"El denominado Fondo Africano para la Agricultura (AAF),
radicado en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio, recibió 40 millones
de dólares en 2010 de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Se trataba, en teoría, de “fomentar los sistemas de producción
sostenibles y el apoyo a pequeños productores desde un enfoque
territorial (…) en las zonas rurales africanas”. En la práctica el
proyecto se centró en la producción de aceite de palma para la
exportación, afirma el sociólogo Carlos Gómez Gil en el libro Debates y controversias en la cooperación al desarrollo. Fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados (Universitat d’Alacant, 2020).
Diferentes estudios y ONG han denunciado que –con la ayuda
oficial española invertida en el proyecto de AAF- se produjeron abusos
contra las comunidades y situaciones de explotación laboral (salarios de
un dólar diario) en la República Democrática del Congo. Otro caso
mencionado por Gómez Gil son los 12,5 millones de dólares de la
cooperación española aportados en 2012 a Latin Renewables
Infraestructure Fund, ubicado en el paraíso fiscal de Delaware (Estados
Unidos). Este fondo de inversión es uno de los financiadores de la
represa hidroeléctrica Santa Rita, en el norte de Guatemala, rechazado
por comunidades indígenas y defensores ambientales. Carlos Gómez Gil
imparte docencia sobre cooperación al desarrollo en la Universidad de
Alicante y es autor de El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo (Catarata, 2016). La entrevista se realizó por correo electrónico.
-En la década de los
90 del siglo XX comenzó a expandirse el modelo de empresas privadas que
invertían en países del Sur con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), procedentes de los países donantes u organismos como el FMI o el Banco
Mundial. En el caso de la cooperación española, apuntas el caso del Fondo para
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) –adscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores- y sus aportaciones a fondos de inversión privados radicados en
paraísos fiscales. ¿Qué ejemplos destacarías?
Una vez más, los recursos públicos destinados a la
ayuda al desarrollo se ponen al servicio de los intereses privados y de sus
inversores a través de estas empresas, creadas con frecuencia al amparo de
paraísos fiscales como sociedades offshore.
Hasta tal punto que a estas compañías que recolectan recursos públicos de la
ayuda al desarrollo para sus negocios privados se las denomina con el elocuente
nombre de “intermediarios financieros”, recibiendo cada vez más recursos de
instituciones bilaterales como multilaterales así como de agencias de
desarrollo.
En el caso de España, el sucesor de los polémicos
créditos FAD, el Fonprode (Fondo de Promoción para el Desarrollo), creado en el
año 2010, que se presentaban repletos de bondades, han abierto la puerta a un
magma de actividades privadas muy dañinas y sin prácticamente control, como
hemos visto en estos años. No son solo mis artículos y estudios los que están
dejando testimonio de ello, sino la propia auditoría del Tribunal de Cuentas
del año 2016 la que ha constatado estos hechos.
Entre los casos más llamativos y dañinos que se han
financiado con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España podemos
mencionar el Fondo REGMIFA radicado en Luxemburgo y constituido como SICAV
(Sociedad de Inversión de Capital Variable) para eludir el pago de impuestos,
que ha recibido 55 millones de dólares; al igual que el Fondo Privado de
Capital en Angola, también radicado en Luxemburgo como SICAV, que ha recibido 6
millones de dólares; el Fondo de Capital Privado Progresa, constituido como una
Limited Partneship, con sede en Alberta (Canadá) que ha recibido también 20
millones de dólares; el Fondo Africano para la Agricultura, con sede en el
paraíso fiscal de las Islas Mauricio y que opera también desde las Islas
Caimán, que ha recibido 40 millones de dólares; el Fondo Africano de Garantías,
constituido como una Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha recibido otros
20 millones de dólares.
