Las siete preguntas que no responde el registrador Rajoy

"La vida del registrador Mariano Rajoy es un misterio. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. 

También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador. Además, reveló las fechas de algunas solicitudes realizadas por el político gallego a la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con sus situaciones de incompatibilidad. Todos estos datos plantean ya siete cuestiones que el registrador Rajoy se niega a responder. Y no parece que vayan a ser las últimas.

1. ¿Por qué decidió cobrar al mismo tiempo como político y registrador?

"No he venido a la política a ganar dinero", presumió Rajoy en febrero de 2013, en pleno escándalo por los sobresueldos cobrados por la cúpula del Partido Popular. Han pasado 34 años desde que el ahora presidente del Gobierno ocupó el primer cargo público, y es probable que solo Rajoy recuerde con qué intenciones entró en política. Pero los hechos demuestran una cosa: si en su mente no estaba ganar dinero, desde luego tampoco estaba perder demasiado.

La versión oficial de Rajoy es que llegó a la política por casualidad. En un texto escrito en gallego (idioma que entiende pero no habla), para un libro de conmemoración de los 30 años del Parlamento de Galicia, el propio presidente del PP lo explica así:

 "Yo no tenía ninguna experiencia ni relevancia política cuando llegué al Parlamento de Galicia en 1981 [...] Mi entrada en política fue casual, porque entonces ocupé el número tres de la lista de Alianza Popular por la provincia de Pontevedra, y estaba previsto que obtuviésemos dos escaños en caso de lograr un buen resultado ya que UCD tenía un gran poder y contaba con todo el aparato del Movimiento [...] 

 La tercera plaza estaba reservada para un candidato de Pontevedra y la Junta local, donde estábamos muy pocas personas, un grupo de amigos bastante reducido, decidió que fuese yo. Contra todo pronóstico ganamos aquellas primeras elecciones gallegas y sacamos en la provincia de Pontevedra hasta siete diputados, frente a los seis de UCD. Así entré en política casi sin darme cuenta, cuando sólo tenía 26 años". Fin de la cita.

Aunque las cosas ocurriesen casi sin que Rajoy se diese cuenta, lo cierto es que al ganar el escaño en aquellas elecciones celebradas el 20 de octubre de 1981, tenía que decidir qué hacer con su plaza de registrador. Entonces era el titular del registro de Padrón, localidad coruñesa a la que había llegado en marzo de 1980. Era su segundo destino como funcionario público. Su primer día de trabajo había sido el 6 de noviembre de 1978, cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León).

 El registrador y diputado Rajoy se enfrentaba a la siguiente alternativa: mantener la titularidad del registro de Padrón y seguir percibiendo los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica de los Registradores de la Propiedad, o renunciar a dicho dinero quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose la vacante del registro. Rajoy decidió quedarse con los honorarios. 

Así que una de las primeras decisiones de aquel joven de 26 años fue cobrar por partida doble: como diputado y como registrador. El desapego por el dinero del que ahora presume Rajoy quizá le llegó más tarde, en una fecha que el presidente del Gobierno no ha querido precisar.

2. ¿Por qué oculta los ingresos que tuvo como registrador?

Mariano Rajoy tenía dos ingresos de forma legal. Se lo permitía el artículo 541 del Reglamento Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese a ello, el presidente se niega a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa. "¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".

En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad.

Lo cierto es que, pese a las múltiples proclamas del PP sobre las bondades de la transparencia, sigue siendo un misterio lo que cobró el registrador Rajoy en los primeros años ochenta. El Reglamento Hipotecario define la cantidad de forma indirecta –"los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica"– y el porcentaje exacto lo fija en sus presupuestos el Colegio de Registradores.

 Fuentes conocedoras del funcionamiento de los registros sitúan dicha cantidad entre el 25 y el 50% de los ingresos netos. Pero nadie sabe la cantidad exacta que correspondió al registrador de Padrón en el año 1982. Salvo dos personas: él y Celestino Pardo, nombrado entonces interino de aquel registro a propuesta del propio Rajoy y escogido en 2012 como consejero de Sareb, el banco malo creado por el Gobierno del PP para gestionar los activos de la reestructuración bancaria.

3. ¿Por qué tardó 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984?

Cuando estaba a punto de cumplir dos años en la Moncloa, el Gobierno de Felipe González decidió meter mano al régimen de la función pública heredado del franquismo. Con ese objetivo aprobó la Ley 30/1984, que entró en vigor el 23 de agosto de aquel año. En su artículo 29, dicha norma establecía que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios".

 Algunos políticos que vivieron aquella época atribuyen la inclusión de este artículo a Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicepresidente socialista, que lo habría ideado para terminar con los privilegios de personajes como Pío Cabanillas, exministro de UCD que había sido registrador de la propiedad en la isla canaria de La Palma, donde las malas lenguas le apodaban Pío Nono, ya que se decía que mientras fue ministro se quedaba con nueve partes de los ingresos del registro y dejaba sólo el diezmo para su sustituto. Cabanillas fue, por cierto, uno de los principales mentores de Rajoy en aquellos primeros años en política del ahora presidente.

El caso es que Mariano Rajoy se tomó con tranquilidad la aprobación de la nueva ley. Pasaron más de 15 meses, en concreto 464 días, desde la entrada en vigor de dicha norma hasta que el 29 de noviembre de 1985 llegó al Ministerio de Justicia un escrito suyo solicitando el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1984. Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4.

4. ¿Cobró de forma irregular cuando era titular del registro de Berga?

En el mismo acto en que tomó posesión de su plaza en Berga, Rajoy hizo entrega del registro a Ramón Abelló Margalef. Éste asumió el puesto como registrador interino conforme al artículo 541 del Reglamento Hipotecario; es decir, Rajoy trasladó a la localidad catalana su costumbre de seguir cobrando parte de los ingresos del registro, aunque el trabajo lo hiciese otra persona y las oficinas se encontrasen a 1.165 kilómetros, que es la distancia por carretera entre Pontevedra y Berga.

¿Qué ocurrió durante los 464 días transcurridos entre la entrada en vigor de la Ley 30/1984 y la solicitud de Rajoy de pasar a "servicios especiales"? De acuerdo con la documentación que obra en su expediente de funcionario público, depositado en la Dirección General de los Registros y del Notariado, en ese periodo de tiempo no existe ninguna resolución que modificase la situación de Rajoy o del registrador interino de Berga. Por tanto, cabe deducir que el ahora presidente estuvo cobrando honorarios del registro catalán en contra de lo que establecía expresamente la legislación aprobada en 1984.

5. ¿DEJÓ REALMENTE DE PERCIBIR HONORARIOS REGISTRALES EN 1985?

El martes 3 de diciembre de 1985, la Dirección General de los Registros y del Notariado contestó positivamente a la solicitud de pasar a servicios especiales realizada por Rajoy el viernes 29 de noviembre. Adoptar una decisión en dos días hábiles constituye un notable ejemplo de celeridad y desmiente a quienes llevan décadas criticando la excesiva burocracia de la administración española; al menos en ciertas ocasiones, sería injusto hablar de lentitud.

El año siguiente, 1986, trajo nuevos cambios a Rajoy en su doble vida: como registrador ganó la plaza de Santa Pola (Alicante) y como político fue nombrado vicepresidente de la Xunta de Galicia, el 5 de noviembre. Pero eran tiempos convulsos en aquella Alianza Popular de Manuel Fraga, que tenía en Galicia su casi único bastión de poder.

