes. 

Por un lado, los agentes registraron las empresas presuntamente involucradas en la trama. Por otro, la Policía Nacional solicitó contratos de los años 2004 a 2014 de la Conselleria de Sanidad, del Hospital General y de la Fundación del Hospital General, además de algunos del hospital La Fe.

Estos son los ejemplos de como el robo sistemático de dinero público no entiende de rencillas políticas, ya que según lo investigado, a la hora de meter la mano en la caja da lo mismo de la trama de la que se trate, es más bien una cuestión de estar bien posicionado y poder acceder a esos caudales tan ansiados."                  (Loreto Ochando, El Plural, 15/04/18)

Taula, Púnica, Gürtel, Laterne y Emarsa: el puzzle de la corrupción del PP de Rita Barberá empieza a encajar

"El caso Taula no es una anécdota, ni afecta a hechos remotos que ocurrieron en el pasado. La investigación inicial por blanqueo que involucra desde enero de 2016 a todo el equipo del PP en la ciudad de Valencia (sus concejales y asesores habrían simulado donaciones al partido que se les devolvían en dinero negro) se refería a la campaña electoral municipal más reciente, la de 2015, y se derivó del inicial caso Imelsa, en el que se investiga la corrupción en la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus.

Pero al contrario de lo que podía pensarse en un principio, el caso no sigue un esquema de muñecas rusas, en el que una corrupción más grande incluye otras de menor calado. La evolución del caso Taula ha adquirido una dinámica propia hasta llegar a conectar con un escándalo que denunció en 2010 la entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella. 

La edil reveló la opacidad e irregularidades que marcaban la relación del Ayuntamiento con dos grupos de empresas, Laterne y Trasgos, que contrataban con el consistorio y al mismo tiempo participaban en la organización de las campañas de Rita Barberá, pero el asunto no llegó a trasladarse a la fiscalía.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado recientemente a una de las piezas de Taula y basado en documentación aportada por Jesús Gordillo, que fue asesor del PP, confirma, no solo que Laterne y Trasgos fueron usadas para financiar ilegalmente las campaña de Barberá en 2007, sino que el modus operandi se repitió en las elecciones de 2011 y 2015. 

 Sitúa, además, a quien fue mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (juzgado y absuelto en el caso Nóos), en el centro del sistema irregular. El PP habría pagado sistemáticamente actos electorales financiados por empresas contratistas desde una caja B.

La forma de actuar es similar a la empleada por el PP de la Comunidad Valenciana en el caso Gürtel. Laterne y Trasgos habrían jugado a escala local el papel que Orange Market, la terminal valenciana de la trama que lideraba Francisco Correa, jugó en Gürtel. 

Un caso con el que el Ayuntamiento que presidía Rita Barberá tuvo una conexión a través de la Feria de Valencia, cuyo patronato presidía la alcaldesa. En este caso un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía cifró en 1,2 millones de euros lo que la institución ferial, que dirigía Alberto Català, pagó a Orange Market, según la documentación de la contabilidad B de Correa.

De hecho, según el concejal que denunció la trama Gürtel, José Luis Peñas, la influencia de la red corrupta en Feria Valencia fue tal que Francisco Correa era quien nombraba a su presidente. El PP dejó a deber más de 625.000 euros a la institución ferial por el alquiler de sus instalaciones para el congreso del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido al frente del partido. Solo cuando una sentencia les ha obligado a hacerlo, los populares han pagado lo que debían, tras reclamarlo los nuevos responsables de la institución.

La financiación irregular unifica todos esos casos de corrupción política. Y también aparece en el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia, en Pinedo. La empresa pública, controlada desde un organismo en el que el PP de Valencia manejaba los hilos, habría pagado cenas de militantes del PP local mientras Esteban Cuesta, que fue cargo orgánico de segundo nivel del partido, era su gerente. Además, numerosos cargos del PP de València, entre ellos la propia Rita Barberá, recibieron regalos de lujo con dinero público de la depuración de aguas.

Las piezas van encajando en un rompecabezas que revela que el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, por el que están imputados nueve de sus 10 concejales, es solo la punta de una red mucho más amplia y continuada en el tiempo. Una red que también tenía que ver con el caso Púnica, otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP en España.

