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4.1.17

“Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada...

"(...) El procesado por construir el edificio societario que permitió a Correa blanquear el dinero que expoliaba a través de adjudicaciones públicas quiso sacudirse la imagen de delincuente sacando a la luz su trayectoria cerca de la política.

 “Ya en el 77, formaba parte de la administración de UCD; era el que controlaba la pasta”. Y más tarde: “He tenido clientes de IU, también del PCE, diputados socialistas, no voy a decir nombres, y he tenido a algún embajador socialista”. Puro pluralismo democrático. 

Trataba de insertarse en la normalidad del país. La esencia del delito es su naturaleza antisocial, contraria a la costumbre, y De Miguel pretendió mostrar que lo suyo no había sido más que una pieza del sistema político y económico de España. Aquí las cosas se hacían así.

El acusado duerme tras las rejas porque fue condenado a 21 años por ayudar al empresario Juan Ramón Reparaz a ocultar al fisco 16 millones de euros.

Lo de la Gürtel (antes de que se le pusiera una etiqueta mediática que le diera a este grupo de políticos y empresarios y otros tahúres un cierto aire de exclusividad) no era para él más que un episodio de su carrera. 

Un día Francisco Correa le dijo que quería presentarle a un amigo; era Guillermo Ortega y tenía un objetivo claro: “Igual que el señor Correa, él quería opacidad, como era alcalde…”. Negrear la pasta era una consecuencia del poder que no le extrañaba nada.

 El Rata acudió a él por lo típico, porque la oposición iba husmeándole detrás. El autor del libro Objetivo sin fronteras fiscalesle dijo que, bueno, y le aconsejó formar una sociedad para difuminar el pastel. “No querían ser opacos a la Hacienda Pública, sino a todo el mundo”, llegó a resumir.

Si nos basamos sólo en la escena de la declaración, es fácil dudar de la inteligencia del acusado. No vocalizaba correctamente, cada frase parecía gestarse después de un trabajo muy duro y lento de neuronas: “Y no sé a qué venía esta historia”, confesó en un momento, despistado, después de responder a algo que no le habían preguntado. Afeitado mal apurado, ropa afelpada por el uso, pelo graso, como lavado sólo con agua durante meses, papada. 

En general, parece empapado en ceniza. Cada vez que decía “no me acuerdo” daba la impresión de que aludía, realmente, a un agujero negro de su memoria, una laguna total, como si hablaran de la vida de otro. No mantenía las formas. Sacado del contexto de la sala, nadie aseguraría que estaba compareciendo ante un tribunal: “Hay que ser un poco más serio”, reconvino en cierto momento a la fiscala Concepción Sabadell. Una vez se rió y fue como si le doliera algo.

De Miguel afirmó que las operaciones e inversiones con las sociedades relacionadas con la trama se efectuaban todas bajo “instrucciones de Correa”. Negó, antes de que nadie le preguntara, que repartiera dinero a discreción a Álvarez Cascos, Luis Bárcenas o Jesús Merino. 

Su estrategia para desembarazarse de los 18 años y medio de cárcel que le acechan por Gürtel fue delegar, agarrarse a que cumplía órdenes de sus clientes. Afirmó que le habían falsificado su firma muchas veces y, para las que no, esgrimió que primero había firmado un papel en blanco y luego alguien había añadido el contenido que, ahora, le implica en la causa. “¿Suele firmar usted muchos papeles en blanco?”, se escandalizó la fiscala. “Si son de amigos, sí”, zanjó él.

Sabadell y el procesado no se entendieron en ningún momento. Ella se empeñó en pedirle explicaciones de si sabía si los billetes de sus clientes procedían del delito y de por qué no lo investigó. Él fijó su filosofía de trabajo en una frase: “Yo lo único que veo son cifras”. 

Cifras y papeles de pisos que se vendían y recompraban y revendían entre Luis de Miguel y Guillermo Ortega; sociedades como pelotas de malabares que se creaban para Correa y luego usaba De Miguel, y más tarde, Ortega. Operaciones cuyo único fin era generar operaciones y crear una fantasmagoría empresarial. 

Sin embargo, estas artes no las inventó él. Por lo común, ese mundillo funciona con acrobacias y quiso dejarlo claro: “En Suiza, lo que suelen hacerse son sociedades panameñas”. (...)

Concepción Sabadell siente una total falta de sintonía hacia los acusados. Su cara de interrogar recuerda a la periodista Ana Pastor: tiende al cabreo, se esfuerza mucho en que conste que no se deja vacilar y, en consecuencia, articula una medio sonrisa de desconfianza como sistema, a la que por supuesto le añade un toque canalla. 

