Una aproximación a la corrupción, hoy. La corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la Administración, porque se realizan desde posiciones de poder

"Hace un año se publicó la Memoria de la Fiscalía Anticorrupción que informaba de su actividad en 2016. Y relataba, resumidamente, la problemática que es objeto de los 420 procesos por las formas más graves de corrupción en los que dicha Fiscalía venía interviniendo dicho año; cifra que, sin duda, ya se habrá incrementado.

Compartimos, como punto de partida de esta exposición, la posición clarividente de Vidal-Beneyto: "La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia". 

Y, llamaba a "un movimiento general de reprobación ciudadana" como "ejercicio de democracia participativa". El fenómeno de la corrupción en los Estados democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado y sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos.

 Entre otras, por la insuficiencia de los controles administrativos internos, que abdican de sus funciones por puro burocratismo con la consiguiente pasividad o, peor, por complicidades más o menos encubiertas con los gobernantes que debieran ser controlados. Y, desde luego, por ausencia de una efectiva respuesta sancionatoria administrativa o judicial.
En este último caso, por causas variadas, como la insuficiencia crónica de medios para hacer frente a conductas delictivas complejas –con rasgos propios de la criminalidad organizada–, que se emplea como coartada para justificar la lentitud, causa, a su vez, de una respuesta tardía y débil que conduce a amparar la impunidad. 

Cuando no, directamente, la falta de una plena neutralidad de jueces y fiscales para enfrentarse al  poder económico o político, como se ha acreditado en la recientes recusaciones de magistrados de la Audiencia Nacional, por su vinculación al PP, para enjuiciar conductas delictivas como la causa de Gürtel. 

En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento del Presidente del Banco Santander creando la llamada doctrina Botín, en el caso de las "cesiones de crédito", para impedir su enjuiciamiento.
Son las obligadas consecuencias de un sistema basado en la lógica del mercado, en el enunciado de "enriquecerse". Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: "Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios". 

Una economía sustentada en la "codicia humana" es capaz de debilitar o destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Por ello, la codicia, elemento esencial de estos delitos, cuando los sujetos de la corrupción son cargos públicos, va asociada ineludiblemente a una deslealtad a los principios y reglas del sistema democrático.
Para hacer frente a esta realidad tan compleja y difícil de enderezar hacia el imperio de la Ley y el respeto a los Derechos, debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, están obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupción. Porque, ciertamente, parten de una posición de superioridad respecto de cualquier ciudadano, cualquiera que sea el grado de poder público que ejerzan.

 Porque "disfrutan de una especial capacidad de información e influencia" de la que carecen los ciudadanos, capacidad que les otorga una evidente superioridad sobre el resto de los ciudadanos y ciertas garantías de impunidad. Desde esta posición, es relativamente fácil caminar por el sendero de la corrupción. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:

• Desviación de poder, es decir, no aplicar las normas al servicio del interés general.
• Arbitrariedad, es decir, aplicar las normas en función de criterios personales ajenos a la estricta legalidad. 
• Favoritismo, es decir, hacer un uso del poder público en beneficio propio o de terceros.

La presente introducción se explicita rotundamente por la Sentencia de la Sala de lo Penal del TS (de 8/5/2018) confirmando la dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana el 8/2/2017 en el caso Gürtel-Fitur: "Lo característico de la corrupción no sólo es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales, sino que la corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la Administración, porque se realizan en los aledaños, o desde, posiciones de poder. La conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado.

 En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal para extorsionar a personas, físicas o jurídicas, o para asegurarse la adjudicación de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contratación, como Estado y como adjudicatario de la concesión o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia. Son imaginables muchas formas de actuar, asegurándose el enriquecimiento personal y los favores del poder, desde dentro o a través de personas interpuestas. 

La reacción de los Códigos penales ha consistido en la tipificación de nuevas figuras penales. Junto a las clásicas de prevaricación, cohecho y malversación, han surgido nuevas figuras típicas, el tráfico de influencias, el fraude a la administración, etc., dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública y, por ende, el propio funcionamiento del sistema democrático que se cuestiona con los comportamientos en los que el sistema de poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".
Todo ello lo resumió el Profesor Calsamiglia, calificando la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático.
Las carencias de la lucha contra corrupción
La corrupción, en sus más variadas formas, no solo sigue presente en la política de nuestras instituciones sino que parece cobrar un mayor protagonismo. Los datos económicos resultantes de ella son escalofriantes. "El Banco Mundial cuantificó en 2004 que el precio mundial de la corrupción superaba cada año el billón de dólares". 

El Fondo Monetario Internacional, en 2016, calculó que "los sobornos pagados en el conjunto de las economías emergentes sumaban entre un billón y medio y dos billones de dólares anuales" y la Comisión Europea, en 2012,"estimó que el impacto de las malas prácticas en las finanzas públicas de los 28 países de la U.E. alcanzaba los 120.000 millones de euros anuales".
La corrupción "lleva aparejada un déficit de gobernabilidad y que sus prácticas obstaculizan el desarrollo económico…", lo que describe con detalle respecto a su incidencia en los países en vías de desarrollo, en los que genera y profundiza la pobreza.
Todo ello conduce, a una corrupción que, en palabras del Profesor Soriano, es "omnipresente, persistente, abrumadora y oscurantista". Ante ello, Transparencia Internacional en el Informe global de la corrupción de 2007 exigió: Independencia, Transparencia, Recursos adecuados y Rendición de cuentas. Pero, sin negar que se producen algunas respuestas legales, son más que insuficientes.
Por ejemplo, en la Ley Orgánica 3/2015, de "control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos", algunos avances se produjeron, pese a que se mantienen incólumes normas que impiden la máxima independencia y transparencia de los mismos. Como el benévolo tratamiento de la financiación de los partidos a través de las Fundaciones, que, como es sabido, es una de las vías más oscuras de la financiación de los partidos de las que forman parte.
Después de cuarenta años de Constitución, por fin se acordó suprimir una previsión que nunca debía haber sido admitida. Consiste en prohibir que las "entidades de crédito" efectúen condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A tal efecto, se entiende por condonación "la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos". Era un privilegio antidemocrático y evidentemente corruptor de que, a diferencia de la ciudadanía, gozaban los partidos. 

Además, se incluye una previsión que expresa implícitamente lo que hasta ahora era posible: que los partidos en sus relaciones con las entidades de crédito acuerden que "el tipo de interés que se aplique (no) puede ser inferior al que corresponda a las condiciones de mercado"(?) Una muestra más del trato privilegiado que la ley y las entidades financieras han otorgado siempre a los partidos.
En cuanto a la persecución penal de la financiación ilícita de los partidos, era una exigencia planteada hace quince años por la Fiscalía Anticorrupción que, como tantas otras propuestas, cayeron en el más absoluto vacío. Vacío que ha estimulado el crecimiento desorbitado de la corrupción política. Entonces, decíamos así: "Una de las medidas a adoptar debe ser la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos precisamente dado el relevante papel que les otorga el artículo 6 de la Constitución en la organización del sistema democrático.

 Así lo ha considerado también la Conferencia del Consejo de Europa de los Servicios Especializados en la lucha contra la corrupción celebrada en Madrid en octubre de 1998". El Estado no ha podido sustraerse por más tiempo a configurar como último instrumento una reacción de naturaleza penal ante hechos que, además de revestir una evidente gravedad, están situados de lleno en el ámbito de la corrupción pública con los efectos devastadores que ya han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa. 

