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23.2.24

La narcocorrupción en las filas de la DEA y su peso en Latinoamérica

 "La agencia federal antinarcóticos DEA, en su publicitado combate contra la narcocorrupción por el mundo, se ve obligado a enfrentar esa misma batalla, pero dentro de su propia casa con una serie de escándalos internos que sin duda captan más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas. Lo cierto es que la política estadounidense antidrogas es un gran fracaso, y el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante.

 La todopoderosa DEA ha tenido que investigar por corrupción y complicidad con el narcotráfico a docenas de sus agentes. Algunos –pocos- fueron presos, otros obligados a retirarse, mientras los escándalos de corrupción y complicidad con el narco en sus propias filas ya son comunes. Hoy la poderosa agencia estadounidense enfrenta un problema sistémico, no a casos aislados de corrupción.

A 50 años de su creación, la DEA fue objeto de una primera evaluación de desempeño en más de 100 países, que descubre irregularidades de agentes en su desempeño. Se detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. En el mismo, hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de los informantes con los que trata la DEA en varios países, a los que deja completamente descobijados una vez que les sirven.

Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EEUU.

Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EEUU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos.

Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, también se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia. Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos.  Es en EEUU donde se localizan no sólo la demanda, sino la industria armamentista que empodera a los cárteles, las instituciones financieras que facilitan y administran el lavado de dinero y agencias del gobierno que operan en favor del crimen organizado.

El discurso de la DEA trata de instalar un manto de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.

La narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de EEUU, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que expliquen su ubicuidad.

 Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también se ha enfrentado a la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Departamento de Estado estadounidense lanzo alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EEUU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.

Cuando se ve en apuros políticos o de seguridad, EEUU –incluyendo la DEA- lanza camapañas de desprestigio contra gobernantes latinoamericanos, tratando de dañar su imagen ante sus compatriotas y en el imaginario colectivo mundial, brondándole excusas para intervenir en los asuntos internos de nuestros países.

La última semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al periodista estadounidense Tim Golden, quien en un reportaje, sin prueba alguna, lo involucró en un presunto financiamiento del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006 en medio del actual proceso electoral: “que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron? o ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto?”, dijo el mandatario

La injerencia de la DEA, el “cuco” de la droga

Lo que no dice la autoevaluación es que la DEA es uno de tantos modos de intervención de EEUU con la tarea explícita de combatir el narcotráfico mediante métodos nunca explícitos. La poderosa agencia con base en Estados Unidos y tentáculos en todo el mundo fue penetrando diferentes capas de la estructura judicial, policial y política local de los países latinoamericanos, hasta controlarlas.

 Por ejemplo, la agencia de noticias estadounidense Associated Press dio cuenta el 1° de febrero, de operaciones encubiertas realizadas por la DEA en Venezuela, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, y rastrear a altos funcionarios públicos, incluido el presidente Nicolás Maduro. Hechos similares se repitieron en varios países de la región.

Aunque parezca inverosímil, los informantes son asesinados e incluso desaparecidos, y nunca dan cuenta de ello los reportes de la DEA. Eso pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tienen protocolos de salvaguarda a los informantes, por lo cual es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera, pero hay mucha acusaciones en ese sentido, nada más que no son tomadas en serio en el informe oficial.

Una evaluación de las operaciones en el exterior de la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero; tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo. No obstante, revela casos de corrupción, escándalos e incluso complicidades con grupos criminales.

 El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití, que además de la corrupción, señala casos de inteligencia comprometida y muerte de civiles.

Pero a pesar de noticias bastante frecuentes de agentes que aceptan sobornos, colaboran con operaciones de lavado de dinero, que filtran información a narcos o que roban bienes confiscados y más, los escándalos parecen no tener impacto sobre la agencia, que sigue con su cantinela de combate a las drogas ilícitas y la corrupción en el mundo, mientras su presupuesto sigue creciendo con más de 2.500 millones de dólares al año.

Los diez mil empleados de la DEA en 241 oficinas en Estados Unidos, así como en 93 oficinas en el extranjero, son –en los papeles- los encargados de combatir las redes criminales de droga, causante de daño, violencia, sobredosis y envenenamiento a los estadounidenses.

Pero ha debido asumir Estados Unidos, y una parte central de eso incluye combatir la corrupción que es parte integral del negocio de drogas ilícitas. Según la información oficial, realizó en los últimos años más de 26 mil arrestos y participó en algunos casos prominentes en México como los de El Chapo y García Luna.

Y sigue persiguiendo a otros capos mexicanos como El Mayo Zambada y el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de ser los principales actores en el tema que ha elevado a su mayor prioridad: el fentanilo.

Casos espectaculares

Entre los casos más espectaculares está el de su agente estrella José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar en 2020 al FBI,  que trabajó con (y para) cárteles colombianos para lavar dinero, y robó millones en bienes confiscados y de supuestos pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y prostitutas.