O el Fondo Moringa, con la forma de Sociedad
Comanditaria de Acciones, con sede en Luxemburgo como SICAV, que recibió 15
millones de euros; el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para
América Latina, una Sociedad Limitada con sede en el paraíso fiscal de
Delaware, en los Estados Unidos, que recibió de la cooperación española 12,5 millones
de dólares; y el Fondo de Inclusión Financiera Global, constituido en
Luxemburgo como Sociedad Comanditaria por Acciones, receptor de 12,5 millones
de euros.
-¿Cuál
es la conclusión?
Cuando tenemos una cooperación española que lleva
años alejada de la lucha contra la pobreza y de apoyar el acceso a bienes
esenciales en las poblaciones más desfavorecidas, resulta que se dedica a regar
de dinero a estas oscuras sociedades de inversión privadas que protagonizan la
elusión fiscal a través de paraísos fiscales opacos utilizando una sofisticada
ingeniería financiera. No hablamos únicamente de la rechazable financiación a
estas empresas opacas, sino que, con el Código de Financiación Responsable de
la Cooperación Española, estas operaciones nunca deberían de haber recibido
financiación, siendo una irregularidad muy importante.
-¿Dinero de la AOD
española para estos fondos se ha concretado en proyectos con impacto muy negativo,
a los que se haya denunciado por violaciones de los derechos humanos o agresiones
ambientales?
Así es, resulta todavía más impactante el hecho de
que algunas de estas empresas han promovido, financiado o invertido en
proyectos extractivistas en países empobrecidos en contra de las poblaciones
locales, apropiándose de sus tierras, dañando de manera irreversible sus
valiosos ecosistemas, impidiéndoles acceder con su ganado a las zonas de
pastoreo ancestrales; y llegando incluso a utilizar a la policía y a las
fuerzas militares para reprimir con dureza algunas de las protestas contra
algunos de estos proyectos, que llevaban el apoyo de la cooperación española,
incluso con indígenas detenidos, muertos, heridos y perseguidos.
-En
el libro mencionas tres de los casos más “escandalosos”…
La actuación del Fondo GEF África sustanaible
Forestry Partners, en Uganda, que según el informe anual del Movimiento Mundial sobre Bosques
Tropicales, es uno de los más conflictivos del mundo debido a las multas, detenciones
arbitrarias, confiscación de ganado a la población local y la prohibición de
abastecerse de las fuentes de agua que han utilizado toda la vida, agravado por
la actuación violenta de los agentes de seguridad de la plantación que imponen
sanciones arbitrarias muy elevadas a los campesinos de la región; han llegado a
denunciarse, incluso, violaciones de mujeres.
También destacaría el proyecto promovido en la
República Democrática del Congo por el Fondo Africano para la Agricultura (AAF)
a través de la empresa Feronia Inc., mediante un holding radicado en las Islas
Caimán, que ha sido muy bien estudiado por diferentes ONG de España y de otros
países; sobre el terreno y con evaluaciones ejemplares. En ellas, se recogen
minuciosamente los abusos cometidos por esta empresa en las plantaciones que posee,
como la denuncia de 61 personas a las que se ha despojado de 14.000 hectáreas
de tierra mediante engaños, a cambio de sacos de sal, mantas y tabaco, con
situaciones de explotación laboral extremas e incluso el desvío de fondos a
dirigentes del gobierno congoleño mediante un complejo entramado societario que
ha sido denunciado por Wikileaks.
Aunque quizás, el caso más grave haya sido el
protagonizado por el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable en América
Latina (LRIF) en Guatemala; es el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, situado
en el departamento de Alta Verapaz, que desde sus inicios contó con una
importante oposición de la población indígena local y defensores del
territorio. Desde que comenzaron las movilizaciones contra el proyecto, que
violaba los acuerdos de paz en materia de identidad y derechos de los pueblos
indígenas, las fuerzas policiales actuaron duramente, con detenciones,
asesinatos, heridos y órdenes de captura contra numerosas personas.
-¿Hubo
reacciones contra la construcción de esta represa hidroeléctrica?