Así resulta de la reforma del C. Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo. Una reacción penal patentemente moderada que no guarda proporcionalidad con la gravedad de la conducta, ya que solo si la donación prohibida es superior a 500.000 euros la sanción penal es relevante. La sanción prevista para el tipo básico es de una irritante levedad y más que improbable aplicación en los supuestos agravados.
Además, continúa sin incorporarse al Código Penal, en cumplimiento de la Recomendación contenida en el Art.20 de la Convención de NNUU contra la Corrupción, de 2003, el delito de "enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electos…", que estaba incluido en el Acuerdo del Congreso de Diputados de 14 de Marzo de 2013.
Podría continuarse con las manifiestas insuficiencias de la Ley 3/2015 sobre incompatibilidades de Altos Cargos, que continúa sin resolver el gravísimo problema de las puertas giratorias y otros como la exigible publicidad de las Declaraciones de Bienes y Derechos de dichos cargos públicos. Destacando también el vacío legal existente respecto de los lobbies, que representan, como ha expuesto el exfiscal Castresana, la capacidad de los poderes económicos para constituir un factor de abuso de informaciones privilegiadas o de actividades completamente opacas en los delitos de tráfico de influencias.
A ello habría que añadir el trato favorable desde todos los Gobiernos a la corrupción a través de la concesión de indultos. Un anticuado privilegio regio sigue siendo un instrumento del Ejecutivo central para suavizar o anular penas de condenados por corrupción. Exactamente, desde 1996, 227 condenados por dichos delitos han sido indultados total o parcialmente.
Una respuesta positiva: La Agencia Valenciana contra la Corrupción y el Fraude
La Agencia de la Comunidad Valenciana (creada por la Ley autonómica 11/2016, de 28 de noviembre), representa un gran avance en el planteamiento procesal del combate contra la corrupción en el marco competencial que le corresponde. Parte sustancial de dicha ley debería ser asumida por las leyes estatales sobre la materia.
Es necesario destacar su fin básico: "Prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas y para el impulso de la integridad y la ética pública". Naturalmente, desde su "independencia" de las Administraciones Públicas.
Entre sus fines, deseo resaltar dos del Art. 4.a) y d): "La prevención y la investigación (...) del uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y el derecho" y, además, "…garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en la contratación pública".
La protección de los denunciantes de la corrupción
En este ámbito, puede apreciarse con crudeza que aquellos que ejerciendo una función pública –fuera de la Administración de Justicia–, en cumplimiento de sus deberes institucionales tienen conocimiento de conductas de sus superiores jerárquicos que pueden ser constitutivas de delitos de corrupción están, como norma general, absolutamente desprotegidos.
Lo que genera varias consecuencias. Que si, por razones fundadas en la naturaleza ilícita de la orden que recibe, se opone a su cumplimiento queda expuesto a un acoso más o menos intenso que dificultará el ejercicio de sus funciones y hasta la continuidad en su cargo a través de medidas disciplinarias. Además de la posibilidad de ser víctima de actuaciones civiles o penales por supuestas lesiones al derecho al honor de los presuntos corruptos.
Ante esta realidad, el sistema legal español no contempla ninguna medida para amparar a dichos funcionarios, para crear una barrera de medidas que los protejan frente a quienes, presuntamente corruptos, pueden amenazarlos, coaccionarlos y hasta expulsarlos de la función pública generándoles daños personales y profesionales muy graves, todo desde una absoluta impunidad. Y continúa ocurriendo. 

Con motivo de la apertura de un proceso penal contra la empresa pública Acuamed, los cuatro empleados que denunciaron a sus superiores las irregularidades que estaban cometiendo han sido despedidos. Uno de ellos ha dicho: "Nos presionaban y nos amenazaban con el despido disciplinario".
Pero tiene solución, si los Gobiernos de turno se hubieran tomado en serio acabar con la corrupción o reducirla drásticamente. Bastaba con aplicar, como estaban obligados, el Art. 33 de la Convención de NNUU contra la Corrupción, vigente en nuestro país desde 2006. Dicho precepto dispone que "cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención". 

Llamamiento reiterado por el G20 en 2010, en Seúl, al reclamar "proteger de acciones discriminatorias y represalias a los denunciantes que informen de buena fe sobre actos sospechosos de corrupción". El 25 de noviembre de 2011, la OCDE hizo público su informe, titulado G20 Anti-Corruption Action Plan. Action point 7: Protection of Whistle blowers. Aún no se ha incorporado a nuestra legislación.
Continúa el silencio de las autoridades políticas ante esta realidad. De esta forma se constituyen en cómplices o encubridoras de los cargos públicos que, además de ser corruptos, gozan de impunidad para hostigar a quienes les denuncian. 

Es evidente que la Ley 19/1994, de protección de testigos, es manifiestamente insuficiente, entre otras razones porque la función que desarrolla el denunciante es radicalmente distinta de la del mero testigo y está expuesto a muchos mayores riesgos, como revela la actual persecución del ciudadano Falciani, que tanto colaboró con su denuncia ante las autoridades españolas en el conocimiento del fraude fiscal masivo cometido por acaudalados ciudadanos españoles.
Como pueden advertir, estamos aún lejos de un marco legal amplio y riguroso que haga frente eficazmente a tan potente enemigo.
Pero, aparte de otros avances que se echan de menos en la legislación estatal en el ámbito de la cooperación entre instituciones públicas, el gran salto hacia delante de la Ley de la Agencia valenciana es, sin duda, el Estatuto de la persona denunciante. 

No solo para garantizarle la "confidencialidad" sino, y esto es un ejemplo para el conjunto de la normativa europea incluida la española, para que "no sufran (...) ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación". 

Y esta previsión es importante porque va acompañada de medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de dicha protección. Es un verdadero paradigma, que, más temprano que tarde, debería cumplir el Gobierno del Estado. Si esta previsión ya estuviese en la normativa estatal, además de haberse evitado evidentes abusos contra los denunciantes, seguro que la ciudadanía, en general, habría asumido con más intensidad su compromiso contra la corrupción.
El camino es, pues, muy largo, pero solo las instituciones no podrán acabar con la corrupción, es indispensable la colaboración ciudadana. Mientras tanto, el actual Gobierno está obligado a impulsar las leyes necesarias para suplir tantas insuficiencias frente a ese devastador fenómeno delictivo."

(Carlos Jiménez Villarejo, fue fiscal Anticorrupción entre 1995 y 2003 , InfoLibre, 18/06/2018)

O cura de Xestoso pide que se excomulgue aos corruptos. "A vida dos corruptos e a católica son excluíntes"

"A vida dos corruptos e a católica son excluíntes". Así de tallante se amosa Luís Rodríguez Patiño, o cura de Xestoso, un párroco moi coñecido polas súas contundentes críticas contra os corruptos, os privilexios da xerarquía eclesiástica e polas súas opinións sobre asuntos espiñentos para o catolicismo, como o preservativo ou a homosexualidade.

"Sería necesario que se aprobe un decreto universal por parte da Santa Sé porque podería influír nas dinámicas dos políticos e banqueiros que se declaran católicos", apunta. "Vivimos nunha sociedade secularizada e quizá a excomunión pode ser vista como algo secundario. 

Para algúns, que a Igrexa se pronunciara sobre este tema conta pouco, pero moitas persoas que se declaran cristiás ou católicas e van a misa os domingos son corruptas. Aí créase un problema de conciencia grave. Deben escoller entre a vida mafiosa ou a católica porque son excluíntes", asegura.

Así, destaca que só existiría o perdón contra os corruptos se "reparan o dano causado, restitúen o diñeiro e piden perdón ás súas vítimas". E o certo é que para Rodríguez Patiño, "non é posible que un corrupto poida ser padrino de bautizo". "Excomulgar a estas persoas é unha pena medicinal", indica e lembra que o Papa di que a corrupción é unha enfermidade da que hai que curarse.

 "A enfermidade é grave e é necesaria unha medicina pesada. Tamén é necesario prohibir os funerales relixiosos ou que os corruptos non poidan facer de padrinos de bautizo ou nos matrimonios", engade.

Non é a primeira vez que o cura de Xestoso carga contra os corruptos. 

 Hai uns meses pedía firmas, a través de change.org, para esixir aos "ladróns e corruptos" que devolvan o diñeiro subtraído das arcas públicas. A súa petición ía dirixida ao Defensor do Pobo paa que "os ladróns e corruptos devolvan o que roubaron", e engadía unha segunda petición para "que os políticos perdan os seus privilexios".