Tiene razón en pensar (si es que lo piensa) que eso la hace más profesional porque, por algún motivo, siempre nos parece más competente el mosqueo que la cortesía. Sabadell mantuvo esa misma actitud ante Antonio Villaverde, el corredor de seguros de Correa para el que se piden 15 años y nueve meses de encierro. 

Villaverde, nervioso, empezó con bastante educación y acabó rojísimo y soltando estufidos contra el micro cuando Virgilio Latorre, abogado de la acusación, le pidió explicaciones a distintas transferencias. Latorre traía ganas de fiesta y nombró una por una las operaciones como si le estuviera soltando bofetones con la mano abierta. El acusado gruñía y decía no recordar nada. 

Villaverde usó la misma estrategia defensiva que De Miguel, a saber, que hacía lo normal en su trabajo en aquella época, que era hacer rendir al máximo el patrimonio que le confiaban, y que, además, había contado entre sus clientes a peces gordos, incluso ministros.

 Quizás por eso, por obnubilarse ante tantos grandes hombres como Correa, Villaverde nunca miró si la procedencia del dinero era lícita o no, ya fueran empresarios, cargos públicos u obispos. Hace quince años funcionaba así el cotarro, lo mismo que los movimientos de dinero desde cuentas suizas a cuentas españolas: era lo habitual, dijo, lo normal."                  (Esteban Ordóñez, CTXT, 19/12/16)

29.12.16

Así es la galaxia 'offshore' de Florentino Pérez. La constructora ACS declaró en su memoria de 2014 tener 113 empresas en paraísos fiscales. Las filiales viajan de Holanda, Panamá y Delaware a las Islas Caimán, Mauricio y Hong Kong

"Cuenta Herodoto que el Rey Midas, o Mittas según la tradición oriental, hizo una ofrenda al santuario de Delfos, donando nada menos que el trono real desde donde administraba el reino de Frigia. 

Ovidio llevó hasta nosotros el mito de Midas, según el cual Dionisio le concedió el deseo de convertir en oro todo lo que tocaba; pero, vista la imposibilidad de beber o comer, y tras suplicar a Dionisio, acabó renunciando a ello. 

A Florentino Pérez le ha perseguido siempre el mito del Rey Midas, y los medios de comunicación han sido los primeros en hacer la analogía. No obstante, el mito de Pérez y su capacidad de tornar el negocio de la construcción en valioso metal no ha sido suficientemente analizado. En 2014, ACS era el actual subcampeón del Ibex35 en número de sociedades en paraísos fiscales, solo por detrás del Banco Santander. 

Sus 113 empresas offshore declaradas son un trofeo tan rentable o más que un título de la Champions: gozan tanto de ventajas fiscales como de los tratados bilaterales de inversión, que protegen los intereses de las empresas radicadas en los paraísos fiscales en los que están inscritas frente a cambios legislativos o expropiaciones.

Esa es quizá la principal diferencia entre empresas como ACS y fortunas familiares como las de los Borbones, o las de expolíticos como Rodrigo Rato, José Manuel Soria y otros: su interés es camuflar un patrimonio para evadir impuestos. 

En el caso de los grupos del Ibex35 y sus propietarios, los paraísos proporcionan también una seguridad jurídica, de ahí que en muchos casos estos tengan interés en sacar a la luz sus sociedades offshore; de hecho, los propios informes anuales de ACS y del resto de empresas del Ibex las exponen sin remilgos en sus memorias.

Según el estudio elaborado en 2014 por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, basado en esos informes, 33 de las 35 sociedades del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales. Entre ellas, ACS mantuvo el récord en 2013 con 171 sociedades, muy lejos del segundo, el Banco Santander, con 82. En 2014, la situación cambió, y el Santander mantuvo el liderato con 235 filiales, seguida de ACS con 113. En 2015, según la memoria de ACS, el número bajó a 90.

El crecimiento de las sociedades de ACS en paraísos fiscales ha sido tan vertiginoso como la propia carrera de su dueño, que es a su vez presidente del Real Madrid (lo fue entre 2000 y 2006, y desde 2009 hasta la actualidad). Un repaso exhaustivo a los datos proporcionados por ACS a la CNMV en sus informes anuales revelan que la expansión offshore del imperio de Florentino Pérez coincidió con el recrudecimiento de la crisis económica y con el hundimiento y posterior rescate del sistema financiero español.

En 2004, según su informe anual enviado a la CNMV, la constructora no tenía ninguna sociedad declarada en paraísos fiscales; en 2008 afirmaba tener 12, la mayoría relacionadas con las principales sociedades del grupo en España y no con sociedades adquiridas: Dragados B. V. (Holanda), ACS industrial Services LLC. (Delaware), Cobra Industrial Services LLC. (Delaware), Urbaser (Panamá), o la Sociedad Industrial de Construccion Eléctricas, S.A (Panamá).

