Acusados en el caso del espionaje político presentan ante la Asamblea un relato detallado de las cloacas del PP madrileño de Esperanza Aguirre

"En octubre de 2009, Manuel Cobo, vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, criticó la “gestapillo” organizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las maniobras en la sombra por el control de Caja Madrid. “Lo que está haciendo la gente de Aguirre es de vómito”, tituló El País en portada. 

 La frase le acarreó la suspensión de militancia el PP. Meses antes, Cobo había denunciado ante la Fiscalía haber sido víctima de espionaje: según afirmó, agentes de la Guardia Civil en excedencia, dependientes de la Consejería de Justicia e Interior de Francisco Granados, realizaban seguimientos ilegales a políticos.

 Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre, e Ignacio González, vicepresidente entonces, se sumaron a la denuncia.

El caso, archivado y posteriormente reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, se encuentra, siete años después de iniciarse, en fase de instrucción. La comisión que investiga la corrupción política en la Asamblea de Madrid ha escuchado a tres de los encausados que solicitaron comparecer y aportar su versión sobre lo ocurrido.

 El viernes 4 de marzo, los agentes recogieron todas las piezas del puzle y presentaron un relato de corrupción y espionaje que implica a todas las piezas nobles de la era Aguirre, las batallas internas y su relación con los episodios más oscuros de esos años.

Los comparecientes, dos guardias civiles –José Oreja y Antonio Coronado-- y un técnico de seguridad –José Manuel Pinto--, niegan que haya ninguna labor de espionaje. Las órdenes, sostienen, sí se dieron, en marzo de 2008. Pero ellos alertaron de las mismas a sus superiores, aducen, y sufrieron primero una situación de acoso laboral, y después fueron señalados ante la opinión pública como autores de los seguimientos.

 Los agentes aseguran ser los chivos expiatorios de un montaje que serviría para encubrir el espionaje político que estaba teniendo lugar en Madrid, para evitar así encausar a sus responsables directos.

Los tres declarantes trabajaban en la Dirección General de Seguridad creada en 2006 por la Consejería de Justicia e Interior que dirigía entonces Alfredo Prada. El responsable de aquel departamento era Sergio Gamón, policía nacional que había trabajado como jefe de la escolta personal de Esperanza Aguirre en su etapa de ministra y por un breve tiempo en el Senado; y su subdirector era Miguel Castaño, también policía y exjefe de seguridad del Canal de Isabel II. En junio de 2007, Francisco Granados asume las competencias de Interior y en ese escenario contrata como asesores de seguridad seis agentes, tres policías y tres guardias civiles.

José Oreja llegó a la Dirección de Seguridad recomendado por el entonces concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valdemoro, localidad de la que Granados fue alcalde, mientras Antonio Coronado llega a través de José Luis Caro Vinagre, tercer guardia civil del cuerpo de asesores y amigo personal de Granados. Caro Vinagre aparece en el sumario de la Púnica como nexo entre el político y el agente que informa a Granados de que estaba siendo investigado.

 Los tres policías --Roberto Casielles Casielles, José Manuel Rodríguez González y Belén Espartero Rodríguez-- llegan inmediatamente después a la dirección, y según los comparecientes, eran gente de confianza de Sergio Gamón.

Según el relato aportado en la Asamblea por los agentes, a principios de marzo de 2008 los seis asesores fueron convocados al despacho de Gamón. “Nos dice que por especial interés del vicepresidente Ignacio González hay que recabar una información de unas personas, unos seguimientos y unos objetivos”, explica Oreja.

 Entre estos nombres se encuentran los del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón; su mano derecha, Manuel Cobo; el consejero Alfredo Prada, y la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que por entonces era vicepresidenta de la Asamblea.

Luchas por el control del PP

Son los años de la versión hardcore del aguirrismo. Hoy vivimos  la resaca económica y judicial de aquellos tiempos locos: agujero de 23.000 millones en Bankia, pelotazos urbanísticos, Gürtel y Púnica, infraestructuras faraónicas a medio construir… Y luchas por el poder en el PP.

A principios de marzo de 2008, de ese marzo al que aluden Oreja y Coronado, el domingo día 9, Mariano Rajoy fracasa por segunda vez en su intento por alcanzar La Moncloa. Zapatero llega al poder y Esperanza Aguirre siente que ha llegado su momento. 

Cuenta con el blindaje de un apoyo mediático muy amplio --que arrea de lo lindo a Rajoy al tiempo que encumbra a la baronesa--, y con la legitimidad de haber barrido a la oposición del PSOE en 2007, haciendo olvidar el tamayazo de cuatro años antes. Pero le faltan apoyos dentro del partido.

Los nombres que Oreja y Coronado aseguran que se mencionaron en aquel despacho de la calle Gobelas de Madrid (sede de la dirección general de Gamón) corresponden a políticos madrileños muy  próximos a Rajoy. Pero no es esa la única huella de espionaje en aquellos años. Meses más tarde, cuando el escándalo salta a la prensa, en los periódicos se habla de dossieres de alto nivel. 

Se dice que Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, dispone de dossieres con información comprometida sobre Ignacio González y Francisco Granados, lugartenientes de Aguirre, que mantienen una disputa interna por situarse en primera posición ante un posible relevo en el PP de Madrid. Y que a su vez cuentan con sus propios dossieres.

Uno de ellos, de 2007, acusa a González, entonces vicepresidente regional, de haber disfrutado de un viaje a Sudáfrica pagado por un empresario. También se filtran grabaciones de un viaje de González a Cartagena de Indias (Colombia) junto a un consejero de Martinsa en las que se sugiere el pago de grandes cantidades de dinero en efectivo. 

Sucesivas informaciones revelan pagos a la agencia de detectives Método 3 para investigar tanto a González como a Granados, a través de empresas de David Marjaliza –amigo de Granados e imputado en la Operación Púnica-- y de un empresario implicado en la Gürtel, según cuenta Francisco Marco, director de la agencia, en su libro El Método, en el que dedica un capítulo del libro a González. 

Lo que no es dossier también apesta. En octubre de 2006 alguien quema el coche de la mujer de Granados y se descubre que no es suyo, sino de una constructora.

“En mitad de esa guerra sucia que tienen aparecemos nosotros. Sin conocer a nadie. Y con esa realidad se atreven a mandarnos esa barbaridad (los seguimientos a políticos). No necesitaban nada de nosotros”, se lamenta Oreja  tras enumerar esos casos.

Los agentes sostienen que el espionaje formaba parte de la rutina política de la Comunidad de Madrid, antes incluso de la creación de la Dirección General comandada por Sergio Gamón.

Otro caso especialmente sórdido fue el que protagonizaron las dos secretarias del periodista Manuel Soriano.

En junio de 2010, el diario El País publica una entrevista con una de ellas, la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana. Esta afirma que su marido había investigado en 2005 a su compañera, la otra secretaria del director de Telemadrid Manuel Soriano, tras la denuncia de acoso sexual interpuesta por aquella contra este. 

Cinco años antes, Laviana –que pasó de ser secretaria personal de Aguirre a serlo del director del ente televisivo— había declarado como testigo en el juzgado y negó el acoso a su compañera de despacho. La causa contra Soriano acabó archivada por falta de pruebas, y la secretaria que denunció el acoso perdió su trabajo.

 En 2005, esta aseguró haber sido víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un grupo de personas. Según reconoció Laviana en 2010, estas tareas fueron encomendadas a su expareja, Gamón, por Ignacio González. Tras hablar, Laviana fue despedida de Telemadrid.

Laviana aseguró incluso que la incorporación de Gamón a la administración autonómica se debió al reconocimiento por aquel servicio. En 2005, Gamón era jefe de escoltas de la entonces vicepresidenta del Gobierno del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, con la que estuvo 16 meses. 

Cuando Esperanza Aguirre, su anterior jefa en el Senado y en Educación y Cultura, creó en mayo de 2006 la Dirección General de Seguridad, puso a Gamón al frente de la misma. Fuentes de la Asamblea durante esos años aseguran que el testimonio de Laviana iba mucho más allá del espionaje a su antigua compañera y que alcanzó estructuras de poder al más alto nivel.