 Y lo perdió en 1987 como consecuencia de una moción de censura auspiciada por Xosé Luis Barreiro, que había sido el jefe de Rajoy en la provincia de Pontevedra y terminó abandonando AP para pactar con los socialistas. Así que el 26 de septiembre de 1987, AP perdió la Xunta y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro.

El 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia. Pero el trabajo de registrador no enganchó a Rajoy, quien exactamente dos años después enviaba una nueva solicitud al Ministerio de Justicia para pasar a la situación de servicios especiales. 

Acababa de ser elegido diputado en Cortes en las elecciones generales celebradas el 29 de octubre de 1989. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publica la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del Registro de Elche-3. Y así hasta hoy, 23 años, seis meses y 22 días después.

¿No tuvo ningún ingreso Rajoy procedente de los registros de Elche-4 y Santa Pola entre los años 1985 y 1987? ¿Tampoco cobró nada del registro que llevaba Riquelme entre 1990 y 1998? La duda no existiría si el Gobierno de Aznar no hubiese aprobado en 1998 una modificación del Reglamento Hipotecario, de forma que el artículo 552 pasó a establecer que los cargos públicos incompatibles quedarían en situación “de excedencia por servicios especiales con reserva de plaza, procediéndose al nombramiento de registrador accidental permanente, a quien corresponderán la totalidad de los honorarios que se devenguen”. Este artículo encajaba como un guante en la situación de Rajoy, quien entonces era ministro de Educación. 

La pregunta surge inevitable: ¿qué necesidad había en 1998 de aprobar un artículo en un reglamento dejando claro que todos los honorarios los cobraba el “registrador accidental permanente” si ya desde el año 1984 existía una ley que prohibía al funcionario en servicios especiales tener cualquier tipo de ingreso más allá de su sueldo como cargo público?

Diversas fuentes consultadas por este diario destacaron que, durante muchos años, existieron un cúmulo de disposiciones “no siempre armónicas” que afectaban al estatus de los registradores que ocupaban cargos públicos. Entre esas normas están la Ley Hipotecaria de 1944, el Reglamento Hipotecario de 1947, La Ley de Incompatibilidad de los Funcionarios de 1984, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 y la Ley del Régimen Electoral General de 1985. 

Así que la duda resurge: ¿se acogió Rajoy entre 1985 y 1998 al Reglamento Hipotecario que le permitía cobrar una parte de los honorarios de los registros de los que era titular o se atuvo en todo momento a la Ley 30/1984 que se lo prohibía?

6. ¿Por qué no ha pedido nunca la excedencia?

Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 34 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 32 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titular, sucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola.

La situación más llamativa se produce sin duda en esta última localidad alicantina, cuyo registro tiene desde 1990 a su titular en servicios especiales y está gestionado por una persona que a su vez acumula los puestos de registrador titular en Elche y "registrador accidental permanente" en Santa Pola.

Más allá de la patada a la lingüística del Reglamento Hipotecario, pues algo accidental difícilmente puede ser permanente, lo que han logrado los amigos Rajoy y Riquelme es evitar que otro registrador pudiese optar a una plaza tan codiciada en su día como Santa Pola, donde durante los años del boom inmobiliario los ingresos anuales pudieron acercarse al millón de euros. Ello no habría ocurrido si Rajoy hubiese pedido una excedencia, de forma que su plaza saliese a concurso.

La decisión de Rajoy de permanecer 32 años en servicios especiales, además de acrecentar notablemente los ingresos de Riquelme, ha supuesto otra ventaja para el presidente el Gobierno: conservar su plaza en propiedad.

7. ¿Tuvo conocimiento del traslado de su expediente a un archivo secreto?

Como desveló infoLibre en septiembre de 2013, el Gobierno de José María Aznar decidió en 2001 enviar el expediente de registrador de Rajoy a un archivo secreto, situado en la oficina de la entonces directora general de los Registros y del Notariado, Ana López-Monís. Dado que Rajoy era ministro en aquel Gobierno y el expediente contiene todo su historial de registrador, parece lógico preguntarse si el ahora presidente del Gobierno tuvo en algún momento conocimiento de la decisión de ocultar bajo llave su expediente.

Este periódico planteó dicha pregunta, y todas las que figuran en esta información, al departamento de Comunicación de Moncloa. Allí han acusado recibo de todas las preguntas, pero no han facilitado ninguna respuesta. Quizá tenga más suerte el diputado Llamazares, quien tras la difusión de la noticia, preguntó en el Congreso por el capítulo del expediente secreto.

Si uno se atiene a los antecedentes, las respuestas del Gobierno no aclararán nada. Pero si uno confía en las promesas de transparencia que realizan casi a diario los miembros del Gobierno y los dirigentes del PP, estamos a punto de conocer con detalle la verdadera vida del registrador Mariano Rajoy Brey, aquel que tomó posesión de su primer registro el 6 de noviembre de 1978, siendo un joven de 23 años.

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ACTUALIZACIÓN.– Han pasado 27 meses desde que se escribió este artículo. Pese a todas las promesas de transparencia, Rajoy llega a las elecciones generales del 20-D sin hacer público su expediente de registrador y sin aclarar ninguna de las otras incógnitas planteadas. "                     (Manuel Rico  , Info Libre, actualizada 05/12/2015)

Sólo los búlgaros y los eslovacos ven menos independencia judicial que los españoles

"España es el tercer país de la Unión Europea (UE), tras Eslovaquia y Bulgaria y junto con Croacia, donde es más baja la percepción de la independencia de la justicia por los ciudadanos, según los datos publicados este lunes por la Comisión Europea (CE).  (...)

"En Bulgaria, España y Eslovenia la ya baja percepción de la independencia de la Justicia ha ido empeorando", señaló la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, en la presentación del estudio sobre los sistemas judiciales de los Veintiocho de 2015, el tercero que realiza el Ejecutivo comunitario.  (...)

Según el estudio publicado este lunes, España presenta una de las puntuaciones más bajas de los Veintiocho, y en los datos se muestra un deterioro progresivo desde 2010. Mientras que en 2010 el indicador de independencia de la justicia en España logró una nota de 4, en 2012 cayó hasta el 3,7 y en 2013, al 3,2. (...)"         (Público, 09/03/2015)

Imputadas por estafa la cúpula de la Fundación Afal y una notaria por desvalijar a afectados por el alzhéimer

La notaria Blanca Entrena (de blanco en el centro), la expresidenta de Afal Blanca Clavijo, fallecida recientemente (izquierda) y la notaria Nuria López Mora (derecha).

"La juez del caso Afal, María Luz García, ha imputado a la cúpula de la Fundación Afal Futuro y a la notaria Blanca Entrena por desvalijar, supuestamente, a enfermos de alzhéimer a los que debían amparar. La titular del juzgado de instrucción 17 de Madrid achaca a nueve personas su participación en cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio.

Afal Futuro tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero durante la última década se apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían fortunas que suman decenas de millones de euros.