En 2010, año de la adquisición de la constructora alemana Hotchief y sus filiales, las sociedades offshore de ACS aumentaron a 25, afincadas mayoritariamente en Delaware (14) y Panamá (5). Dos años después, en 2012, el período de mayor especulación sobre la deuda pública española, el número de sociedades offshore de la galaxia ACS se disparó a 103: destacaban como destinos Delaware (29 sociedades), Hong Kong (14), Singapur (14) y Panamá (10).  

Durante este período, nació una sociedad clave: ACS Actividades Finance, B.V., sociedad holandesa que articula múltiples compras de empresas obteniendo un importante descuento fiscal, ya que los Países Bajos ofrecen la exención total de impuestos sobre dividendos y las plusvalías de las acciones. Con esta instrumental se formalizó la venta, por ejemplo, de la participación de ACS en Iberdrola en 2012, el 3,69%, por un valor de 798 millones de euros.

Durante la última década y media, Pérez trasladó buena parte del negocio de ACS a Panamá y a Delaware, y allí ubicó la sede de muchas empresas que realizan la mayor parte de su actividad en España. 

Es el caso de Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas, S.A., filial de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (a la cual el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2014 el contrato integral de alumbrado por 262 millones), o la Sociedad de Montajes Industriales, con filial en Panamá, que facturó en 2012 el 60% de su negocio en España.

Según el registro mercantil de Panamá consultado por CTXT, Urbaser, empresa que tiene blindada desde 2014 hasta 2021 la contrata de limpieza con el Ayuntamiento de Madrid (por valor de 72,6 millones), abrió una filial en Panamá el 18 de marzo de 2003, solo diez días después de ser aprobada la fusión de ACS con Dragados por parte de los consejos de administración de ambas empresas. Según un portavoz de ACS, la actividad de Urbaser en este paraíso fiscal cesó en 2011.

 La explicación coincide con los datos que publica el informe anual de 2012, aunque en el registro consultado hace unos días por esta revista la filial aparece todavía como vigente, es decir operativa.
Cabe advertir que estas filiales lejanas no deben considerarse a priori como estructuras dedicadas a la elusión de impuestos, aunque parece difícil que ACS pueda llegar a firmar contratos con ayuntamientos como el de Barcelona, que acaba de prohibir licitar a aquellas empresas que tengan sucursales en paraísos fiscales. 

En teoría, las filiales de la constructora afincadas en Delaware, Panamá u Holanda quedan respaldadas por las actividades que desarrollan en dichos países. En cambio, no sucede lo mismo cuando hablamos de sociedades que operan en las Islas Caimán o las Islas Mauricio, territorios que en la memoria de ACS de 2015 suman nueve sociedades. En esos países, la constructora no tiene actividad conocida.

Otro caso significativo es el de Singapur, país en el que la constructora de Pérez tiene 14 sociedades declaradas desde 2012, pero donde sólo desde marzo de 2016 ha empezado a ejercer alguna actividad, como adjudicataria de la construcción de una desaladora a través de su filial Tedeagua. Antes de eso, la relación de Pérez con Singapur se limitaba a la exitosa venta de camisetas de los galácticos merengues, como sucedió en 2003, año en que el Real Madrid jugó un partido allí y se agotaron las zamarras de David Beckham.

Inspecciones y Bankia

Lo que parece claro es que hay una relación directa entre el período de mayor creación de sociedades offshore de ACS y las inspecciones por parte de Hacienda. Desde 2009 a 2012, Hacienda abrió investigaciones a ACS en todos los ejercicios: por el pago del impuesto de sociedades de 2009 a 2012, y por el IVA de 2011 a 2012. En total, ACS reconoce una deuda con Hacienda de 1,4 millones por el impuesto de sociedades, y de 393.000 euros por IVA. También reconoce que esta cantidad puede aumentar en sucesivas revisiones por parte de Hacienda.

El período de creación de instrumentos offshore coincide también con la debacle de Bankia y su rescate. Se trata de una paradoja, pues Bankia ha sido el gran mecenas de ACS y de Florentino Pérez: financió la compra de la joya de ACS, Dragados y su filial Urbaser (450 millones), dos participaciones en Iberdrola (dos créditos por 3.158 millones), así como el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones) y sucesivos préstamos personales para la compra de acciones de ACS por parte de Pérez, a través de su sociedad personal Inversiones Vesán.

