"Maniobraron en los órganos de dirección de la caja para multiplicar
sus dietas y favorecer sus propios intereses inmobiliarios. El abogado
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) designado por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha solicitado para el ex
director general de la caja, Roberto López Abad, y para el ex presidente de su comisión de control, Juan Ramón Avilés,
las penas de seis y diez años de cárcel respectivamente por los delitos
de apropiación indebida -del que acusa a ambos- y administración
desleal, delito este último que imputa solo a Avilés. Los dos aparecen
como cerebros del saqueo de la entidad que se investiga en la Audiencia
Nacional.
El escrito de acusación del letrado señala a ambos directivos como
urdidores de una estrategia para obtener ingresos extra de los órganos
de gestión de la caja. Al percibir únicamente dietas por asistencia y
desplazamiento a la comisión de control de la entidad, ambos crearon
otra comisión de control en una empresa participada al 100% por la CAM,
la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), dedicada al sector
inmobiliario. Mediante la asistencia a esa segunda comisión de control,
ambos lograron multiplicar por 10 sus dietas. López Abad, según el FROB,
llegó a embolsarse 308.700 euros entre 2007 y 2011.
Pero, además, la comisión de control de TIP, que como la de la
entidad matriz (la CAM) estaba presidida por Avilés, permitió a ambos
directivos beneficiarse con operaciones que el FROB considera ruinosas
para la caja. Así, según el escrito de acusación de Carlos Gómez-Jara,
el abogado de la CAM designado por el fondo, en junio de 2011, cuando se
produjo la intervención de la CAM y la inyección de 5.200 millones de
euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos para sanear sus
pérdidas, se habían perdido 416 millones de los 575 millones invertidos
en TIP, pérdidas en gran medida vinculadas a proyectos hoteleros e
inmobiliarios en los que estaba personalmente involucrado López Abad y
por los que también está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Además, en enero de 2008, la CAM puso en marcha otra operación
ruinosa que tuvo como beneficiario a Avilés y que, según el informe
elaborado por el Banco de España, le habría obligado a abandonar sus
cargos en la caja. La entidad concedió dos préstamos por un total de
16,2 millones de euros a la sociedad La Vereda de Sucina,
propiedad del presidente de su comisión de control, para la
construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes y locales en
Sucina (Murcia).
La sociedad del directivo de la CAM, tuvo evidentes dificultades para
vender la promoción y, desde 2009, dio síntomas de problemas de
liquidez, a pesar de lo cual, la caja refinanció la operación aumentando
las cantidades prestadas sin que esa decisión pasara por el consejo de
administración de la caja. La situación se agravó tanto que Avilés se
vio obligado a recurrir a préstamos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
(ICREF) para financiarse. Parte de esos fondos concedidos por esos dos
organismos públicos se utilizaron para fines que no estaban contemplados
en su concesión.
La incompatibilidad de esos préstamos con su posición en la CAM, le
llevaron, según el informe del Banco de España a vender de forma
ficticia La Vereda de Sucina a su hermana. Esa operación, según el FROB,
tenía por objeto “que los organismos de supervisión de la caja no
tuvieran conocimiento de su vinculación con la misma [con su promotora]”
y “no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello a
perder su privilegiada situación para negociar una solución favorable
para sus intereses”. A pesar de la venta, Avilés siguió tomando todas
las decisiones empresariales relacionadas con su sociedad.
La operación de compra ficticia de La Vereda de Sucina se gestó por
valor de 90.000 euros, pero a la compradora, la hermana de Avilés, no se
le conocían ingresos. El dinero necesario para el negocio se lo entregó
la esposa del directivo en su cuenta tres minutos antes de formalizar
la compra, según el FROB. Ese dinero, además, procedía de la propia
sociedad La vereda de sucina. Así pues, según el escrito de acusación,
“la sociedad se estaba comprando a sí misma”.
El escrito detalla cómo la refinanciación de esos créditos a La
Vereda de Sucina se produjo solo tres meses antes de la intervención de
la entidad, el 13 de abril de 2011, cuando la quiebra de la CAM era
palpable. Además de refinanciarlos, la caja los antedató a enero de ese
año con el objetivo de tapar un agujero de 30,000 euros en la sociedad
de Avilés.Al mismo tiempo permitió a la inmobiliaria retrasar todos los
pagos de intereses un año y dos años el del principal.
El FROB valora el supuesto desfalco en 4,9 millones de euros y pide
que Avilés, en caso de ser condenado, los devuelva en concepto de
indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad que saneó
las pérdidas de la caja. Para López Abad pide que reintegre los 308.700
euros de dietas indebidamente cobradas. Ambos directivos fueron
procesados el pasado enero por el instructor del caso, el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 3 Javier Gómez Bermúdez.
Los hechos recogidos por el escrito de acusación del FROB solo
corresponden a una mínima parte del caso del saqueo de la CAM. Gómez
Bermúdez también investiga a López Abad junto a otros directivos por
concertarse con dos empresarios a los que la caja otorgó créditos por
160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México,
República Dominicana y Costa Rica, a sabiendas de que su sociedad,
Valfensal SL, operaba a través de una entidad radicada en el paraíso
fiscal de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas).
El fraude fiscal investigado asciende a 31,8 millones de euros. Los
exdirectivos de la caja supuestamente se lucraron también con Valfensal,
y ello en perjuicio de la entidad financiera y cuando esta se
encontraba a un paso de la quiebra, según el juez que envió a prisión
eludible con fianza al ex director general." (El País, 12/02/2014)