Tras la investigación de la fiscalía, desarrollada esta primavera, la juez acusó hace un mes en un auto a los directivos de la entidad, entre ellos la expresidenta de la entidad, Blanca Clavijo; a su marido, Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG (que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal); y a la notaria Blanca Entrena. El fiscal subrayó que, “valiéndose” de su nombramiento como tutor de personas vulnerables, Afal realizó “acciones tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e incorporarlo, bien al suyo propio o bien al de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo”.

Este desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados se llevó a cabo de forma sistemática hasta el pasado abril. Así lo demuestran los extractos bancarios de la tutelada María de los Santos García Laínez, de 87 años y enferma de alzhéimer. Afal Futuro vendió tres edificios de esta mujer por 5,3 millones el año pasado y, desde noviembre, transfirió fondos por 900.000 euros a la asociación Afal Contigo —que comparte junta directiva con Afal Futuro— a través de 25 transferencias realizadas el pasado otoño e invierno

En la documentación bancaria incorporada a la investigación figura una transferencia directa a una cuenta de Clavijo (ordenada por ella misma) y otra a su sociedad Geronlaw, por un total de 10.000 euros. Además, hay un pago a la empresa Signo SL, que realizaba la cartelería de Afal Futuro, por 20.000 euros. Es decir, la cúpula de la entidad pagó a sus proveedores con el capital de sus tutelados, según demuestran los movimientos bancarios incorporados al sumario de la causa.

 El exgerente de la entidad, Jaime Conde, imputado junto a la letrada de Afal Mercedes Díaz, denunció ante la fiscalía el pasado julio que Clavijo, fallecida este verano, ordenó estos movimientos para supuestamente lucrarse a sus espaldas.

El pasado octubre, la fiscal Nuria López Mora, amiga de Clavijo, atestiguó en un documento manuscrito ante el juzgado que “la gestión económica [de Afal] no había abandonado la cobertura de sus intereses patrimoniales [de García Láinez]”. La fiscal asesoró sobre asuntos a Clavijo, al margen de los juzgados, según revela su correspondencia privada. López Mora se mantiene al frente de la Fiscalía de Incapacidades de Madrid.

Mientras, la imputación de la notaria, Blanca Entrena, se debe al testamento de la incapacitada Pilar Arias, de 88 años, que en 2013 donó todos sus bienes a Afal Futuro. A pesar de que esta enferma sufría alzhéimer desde 2004, el año pasado Entrena dio fe de su “capacidad suficiente” y garantizó la legalidad de su testamento, que revocaba uno anterior por el que legaba a sus sobrinos. Para autorizar el testamento, la fedataria se apoyó en el informe de la neuróloga Carmen Antúnez, que reconocía su deterioro cognitivo “moderadamente avanzado”, pero añadía que es “capaz de testar”.

Tanto Entrena como Antúnez eran amigas de Clavijo y han participado en diversos testamentos de tutelados por Afal. Entre ellos, el testamento hológrafo de la incapacitada María Jesús Moreno, por el que donó tres millones a la Fundación Reina Sofía y que fue falsificado, según demostró un informe caligráfico y una grabación oculta en la que intervino la cúpula de Afal. Entrena defendió ayer su actuación: “Un incapacitado puede testar siempre que el juez no le haya privado de esta capacidad”.

" Los indicios de delitos detectados por la Fiscalía de Madrid en su investigación se han extendido a diferentes comunidades autónomas, según apuntan nuevos testimonios de familiares de enfermos mentales, recabados tras la difusión del caso Afal la pasada primavera. La asociación de familiares de tutelados AEFET, surgida a partir de la denuncia ante el ministerio público de extrabajadores de Afal, acumula ya diferentes casos de abusos en Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco.  (...)

Los indicios de la nefasta gestión económica por parte de Afal fueron ignorados por los juzgados en las rendiciones de cuentas anuales que aportó la entidad, pero también por la fiscalía de incapacidades, dirigida por la fiscal Nuria López, amiga de la expresidenta de la fundación Blanca Clavijo.

 López proporcionó información confidencial a Clavijo a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvo acceso EL PAÍS. A pesar de ello, la fiscal negó su amistad con la expresidenta de Afal y que existiera conflicto de interés. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia el pasado junio contra López ante los juzgados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. (...)"           ( Javier Martín-Arroyo Sevilla , El País, 17 SEP 2014)

Elpidio Silva, condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación al encarcelar a Blesa. "Me linchan para amedrentar a otros jueces que investigan a banqueros"

"Me linchan para amedrentar a jueces que investigan a otros banqueros", asegura el juez del caso Blesa, Elpidio José Silva, condenado 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevariación y dos contra la libertad de Miguel Blesa y Díaz Ferrán.

"Es un mensaje a los otros jueces que mantienen imputados a más de 100 miembros de bancos y consejos de administración", aseguró el juez anoche en el programa La Otra Red de Cuatro. "Sólo así se explica el voto discrepante del presidente de la sala --argumentaba Silva-- que asegura que no ha habido delito".   (...)

Silva aseguró anoche que el juez Beltrán ha sido sometido a presiones para que la condena fuera unánime pero que finalmente no ha cedido a ellas.
Las tarjetas "black" de Caja Madrid

El magistrado acusó a la Justicia de haber frenado su causa en la que se comenzaron a investigar los correos electrónicos de Miguel Blesa en los que se mencionaba por primera vez las tarjetas opacas que se usaron para pagar a los directivos y ejecutivos. "Ha habido encubrimiento y sólo la presión de algunos partidos pro-regeneración está haciendo aflorar el escándalo", aseguró el magistrado condenado que sostiene que pueden haberse comprometido algunas pruebas en el caso de las tarjetas opacas. (...)"       (Vox Populi)


"La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a 17 años, seis meses y un día de inhabilitación al juez instructor Elpidio José Silva por prevaricar y violentar las garantías constitucionales de Miguel Blesa y Gerar Díaz Ferrán, lo que supone su expulsión de la carrera judicial.

El tribunal lo inhabilita por un delito de prevaricación continuada y por otros dos delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales al encarcelar por dos veces a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, así como a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y de Viajes Marsans. Además, deberá pagar una multa de 6.300 euros.

La sentencia considera que Blesa estuvo ilegalmente privado de libertad por dos periodos, el primero de un día y el segundo de 15 días. (...)

La sentencia califica de "disparate jurídico" que Silva apreciara una conexidad entre el caso que el juez investigaba -la compra por parte Caja Madrid del banco de Florida- con  el préstamo de 26 millones de euros concedido por esta entidad a Díaz Ferrán. El tribunal resuelve que Silva se apropió de ambas causas para convertir el proceso en un "instrumento ad hominem de búsqueda de responsabilidades". (...)

 La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del presidente del tribunal juzgador, Arturo Beltrán, quien considera que el proceder del juez fue una conducta equivocada pero no delictiva.  (...)

Respecto al análisis de riesgo de fuga como causa para encarcelar a Blesa, Beltrán expone que no es una decisión fácil: hace años nadie pudo presumir que el fugado más famoso de España fuera el director general de la Guardia Civil o que una sección de la Audiencia Nacional fuera disuelta y sus miembros expedientados, aunque luego resultaran absueltos. (...)