Este mesmo sacerdote foi protagonista doutra acción destaca, cando instalou un portal de Belén precintado por desafiuzamento e embargado polos bancos, con escrache ao Rei Herodes e o neno Xesús en mans da beneficencia, porque os seus pais carecían de medios para alimentalo, no que pretendía ser un eco da realidade social de moitas familias en graves dificultades económicas."                  (Galicia Confidencial, 11/07/17)

Ser ‘whistleblower’ en Europa: condenado por denunciar delitos de bancos y multinacionales

"Hablar de Edward Snowden es hablar de alguien famoso: del informático que reveló el espionaje masivo practicado por Estados Unidos a escala mundial. Hablar de Raphael Halet, Rudolf Elmer y Jonathan Sugarman es hablar de personas casi anónimas, perseguidas judicialmente y condenadas al ostracismo laboral.

Como Snowden; Halet, Elmer y Sugarman son whistleblowers. En castellano les llamaríamos soplones, delatores o chivatos. Sus informaciones han descubierto prácticas de evasión fiscal de multinacionales, fraudes bancarios que costaron cientos de millones de euros al contribuyente europeo o el blanqueo de dinero en paraísos caribeños. Tras hacer sonar el silbato, sus vidas laborales están arruinadas. 

Ninguna empresa de sus sectores profesionales los quiere contratar. La Europa que se escandaliza cuando EEUU persigue a Snowden es igual de implacable con sus propios informantes de delitos económicos. Y es en Bruselas, junto al Parlamento Europeo, donde tiene lugar la conversación de estos tres informáticos. 

Luxemburgo defiende a sus evasores fiscales

Un tribunal de Luxemburgo volverá a juzgar dentro de unos días a Raphael Halet por filtrar anónimamente al periodista Edouard Perrin documentos internos de PriceWaterHouseCoopers (PWC), que mostraban la ingeniería fiscal con la que cientos de multinacionales evadían miles de millones de euros en impuestos. Perrin y otro antiguo trabajador de la consultora, Antoine Deltour, también deben comparecer ante el tribunal.

La Fiscalía de Luxemburgo recurrió los nueve meses de cárcel a Halet y los doce meses a Deltour. Perrin fue absuelto, porque no acepta una sentencia que reconoce la “innegable contribución en favor de una mayor transparencia” en cuestiones fiscales de estas tres personas. Los miles de documentos de PWC son la base del gran escándalo de evasión fiscal conocido en 2014 como LuxLeaks. Y muestran que, entre 2002 y 2010, hasta 340 multinacionales firmaron con la hacienda luxemburguesa cientos de acuerdos fiscales, tax rulings, para pagar pocos impuestos.

La maquinaria evasora ocurrió cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro del país. Halet trabajaba entonces en el Departamento de Fiscalidad de PWC y por su ordenador pasaron miles de páginas de esos pactos. “Los documentos los tenía delante de mí todos los días, los fotocopiaba todos los días porque eran de trabajo, los intercambiábamos entre los compañeros”, explica el antiguo empleado de la consultora, que desmiente cualquier “tipo de acceso fraudulento”.           

Raphael Halet era un administrativo sin responsabilidad en el engranaje fiscal pero un día vio en la televisión el reportaje de Perrin sobre “la evasión fiscal practicada por Luxemburgo, en general, y particularmente por PWC”. A partir de ese momento, explica, “es cuando tomo conciencia de que algunos departamentos de la empresa, como el mío, son los que hacen la evasión”.

Se inicia así un contacto anónimo entre Halet y Perrin que termina con el envío de cientos de acuerdos fiscales de multinacionales. El reportero trabaja con la documentación y finalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desentraña en otoño de 2014 la gran evasión practicada en Luxemburgo. Para el ciudadano Halet comienza una pesadilla.

Apenas unos días después del estallido de LuxLeaks, “la policía vino a mi casa para registrar mi ordenador, mi iPad, a realizarme un interrogatorio privado pero de apariencia oficial”, describe el extrabajador de PWC. Halet ya estaba en el punto de mira. El interrogatorio resultó ser ilegal, la autorización era sólo para requisar su ordenador. Investigadores privados de PWC acompañaron a la policía y les indicaron qué requisar.

Posteriormente, en un interrogatorio de casi 12 horas, representantes de la consultora ofrecen a Halet, afirma, “mi silencio a cambio de no reclamarme diez millones de euros y no quedarse con mi casa”. El acuerdo evitaba a Halet una denuncia ante la justicia. Pero PWC se salta el acuerdo de confidencialidad y en enero de 2015 un tribunal luxemburgués inculpa a Halet, que también es despedido. Casi dos años después sigue desempleado.

Banqueros de la piratería caribeña

La lucha de Rudolf Elmer es más prolongada pero también muestra la connivencia de las grandes empresas con el sistema judicial de otro paraíso fiscal, Suiza, donde bancos y banqueros son los reyes. Entre 1994 y 2002, él fue uno de ellos, el número dos del banco suizo de inversión Julius Baer en las Islas Caimán.

Elmer estaba contratado por la filial caribeña, dentro de la estructura del holding bancario pero al margen de la entidad con base en Zúrich. Trabajaba para una trust company o sociedad especializada en los fondos que emplean las grandes fortunas para sortear las haciendas nacionales. “Sólo en la división bancaria, hablamos de 100 millones de francos suizos no declarados”, calcula Elmer, pero “la evasión real entre los clientes es muy difícil de cuantificar porque también tienen joyas, casas, oro, obras de arte. Y estos activos son comprados por sus sociedades de inversión y se pasaban por nuestro trust durante décadas y generaciones”.

Despedido en 2002, Elmer guarda en su propia casa copias de la información de los clientes y de los fondos gestionados y durante unos años las envía a medios suizos e internacionales para denunciar la trama caribeña. Por primera un banquero suizo cambia de bando y explica cómo las grandes entidades colaboran con la evasión fiscal. La primera represalia que sufre es pasar 30 días en prisión, acusado de vulnerar el secretario bancario suizo.

Durante años, Elmer y su familia fueron espiados por detectives privados de Julius Baer. Estos llegaron, incluso, a entregar un pequeño juguete a su hija cuando volvía del colegio. Fueron prácticas mafiosas que llevaron a Elmer a un centro psiquiátrico varias semanas, durante las cuales analizó la información en su poder. Así, descubrió el blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de policías mexicanos, la fortuna de armadores griegos o las cuentas de políticos brasileños. En total, más de 1.300 clientes con cuantiosos fondos, cientos de ellos suizos.

Wikileaks y el periódico The Guardian publicaron esa información pero, en vez de investigarla, la justicia suiza abrió dos nuevos casos contra Elmer por vulneración del secreto bancario y falsedad documental. Elmer pasó otros 180 días encarcelado y su entorno fue investigado. “Tuvimos que romper la comunicación con nuestros familiares porque sus trabajos podían estar en peligro. La persecución era tan alta que hasta mi mujer fue juzgada por vulnerar el secreto bancario”, señala Elmer.

Once años después del primer juicio, ha sorteado el delito de vulneración del secreto bancario gracias a los propios documentos y contratos de Julius Baer, que prueban que él no estaba sujeto a las leyes suizas. Aun así, la Corte Federal suiza todavía estudia un nuevo recurso suyo contra la sentencia de 14 meses de prisión condicional por falsedad documental y amenazas.

Ley del silencio en Irlanda

“A mí me hubiese encantado un juicio porque el caso habría sido yo contra el Banco Central de Irlanda y Unicredit por sus fallos en el cumplimiento de las leyes”. Lo dice Jonathan Sugarman al conocer la lucha judicial de su colega. Sin embargo, él sufre un intento deliberado de las autoridades bancarias irlandesas de silenciar los graves errores de supervisión que permitieron la quiebra bancaria de la isla.

