El rey de las orquestas no era un comisionista: así actuaba el ideólogo de las verbenas gallegas

 "El universo verbenero en Galicia lleva el nombre de Ángel Martínez, más conocido como 'Lito'. 

Él es artífice de esa explosión de lentejuelas, coreografías y decibelios con miles de fans y dos grandes: Panorama y París de Noia. Es un sector en horas bajas, por los efectos devastadores del covid-19 y por la opacidad para el fisco de un negocio que se estima en 40 millones de euros anuales. 

Ocho años después de que le cayeran encima los inspectores de la Agencia Tributaria y tras un largo litigio, Lito ha sido condenado a 27 meses de cárcel y a una multa de más de un millón euros por un fraude cometido en solo dos años: 2011 y 2012. La Audiencia Provincial de Pontevedra no se traga que fuera un simple comisionista, como sostiene su defensa, sino que hacía honor a su sobrenombre de 'rey de las orquestas'. 

 El fallo es el segundo en su contra por el mismo caso. En marzo de 2018, la Audiencia lo condenó a 12 años y medio de prisión y una multa de casi 47 millones de euros, pero el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio, al admitir que existió indefensión para los intereses de la sociedad mercantil también acusada, Representaciones Lito SL. 

El hombre clave del mundo de la verbena gallega se ha beneficiado de un nuevo cálculo de ingresos y de dos atenuantes. Principalmente, debido a que los agentes fiscales que entraron en sus oficinas aquel decisivo 27 de noviembre de 2013 no estaban autorizados a recoger soportes documentales relativos al impuesto de la renta, lo que supone la absolución del delito imputado en relación con este impuesto. 

 Además, la Audiencia aprecia la concurrencia del atenuante de dilaciones indebidas, ya que las actuaciones llegaron a la sede judicial en octubre de 2016 sin que haya sido hasta ahora, “más de cuatro años y seis meses después, cuando se dicta la sentencia”, y sin que la demora sea imputable a los acusados: Lito y su empresa. Ni la nulidad de la sentencia anterior ni los retrasos motivados por las diligencias necesarias para determinar la capacidad procesual de Ángel Martínez —que alegaba deterioro cognitivo— se le atribuyen a ellos.

Pese a la rebaja en la condena, la sentencia refleja la confusión con que operaba de cara al fisco buena parte del sector de las verbenas, dominado por Lito y su sociedad Representaciones Lito SL, de la que es consejero delegado y presidente del consejo de administración, además de socio mayoritario con el 51% de la compañía. Los magistrados consideran probado que ejercía como auténtica comercializadora y prestadora de servicios, y no como un mero comisionista que ponía en contacto a las comisiones de fiestas o ayuntamientos con las orquestas. Añaden que las pruebas aportadas en el juicio “no acreditan que estemos ante una relación en que la entidad acusada vendiese un producto”.

La sección cuarta de la Audiencia condena a Lito a dos años y tres meses de cárcel y al pago de una multa de 340.000 euros por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012 —cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones—, al ser declarado autor de dos delitos de defraudación tributaria, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas. Además, el tribunal le impone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años. Igual multa, con idéntica pérdida de derechos y por los mismos delitos, se le impone a la empresa que presidía. Además, los magistrados condenan a Lito y a su sociedad el abono de una indemnización a la Agencia Tributaria de 326.374 euros.

 Aunque admite la Audiencia la dilación para determinar la capacitación de Ángel Martínez para ser juzgado, concluye que pudo ejercitar su derecho de defensa, ya que los informes periciales indican que en el momento en el que se celebró el juicio “tenía aminoradas sus capacidades de comprensión y de expresión, pero no limitadas”, lo que supone que se debería hacer un especial esfuerzo para garantizar su derecho de defensa, tanto en el modo de efectuar las preguntas como en el tiempo para poder contestarlas, “pero tal limitación no le impedía preparar su defensa antes del juicio ni durante este”. Por ello, entiende que tanto entonces como en la actualidad, tiene capacidad procesal.

Los magistrados señalan que los funcionarios de la Agencia Tributaria que registraron las oficinas de la empresa en noviembre de 2013 no estaban autorizados a recoger soportes documentales relativos al impuesto de la renta, lo que se traduce en la absolución del delito imputado en relación con este impuesto.