Me parece destacable el hecho de que en su día,
diferentes colectivos del país remitieron una carta a la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) en la que informaban de estos hechos y pedían
la retirada de los fondos de la cooperación española para no participar en una
dura represión que hasta el momento se había cobrado la vida de siete personas,
setenta civiles heridos, treinta detenciones arbitrarias y otras tantas casas
incendiadas, junto a la persecución de líderes comunitarios, invasión de
tierras y ordenes de captura contra más de cuarenta personas. Esta carta nunca
fue contestada por la cooperación española.
Creo que son ejemplos más que contundentes de
intervenciones que nunca debían de haber recibido financiación de la
cooperación española, aunque lo peor es que, al tener conocimiento de estas
graves actuaciones, la AECID mantuvo el apoyo a las mismas a pesar del
sufrimiento generado a las poblaciones locales, lo que hace todavía más
rechazable la actuación de la cooperación española en todos ellos.
-El pasado 12 de
noviembre el Parlamento Europeo dio el visto bueno al acuerdo pesquero entre la
UE y la República de Senegal, centrado en las capturas de atún y merluza negra
por barcos españoles, portugueses y franceses. ¿Se trata de acuerdos –el
primero se firmó en 1979- de carácter neocolonial y que han terminado por arrasar
las economías locales?
Desgraciadamente, el balance sobre estos acuerdos de
pesca de la UE con Senegal desde que se pusieron en marcha es muy negativo para
la población senegalesa, con impactos destructivos múltiples, a cambio de la
depredación salvaje de sus ricos bancos de pesca y la generación de efectos muy
negativos de carácter transversal en la sociedad y en su economía que
perdurarán durante décadas. Son acuerdos basados en el extractivismo salvaje,
con características que, en efecto, podríamos denominar de neocoloniales, que
en ningún momento han hecho un diagnóstico previo de sus posibles impactos
sobre el país ni sobre sus habitantes.
Así lo demuestro en el estudio que he llevado a
cabo, con una revisión exhaustiva de informes, artículos científicos y estudios
publicados en los últimos años. De tal forma que, frente a la propaganda hueca
y engañosa de la UE que ha pasado a denominar a estos acuerdos como Acuerdos de
Asociación de Pesca Sostenible (AAPS), afirmando que cumplen los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas y en consonancia con las
prioridades de la FAO, las mismas Naciones Unidas, en sus informes, han
destacado cómo su evaluación es claramente negativa, tanto desde el punto de
vista ambiental como social, afirmando que los bancos de pesca se han agotado,
dañando a la pesca artesanal y al conjunto de la población senegalesa.
-¿Observas una
relación entre los convenios en materia de pesca con la UE, los ajustes
promovidos por el FMI y el Banco Mundial -década de los 80 y 90 del siglo XX- y
las migraciones de la población senegalesa a Europa, incluida la denominada crisis de los cayucos de 2006 en las
Islas Canarias?
En países como Senegal se verifica esta relación tan
perversa con extrema claridad, y así lo he analizado en mi libro. Años de crueles
políticas de ajuste del FMI y el BM aplicadas en Senegal que empobrecieron a
agricultores y trabajadores, causaron el cierre de explotaciones agrícolas y
granjas avícolas en todo el país, impulsando procesos de liberalización
comercial y financiera asimétricos que extendieron la desregulación de los
mercados. Así, se abrió el camino para la importación masiva desde la UE de los
mismos productos cuyas exportaciones hacia los mercados europeos se cortó, a
precios mucho más bajos de los de producción en el país africano. Al mismo
tiempo, el impacto de décadas de acuerdos pesqueros con la UE y con otros
países, que han sobreexplotado sus caladeros y dañado sus ecosistemas marinos,
crearon las condiciones perfectas para desencadenar una explosión migratoria en
el país, con unas consecuencias inéditas para España.
-¿Cómo resumirías las
consecuencias socioeconómicas de estos ajustes y pactos?