 Irizarry, que se ganó el título del agente más corrupto en la historia de esa dependencia, denunció que él no era un caso aislado dentro de las filas de la DEA y acusó a varios de sus colegas, funcionarios del gobierno estadounidense, políticos de los países donde actuó e informantes de participar en su gran festival de corrupción a través de tres continentes: “con lo que llamábamos Equipo America, tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.

Pero por más que la DEA intentó señalar a este escándalo como un caso aislado, a finales de 2022 investigadores del Departamento de Justicia ya habían empezado a interrogar hasta dos docenas de agentes de la DEA y fiscales acusados por Irizarry, el agente estrella.

Irizarry señaló que la acusación pinta una imagen de él, como el agente corrupto que manejó todo este esquema, “pero no habla sobre el resto de la DEA. Yo no era el cerebro”. El jjuez que lo condenó aseveró ante los fiscales en 2021 que el acusado es quien fue atrapado, pero sin duda para su corte hay muchos otros.

Irizarry, por su parte, dijo a la prensa que sus actos corruptos fueron resultado de que se dio cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”. Y por demás redituable.

Un año atrás, La DEA removió de su cargo a su director en México, Nick Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con autoridades mexicanas. Utilizó fondos de la agencia para, entre otras cosas, pagar su propia fiesta de cumpleaños, así como rentar un yate en Panamá para recibir al entonces director interino de la agencia.

 Nick Palmeri, jefe regional de la DEA en México, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado, luego que se filtró la información de que se había reunido varias veces con abogados de líderes de cárteles.Pero recién dos años más tarde el inspector general del Departamento de Justicia informó públicamente las razones por las cuales había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post.

Fraudes

Un ex agente de la DEA comentó: “no puedes componer lo que está mal en el gobierno mexicano si tu propia casa está incendiada”. Y por cierto, en su propia casa el año pasado, unos siete altos funcionarios de la DEA fueron sujetos de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia por posible fraude en el otorgamiento de contratos millonarios no competitivos y emplear a una docena de personas que habían trabajado antes con la administradora (directora) de la agencia, Anne Milgram.

También estaba bajo investigación un contrato de 1.4 millones de dólares con un bufete en Washington que fue realizado por Milgram –y encabezado por un abogado cercano a un amigo de la directora– para realizar una evaluación de los escándalos de las operaciones en el extranjero de la agencia; el informe final fue ampliamente cuestionado por sus críticas limitadas a la conducta inapropiada por varios agentes.

Milgram fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2021 para limpiar la casa, y muy rápido provocó conflictos al imponer reglas más firmes para prevenir conducta inapropiada de agentes que incluyen frenar actos racistas y sexistas.

Fue ella quien ordenó la evaluación de las operaciones internacionales de su agencia, sobre todo después del escándalo de Irizarry .Pero ella resultó ser la cuestionada por a quién encargó y contrató para el trabajo, y sus actividades han sido parte de investigaciones de legisladores poderosos como el senador Charles Grassley.

Altos mandos en problemas

La corrupción dentro de la agencia es un tema delicado y la DEA repite que entre sus prioridades está garantizar la integridad de su labor y asegurar que no permitirá la impunidad entre sus filas. Pocos le creen y la realidad les da la razón.

 A mediados del año pasado, el segundo en el mando de la DEA, Louis Millones, renunció después de que la agencia noticiosa Ap revelara que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y también consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos.  Millione había dejado su carrera de 21 años en la DEA en 2017 para irse al sector privado y retornó en 2021 como segundo de Milgram."              (Álvaro Verzí Rangel, estrategia.la)

18.9.23

Fondos buitres, jueces carroña... El escándalo de los regalos recibidos por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comienza a anestesiar la sensibilidad ética de la población... el juez Alito debió excluirse de un caso que resultó en un fallo que le dio a su amigo Singer 2.400 millones de dólares de las arcas argentinas... El nuevo escándalo del juez Alito se suma al de su colega de la Corte Suprema, Clarence Thomas, también por recibir regalos de cientos de miles de dólares por parte de amigos millonarios. ¿Es que ya no se puede tener amigos millonarios? Uno de ellos, Leonard Leo lo apoyó en su nominación a la suprema Corte, al igual que hizo con los otros jueces, Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett... Kyle Herrig, director del Proyecto de Integridad del Congreso y presidente del organismo de control Accountable US, dijo que “a medida que la crisis de corrupción de la Corte Suprema crece con otra aparente violación del código de ética de la Corte, no sorprende que Leonard Leo esté justo en el medio. Él es la influencia corruptora responsable de esta podredumbre”

 "El 13 de setiembre de 2023, la representante por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez inquirió en el Congreso a la profesora Kathleen Clark. Según esta experta en ética, no quedan dudas: el juez Samuel Alito no debió intervenir en el caso de los fondos buitres contra Argentina por un conflicto de intereses. El escándalo de los regalos recibidos por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comienza a anestesiar la sensibilidad ética de la población por dos razones: Una, porque ya no son novedad; otra porque queda claro que la ley es igual para todos pero no se aplica de la misma forma. Incluso, se aplica diferente para un juez de tribunales inferiores que para aquellos en las alturas. Y, como todo lo que está en las alturas del poder, los amigos suelen ser más que multimillonarios y estar dotados de superpoderes estilo Superman o el Hombre Araña.