La sentencia es recurrible en el Supremo, que en marzo de 2019 alegó motivos de indefensión para anular el fallo inicial y ordenar la repetición del juicio con un tribunal integrado por magistrados distintos, al apreciar un conflicto de intereses entre empresario y mercantil y compartir ambos procurador y letrado. El TS incidió en que los derechos de Representaciones Lito SL “no fueron respetados en la forma correcta”, ya que al juicio oral fue citado un representante de la misma en condición de testigo y no pudo declarar “con los derechos inherentes a la posición de acusado”, como tampoco hacer uso de la última palabra. Todo ello supuso “un déficit relevante” en las condiciones en las que la mercantil desarrolló su defensa.

 No es la primera incidencia procesal del rey de las verbenas, que fue absuelto en otra de las causas abiertas a raíz de las inspecciones de Hacienda, anuladas inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra y en febrero de 2019 por la Audiencia Provincial. Según el juzgado pontevedrés, durante los cinco días de autorización para realizar los registros, los funcionarios de Hacienda “debieron ser más cautos a la hora de identificar, clasificar, recoger y discriminar la documentación a intervenir”. Ángel Martínez tiene todavía un juicio pendiente sobre la declaración de IRPF e IVA entre los años 2009 y 2013.

La sentencia que destapa la opacidad en que se mueve el negocio de las verbenas llega solo dos meses después de la caída de un exsocio de Lito, Miguel Ángel García Souto, promotor de una de las verbenas más importantes de Galicia, París de Noia, para quien la Audiencia de A Coruña ha confirmado una pena de siete años y medio de prisión. Los magistrados ratificaron la sentencia del juez de primera instancia, que condenó a García por cinco delitos contra la hacienda pública, relativos a los impuestos del IVA de los años 2011 y 2012 y del IRPF entre 2010 y 2012, además de imponerle una multa de 360.000 euros y una indemnización de 1,2 millones euros. El auto es otra disección del sector de la verbena, al detallar cómo el acusado obviaba “llevar la preceptiva contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, escondiendo los ingresos y gastos obtenidos y sufridos respectivamente”.    (Pablo López, El Confidencial, 22/06/21)

"Condenado el ‘rey de las verbenas’ de Galicia a dos años y medio de cárcel por fraude fiscal. 

La AEAT descubrió un agujero contable en la representación de orquestas, pero Ángel Martínez fue esquivando los 47 años de prisión y más de 40 millones en multas que afrontaba desde 2013.

 El empresario Ángel Martínez, Lito, el rey de las verbenas en Galicia, ha sido condenado por la Audiencia de Pontevedra a dos años y tres meses de cárcel y multas de más de un millón de euros por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando su compañía de orquestas, Representaciones Lito, tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones.

Es el cuarto envite judicial para el empresario desde que Hacienda lo denunciara en 2013 tras registrar las oficinas de uno de los mayores grupos de representación de orquestas y artistas con sede en Galicia. Allí descubrió un enorme agujero contable que derivó en cuatro causas judiciales por las que Lito se enfrentaba a 47 años de prisión y multas que superaban los 40 millones de euros, situando a la compañía en el epicentro del caso.

 Pero la batalla legal que emprendió el empresario, unido a su deteriorado estado físico, desinfló completamente las expectativas de la Agencia Tributaria. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo anuló su primera condena de 12 años de prisión porque la empresa Representaciones Lito S.L., acusada en todos los procesos penales, no estaba debidamente representada, por lo que no se habían respetado los derechos de la empresa y ordenó repetir el juicio.

El fallo se produjo unos días después de que la Audiencia de Pontevedra también anulase en otra sentencia el registro de la Agencia Tributaria, en este caso porque fue autorizado como una actuación administrativa y no penal. Un registro que supuso la principal prueba de cargo contra el empresario y su grupo de representación de las orquestas con mayor caché en el sector de las verbenas dentro y fuera de Galicia, como Panorama, París Noia o Filadelfia.

