La pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional... La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín, García Castellón, quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo

Victor Guillot @Espejodevillano

TODOS LOS HOMBRES DE LA PRESIDENTA

EL JUEZ ELOY VELASCO, "A TOMAR POR CULO, A ONTENIENTE

" Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que una dictadura no va de una día para otro sino poco a poco, carcomiendo las instituciones. Se ve que la Presidenta de Madrid nos lee con devoción, porque este martes comparó la investigación que recae sobre su novio con el Watergate. Por otra parte, a Alberto González Amador se le va a imputar un nuevo delito por presunto soborno a un directivo de Quirón. Tras un año, el acusado por fraude fiscal y falsedad documental todavía no ha declarado por los casos que han desencadenado "el Watergate", ay. 

Tiene razón Ayuso: para tomar el poder judicial hace falta tiempo. A veces los tiempos se aceleran. La actual presidenta de Madrid, no obstante, fue testigo de toda una época de corrupción en el turbomadrid de Aguirre, Granados e Ignacio González. Casi se puede decir que todo lo que estamos observando hoy comenzó tras un tamayazo. Ayuso fue testigo en primera persona del estallido de Púnica y Lezo, primero como candidata en las listas del PP a las elecciones de la Asamblea de Madrid de 2011. Después, en 2015, como portavoz adjunta del PP, durante el gobierno de Ignacio González y más tarde como viceconsejera de Justicia.

 En ocasiones, los movimientos de los peones se aceleran. Son pasos irreversibles que resquebrajan la arquitectura del estado de derecho. Le sucedió al juez Eloy Velasco, el juez "del pueblo" (léase con toda la ironía), cuando inició la instrucción del caso Lezo y el caso Púnica en 2015. 

El juez Velasco incluyó como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir. La lista incluía al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además del propio presidente Ignacio González. ​

El periódico http://Vozpopuli.com publicó en abril de 2015 que los abogados de los imputados en la trama Púnica estudiaban acciones legales contra el magistrado Eloy Velasco por entender que pudiera estar revelando secretos del sumario, mientras algunos de los presuntos implicados permanecían en prisión.

 El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

 La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo, pero que conviene recordar hoy para saber cómo se van encofrando los pilares de una dictadura y cómo tratar a los jueces. 

A Ignacio González no le tembló el pulso ante Zaplana cuando exigió que Velasco abandonara la instrucción antes de que le estallase en la cara: "Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño". 

La grabación continúa expresando la pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional: "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no. Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...". 

De quien habla González no es otro que Manuel García Castellón que llevaba casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzaba Ignacio González, García Castellón pediría su regreso al juzgado que dejaba su sustituto. 

Para que quedar completamente aquilatada la dictadura, en los términos de Díaz Ayuso, González insistió en quién podía ser el siguiente juez que llevase la causa: García Castellón: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla"

 Efectivamente, la Comisión Permanente del CGPJ designó a Eloy Velasco y a Enrique López Velasco como los magistrados para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Su nombramiento, además, fue publicado también en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Finalmente, el juez García Castellón sustituyó a Velasco en los casos Lezo y Púnica. 

Ignacio González no sólo consiguió cambiar al juez Eloy Velasco por Manuel García Gallardo en la instrucción. También consiguió colocar al Fiscal Anticorrupción que quería: Manuel Moix.

 ADENDA El juez Eloy Velasco fue director general de justicia en el gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. 

ADENDA 2 Durante un curso celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la V Semana Internacional del Compliance, Eloy Velasco criticó al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y cuestionó su legitimidad. Refiriéndose a la aprobación de la ley del "solo sí es sí" de 2022, criticó a la entonces ministra de Igualdad por tratar de «enseñar el mundo» y explicar lo que es el consentimiento a los juristas, cuestiones que, según el juez, «nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona». 

ADENDA 3 Mariano Rajoy confirmó a Catalá como ministro de Justicia después de haber sido reprobado en la Corte de los Leones.

Última edición3:49 p. m. · 15 ene. 2025 28,4 mil Visualizaciones

García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados... A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

 "La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión. 

 En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta."                          (Pedro Águeda  , eldiario.es, 9 de diciembre de 2023)

Villarejo manipulaba a jueces de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción... La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal

 "Si dentro de la polcía existía una presunta organización liderada por Villarejo, junto con Juan Antonio González, José Luis Olivera y su amplia estructura de policías, los tentáculos dentro de la Justicia también fue crucial para la apertura de otras investigaciones que convenían a los clientes de Cenyt por ejemplo contra Ignacio González, Pérez Dolset o el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal.

El objetivo era eliminar enemigos políticos o adversarios empresariales, no solo político, y para eso el comisario José Manuel Villarejo y su lobby de socorristas utilizaban los recursos y a los mandos a su alcance del Ministerio del Interior, pero también a los que tenían a su alcance dentro del Ministerio de Justicia. Es más, es que este era uno de los argumentos de venta que publicitaba el comisario Villarejo en la web del Grupo Cenyt. 