¿Un montaje para encubrir el espionaje político?

“¿Qué necesidad tenían de traernos si ya lo están haciendo? La única explicación que encuentro es tramar un montaje para que nos lo comamos nosotros y así salvarse ellos de culpas y penas”, afirmó Coronado ante la Comisión. 

Tanto él como sus compañeros sostienen que Francisco Granados les prometió una solución que nunca llegó. “Ahí es cuando empezamos a comprender que, efectivamente, las órdenes procedían de Ignacio González y que el señor Granados no mandaba sobre Gamón”.

Los agentes acusados aseguran que los seguimientos nunca se llevaron a cabo, pero que fueron obligados por Gamón y Castaño a acudir a lugares concretos y a reportar “informes vacíos de contenido operativo”. Aseguran que vieron cómo Castaño escribía sobre esos informes y denuncian que al mandarles a unas posiciones concretas, sus jefes “trataban de preconstituir una prueba” con la que justificar el espionaje.

Meses después, Gamón fue cesado de su puesto. No porque trascendieran los seguimientos, sino por su responsabilidad ---no depurada jurídicamente--- en la desaparición del ordenador de un colaborador de Prada en el Campus de la Justicia, en junio de 2008. Días antes Rajoy había salvado su cabeza en el Congreso del PP de Valencia, y Prada, afín al presidente del PP, había sido destituido del Gobierno de Aguirre.

A pesar del cese, Sergio Gamón fue recolocado en otra área de Seguridad con sueldo de alto cargo, esta vez sin equipo conocido. Según el testimonio de los agentes personados en la Asamblea, los agentes de policía que prestaban servicio en la Dirección General dejaron de hacerlo: uno se reincorporó al cuerpo y los otros dos “desaparecieron durante tres años con los teléfonos y los coches de trabajo”. El puesto de Gamón pasó a ocuparlo Enrique Barón, hasta entonces jefe superior de la Policía de Madrid.

“Con la llegada de Enrique Barón, la Dirección General alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas. Y hay un rastro evidente de esto en multitud de ocasiones”, relató Oreja en la sesión del viernes 4 de marzo.

Barón, que acabó siendo jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional, fue identificado como el enlace que propició el encuentro entre Ignacio González y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en La Mallorquina, con motivo de la investigación del ático del vicepresidente regional (por el cual están llamados a declarar González y el empresario Enrique Cerezo).

 Otra de las ocasiones nombradas por Oreja es la intermediación del consejero Granados en el “problema extramatrimonial” del consejero de OHL, Javier López Madrid --yerno de Villar Mir, amigo personal de los Reyes e investigado en la causa sobre la financiación ilegal al PP de Madrid--. Se trata del supuesto acoso sexual de López Madrid a la dermatóloga Elisa Pinto, causa en la que también está involucrado el comisario Villarejo.

Es con Barón al frente de la dirección cuando se publica en enero de 2009 en el diario El País la existencia de un pequeño CNI a la madrileña dentro de la Consejería de Granados, con agentes en excedencia que realizan investigaciones e informes.

 En las informaciones posteriores no hay mención de Gamón ni de los policías que prestaban tal servicio, solo las filiaciones de los tres guardias civiles como autores de los seguimientos. Y apuntaban a que la autoría de esos informes recaía en una de las personas de la dirección, pero que no formaba parte del grupo de los agentes: el técnico Juan Manuel Pinto, que trabajaba en labores de seguridad muy próximas al consejero Prada.

Pinto, compareciente en la Asamblea, niega rotundamente haber sido autor de tales informes. Los agentes suscriben su versión, y afirman que la autoría corresponde a la mano derecha de Gamón en la dirección general, Manuel Castaño. 

El técnico aseguró que Pedro Agudo, número dos de Barón, se dirigió a él en un encuentro en los siguientes términos: “Me dijo que había venido a la Comunidad de Madrid a cazar a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados porque eran unos chorizos.

 Intentaba meterme en un lío. Creo que buscaba hacerme partícipe de un hecho delictivo, esperando que contestara, ‘venga, a por ellos’”. Pinto entiende ese intento como parte de la lucha por el control de Caja Madrid por parte de la Comunidad. “Aguirre quería a toda costa a Ignacio González en Caja Madrid. Tenían que buscar algo que distrajera. Lo primero que hicieron fue acusarnos de llevarnos un ordenador de Ciudad de la Justicia”, dijo el viernes.

Los agentes acabaron renunciando al letrado que la Administración les había otorgado. “A partir de que cambiamos de abogado comenzamos a estar defendidos”, arguyen. “Si Gamón y Castaño están imputados es porque nosotros lo pedimos. No les quedó más remedio”. Aseguran que hasta los propios responsables políticos han reconocido en ocasiones que la responsabilidad de estos seguimientos recaía en otros.

En una reunión con Granados, apartado ya del Gobierno de la Comunidad de Madrid, aseguran que les llegó a confesar que estaba convencido de que todo era un montaje. “‘A Ignacio González lo único que le interesa es si vais a cantar o no’, nos dijo. No quería líos porque quería ser presidente. Ese día nos dijo que Esperanza Aguirre le había dicho que íbamos a mantenernos al menos hasta el final de la legislatura. 

Y que eso se lo teníamos que recordar al nuevo equipo de Gobierno”. El consejero responsable de ese área era entonces Salvador Victoria, hoy imputado en la Operación Púnica.

Precisamente en el sumario de esta operación se registra una llamada de la propia Esperanza Aguirre a Francisco Granados cuando este ya estaba fuera de la Comunidad, el mismo día en el que el exconsejero estaba llamado a declarar ante la juez.

Los agentes acusados afirman, además, que tras el cambio de abogados han recibido presiones para que su declaración no afectara a otros cargos. Oreja, por ejemplo, asegura que la persona que le recomendó para el cargo, el concejal de Valdemoro Manuel Salguero, le llamó para decirle que tuviera “mucho cuidado” con lo que podía decir en el juzgado. Pinto, por su parte, aseguró que en su casa se presentaron Gamón y Belén Espartero, agente del equipo de la Dirección, para advertirle: “No eches mierda sobre el señor Granados y el señor Castaño”.

Belén Espartero, junto a su compañero José Manuel Rodríguez, está llamada a declarar la próxima semana en la siguiente sesión de la comisión de investigación de la corrupción madrileña. 

Junto a ella también están llamados a declarar Miguel Castaño, subdirector de Gamón, y Yolanda Laviana, la exmujer de Gamón que denunció el hostigamiento a la secretaria de Soriano en 2005, antes de la creación de la dirección general de la que parte el caso de los espías."                      (Alex Moreno, CTXT, 09/03/16)

‘Todo el PP’ en las SICAV... pero sólo dimite un diputado, el de IU

"La historia de los fondos de pensiones de los europarlamentarios, ‘protegidos’ en una SICAV, que destapó el digital infoLibre, parece estar tomando definitivamente un sesgo curioso.

 Quizás porque la decisión de dimitir del europarlamentario Willy Meyer, cabeza de cartel de Izquierda Unida, coincidió con las declaraciones del diputado Vicente Martínez Pujalte del PP calificando esta dimisión de “hipócrita” y diciendo que los eurodiputados tienen todo el derecho a “decidir cómo van a prever su vejez”.

 Es decir, que parece que las consecuencias del ‘escándalo de la SICAV’ de los europarlamentarios sólo afecta a los que tienen su origen en los grupos de izquierda, y que los del PP no cargan con ‘pena’ por asuntos de ética.

Sin embargo, en las filas del PP hay participantes en el fondo. Y muchos. Concretamente 43, como se puede comprobar, nombre por nombre, pinchando aquí. Cuarenta y tres diputados entre los que hay varios que bien merecen no olvidarse. 