Tras la repetición del juicio, además de reducir la condena por dilaciones indebidas, los magistrados de la Audiencia de Pontevedra inciden en que el caso queda reducido al delito por impago del IVA, y no del IRPF, cargo por el que Lito afrontaba 12 años de prisión y 31,1 millones en multas. Recuerda el tribunal que los funcionarios de la Agencia Tributaria que registraron las oficinas de la empresa investigada no estaban autorizados a recoger soportes documentales relativos al impuesto de la renta, lo que supone la absolución de ese delito imputado.

La Audiencia también ha condenado a la empresa Representaciones Lito, como autora de dos delitos de defraudación tributaria, al pago de una multa de 340.000 euros. El fallo también impone al condenado y a su empresa el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de otros 326.374 euros.

Durante el juicio, la defensa de Lito alegó que el acusado estaba afectado por una patología neurológica degenerativa, pero la vista se celebró tras un informe forense, aunque el empresario se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, el tribunal concluye en sentencia que el acusado pudo ejercitar su derecho de defensa y subraya que los informes periciales indican que en el momento en el que se celebró el juicio tenía aminoradas sus capacidades de comprensión y de expresión pero no limitadas, lo que no le impidió preparar su defensa antes y durante el juicio.

Los jueces también destacan que la compañía actuaba como representante de orquestas y artistas y, a cambio, cobraba una comisión. “La prueba documental y pericial no acredita que estemos ante una relación en que la entidad acusada vendiese un producto”, subrayan."                    (Elisa Lois, El País, 23/06/21)

El robo de un cuadro que un museo gallego calló. La desaparición salió a la luz a través de un artículo de opinión de un directivo de una asociación cultural que apunta a una "colaboración estratégica" para la sustracción

"Era una rueda de prensa sobre otra cosa muy distinta. El director del Museo Provincial de Pontevedra, Carlos Valle, comparecía para hablar sobre la cesión, por cinco años, de una valiosa colección de estampas originales de Castelao.

 Pero una periodista de un medio local le preguntó por un artículo de opinión publicado en el diario en el que un ciudadano revelaba el robo de un cuadro de la exposición permanente en 2015. El artículo de Ernesto Vázquez-Rey, secretario de la Asociación de Amigos do Museo, con fecha del pasado 18 de mayo, sacaba a la luz la misteriosa desaparición de un paisaje del pintor Lino Villafínez (Marín, 1892-Santiago, 1970), un lienzo que formaba parte, sin gloria, de la colección del llamado Sexto Edificio. Pese a los casi dos años transcurridos desde el suceso, el museo nunca hizo pública la ausencia y fue ayer, tras la incómoda pregunta, cuando el responsable de la institución confirmó los hechos.

El robo tuvo lugar en agosto de 2015, y según el director del museo "inmediatamente detectada esa desaparición" él mismo presentó denuncia en la policía y se dio parte a la compañía de seguros que cubre el contenido de los edificios.

 Los investigadores rastrearon las instalaciones y revisaron todas las grabaciones del circuito interno de vigilancia sin obtener resultados. Supuestamente, el óleo se encontraba en un "ángulo muerto" para la visión de las cámaras. Un hecho que quizás no había pasado por alto el ladrón. En todo este tiempo, tampoco se ha detectado la presencia del cuadro en ninguna subasta de arte, ni fuera ni dentro de España.

Valle negó ayer por la mañana que existiese oscurantismo en el museo por mantener el robo a la sombra de la luz pública. La desaparición "no se ha ocultado", defendió, "se hizo exactamente lo que se tiene que hacer en estos casos".

 "No es una circunstancia como para enviar una nota de prensa", insistió. Basándose en el mismo ejercicio de discreción, ayer la Diputación tampoco emitió ninguna nota y excusó facilitar a la prensa fotografías del cuadro, aunque su difusión pudiese contribuir al hallazgo.

"Llegó el día", comenzaba su revelador artículo el secretario de Amigos do Museo. "Vengo dispuesto a desvelar historias escondidas y a exponerlas a la luz pública con el fin de darles alguna explicación: Hace aproximadamente dos años desapareció un cuadro y nadie dijo nada".