 En la agenda del comisario hay nombres destacados del mundo de la justicia, de hecho creó una empresa através de la que daban charlas de Derecho ilustres como el abogado Adolfo Prego (hermano de la periodista Victoria Prego), el actual fiscal de acción disciplinaria y exfiscal Anticorrupción Manuel Moix y el fallecido fiscal general del Estado, Manuel Maza.

 En el caso del nuevo fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, colocado en contra del criterio del Consejo Fiscal por Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, sorprende sobre todo por que tanto Moix como la predecesora de García Ortíz y su pareja, es decir, Dolores Delgado y Baltasar Garzón son de los miembros de la judicatura que asiduamente aparecen en los apuntes y los audios del comisario Villarejo.

No son los únicos, los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz o la jueza Teresa Palacios son otros de los que acudían a las comidas una vez al mes, a las que también asistía puntualmente los empresarios Mauricio Casals y Adrián de la Joya, quienes como la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal tienen una suerte extraordinaria cada vez que un caso que les compromete cae en manos del también juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El encargo de Cospedal contra González

Al igual que la familia del expresident Jordi Pujol solicitó al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió personarse en la causa Tándem, ya que estaba seguro que desde las propias filas del PP le habían hecho diferentes encargos a Villarejo contra él.

Primero fue el caso del ático de Estepona (Málaga), que finalmente quedó archivado, para el que Villarejo utilizó toda su artillería: periodistas a los que filtró el informe como una investigación de la UDEF sin serlo y estos así lo publicaron; el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a quien ya conocía por la causa Astapa; la jueza, también antigua conocida, y su propia asociación Transparencia y Justicia, quien se personó como acusación popular al igual que el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuando lo presidía su gran amigo José Manuel Sánchez Fornet.

 Ese espionaje del ático venía a favorecer a tres opositores de González, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a la exultante nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al propio Mariano Rajoy, con quien el dirigente madrileño se había enfrentado.

En diferentes conversariones con amigos que constan en el sumario, como la periodista Ana Rosa Quintana, con el comisarioi Juan Antonio González o con Mauricio Casals, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Villarejo deja claro que ha sido el PP y Cospedal quienes le han hecho el encargo, pero que «no ha trincado nada», como se puede escuchar a continuación:

Villarejo: Yo solo se la he hecho a Ignacio González...  Mauricio Casals:

Es muy inocentón y con lo de Ignacio lo está pasando mal, eh..  Villarejo: 

 ¡Yo sí que lo he pasado mal! Y además yo no he trincado nada, 

conmigo no ha repartido nadie nada y encima me han

 repartido hasta en el carné de identidad. 

Una de las piezas por las que está imputado Ignacio González en la causa Lezo es la relativa al tren de Navalcarnero. Una supuesta comisión que el expresidente madrileño habría cobrado del exconsejero de OHL, Javier López Madrid. Sin embargo, los proyectos y el concurso del tren quedó cerrado cuando María Dolores de Cospedal era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, justo antes de ascender a la secretaría general del PP, y los 1,4 millones de euros no cayeron en ninguna cuenta de González en Suiza, si no en la del socio del comisario Villarejo, Adrián de la Joya. 

 Aún así, el juez García Castellón, que instruye Lezo al igual que Tándem, no ha querido cuzar los datos que aparecen en una causa y en otra, hasta el punto de que el expresidente madrileño escribió a la propia Unidad de Asuntos Internos, quien le ha contestado que ha remitido toda la información relaciona con él al juez. Al igual que pasó con la familia Pujol sin que a García Castellón le pareciera suficiente para dejarle personarse

Filtraciones de la Fiscalía Anticorrupción

Pero otra de las cosas que algunas partes comienzan a reprocharle a García Castellón, es que tampoco se haga cargo en sus causas de las filtaciones a la prensa desde Fiscalía Anticorrupción. El empresario Javier Pérez Dolset, víctima en la causa Tándem e imputado junto a Mauricio Casals y Mihail Fridman en la causa Hanta -ambas instruídas por Castellón- asegura que «la Fiscalía Anticorrupción filtró a la prensa, en marzo de 2017, que me estaba investigando cuando yo en ese momento era un denunciante que estaba recibiendo amenazas y al que querían quitar su empresa, como finalmente hicieron».

Según han confirmado a Crónica Libre, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, un miembro de dicho cuerpo se reunió con varios directivos y periodistas de El Confidencial para filtrarles que estaba investigando a Javier Pérez Dolset. Como resultado de aquella revelación de una investigación secreta, el diario publicó el 1 de abril de 2017 la noticia correspondiente. Crónica Libre ha podido comprobar la veracidad de la filtración por una segunda fuente.