Ni sus explicaciones, en los pocos casos en las que las han dado…, aunque para ellos no hay problema moral alguno, al parecer, en cobrar de dinero público, para disfrutar de dos pensiones.., y al tiempo ser ministro del Gobierno. Incluso, ser ministro de Hacienda.

Y es que, como se ha contado, entre los ‘beneficiarios’ del fondo está nuestro actual ministro de los dineros públicos, Cristóbal Montoro, que, recordamos, reconoció que tiene ese fondo, y se ‘excusó’ en que lo incluye en su declaración de patrimonio, así como en la declaración de bienes y rentas que presentó en el Congreso de los Diputados al iniciarse la legislatura.

La realidad es menos ‘concluyente’. Lo único que podemos comprobar en la página del Congreso es que Cristóbal Montoro dice en la declaración tener “3 fondos de Pensiones”, por un valor de 119.429,08 euros. Sin especificar más.

Pero al menos él declara eso. La otra ministra actual del Gobierno Rajoy que aparece en el listado, Ana Mato, ni siquiera reconoce en la declaración en el Congreso tener fondo de pensión alguno. Claro, que teniendo en cuenta cómo ha afrontado su ‘relación’ con la trama Gürtel, su silencio en este caso no debe extrañar.

El ‘medio ministro’ implicado en el asunto, claro, es el cabeza de lista del PP para la Eurocámara, Miguel Arias Cañete, que saltó de la cartera de Agricultura a Bruselas, supuestamente camino de ser nombrado comisario. Un hecho que cada vez parece más y más improbable. 

En este caso la cosa es de más mérito, porque el exministro fue no sólo partícipe, sino también administrador de la SICAV. Sus declaraciones al respecto, aunque parecen evasivas, en realidad son muy ilustrativas: “Probablemente ningún eurodiputado sabía que su fondo lo gestionaba una sicav luxemburguesa”, dijo; pero como él no podía aplicarse esa excusa puesto que era, como decimos, uno de sus gestores, en su caso añadió que “no me acuerdo cómo se pagaba aquello en aquel momento, hace casi 15 años que no estoy (en el Europarlamento)”.

Pero hay otros dos altos cargos de la Administración que también aparecen en el listado. Uno, el secretario de Estado Iñigo Méndez de Vigo, IX barón de Claret, que estuvo durante 20 años ocupando un escaño en el Parlamento.

 No constan explicaciones suyas sobre este asunto. Lo mismo que sucede en el caso de la actual presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, de quien tampoco figuran argumentos, ni disculpas, ni declaraciones de renuncia al fondo.., ni nadie parece requerírselo.

Del resto del listado, destacaremos otras dos personas. Una porque es un hombre de gran influencia, aunque no muy conocido. Nos referimos a Francisco Millán Mon. Eurodiputado ya veterano…, además de amigo personal del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y aún más importante, si cabe, ‘cuñadísimo’ de Mariano Rajoy ¿Va a renunciar al fondo? ¿Considera que hay algo poco ético en él? No consta, pero no lo parece.

El otro nombre que destacamos, por ser un personaje muy dado a reclamar con vehemencia moralidad pública…, al menos en los demás, es el de Luis Herrero, el compañero de Federico Jiménez Losantos en esRadio, la emisora de Libertad Digital."          (El Plural, 01/07/2014)

Blesa le buscó a Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela

"El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, actuó como intermediario entre José María Aznar y una empresa armamentística, según ha revelado Infolibre que ha tenido acceso a algunos de los correos electrónicos en los que se demuestra la gestación de un contrato para el expresidente del Gobierno.

La empresa Einsa (Equipamientos Industriales de Manutención SA), contratista con la Administración durante su Gobierno, negoció directamente con el expresidente las condiciones del "contrato de cooperación". En un email enviado en octubre de 2008 por el consejero delegado de la compañía, Pedro Rodríguez Pla, en el que se disculpa por las "dudas" que le hubieran podido surgir, se explican las atribuciones que tendría como intermediario de la empresa de armas, para quien era "un honor" que el presidente de FAES firmara como "persona física".

En concreto, Einsa pretendía que Aznar ayudara a la empresa "a llegar a un acuerdo con los fabricantes de aviones (solo para RUSIA)" pudiendo contar con otro "intermediario". Rodríguez Pla dejó claro a Aznar que la introducción de otra persona en las negociaciones no supodría una merma en sus comisiones: "El importe de la comisión para este intermediario sería negociada, independiente y complementaria a la de nuestro acuerdo personal, que en ningún caso resultará afectada por la misma".

En países distintos a Rusia, la empresa contaba con Aznar solo para "seleccionar, a través de sus contactos, a un Agente Local que nos represente, con quien negociaríamos también una comisión adicional complementaria". A partir de ahí, el expresidente se limitaría a "ayudar a que las relaciones no se deterioren" y a vigilar posibles cambios que afectaran al negocio armamentístico y ofrecer soluciones.

Correos electrónicos posteriores demuestran que el consejero de Einsa informaba puntualmente a Blesa de las gestiones de Aznar. Blesa fue consejero de esa empresa entre 1991 y 1997. "Hablé ayer con el presidente y me confirmó que empieza a tener estructura (...) Me confirmó que ya está en marcha en Argelia. Me dijo también, por propia iniciativa, que se pone en marcha en Estados Unidos", explicó Rodríguez Pla al entonces presidente de Caja Madrid en diciembre de 2008, dos meses después de negociar el contrato con Aznar.

Uno de los principales intereses de Einsa era Hugo Chávez, uno de los líderes más vilipendiados desde las filas del Partido Popular. "Venezuela confirma una extraordinaria urgencia en tener operativa su aviación de combate y transporte (están operativamente a cero y por ello y por la confianza que les tienen, han pedido ayuda a nuestros amigos de la aviación cubana)", relataba el consejero delegado de la compañía a Blesa días antes de anunciarle la inminente firma  de un contrato con el país latinoamericano "por importe de 27,5 millones de euros (el más grande de nuestra historia)".

Los correos que hoy publica Infolibre son algunos de los que el juez Elpidio José Silva solicitó utilizar como prueba para defenderse de la querella que la Fiscalía presentó contra él por su instrucción en el caso Blesa. En el recurso presentado por el magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya apuntaba a una posible relación entre Blesa y la trama Gürtel y los contactos del entonces jefe de Caja Madrid con Aznar y su yerno, Alejandro Agag, sobre operaciones armamentísticas."          (eldiario.es, 29/11/2013)

Alaya archiva la causa en la que estaban imputados dos hermanos de la ministra Báñez

"La juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los tres delitos que se les imputaban.

En un auto dictado el pasado 8 de octubre, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra los siete empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio y a los que imputó los presuntos delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales.

Entre los siete empresarios imputados se encontraban Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

Asimismo, fueron imputados Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; a Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar -empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007-, y a Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario."             (Público, 14/10/2013)

Bankia reservó el año pasado 26.800 millones para cubrir préstamos de dudoso cobro, del paquete de rescate, lo que abrió el camino al rescate de todo sector financiero español

"Cinco días antes de Navidad, al ex-vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, le preguntó un fiscal que investigaba el derrumbe de Bankia S.A. si había mantenido alguna relación de negocios con Jaime Castellanos, presidente de la división española de Lazard Ltd.

“No, relación de negocios no tenemos”, declaró Rato, expresidente de Bankia, de acuerdo con las actas de la vista a puerta cerrada en la Audiencia Nacional de Madrid que se distribuyeron a las partes implicadas. “Amistad, sí”.

Tres semanas después, Ignacio Ayala, abogado de Rato, corrigió la rememoración de su cliente.

Rato, Castellanos y los demás poseen conjuntamente un solar comercial cerca de Madrid arrendado a un tercero, de acuerdo con la declaración judicial de Ayala del 10 de enero. Mantenían conjuntamente el control de una empresa mientras Rato, de 64 años de edad, dirigía Bankia, declaró Ayala.

Al mismo tiempo, Lazard facturó a Bankia 9,2 millones de euros (12 millones de dólares) por el trabajo asignado o ejecutado durante los 27 meses de permanencia de Rato al frente del banco, según dejan ver los documentos judiciales.