Nada más conocerse la sentencia, la defensa de Elpidio José Silva anunció que la recurrirán ante el Tribunal Supremo. Para ello, se basan en que esta sentencia rompe la jurisprudencia del propio TSJ de Madrid, por cuanto la conducta del juez fue fundamentada, sus autos motivados y se explica al margen del derecho penal, como sostiene el magistrado Beltrán en el voto particular. (...)"          (Público, 07/10/2014)

Él cree que los picapleitos se han ido vendiendo, que alguien les debe de haber ofrecido una suma considerable de dinero...

"(...) Abogados: para llevar su caso, Francisco ha ido de leguleyo en leguleyo, a cuál más caradura. Él cree que los picapleitos se han ido vendiendo, que alguien les debe de haber ofrecido una suma considerable de dinero. Así lo cree.

Los cinco abogados a los que ha contratado (A., B., C., D. y E.):

1. La abogada A. le llamó, a dos semanas del juicio (2011), para anunciarle que se suspendía. “No te tengo que dar ninguna explicación”, se revolvió cuando Francisco le pidió información. Cobraba una minuta de unos cien euros mensuales.
2. El abogado B., con el que se enfrentó a la juez, apenas abrió la boca cuando la parte contraria, que representaba los intereses de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, despotricó contra Francisco y lanzó hacia Su Señoría toda una serie de despropósitos envenenados: que estaba fingiendo, que no había sido para tanto, que con el otro brazo, el derecho, podría hacer exactamente el mismo trabajo que hacía… La juez, en ningún momento, se dirigió al demandante. Falló contra Francisco. La sesión duró unos veinte minutos.
3. El abogado C. lo contrató Francisco después de que el abogado B. le quisiera hacer creer que no se podía recurrir la sentencia hasta pasados dos años. El abogado C. se interesó por el caso:

C.—Pero vamos a ver: ¿te recogieron en ambulancia?

Francisco.—Sí.

C.—¿Vino la policía para tomar nota cuando te caíste?

F.—Sí.

C.—¿Estuviste de baja?

F.—Sí.

C.—Y ¿la empresa te había dado de alta en la Seguridad Social?

F.—Sí.

C.—Entonces esto está chupado.

A las pocas semanas, el abogado C., incomprensiblemente, se echó atrás: “Lo veo muy difícil”.

1. El abogado D. no sabe, no contesta. Francisco desconoce su paradero: “Hace un mes que me pidió los papeles de la Seguridad Social para ver si conseguía la invalidez, pero no contesta mis llamadas”.
2. El abogado E. es un paisano de su tierra: “Tráeme todo, incluidos los partes médicos, que yo estudio esto”. Al menos, en él confía. Hace casi dos meses que Francisco ha solicitado a la mutua los informes del médico de cabecera. No se los hace llegar.

Accidente laboral: en el 2007, Francisco estaba contratado por una constructora para transformar un garaje en una biblioteca.

En un cruce de cuerdas, niveladores y poleas, Francisco se cayó al vacío (“me tragó el vacío”), desde la tercera planta (unos ocho metros). No se mató de milagro. 

Se rompió la pelvis, que se la tuvieron que amarrar durante dos meses, y el brazo izquierdo se espachurró. Le dieron 45 puntos; se pueden contar. “Aún me hace daño, y cojeo de la pierna izquierda”, se duele.

Mes y medio ingresado en el hospital. Mientras se rehabilitaba —lo que duró un año— le despidieron.

En total, entre lo que cobró como indemnización y lo que rascó del Fondo de Garantía Salarial, recibió 1.326 euros.

Denunció a la mutua, Fremap (“Fremap, contigo”). Se calcula que Francisco debería haber recibido uno sesenta mil euros.  (...)"            (Jesús Martínez, La Lamentable, 01/09/2014)

La corrupción judicial...

"El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto de decidir sobre la denuncia contra una amplia mafia de corrupción judicial que ha logrado anular un proceso contra dos jueces, lo que ha causado consternación, indignación ciudadana, rabia y estupor tras la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de dar “carpetazo” a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

 La investigación incriminaba a una red de magistrados, catedráticos y abogados corruptos, uno de los cuales había sido ascendido a “jefe de gabinete” (cargo de la máxima confianza de un político) por la vicepresidenta socialista del Gobierno Zapatero y también jueza, Teresa Fernández de la Vega, y era compañero de trabajo del ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño. 

 La “anulación de pruebas” del “caso Unión”, protagonizado por el empresario Luis Lleó para lograr un pelotazo urbanístico en Costa Roja (Lanzarote) mediante la compra de políticos, desencadenó una campaña de acoso y derribo al juez César Romero Pamparacuatro, que había detenido a la alcaldesa María Isabel Déniz, hermana de la jueza Carolina Déniz, la cual había dejado momentáneamente la toga para ejercer como alto cargo de Coalición Canaria.

 Los jueces Ángel Aguallo Avilés, también catedrático de la Universidad de Córdoba, e Ignacio Sánchez Yllera, letrados-magistrados del Tribunal Constitucional, el funcionario Ignacio Pérez Royo, jefe de Inspección fiscal del Ayuntamiento de Sevilla, director de Asesores Fiscales del Instituto de Estudios Cajasol y directivo del Betis, María José García Vizcaíno, pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera, el letrado Manuel Matamoros Hernández, abogado con despacho en Madrid y gerente de la Organización Empresarial Madrileña de Establecimientos del Juego, junto al economista Jerónimo Campón Montero, con despacho en Arrecife (Lanzarote), que incluso formaba parte del Consejo de Administración de la mercantil Costa Roja, son los acusados por la Guardia Civil tras muchos meses de investigación que la propia trama ha echado por tierra.

 Se da la circunstancia de que uno de los jueces señalados en el informe de la UCO, Ignacio Sánchez Yllera, era juez de vigilancia penitenciaria en Valladolid cuando dejó en libertad a un preso, Juan Manuel Valentín, pese a que había informes contrarios.

 Poco después, el ex presidiario violó y asesinó a una niña de nueve años, Olga Sangrador. Pese a este grave error judicial, el juez fue nombrado poco después técnico del Consejo General del Poder Judicial, y posteriormente fue jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de María Teresa Fernández de la Vega y letrado del Tribunal Constitucional, con destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

 En cuanto al otro magistrado que asesoró a Lleó, Ángel Aguallo Avilés, pertenece a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo,  es letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de derecho financiero de Córdoba. Fuentes judiciales aseguran que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto de decidir sobre la queja contra esos magistrados que ha interpuesto el denunciante de esta mafia, el ex consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.

“Investigar corrupción en Canarias es un desafío importante, incluso para los jueces. El magistrado que condujo los dos primeros años del “caso Unión”, César Romero Pamparacuatro, ahora destinado a un juzgado de La Laguna (Tenerife), ha sufrido en sus carnes el poder y la influencia que ejercen una buena parte de los imputados en la causa”, señala el periodista Carlos Sosa.

Y es que la instrucción, a pesar de acumular más de 30.000 folios, ha sido un calvario, según su descripción: “El juez pidió un refuerzo en el año 2009 pero no se lo dieron. En 2010 se trasladó a Tenerife pero quiso seguir con el caso en comisión de servicios. Le concedieron tres meses, sin relevarle de sus otras funciones, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegó la prórroga a pesar de que había seis informes que la aconsejaban. La actual juez, que se dedica exclusivamente al caso, es la quinta que se ha hecho cargo de la instrucción.