En 2014, el tribunal acordó resolver una cuestión clave en una batalla de una década entre el fondo de cobertura del multimillonario Paul Singer y la Argentina. Singer ha sido definido por la revista Fortune como “uno de los inversores más listos e impiadosos de la industria de los fondos de cobertura (fondos buitres)”. Un especialista en volar en búsqueda de países quebrados por el mismo juego que Singer sabe jugar muy bien.

Pero para ser listo, exitoso e impiadoso hay que tener buenos amigos en el poder. Singer es conocido de muchos jueces de varios países, entre ellos los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, y no en pocas ocasiones ha solicitado a la Corte Suprema que falle a su favor en disputas comerciales de alto riesgo. De lo poco que se puede saber, ahora se sabe que en el año 2008 llevó en su jet privado al juez Alito a Alaska en el verano de 2008 a un costo de 100.000 dólares por viaje, mientras participaba en el caso de alto riesgo entre los fondos buitres de su amigo y el gobierno de Argentina.

Luego de que el gobierno de Argentina propusiera un plan de negociación del restante de su deuda en 2013, el caso finalmente llegó a la Corte Suprema en Washington, y Alito se unió a la decisión contra el país sudamericano. En 2016, el nuevo gobierno argentino llegó a un acuerdo de pago con Paul Singer (quien un par de años antes había forzado al país a un default técnico), aceptando un acuerdo más beneficioso con el pago del 75 por ciento de la deuda.

Según declaró en el Congreso la profesora Kathleen Clark, si el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, estuviera sirviendo en un tribunal inferior, se le habría exigido que se abstuviera de participar en los casos del multimillonario de los fondos buitres Paul Singer. Esta declaración fue realizada el 13 de setiembre en la Cámara de Representantes en una audiencia del Comité de Supervisión sobre litigios de terceros en los tribunales de la nación ante el cuestionamiento de la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Pero para los jueces de la Corte Suprema las reglas y leyes que aplican al resto de los jueces son sugerencias para ellos. Según la ley, el juez Alito debió excluirse de un caso que resultó en un fallo que le dio a su amigo Singer 2.400 millones de dólares de las arcas argentinas.

“No se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer… Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo” Luego, la congresista Ocasio-Cortez señaló una imagen ampliada del millonario Paul Singer y el juez Samuel Alito pescando y concluyó: “No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca”.

Cuando Ocasio-Cortez preguntó a la profesora Clark si un juez federal tendría que recusarse si estuviera en el lugar de Alito, la experta confirmó: “Sí, hay un estatuto federal que requiere la recusación tanto de los magistrados como de los jueces bajo ciertas circunstancias”.

El estatuto que citó Clark requiere la recusación cuando el juez sabe que él, como individuo o fiduciario, tiene un interés financiero en el tema en controversia o en una parte del procedimiento que podría afectar de alguna forma la decisión del juez.

También el profesor Abbe Smith estuvo de acuerdo: Alito no debió tomar el caso. Para Virginia Canter, ex abogada de ética gubernamental, un viaje gratis en avión privado no es un aceptable para un juez de la Suprema Corte. Los jueces están obligados a declarar regalos por más de 400 dólares. La excepción sólo cubre comida, alojamiento y hasta entretenimiento, confirmó Canter.

En su defensa, el juez Alito dijo que el albergue de pesca en Alaska era “cómodo pero rústico” y servía “comida casera”. La última noche, uno de los invitados se jactó de que el vino que estaban bebiendo costaba 1.000 dólares la botella, pero el juez declaró no recordar si había bebido vino esa noche. Sí recordaba no haber hablado nunca de negocios con el campeón de los fondos buitres y, casualmente, su taxi, guía turístico y anfitrión, Paul Singer.

Según críticos, quien más créditos tiene en el logro de tribunales federales poblados de jueces conservadores es el activista de los millonarios Leonard Leo. Recientemente recibió 1.600 millones de dólares para promover su loable trabajo y, aparte de ser amigo del juez Alito y del magnate Singer, también fue uno de los invitados a Alaska esos días de 2008, ahora en cuestionamiento.

Todo lo cual serían datos irrelevantes ya que, según el mismo Leonard Leo, “nadie que sea objetivo y esté bien informado de cómo funciona el poder judicial, podría creer honestamente que los jueces deciden casos para ganarse el favor de sus amigos o a cambio de un asiento de avión gratis o de un viaje de pesca.