Su relación ejemplifica de qué manera una red de dirigentes del Partido Popular ayudó a sus socios de la élite financiera a sacar provecho mientras los bancos de ahorros, conocidas como “cajas”, acumulaban pérdidas. Esa combinación tóxica floreció durante el “boom”, avivada por la entrada de España en el euro en 1999, y sirvió para ahondar el crac que tuvo como consecuencia el rescate de 41.000 millones de euros de acreedores españoles, según Jacob Funk Kirkegaard, miembro veterano del Peterson Institute for International Economics in Washington.

‘Trama política de fraude’

“Entre las cosas que se precisan hacer para que funcione España está el tirar de la manta del núcleo de intereses de todos y cada uno” de los que están en el poder, afirmaba el 22 de mayo en una entrevista telefónica Ken Dubin, especialista en ciencias políticas que enseña en la escuela de empresariales del IE de Madrid y la Universidad Carlos III. “Se trata de una trama política de fraude gestionada en beneficio de políticos que le sorben el tuétano a la ciudadanía”.

El exdirector gerente de Lazard y antiguo jefe del Fondo Monetario Internacional, se enfrenta a una posible pena de prisión por alegaciones de contabilidad falsa, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y malversación en relación con el hundimiento de Bankia, de acuerdo con instancias judiciales. Rato y sus colegas del consejo de administración fueron imputados judicialmente el año pasado en una investigación que examinó sus paquetes de compensación y sus declaraciones sobre los balances de Bankia antes de su derrumbe.  (...)

Además de los nombramientos de asesores de Lazard, la Bankia de Rato también contrató tres pólizas de seguros por medio del Willis Group Holdings Plc (WSH), en el que Castellanos es presidente de la sección española, según afirmó en un correo electrónico su portavoz, Sarah Robson. Añadió que esa operación se realizó en  limpia competencia, aunque no quiso declarar cuánto se le pagó a Willis por ese trabajo. Willis no tenía ningún historial de contratos con Caja Madrid antes de la llegada de Rato, afirmó Robson.

“Castellanos era confidente de Rato”, afirma Andrés Herzog, abogado de Unión, Progreso y Democracia, el partido político español cuya denuncia desencadenó el procesamiento de Rato y los demás miembros del consejo de administración. “Trabajaban directamente juntos y luego trataban de disimularlo lo mejor que podían”.

Herzog, que ha asistido a las vistas a puerta cerrada, afirmó que el testimonio de Castellanos demostraba que él y Rato tomaron medidas para evitar las leyes sobre conflictos de interés. Castellanos declaró al tribunal que retrasó la firma de los contratos para evitar las normas que pudieran ralentizar los acuerdos.

Evitar retrasos

“No se puede retrasar lo que un cliente precisa de uno mientras “interviene el departamento legal para averiguar si hay alguna clase de conflicto de interés”, declaró Castellanos de acuerdo con el registro de su testimonio.

A medida que se tambaleaban los precios inmobiliarios y minaban el balance de Bankia, los amigos establecieron la empresa inmobiliaria Paracuga S.L. con Pedro Pasquín, presidente de Lazard en España y Joaquín Güell, director gerente del banco de inversión, de acuerdo con los archivos de la empresa.  

La finalidad de la compañía consistía en la adquisición de inmuebles, de acuerdo con los archivos. Al mismo tiempo, Bankia trataba de deshacerse de viviendas adjudicadas, impulsando los precios a la baja. Paracuga nunca realizó inversión alguna, según afirmó Ayala, abogado de Rato, en su declaración judicial. Se disolvió el mismo día en que Ayala notificó al tribunal su existencia.

Asesoría sobre OPV  

Lazard también aconsejó a Rato sobre la oferta pública de venta (OPV) que recaudó 3.100 millones de euros en julio de 2011 para mantener a Bankia a flote. Los inversores minoristas compraron el 60 % del capital, el máximo permitido por el regulador del mercado de valores, mientras los inversores internacionales evitaban el trato de 3,75 euros por acción. Las acciones se valoraron por parte del Banco de España a un céntimo de euro cuando se recapitalizó Bankia en marzo.  

Antes de la OPV, Rato telefoneó al regulador para presionarle con el fin de que aceptara candidatos al consejo como directores independientes y el regulador se negó a causa de sus vínculos con la gestión, de acuerdo con una persona a la que se le informó de las conversaciones. Como consecuencia de ello quedaron dos personas fuera de la junta de Bankia, dijo esa persona, que declinó dar su nombre o identificar a los candidatos rechazados, puesto que la información es confidencial.

La querella de Herzog se centra en que Rato engañó a los inversores en la OPV al tergiversar el estado del balance de Bankia, de acuerdo con el expediente judicial del 11 de junio que puso en marcha la investigación judicial.

Necesidades del banco

Con cifras insólitas de desempleo y una economía que se contrae por cuarto año consecutivo en los últimos cinco, España, cuarta economía del euro, puede que necesite más fondos para recapitalizar sus bancos, afirmaba Charles Wyplosz, director del International Center for Money and Banking Studies de Ginebra, en un correo del 16 de mayo. (...)

El fracaso de Bankia, que tiene su sede en una emblemática torre inclinada conocida como Puerta de Europa en el extremo norte de Madrid, es el mayor registrado en España. Rato dimitió el 7 de mayo de 2012, después de que los auditores se negasen a refrendar los resultados de 2011 que publicó mostrando unos ingresos netos de 309 millones de euros. Su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, informó de unas pérdidas de 3.000 millones durante ese periodo.

Préstamos de dudoso cobro  

El banco reservó el año pasado 26.800 millones para cubrir préstamos de dudoso cobro del paquete de rescate que abrió el camino al rescate del sector financiero español por parte de la Unión Europea.

“Esto supuso una ruptura en la credibilidad del sistema”, afirmó Ismael Crespo, experto en ciencias políticas del instituto de investigación de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid. “La gente descubrió que en los últimos años hemos estado viviendo en una ficción gigantesca”.

Bankia era producto de la fusión de junio de 2010 orquestada por los dirigentes del PP regional que crearon el mayor grupo bancario nacional con activos por valor de más de 320.000 millones de euros, casi un tercio del PIB español. La finalidad consistía en apuntalar a los bancos después de que el derrumbe del mercado inmobiliario les dejara con 180.000 de euros de activos tóxicos.

Lazard ganó 2,84 millones de euros con la OPV de Bankia, según demuestra el expediente judicial. El acreedor estimaba los honorarios totales en cerca de 39,5 millones de euros, de acuerdo con el folleto informativo, basándose en un precio de oferta que ascendía a un 26% más que el precio de la venta final. La tarifa vigente para un acuerdo de ese género habría sido de cerca de 60 millones de euros, de acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg que muestran que los bancos de Europa, Oriente Medio y África consiguieron honorarios cifrados en una media de un 2 % del valor de una OPV en 2011.

Oportunidades de negocios

Podían conseguirse más operaciones de negocios de la caja recién fusionada.

Lazard facturó 2.360 millones por asesorar a Caja Madrid sobre la fusión y 1,77 millones de euros por asesorar a Bankia sobre la política de dividendos, tal como demuestran las facturas que forman parte del expediente judicial. Firmó también un acuerdo el 11 de abril de 2012, – menos de un mes antes de la dimisión de Rato – por un máximo de 9 millones de euros después de impuestos para encontrar candidatos para  Bankia.

Lazard no sacó nada de este encargo, puesto que Bankia no concluyó ningún acuerdo. El acreedor no pagó nunca ningún dividendo.

Orígenes familiares

Rodrigo Rato nació en el seno de la élite española, hijo segundo de Ramón, un hombre de negocios que adquirió una cartera de bancos y empresas radiofónicas durante la dictadura de Franco que terminó en 1975. Ramón, activista del fascismo antes de la Guerra Civil, publicó en 1935, cuando tenía 27 o 28 años, el primero de dos libros en los que llamaba a España a aliarse con Adolf Hitler, según cuenta Ramón Tijeras en su historia de la familia, Los Rato (Plaza & Janés), publicada en 2003.