Según un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario de Púnica, el actual concejal popular Alberto Mendoza; el exconcejal, hoy diputado autonómico, Miquel Domínguez y el exjefe de prensa de Barberá, Julio Valero, participaron en el pago con dinero público al conseguidor de la red, Alejandro de Pedro, por favorecer la imagen del PP en Internet.

Si en un tiempo parecía que, a diferencia de su correligionario y amigo Francisco Camps, Rita Barberá había quedado al margen de la corrupción que implicó a todo el PP valenciano, a medida que avanzan las investigaciones judiciales toma forma un rompecabezas que sitúa a Barberá en la cúspide de un enorme entramado corrupto. 

Cuando la exalcaldesa de Valencia murió en Madrid en noviembre de 2016, era técnicamente una tránsfuga del PP, cuyo grupo había tenido que abandonar en el Senado al tener que declarar ante el Tribunal Supremo imputada en el caso Taula. "                   (Adolf Beltran

 , Público, 11/09/17)

"Un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres", esta es la comisión para el PP por la construcción de una residencia de la tercera edad en Anna

"Las pruebas incluidas en el sumario de Taula, la investigación que permitió desmantelar la «organización criminal» que dirigía Alfonso Rus, confirman el interés de los presuntos recaudadores del PP de Valencia por obtener una comisión de hasta 60 millones de pesetas -360.000 euros- por una operación de compra-venta de una residencia de ancianos en el municipio valenciano de Anna. 

Según una nueva grabación incluida en el sumario, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Marcos Benavent grabó esta negociación durante el segundo trimestre del año 2006, poco antes de la visita del Papa a Valencia. En ella aparece Benavent negociando la operación en el despacho de Guillermo Balaguer Pallás, un abogado de Valencia con quien intercambió información sobre la construcción del geriátrico de Anna.

Guillermo Balaguer es hermano de Eduardo Balaguer, secretario del Ayuntamiento de Xàtiva con Rus como alcalde. En la actualidad ocupa la plaza de vicesecretario. Además, Guillermo Balaguer fue durante un tiempo secretario del Ayuntamiento de Anna, el municipio que acoge la residencia, según las fuentes consultadas.

La conversación dura cerca de 30 minutos y en ella se escucha con claridad al yonki del dinero proponiendo a Balaguer que sea la constructora Cleop, uno de los presuntos financiadores del PP y de Alfonso Rus, quien se la lleve. «Es constructor -en referencia a Carles Turró, su presidente- hacen de todo y ahora han salido al mercado continuo. Estaban bastante mal y se ha reflotado, están como locos, esta la quieren», le traslada Benavent a Balaguer.

Cleop ya tenía en su poder la residencia que se promocionó en Xàtiva, de la que habrían obtenido otra comisión millonaria, y quería expandir su mercado hasta Anna con una residencia con 136 plazas, «todas en planta baja y una altura», le explica el abogado. 

El convenio sería el mismo que se habría firmado en Xàtiva, la ciudad de Alfonso Rus, y la comisión rondaría el 3%, la cifra que por sistema obtenían los recaudadores cada vez que amañaban un contrato. Según le comunica Benavent, «ya han firmado la de Xàtiva y ahora van a hacer otra historia que estamos haciendo con tu hermano -en referencia al secretario municipal- y Alfonso [Rus]».

Porcentajes

«Comisiones, porcentajes, pasta» le dice Benavent, quien continúa preguntando a Balaguer que «no sé si tendrás acordado algo por la gestión de venta (...). Yo lo que pensaba es que sacáramos nosotros algo....».

El abogado responde que «no sé qué porcentaje se le puede pasar a estos de la venta un 3%, si se considera con las obras» y Benavent contesta que «un 3% está bien». «Un 3%, 60-50 kilos dividido entre tres» es el reparto final del yonki del dinero. 

«20 kilos cada uno, no está mal, por hacer cuatro papeles y marear a unos y otros», dice Benavent.