Sugarman se incorporó a Unicredit Irlanda en 2007 como gestor de riesgos. Al brillante economista le bastaron cuatro meses para descubrir que el banco no estaba cumpliendo las reglas de liquidez irlandesas: las entradas de cash, o dinero, debían cubrir el 90% de las salidas en la actividad diaria. Sugarman acudió a sus jefes. “Ojalá supiese hoy si era una práctica deliberada de Unicredit o si ocurría porque no tenían ni idea de que lo que estaba pasando”.

No le escucharon y la situación de liquidez del banco empeoraba así que Sugarman se negó a firmar las cuentas bajo su supervisión. “Estábamos vulnerando las leyes, mi nombre iba a aparecer en ese informe y era algo que no podía aceptar”, explica. En Irlanda, incumplir las reglas de liquidez de manera deliberada o por omisión suponía penas de cárcel de hasta 5 años.

El exbanquero denuncia la pasividad del Banco Central de Irlanda y de los reguladores financieros, a los que también informó sin éxito sobre el grave agujero. Él se pregunta si “tiene algo que ver que el presidente de mi banco en Irlanda, después de que yo denunciara un agujero de miles de millones de euros, fuese nombrado director” de la institución.

Sugarman abandonó su empleo en septiembre de 2007, el mismo mes que en el vecino Reino Unido se producía la primera quiebra bancaria de la crisis europea. Northern Rock caía por sus problemas de liquidez y a finales de 2008 el sistema financiero irlandés se resquebrajaba hasta llevarse por delante al país. “Ningún regulador o banquero ha ido a la cárcel por incumplir las normas”, denuncia Sugarman, que se pregunta “¿cuántos tenéis en España?”.

Quizás, como dice Rudolf Elmer sobre Suiza, “el sistema judicial y los bancos están en el mismo barco. Es un sistema que está moralmente corrupto y sólo lo puedes combatir si lo expones internacionalmente a todo el planeta”.            (Alexandre Mato, CTXT, 30/11/16)

Podemos luchar contra la corrupción combatiendo la desigualdad, la exclusión y la desestructuración social... y de ninguan otra forma

"De un tiempo a esta parte, es común escuchar chistes a cuenta de los beneficios que reporta la corrupción al PP. Saben aquel que diu que “faltó un escándalo de corrupción más para que el PP se hiciera con la mayoría absoluta y por eso anhelan ir a terceras elecciones”.

 Durante años mucha gente se llevó las manos a la cabeza tratando de explicarse como lograba el PP reeditar sus triunfos electorales en la Comunidad Valenciana, a pesar de la evidencia palmaria de que las prácticas corruptas estaban extendidas en el Gobierno autonómico.

 La investigación académica robusta nos muestra que, durante la etapa de expansión económica, los españoles se mostraron dispuestos a condonar actividades ilícitas de sus representantes, reeligiendo, por ejemplo, a muchos alcaldes encausados.

Frente a esa realidad se levantan voces que reclaman reformas institucionales que prevengan la corrupción y permitan castigarla rápida y ejemplarmente, cuando se detecta, para disuadir a futuros aventureros. 

Es lo que se conoce en la literatura académica como planteamientos institucionalistas. Los institucionalistas están convencidos de que pequeños arreglos institucionales —aquí un zurcido, allá un remiendo— pueden corregir el fenómeno, o al menos mejorar sustancialmente la situación de partida.

Los planteamientos institucionalistas se han hecho muy populares en nuestro país. Los programas de los distintos partidos se han llenado de propuestas para evitar puertas giratorias, controlar la capacidad gubernamental para indultar, expulsar de la vida política a imputados, eliminar aforamientos, suprimir instituciones que puedan ser un criadero de redes clientelares o crear nuevas agencias de supervisión. 

Las medidas se convierten en un sine qua non para pactar, complicando la formación de nuevos Gobiernos. Cualquier reticencia a adoptar estas medidas es fustigada con el reproche de que falta voluntad política, cuando no con la acusación de complicidad con la pervivencia de la corrupción. Los compromisos de lucha contra la corrupción son aupados al primer lugar en el orden de prioridades, muchas veces a costa de otros asuntos, impregnando el ambiente de empalagosa moralina.

Desafortunadamente, la realidad es terca. Es muy difícil extirpar la corrupción. La evidencia comparada presenta pocos casos de éxito. El mejor predictor del nivel de corrupción de un país es su nivel de corrupción unos años antes, incluso varias décadas atrás.

 Son escasos los países que han transitado rápidamente desde una situación con altos niveles de corrupción a otra con niveles reducidos, y los pocos que lo han hecho (Hong Kong y Singapur) eran regímenes autoritarios que han empleado medidas draconianas, difícilmente admisibles en un contexto democrático. 

 Las situaciones de corrupción endémica son auténticas cárceles, que mantienen a países atrapados en equilibrios subóptimos. Lanzar un paquete de iniciativas aisladas suele ser infructuoso, mientras que abordar un programa ambicioso y coherente de reformas exige enormes dosis de ambición y capacidad, que resulta muy difícil recabar en sociedades plurales y reflexivas, atravesadas por fracturas sociales y diferencias de criterio respecto a lo que conviene hacer.

Como señala el politólogo sueco Bo Rothstein, uno de los mayores especialistas en el campo, es habitual que la introducción de medidas anticorrupción en un área desplace las actividades ilícitas a otras donde las oportunidades siguen intactas mientras no se generalice la convicción colectiva de que las prácticas corruptas resultan inviables en toda la sociedad.

 Dar ese salto exige mucho más que un conjunto de promotores con una capacidad de maniobra limitada para desarrollar las medidas necesarias y una capacidad cognitiva parcial para anticipar los efectos de las iniciativas que sí pueden promover.

¿Debemos resignarnos pues a que la situación no pueda cambiar? Ni mucho menos. Como señala la investigación internacional más acreditada, podemos luchar contra la corrupción combatiendo la desigualdad, la exclusión y la desestructuración social.

 La corrupción suele ser el resultado final de un proceso que comienza varios estadios antes, en lo que se conoce como una trampa de la desigualdad (expresión de Eric Uslaner). Las sociedades con elevado grado de corrupción suelen encontrarse atrapadas en un círculo vicioso, donde la desigualdad alimenta percepciones de desconfianza en los conciudadanos (desconfianza generalizada) en combinación con altas dosis de confianza particularista (tendencia a favorecer a personas del círculo próximo o familiar). 

En un mundo desigual, las personas asumen que no pueden progresar gracias a su talento y esfuerzo, y perciben la corrupción como algo inevitable. Aunque se sientan incomodadas por su existencia, se avienen a aceptarla y participar en ella para salir adelante. En un contexto adverso, no renuncian a comportarse de forma deshonesta si se presenta una oportunidad de obtener ayudas, de colocar a sus hijos en los mejores colegios públicos o de enriquecerse.

 Se mostrarán dispuestas a comprar favores, torcer voluntades o buscar la protección o el apoyo de poderosos. La agregación de estos comportamientos engendra dependencias de la senda (path dependencies), de las que resulta complicado apartarse. Es más, la propia corrupción refuerza, a su vez, la desigualdad, al otorgar ventajas a quienes ya parten de una posición de privilegio relativo.

Reducir la desigualdad libera a las personas más vulnerables de dependencias, y las empodera frente a los agentes poderosos que se benefician del statu quo corrupto. Escapar a la trampa de la desigualdad no es imposible, pero requiere tiempo.

 Los países que lo han logrado —los menos corruptos en el mundo— han acompañado reformas institucionales orientadas a combatir la corrupción con políticas de bienestar universalistas e inclusivas, que han convencido a la ciudadanía de que los equilibrios sociales fundamentados en la prevalencia de prácticas corruptas eran subóptimos, alimentando la confianza interpersonal generalizada, el valor de la honestidad y el optimismo respecto a las posibilidades de progreso.

 La mejor receta contra la corrupción son las políticas que favorecen la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es la receta que, en unas cuantas décadas, ha convertido a los países nórdicos en los menos corruptos del mundo.