A fecha septiembre de 2015, el constructor, de 69 años, tiene una deuda de 429,5 millones con varias entidades, entre ellas con Bankia, aunque no se ha publicado la cifra exacta que adeuda a la entidad. Por su parte, ACS arrastra 2.624 millones de deuda, a cierre del ejercicio 2015. En este caso Bankia tampoco ha desvelado aún la cuantía que la constructora le debe. Consultada por CTXT, la entidad alega que no hace públicos datos de clientes.

Tan cercana era la relación de Pérez con la caja, que el propio Miguel Blesa se sentó en el consejo de ACS entre 2003 y 2005, siendo reemplazado por José Carlos Contreras, director de finanzas de Caja Madrid y responsable de la aprobación de los préstamos.

De este modo, el rescate de Bankia en 2012 y la aceptación por parte del Gobierno del rescate del Banco Central Europeo (tres tramos hasta 100.000 millones de euros, que dejan en situación de dependencia vigilada a todo el sistema financiero), coincidieron con la “patriótica” creación de la mayor parte de la estructura offshore de Florentino.

Tres años después, el 26 de abril de 2015, Pérez afirmó en la junta de accionistas de ACS que veía “un cambio espectacular en la economía española: donde antes se veían riesgos, hoy se ven oportunidades”. El empresario juzgó como muy positivo “el aumento de la demanda interna” y animó al Estado a desarrollar “los proyectos de infraestructuras más rentables social y económicamente”.

Pero el fin de estas estructuras foráneas no es sólo facilitar transacciones en el extranjero y eludir impuestos en España. Como explicó en un artículo publicado en La Razón el economista y abogado Juan Ramón Rallo, estas sociedades offshore se crean para proteger a la propiedad frente a “la rapiña política (nacionalizaciones, confiscaciones, corrupción, etc.)”. 

En otras palabras, para defender los intereses de los propietarios ante decisiones políticas que afecten a los resultados de estas empresas. Como ejemplo, el comentarista cita a “colectivos potencialmente interesados en resguardar su patrimonio de regímenes extractivos: judíos residentes en Oriente Medio, disidentes políticos en Rusia o Venezuela...”.

No obstante, en el caso de ACS y España nos encontramos una empresa que mantiene numerosos contratas con las administraciones públicas, cuyas condiciones pueden cambiar con el ascenso de nuevos partidos o con problemas de impago por parte de las instituciones. 

Ante estos peligros, la estructura offshore garantiza poder acudir a los tratados bilaterales de los países donde tienen sede, ya que en la práctica se convierten en inversores extranjeros. Por ejemplo, al utilizar ACS servicios B.V. con sede en Holanda para las compras y transacciones de la matriz ACS, un grupo español se está beneficiando de los tratados bilaterales firmados por Holanda. "          (Rubén Juste de Ancos  , CTXT, 08/12/16)

20.12.16

El fraude de las estrellas de fútbol no es invención original de los propios futbolistas sino fruto de un entramado estructural de saqueo que se conoce y se tolera

"En relación con la fiscalidad de los deportistas de élite, acerca de la que tanto se especula en estos días con motivo de ciertas informaciones periodísticas alusivas a estrellas del fútbol, podría interesar hacer algunas puntualizaciones: 

(...) 2.- ¿Cómo tributan los derechos de imagen?

En nuestro IRPF, en general, tributan como rendimientos de capital mobiliario pero se gravan por la tarifa general, que puede llegar al 45% de la base liquidable, en lugar de hacerlo por la tarifa del ahorro que grava las rentas de capital mobiliario más usuales (intereses, dividendos, operaciones de seguro que no tengan consideración de rendimientos de trabajo y otros, gravados al 19, 21 o 23% según la cuantía).

Sin embargo, la generalización del fraude en este tipo de rentas, en particular entre las estrellas de fútbol, propició la creación de un régimen especial de derechos de imagen que en realidad no pretende atajar de raíz la evasión de impuestos sino únicamente atenuar su impacto.

La vía de fraude más extendida consiste en la constitución de sociedades mercantiles de naturaleza instrumental para gestionar los derechos de imagen, en este caso de los futbolistas. Hablamos de un formato de contrato casi único del futbol. En otros deportes, por ejemplo en el tenis, los contratos suelen ser íntegramente mercantiles. 

Es en el fútbol donde se llevan a cabo contratos híbridos entre jugadores y clubes. Una parte se pagará como rendimientos de trabajo y otra parte serán derechos de imagen gestionados por el club, lo que no obsta que a su vez los representantes de los futbolistas hagan otras contrataciones directas de anuncios de televisión y similares que supondrán jugosos ingresos extra para sus representados. 

Para rebajar la tributación, se constituyen sociedades instrumentales, por lo común radicadas en paraísos fiscales y cuyo capital pertenece a los jugadores en solitario o en compañía de familiares u otras personas de confianza. El jugador cederá la gestión de los derechos de imagen a la sociedad instrumental y ésta los venderá al club. 