"En 2015 un perfil anónimo en Facebook me facilitó una serie de datos, y daba por efectiva la desaparición de la obra de Villafínez", recuerda el articulista. "Me indicaba la falta de grabaciones que arrojaran luz sobre el suceso". En el momento de la desaparición, el museo ya había sido noticia en prensa por una serie de turbulencias internas en las que los responsables técnicos aparecían supuestamente relegados por los cargos y las decisiones políticas. 

Según Ernesto Vázquez-Rey, el director, Carlos Valle, estaba “limitado” en sus funciones "por un director de gestión nombrado por la diputada provincial [del PP] que hoy dirige la Cidade da Cultura" de Santiago. Ese cargo de responsable político reside siempre en un miembro de la Diputación. Después de la época del robo, con el cambio en Ayuntamientos y gobiernos provinciales, se hizo cargo como diputado de Cultura Xosé Leal, representante del Bloque Nacionalista Galego.

"Lo cierto es que alguien, valiéndose de una colaboración estratégica, sacó un paisaje del pintor Lino Martínez Villafínez de una de las paredes del Sexto Edificio. Y esa obra, que es pública y que tiene la protección de Bien de Interés Cultural nunca más apareció", sigue afirmando en su escrito el secretario de la Asociación Amigos do Museo.

Este miércoles Leal, el actual responsable político, defendió que el museo es una institución "seria y rigurosa". Y rechazó las acusaciones de oscurantismo y las teorías de "política ficción". Intentar "manchar la imagen del Museo con esas afirmaciones desacredita a esa gente", concluyó: "Me parece hasta sonrojante... aquí se siguen los cauces que hay que seguir por ley".

El paisaje esfumado de Villafínez no tenía un enorme valor económico. Era diferente a la mayoría de los cuadros de este artista porque en su profusa obra lo que más abundan son, en los primeros años, marinas, y en los últimos, monumentos y rincones emblemáticos del casco histórico de Santiago, una ciudad donde se le ha dedicado una calle. 

Con esos óleos y carboncillos en formato pequeño el pintor bohemio que bebía mucho trataba a duras penas de saldar sus deudas. Pero pintar en serie una y otra vez el mismo rincón para los salones de los compostelanos acabó por devaluar su obra. Lo que ganaba no le bastaba para salir adelante, y necesitaba pedir ayuda y techo."                 (Silvia R. Pontevedra , El País, 29/06/17) 

"El Ministerio de Cultura conocía la 'rueda de las televisiones' e hizo caso omiso"

"Antón Reixa fue presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hasta julio de 2013. Durante los 14 meses que ocupó el cargo, el compositor, productor y líder de la banda de punk Os Resentidos, denunció interna y públicamente la existencia de la "rueda de las televisiones", un entramado en torno a los derechos de autor cobrados por música emitida en programas nocturnos.

Pero lejos de tener consecuencias para los responsables de la estafa, la denuncia de la misma "provocó su caída". Así lo afirma en una entrevista con eldiario.es concedida tan solo unas horas después de que estallara la operación contra este  fraude de la propiedad intelectual que se ha saldado con la detención de 18 personas.

¿En qué consiste la "rueda de las televisiones"? 

Es un procedimiento muy sofisticado y complejo en el que una serie de intermediarios producen minutos musicales que venden a las televisiones. El esquema de negocio es el siguiente: los intermediarios le ceden a la editorial de cada cadena el 50% de lo que se llama el derecho editorial y del otro 50%, que habitualmente va para el autor, una parte se lo quedan ellos mismos y lo registran a su nombre.

Por lo tanto un porcentaje va a parar a estos intermediarios, personas que no son autores, que se declaran autores y figuran como tales en el registro de la SGAE teniendo derecho a voto. Normalmente el autor real queda fuera o minimizado en el porcentaje.

¿Dónde está el origen de la estafa?

Este negocio tiene que ver con que las televisiones pagan una licencia anual a la SGAE y esa cantidad está pactada de antemano. Esto supone que hay una parte que las teles recuperan a través de los derechos editoriales. Este es el inicio que pervierte el esquema.