Como sea, Paul Singer ganó el fallo contra Argentina por miles de millones de dólares en una corte conformada por amigos y solo él se embolsó 2.400 millones de dólares, gracias al fallo del tribunal superior, conformados por jueces independientes que luchan contra la corrupción―legalizándola.

El nuevo escándalo del juez Alito se suma al de su colega de la Corte Suprema, Clarence Thomas, también por recibir regalos de cientos de miles de dólares por parte de amigos millonarios. ¿Es que ya no se puede tener amigos millonarios? Uno de ellos, Leonard Leo lo apoyó en su nominación a la suprema Corte, al igual que hizo con los otros jueces, Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett.

Kyle Herrig, director del Proyecto de Integridad del Congreso y presidente del organismo de control Accountable US, dijo que “a medida que la crisis de corrupción de la Corte Suprema crece con otra aparente violación del código de ética de la Corte, no sorprende que Leonard Leo esté justo en el medio. Él es la influencia corruptora responsable de esta podredumbre”."             (Jorge Majfud , Rebelión, 18/09/2023)

13.12.21

EEUU hace autocrítica al admitir que es el mejor lugar para lavar dinero

 "La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, "el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas" mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas.

En una intervención en la Cumbre de la Democracia, un foro virtual con más de un centenar de países invitados que fue inaugurado este jueves por el presidente de EEUU, Joe Biden, Yellen lamentó este fenómeno, que tiene sus raíces en la libertad de la que dispone cada estado miembro de la unión para establecer sus propias reglas.

 "Desde tiempos del presidente Andrew Jackson (1829-1837) cada estado ha podido fijar sus propias reglas para crear compañías, y desde principios del siglo XX, algunos estados han permitido a cualquiera crear una empresa pantalla sin informar de quién es su propietario", explicó.

Estados como Delaware, Nevada, Montana, Wyoming y, muy especialmente en los últimos años, Dakota del Sur, operan como paraísos fiscales en los que resulta muy fácil crear una compañía fantasma para evadir el pago de impuestos y lavar dinero, por encima incluso en volumen de operaciones de clásicos como las islas Caimán, Malta, Suiza, las Bahamas, Luxemburgo o Panamá.

 "En el imaginario colectivo, las capitales del mundo para el lavado de dinero son países pequeños con un historial de leyes financieras relajadas y secretas", apuntó Yellen en su intervención, para contraponer ese estereotipo al caso de Estados Unidos.

La secretaria del Tesoro también afirmó que la permisividad de EEUU con este tipo de operaciones es algo que "está a punto de cambiar" porque el Gobierno ya se encuentra implementando la Ley de Transparencia Corporativa, que contempla la creación de una base de datos nacional de propietarios de empresas pantalla.

Esta base de datos requerirá que muchas firmas estadounidenses y extranjeras informen de sus propietarios reales al Tesoro y que notifiquen cualquier cambio en la propiedad."            (El Confidencial, 09/12/21)

22.9.21

La puerta giratoria de los reguladores estadounidenses

"(...) La puerta giratoria de los reguladores

Este artículo del NYT es tremendo, y merece una buena lectura. Una de las puertas giratorias más concurridas en Washington es la que comunica las oficinas de las grandes consultorías empresariales en materia fiscal y las oficinas del departamento del tesoro de Estados Unidos. Específicamente, las oficinas que albergan a los abogados y contables que se encargan de escribir los reglamentos que implementan los impuestos que gravan a las grandes empresas.

El escenario más habitual es que un abogado entre a trabajar en PwC o un garito similar, y esté allí unos cuantos años. Cuando están un poco curtidos, se van a trabajar al departamento del tesoro como reguladores, casi siempre cobrando mucho menos, por eso del “servicio público” y demás. El puesto lo consiguen o como consultores (si es una administración “amiga”) o con el proceso de selección normal, que por algo tienen años de experiencia en la materia. Una vez en el gobierno, trabajan en regular a los clientes de sus ex- colegas en PwC, a menudo “asesorados” por lobistas de PwC. Tras varios años de servicio (escribiendo regulaciones favorables a los clientes de PwC), dejan el gobierno y vuelven a PwC, a menudo con un salario sustancialmente mayor que antes de su “visita” al gobierno federal.

Todo legal, por supuesto, porque aquí nadie está vulnerando ninguna ley.

A pesar de que siempre me he quejado de que el sistema de oposiciones para entrar en la administración española, sus rocambolescos exámenes sirven para prevenir esta clase de aventuras. Alguien en PwC no puede “irse” a la Agencia Tributaria un par de años, porque eso exige comerse años de estudios antes de sacarse una plaza. El sistema español no evita que un abogado del estado o alto funcionario al azar dé el salto desde la administración a la empresa privada, por descontado, pero ese es un problema relativamente menor comparado con el descontrol aquí.