Además de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción conocían, y confirmaron a este diario, que la investigación del caso ZED había sido manipulada por el comisario jefe de la UDEF André Vega, y poco a poco se va descubriendo que presuntamente el motivo era que Planeta le había prometido un retiro dorado, el abogado de Pérez Dolset también lo ha puesto en conocimiento de García Castellón a través de sus escritos, sin que el juez se haya pronunciado al respecto.

El comisario André Vega es uno de los miembros de la UDEF, identificado por Crónica Libre, que presuntamente, se dedicaban a fabricar informes falsos con objetivos comerciales dentro de la estructura de Villarejo. Existen pruebas documentales de la participación de André Vega en, al menos, los encargos del BBVA a Villarejo (pieza 9) y encargo de Grupo Planeta para investigar a Blas Herrero (pieza 12).

Recordemos que, en este momento, los ejecutivos de Planeta Luis Elías y Antonio López se encuentran a la espera de juicio por contratar al comisario Villarejo en la Pieza 12 de Tandem. Anticorrupcción pide para ellos, 4 años de cárcel.

Las cuentas falsas de Panamá

Así mismo, este diario desveló este verano la participación de Mauricio Casals y Antonio García Ferreras en, al menos, 4 operaciones, con el comisario Villarejo. En concreto los de la falsificación y difusión de cuentas falsas en Panamá de Pablo Iglesias, Xavier Trías, Juan Luis Cebrián y el ministro Soria.

Ahora conocemos que Pérez Dolset presentó una denuncia contra el Grupo Planeta y los integrantes del Grupo de Mikhail Fridman en agosto de 2016 en la Fiscalía Anticorrupción. Inmediatamente después, irrumpe en la investigación el Comisario André Vega para manipularla, llamando a declarar en la sede de la Policía a los representantes de Planeta que le habían prometido un retiro dorado, era diciembre de 2016.

Tras esta entrevista, el Comisario dirigió una Nota informativa policial a la Fiscalía Anticorrupción para que fueran entrevistados como testigos en la Fiscalía tanto Luis Elías como José Lara García, secretario del consejo y consejero delegado de Grupo Planeta respectivamente. Esta nota Informativa ha desaparecido de los registros, según ha podido constatar Crónica Libre.

Las declaraciones, que tuvieron lugar en enero y febrero de 2016  y vinieron seguidas de una serie de una serie de documentos que entregó el Grupo Planeta, que a la postre se ha demostrado que eran falsos. Crónica Libre, ha comprobado dichos documentos y cotejándolos con la información publicada por el diario El Confidencial el 1 de Abril de 2017. Se puede comprobar que su contenido es básicamente idéntico, por lo que podemos concluir que un miembro de la Fiscalía, por razones que desconocemos hasta la fecha, filtró la documentación recibida de André Vega y Planeta, tras hacerla suya y darle la calificación de Investigado a Javier Pérez Dolset.

Sin embargo, a pesar de la contundente filtración, no se realizó decreto confirmando la investigación, por lo que esta también podría ser irregular. De hecho, Crónica Libre ha podido comprobar como semanas más tarde se le firmaban actas de perjudicado a Pérez Dolset."                (Patricia López, Crónica Libre, 08/08/23)

El juez del caso Lezo procesa a Ignacio González por las obras del campo de Golf del Canal de Isabel II

 "Ignacio González, una de las ranas de Esperanza Aguirre, acumula causas en los tribunales y la lista aumenta por momentos. El pasado lunes, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, procesó al expresidente de la Comunidad de Madrid por supuesto amaño de varios contratos para construir y explotar el campo de golf de las instalaciones del Canal de Isabel II.

Así lo ha expuesto en un auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que el magistrado sitúa a González en la cúspide de una trama junto a su mano derecha, Ildefonso de Miguel. También están salpicados y, en consecuencia, procesados, los tres socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero.

El juez considera que hay indicios de que, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, se produjeron irregularidades en el “concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II ‒en adelante CYII‒, licitado por el ente público CYII y adjudicado en marzo de 2003 a ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse DRAGADOS SA”.

 El auto judicial recoge que “un año después de realizarse esta adjudicación” desde la dirección de CYII ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez ‒director Gerente de CYII entre los años 2003 y 2009‒ y Jaime Ignacio González González ‒presidente del Ente Público CYII y Vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012‒, con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”.

Así las cosas, “convinieron con DRAGADOS que CYII le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa TECNOCONCRET PROYECTOS DE INGENIERÍA SL ‒en adelante TCT‒ cuyos socios eran los investigados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier”.