Los estafados son fundamentalmente el resto de los autores. Una televisión paga al año una cantidad por todo el catálogo de la SGAE, lo que se llama "blanket licence" o "barra libre". Si una parte importante se destina a esas obras que se emiten en horario de madrugada y reiteradamente, minora la cantidad que perciben lo que llamamos "autores sanos". Estos pueden ser Paul McCartney, Alejandro Sanz o un tipo como yo que no tiene un repertorio especialmente exitoso. Hay una distorsión del reparto autoral bastante importante.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Cuando yo inicio estas investigaciones, en 2013, hablábamos de 25 millones pero es posible que llegue a los 50 millones. Pero hay que tener en cuenta otros beneficios. Además de recaudar como falsos autores, la SGAE tiene un sistema de voto ponderado por el cual tú tienes más votos según lo que recaudes.

¿Es decir que estos autores al final tenían mano en la SGAE?

Estos autores son los que tienen más poder político en la SGAE y además escogen testaferros que registran las obras. Uno de los posibles detenidos en la operación había registrado 6.000 obras en cinco años, le tendríamos que haber dado el Premio Mozart a la fecundidad autoral. 

¿Esta trama de la rueda, aparte del poder que tenía por los votos, tenía influencia en otros colectivos, en la dirección de la SGAE?

Hay un problema muy claro que ocurría en la directiva de la que yo fui presidente y en las que vinieron después, que es que teníamos un conflicto de intereses. Hay autores que están en la junta directiva, que es posible que no hayan cometido ningún fraude, pero hay un conflicto de intereses porque están contratados por esos intermediarios. 

¿Estos intermediarios podían ayudar a que directivos de la SGAE tuvieran ingresos extraordinarios por la "rueda de la televisiones"?

Imagínate que eres uno de los promotores de la rueda y yo soy miembro de la ejecutiva de la SGAE. Si tú a mí me das trabajo y en vez de quitarme el porcentaje que le quitas a autores, como eres un tipo influyente me lo dejas en el 50%, obviamente se produce un conflicto de intereses con estos directivos y una resistencia a investigarlo o a tomar soluciones que van incluso más allá.

¿Todas las televisiones han participado en este sistema? Porque en la parrilla prácticamente todas lo tienen.

Está muy generalizado. Lo han hecho televisiones privadas, televisiones públicas. Televisión Española lo ha hecho de una forma incluso creciente desde 2013. He hablado un montón de veces con las televisiones tratando de explicarles que sería más conveniente que tuvieran un sistema de pago por uso, no un porcentaje al año. Al ser una cantidad cerrada, sucumben a este sistema que les permite amortizar una parte, que en algunos casos puede suponer el 30%.

¿Y eran conocedoras del fraude?

De esa música hay algo que no es ilegal, que es que el 50% de los derechos editoriales lo tienen las mismas televisiones que amortizan así una parte de lo que pagan al año a la SGAE.

Gran parte de las televisiones podrían ser engañadas, ya que hay un fraude que consiste en que esas obras son registradas en la SGAE por un sistema que se llama declaración jurada. Tú vas a la ventanilla de autores, te declaras autor de una obra y a no ser que sea la Novena Sinfonía de Beethoven, la SGAE da por cierto que eso es así. Igual que esos falsos autores registran las obras, cuando firman contratos editoriales con las televisiones cometen el engaño de declararse autores de obras que no lo son o no lo son en su totalidad.

Cuando hago público esto, hay canales que hacen una auditoría interna y purgan a esos proveedores fraudulentos, e incluso a los cargos internos de su estructura corporativa que participaban en esto. Pero me temo que eso no ha funcionado en todos los casos. 

¿Sabía el Ministerio de Cultura lo que estaba pasando?

Sí, sí. Hay una responsabilidad importante del Ministerio de Cultura, que tiene obligación de tutela sobre la SGAE. Tienen la misma documentación que yo llevé en 2013 al Consejo y que ha sido la base de la investigación policial. Además, yo esto lo hablé más de una vez con los responsables de Cultura, les dije lo que estaba ocurriendo e hicieron caso omiso.

¿Qué podía haber hecho en aquel momento el Ministerio para frenar eso?