También es de recibo recalcar que este es uno de los motivos por los que los funcionarios deben estar muy bien pagados y tener condiciones laborables mejores que las del sector privado - especialmente aquellos en posiciones de responsabilidad. Una de las ventajas del ADIF (porque siempre acabamos con trenes en esta casa) es que sus ingenieros cobran más que sus colegas en el sector privado, así que no tienen demasiados problemas en retener talento. En Estados Unidos, los ingenieros de los departamentos de transporte se van a consultoras tan rápido como pueden. Los salarios en el sector público no son bajos (es más, cobran mucho más que sus colegas en el ADIF) pero es un país tan rico y desigual que las empresas privadas pueden ofrecerles mucho más. (...)"                         (Roger Senserrich , Four Freedom, 21/09/21)

23.6.16

El escándalo Volkswagen, un fraude dentro de otro... de la justicia norteamericana... dentro de otro de las ONG norteamericanas del automóvil

"Un estudio de la inteligencia francesa expone el caso como un capítulo de la guerra industrial entre Estados Unidos y la Unión Europea, en vísperas del gran acuerdo comercial transatlántico. 

El escándalo del dieselgate  iniciado el año pasado contra Volkswagen y que supuso un colosal golpe en el bajo vientre al mayor fabricante mundial de automóviles, “fue concebido por Estados Unidos como un ataque para fortalecer su posición económica y política ante la Unión Europea”.

 Así lo afirma un estudio que acaba de divulgar la Ecole de Guerre Economique  (EGE) de París, un centro vinculado al Ministerio de Defensa francés que se dedica a la formación de cuadros en inteligencia económica desde hace veinte años.

Titulado “Las interioridades del asunto Volkswagen” el informe de la EGE explica que en el escándalo Volkswagen, la concentración de la atención mediática alrededor de los mecanismos utilizados para organizar el fraude de las emisiones o de la situación financiera de la empresa alemana, “ha ignorado la dimensión estratégica del asunto”. 

Tratándose manifiestamente de un problema global, la investigación se limitó al diesel y no a los vehículos de gasolina, para hacer daño a los fabricantes europeos por la sencilla razón de que el diesel representa el 53,6% de los vehículos en la UE y menos del 5% en Estados Unidos. De lo que se trataba, dice, era, “de atacar una ventaja tecnológica de la industria automovilística europea ante su competidora americana”.

Las inocentes organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos que fueron presentadas como iniciadoras del escándalo, el International Council on Clean Transportation (ICCT) y el Center for Alternative Fuels Engines and Emissions (CAFEE) de la Universidad de West Virginia, autor de los peritajes de las emisiones que ofrecieron la base a la acusación formulada el 18 de septiembre de 2015 por la Agencia Americana del Medio ambiente (EPA), aparecen en el estudio francés como meros instrumentos de la industria del automóvil americana.

La Fundación Ford responde de más del 90% de la financiación del ICCT en los años 2012 y 2013. Ford y General Motors figuran entre los clientes del CAFEE, información que desapareció de la página web de la Universidad de West Virginia el pasado 8 de febrero. 

¿Es casual esta desaparición?, se preguntan los autores del informe. En cualquier caso la iniciativa de ambas organizaciones fue presentada por los medios anglosajones, y de ahí al resto, como la inocente y ejemplar lucha de un David no gubernamental contra un poderoso Goliat industrial, como anunció el titular de la agencia Reuters del 23 de septiembre de 2015. 

“David Carder, el investigador de la Universidad de West Virginia de 45 años ha desafiado con cuatro colegas a una de las empresas más poderosas del mundo”, fue, con pequeñas variaciones de estilo, el romántico mensaje lanzado en Francia por medios como el diario económico Les Echos o el semanario L’Obs, en septiembre de 2015.

El estudio francés describe, “una utilización de la justicia de Estados Unidos al servicio de los intereses de su economía” y cita un estudio de la OCDE de 2014 según el cual en los últimos diecisiete años la justicia americana ha iniciado la mitad de las sanciones por corrupción transnacional, con tendencia a castigar a la competencia; “de las diez mayores multas impartidas, siete concernían a empresas no americanas”, dice. 

Las multas contra empresas americanas del automóvil, como la de 900 millones de dólares impuesta a General Motors en septiembre de 2015, están claramente por debajo de las impuestas a la competencia, los 1.200 millones impuestos a Toyota en 2014, justo cuando esa industria japonesa arrebató el título de primera compañía mundial del sector a General Motors, por no hablar de los 20.000 millones que se piden contra Volkswagen después de que la empresa alemana realizara grandes inversiones en Estados Unidos con considerables aumentos de ventas en sus coches diesel (33% entre 2012 y 2013) en aquel mercado.

Además de su oportunidad industrial, la sincronización informativa del escándalo Volkswagen fue “perfecta” para “obtener el máximo impacto mediático”: se lanzó al día siguiente de la apertura del salón del automóvil de Francfort, donde los ejecutivos de Volkswagen fueron inmediatamente asediados por la prensa. “Se hizo patente que los objetivos perseguidos no eran solo de orden judicial”, señala el estudio.