Estos dos últimos son el hermano y el cuñado de Ignacio González y ostentaban su titularidad “a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este”.     (El Plural, 26/05/21)

Paulino, 'el Villarejo' de OHL que se grabó comprando a decenas de políticos corruptos

"El caso sobre la presunta trama de sobornos que habría diseñado OHL para llevarse adjudicaciones por toda España valoradas en más de 700 millones de euros tiene su origen en un hallazgo sorprendente. La primera pista apareció en abril de 2017, durante los interrogatorios iniciales de la operación Lezo, un procedimiento dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid y en la gestión de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II.

OHL es uno de los actores principales de ese escándalo. Una de las piezas de esta macrocausa gira en torno a un presunto pago de 1,4 millones de euros que la compañía de Juan Miguel Villar Mir habría realizado al expresidente madrileño del PP, Ignacio González, para amañar el contrato de construcción y gestión de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación se cerró en 2008 en 364 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las oficinas de la cotizada para llevarse diversa documentación relacionada con esa supuesta comisión ilegal y para tomar declaración a los directivos y trabajadores que pudieron haber intervenido en ella.

En uno de esos interrogatorios saltó el primer indicio. Una empleada que ocupaba un puesto de segundo nivel en el organigrama de la compañía deslizó a los investigadores del Instituto Armado en dos ocasiones, probablemente de forma involuntaria, que había un directivo de la multinacional que guardaba grabaciones de sus reuniones con funcionarios y dirigentes políticos de diferentes administraciones. El alto cargo al que se refería la empleada era Paulino Hernández, que en ese momento era director general de Obra Civil Nacional de OHL, es decir, el máximo responsable de la división de grandes obras públicas, la línea de negocio más rentable de la constructora con diferencia.

El registro de la vivienda

Aquellos comentarios sobre unas supuestas grabaciones sonaron tan naturales que no llamaron la atención de los agentes. Sin embargo, cuando terminó el interrogatorio, esas palabras empezaron a retumbar en sus cabezas. ¿Y si era cierto que un directivo de OHL tenía audios de sus negociaciones con políticos, técnicos y funcionarios de distintos organismos? ¿Y si en esas conversaciones aparecían hechos delictivos? La UCO solicitó entonces autorización al instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, para registrar la vivienda de Paulino en busca de las supuestas cintas.

La diligencia de entrada en su casa se produjo solo unas semanas después de la primera fase de la operación Lezo. Lo que contó la empleada era verdad. Dentro de la vivienda de Paulino, los agentes encontraron un auténtico arsenal sonoro al más puro estilo del comisario Villarejo, carpetas y carpetas de grabaciones presuntamente realizadas por el propio directivo en las que aparecían decenas de funcionarios y políticos corruptos aceptando dinero y regalos a cambio de contratos de obra pública que alcanzaban importes astronómicos.

Las primeras estimaciones de los investigadores, que el pasado octubre entregaron al juez García Castellón un extenso oficio con sus conclusiones preliminares tras dedicar año y medio a analizar el contenido de los audios y cruzarlo con las licitaciones teóricamente adulteradas, apuntan a que OHL habría pagado presuntamente desde 2003 más de 40 millones de euros en comisiones. 

A cambio, la compañía controlada por la familia Villar Mir se habría asegurado la construcción de los puertos de Melilla y Granadilla (Tenerife), la variante de Baza y el puente de Loja (Granada), varios tramos de la Autovía de la Plata a su paso por Extremadura y el Cercanías de Navalcarnero, donde se habrían efectuado otros pagos además de la presunta comisión de 1,4 millones de euros que ya estaba siendo investigada.

El papel de Felicísimo Ramos

Solo esos proyectos ya suman 722 millones de euros. La lista de obras bajo sospecha es mucho más larga, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. Paulino habría tenido un papel clave en los amaños, pero no sería el único directivo de OHL implicado. Las pesquisas sitúan en un escalón superior de la trama a un antiguo director de control de gestión jubilado oficialmente en 2013 que siguió cobrando de la empresa hasta 2016. Se trata de Felicísimo Ramos, un directivo que ya tuvo que declarar como testigo en el caso Roldán y que también ha aparecido anteriormente en el caso Lezo por su presunta implicación en el pago del supuesto soborno a Ignacio González.

"Por ahora, Paulino y Felicísimo son los principales investigados. Ambos fueron interrogados ya por la Fiscalía Anticorrupción en presencia del juez y coincidieron en negar los hechos que se les imputan. En los próximos días tendrán que desfilar por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional otros responsables de la cotizada, aunque las grabaciones podrían deparar nuevas sorpresas y afectar a su mismísima cúpula.

 Paulino no solo grabó a políticos y funcionarios. En su archivo también había conversaciones comprometedoras con otros altos cargos de OHL. Parece difícil que dos únicos directivos decidieran por su cuenta y riesgo pagar 40 millones de euros en comisiones para que la compañía que los tenía en nómina elevara sus ingresos en más de 700 millones.