Agricultores
y trabajadores arrojados al paro por las políticas económicas impulsadas por el
FMI, junto a pescadores obligados a dejar de faenar ante la ausencia de
capturas en las costas por el expolio al que se vienen sometiendo los caladeros
desde hace años por los acuerdos de pesca suscritos con la UE, unido a los
constructores y propietarios de cayucos que tenían que dejar sus embarcaciones
varadas y sin poder salir al mar ante la falta de ocupación, proporcionaron los
ingredientes para que desde Senegal se viviera un proceso migratorio singular,
como respuesta a todos estos desajustes sociales y económicos.
Los
caladeros siguen esquilmados y toda la cadena vinculada a un sector tan
importante como la pesca sigue profundamente dañada, al tiempo que las
economías agrarias han sido seriamente golpeadas, por lo que las migraciones se
mantienen como una válvula de escape al malestar social existente. En mi
opinión, una política económica y comercial más justa hacia estos países
africanos salvaría numerosas vidas y frenarían unas pulsiones migratorias
alimentadas por décadas de políticas de ajuste tan fracasadas como dañinas.
-El Ministerio del
Interior español informa que, entre enero y mediados de noviembre, la llegada
de personas migrantes a Canarias por mar ha aumentado un 1.019% respecto al
mismo periodo de 2019. Mientras, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha
González Laya viajó el 22 de noviembre a Senegal para –según la nota de prensa
oficial- “reforzar la cooperación” con este país. ¿En qué medida se trata de
una externalización policial y
militar de las fronteras?
Hay un error importante al creer que las migraciones
se van a detener aplicando soluciones policiales o militares, sin comprender
los factores que las originan ni articular medidas legales y seguras para
facilitar unas migraciones ordenadas. Esto ya se hizo durante la crisis de los
cayucos, en el año 2006, cuando se llegó a utilizar dinero de los fondos
reservados a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluso, para
pagar a propietarios de cayucos con el vano propósito de detener a los inmigrantes,
o empleando dinero de la ayuda al desarrollo para frenar las migraciones.
Muchos nos preguntamos dónde quedan los tan
cacareados Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que nuestros dirigentes
políticos afirman cumplir sin conocer su significado, cuando, por ejemplo, en
su meta 10.7 se recoge facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura,
regular y responsable: ¿qué se está haciendo para ello? En el mismo sentido, en
el año 2018 España suscribió el “Pacto mundial para la migración segura, ordenada
y regular” de Marrakech, que también se compromete a lo mismo, y creo que
debemos preguntar a nuestros dirigentes públicos qué están haciendo para que
España y la UE avancen.
-¿Cuál es la
tendencia, durante los últimos años, de las partidas presupuestarias e
inversiones en la cooperación española al desarrollo?
Tras
atravesar la política de cooperación española en la última década el período
más oscuro de su historia, lo que la ha conducido a un proceso de deterioro
imparable, ahora tiene que enfrentarse a la mayor crisis económica, sanitaria y
social de los últimos tiempos. El estado tan precario en el que se encuentra,
la irrelevancia a la que ha sido conducida, los profundos recortes
presupuestarios, técnicos y humanos que ha tenido que afrontar, junto a la
situación de debilidad crónica que atraviesa, la sitúan en muy malas
condiciones para afrontar los gigantescos desafíos sistémicos que tiene por
delante.
El
estado comatoso de la cooperación española, que ha venido siendo
sistemáticamente negado e ignorado por sus máximos responsables desde hace
años, es algo que ha sido recogido en diferentes estudios mundiales por
instituciones de distinta naturaleza. El hecho de que, durante los gobiernos
del PP presididos por Mariano Rajoy, la cooperación española retrocediera a
niveles de los años 80, siendo reducida a su mínima expresión, no impidió que
sus máximos responsables políticos defendieran públicamente ante foros tan
solemnes como las Naciones Unidas que España era un importante donante mundial
y que su política de cooperación al desarrollo era un importante activo. Tantas
mentiras se han venido desplegando sobre la cooperación española que ha llegado
a un punto caricaturesco de hacerla irreconocible, lo que ha ayudado muy poco a
su mejora y reorientación.