 En su denuncia por la desaparición de los autos del sumario, el juez Pamparacuatro se queja de que los órganos políticos y el CGPJ “no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción”. El magistrado pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de De la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

 Finalmente, Caamaño ascendió a ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez y había aprobado el Poder Judicial para acelerar el caso. El Ministerio no le dio el apoyo alegando que no se estaba justificaba la «excepcional carga de trabajo» que conllevaba la instrucción”.

 Pero no solo De la Vega y Caamaño protegieron a los jueces acusados de corrupción. También lo hicieron sus socios de Coalición Canaria: “A las pocas semanas de iniciada la investigación el juez Pamparacuatro empezó a sospechar que alguien estaba vulnerando el secreto del sumario al avisar de sus intenciones a las personas que iban a ser detenidas. Uno de los encartados llegó a confesar que supo con antelación que esa iba a ser su suerte gracias a la exalcaldesa de Arrecife, capital de Lanzarote, María Isabel Déniz, igualmente involucrada (y detenida) en la causa”, dice Sosa.

Déniz es hermana de la que en aquellos momentos ejercía de viceconsejera de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, Carolina Déniz, juez en excedencia que ya ha retornado a la carrera judicial: “Las filtraciones obligaron al juez instructor a sacar la causa del sistema informático que usa la justicia en Canarias, el programa Atlante, y redactar sus resoluciones en un ordenador sin conexión a Internet. Atlante es un complejo software informático controlado por la Comunidad Autónoma, donde ejercía como alto cargo la hermana de una de las principales encartadas en la operación”.

Anteriormente, la jueza Carolina Déniz ya había tenido que declarar ante el juzgado por un viaje a Marruecos realizado junto a su sobrina, Omayra Déniz, hija de su hermana la alcaldesa, y un acompañante, en diciembre de 2005. El juez se encontró una factura por valor de 10.983 euros emitida por Viajes Insular a la empresa FCC Construcción. 

Se investigaba si la constructora pagó ese viaje y por qué motivo. Como beneficiarios del viaje aparecían tres personas: Omayra Déniz, Carolina Déniz y Roberto Rodríguez, en aquel momento responsable del Grupo de Extranjería en Lanzarote de la Policía Nacional.

 Por su parte, el informe de la UCO señala que tanto el juez Ángel Aguallo Avilés como Ignacio Javier Sánchez Yllera, que asesoró a Lleó en “diversos asuntos jurídicos”, pudieron incurrir además en “algún tipo de incompatibilidad”, ya que eran letrados-magistrados del Tribunal Constitucional.

 Al respecto, señala que la ley impide que los miembros de este órgano compatibilicen ese cargo con “cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento”, según denunció “La Voz de Lanzarote”.

 Según este diario digital, a la luz de la documentación incautada en los registros durante la Operación Unión, la UCO sostiene que realizaron ese asesoramiento a Lleó y cobraron por ello. Además, según el informe policial, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran “reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento”.

 La UCO también señala que “no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades desde el punto de vista fiscal realizadas por Residencia Costa Roja, a la vista de las recomendaciones expuestas por Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguado Avilés”, magistrado y funcionario de Tributos en Sevilla, respectivamente, que fueron los “autores intelectuales del informe”.

Las otras dos personas que señala la UCO dentro de ese asesoramiento a Lleó son Manuel Matamoros Hernández, abogado con despacho en Madrid, que se encargaba del “asesoramiento jurídico general” a Luis Lleó, y la abogada María José García Vizcaíno, a la que señala como pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera.

Según el informe policial, todos ellos “se encuentran vinculados a través de los diferentes documentos intervenidos”.

 En esos documentos, “se aprecia el envío de facturas a la abogada María José García Vizcaíno de los pagos realizados por prestación de servicios relacionados por Residencial Costa Roja a Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguayo Avilés y el envío a través de Ignacio Sánchez Yllera de documentos y consultas realizadas por los redactores del dictamen fiscal de Residencial Costa Roja”.     (Espía en el Congreso, 16/2014)

La jueza Tardón recibió dinero y regalos del secretario de Blesa, aprobó las preferentes y dio contratos a Gürtel... y quería juzgar a Elpidio por encarcelar a Blesa

Pusieron a la jueza María Tardón para juzgar a Elpidio Silva: reunía todos los “requisitos”

"Poco a poco se va descubriendo la trama y la trampa que una parte del “aparato” judicial que le juzga quiso tenderle al magistrado Elpidio Silva: la jueza María Tardón, que fue teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea de Caja Madrid, otorgó un contrato a “Special Events”, la empresa del “capo” de la mafia Gürtel, Francisco Correa, actualmente libre.

 Recibió además durante 2 años una dieta de 1.350 euros brutos por reunión “más el regalo, que es importante”, según el secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, mano derecha del banquero Miguel Blesa.

 El texto figura en un email corporativo que el juez Arturo Beltrán no quiso incorporar al sumario y del “regalo, que es muy importante” nada se sabe pero hay pistas: un DVD grabador fue lo que regaló Rato cuando sustituyó a Blesa. Y una cámara de fotos digital, una memoria externa o un libro de pintura flamenca en el XVI son las dádivas de otras cajas de ahorro a los asambleístas para que les controlen lo menos posible. 

“Hay muchos que acuden tan solo para coger el sobre y el regalo”, le reconocía al periodista Miguel Moreno Mendieta (“Cinco Días”) un consejero de una caja castellanoleonesa, que añadía: “En cuanto tienen el dinero, se van a gastarlo a El Corte Inglés“. (...)

Tardón aseguró en la vista oral que nunca había tenido que ver ni “directa ni indirectamente” con el banquero Miguel Blesa, pero aprobó las cuentas anuales de Blesa en Caja Madrid, su informe de gestión y de su grupo consolidado, la gestión de su Consejo de Administración, la aplicación del resultado, la gestión y liquidación de su presupuesto, su informe sobre cuentas y actividades de la Fundación Caja Madrid, y lo que es más grave: la “emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos”, que fueron conocidos tiempo después con el nombre de “preferentes”, según los órdenes del día de las Asambleas de 2003 y 2004 a las que ha tenido acceso este blog. (...)

María Tardón era jueza en La Carolina (Jaén), pero decidió utilizar la Justicia para hacer carrera política. Dejó la toga y se enroló en las filas del Partido Popular. El entonces alcalde, José María Alvarez del Manzano, la metió a dedo como concejala (en España los ediles los nombran los “aparatos” de los partidos, no los ciudadanos por distritos). 

Estuvo cuatro años (1999-2003) y comprobó que, aunque partidos y sindicatos están escandalosamente subvencionados por el erario público, el dinero sin control abundaba aún más en otra parte: las cajas de ahorro. Y sorprende que, hasta el momento, la hoy jueza no haya justificado su baja en el PP.  (...)

Entrar en política le supuso familarizarse con las tramas de corrupción y María Tardón hizo méritos desde bien temprano. A los dos años años de concejala tomó contacto con la trama Gürtel. 

La jueza adjudicó en agosto de 2001 un contrato por valor de 267.000 euros a la empresa “Special Events”, presidida por Pablo Crespo, alto cargo del PP gallego que organizaba actos electorales para este partido desde 1999. “Special Events” pertenece a diversas firmas accionistas radicadas en paraísos fiscales del Caribe y la UDEF la víncula ahora al capo de esta mafia, Francisco Correa.