Después de la Guerra, cortejó a la Familia Real en el exilio. Sus relaciones le ayudaron a recuperarse de una condena por evasión de capitales y el desplome de dos de sus bancos. El día en que murió Franco en noviembre de 1975, Ramón Rato acogió en su casa a almorzar a Manuel Fraga antes de viajar a encontrarse con Don Juan, el heredero al trono español exiliado, y padre del monarca reinante, afirma Tijeras.  

En 1977, Fraga fundó Alianza Popular, antecesora del actual PP, con apoyo financiero de Ramón Rato, afirmó Tijeras. Cinco años después, su hijo Rodrigo, entonces de 33 años, fue elegido diputado al Parlamento en las segundas elecciones tras el retorno del país a la democracia.

Trayectoria

Rato llegó a convertirse en vicepresidente del gobierno y ministro de Economía con José María Aznar de 1996 a 2004. Estuvo a cargo de la economía en el momento de la entrada de España en el euro y dirigió luego durante tres años el FMI en Washington hasta 2007.

Tras abandonar la administración pública, Rato desempeñó cargos en los consejos consultivos del Banco Santander S.A., la mayor entidad de préstamos del país, y el “holding” industrial de La Caixa, además de su puesto en Lazard.

Las raíces del sistema español de cajas, que contabilizaban casi la mitad de los préstamos antes de la crisis financiera, se remontan al siglo XVIII.   

Las cajas eran básicamente instituciones locales gestionadas por miembros del clero o burócratas. Después de Franco, se hicieron con ellas los políticos con el argumento de que debían rendir democráticamente cuentas, en palabras de Jose Ramón Pin, profesor de administración pública en de la escuela de negocios del IESE en Madrid.

Para los cargos políticos, “la presidencia de una caja se consideraba un retiro dorado”, afirmaba Pin en una entrevista telefónica el 9 de abril. “Fue un absoluto desastre”.  

Caja Madrid

Cuando Rato llegó a Caja Madrid en 2010, algunas ya estaban al borde del derrumbe. El Banco de España identificó préstamos por valor de 100.000 millones de euros en los balances de las cajas de ahorro en febrero de 2011. Es el equivalente de cerca del 10 % del total económico del país.  

Rato heredó una institución ya dominada por los socios del PP y que luchaba por cumplir los requisitos impuestos por el Banco de España. Su predecesor como presidente, Miguel Blesa, era amigo personal de Aznar, declaró Pin.

Blesa pasó este mes una noche en prisión antes de depositar una fianza de 2.5 millones de euros. El año pasado fue imputado por un juez que investigaba acusaciones de fraude centradas en un préstamo de 24 millones que hizo Caja Madrid en 2008 al antiguo presidente de la patronal española, la CEOE,  Gerardo Díaz Ferrán, que también estaba en la junta de acreedores. Blesa y Díaz Ferrán negaron las alegaciones en una vista celebrada en diciembre, según informó Europa Press.  

Los abogados de Blesa y Díaz Ferrán no respondieron a las peticiones de comentarios por vía telefónica y correo electrónico.  

Imputados  

Un juez español declara a alguien imputado cuando considera que existen suficientes pruebas de un delito como para merecer una investigación completa. Una vez que se completa la investigación, el juez decide si encausa formalmente al sospechoso. En ese momento, el proceso pasa a juicio. Si Rato es encausado, le juzgará un tribunal compuesto por tres jueces, declaró un portavoz judicial.

La relación de Rato con Castellanos en el corazón de las élites españolas se remonta dos décadas atrás a la época de Rato en la oposición, declaró Castellanos al tribunal. Estando Rato en el gobierno, Castellanos controlaba Expansión, el diario económico de mayor venta del país, como presidente de Recoletos Grupo de Comunicación, S.A., junto a su puesto en Lazard, lo que le ponía regularmente en contacto con Rato.

Los amigos establecieron la firma inmobiliaria Paracuga con sus colegas Pasquín y Güell justo antes de que Rato dejase Lazard. Se constituyó el 30 de octubre de 2009, cerca de un mes después de que Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la región de Madrid, nombrara a Rato posible candidato para asumir el puesto de Caja Madrid.

Consejeros de Bankia

Güell, que también ocupó el cargo de director financiero de Recoletos con Castellanos, representó a Lazard en una reunión de septiembre de 2010 con ejecutivos de Bankia para preparar una presentación destinada a los analistas sobre su estructura posterior a la fusión, según muestran documentos judiciales. Castellanos, Pasquin y Güell declinaron hacer comentarios cuando Bloomberg contactó con ellos.

Conforme Bankia comenzaba a prepararse para su OPV de 2011, los ejecutivos del banco buscaron asesores financieros que tuvieran operaciones en los EE.UU. y Europa y no fueran también aseguradores finales (“bookrunners”) para evitar un potencial conflicto de intereses, afirmó Rato en su declaración de diciembre. Eso restringió las opciones a Lazard o Rothschild y sus lugartenientes propusieron a Lazard, declaró Rato.

“Si se hubiera advertido algún problema en relación con los intereses, me lo habrían dicho, estoy seguro,” declaró al tribunal. “No se produjo ningún conflicto de intereses. No mantenía entonces ninguna relación con Lazard.”                      ('Los vínculos entre Rato y Lazard muestran cómo sacó provecho una élite de las pérdidas de las Cajas', de Ben Sills, en Sin Permiso, 30/06/2013)

Javier Arenas ha ganado en política 2.574.713 euros desde 1990. De los mejor pagados en la época democrática

"La cuenta bancaria de Javier Arenas ha recibido durante dos décadas constantes ingresos procedentes del sector público. El veterano político andaluz lleva en altos cargos de representación toda la vida y así lo señalan los datos aportados por el PP y por la Agencia Tributaria al juez Ruz. 

Según esta información, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en los últimos 20 años, Arenas habría recibido más de dos millones y medio de euros por su trabajo como diputado, ministro y alto cargo del PP.

Arenas es junto a Rajoy el único dirigente en activo que desde los primeros años 90 ha venido cobrando regularmente por diferentes conceptos cantidades complementarias a sus retribuciones públicas, a excepción de los periodos en los que ha sido ministro de los gobiernos de Aznar.

Durante la carrera política de Arenas, el PP llegó a pagarle la suma de 1.154.138 euros en concepto de gastos de representación. Así lo acredita la información remitida por Hacienda al juez Ruz en la que se acreditan los pagos de Génova 13 a quien fuera su secretario general.

Sumados todos los importes de las percepciones que Arenas recibió del parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados, el PP, el Senado, El Ministerio de Trabajo o el de Administraciones Públicas la cifra se eleva por encima de los dos millones y medio de euros en veinte años de carrera política.

Estas cifras no incluyen los supuestos pagos que Arenas habría recibido en B por parte de Luis Bárcenas según la contabilidad atribuida al extesorero. Si se suman los salarios oficiales a los señalados por "los papeles de Bárcenas" la cifra se incrementaría hasta los 2.801.220 euros.

Según la contabilidad en B atribuida a Luis Bárcenas a Arenas se le atribuyen pagos en B por importe de 226.506 euros.

A todos estos pagos hay que sumar las numerosas facturas generadas a su nombre bajo el epígrafe "almuerzos de trabajo" y que incluyen pagos a restaurantes de lujo por importes exorbitados. Según la i nformación ofrecida este lunes por eldiario.es, Arenas cobró del PP sobresueldos y dietas así como alojamiento en hoteles de lujo."

    (eldiario.es, 02/07/2013)

¿Tirará de la manta Bárcenas? Algunos cargos del PP están "de los nervios". Rajoy, el primero...

 (Huffington Post, 28/06/2013)

"¿Tirará Luis Bárcenas de la manta ahora que está en prisión? Esa es la pregunta que todos se hacen tanto dentro como fuera del PP.