-¿Hay, a tu juicio, también
experiencias positivas en la cooperación española?
Naturalmente que el sistema español
de cooperación y ayuda al desarrollo ha acumulado experiencia y capacidades,
alimentando buenas prácticas y experiencias exitosas, construyendo estructuras
y dispositivos importantes, pero muchas de ellas no han sido reconocidas
suficientemente por nuestros responsables políticos y en otros casos, a base de
difundir discursos grandilocuentes y autoelogiosos, se ha acabado por hacer
pura propaganda hueca.
-Dedicas un capítulo
del libro a un aspecto poco conocido: la utilización de la AOD para financiar
la atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los países
occidentales. ¿Cómo ha evolucionado este gasto
con cargo a las ayudas y por qué te parece criticable?
Desde hace años, especialmente a partir de la mal
llamada “crisis de los refugiados” de 2015, me venía preocupando el empleo de
importantes partidas de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicadas a la atención
a los refugiados por los propios países occidentales, en su mismo territorio.
Ahora bien, el avance de estas partidas de gastos
para la atención a refugiados en los propios países donantes de acogida,
especialmente durante los años en los que Europa ha vivido la mayor crisis de refugiados
desde la Segunda Guerra Mundial, no se corresponde con un avance en las
políticas de acogida, en mejores procesos de incorporación social e incluso en
un mejor reconocimiento del derecho al asilo y a la protección internacional.
Por el contrario, los recursos dedicados a
solicitantes de asilo y refugio durante su primer año de estancia en los países
donantes han tenido una voluntad de reforzar las capacidades institucionales en
políticas migratorias y de asilo, nada que ver con la mejora del desarrollo y
el bienestar en los países origen de esos refugiados, en todos los casos,
países pobres, con frecuencia azotados por guerras, hambrunas, conflictos y
privaciones. Ni siquiera se han impulsado desde la AOD vías para impulsar
patrones nuevos que vinculen las migraciones y el desarrollo, que algunos
países han tratado de trabajar por medio de organizaciones de la sociedad civil
con comunidades del Sur en diferentes países, contribuyendo a renovar una Ayuda
Oficial al Desarrollo decadente.
-En el texto te
refieres, asimismo, a un polémico informe que concluyó, en febrero, con la
renuncia en el cargo de la economista jefe del Banco Mundial. ¿Cuál era el
contenido, a grandes rasgos, del documento? ¿Apunta un modus operandi usual en la AOD?
Este caso ejemplifica algunas de las disfunciones en el sistema de
ayuda que deben corregirse, con el añadido de ser recogido en un polémico
Working Paper publicado por el Banco Mundial.
El estudio, con el título: “Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts”,
realizado por los economistas Jørgen Juel
Andersen, profesor de la Norwegian Business
School; Niels Johannesen, profesor de la universidad
de Copenhagen, y Bob Rijkers, economista del propio
Banco Mundial, generó una enorme polémica que llevó a que el Banco
Mundial tratara de evitar su publicación, por lo que se le denominó como
“Papergate”.
El estudio revela que existe una correlación
inequívoca entre aquellos países que mayores volúmenes de ayuda al desarrollo
reciben, con el aumento en los depósitos bancarios en paraísos fiscales por
parte de sus élites. Para ello se estudia una muestra de
los 22 países más dependientes de la ayuda, analizando los desembolsos que
reciben, junto a su secuencia temporal, constatando que en los períodos en que
un país recibe más flujos de ayuda aumentan de manera sustancial las
transferencias a depósitos opacos en paraísos fiscales, frente a aquellos otros
países similares que no reciben ayuda y cuyas transferencias permanecen
constantes. De esta forma, los tres investigadores han determinado que, por
cada 100 dólares de ayuda recibida en los 22 mayores países receptores, 7,5 se
convertirían en transferencias ocultas desviadas a centros financieros
extraterritoriales.