Sin embargo, el porcentaje que se repartían generó debate entre ambos. Según la grabación, Balaguer no tenía claro qué cantidad pedir y Benavent le aclaró cómo se negociaban estas cuestiones. «Si quieres pedimos un 10% pero nos van a decir que ni de coña, un 5% igual dicen que sí pero lo veo un poco desorbitado», matizó el ex gerente de Imelsa. 

Finalmente se establece el 3%, «y lo repartimos entre los tres, 20 kilos cada uno», explica Benavent. «Para comernos un arroz», bromean. «El tema jurídico lo llevarás tú y cobras tus honorarios. Los papeles y la madre que los parió, lo cobras y punto. Habrá papeleo con el Ayuntamiento», le traslada al ex secretario del Ayuntamiento de Anna, quien comunica a la organización que se ha creado una sociedad en exclusiva para tramitar la operación.

«Guillermo, pim pam» puntualiza Benavent cuando conversan sobre si el Ayuntamiento de Anna iba a poner algún problema. «Si son solventes, no habrá problemas», le responde el abogado. La cinta refleja que Benavent salió del despacho con un sobre y documentación sin identificar quién era la tercera persona a la que repartirían los billetes. Los investigadores creen que era Rus.

En declaraciones a este diario tras alzarse el secreto de sumario, la familia Balaguer aseguró que la conversación trataba sobre un asunto personal, privado, y que le dijeron a Benavent lo que quería escuchar.

El geriátrico

El geriátrico de Anna pertenece al modelo Cotino -en referencia al ex conseller Juan Cotino- que combina plazas residenciales concertadas y públicas. De la grabación se desprende el interés del recaudador del PP para que el grupo Cleop se haga con esta residencia, pero las negociaciones no fructificaron. 

En cualquier caso, el audio demuestra para la Guardia Civil la «subordinación y dedicación completa» de Benavent «al proyecto político de Alfonso Rus». «Son numerosas y evidentes las alusiones existentes en los archivos de audio.

 Entre todas, a modo de ejemplo, basta observar los términos en los que Marcos Benavent habla con personas de tan diversa índole como por ejemplo Guillermo Balaguer, abogado de Valencia con quien estaría gestionando la construcción de un geriátrico en la localidad de Anna».

La UCO también investiga 10 años de presuntas comisiones en el Ayuntamiento de Xàtiva en los que ejerció de secretario municipal el hermano de Balaguer.

LA CONVERSACIÓN

Benavent a Balaguer.

«Yo me he esperado a que saliera la de Xátiva y hemos firmado y han estado a punto de presentar el proyecto básico. No se ha cerrado. Imagínate, que en el impás se quedan la de Anna y no hacemos la de Xátiva, Alfonso, me mata». Para la UCO demuestra el papel de intermediario de Benavent."           (El Mundo, 22/09/16)

Así se gestó la traición del 'yonki del dinero' que (aún) hará temblar los cimientos del PP

"El 26 de mayo de 2015, ataviado con ropajes 'hippies', Marcos Benavent comparecía por primera vez en la Ciudad de la Justicia de Valencia para ofrecer un doble espectáculo: por un lado ante los medios de comunicación (“era un yonki del dinero”, “voy a hacer daño a mucha gente”, “va a salir mierda a punta pala”) y, por otro, con el chorro de revelaciones de sus confesiones en sede judicial y policial, que descabezaron el Partido Popular de la provincia de Valencia.

Ese fue el inicio oficial de una colaboración que había comenzado algunos meses antes, a partir de que la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez hubiese presentado en agosto de 2014 una denuncia con todos los contratos y documentación que pudo obtener por su labor de oposición a Alfonso Rus y con 10 horas de grabaciones comprometedores realizadas por Benavent.

 Una bomba de relojería en el zaguán de la Fiscalía Anticorrupción. La pieza sobre uno de los contratos de la empresa pública Imelsa con una sociedad en la que el suegro de Benavent tenía intereses (cuyo secreto acaba de levantar el juez instructor Víctor Gómez) revela que, durante el mes de junio de 2015, el 'yonki del dinero' se convirtió en un habitual de las “dependencias policiales” y la “sede judicial”. 