Fundamentalmente, lo que tendrían que hacer ahora. Sería muy importante para que no se paralice el sistema de retribución de la propiedad intelectual y que los autores sanos no salgan dañados, porque esto va a producir un colapso y una falta de credibilidad muy grande en la entidad. El Ministerio debería intervenir en la SGAE.

Además deberían crear una ventana única, que el Ministerio de Cultura genere una estructura que sea la que recaude por las obras a los usuarios del repertorio y los autores seremos los que nos repartiríamos eso. 

Lo increíble es que el sistema interno de la SGAE falló, que eso provocó mi caída, y que esto haya salido adelante gracias a un grupo de autores independiente agrupado en la Coalición Autoral que ponen esto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que investiga durante cuatro años.

Los falsos autores son los que aparecían copando los primeros puestos de recaudación de la SGAE.

En el 2012 veo la liquidación de ese año y me doy cuenta que en los primeros 15 puestos había autores absolutamente desconocidos al menos para mí. A partir de ahí se inicia una investigación interna y aparecen una serie de autores que son los que son motivo de investigación que acumulan tal registro de obras y tal recaudación que no se corresponde con la difusión real de su repertorio.

¿Cómo registraban obras de dominio público como el Adagio de Albinioni o el Canon de Pachelbel?

Eso es una parte pequeña del fraude, pero es una parte importantísima. Lo que hacían con estas obras que tienen un dominio público es registrar un arreglo. Se queda un valor añadido a la composición original y ese arreglo se puede registrar. Esos arreglos se falseaban.

Yo asistí a comisiones en las que las partituras de esos arreglos eran prácticamente fotocopias de las originales. Hice todo lo posible por disolver esto, no sé qué futuro habrá corrido, pero me costó bastantes disgustos.

¿Si las modificaciones de la música clásica son una pequeña parte del entramado, cuál es la gran parte? La Policía habla del fraude de la "música inaudible".

Soy músico y no me atrevo a calificar la obra que componen otros autores. La policía habla de "música de baja calidad". Será de alta o baja calidad, pero en todo caso su registro es fraudulento. Hay mucha música ligera, mucha música pop, música de todos los estilos que se benefician de una red que, además, tiene algo de arbitraria.

¿Por qué entran unos y otros no? Es un sistema totalmente arbitrario que se basa en un comportamiento mafioso. Obviamente entregas parte de tus derechos o no entras en esa red. Con el perjuicio que esto causa a los autores sanos.

¿Qué miembros de la junta directiva actual han participado en esa red?

No conozco la identidad de las 18 personas detenidas.  Es posible que haya alguno de la junta directiva, no lo sé. Pero sé que gran parte de los ingresos de algunos autores provenían de ese tipo de emisiones y eso obviamente genera un conflicto de intereses.

Hay directivos, por lo menos a partir de 2013, que quizá no han incurrido en ningún delito fiscal pero han protegido, al ser beneficiarios de esa red, los derechos de esos intermediarios.

La operación estalla justo a dos días de que se celebre la junta de la SGAE en la que se tenían que aprobar los presupuestos. ¿Cree que está relacionado?

No, la investigación ha seguido su ritmo, son cuatro años. Desde el momento en el que la unidad policial de propiedad intelectual empieza a investigar a mí me piden testimonio.

Tenían problemas para conseguir personas que testificasen y yo hice una declaración durante varias horas en varios días. La firmé porque al fin y al cabo lo que decía era lo mismo que yo había llevado ante el consejo de la SGAE, la información con la que mis propios compañeros de directiva consideraban que hacía mal en difundir de forma tan drástica. Sabía que habría una resistencia interna tan grande. Hice lo que creo que tenía que hacer en conciencia y lo que creo que debería haber hecho la propia sociedad de autores.

¿Cuándo fue la declaración?

Eso fue entre finales de 2013 y principios de 2014. Imagino que finalmente habrán encontrado muchos informadores. Hay hasta personas que están amenazadas por haber colaborado con esta investigación.

¿Por qué no se hizo nada pese a que esto se sabe desde hace años?

El gran fracaso de la SGAE fue que el reglamento interno que permite purgar estos fraudes no ha funcionado. Hubo un comité disciplinario que investigó a muchos de estos participantes en la rueda y no aplicó ninguna sanción. 