Paulino ya no trabaja en OHL. Se incorporó al grupo en 1981, solo dos años después de terminar sus estudios. Desde entonces, había permanecido vinculado a la empresa. Sin embargo, en mayo de 2017, solo un mes después de que estallara el caso Lezo, se desvinculó de la constructora."            (José María Olmo, Beatriz Parera, El Confidencial, 31/03/19)

Querella por malversación a gran escala contra López Madrid y un centenar de ex altos cargos y empresarios de Madrid

"Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos.  

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. 

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA. 

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.

Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. 

A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.

La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. 

Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.

Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid."               (Alicia Gutiérrez, InfoLibre, 13/12/18)

La garganta profunda de Lezo: "Ignacio González está de mierda hasta aquí y no tiene cómo procesar el dinero"

"Las palabras de Diego Fernando García Arias quedaron grabadas para la posteridad, y sobre todo para la Justicia, el 1 de diciembre de 2017 en la cárcel de La Picota, en Bogotá (Colombia) aunque el literal de sus palabras ha permanecido guardado bajo secreto hasta ahora. 

Frente a él, un fiscal español hacía las preguntas al directivo de la filial del Canal de Isabel II en Colombia, que tras su detención, relató sin tapujos cómo el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, organizó presuntamente el cobro de seis millones de dólares de comisión a cambio de que el Canal comprara una empresa local por 30 millones. Algo que el político madrileño niega de forma tajante.

"Ignacio González dio el siguiente reparto", arrancaba Diego Arias en su primer minuto de declaración, ratificada este miércoles en la Audiencia Nacional. "La comisión que deben pagar para hablar con Sebastiao, que ya está hablado, solamente para que te reúnas con él es de seis millones de dólares". 

Frente a una delegación española, el empresario investigado explicó con pelos y señales sus conversaciones con Edmundo Rodríguez Sobrino para la compra de Inassa, cómo él mismo organizó el traslado del dinero y cómo la mordida destinada presuntamente a González quedó en manos de testaferros por la investigación que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía en marcha sobre su ático de lujo en Marbella:
 "Edmundo me dice: "la parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí, no tiene cómo procesar el dinero y no tiene cómo saca y no tiene cómo hacer nada, y me ha pedido que sea yo quien lo tenga". 

"¿A Edmundo quién le daba esa información?", pregunta en otro momento de la declaración el fiscal. "Ignacio González dio el siguiente reparto", contestó entonces el arrepentido, en una versión que amplió este martes en su comparecencia en Madrid y que la defensa de González descarta: "Son seis millones de dólares. Tres millones tienen que ser para España y otros tres millones tienen que ser para la gente de Colombia".

"Son dos millones para mí, o sea, para Ignacio González, y un millón de dólares para una persona que me trajo el negocio y me ha ayudado mucho y que es alguien que quiero ayudar que se llama Luis Vicente Moro", explica el exresponsable de expansión de Inassa sobre el presunto papel de otro de los investigados, hombre de confianza de González y exdelegado del Gobierno en Ceuta para el Partido Popular. 

Ante la Audiencia Nacional, Arias reconoció este miércoles que sus conversaciones fueron siempre con Rodríguez Sobrino y que nunca habló directamente con González de las mordidas. Algo en lo que se basa la línea de defensa del expresidente madrileño para desacreditar el testimonio.

"Dos y uno, vale -prosigue el relato del confidente sobre el reparto del dinero- y los tres de Colombia, como se que tú tienes compromisos de gente que te ha ayudado ¿cómo los vamos a repartir? Entonces Edmundo dijo: Ignacio, si te parece, lo repartimos a partes iguales. Hay una persona que me ha ayudado mucho que es Diego, lógicamente. Y entonces Ignacio González le pregunta estas palabras a Edmundo, esto nunca se me olvidará: Edmundo, ¿Diego es de confianza? y le dijo: de total confianza”.

A las preguntas del Fiscal, el hombre del Canal en Colombia explica que fue Rodríguez Sobrino quien le confesó estas conversaciones con el presidente de la Comunidad de Madrid. "Edmundo me lo contó. Me lo contó. Me lo repitió como cosas claves de la conversación.

 Y era cierto. Un millón de dólares para Diego, un millón de dólares para mi y hay una persona que no tiene nada que ver con la operación pero que yo quiero ayudar. Una amiga mía que yo estimo y que me gustaría ayudarle con algo, que es Ramón Navarro Pereira".

Una cifra escrita en una servilleta

Una vez pactadas las cantidades, fue el propio Diego García Arias el encargado de negociar directamente la compra de la filial brasileña como jefe de expansión de Inassa, la sucursal del Canal de Isabel II en Sudamérica. 