Sus confesiones, día sí, día también (solo entre el 1 y el 11 de junio la UCO elabora cuatro informes distintos sobre comparecencias de Benavent), permitieron a los investigadores ratificar muchas de sus sospechas. No en balde, los agentes y la Fiscalía Anticorrupción elaboraron una hoja de ruta para destapar la “actividad delictiva diversa” de la trama encabezada por Alfonso Rus, tomando “como hilo conductor la participación o relación con los hechos investigados del investigado Marcos Benavent”.

 Sobre las razones de ese ataque de civismo, conversión budista o arrepentimiento sobrevenido, mucho se ha especulado. Pero la pieza del sumario de la operación Taula que ahora se ha hecho pública, y a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirma el enfrentamiento que Benavent mantuvo con su suegro, y cómo este iba a conducirle directamente a rendir cuentas ante la Justicia. 

Esto convenció al 'yonki del dinero' de que la mejor estrategia de control de daños pasaba indefectiblemente por convertirse en el gran chivato, en ejercer la delación como única forma posible de redención por los pecados cometidos o, en términos más prosaicos, reducción de penas. Los contratos y las diez horas de grabaciones de Marcos Benavent que llevó al fiscal hicieron estallar el caso. “Me convertí en una apestada porque no entré en el redil”, relata

 La clave está en las grabaciones que el suegro del delator, Mariano López, entregó a la diputada provincial Rosa Pérez cuando esta reclamó a la Diputación de Valencia el contrato con Servimun, la firma encargada de prestar el servicio de atención telefónica al contribuyente en la que el suegro tenía intereses.

 Los dos protagonistas de esta historia llevaban meses enfrentados por el matrimonio fallido de Benavent con Nina, la hija de López. La relación entre ambos se enconó tanto que el segundo sustrajo del ordenador del primero los archivos con las conversaciones comprometedoras, en las que Benavent también participa en los presuntos delitos. 

En paralelo, su yerno había comenzado a apretarle las tuercas presionando con el contrato de Servimun, hasta el punto de que Alfonso Rus recibió una carta, recogida en el sumario, en la que se reclamaba ayuda para que el entonces gerente de Imelsa cejara en su “acoso”. “No me gustaría verme obligado, ante la manifiesta mala fe, a cometer alguna tontería”, dice la misiva. 

Esta carta es la primera prueba documental que aparece en el sumario de la pieza de Servimun, toda una señal de su carácter detonante. Marcos Benavent estaba convencido, y así lo trasladó a los investigadores, de que su suegro había hecho esa "tontería" y había pactado con Rosa Pérez que no siguiese investigando el contrato de Servimun a cambio de entregarle las grabaciones (pacto que realmente no se consumó), y que esas cintas lo dejaban a los pies de los caballos. 

A la denuncia de la diputada provincial, siguió la apertura de diligencias de investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En diciembre de 2014, Benavent comunicó a Rus y al resto de sus hombres en una comida de Navidad que dejaba el cargo en Imelsa, aludiendo a “razones personales”.

 Todos se quedaron de piedra. Nadie entendía qué estaba pasando. El 'yonki del dinero' desapareció del mapa. Viajó a la India, Ecuador y Panamá. Cuando volvió a dejar verse de nuevo en mayo de 2015, había transmutado en arrepentido ‘hippy’ de barba blanca."                  (El Confidencial, 19/07/16)

La "rosa roja" que ha liquidado a Alfonso Rus y al PP de Valencia

"El mismo día que se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo, Felipe VI, el dos de junio de 2014, Rosa Pérez colgó una bandera republicana en la ventana de su despacho en la Diputación de Valencia.

 No es que Alfonso Rus sea un monárquico convencido para quienes le conocen, pero el gesto de la diputada provincial más crítica con su gestión en la institución provincial le sirvió de excusa perfecta para apretarle las clavijas una vez más en venganza por su labor de oposición. Le envió requerimientos notariales para que retirarse la enseña y la llevó a la Fiscalía, tratando de incriminarla penalmente, algo en lo que fracasó.

“Desde el primer minuto de la legislatura me di cuenta de que la Diputación de Valencia era muy opaca. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la Generalitat y el Ayuntamiento, que estaban bajo los focos, pero aquí todo pasaba más inadvertido”, señala Pérez a El Confidencial.