Los profesores Juel, Johannesen y Rijkers afirman que aquellos países
que dependen más de la ayuda, como Afganistán o Burkina Faso,
suelen ser también los peor gestionados y donde más corrupción existe.
Según
los resultados del documento, la ayuda al desarrollo podría mejorar la
vida de
la gente y responder a sus necesidades inmediatas, pero también ayuda a
los
políticos corruptos locales a acumular riqueza personal que transfieren a
cuentas opacas en paraísos fiscales con las que poder consolidar su
poder. Al
mismo tiempo, señalan que, si los políticos locales se vuelven cada vez
más
ricos y poderosos, cuanta más ayuda reciban, menos incentivos tendrán
para
reducir la pobreza en su país. Un buen ejemplo lo constituye el país más
dependiente de la ayuda en el mundo, Afganistán, que recibe el 33,5 por
ciento
de su PIB en ayuda exterior, siendo también uno de los países más
corruptos del
mundo y con un importante volumen de dinero en paraísos fiscales, a
pesar de su
pobreza.
-Por último,
escribes, “la lógica de las agencias, de los organismos internacionales y
financiadores se ha ido alejando cada vez más de los pobres y desheredados,
convertidos en simples cifras”, a lo que se agrega “toda la aristocracia
técnica y académica de la AOD”. ¿Hay actualmente modelos o ejemplos de ONG que
promuevan una solidaridad alternativa?
Por supuesto, y no
son una excepción, sino que en todo el mundo muchas ONG llevan años trabajando
con esfuerzo para cambiar y mejorar unas sociedades repletas de injusticias. En
el estado español existen organizaciones ejemplares que, desde hace décadas,
impulsan cambios, luchas y dinámicas de solidaridad capilar de una enorme
riqueza que han sido trascendentales en numerosos sectores. Y muchas de ellas
son pequeñas organizaciones, con una fuerte implantación territorial, que
llevan años poniendo en marcha valiosas experiencias de solidaridad
internacional en comunidades y poblaciones.
Recordemos que las ONG han sido
un fenómeno de la sociedad global y un exponente más de las profundas
transformaciones que se han producido en los estados, en la gobernanza y en el
conjunto de la sociedad, impulsando cambios económicos y sociales de un gran
calado. Precisamente por ello, se han producido importantes reajustes en las
funciones y competencias de los Estados y de la sociedad civil, llevando a las
ONG a ocupar un lugar destacado, pero siendo utilizadas por gobiernos y
administraciones como proveedoras de servicios baratos especializados y agentes
propagandísticos de políticas oficiales. Ahí es donde otro buen número de estas
ONG han renunciado a la independencia y al potencial de transformación que
acumulan, para ponerse al servicio de los poderes públicos. Sin olvidar
aquellas otras que han surgido del poder político o económico, convirtiéndose
en sus mamporreros, dañando enormemente al sector.
Así las cosas, se plantea la
exigencia de una profunda revisión en el sector de las ONG, que lleve a que el
modelo de organizaciones entendidas únicamente como proveedores de servicios
baratos a las administraciones públicas o de propaganda y difusión de sus
políticas, pueda dar paso a una nueva generación de ONG, mucho más
comprometidas, mucho más militantes, mucho más politizadas, dotadas de un
corpus crítico y analítico de mayor calado. Y para ello, el rearme ideológico
de las ONG es una condición necesaria para articular respuestas efectivas a los
cambios que se están generando y a sus efectos, así como para reforzar su
legitimidad social."
(Entrevista a Carlos Gómez Gil, autor de "Debates y controversias en la cooperación al desarrollo", Enric Llopis, Rebelión, 10/12/20)