Con la resaca tras la vorágine informativa del jueves por la tarde, los diarios reflejan ahora esta cuestión y los periodistas que habitualmente siguen la información del Partido Popular analizan tanto la figura del extesorero como sus posibles reacciones. (...)

Aún así apunta que "quienes están en los papeles de Bárcenas estaban más nerviosos". "Pese a todo, la dirección del PP asegura no tener miedo a que Bárcenas pueda tirar de la manta. "Pues que tire", dicen y añaden que no tienen miedo al chantaje, porque "no hay con qué chantajear a Rajoy", indica.

María Jesús Güemes, de la Cadena SER, apunta a que la mayoría en el PP cree que Bárcenas terminará tirando de la famosa manta:

"Hay quien comenta que ojalá, porque eso serviría para que se aclarase por fin todo y se depuraran responsabilidades hasta el final. Lo dicen todos aquellos que, confiesan, tienen la conciencia tranquila. Pero también resaltan que son muy conscientes de que habrá algunos cargos que estén "de los nervios". Creen que estarán "muy preocupados porque se conozca la verdad". Sobre todo, los que figuran en los papeles de Bárcenas. El jefe del Ejecutivo, entre ellos. "Pero lo que no puede ser es que un Gobierno esté secuestrado. Si tiene que hablar, que lo haga. Pero que se acabe este asunto cuanto antes. Este martirio", señala un histórico diputado del PP".

En El País, Carlos Cue y Francesco Manetto recuerdan que Bárcenas "dejó caer en todos los círculos que él sabía muchas cosas que no debían ser contadas" pero que hay dirigentes del PP que piensan que "es un asunto ya amortizado":

"Esta trayectoria, la de un hombre dispuesto a todo que llegó a denunciar a su partido por robo, hacía temer a muchos por su reacción. Aunque otros creen que es un asunto ya amortizado, que ya ha hecho todo el daño que podía hacer, nadie sabe realmente qué tiene, qué puede sacar, hasta dónde puede llegar en su venganza. “Bárcenas conoce el partido mejor que nadie y tiene uno de los abogados más prestigiosos de España. Se sentía poderoso, intocable. Y ahora se va a ver en la cárcel, algo para lo que, según él mismo había contado, no está preparado. Su reacción es imprevisible”, resume un dirigente".

Sobre su carácter reflexiona Mayka Navarro en El Periódico de Catalunya:

"Bárcenas había empezado a creer que era intocable. (...) Es el verdadero señor de esos secretos y, seguramente por eso, este exsenador grandote, vanidoso y de aspecto chulesco hasta que abre la boca y aflora una voz aflautada, creyó que con él nunca se atreverían. Por si acaso, se encargó personalmente de lanzar mensajes que algunos pudieron interpretar incluso como amenazas. (...) Ayer, en los círculos políticos de Madrid decían que seguramente Bárcenas dormiría más tranquilo que algunos dirigentes del PP. (...) Ahora falta por ver si está dispuesto a tirar de la manta. Si lo hace, más de uno terminará con los pies fríos".

Ignacio Camacho, se adelantó este lunes en ABC a asegurar que Bárcenas podría terminar entre rejas y destacó que el extesorero del PP se estaba poniendo nervioso ante la falta de respaldo desde el PP y el Gobierno:

"Bárcenas tiene que declarar este jueves ante el juez Ruz, y lleva semanas enviando mensajes de presión sotto voce. (...) Está empezando a dar muestras de nerviosismo al ver que nadie le echa los cables que esperaba. (...) Sus amenazas de dar el cante tienen un problema y lo sabe: que por poco 'carcelero' que sea Ruz, un magistrado sin ningún entusiasmo por la prisión preventiva, una declaración explosiva le forzaría a meter al imputado entre rejas. Que es justo lo que el extesorero pretende evitar a cualquier precio y lo que ha motivado su hasta ahora gélida estrategia negacionista".

En los próximos días veremos si el extesorero del PP tiene tanto poder como algunos intuyen o si se trataba de puro humo."          (Huffington Post, 28/06/2013)

El tamayazo...

 Los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, juran su cargo durante el pleno para elegir la Diputación Permanente, en junio de 2003. / GORKA LEJARCEGI

 ESPECIAL Toda la información sobre el 'tamayazo'

"Tamayo es hoy un directivo de la empresa constructora Prefabricados y Obras Zarza, con proyectos en Venezuela y Guinea Ecuatorial, donde colaboran en el Plan Horizonte 2020, proyecto del dictador Teodoro Obiang para diversificar la economía del país. En agosto del año pasado, la Cámara de Comercio del país africano le entregó una placa tras la inauguración de su sede en la zona de Timbabe, en Malabo.

 En cuanto a Sáez, la mujer sigue donde estaba, en Orcasitas, su barrio de toda la vida, trabajando en el hospital 12 de Octubre y levantándose todos los días a las 6.30. Las incógnitas del caso continúan y nunca fueron despejadas judicialmente. (...)

Ese día se constituía la Asamblea de Madrid, el paso previo a la investidura de Rafael Simancas. El político, un tipo de origen humilde nacido en Alemania, era desconocido en el resto de España. Se había bregado como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y durante la campaña había eclipsado en algunos mítines a Trinidad Jiménez, la candidata del PSOE al Ayuntamiento. 

De Simancas se decía que era un político serio, con capacidad de maniobra. Se alababa especialmente su capacidad para pacificar la revuelta casa de la Federación Socialista Madrileña (FSM, hoy PSM), una formación con demasiadas familias que nunca remaban en la misma dirección. (...)

Todo parecía distinto en aquella ocasión. Simancas se había comprado una docena de trajes para convertirse, a sus 36 años, en el presidente más joven de la Comunidad. Estaba hecho. Aun así, había un pequeño grupo de la FSM que no parecía estar del todo contento. Se trataba de los balbases o renovadores de la base, dirigidos por José Luis Balbás, abogado y político conocido por sus maniobras en la sombra.

 En cualquier caso, según Simancas, aquel descontento no se concretó en nada. Ni siquiera minutos antes de entrar en el Parlamento regional. Simancas reunió a los suyos y no hubo reproches. “Y ahora, todos a votar meaditos, ¿eh? Que no se despiste nadie”, les recalcó el líder de los socialistas madrileños.

 Y los diputados socialistas entraron al hemiciclo. Hay testimonios que vieron dentro de la Cámara a Tamayo (13 en la lista de 47 parlamentarios del PSOE) y Sáez (46). Días antes, en el 20º aniversario de la Asamblea de Madrid, la política se quejaba de haber sido incluida tan abajo en la lista.

Que ella y Tamayo, dos renovadores de la base, aparecieran en ella fue una exigencia de Pepe Blanco, es decir, de Ferraz a Simancas. Y justo en el momento más necesario ya no estaban. “¡Nos faltan dos, nos faltan dos!”, exclamaron algunos diputados.

Las imágenes televisadas en directo mostraban un desconcierto nunca visto en un Parlamento desde el 23-F. “Señor presidente, hemos tenido un pequeño percance”, intentó pedir un receso la socialista Helena Almazán. Simancas hablaba con unos y con otros, con Fausto Fernández, de IU, con Manuel Cobo, con Alberto Ruiz-Gallardón. “Nosotros no hemos tenido nada que ver en esto”, recuerda Simancas que le dijo Cobo. 

Desconcertados, los socialistas buscaban a los dos desertores en la calle. Nada. Se habían marchado. Un guardia civil los vio salir. Consciente de la traición, Simancas se acercó a Esperanza Aguirre y le informó: “Mis disculpas. No sé por qué, pero nos faltan dos diputados. En estos momentos tenéis la mayoría”. El PP tenía 55 escaños, por los 47 del PSOE y 9 de IU.  (...)