De tal forma que, primero, los rendimientos percibidos por el jugador al cabo tendrán la forma de dividendos (con lo que tributarán por la más baja tarifa del ahorro, al 19, 21 y 23% y no al 45%); se recibirán, en segundo lugar, al ritmo que quieran los propios jugadores o sus representantes, quienes tienen en su mano decidir si se reparten o no dividendos y cuándo, pudiendo dejar los capitales embalsados en las sociedades el tiempo que precisen, y, en último lugar, se ahorrarán la tributación de Impuesto sobre Sociedades, dado que las sociedades fiduciarias radican en paraísos fiscales.

El régimen especial de derechos de imagen no persigue destapar la simulación sino únicamente, de manera harto modesta, garantizarse un mínimo de tributación, como si la Administración reconociera su incapacidad para hacer aflorar la totalidad de lo que se evade.

 Y así, se establece en el artículo 92 de la Ley de IRPF, con una redacción farragosa hasta el vómito, que en estas situaciones lo que pague el club, con quien el futbolista mantiene relación laboral, a la sociedad instrumental, se impute a la renta del jugador y se grave en la tarifa general. Pero se permite que, en el supuesto de que el rendimiento del trabajo alcance el 85% de los ingresos totales percibidos del club, no se haga así.

Esto da dos vías de escape bendecidas por la ley: en primer lugar, permite hasta un 15% de margen de tributación privilegiada por sociedad interpuesta sin tener que dar explicaciones a nadie (y en contratos como los de las grandes estrellas de fútbol un 15% es mucho dinero); en segundo lugar, no atiende a la posibilidad de conformar entramados societarios opacos más complejos que, eludiendo formalmente la intermediación de los clubes, posibilite seguir evadiendo impuestos. 

Y, como era previsible, es esto último lo que ha venido sucediendo, como consecuencia del principio económico y físico universal que dice que si uno puede trincarlo todo no se conformará con trincar solo una parte. De modo que aunque la ley ya ofrece un porcentaje generoso de reducción de pago que a los simples mortales nos queda vedado, es raro que las grandes figuras del fútbol y sus asesores y clubes se conformen si pueden arrancar más.

3.- ¿Es posible que alguna de las grandes estrellas de fútbol acabe en prisión por fraude fiscal?

Es altamente improbable, por no decir imposible. En nuestro ordenamiento jurídico, que alguien sea condenado a una pena de prisión no necesariamente implica que vaya a pisar alguna vez la cárcel. Y, en lo que se refiere a los delitos contra la Hacienda Pública, los ordenamientos de Europa continental, si bien suelen tener sistemas tributarios más onerosos que los anglosajones, son mucho menos severos a la hora de perseguir penalmente el fraude. En especial en Estados Unidos no es inusual que alguien acabe encarcelado por delito fiscal.

 En Europa es bastante menos frecuente, y en España casi imposible. En la actualidad en nuestro país, según las últimas cifras que guardo en la memoria, hay una población reclusa de unas 27.000 personas, de las cuales apenas 170 han sido condenadas por delito fiscal como delito principal, que no único, y se trata siempre que personas que quedaron arruinadas y sin capacidad de pago. 

Si se tiene dinero, jamás se va a la cárcel por delito fiscal, salvo que uno quiera ir. Desde 2015 se añadió en nuestro Código Penal un apartado 6 al artículo 305, que es el que tipifica el delito fiscal, estipulando que se podrá rebajar hasta en dos grados la pena de quien sea condenado si en el transcurso de dos meses desde que se reciba la citación judicial como imputado se reconoce y se paga la deuda. 

Téngase presente que la fase penal es la “última ratio” del ordenamiento y que los grandes defraudadores suelen ser jugadores (y no de fútbol, precisamente, sino de fortuna). Lo usual es que antes de llegar a ser imputado penalmente haya una pelea administrativa frente a la inspección, que se puede librar con muchas esperanzas de éxito si se dispone de un ejército de buenos asesores fiscales. Llegado al final, si hay imputación penal, se paga y asunto arreglado: lo que se pierde por las ocasiones en las que me pillan por lo que se gana en las que no me pillan.

 La pena más alta de prisión, en caso de delito agravado (cuando la cuota defraudada supera los 600.000 euros, o se comete sirviéndose de organización criminal o se recurre a entes interpuestos), es de seis años. 

En este supuesto más grave, la rebaja de uno o dos grados, va a suponer que siempre nos quedemos por debajo de los dos años, en cuyo caso nunca se va a la cárcel si no existen antecedentes penales. 