Acojamos pues con cautela las promesas de profetas que nos anuncian la posibilidad de erradicar la corrupción con un puñado de reformas institucionales, regalando los oídos a la ciudadanía indignada. 

Nos enfrentamos a lo que los anglosajones llaman un fenómeno social “pegajoso” (sticky). Hasta que no lo reconozcamos como tal, malgastaremos tiempo y energía en un empeño infructuoso mientras desatendemos el asunto más perentorio de la desigualdad. Y con ello, sin darnos cuenta, estaremos malogrando además la posibilidad de avanzar realmente en la lucha contra la corrupción."            (Pau Marí-Klose, El País, 27-09-16)

¿Qué hacemos con la corrupción?

"(...) si el nuevo gobierno se propone realmente combatir la corrupción con eficacia, me permito sugerirle una agenda compuesta por tres elementos principales: evitar errores, reducir las oportunidades para la corrupción y rebajar la percepción de impunidad. 

(...) una estrategia contra la corrupción equivale a una estrategia de buen gobierno, esto es, exige mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Y ésta no es una tarea sencilla. La prueba está en que sólo un puñado de sociedades del planeta ha conseguido construir un orden de gobernanza que deja poco espacio a la corrupción. (...)

En el caso español, la grave crisis económica iniciada en 2008 ha servido de catalizador para sacudir los cimientos de nuestro sistema político y ha avivado un profundo sentimiento de malestar con su funcionamiento que supone una coyuntura crítica favorable para introducir los cambios adecuados que permitirían mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Para tal fin necesitamos poner en marcha una estrategia que contenga los tres puntos a que me referido antes.

Para empezar, es muy importante evitar caer en errores frecuentes. Se trata de plantear el problema de la corrupción y el buen gobierno en sus justos términos: ni demasiado amplios, ni demasiado reducidos. 

Tan equivocado es ampliar el foco del problema a todo el orden constitucional de 1978 o poner en cuestión los límites de la comunidad política, como si una nueva constitución o la fragmentación del país en diversas comunidades nacionales fueran a mejorar la calidad del sistema político por sí solas, como reducirlo hasta la inacción frente a la corrupción o, lo que es incluso peor, a la realización de reformas cosméticas o lampedusistas que no entran al fondo del problema y sólo buscan dar la apariencia de que algo se hace a costa de generar más frustración y malestar.

El segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las oportunidades para la corrupción. Algunas instituciones públicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos despreciando los principios de mérito y capacidad y sometiéndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; etc. 

Se trata de poner fin a la colonización política de las administraciones públicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de las irregularidades posibles mediante la protección de los denunciantes. A su vez es necesario desarrollar programas de prevención adaptados a cada organismo público para la gestión adecuada de los conflictos de interés a que se vean expuestos sus integrantes.

Por último, debemos reducir la percepción de impunidad. Hay que reforzar los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos niveles nacional, autonómico y local, incluyendo todos los entes públicos). 

Para ello, es imprescindible vigorizar el papel de control del poder político por parte del sistema judicial. En este terreno hay mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y policía judicial; e incrementar su capacidad de acción dotándolo de más medios, reformando por completo el proceso penal (y no precisamente en la línea en la que ha ido el Ministro Catalá), alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupción e incrementando sus sanciones. 

Además, los demás mecanismos de control del poder del sistema político habrían de robustecer también su capacidad e imparcialidad: los órganos de control contramayoritario (como el CTBG, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la agencias reguladoras…), los medios de comunicación (despolitización de los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía autorizaciones y subvenciones), y la ampliación de los órganos de control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecución de la corrupción."                     (Fernando Jiménez Sánchez, El País, 27/06/16)

Mártires de la corrupción

"Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla cuando empezó a recopilar expedientes sobre contratos y otras relaciones entre la Administración y diversas empresas privadas, pieza clave para que la Fiscalía Anticorrupción iniciase las investigaciones de la que sería una de las principales tramas de corrupción en España, el caso Gürtel. 

Tras una promesa de anonimato no cumplida, la pérdida de su puesto de trabajo y diversas denuncias por acosos al Ayuntamiento, hoy Garrido está imputada por un delito de “infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”. 

No dejaría de ser algo dramático por tratarse de un caso aislado, pero son varios los nombres que se esconden detrás de historias muy similares. Itziar González está pendiente de juicio desde hace más de tres años por amenazas y robo de documentos en su domicilio, tras testificar en el juicio del Caso Millet, como regidora del distrito de Ciutat Vella en Barcelona.

 Maite Carol, interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, ha denunciado presiones del alcalde implicado en el Caso Pretoria, y fue destituida tras presentar informes que alertaban de ilegalidades en las relaciones de la Administración con empresas privadas. Albert Gadea, Jaume Llansó, Carlos Martínez, o Fernando Urrticoechea son más ejemplos a añadir a esta lista.

Si analizamos al detalle las distintas tramas de corrupción en España un patrón común es la existencia de este tipo de filtraciones internas. Ya sea por falta de datos, o de formación, en muchos casos estos delatores no son conscientes de la magnitud de los escándalos que contribuyen a destapar. Pero la suerte que corren sus carreras es en muchos casos la misma. Acuamed es otro buen ejemplo. 

Esta trama de corrupción podría haberse cortado antes si la denuncia interna a principios de 2014 del entonces director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente, no hubiese acabado con su despido inmediato. El mensaje era claro, y lo sigue siendo ahora. 

Los costes en los que puede incurrir un potencial delator de un caso de corrupción van desde la pérdida de su empleo hasta el acoso, pasando por la difamación o el pago de altas tasas y costas judiciales. Como estrategia para evitar la corrupción no parece muy eficaz el cargar con tales riesgos personales a una de las pieza clave en la revelación de nuevas tramas.

En España no existe ninguna legislación específica que proteja a los delatores o informantes de casos de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Sin embargo, todos los ciudadanos estamos obligados por ley a denunciar formalmente cualquier sospecha de delito a las autoridades pertinentes. 

Ni el propio Estatuto del Empleado Público recoge entre los derechos la protección en caso de denuncia. En situaciones específicas los denunciantes pueden acogerse a la Ley de Protección a Testigos, pero no existen ningunas garantías de anonimato al iniciar una denuncia por un caso de corrupción.  (...)

Otra vez nos encontramos con una situación ya conocida en España, a pesar de la variedad de instrumentos de control tanto interno como externo, no existen incentivos dentro de la Administración para aplicarlos, denunciando así los casos de corrupción.

Hace ya más de una década que nuestro gobierno viene incumpliendo las recomendaciones que ha hecho la OECD en medidas anti-corrupción, donde se destaca la “falta de conciencia entre los líderes políticos españoles sobre la importancia de aprobar protecciones para los denunciantes”. Y no son los únicos. Transparency International o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son otras de las instituciones que han denunciado la falta en España de protección a los informantes de casos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. (...)

A pesar de que la última modificación del Código Penal exime de responsabilidad penal en este tipo de delitos a aquellas empresas que cuenten con mecanismos internos de control, tampoco existen en España medidas concretas para proteger a los denunciantes de corrupción en el sector privado.

Teniendo en cuenta los altos costes – tanto económicos, de eficiencia, o de confianza en las instituciones – que la corrupción representa en nuestro país es imprescindible facilitar la revelación de información a las autoridades relacionadas con actividades irregulares en el sector público y en el privado. 

Se trata de implementar medidas sencillas, y de bajo coste, como por ejemplo la “penalización activa de las labores anti­chivatazo”, es decir, de aquel que intenta descubrir quién ha revelado la información, algo que ya destacaban Pablo Fernández-Vázquez, Victor Lapuente o Gonzalo Rivero en el Informe sobre la Democracia en España de 2011.  (...)

Los distintos organismos internacionales que luchan contra la corrupción coinciden en las medidas que se deben tomar para proteger a los denunciantes y hasta Transparency International ha definido un manual de buenas prácticas para orientar a los gobiernos en la definición de este tipo de leyes. La dirección por lo tanto es clara, el coste bajo, y los potenciales beneficios muy altos. 