La versión de Tamayo y Sáez no tardó en llegar a los medios. La oficial, la que da el propio Tamayo, es que el pacto entre PSOE e IU, negociado días antes, no les gustaba y que es Simancas el que les ha traicionado a ellos al irse con los “comunistas”. La versión no oficial también corre rápido entre los corrillos políticos de Madrid. Tamayo estaba enfadado porque no le habían dado la Consejería de Justicia que tanto deseaba. Simancas siempre ha asegurado que Tamayo nunca se lo hizo saber.

 La otra versión del caso, la que ha quedado como sospecha, no llega hasta el día después. Esa mañana en la FSM, en la calle de Santa Engracia, están muy alterados. Carmen Salamanca, la jefa de prensa de Simancas, dice ese día: “Aquí hay mucho más. Pronto sabremos cosas y desde luego no es lo que parece”. Se filtra que los dos diputados están en el hotel Los Vascos y que quien les está pagando la estancia allí es el constructor Francisco Vázquez Bravo. 

Tamayo ya se ha ido al mediodía, pero Sáez sigue en la habitación 209. Los periodistas llaman a la puerta y la ven con los labios pintados, dispuesta a salir del hotel. Un coche con escoltas le espera abajo. Ya con ella en el vehículo, se juega al gato y el ratón, primero en las inmediaciones del hotel y luego en plena carretera. Unos reporteros les persiguen a toda velocidad por la autopista hasta que les pierden a la altura de San Agustín de Guadalix.

No hay rastro de ellos en los días siguientes, pero ya empieza a fijarse una teoría cabal sobre lo que ha pasado y que se sostiene gracias a las llamadas desde el teléfono de Tamayo y facilitadas por unos trabajadores de Telefónica. Esas llamadas sirven para tejer una red que llega hasta el Partido Popular. 

En los días previos a la traición, e incluso ese mismo día, Tamayo ha tenido contacto con el abogado y militante del PP José Esteban Verdes. También con el constructor Bravo, el que paga el hotel. Este a su vez ha ido a visitar a Génova, el mismo día del escándalo de la Asamblea, a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid.

Todos esos nombres y algunos más salen en unos papeles llenos de garabatos, desvelados por Infolibre, supuestamente elaborados por Tamayo. Ese documento probaría que junto a Balbás y un nombre más, Dionisio Ramos, habrían puesto en marcha un complot para quitar el Gobierno a Simancas y salvaguardar así unos intereses urbanísticos no muy especificados en La Cabrera y Pelayos.

 El resultado ya es conocido. Diez años de Aguirre. Para los socialistas, lo que pasó fue un golpe de Estado. “De aquellos polvos, estos lodos”, comenta la exdiputada Ruth Porta, “ahí está el origen de todo lo que está pasando en la región”. 

Lo que siguió a esos días terminó de apuntalar el esperpento en el que se había convertido la política madrileña. La investidura de Simancas no contó con los votos de Tamayo y Sáez, que esta vez sí aparecieron por la Asamblea. No habían renunciado a su acta de diputado y entraron en el grupo mixto. Ese día tuvieron que ser escoltados, en un dispositivo especial. Por los pasillos, diputados del PSOE e IU les tiraron monedas a su paso al grito de “¡Judas!”.   (...)

Las nuevas elecciones, en octubre, dieron la mayoría al PP. Simancas eligió en la campaña la canción No es lo mismo, de Alejandro Sanz. Una estrofa resumía su estado de ánimo: “Vale... Que a lo mejor me lo merezco / Bueno... Pero mi voz no te la vendo / Puerta... Y lo que opinen de nosotros... / Léeme los labios, yo no estoy en venta”.

Nunca se investigó judicialmente lo que pasó. EL TSJM no admitió la querella para hacerlo por tres votos contra uno, argumentando que no estaba bien fundamentada. El voto particular sí veía indicios para abrir una investigación. Se apuntó al fiscal general del Estado de José María Aznar, Jesús Cardenal, como el hombre que la terminó de cortocircuitar.

Al igual que Tamayo, el resto de personajes no ha querido aportar datos nuevos que desvelen la trama. Balbás hace su vida en la calle de Alcántara con Ayala, en apenas unos pasos, entre su domicilio, su consultora Helvia y el restaurante La Flor de Galicia, al que acude prácticamente a diario. Sigue siendo un tipo pegado a un móvil y con negocios en Argelia, Libia y Emiratos Árabes Unidos. (...)

Mientras, Sáez sigue en el hospital 12 de Octubre. En los últimos días ha hecho algunas declaraciones. Sirven para poner los mismos nombres en la trama, aunque no para explicar lo que ocurrió. Por lo demás, el caso amenaza con convertirse en uno de esos en los que por más que se investigue, nunca se sabrá lo que ocurrió.

 Como la muerte de JFK, o los crímenes de Jack el Destripador, cada libro que se publica, cada artículo que sale en la prensa, enmaraña aún más la madeja. Al menos sirve para recordar que, una vez, en Madrid, hace 10 años, los ciudadanos eligieron un Gobierno de izquierdas. Fue un espejismo."            (El País, 09/06/2013) 

La Agencia Tributaria estrecha el cerco a Mato con 15 regalos más de la Gürtel

"La Agencia Tributaria acaba de emitir un informe que complementa al de la Policía sobre la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su exmarido, Jesús Sepúlveda. En él hace un recuento de hasta quince servicios prestados por parte de la organización de Francisco Correa al matrimonio. El líder de la trama Gürtel “no sólo les regalaba los servicios”, sino que “además les entregaba un justificante de haber pagado”.

EL inspector de Hacienda responsable de este último informe, de 114 folios, enumera una serie de facturas a nombre de Sepúlveda, pero pagadas por Correa. En una de ellas aparece una nota manuscrita que reza “cobro ficticio” de 3.719 euros en 2003 en el que aparece un extracto “servicios Sepúlveda/Mato”. Para la Agencia Tributaria, esta anotación “no deja lugar a dudas sobre la irregularidad señalada”. Según el documento, esta factura no fue cobrada al cliente.

En los documentos remitidos por la Agencia Tributaria al juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, aparece un extracto de servicios prestados entre enero de 2002 y noviembre de 2003 al matrimonio. Este extracto viene con una nota manuscrita de fecha 13 de noviembre de 2003, que coincide con un apunte de la caja B de Correa que aparece en la información obtenida al requisar un pendrive del imputado José Luis izquierdo.

 En este, aparece un apunte con concepto “ingreso BBVA. Cuenta Pasadena Viajes. - 20.000 euros). Para Hacienda, se trata de “la prueba definitiva” de que el pago lo realizó el propio grupo de Francisco Correa con fondos opacos de su caja B.

Durante el año 2004 aparecen una serie de extractos de servicios Sepúlveda/Mato, al igual que en los dos años posteriores. En 2005, surge el pago de la comunión del hijo de la ahora ministra, un pago que ya aparecía en el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). 

Según Hacienda, la fiesta la pagó la secretaria de las empresas de Correa, Isabel Jordán, que lo justifica como pagos de relaciones públicas (RRPP). Al siguiente año, la organización Gürtel paga otro cumpleaños al matrimonio, y en ese caso el extracto lo manda Jordán al número dos de Correa, Pablo Crespo, a través de la empresa Servimadrid.

La Agencia Tributaria ha analizado también un viaje pagado a Mato y su hijo a Disneyland París en 1998, y la conclusión a la que llega es que ese parte de la financiación de ese viaje corrió a cargo de la Dirección general para España y Portugal de Disneyland París."          (El Confidencial, 31/05/2013)

Oriol Pujol asesoró a un amigo para que se lucrara con reconversiones industriales

"Al diputado de Convergència i Unió (CiU) Oriol Pujol y al empresario catalán Sergi Alsina les une mucho más que ser vecinos de una segunda residencia en el pueblecito de Urús, cerca de los Pirineos. Su condición de imputados en el caso ITV, el presunto amaño de concursos públicos de la inspección de vehículos, tampoco agota una relación estrecha, que va más allá de la amistad y se adentra en el terreno de los negocios.

 “No solo realizan actividades familiares o adquieren vehículos conjuntamente. También mantienen una relación económica”, concluye el informe final de Hacienda sobre la implicación de Pujol en la presunta trama corrupta.