Políticamente el escándalo presentaba dos ventajas para Estados Unidos. Cuando la realidad es que las normas ambientales y sanitarias europeas son más estrictas que las americanas, el dieselgate produjo la sensación contraria: que son los europeos los más laxos. 

En el marco de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE (TTIP), cuando según la previsión de los estudios americanos disponibles los constructores europeos podrían embolsarse el grueso de los 18.000 millones anuales de beneficio que el sector obtendría con la liberalización comercial, “la debilitación de Volkswagen es el golpe de gracia a su progreso”.

A dos meses de la Conferencia de París sobre el calentamiento climático (COP 21, diciembre de 2015), en la que se acumulaban los reproches a Estados Unidos por su bloqueo al progreso ambiental global, el efecto del escándalo tiene también una particular lectura. Ante este panorama, la pregunta que se impone es por qué Volkswagen, Alemania, la Unión Europea, no objetaron, pelearon o denunciaron esta situación. 

“Para ellos es muy difícil reaccionar porque están comprometidos y prefieren optar por un perfil bajo”, responde Christian Harbulot, director de la Ecole de Guerre Economique y del estudio sobre el caso Volkswagen. “Los americanos fueron muy astutos al montar una operación para obligar a Volkswagen a reconocer que había mentido”. “No es la primera vez que se asiste a maniobras informativas de este tipo cuyo objetivo es que aparezca la mentira en un aspecto concreto y se provoque una confesión”, dice este experto.

Las empresas francesas han acumulado una larga experiencia punitiva con la justicia de Estados Unidos. “En los años noventa Perrier tuvo que retirar centenares de miles de botellas de agua mineral por omitir en su etiqueta el uso de gas no natural en el producto, lo que hizo perder a la empresa el 25% del mercado cuando estaban en pleno crecimiento en el mercado de EE.UU”, recuerda Harbulot. Antes, el grupo electrónico francés Schneider conoció enormes presiones judiciales en la época en la que era un fuerte competidor de General Electric.

 “Ningún miembro de su dirección podía tomar un avión sin exponerse a ser detenido”, explica el director del estudio. Más recientemente el director de la sección de turbinas de Alstom fue detenido en un aeropuerto americano y le metieron 18 meses en una cárcel de alta seguridad, por no haber revelado una mordida en un país del sudeste asiático. “Nada de todo esto dio lugar a noticias en la prensa francesa, lo que habría sido inimaginable en una situación inversa con empresas americanas”, dice Harbulot sugiriendo la conocida y manifiesta debilidad estratégica de los europeos en estas cuestiones.

En Alemania, asunto de estado
 
En Alemania el escándalo Volkswagen es un asunto de Estado que ha sido cubierto por un casi completo silencio, denuncia la reputada asociación alemana ambientalista y defensora del consumidor Deutsche Unwelthilfe (DUH). Las investigaciones oficiales avanzan a la velocidad del caracol y en el más estricto secreto. DUH afirma disponer de “abundantes indicios” de fraude ambiental en distintos modelos de Opel, Renault, Fiat y Mercedes, además de Volkswagen.

 Los intentos de la organización por realizar sus propias pruebas de emisión han chocado con la negativa de todos los laboratorios capacitados en Alemania, lo que obligó a realizarlas en un laboratorio suizo que “resistió las directas presiones de los fabricantes alemanes de automóviles”, señala la organización.

 El problema fundamental del escándalo Volkswagen es que, como toda operación propagandística, se basa en un hecho cierto: la falta o delito denunciado no es un invento. Al contrario, el fraude industrial es una realidad generalizada en la industria del automóvil, donde todo el mundo tiene algo que ocultar.

Una cronología 
 
Junio de 2012: La Organización Mundial de la Salud declara cancerígenos los gases de escape diesel.
Julio de 2013: Inicio de las negociaciones sobre el TTIP Julio 2015: Volkswagen anuncia su título de primer fabricante mundial de coches
17 de septiembre de 2015: Apertura del Salón del Automóvil de Francfort (17 al 27 de septiembre)
18 de septiembre de 2015:La Agencia de EE.UU para el Medio ambiente (EPA) acusa a Volkswagen de haber equipado por lo menos 11 millones de coches con un software para falsificar las pruebas anticontaminación
20 de septiembre de 2015: Volkswagen reconoce el fraude
25 de septiembre de 2015: Pérdida del 35% de la capitalización bursátil de Volkswagen entre el 21 y el 23 de septiembre. Dimisión de Martin Winterkorn como director.
4 de enero de 2016: la justicia de EE.UU y la EPA reclaman una multa de más de 20.000 millones de dólares a Volkswagen"                      (Rafael Poch de Feliu , La Vanguardia, en Rebelión, 21/06/16)

5.6.15

Obama destruye la corrupta FIFA, no por corrupta, sino para vengarse de que EEUU no fuera escogido como sede del mundial de 2022

"Este artículo aporta noticias desconocidas en los medios españoles acerca del caso de corrupción de la FIFA.