En una Administración altamente politizada como es la española, donde el futuro profesional de algunos cargos públicos depende de los políticos que gobiernen, asegurar que las denuncias no conllevaran ninguna represalia es una forma sencilla de desincentivar conductas irregulares. Y, por otro lado, permitiría no tener que cargar sobre nombres como Ana Garrido, Maite Carol o Francisco Valiente la figura de mártires de la corrupción. A nadie se le puede pedir que sea mártir de nada."                    (Elena Costas Pérez, Politikon, 20/05/16)

¿Causas de la corrupción? La corrupción de los sentimientos morales de las élites... la adulación acrítica de la riqueza potenciada por las escuelas de negocios

"(...) el análisis de las causas de la corrupción. Lo habitual es atribuir las conductas individuales corruptas a la avaricia y al deseo de enriquecimiento personal. Es decir, ver la corrupción como el resultado de conductas individuales desviadas que utilizan en beneficio propio el poder que se tiene dentro de una organización, ya sea una empresa, un banco, un partido político, un gobierno o una administración pública.

Pero los participantes en el encuentro de Sevilla fueron más allá. Plantearon la corrupción como una quiebra de los sentimientos morales de la sociedad o, al menos, de una parte de ella. La idea fue que la amplitud que ha alcanzado la corrupción en nuestro país solo es posible si opera en un entorno social en el que la exigencia ética se ha debilitado.

¿Qué puede haber causado esta laxitud ética? Hay varios factores. La etapa de euforia económica vino acompañada de un aumento espectacular del gasto público y de actividades económicas proclives a la corrupción. 

En este sentido, una parte de la corrupción es como la espuma de las aguas turbulentas de la euforia económica. Por otro, apareció una adulación acrítica de la riqueza fuesen cuales fueren sus fuentes. Y, asociada a esa admiración por la riqueza, se extendió entre las élites una ética nihilista consistente en creer que todo vale a la hora de enriquecerse.

Esa ética nihilista se apoyó en dos falsas creencias económicas. Una fue la idea de que el mercado lo permite todo, olvidando que el mercado no puede funcionar sin una elevada exigencia ética y una buena regulación. 

Otra idea, muy extendida en el mundo de las escuelas de negocios y de la consultoría, fue que el objetivo único de cualquier empresa es generar valor al accionista, olvidando a los otros interesados en la buena marcha de las empresas.

La corrupción de los sentimientos morales de las élites fue el caldo de cultivo en el que se desarrolló la corrupción que ahora vemos en los tribunales. Este clima moralmente laxo ofrece una respuesta a la pregunta que planteé al inicio: muchas personas arriesgaron su posición y su reputación porque creían que todo valía y que no hacían nada malo.

¿Cuál es la terapia adecuada para erradicar la corrupción? Para saberlo es útil ver lo que ocurre con las enfermedades, ya sea la obesidad excesiva, el cáncer de colon o cualquier otra. Cuando la enfermedad ya se ha presentado hay que erradicarla, utilizando para ello los medios del sistema sanitario. 

Pero cuando se trata de prevenirla, el mecanismo no es el sistema sanitario sino un buen sistema de salud basado en la educación y en el fomento de las prácticas saludables. Lo mismo ocurre con la corrupción. Cuando se trata de erradicar conductas que ya se han producido hay que utilizar el sistema judicial y penitenciario, que es el equivalente del sistema sanitario. 

Pero cuando se trata de prevenirla hay que disponer de un buen sistema de salud moral, basado en la educación en valores en el seno de la familia y la escuela, en una elevada exigencia ética de la sociedad civil y en la existencia de un buen gobierno de las organizaciones.  (...)

Solo erradicando la corrupción de los sentimientos morales se puede erradicar la corrupción política y empresarial que hoy vemos en España.  (...)"              (El Periódico | Antón Costas, en Revista de prensa, 03/03/16)

Cuando Suecia era España

"(...) Hacia 1800, Suecia era uno de los países más corruptos del mundo. La omnipresente podredumbre había alarmado en 1771 al recién llegado embajador francés, Charles Gravier de Vergennes, quien describiría en sus cartas la tremenda arbitrariedad y el desafuero que imperaban en ese reino. 

Según Vergennes, los dirigentes y servidores públicos mostraban un extremado grado de deshonestidad, envilecimiento y degradación. Una situación muy similar a la de la España actual.

La catastrófica derrota ante las tropas rusas en 1809 privó a Suecia de un tercio de su territorio, generando un poderoso revulsivo en la conciencia de la clase dirigente. Muchos atribuyeron la responsabilidad del desastre a la corrupción, al sistema patrimonialista que otorgaba los grados en el ejército, no a los más formados y capaces, sino a quienes pagaban por ellos. 

En efecto, los cargos oficiales se compraban y vendían. Comenzó a extenderse la percepción de que la propia existencia de la nación se encontraba en peligro. Sólo una catarsis podría evitarla.

Reformas profundas, intensas, radicales

Los cambios comenzaron poco después, entre ellos la sustitución de la dinastía reinante. Jean-Baptiste Bernadotte, general del ejército de Napoleón, es proclamado rey. Las reformas continúan y ya no cesan, acelerándose entre 1855 y 1875 de manera tan profunda y radical que transforman completamente la faz del país.

 Y alteran drásticamente la conducta de los gobernantes, la actitud de los servidores públicos y la mentalidad de las gentes. En medio siglo, Suecia abandona la corrupción generalizada para convertirse en uno de los países más limpios. Por supuesto, no necesitaron cambiar la base étnica o cultural, esa esencia que, según algunos, determina el destino de los países. Bastó con reformar profundamente las instituciones.

Para salir de un régimen de latrocinio generalizado son inútiles los cambios parciales o timoratos. Absurdo es el pretendido pacto anticorrupción entre partidos, un ridículo gesto de cara a la galería. Las reformas deben ser profundas intensas, radicales, continuadas. Deben transformar las expectativas de la gente, su percepción del comportamiento de los demás. Es la conocida teoría del Big Bang, el colosal impulso, la volea capaz de vencer la enorme inercia, superar la fuerza gravitatoria y lanzar el sistema a una órbita distinta. 

Aun así, ésta solo es la parte sencilla. Se conocen bien las reformas necesarias para superar la corrupción sistémica, la putrefacción, los regímenes patrimonialistas, pero mucho peor las condiciones que impulsan a un país a llevarlas a cabo. 

¿Cuáles son las circunstancias que conducen a dirigentes y ciudadanos a acometer con seriedad y disposición los cambios? El verdadero enigma no es cómo sino por qué lo hicieron. “Lo difícil no es saber dónde está el alcohol sino encontrar a alguien dispuesto a enfrentarse a Al Capone“.

El caso sueco es ilustrativo por su excepcionalidad: los sistemas cerrados raramente evolucionan. Un marco institucional como el español, corrupto, personalista, basado en privilegios e intercambio de favores constituye un equilibrio muy robusto, un potente círculo vicioso que se refuerza constantemente: ninguno de los participantes posee incentivos individuales para impulsar el cambio. 

Las élites por motivos obvios. El sistema extractivo las protege de la competencia, permite a sus integrantes, sean políticos o grandes empresarios, repartirse rentas de mercados cautivos, aprovechar retorcidas leyes en beneficio propio. Para Rothstein y Teorell fue la visión del abismo el factor que pudo empujar a las clases dirigentes suecas a renunciar paulatinamente a sus privilegios para evitar el hundimiento de la nación. 

No parece el caso de España, donde unas clases gobernantes retrógradas, miopes, ocupadas en contemplar su ombligo, no suelen mover un dedo ante un perspectiva catastrófica.

El ciudadano de a pie tampoco posee grandes motivaciones para enarbolar la bandera del cambio. Desde una perspectiva de cálculo individual, no compensa incurrir en los costes y riesgos que implica organizarse para impulsar la regeneración, una acción cuyo beneficio, en caso de éxito, ser repartirá entre todos. 