Aunque el diario “El País” ahora oculta la noticia, el 25 de mayo de 2005 publicó la siguiente información: “El 9 de agosto de 2001, la entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, María Tardón, adjudicó a “Special Events SL”, el contrato para realizar una campaña destinada a “informar, difundir y concienciar al ciudadano sobre el Día sin Coches”, según figura en el boletín del Ayuntamiento de Madrid del 27 de septiembre de ese año.  (...)

A cambio de organizar esa campaña, la empresa recibió 44,5 millones de pesetas (267.450 euros). “Special Events” está presidida por Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente del PP gallego Xosé Cuiña -que fue mano derecha de Manuel Fraga durante 12 años hasta que dimitió en 2003 tras conocerse que una empresa de su familia vendía material para limpiar de las playas el chapapote del Prestige-. 

También han trabajado en la empresa Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar durante ocho años, y Francisco Correa, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag.(...)

 Tardón aseguró que no recordaba nada del asunto, aunque dijo que está “segura” de que en la operación no hubo ninguna irregularidad”. Las mismas palabras que pronunció en el juicio contra el magistrado Elpidio Silva. (...)

El 25 mayo de 2003, María Tardón ya no es candidata en las elecciones municipales y el 14 junio de 2003 cesa como teniente de alcalde. Como reconocimiento a los servicios prestados en Atención Social, Policía y Movilidad (persiguió a las prostitutas en la calle y sublevó a los policías municipales con sus arbitrarias decisiones), la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, le otorga el 11 de julio la Gran Cruz al Mérito Civil. 

 ¿Por qué ese premio? Ese es el mérito y valor que las élites de la partitocracia española conceden a las condecoraciones que los políticos se autoimponen y que sonrojan a la sociedad civil.  (...)

El 29 de septiembre de 2003, María Tardón se incorpora como miembro de la Asamblea General a Caja Madrid a propuesta del Partido Popular. Participa en las asambleas generales ordinarias de 2004 y 2005 (dos al año).

 El 23 febrero de 2004 aprueba con su voto cuentas, presupuestos, actividades y la “emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos”, lo que con el tiempo se conocería con el nombre de “preferentes”, que esquilmaron los ahorros de miles de pensionistas y jubilados.

 Tras nueve meses sin ingresos conocidos, la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre la nombra a dedo el 10 marzo de 2004 miembro del Observatorio sobre Violencia de Género, otro de los múltiples órganos autonómicos con que estos políticos otorgan sueldos públicos millonarios. 

El 7 marzo de 2005 vuelve a formar parte de la Asamblea general de Caja Madrid y un mes después, en abril de 2005, se reincorpora a su puesto como jueza. Y desde el juzgado continúa haciendo política: en 2013 forma parte de los 53 jueces candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No consiguió la plaza porque los pactos PP-PSOE-IU la dejaron fuera. Ahora intenta hacer méritos para intentar un nuevo abordaje. (...)

“Mercado Dinero” afirma que María Tardón aprobó “la emisión de preferentes, que se hizo cuando ella era miembro de la Asamblea”. (...)

Para evidenciar el conflicto de intereses de María Tardón, esta revista económica recuerda el articulo 219 13.ª de la ley orgánica del Poder Judicial: “será motivo de abstención o en su caso de recusación: haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”. (...)"            (Un espía en el Congreso, 28/04/2014)

“Saqué 4,9 millones de euros de Suiza para Gerardo Díaz Ferrán”

"La cárcel ha terminado por ablandar a Ángel de Cabo. El liquidador de las empresas del Grupo Marsans reveló el pasado 27 de noviembre a la policía las tretas para vaciar los activos del grupo turístico y para poner a salvo de los acreedores el patrimonio de sus dos propietarios, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012. 

 En una declaración de tres horas prestada en presencia de su abogado, Ignacio Peláez, en la cárcel valenciana de Picassent, De Cabo detalló a los agentes las técnicas puestas en marcha junto con Díaz Ferrán para burlar a los administradores concursales de Marsans. La confesión, consignada en un documento de 20 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un empujón para el caso Crucero, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

De Cabo, de 46 años y especialista en embaucar a empresarios arruinados, relató que el acuerdo por el que Posibilitum, la sociedad buitre del liquidador, adquirió las sociedades patrimoniales Grudisan y Parihol (de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, respectivamente) incluía una condición imprescindible. De Cabo se comprometía a “reservarles a los socios la real propiedad del castillo de Alamín (finca de Díaz Ferrán en Santa Cruz de Retamar, Toledo) y El Sauceral”, un coto de caza de Pascual en la misma provincia.

De Cabo admitió que pactó con los dos socios que “les pagaría 5,5 millones de euros a cada uno en metálico para eludir los controles de los concursos”. Los pagos a Díaz Ferrán se realizaron en efectivo, por talón y mediante transferencias desde cuentas en La Caixa de las sociedades del liquidador “a una cuenta de una sociedad del yerno” del antiguo jefe de la patronal española, en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde diciembre de 2012. 

“Había que sacar los bienes de su patrimonio para que no fueran ejecutados, y se le fueron pagando 100.000 euros al mes en efectivo; se le abonó un total de 2,7 millones de euros, no se le pagó más porque se llevaron a cabo las detenciones”, relató De Cabo a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

 “Los 4,9 millones de euros que se han ocupado en una cuenta a mi nombre en Suiza, es cierto que los saqué de Astra [empresa irlandesa con la que el exjefe de la patronal compró aviones para Air Comet] para luego dárselos a Gerardo”, admitió.

En el acuerdo, De Cabo también se comprometía a pagar algunas de las deudas de Ferrán y Pascual. Así, según el liquidador, los socios vendieron concesiones administrativas de líneas de transporte a Mombús por dos millones y medio de euros, un valor muy inferior al escriturado. De esta cantidad, el tesorero de confianza de De Cabo, Jorge García Téllez, “hizo llegar dos millones a Díaz Ferrán”, según el testimonio del liquidador. 

De Cabo también relató que con el dinero de la venta de estas concesiones, García Téllez compró bonos de la Generalitat Valenciana por valor de 1,7 millones. “Ese dinero en realidad pertenece a Díaz Ferrán; fue colocado ahí para ocultarlo a sus acreedores”, contó De Cabo.

En la sociedad Trapsatur, De Cabo pactó con Ferrán y Pascual mantener como gerente a Antonio Pedraz “hasta su jubilación”. Según De Cabo, “había que permitirle seguir llevándose, aparte de su sueldo, el 30% de los beneficios anuales, unos dos millones en negro”.

 De esta cantidad, “un millón era para Díaz Ferrán”. De la caja de Trapsatur salieron 10 millones de euros, de los cuales 600.000 se aplicaron al pago de cuotas atrasadas de un piso de Díaz Ferrán en la calle de Serrano de Madrid, y también se pagaron cuotas de un Ferrari, propiedad de una sociedad del antiguo patrón de patrones. De Cabo sostiene que el yate Lequar, una nave de 31 metros de eslora, “sigue siendo de Díaz Ferrán después de una operación ficticia de transmisión a una empresa de Gibraltar”.

 

De Cabo contó a los policías que “Díaz Ferrán tiene dinero en Hong Kong” y que en el futuro, “tan pronto como sea puesto en libertad”, podrá aportar la copia de un burofax que, según él, prueba este hecho. 