1. (...) La pregunta que se hacen muchísimos columnistas progresistas en EEUU es: ¿por qué se lleva a la FIFA ahora a los tribunales y no se ha hecho antes con los banqueros, tanto estadounidenses como europeos, que están corrompidos hasta la médula, que se han saltado todas las normas contra la evasión fiscal conocidas, y que están protegidos por los paraísos fiscales? 

Creo que es una pregunta lógica que no he visto que se haya hecho en ninguno de los rotativos en España. Que esta pregunta se haga no implica que debiera dejar de perseguirse a la FIFA. Pero sí que deben cuestionarse las prioridades de la oficina fiscal del Estado federal. 

 Es casi imposible no pensar, como han hecho varios articulistas en la prensa estadounidense, que la fiscal del Estado federal lo ha hecho bajo el mandato de la Administración federal de vengarse de que EEUU no fuera escogido como sede del campeonato mundial de fútbol de 2022, como había pedido el gobierno federal de EEUU. No hay duda de que este conocía de la corrupción en la FIFA desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora, pues, y no antes?

2. Es interesante notar que las bases legales en las que se apoya la Fiscalía del Estado federal para poder tomar tal acción contra personas que no son ciudadanos estadounidenses, por hechos no realizados en territorio de EEUU, es, ni más ni menos, que la ley antiterrorista aprobada por el Congreso a raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 

Esta ley da autoridad para que el Estado Federal actúe como policía internacional, actuando según los que considere son sus intereses. La corrupción de la FIFA es denunciable, pero no tiene nada que ver con el terrorismo internacional. Se utiliza la ley antiterrorista, sin embargo, para menesteres e intervenciones que no tienen nada que ver con el terrorismo.

3. La FIFA es una de las empresas transnacionales de mayor dimensión, con unas de las tasas de beneficios más altas (obtuvo 1.500 millones de dólares –algo más de 1.300 millones de euros– solo del campeonato mundial de Brasil). Y, sin embargo, no paga ni un centavo en impuestos. 

Se la considera una asociación sin ánimo de lucro, cuya sede está en Suiza. Toda la evidencia existente apunta a que es una empresa altamente corrupta y que los votos en las votaciones para escoger la sede del Mundial se basan no en las condiciones ideales para realizar el campeonato, sino en la capacidad de comprar votos.

4. Qatar es uno de los países que reúne peores condiciones para realizar el campeonato, con unas temperaturas de 150º Fahrenheit (equivalentes a 65º centígrados). Es, además, uno de los países con mayores violaciones de derechos humanos hoy existentes en el mundo. 

Es un Estado dictatorial, basado en una enorme represión, en el que la clase trabajadora (la mayoría inmigrantes) carece de los más elementales derechos laborales. Según la Confederación Internacional de Sindicatos, 1.200 trabajadores inmigrantes han muerto desde el año 2010 cuando se seleccionó a Qatar para la celebración de los juegos mundiales en el 2022. 

El grado de crueldad de que es capaz tal régimen queda demostrado en el hecho que los trabajadores inmigrantes procedentes de Nepal no fueron autorizados a ir a ver a sus familias tras el terremoto que tuvo lugar en aquel país. Un inmigrante nepalés murió cada dos días en 2014.

Y Qatar es el país que la camiseta de los jugadores del Barça está promoviendo, convirtiendo al Barça -que fue el club deportivo identificado con la lucha por la libertad y por la democracia en Catalunya y en España- (y cuyo presidente fue fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil) en un promotor de aquel régimen. Una auténtica vergüenza que está dañando enormemente la imagen del club a nivel internacional. (...)

6. El Presidente de la FIFA, el Sr. Blatter (que ha dimitido hoy), ha presidido esta asociación con pleno conocimiento y participación de las malas prácticas que se están realizando. En realidad, ha estado evitando visitar varios países, como EEUU, por temor a ser detenido. 

Era incluso probable que no hubiera ido al campeonato mundial de fútbol femenino en Canadá –un gran evento que está siendo marginado incluso por la propia FIFA-. Preguntado el Sr. Blatter sobre qué es lo que podría hacerse para dar mayor promoción e interés popular a este evento, respondió que “las jugadoras se cortaran al máximo posible sus pantalones”. Esta es la calidad de tal personaje (...)"              

(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 3 de junio de 2015, en www.vnavarro.org, 03/06/2015)

4.11.11

" En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”

" En EE.UU. corrupción rara vez es “corrupción”. Tomemos como ejemplo a nuestro presidente, quien ha sido muy claro: no aceptará dinero de lobistas para su campaña electoral.

El único problema: según el New York Times, es que 15 de sus principales “embolsadores”, los que dan su propio dinero y solicitan el de otros –ninguno registrado como lobista federal– están “involucrados en cabildear en negocios de consultoría de Washington o compañías privadas”, y juntan millones para Obama.