"Entonces me voy a Brasil y le digo a Sebastiao (Cristovam, acusado de sobornar a los políticos españoles para que compraran su empresa): Sebastiao, Edmundo me ha dicho… ni siquiera lo hablo con él. Escribo esto en un papel. Me ha dicho esto. Sí Diego, es correcto. Eso es lo que yo tenía pactado pero…".

El arrepentido relata entonces cómo el empresario brasileño, el dueño de la empresa ofertada, se negó a pagar la comisión acordada con la excusa de que la empresa  tenía más valor en ese momento que cuando se pactó la mordida. "Sebastiao, esas son las instrucciones que tengo yo. Y lo sabe desde Ignacio González hasta Edmundo", mantiene que le reprochó el enviado del Canal.

Pese a las reticencias, el contrato de compra de la empresa se firmó en noviembre de 2013 por 30 millones de dólares. Y es entonces cuando Diego García Arias vuelve a ponerse en contacto con Sebastiao Cristovam para que proceda a los pagos prometidos.

 "Entonces me voy a Brasil y digo Sebastiao, entonces ya está listo. Ya está listo todo. El primer pago  ¿qué hacemos? ". La contestación de su contacto carioca no fue la esperada. "Yo seis millones de dólares no puedo cumplir".

"La parte de Ignacio la voy a recibir yo"

"Le dije Sebastiao ¿entonces qué hago yo? Tú me tienes que cumplir", prosigue el arrepentido. Finalmente y según esta versión, ambos pactaron que la mordida fuera rebajada un 10%  por el pago de impuestos en Brasil. "Esa decisión la tomo yo, porque veía que se estaba enredado todo y dije a estos yo le digo que hay que descontar los impuestos y que esto quedará en cinco millones cuatrocientos".

"La distribución quedó de la siguiente manera -prosigue el arrepentido en su declaración colombiana- un millón ochocientos para Ignacio González y novecientos mil por cuatro que éramos: Diego García, Edmundo Rodríguez, Luis Moro y Ramón Navarro [...] 

Entonces Edmundo me dice: la parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí, no tiene cómo procesar el dinero, no tiene como sacar y no tiene cómo hacer nada y me ha pedido que to se la tenga". 

Para articular la salida del dinero sin ser detectados, Diego Arias explica que todos los participantes, a excepción de Ignacio González y Luis Vicente Moro, abrieron cuentas en la entidad Helm Bank  de Panamá. Edmundo Rogríguez Sobrino, por su parte, abrió dos depósitos distintos, escriturados a nombre de sendas sociedades pantalla. Según esta versión, uno de ellos sería para custodiar su dinero y el segundo, para guardar el del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Dos contratos

Tal y como avanzó El Confidencial, Diego Arias fue detenido el pasado 24 de agosto en el aeropuerto colombiano de El Dorado y encarcelado en prisión preventiva, acusado de participar en la compra fraudulenta de Emissao por la Justicia local.

Desde ese momento, el directivo de la filial del Canal mostró su intención de colaborar con la Justicia y su testimonio, ofrecido a los tribunales colombianos, sirvió para identificar activos de la trama ocultos en Sudamérica. Quienes conocen bien la investigación consideran además que su testimonio fue fundamental para captar como arrepentido a uno de los hombres de confianza de González: Edmundo Rodríguez Sobrino. 

El 3 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional pidió la extradición de Diego Arias a España para que fuera investigado en el caso Lezo. Sin embargo la solicitud fue retirada, en vista de su palpable colaboración, reflejada en la declaración celebrada en diciembre y que ahora recoge EL ESPAÑOL. 

Este miércoles, Arias se presentó de nuevo ante el juez Manuel García-Castellón, esta vez en Madrid, para ratificar su versión y facilitar que fuera preguntado por las defensas de los principales acusados, que niegan la veracidad de estas palabras y las vinculan con las ventajas judiciales que Arias quiere alcanzar tras su colaboración con la Fiscalía.  

Así, la investigación de la compra de Emissao se ha polarizado en dos bandos: por un lado, tanto Arias como Rodríguez Sobrino, ambos avenidos a colaborar con la Fiscalía, reconocen las mordidas en Brasil y la vinculación, de una u otra forma, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. 

Por otro, el político madrileño ha negado siempre cualquier relación con ese dinero, al igual que el exdelegado del Gobierno de Ceuta, Vicente Moro. En su última declaración judicial Moro negó incluso conocer a Diego Arias, con el que según la documentación del caso viajó incluso a Brasil para resolver la forma en la que iba a disfrutar de sus presuntos pagos. "                     (Daniel Montero, El Español, 10/05/18)

Detenido Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y cohecho. ¿Volverá a escurrirse?

 "Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción. 

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo ha eludido siempre el acoso judicial.

 Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. 

 Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica.

Esa capacidad  de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar.

 O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.

La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano.

 No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria. 

Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.

En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.

Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. 

Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.

La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. 