 El liquidador detalló las maniobras para lograr que los inmuebles de Díaz Ferrán permanecieran bajo el control de este y de sus familiares. De Cabo medió en la venta de cuatro locales en la calle de Velázquez de Madrid, dos chalés en Calvià (Mallorca) y una casa con parcela en Ciutadella (Menorca), de modo que acabaron vendiéndose a una empresa del hermano de Díaz Ferrán.

 Un segundo chalé en Ciutadella terminó en manos de la hija de Díaz Ferrán después de que la sociedad patrimonial Grudisán le transmitiera la totalidad de las acciones de la empresa Imorilla y se forzara un concurso de acreedores con facturas falsas, según De Cabo."          (El País, 16/01/2014)

"En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad"

"Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando". Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que "en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad", y recuerda que en la causa contra Blesa "nadie ha hecho nada" desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado "quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal".

 "Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio", señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros. 

"Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades han llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez", explica. 

Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, "no están invalidados", y revelan "sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo".

 Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: "El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune".

Silva entiende que si hay una "caza de brujas" contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese "escándalo judicial" debe ser investigado por el Tribunal Supremo."La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate".

 ¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?

No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.

Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato.

 Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente. 

El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.

El fiscal le reprocha hacer ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado. 

La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa.

 Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.

Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.

¿A qué se refiere exactamente?

 

Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. 

Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis. 

 Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. 

Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen. (...)

Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.

Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.

Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: "Quédese con la causa porque es del 9". Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que "no", que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.

¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco.

 Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.

Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.

La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sion valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. 

Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal. (...)

¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó? 

Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. 

 Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.

 La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo que está pasando en el TSJ de Madrid, que pasa con el instructor y que pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza brujas institucional contra mí, tendrá que invesgtigarlo el Tribunal Supremo. (...)

¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?

Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas.

 Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derechio a saber qué ha pasado aquí.

Está claro que mientras yo lo investigue no hubo filtraciones, y que yo investigue en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.

¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leido todos los correos?

Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por corero y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno. (...)"                (Público, 02/01/2013) 

Jueces vascos eligen a dedo administradores concursales que les invitan a congresos

"Jueces vascos del área mercantil eligen a dedo a administradores concursales (los que gestionan empresas en quiebra como va a suceder ahora con Fagor Electrodomésticos) que luego les pagan la asistencia a congresos que organizan dichos administradores. La designación directa está legalizada por la ley concursal pero circunscrita a casos excepcionales como quiebras complejas (...)

La gestión de los concursos es una tarea codiciada por abogados, auditores y empresas especializadas, ya que, además de una cantidad fija por el  trabajo, el beneficiado puede tener un 50% de retribución adicional si así lo estima el juez y también se lleva el 1% de los bienes que se recuperen de la  quiebra de la empresa. 

En Euskadi, las minutas pueden alcanzar los 100.000 euros en empresas con un patrimonio importante. En España, en el proceso de Martinsa Fadesa, el más grande de los últimos años, la retribución ha llegado a los cuatro millones de euros para los administradores concursales.

En los juzgados vascos (donde hay cuatro de lo mercantil y uno más de apoyo en Bilbao), al menos seis empresas  que se dedican a la administración de los casos  de empresas en quiebra se han llevado 13 concursos en el último año y medio (entre febrero de 2012 y julio de 2013) y luego han invitado a los magistrados a congresos y foros sobre derecho mercantil, que han patrocinado.

 Uno de los casos es el VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Canarias, celebrado entre los pasados días 10 y 12 de julio en Gran Canaria, donde acudieron los titulares de los juzgados número 1de Bilbao, Marcos Bermudez, y del número dos de Bilbao, Aner Uriarte.

 Aunque los organizadores eluden a dar datos de los gastos, un miembro de la organización de ese evento ha señalado que el honorario de los jueces ronda los 1.000 euros por ponencia, a lo que suman los gastos en un hotel de cinco estrellas de Gran Canaria durante esos tres días.  Estos congresos se celebran en jornadas laborales de los jueces. Un portavoz oficial del Tribunal Superior ha señalado que estos dos juzgados de Bilbao tramitaron los dos últimos años más de 400 concursos.

En concreto, según la información que aparece en el Boletín Oficial del Estado, el juzgado 1 de Bilbao ha  adjudicado nueve concursos a cinco empresas que le han invitado a participar en congresos como en el de Canarias o en otros foros como los que organiza la Fundación Fundieco (patronato presidido por abogados dedicados a la gestión de concursos de acreedores) y el juzgado número dos ha designado cuatro concursos a tres empresas. 

Tras ser solicitado por este diario, el portavoz del Tribunal Superior vasco ha remitido un listado con las adjudicaciones de concursos de 2012 y 2013 de los juzgados de lo mercantil 1 y 3 de Bilbao (no están incluidas las de los otros juzgados vascos aunque también fueron solicitadas) en la que se reflejan un total de 143 adjudicaciones en esos dos años. En ese listado, casualmente,  solo aparece una de las nueve designaciones del juzgado número 1 a empresas que luego le han invitado a congresos. 

Esa única designación, según los datos del Superior, se realizó a través del Turno de Actuación Profesional (TAP), un órgano que solo existe en Euskadi y que se dedica a gestionar la lista de los administradores concursales. Va eligiendo por orden y pasa el nombre designado al juez. El actual presidente del Turno de Actuación Profesional, Gabino Mesa, no ha atendido los requerimientos de este diario para explicar la designación de los concursos de acreedores.

 El TAP, formado por el Colegio de Economistas, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y los Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales del País Vasco, fue creado hace 17 años. La normativa sobre concursos establece que un administrador concursal no puede ser nombrado si ya ha sido designado “para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores”.

En el caso del juzgado de lo mercantil número dos de Bilbao, que ha designado cuatro concursos a tres empresas que invitan a los congresos, no se ha facilitado ningún listado y la información transmitida es que a una empresa se designó a dedo y la otra a través del TAP.

 En el resto de España, hay situaciones mucho más llamativas, como el del director del congreso celebrados en Canarias y magistrado del juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, Javier García Marrero, que dio al menos 21 concursos en los últimos dos años a casi todos los patrocinadores de ese evento; el magistrado titular del juzgado número 1 de Burgos adjudicó otros 22 y el magistrado del juzgado número 6 de Madrid designó entre patrocinadores del congreso un mínimo de 22 concursos.

 Además del negocio en sí, la figura del administrador concursal supone un gran poder, ya que de hecho, siempre bajo la tutela del juez, tiene que decidir sobre las ventas y compras de la empresa en quiebra, la situación de los trabajadores o la responsabilidad de los hasta entonces gestores de la empresa.

 “Puede decidir sobre la venta de la empresa y el interés por entrar está sobre todo en empresas que están quebradas por falta de liquidez pero tienen un gran patrimonio. De la venta de esos bienes, es de lo que pueden obtener mucho dinero”, señalan medios que trabajan en estas áreas.