También tienen acceso a la Casa Blanca respecto a asuntos políticos. Según un informe de junio del Centro por la Integridad Pública: “el presidente Obama otorgó chollos y nombramientos a casi 200 personas que reunieron grandes sumas para su campaña presidencial (2008), y sus principales recolectores de fondos han ganado millones de dólares en contratos federales”.    (...)

Claro que nada de esto es “corrupción”, solo es un modo de vida de ‘tú paga y yo hago política’, que se extiende al complejo militar-industrial y a un Pentágono que ha gastado solo en la última década 1 billón (millón de millones) de dólares para comprar nuevas armas a fin de “modernizar” su arsenal. Mientras tanto, cada alto funcionario civil, general, o almirante sabe que alguna compañía de armamentos lo espera con (por así decir) los brazos abiertos, cuando decida pasar por la puerta giratoria hacia el “retiro” y el sector privado.

Los resultados son sorprendentes. El gigante del armamento Lockheed Martin pagó 12,7 millones de dólares en gastos de cabildeo en 2010. Ese año su jefe ejecutivo se llevó a casa 21,89 millones de dólares. Y la compañía acaba de informar de beneficios netos en el tercer trimestre de 700 millones, batiendo las expectativas de los analistas, y predice más de lo mismo para 2012. Ventaja para Lockheed.

De la misma manera, los máximos consejeros económicos del gobierno provienen regularmente de (y acaban o vuelven a) los brazos de bancos y gigantescos grupos financieros, las mismas firmas que derraman dinero en campañas políticas.

No es más que otra versión del mismo mundo confortable, bien organizado, en el cual, por ejemplo, Robert Rubin pasó de Goldman Sachs al gobierno como secretario del Tesoro de Bill Clinton en los años noventa, y luego se fue a Citigroup, al que ayudó a arruinar hasta que fue rescatado en condiciones tan generosas en noviembre de 2008. En esos años, ganó algo como 126 millones de dólares. Ventaja para Rubin.

Pero hay que recordar: no se trata de corrupción. Solo sucede que así funciona nuestro mundo. Hay que acostumbrarse.   (...)

Mantenemos silencio durante algunos instantes, mientras pasamos los pequeños arbustos. Entonces Godfrey pregunta: ¿No pasa lo mismo en EE.UU.?
Ni siquiera dudo. No realmente, le digo: no de un modo tan flagrante, y no frecuentemente, ciertamente no todo el tiempo.

Solo que entonces me pongo a pensar, porque esa respuesta resulta ser demasiado resbalosa. No es que EE.UU. carezca de corrupción, agrego, o incluso una corrupción generalizada. Simplemente no es del bajo nivel y del tipo banal como lo que acabamos de vivir, en todo caso no en la mayor parte de los casos.

En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”.

Las campañas electorales han llegado a ser tan costosas que los candidatos tienen que salir a mendigar, humildemente, ante cualquiera que esté dispuesto a financiarlos. Y los multimillonarios, millonarios, banqueros y operadores de fondos de alto riesgo y administradores de portafolios y directores ejecutivos y sus lobistas están, por su parte, felices de contribuir.

Lardean a los “representantes del pueblo” con grotescas “contribuciones” después de las cuales esos representantes se muestran demasiado dispuestos a dar un giro y entregar miles de millones de dólares en incentivos tributarios específicamente seleccionados y subsidios estructurados específicamente para ellos, preciosos dólares que ya no se pueden utilizar para financiar escuelas, clínicas o plazas de recreo o para promover el bien público de alguna otra manera.

Y es peor que eso: una vez que se jubilan los congresistas o su personal superior consiguen casi invariablemente puestos de lobistas trabajando para las mismas industrias que antes controlaban, otro incentivo para no molestar a esos intereses adinerados mientras están en la nómina pública.(...)

En Uganda, la corrupción surge frecuentemente de la desesperación. En EE.UU., de un modo más habitual, sus fuentes son la codicia, pura y simple. Y es difícil decidir cuál es más desalentadora, más asquerosa, más repugnante. (...)


“Está bromeando”, interrumpió Godfrey. No: ¡Ni siquiera, se siente embarazado! La educación, entre tanto, se financia con los limitados impuestos locales sobre los bienes raíces, y los ricos se aseguran de que sea así. ¿El resultado? Sus hijos reciben una educación mucho mejor que los que viven en vecindarios más pobres.

Cuando la gente trata de remediar esa injusticia mediante programas de acción afirmativa que por lo menos reconocen la injusticia de la competencia por lograr acceso, por ejemplo a la universidad, los ricos protestan y consiguen jueces que rechacen esos programas por racistas.

Sin embargo, están perfectamente contentos al aprovechar otros programas que aseguran la aceptación de los hijos de ex alumnos, no importa su rendimiento escolar, y nadie dice nada. Todo es perfectamente legal."              (Rebelión, 04/11/2011, 'El arte de la extorsión del Nilo al Potomac', Lawrence Weschler,Tom Dispatch)