Eso es lo grave, que han pasado cuatro años y la SGAE no ha sabido resolverlo porque hubo un conflicto de intereses. Personas de la junta directiva y del consejo estaban en esta red, tenían mayor o menor implicación, pero sus ingresos dependían de ello y no tenían independencia suficiente para purgar esto.

A pesar de todo lo que se ha insistido, la imagen de SGAE no mejora porque continuamente pasan cosas de este tipo y esto es algo que se sabía desde hace años, y que lleva ocurriendo desde el año 2006-2007."                  (Ignacio Escolar / Vanesa Rodríguez  , eldiario.es, 20/06/2017)

La juez ve plagio en 'La Cruz de San Andrés' de Cela

"Más de 10 años después de que la escritora María del Carmen Formoso se querellara contra Camilo José Cela, una juez de Barcelona ha resuelto que existen indicios racionales para considerar que se cometió un delito contra la propiedad intelectual en la elaboración de la novela La Cruz de San Andrés, ganadora del Premio Planeta de 1994.

La juez argumenta su decisión en dos motivos. Por un lado, que Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia), la obra de Formoso, fue presentada el 2 de mayo de aquel año y que la obra ganadora del premio literario se presentó el 30 de junio, el último día de plazo. Por otro, que el informe pericial elaborado por Luis Izquierdo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, "concluye que se trata de un supuesto de transformación, al menos parcial, de la obra original" en la novela ganadora de Cela.

De ello se deduce, en opinión de la juez, que La Cruz de San Andrés "presenta tantas coincidencias y similitudes" con la obra de Formoso "que para realizar tal transformación la novela de la querellante hubo de ser necesariamente facilitada" a Cela "para que, tomándola como referencia o base, hiciera lo que el perito denomina aprovechamiento artístico" de aquélla. De esa manera, añade la juez, la obra de Formoso fue "transformada" por Cela "en una obra estéticamente diferente, con el sello propio de su autor, que presentada al mismo certamen literario resultaría premiada".

La causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona se sigue únicamente contra José Manuel Lara Bosch, consejero delegado del grupo editorial Planeta, al que se considera presunto coautor del delito de plagio. Lara ya declaró como imputado en esta causa en 2001, al igual que Cela, antes de fallecer en 2002." (El País, ed. Galicia, Cultura, 21/04/2009, p. 39)

No se hicieron auditorías desde 1997 hasta 2007 ¿Para facilitar las cosas?

“Desfalco en el Guggenheim. Cuentas falseadas para llevarse medio millón. El museo denuncia en el juzgado a su director de Finanzas, que confiesa el fraude. Las apropiaciones realizadas desde 1998 no fueron descubiertas en las auditorías.

El máximo responsable de las cuentas del Museo Guggenheim Bilbao, Roberto Cearsolo Barrenetxea, director de Administración y Finanzas, se ha apropiado de 486.976 euros desde 1998, procedentes de las sociedades creadas para la compra de obras de arte y de la inmobiliaria, propietaria del edificio. Cearsolo reconoció la sustracción del dinero en una carta enviada al director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, el pasado viernes. (…)

Según su propia confesión, para disponer de las cantidades realizaba transferencias bancarias o emitía cheques, falsificando la firma de la persona autorizada, el director general del Guggenheim. Cearsolo también reconoce que para no ser descubierto alteró las cuentas anuales de 2005, los libros de contabilidad y cambió un extracto de la BBK. (…)

La Sociedad Tenedora, a la que las instituciones vascas han aportado 90 millones de euros desde su creación para la adquisición de obras, estuvo sometida a auditorías en 1995, 1996 y 1997. La práctica se abandonó y no se volvieron a revisar las cuentas hasta el ejercicio de 2007, por la presión de la oposición, tras haberse detectado pérdidas en la compra de divisas. Ayer, apesadumbrado, Vidarte afirmó que se arrepiente de no haber encargado auditorías externas todos los años para haber reducido las posibilidades de que ocurriera el desfalco.” (El País, ed. Galicia, País Vasco, 17/04/2008)