Y lo que ello llevaba implícito. Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.

Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. 

Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.

Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.

Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008.

 Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.

Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.

El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.

Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. 

Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.

Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?"                  (Miquel Alberola, El País, 22/05/18)

"El exministro del PP Eduardo Zaplana ha sido detenido a primera hora de esta mañana junto a su domicilio en Valencia.

 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo ha arrestado por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, lo investiga por un delito de cohecho (cobro de sobornos) y por otro de blanqueo de capitales por un importe considerable, según han informado a este diario fuentes de la investigación. Agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas la vivienda del expolítico en presencia del propio Zaplana. (...)

A Zaplana se le acusa presuntamente de llevar a España dinero negro de paraísos fiscales. Este capital procede supuestamente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular. La mayoría de estas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002.  (...)

Es el tercer presidente de la Generalitat valenciana imputado por supuestas causas de corrupción, después que lo hayan sido en los últimos años Francisco Camps y José Luis Olivas. Los tres antiguos dirigentes del PP presidieron sucesivamente la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2011. Antes de Zaplana, primer presidente popular valenciano, el líder regional del partido era Pedro Agramunt, el senador del PP que ha sido inhabilitado por el Consejo de Europa por supuesta corrupción."             (Óscar López-Fonseca , Ignacio Zafra , Ferran Bono , El País,  22/05/18)

López Madrid y Villar Mir, los hombres que tampoco untaron al PP

"Comparecieron en el Congreso Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir. Yerno y suegro. El primero, exconsejero de la constructora OHL, condenado por las tarjetas black e implicado en distintos casos de corrupción. Sobre él pende la sombra, según los informes policiales, de haber mediado y pagado para conseguir adjudicaciones de obras públicas.

El segundo, expresidente de la compañía, gran fortuna nacional, exministro de Arias Navarro y sir juancarlista (fue nombrado marqués por el emérito). Su biografía es un manual de cómo medrar en una dictadura y luego convertirse tranquilamente en un prohombre democrático. Se sospecha que ha gozado de trato de favor de los poderes públicos durante su trayectoria. 

No obstante, sentenció que nunca –jamás– había donado dinero a ningún partido político. A fundaciones sí. ¿Qué fundaciones? FAES. “He tenido fe en FAES. Hace una buena labor”, confesó antes de especificar que apoquinaba poca cosa, unos 25.000 euros al año. Pagar a FAES, entiende, no es aportar al PP: está seguro de que los fondos se mantenían en el think tank.  

Ambos comparecieron en la Comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Una migaja. Se intentó meses atrás que Villar Mir declarara también en otro órgano, el que pretende esclarecer las dinámicas que derivaron en la crisis económica y financiera. Gracias a la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos y del PSOE, se rechazó que los grandes magnates de la banca y del sector de la construcción asistieran al Parlamento a explicar cosas sobre bancos y obra pública. Un tema que un poco sí les atañía.

 El propio Villar Mir, en la mañana del 24 de abril, se reconoció como gran lord del empresariado. Lo hizo con humildad sarcástica: “Existo en el mundo económico, existo”, resumió tras enarbolar algunos rankings que reconocen su actividad.

A mediodía, tras una mañana de preguntas, negaciones y regates, se cerró la sesión. El octogenario Villar Mir, que triplicó su fortuna durante la crisis, se rezagó a la salida para solazarse con los diputados del PP, a los que había buscado durante casi cada frase de la intervención. No es que desease su aprobación, que tenía asegurada; simplemente los miraba para aliviarse: en vez de beber un trago de agua, miraba a los populares.

Salió un Villar Mir tan fresco como el que entró, igual de marqués, igual de plagado de cruces: la de la Orden del Mérito Civil, del Militar, la de Carlos III, la del Dos de Mayo y la de Isabel la Católica (las tres primeras, durante el franquismo). Las distinciones que otorga el Poder, por lo visto, en vez de pesar sobre las cervicales, aligeran el cuerpo. Al empresario se le ve joven como una cepa, y eso a pesar de no haber conocido en su vida, como aseguró, a nadie que trabajara más que él.

Su yerno, López Madrid, en cambio, entró y salió algo más cocido. Trae un historial más conflictivo: detenido por el caso Lezo, imputado por la Púnica, condenado por las black y procesado por la salida a bolsa de Bankia. El tema le cabrea. Proclama con pasión que se arrepiente de haber participado en el embrollo de Caja Madrid. Dijo que fue el más perjudicado y que perdió 21 millones de euros. 

Los sumarios de los casos Lezo y Púnica lo señalan como conseguidor y dispensador de sobornos. Según la UCO, en la agenda de Francisco Granados, en la que se anotaban donaciones fraudulentas, figuraban unas iniciales que le correspondían: JLM y JM. “Me están preguntando por una agenda que no es mía ni he escrito yo. Hay cientos de personas que pueden tener esas iniciales. Y yo no puedo ser JM y JLM al mismo tiempo”, se defendió.