El informe figura en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Pujol está imputado por tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que usó su “peso político” para “lucrarse” personalmente y beneficiar a sus amigos con los amaños de la ITV. 

El informe de Hacienda y las llamadas telefónicas acreditan, sin embargo, que su intervención en los hechos fue más profunda. El diputado —que delegó sus cargos en Convergència al ser imputado— guio a su íntimo amigo Alsina para que se lucrara con algunas de las mayores reconversiones industriales acometidas en Cataluña.

Alsina es socio de Alta Partners, dedicada al asesoramiento empresarial. Según el informe, “mantiene informado” a Pujol sobre su negocio y “le solicita gestiones a nivel político”. Gracias, en parte, a los consejos de Pujol, Alta Partners intervino como asesora en tres procesos de reconversión y obtuvo suculentos beneficios por ello: Sony-Ficosa (2,3 millones), Sharp-Cirsa (2,7) y Yamaha-Grupo Sese (1,8). En total, la firma ingresó 6,9 millones de euros.

 

En diciembre de 2010, Alsina informa al diputado que ha hablado con Manel Lao, de Cirsa, para hacerles la propuesta. Alsina le explicó que él, Pujol, “estaba informado al cien por cien de todo”. “He hablado con Lao. Él está por hacer la operación”, detalla Alsina al dirigente nacionalista a través de un sms. Y este responde: “La llamada se hizo con Lao padre. Fue bien pero hay un pero...”

La información circula en doble dirección, tanto en la marcha de la japonesa Sharp —y la llegada, en su lugar, de la compañía del juego— como en las otras reconversiones industriales, en parte alentadas por la Generalitat para evitar el drama de los despidos que propician las deslocalizaciones. Tras cerrar el acuerdo, Alsina escribe a Pujol: “Oriol, sí que subiremos. Llevaremos las mitades. Gracias por la negociación”.

En el caso de Yamaha, el empresario le pregunta, en enero de 2011: “Oriol, ¿crees que aún se puede intentar algo con Yamaha?” El diputado le contesta que “le está buscando un tío” de la empresa y le advierte de los riesgos de la operación (“hay que colocar a 200 trabajadores”) y de los adversarios (“el peor enemigo en la operación es Baker”). Un mensaje de texto posterior (noviembre de 2011) es aún más explícito: “Soy presidente del grupo parlamentario [de Convergència i Unió], o sea que puedo hacer lo que creas de cara a Yamaha”.

El Tribunal Superior sospecha, a partir de los informes policiales y de la fiscalía, que Pujol iba a participar de forma indirecta en la nueva empresa (Upprime Energy) creada para lograr, supuestamente, adjudicaciones en el campo de las ITV y la eficiencia energética gracias a su apoyo político. 

Alsina posee el 15% de la compañía. Pero además, es una importante fuente de ingresos para la familia Pujol: la mujer del dirigente, Anna Vidal, ha facturado distintas cantidades a Alta Parnters en concepto de “asesoramiento”. Una de ellas, la más elevada, de 200.000 euros, por una de las reconversiones. Los investigadores creen que las facturas pueden ser fraudulentas y que corresponden, en realidad, a los pagos a Pujol por ejercer su influencia política.

Por compartir, los Alsina-Pujol comparten hasta una cuenta corriente. Nada del otro mundo: la usan para domiciliar el pago de la electricidad de sus casas de Urús."    (El País, 09/04/2013)

La mujer del presidente del Congreso movió millones en negro con un banco de su familia

"Cheques al portador llenos de ceros. Dinero negro. Un banco con contabilidad en B que acabó quebrado, que tuvo que ser intervenido y que dejó un agujero de 17.000 millones de pesetas. Y en medio de toda esta trama, una familia aristócrata y multimillonaria con fuertes conexiones con la política: los De la Mata y Pobes, dueños de una de las principales distribuidoras de bebidas alcohólicas de España.

 La redacción de eldiario.es ha podido acceder a una relevante documentación inédita que demuestra la implicación de Blanca de la Mata y Pobes –la esposa del hoy presidente del Congreso, Jesús Posada–, su madre y sus hermanos en el manejo sistemático de dinero negro y en uno de los mayores escándalos financieros de esa época: el caso Eurocapital.

España, 1988. La conciencia fiscal es escasa entre los más ricos. Las grandes fortunas del país acuden de forma masiva a un refugio para el dinero negro ideado por el propio Gobierno, de la mano del socialista Miguel Boyer, que prefiere que al menos el capital no huya del país. 

Es una suerte de paraíso fiscal sin salir de casa: unos pagarés del Tesoro opacos para el fisco, que no tenían retención, que no pagaban impuestos, que apenas generaban rentabilidad y que solo servían para mantener el dinero a mano, sin tener que guardarlo en el colchón o fuera de España. El Estado vendía esos títulos y no hacía preguntas sobre el origen del dinero.

Entre los millonarios que se benefician de estos pagarés se encuentra Blanca de la Mata y Pobes, la esposa de Jesús Posada, que usó este escondite fiscal de manera sistemática y continuada para evitar el pago de impuestos durante el final de la década de los ochenta, según demuestra la documentación a la que ha accedido eldiario.es.

La mujer de la hoy tercera autoridad del Estado es hija de Hilario Pobes, marqués de Vargas, un título que ha heredado su hermano Pelayo. Entre otras empresas, la familia es dueña de una importante bodega de vino y de una de las mayores distribuidoras de bebidas alcohólicas de España: Varma SA. 

Tras la muerte del padre, en 1976, Blanca y sus hermanos tomaron las riendas del grupo. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, toda la familia utilizó de forma constante y sistemática estos opacos pagarés del Tesoro para esconder grandes sumas en efectivo que, aparentemente, salían de las cuentas de la empresa familiar. 

 Blanca de la Mata no solo recurría a este refugio para el dinero negro a través de Varma SA, una empresa que dirigía como miembro del consejo de administración. También lo hacía a título individual, comprando estos pagarés en un momento, 1988, en el que su marido, Jesús Posada, era el consejero de Fomento en la Junta de Castilla y León bajo las órdenes de José María Aznar; al año siguiente le sustituiría como presidente autonómico cuando Aznar fue designado por Manuel Fraga como nuevo líder de la derecha española.

Todas las operaciones de Blanca de la Mata y sus hermanos se hacían a través de una sociedad de inversión: Eurocapital. Durante 1988, la esposa de Posada llegó a pedir a esta firma que invirtiera alrededor de 188 millones de pesetas en estos pagarés opacos. Al cambio actual, una vez tenida en cuenta la inflación, la cifra equivaldría a 2,5 millones de euros. 

 En 1991, esta sociedad de inversión protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de la época al quebrar ella y su filial, el Banco Europeo de Finanzas. El "chiringuito financiero" –como lo definieron en esos años– fue intervenido por el Banco de España, que descubrió una contabilidad B con una caja negra por valor de 5.000 millones de pesetas. Una vez saneado, el banco fue vendido por una peseta a Unicaja.

 En los años previos a la quiebra, esta entidad financiera tenía a los Mata y Pobes entre sus principales accionistas: eran dueños de un 20% del banco. El cuñado de Posada, José Manuel de la Mata, se sentaba en su consejo de administración.

 Toda la familia a título individual y las distintas empresas del grupo Varma SA utilizaban a Eurocapital para canalizar el dinero negro en estos pagarés del Tesoro. Tras la quiebra, el Banco de España inhabilitó al cuñado del presidente del Congreso con tres años sin poder ejercer ningún cargo en una entidad financiera y le condenó a pagar una multa de un millón de pesetas. (...)

Sin embargo, los clientes de Eurocapital sí regularizaron su situación con Hacienda, según relatan las hemerotecas de la época. De forma general, y sin relación con esta firma de inversión, las fortunas que invirtieron en este tipo de pagarés se acogieron a la amnistía fiscal de 1991, ideada por Carlos Solchaga para poner fin a esta práctica."      (eldiario.es, 07/04/2013)