Ya lo señaló con agudeza Mancur Olson: resulta bastante más fácil organizar grupos que persiguen intereses particulares que aquellos que promueven el interés general. Cada sujeto juzga mucho más rentable dedicar los esfuerzos a colocarse adecuadamente dentro del sistema, buscar un puesto de privilegio, que a intentar cambiar el marco político.

Quizá por ello, no todos los que hablan de regeneración lo hagan por motivos puramente altruistas. El discurso ha servido en ocasiones como elegante disfraz, estrategia de marketing o vía para medrar, ascender en el escalafón.  (...)

La regeneración política es imprescindible para la sociedad pero muy costosa para aquellos que intentan sinceramente impulsarla. Ésa es la verdadera tragedia. Sólo la fuerza de las ideas, la convicción, la generosidad, los principios, son capaces de romper el fatídico círculo vicioso, generar esa voluntad que mueve montañas, que impulsa a muchos ciudadanos a actuar de forma desinteresada en pos de aquello que consideran justo y conveniente. Si Suecia fue capaz… nosotros también. Pero hace falta una actitud mucho más activa, consciente y generosa."                (Juan M. Blanco, 05/05/2015)

El 70% de directivos cree que el soborno es habitual en los negocios

"El soborno y la corrupción es una forma habitual de hacer negocios en España. Lo creen el 70% de los directivos preguntados por la consultora Ernst & Young en su informe sobre fraude y corrupción (Fraud and corruption – the easy option for Growth?). Este porcentaje duplica el de Europa Occidental, donde un 35% de directivos piensa así.

De los 38 países analizados, España ocupa el puesto número 13 entre los países en los que los directivos perciben comportamientos poco éticos. Países como Italia, Egipto, Turquía o Rusia salen, a ojos de los directivos preguntados por EY (antigua Ernst & Young), mejor parados que España. En los extremos del ránking está Croacia y Dinamarca, donde solo un 4% de directivos percibe prácticas poco éticas. 

Para el 46% de los encuestados en España, los sobornos se justicias si esto contribuye a la supervivencia del negocio. El 34% opta por obsequiar con regalos personales, un 31% por realizar regalos relacionados con ocio y un 16% se decanta por directamente por el pago en metálico.

El reporte de los resultados empresariales suele ser otro de los objetos de “amaño” habituales en las compañías. Así, más de la mitad de los directivos españoles (56%) perciben que en general las compañías reflejan unas cifras mejores de lo que en realidad resultan ser. La media en el conjunto de los países de Europa Occidental está por debajo de este porcentaje, alcanzando el 33%.

Sobre los castigos para reprimier este tipo de comportamientos, el porcentaje de directivos que cree que se puede hacer más es el mismo que el de quienes piensan que el soborno y la corrupción es un mecanimos habitual para hacer negocios: el 70%. 

La forma de hacerlo sería tomar más medidas para reponer el coste del comportamiento fraudulento. Y para ello, el 58% piensa en medidas de localización y congelación de activos como una forma eficaz de prevenir el fraude o negocios corruptos en el futuro."             ( El País  , El País,  Madrid 14 MAY 2015)

"Perdimos el piso y nos imputaron; si llegamos a saberlo, no denunciamos la trama del Ejército del Aire"

Cristina del Río y Julio Suárez, los transportistas autónomos que destaparon el 'caso Mudanzas'.J.P./Público

"Dos años de instrucción les quitaron el sueño, la alimentación y el piso que compraron. "Si llegan a darle la vuelta, seríamos nosotros los acusados". Quienes así se expresan son Cristina del Río y Julio Suárez, el matrimonio de transportistas autónomos que denunciaron una red de facturas falsas en el Ejército del Aire.

Esta pareja destapó en el año 2012 una trama que ha sentado en el banquillo a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas con la ayuda de presupuestos falsificados. La red organizada podría haberse apropiado entre 7 y 10 millones de euros, según difundió Público el pasado 2 de junio.

 

Ambos llegaron a estar imputados en la causa, a petición del principal acusado, el teniente David Hernández Claret. El juez togado militar central número 2 les acaba de eximir de toda responsabilidad en un auto que reconoce que, gracias a ellos, este fraude ha sido descubierto.

Pero siguen preocupados, a la espera de que el auto del instructor sea firme. Julio Suárez es tajante: "Nunca pensamos que la denuncia se fuera a revolver de esta manera. Si miramos en Internet, leemos que nos llaman los colombianos, los narcos, los hampones... Denunciamos lo que descubrimos, pero hemos sufrido mucho".

Ambos llegaron a España en 1999 desde Bogotá. Con tres hijos, la nacionalidad española y el carnet de conducir que obtuvo Cristina en 2008, lo arriesgaron todo para comprarse un camión de 40.000 euros y fundar la empresa de mudanzas SDR.

Hoy han perdido el piso, con el que financiaron la compra del vehículo, ya que su clientela decayó a causa de su imputación a este sumario y por la crisis económica. "Muchos clientes dejaron de confiar en nosotros", remacha Julio.

Fue Cristina quien interpuso la denuncia en el juzgado de guardia. Corría el año 2012. Descubrió el pastel a raíz de una llamada de comprobación de la base de Getafe (Madrid), a cuenta de un kilometraje inexacto de una factura de su empresa, SRD. Se sorprendió: ellos nunca habían emitido esa factura, tan sólo habían entregado tres presupuestos allá por 2008 que no habían sido aceptados. 

Es más, nunca había estado en la base aérea de Getafe. Para su sorpresa, a través de ese militar supo que había más facturas presentadas a nombre de su compañía.

Se citaron con el militar que había entregado las facturas de SDR al Ejército, y apareció el teniente David Hernández Claret. Era el que les había pedido los presupuestos en 2008. Les ofreció ser socios al tiempo que les reveló cómo funcionaban. 

"El dijo que hacía 500 mudanzas al año con facturas falsas. Nos ofreció un 25% sobre el beneficio que él se llevaba, y un viaje a Canarias. Si hubiéramos aceptado, o si hubiéramos realizado las mudanzas que nos habían atribuido, hoy tendríamos una flota de vehículos y no deudas", relata Cristina.

"No teníamos ni idea de lo que pasaba, pero nos preocupaba Hacienda -prosigue -; teníamos miedo al delito fiscal, ya que no sabíamos cuántas facturas habían emitido a nuestro nombre, con IVA incluido". También tenían miedo a represalias del militar o de su trama. 

Escribió al ministerio de Defensa, pero no tuvo noticias. Un mes más tarde, el 13 de julio de 2012, Cristina se presentó en el juzgado de guardia para denunciarlo. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 37.

Su correo y su denuncia provocaron una investigación interna en el Ejército y la apertura de un sumario en la jurisdicción militar, que es la que ha sentado ahora en el banquillo a los 45 oficiales y suboficiales después de que el juzgado ordinario se inhibiera. 

"Nos han quitado el sueño y la alimentación, no vives", relata Cristina mientras su marido salta a cuenta de que el teniente Claret, cuando vio que no aceptarían su propuesta, "lo enredó todo en el juzgado para aparentar un lío de faldas". Argumentó que había sido él quien le había entregado las facturas, al margen de su mujer: "Querían la separación entre nosotros y no lo lograron".

Ahora dudan del paso que dieron en el año 2012, cuando descubrieron que alguien estaba utilizando membrete, sello y firma de su empresa.

"Si nos hubiéramos dado cuenta de cómo iba a tornar esta causa, de que nos iban a imputar, no lo hubiéramos denunciado. Hemos perdido el piso, y hemos tenido que pedir prestado", se lamenta Cristina.

Hoy sólo aspiran a dos cosas: que se confirme su desimputación y recuperar su buen nombre.

 Un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes...

Los 45 militares acusados están destinados en las bases aéreas de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.

La ley prevé que los funcionarios sean indemnizados en los casos de traslados forzosos, como ocurre con los militares recién salidos de la academia. El Ministerio de Defensa exige que sean presentados tres presupuestos, para conceder la indemnización al presupuesto más barato.