Piénsese que la cuota defraudada se computa por impuesto y año, y que no es necesariamente todo lo que se deja de pagar, sino en exclusiva aquella parte de lo dejado de pagar en que se puede demostrar fehacientemente la concurrencia de dolo, aunque sea en grado de dolo eventual, o sea, ánimo positivo de defraudar a Hacienda. Para que nos hagamos una idea exacta, en el caso del tipo agravado hablamos de quien deja de pagar más de 600.000 euros en una sola declaración de la renta, por ejemplo.

Si a la atenuante extraordinaria del artículo 305.6 del Código Penal se logra añadir alguna otra atenuante general, cosa que un buen equipo de abogados tal vez pueda conseguir con relativa facilidad, yo calculo que cabe acumular hasta ocho o nueve delitos fiscales graves sin ir a la cárcel.

Esto es lo que hay, pero nos quedaría por añadir el hecho quizá más inquietante, al que ha apuntado esta semana pasada la revista alemana “Der Spiegel”. Y es que este tipo de fraude no es invención original de los propios futbolistas sino fruto de un entramado estructural de saqueo que se conoce y en el fondo se tolera, o a lo sumo se pretende embridar sin eliminarlo.

Entiéndaseme. No exculpo a ninguno de los futbolistas que se benefician de él. Por tonto que uno sea, siempre sabe que si gana mucho dinero debe pagar a Hacienda, y también sabe para qué sirven los asesores fiscales en estas ocasiones.

 Tampoco yo sé absolutamente nada de medicina, pero sí lo suficiente como para acudir al médico de cabecera si me duele mucho el estómago. Lo que quiero decir es que no hablamos de la moralidad individual de un puñado de deportistas de élite, sino de una estructura profesional de fraude.

 Los clubes negocian con los representantes de los jugadores sus ingresos netos y, en consecuencia, la tributación se convierte en un coste empresarial cuya reducción se encomienda a potentes asesorías internacionales, generando un volumen ingente de beneficios que se financian a costa de los contribuyentes.

Aunque quizá no sea para tanto. Como expliqué en otra entrada aquí mismo, a las empleadas de hogar de los barrios humildes de Madrid que obtienen más de 12.000 euros anuales brutos por su trabajo sí que se les requiere sin falta si no declaran y se les hace pagar incluso, si están casadas y tienen cargas familiares e hicieron declaración conjunta con sus maridos, por los tipos más altos a que pueda dar lugar la renta familiar, más de lo que hubiesen pagado de haber tributado correctamente desde el principio. Sin excusa de recargos y sanciones, por supuesto.

A ellas habremos de agradecer la dicha de los astros del fútbol a los que admiramos."            (Ricardo Rodríguez , Rebelión, 12/12/16)

10.12.12

Díaz Ferrán ‘regaló’ compañías de patrimonios multimillonarios

 Gráfico: El alzamiento de bienes del grupo Marsans

"Desde mediados de 2010 Gonzalo Pascual [ya fallecido] y Gerardo Díaz Ferrán han llevado a cabo un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales”.

Esta afirmación la sostienen con diversos hitos, muy documentados y todos ellos obrantes en el sumario, los empresarios de AC Hoteles, Barceló, Iberojet y otros que han denunciado a los expropietarios del Grupo Marsans en la querella presentada en enero de 2012 en la Audiencia Nacional.

 La denuncia de estos empresarios pretendía alertar de una práctica ilegal por la que Díaz Ferrán había intentado ocultar parte de sus bienes para no pagar las deudas millonarias contraídas con decenas de proveedores. (...)

»Ventas falsas a Posibilitum. El 9 junio de 2010, 15 días antes de que Viajes Marsans entrase en concurso de acreedores, Pascual y Díaz Ferrán comenzaron a desprenderse de todo su patrimonio empresarial a favor de Posibilitum Bussiness, una empresa de Ángel de Cabo constituida en febrero de 2009 sin bienes inscritos a su nombre, con un capital social de 60.000 euros y sin ninguna experiencia en el sector. De hecho, su objeto social es “el comercio de animales domésticos y en su caso exóticos”, según el informe de la administración concursal.
 
Aquella extraña venta se produjo cuando Pascual y Díaz Ferrán conocían ya que al menos 20 empresas a las que debían dinero habían solicitado desde abril al juez concurso de acreedores para cobrar sus deudas.

En esa operación con Ángel de Cabo y su empresa Posibilitum, el entonces presidente de la CEOE y dueño del Grupo Marsans, en unión de Pascual, incluyó sus activos insolventes, pero también sus activos más valiosos.

 Así, vendieron Teinver, sociedad dueña del capital de Viajes Marsans y la totalidad del capital que ellos mismos poseían en las sociedades Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones, Transportes Aura, y empresa manconcunada de Transportes, por un precio “ridículo” conjunto de 3.060 euros.