También negó las palabras en sede judicial del empresario Adrián de la Joya, quien atribuyó a López Madrid una transferencia de 1,4 millones de euros a través de una cuenta suiza para que, a través de Ildefonso de Miguel (exgerente del Canal Isabel II), el untamiento llegara a Ignacio González. El pago, presuntamente, correspondía a la adjudicación del proyecto ferroviario entre Navalcarnero y Móstoles. 

El yernísimo declaró que nunca había pagado al PP y que tampoco tenía competencias para hacerlo. Su puesto de consejero, resaltó, no era ejecutivo. La denominación de su cargo era, en realidad, la de “consejero externo dominical”, título que no supo explicar muy bien: “Supongo que externo se refiere a que no tiene labor ejecutiva”, tanteó. El empresario tampoco supo negar con contundencia la existencia de una oficina compartida con Marjaliza, Granados y Blas Herrero (director de Kiss FM). “¿Nunca ha tenido una oficina compartida?”, inquirió Oskar Matute, del Grupo Mixto.

–Yo creo que no– escamoteó López Madrid 

–Pero lo sabrá, pagaría un alquiler…– indagó Matute, extrañado.

–  ... – se quedó en silenció, no negó ni afirmó, solo emitió una pequeña vibración craneal.

Sucedió algo ajeno a los hechos concretos que aborda la Comisión, pero muy vinculado a los engranajes relacionales que aclimatan el ambiente para la corrupción. 

El diputado Txema Guijarro, de Unidos Podemos, tras una performance de cortesía, quizás para preparar el efecto sorpresa, soltó: “¿Por qué a usted la reina de España le llama compiyogui?”. Aquello fue como tirar un petardo en un gallinero. Hubo silencios, ruiditos, dudas, reojos hacia el presidente de la Comisión Pedro Quevedo. Cundió la alarma. 

Guijarro preguntó también sobre el rey y sobre un viaje en yate. López Madrid fingía no escuchar. No contestaba, estaba en su derecho, pero tampoco quería negarse en voz alta a hacerlo. Decir “no quiero contestar” habría señalizado dónde está la puerta de la opacidad, dónde termina el derecho a la información. Mientras caían los interrogantes, el empresario buscaba a Quevedo esperando que fuera él quien trasladase la negativa y diera pie a la siguiente cuestión.

Tras un receso, Villar Mir llegó con retraso. Al sentarse se congratuló de intervenir en la sala Sagasta, ingeniero de caminos, como él. Fue la primera tentativa de reservarse un espacio en la historia de España. Hubo más, muchas como para transcribirlas. “Hoy pertenezco a cuatro Reales Academias por decisión de los académicos, eso no es por casualidad, sino porque has sido un ejemplo de honorabilidad y moralidad. He tratado de ser un hombre modélico y quiero morirme así”, expresó.

Villar Mir supo deslizar el titular, lanzar un trocito de carne. “No todos los empresarios somos iguales” (de buenos, se entendía). Él, aseveró, nunca había pagado mordidas a pesar de que algunas regiones como Baleares funcionaran así. “Yo me retiré de Baleares, pero antes ya me habían retirado a mí porque como no pagaba, no me daban obras”. No quiso revelar otros territorios parasitados por el mal del 3%, pero parpadeó muy asertivamente cuando Toni Cantó le preguntó si se refería también a Cataluña.

Sobre aquel arreón de José María García en el programa de Jordi Évole en el que insinuó su participación en sobornos, concluyó: “Quien dijo eso fue un completo mentiroso”. También tildó de embustero a Bárcenas, que confesó en su día una reunión junto a él y Pío García Escudero para recoger dinero. El marqués desacreditó al extesorero popular. Dijo que estaba demasiado manchado por sus falsedades. Entonces volvió a mirar a los diputados populares, de nuevo, como dando un trago de agua."                   (Esteban Ordóñez, CTXT, 24/04/18)

Pago de una comisión de 1,4 millones al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del trena Navalcarnero a la constructora OHL

"El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del trena Navalcarnero a la constructora OHL. 

El magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado del equipo informático y del correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de que una reciente intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de este por el material que la mujer pudiera guardar.

 El antiguo alto de la compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que están imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González.

 La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González.

 Solo un mes después del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto soborno.

 En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó “determinados archivos informáticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a este exdirectivo. 

Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el que se incluían “determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta comisión por el tren a Navalcarnero.

El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de este porque la trabajadora “pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en esa llamada a su interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaración”.

 García-Castellón reproduce el fragmento de una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria: “Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.

En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas. 

El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De otro de los números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este último el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. 

La UCO también reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante “la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigación”.                (Óscar López Fonseca, El País, 01/04/18)