Las investigaciones apuntan a que las mudanzas no se realizaban, aunque se cobraba la indemnización con la ayuda de facturas falsas. En otras ocasiones, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente Claret y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.

La factura falsas solía alcanzar una cuantía de 3.500 euros. El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba toda documentación ante el ministerio.

Al parecer, los transportistas de SDR entregaron en 2008 tres presupuestos -uno suyo, el más barato, y otros dos presupuestos de otras dos empresas- con el fin de lograr la adjudicación de una mudanza. Pero nada supieron de su oferta, y creyeron que habían sido rechazados.

La trama utilizó su factura para "replicar" ulteriores presupuestos ante el Ejército del Aire, falsificando firma y membrete, supuestamente. La llamada de un auditor a cuenta de un error de kilometraje hizo saltar las alarmas de los propietarios de la empresa SDR, que denunciaron lo ocurrido en el juzgado en el año 2012.

La investigación del juzgado militar central 2 ha llegado a abarcar hasta 150 militares investigados, lo que causó problemas de operatividad en más de una base aérea ya que quedaban suspendidos de sus funciones mientras se aclaraban las responsabilidades de cada uno.
Los oficiales y suboficiales acusados abarcan a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos."                (Público, 14/09/2014)

El Partido X lanza un buzón virtual para denunciar la corrupción en los ayuntamientos

"El Partido X ha lanzado este jueves una plataforma para denunciar la corrupción en los ayuntamientos, en una campaña bautizada como #AlcaldesCaciques. 

 

Desde las 10 de la mañana de este jueves, y a través de un buzón de "denuncia ciudadana" puesto a disposición por Xnet, cualquier persona puede remitir de manera segura las pruebas de irregularidades y corruptelas del ayuntamiento de la localidad en que resida, para lograr "la apertura de casos mediáticos y jurídicos contra la corrupción de los gobiernos locales", tal y como ha defendido el Partido X en un comunicado de prensa.

"Ya hay alguna cosa en el buzón", asegura a Público Simona Levi, portavoz de la formación. "El detonante ha sido lo que ha ocurrido en Benalmádena [un presunto fraude en un comedor social], hay bastantes personas que se acercan a nosotros con este tipo de asuntos, y vemos que se puede ayudar a estos grupos de ciudadanos", asegura.  

"Muchas veces los denunciantes son trabajadores de los mismos ayuntamientos, y a veces necesitan protección para poder sacar estas cosas a la luz", "para que no haya represalias", explica, añadiendo que mantendrán en secreto la identidad de los denunciantes, salvo que estos pidan lo contrario.(...)"         (Público, 18/09/2014)

La oposición personal de tres funcionarios termina con la trama institucional de Rafael Blasco

"Rafael Blasco ha sido miembro de todos los gobiernos de la Comunidad Valenciana desde hace 30 años. Ninguno de ellos le ha derribado.

 El ahora condenado a 8 años de cárcel y a 20 de inhabilitación política por desviar fondos de ONGs en Nicaragua a sus propios bolsillos ha caído gracias a la actuación de tres funcionarios que se negaron a avalar con sus firmas el saqueo de las arcas públicas. 

Se llaman Carmen Dolz, Directora General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Sergio Aguado, Jefe de Área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y Teresa Clemente, Jefa del Servicio de Gestión que se negaron a firmar el saqueo del dinero público que sus superiores les pusieron sobre la mesa.

 Los tres fueron presionados para que dieran dinero público a las ONGs desde las que Blasco desviaba fondos. Los tres se negaron y –según relata la sentencia—fueron convocados por Blasco “presionándolos para que modificaran sus conclusiones, sosteniendo que él era el máximo intérprete de las bases y que confiaran en su palabra de la misma manera que él había confiado en ellos, pese a que no se tenía buen concepto de su trabajo”.

 La sentencia continúa diciendo que “como no variaran de opinión los mandó a un despacho a recapacitar, y tras unos momentos fueron convocados nuevamente y al enterarse de que no variaban su decisión, el Sr. Blasco visiblemente enfadado, les dijo que si siempre habían sido tan rigurosos, que lo iban a comprobar personalmente, pidiendo a continuación que le subieran a su despacho todos los expedientes con tal objeto”. Al volver de vacaciones en septiembre, los tres fueron cesados.

Son esos ciudadanos anónimos los que con su resistencia y su denuncia han limpiado del lodazal de la corrupción un terreno que los responsables políticos no han querido o sabido limpiar desde arriba. Rafael Blasco fue primero miembro de un gobierno del PSOE con Joan Lerma que le destituyó por sobornar a funcionarios para que recalificaran terrenos en 1989 aunque un tribunal anuló las grabaciones que le incriminaban. 

El PP de Eduardo Zaplana le acogió y le devolvió al urbanismo convirtiéndolo en subsecretario de Planificación en la Presidencia de la Generalitat en 1999. Blasco se afilió al PP y traicionó después a Zaplana para hacer negocios bajo la presidencia de Camps como  Conseller de Territorio y Vivienda entre 2003 y 2006. A día de hoy, sigue siendo diputado como parte del grupo no adscritos. Ninguno de los grupos políticos se ha cobrado su cabeza pese a que todos sabían quién era y a qué jugaba Blasco.

El caso Blasco es un ejemplo de un sistema podrido incapaz de hacer la purga interna que necesita. Pero el caso Blasco es también un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden desde su esfera de responsabilidad personal terminar con la corrupción institucional y como la obligación de transparencia y honradez no empieza con los políticos corruptos pero sí puede terminar con ellos. "             (Javier Ruiz, Vox Populi, 29/05/2014)

Medio centenar de ingenieros denuncian al expresidente de Sacyr por su relación con Gürtel

"Un total de 47 ingenieros de caminos, canales y puertos ha denunciado ante el Comité de Deontología de su Colegio a su vicepresidente y expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda después de que se haya conocido que recibió un millón de euros en negro en una cuenta de Suiza.

La investigación del caso Gürtel, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encontró cuentas en Suiza de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda, al rastrear los pagos realizados por el gestor, Amando Mayo, imputado en el caso Gürtel. En la documentación remitida por las autoridades suizas también figuran cuentas en las que aparece como apoderado el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Los 47 ingenieros denuncian a su vicepresidente por dañar la imagen del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (VER PDF), lo que supondría la vulneración del artículo 2 del Código Deontológico  y una falta grave tipificada en el artículo 51.2 de los Estatutos del Colegio. El expediente disciplinario podría desembocar en su expulsión del colegio hasta seis meses, sanción que acarrearía con su cese como vicepresidente.

Loureda envió una carta a los asociados en la que reconocía la existencia de esa cuenta como Caja B en Suiza y admitía que la cuenta ya estaba "regularizada" ante Hacienda.

Los 47 denunciantes afirman que han pasado ya dos meses desde que se conociera este dinero de Loureda en Suiza, sin que Loureda haya dado "ninguna explicación creíble ni documentada sobre el origen del millón. Tampoco ha dimitido de su cargo en el Colegio". De ahí que presenten esta denuncia ante el Comité Deontológico, el órgano encargado de la disciplina.

El número dos del Colegio de Ingenieros sigue siendo consejero de Sacyr, compañía que presidió hasta que fue sustituido por el ahora expresidente de la compañía Luis del Rivero, imputado en el caso Bárcenas.

Loureda abrió una cuenta en el banco Coutts a nombre de una sociedad fundada en 2005 en Belice, Lancefield Finance, en la que aparecían como autorizados varios familiares suyos como María del Carmen López Prisuelos, Mónica Raquel Loureda López, Daniel Loureda López, José Manuel Loureda Mantinan y Silvia Loureda López.

Amando Mayo realizó desde su cuenta en el mismo banco suizo y en menos de un mes cinco transferencias por un total de un millón de euros a beneficio la empresa de Loureda, Lancefield Finance. También pagó 100.000 euros a Luis del Rivero."           (Público, 20/04/2014)