Posibilitum, la sociedad que compró ese emporio empresarial venido a menos era propiedad de Ángel de Cabo, detenido el pasado lunes, igual que Díaz Ferrán, por alzamiento de bienes. Nada justificaba la compra de empresas turísticas que habían llegado a facturar centenares de millones de euros por una firma sin experiencia en el sector y con un capital de 60.000 euros.
 
Teinver, una de las sociedades regaladas a Posibilitum poseía “diversos activos con valor incuestionable que podrían haber servido para afrontar el pago de deudas”. Por ejemplo, era propietaria de la cadena Hotetur, con 19 hoteles en España y Latinoamérica, y de la compañía de handling Newco, con 1.500 trabajadores.

Teinver poseía también el 3,5% de Sos Corporación Alimentarias, hoy Deoleo, participación valorada hoy en 17 millones de euros. Y litigaba el cobro de 1.000 millones del Gobierno argentino.

»Cien millones de patrimonio. Por otro lado, después de la orden de embargo de todos sus bienes y sociedades, en julio de 2010, Pascual enajenó “a Posibilitum las participaciones sociales de Parihol Inversiones [su patrimonial], por un precio de tres millones de euros, siendo su patrimonio neto de 101 millones (...) y es indubitado que el concursado se deshizo de uno de los principales activos, siendo Parihol Inversiones una sociedad a través de la cual controlaba otras sociedades”.

En igual fecha, Díaz Ferrán y Pascual vendieron sus participaciones en Consulting XXI a una filial de Posibilitum por 1.800 euros. No menos evidente del fin buscado fue la venta de Inversiones Grudisan, de Díaz Ferrán y su esposa, a Posibilitum por 4.240 euros. Grudisan poseía inmuebles por valor de 39 millones de euros.

Por otro lado, entre uno y otro vendieron a Posibilitum la firma Trapsatur que “tenía una facturación de 20 millones de euros y ganaba dos millones al año”. También enajenaron Transportes de Cercanías SA y Autobuses Urbanos del Sur y todo ello por menos de 30.000 euros. El comprador siempre era el mismo, Posibilitum, es decir, Ángel de Cabo.
 
La firma Holdisan Inversiones cuando fue vendida por Díaz Ferrán a Posibilitum era propietaria de dos sociedades norteamericanas Holdisan New York, y Holdisan Central que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en uno de los condominios más lujosos de Nueva York, en el hotel Plaza, abonando más de diez millones de dólares por ambos. 

En enero pasado, se estaban intentando vender por casi 13 millones de dólares. Por ello, los denunciantes urgieron las medidas cautelares del juez sobre ambas propiedades.

Holdisan Inversiones sería también la dueña de un chalé en Calviá (Mallorca) y del yate de 27 metros atribuidos a Díaz Ferrán.

Por otro lado, Díaz Ferrán compró en 2007 a la sociedad holandesa Lismore la firma Ubert Real Estates, holandesa también, por 35 millones de dólares, pero dejó pendiente de pago 27 millones de dólares.

 A modo de hipoteca, dejó en promesa de pago una serie de propiedades inmobiliarias en el Estado mexicano de Baja California, de una firma local, Desarrolladora Saclol. Un hijo de Díaz Ferrán, paradójicamente, firmó por la sociedad mexicana.

»Rolls Royce de medio millón de euros. Díaz Ferrán poseía un Rolls Royce valorado en medio millón de euros. Estaba embargado. Pero según los querellantes, fingió haberlo vendido previamente a la firma Munari Negocios, vinculada a Cabo, para sustraerlo a los acreedores.

Con posterioridad, en septiembre de 2012, los querellantes alertaron al juez de nuevos movimientos de Díaz Ferrán y De Cabo para blindar su patrimonio al cobro de la deuda. “Esas actuaciones consisten por un lado en el cambio de titularidad de diversas fincas propiedad de Díaz Ferrán a través de sucesivas transmisiones a favor de sociedades interpuestas, por otro gravar otras fincas para salvaguardarlas de reclamaciones de terceros”. 

Todo ello se hizo, según la denuncia, a través de tres sociedades pantalla (Inversiones Grudisan, Quatre Bras Inversiones e Implementación de Proyectos). “Los denunciados han puesto a la venta diversas fincas en Calviá y en Madrid”. Y los querellantes ponían su lupa sobre otras propiedades en Madrid, Málaga y Menorca que atribuyen a Díaz Ferrán.

 El informe de la administración concursal señala que los actuales administradores de Marsans (Posibilitum) no han entregado la información y documentación necesaria. “Han hecho caso omiso a los requerimientos para que entreguen el plan de viabilidad o el contrato de compraventa por el que Posibilitum adquiere Teinver”.