La designación directa a empresas y la participación en congresos y eventos organizados por aquellas levanta críticas en el seno de la judicatura vasca. “Antes se hacía por el turno y hubo quejas de que se designaba a gente que no era competente. Pero, ¿si están en las listas será que son competentes?”, se preguntan las fuentes consultadas. Otros medios afirman que la cúpula judicial vasca, “que sabe perfectamente lo que pasa”, creó en Bilbao el juzgado número 3 de lo mercantil para “controlar lo que hacían los otros dos juzgados”.                   (eldiario.es, 17/11/2013)

Un magistrado del TSJM impide preguntar a Blesa si Aznar medió para su salida de la cárcel

"(...) Durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el instructor de la querella que la Fiscalía interpuso contra Silva por prevaricación y delitos contra la libertad individual, entre otros, Blesa ha añadido que nunca entendió por qué se ordenaba su encarcelamiento. 

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han señalado a Efe que el abogado de Silva, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha preguntado al exbanquero si es amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) y si comunicó a éste su imputación.

Blesa ha respondido que la amistad entre ambos es pública y notoria y que, en efecto, habló con sus amigos de su imputación, momento en el que el letrado del juez Silva le ha interrogado acerca de si de esa conversación con Aznar se derivó alguna gestión. El magistrado del TSJM Jesús Gavilán ha declarado entonces impertinente la pregunta, al considerar que no tiene ninguna relación con la causa. (...)"             (Vox Pópuli, 31/10/2013)

Un juez casado con una consejera del PP cambia el tribunal sobre la privatización sanitaria de Madrid

"Un magistrado, casado con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, ha irrumpido en las demandas contra la privatización sanitaria madrileña, y ha resuelto que sean los 50 jueces de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid los que resuelvan la cuestión. 

El pasado 10 de septiembre, una sección de 4 magistrados de esa sala ordenó paralizar la licitación del contrato de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños.

El presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, adoptó el pasado viernes el acuerdo de que fuesen a partir de ahora los 50 magistrados que la componen los que resuelvan todas las demandas y recursos que se planteen sobre este asunto.

 La razón oficial: que se había producido una contradicción entre la sección tercera de la Sala --que resolvió la paralización del proceso a instancias de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem)-- y la Sección Octava, que más recientemente, y a sugerencia de la Fiscalía, ha resuelto en sentido opuesto ante una demanda de CC.OO. sobre la misma materia.

En el mismo acuerdo, Martínez Tristán, que es uno de los candidatos a integrarse en el próximo Consejo General del Poder Judicial, señala que para los asuntos de "despacho ordinario" de las demandas, a partir de ahora resolverá una sala formada por él, el presidente de la sección correspondiente y el ponente ya designado.   

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado que solicitará la recusación de Martínez Tristán porque está "implicado" e "involucrado" con el PP. 

Concretamente, Gómez ha indicado que el juez es el marido de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García, y que se trata de "una de las personas que quiere colocar el PP" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informa Europa Press. La información fue adelantada por el diario digital Infolibre.(...)"       (Público, 16/10/2013)

Carlos Fabra, retrato de un cacique

“Yo no sé a la gente que habré colocado en doce años, pero entre Peñeta (complejo socioeducativo de la Diputación), el hospital, la Diputación, el puerto…”. 

En vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, y sin saber que alguien lo grababa, Carlos Fabra se dirigía a los afiliados de una agrupación local: “El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente, y toda esa gente es un voto cautivo…; supone mucho poder, en un Ayuntamiento, en una Diputación, en todas partes”.

Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946) responde al clásico patrón de cacique que utilizó el poder político para extender sus redes hasta controlarlo todo en la provincia. Absolutamente todo. Pertenece a la quinta generación de presidentes de la Diputación de Castellón. El primero de ellos fue su tío-tatarabuelo Victorino Fabra Gil, conocido como el “abuelo Pantorrilles”, que presidió la Corporación provincial de 1874 a 1892.

En el trato personal es un hombre afable, socarrón, simpático y divertido al que le gusta contar chistes –“Veo yo más con un ojo que la oposición con dos”, dijo en una ocasión– e incluso presume de ser cliente de puticlubs. 

Fabra supo cultivar sus relaciones cuando el matrimonio Aznar-Botella convirtió Oropesa (Castellón) en su primer destino vacacional cuando en los noventa llegaron al poder, y aprovechó el control que ejercía en la provincia a la hora de alcanzar acuerdos con los líderes del Partido Popular en Valencia, Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Todos le debían rendir pleitesía para garantizarse estabilidad. Porque Carlos Fabra es de los que se cobran los favores. (...)

Las victorias de Fabra, como las del PP valenciano, se cimentaron sobre el anuncio de grandes obras faraónicas con las que embelesaba a los castellonenses: el parque temático Mundo Ilusión, la universidad virtual de Frank Gehry, un centro de convenciones diseñado por Santiago Calatrava, la Ciudad de las Lenguas… o la gran urbanización Marina d’Or, en cuyo entorno se construirían hasta 16 campos de golf convirtiendo a Castellón en uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

Se gastaron millones de euros vendiendo humo en anuncios, anteproyectos y diseños, pero el único que vio la luz de todos sus sueños fue el aeropuerto de Castellón, donde se han enterrado 200 millones de euros.

El “aeropuerto del abuelo” construido para que “se paseen las personas” es una anécdota más de la cultura del derroche en la que se instaló el PP valenciano, y de cómo llegó a confundirse lo público y lo privado. 

Para celebrar el Masters de Golf, en el que se gastaron 12 millones de euros de las arcas públicas, se eligió el Club de Golf de Borriol que él presidía. Todo avalado por el prestigioso golfista Sergio García, con negocio en el mismo club y la hermana en la nómina de asesores de la Diputación. Todo bajo control.

Sobre Carlos Fabra recae la sospecha de haber cobrado comisiones por realizar durante años todo tipo de gestiones de intermediación. Incluso creó una empresa en 1999, Camarcas S.L., supuestamente para cobrar por estas gestiones. Como tantos otros dirigentes valencianos se sentía impune. Su poder no tenía límites y nadie lo iba a cazar. (...)

El origen de la investigación que le ha situado en el banquillo se sitúa en el enfrentamiento personal del matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, amigos de Carlos Fabra y su expareja. Estos últimos apoyaron a la mujer en la batalla, y Vilar se vengó denunciando los pagos al presidente provincial para obtener licencias.

 Pero no pasaba nada. Fabra tenía la convicción de que nunca se sentaría en el banquillo. Ha presentado 141 escritos y recursos para dilatar el procedimiento. Nueve jueces y cuatro fiscales han abandonado el caso. 

El último, Jacobo Pin, llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por las injerencias de la Audiencia Provincial de Castellón, que siempre ha tratado de beneficiar los intereses de Fabra. De hecho, si no es por el Tribunal Supremo, hoy Fabra no sería juzgado. ¿Por qué? Las amistades. 

Lo que era un secreto a voces se conoció el pasado 14 de mayo, cuando el presidente de este organismo judicial, Carlos Domínguez, solicitó formalmente quedar al margen del proceso en base al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere, curiosamente, a la “amistad íntima con cualquiera de las partes”.

Fabra confía en su absolución. Y si algo no le ha fallado en esta vida ha sido la suerte. De hecho, la misma sala de la Audiencia Nacional que negó en 2008 que hubiera cometido cohecho es la encargada de juzgarlo. Nadie sabe con exactitud cuántas veces le ha tocado la lotería y si todavía le puede quedar algún boleto agraciado."            (eldiario.es, 02/10/2013)