 “Yo no entraba a la connivencia que había aquí. Todo lo ponía en duda. Me convertí en una apestada porque no entré en el redil y tuve muchas broncas en los plenos con Rus y Juanjo Medina”, dice en referencia a uno de los exvicepresidentes provinciales detenidos el martes por los agentes de la Guardia Civil.

Hasta que decidió llevar al juzgado un 30 de julio de 2014 todo el material que había recopilado, muchos de los contratos que ahora están en duda y sobre los que recaen las sospechas de amaño fueron escudriñados por esta abogada penalista y laboralista implicada en política desde que en la universidad militaba en el moviendo estudiantil Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) y que ahora representa a Esquerra Unida como diputada provincial.

 “Muchas de las cosas que aparecen en la demanda las he denunciado políticamente. Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos. Son modificados con mucho coste para la Diputación”, explica.

Ciertamente, el resto del grupos, especialmente el socialista que dirigía José Manuel Orengo en la segunda legislatura de Rus, fue poco beligerante. Pactaban con los populares el reparto de recursos a los ayuntamientos y hacían la vista gorda cuando las cosas no encajaban. Esto genera ahora inquietud en las filas del PSPV. El Partido de Ximo Puig teme que puedan aparecer cargos suyos de segundo nivel implicados en la trama destapada por la Operación Taula.

El relato de Pérez es el de alguien que ha visto decisiones de gestión incomprensibles. Cuando Rus aprobó su plan de sustitución de luminarias convencionales por lámparas Leds aparecieron informes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación que advertían de la inviabilidad de la iniciativa. “Montaron una central de compras. 

Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. La empresa que más facturó fue Inelcom, precisamente de Xàtiva. Ahí es donde podían sacar mucha tajada”, detalla. Ciertamente Inelcom, del empresario Vicente Quilis, es una de las sociedades sobre las que puso la lupa la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia que presentó la dirigente de Esquerra Unida. El contrato no era 'pecata minuta'. Rus embarcó a la corporación y un buen número de municipios en un plan de 30 millones de euros. 

Carreteras, campos de césped artificial, piscinas cubiertas, ninguno de los planes estrella de Rus parecía escapar a las sospechas de irregularidad, como posteriormente ha quedado en evidencia con la investigación de los agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Descubrimos que había sanciones que se tenían que poner y se dejaban caducar. Se han dejado de ingresar 32 millones de euros por estas negligencias. Hablamos de obras ilegales o vallas publicitarias puestas donde no tocaban”.

El exhombre fuerte del PP siempre sospechó que Rosa Pérez podía ponerle en un aprieto. En 2013, una vicepresidenta de su equipo, Carlota Navarro, fue pillada por el asesor de Pérez, José Manuel Sanz, registrando su despacho. Sanz es una de las personas que colaboró en la recopilación de datos e información que desembocó en la demanda. 

Hacía tiempo que se habían convertido en receptores de escritos y documentos anónimos relatando irregularidades. Pero en 2014 recibieron el premio gordo a su labor de denuncia: A sus manos llegaron 10 horas de grabaciones efectuadas durante años por el entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se narraban encuentros fraudulentos, mordidas y un sinfín de indicios de la existencia de una red de comisionistas que alcanzaba a todas las administraciones valencianas. 

“Fue la última pieza del puzle. En cierto modo me generó una gran satisfacción porque soy abogada y tengo la mente criminal. Cuando estás llevando un caso y encuentras una prueba definitiva te sientes muy recompensada. Entonces fue cuando presentamos la denuncia, el último día de julio, 2014”. Fue el inicio de una investigación judicial y policial que desembocó el martes en la Operación Taula.

Pérez no sabe o no quiere explicar las razones de por qué esas cintas llegaron a sus manos. La sombra del exsuegro de Benavent, Mariano López, detenido el martes por la UCO, siempre ha estado detrás de esa divulgación. Al parecer, nunca perdonó al yerno que traicionase a su hija. Y así, entre la persistencia de una diputada roja y las ansias de venganza de un padre dolido, nació el caso que ha terminado por reventar por los cuatro costados al PP valenciano."               (El Confidencial, 30/01/16)