Los nuevos gestores del Grupo Marsans, según el informe de la administración concursal, han llevado a cabo una “labor contraria a las más elementales normas de defensa del patrimonio” del grupo:
  • — Pasividad a la hora de tramitar los contratos de arrendamiento de locales pese a que en ellos no existía actividad.
  • — Retraso en la solicitud del expediente de regulación de empleo. Pese a que el concurso de acreedores de Marsans se declaró el 25 de junio de 2010, un mes después los administradores seguían sin alcanzar un acuerdo con los trabajadores pese a que la sociedad no tenía actividad y cada mes que se retrasaba la solicitud del citado ERE la deuda de Marsans por salarios se incrementaba en casi cuatro millones de euros.
  • —Contratación de personal con salarios extremadamente altos teniendo en cuenta la situación de Marsans. Las nóminas de seis de ellos sumaban un salario bruto de 1,5 millones de euros anuales.
  • — Sueldos para los dueños. Dos meses antes de la declaración de concurso, el 1 de abril de 2010, cuando la situación económica de Marsans era absolutamente crítica, quienes hasta la fecha ostentaban la condición de administradores solidarios, decidieron darse de alta como trabajadores de Marsans y un mes después cobraron como finiquito la cantidad de 20.555 euros cada uno.
 La conclusión de los administradores concursales era muy pesimista: “En el caso de que el concurso se califique como culpable a los administradores de la concursada, podrían llegar a responder de un déficit patrimonial de 400 millones de euros. 

El producto de la venta de activos de Marsans, que su administración mercantil cuantifica en su plan de liquidación en 12 millones de euros, no será en ningún caso suficiente para cubrir la masa pasiva del concurso, provocándose con ello un grave desequilibrio patrimonial que, ante la previsión de que el concurso sea declarado como culpable, deberá ser cubierto tanto por los administradores sociales actuales de Marsans como por los anteriores”.    (El País, 05/12/2012)

4.11.10

El hombre que sabía corromper

"La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos". "Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca.

Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. (...)

La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. (...)

Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:

-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.

-Ya. Coger pisos o lo que sea.

-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla. (...)

El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero". (...)

De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono. (...)

Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil.

El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.

Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. (...)

La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho. (...)

Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.

Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad.

Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros. (...)

Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía". (El País, Domingo, 26/09/2010, p. 2/5)

20.1.10

El último secreto de Blair. Un contable británico gana un concurso para desentrañar la opacidad fiscal del ex primer ministro

"El dirigente laborista se valió de un vacío legal para tributar menos.

El secreto sobre la opacidad de las finanzas de Tony Blair fue desvelado ayer por el diario The Guardian, que hace unos días lanzó un concurso global a través de su edición electrónica para animar a contables y economistas de todo el mundo a averiguar el secreto de Blair. El concurso ha sido ganado por el contable británico Richard Murphy, de 51 años, que a través de los documentos públicos puestos por el diario a disposición de los lectores ha llegado a la conclusión de que Tony Blair se está aprovechando de un agujero legal de la normativa que regula un tipo de compañía creado en el año 2000 para ocultar una parte de sus ingresos. (...)

En síntesis, Richard Murphy ha averiguado que el principal vehículo de los negocios del ex primer ministro es una sociedad llamada Windrush Ventures No 3 LP. Pero Blair ha interpuesto una segunda sociedad, de responsabilidad limitada, Windrush Ventures No 2 LLP, que es la que en realidad controla la compañía operativa, llamada Windrush Ventures Ltd, que funciona desde sus oficinas centrales en Grosvenor Square, en el carísimo barrio de Mayfair.

Esta estructura, perfectamente legal aunque de dudosa moralidad en un político laborista, implica 12 sociedades distintas de las que seis cuelgan de la estructura de Windrush y otras seis de una estructura paralela llamada Firerush.

El resultado de todo eso es que Blair sólo está legalmente obligado a declarar los ingresos de Windrush y se sabe que estos han superado los 6,75 millones de euros. Pero no se sabe cuántos otros ingresos ha obtenido ni dónde están pagando impuestos. "Esto se ha hecho a partir de asesoramiento legal y contable", declaró un portavoz de Blair que justificó esa estructura como "simplemente un vehículo administrativo para permitir al señor Blair administrar sus distintos proyectos de manera sensata". (...)

Murphy incluye en su documentación un mensaje al ministro de Empresas y gran amigo de Blair, Peter Mandelson, en el que le dice: "Esto es un auténtico abuso que usted debería atajar de inmediato". (El País, ed. Galicia, internacional, 18/12/2009, p. 6)