Detrás de la corrupción de las mascarillas se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha... ¿Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario?... ¿Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios, lo que les hizo depender de contratistas? Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta (Daniel Bernabé)

Daniel Bernabé @diasasaigonados

La corrupción en torno a las mascarillas pone de manifiesto tres elementos que se eluden en la conversación pública: 

- Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario. 

- Por qué las cadenas comerciales internacionales se vinieron abajo. 

- Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios lo que les hizo depender de contratistas. 

Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta a las tres preguntas. 

Detrás de la corrupción se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha.

A los hijos de la Thatcher les rechinan los dientes al leer esta evidencia. Basta romper el guión de la actualidad y poner el dedo en lo estructural para que empiecen los espumarajos. Su ineficiente modelo privatizador sólo nos ha traído disgustos. Hay que decirlo más.

10:31 p. m. · 4 mar. 2024 113,7 mil Reproducciones

La carrera hacia la libertad de los condenados por Gürtel

 "Desde finales de diciembre, cinco de los principales condenados por la primera etapa de la trama Gürtel han mejorado su situación penitenciaria, en dos de los casos antes de haber cumplido la mitad de la pena. El extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, han visto como la justicia ―en cuatro de los cinco casos en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias― les concedía la semilibertad o, en el caso de López Viejo, salidas diarias restringidas. Sin embargo, cada uno tiene por delante su particular calendario penitenciario, según reflejan diversos documentos judiciales. Cuatro esperan haber reunido los requisitos legales para que un juez les excarcele entre finales de 2024 y 2027.

 Luis Bárcenas. El 27 de diciembre el extesorero acudía al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para comenzar a disfrutar de la semilibertad que días antes le había concedido Instituciones Penitenciarias. Condenado a 29 años y un mes, para entonces Bárcenas hacía más de un año que había cumplido la mitad de los 12 años de cumplimiento efectivo que fijó la Audiencia Nacional. En su caso, la semilibertad era fruto de la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a internos que, como él, están clasificados en segundo grado (el ordinario, en el que está más del 70% de los presos en España) acceder a beneficios del tercer grado, como las salidas diarias. Desde entonces abandona durante 15 horas al día el recinto penitenciario para ir a trabajar. Pese a que esta situación es, prácticamente, un tercer grado, Bárcenas ha intentando sin éxito que se le progrese a esta clasificación. El juez lo rechazó el pasado julio.

Si lo logra finalmente (cada seis meses se revisa la clasificación de los reclusos), obtendría ventajas a corto plazo ―pasaría de 36 días de permiso al año a 48―, pero sobre todo le permitiría aspirar a la excarcelación a medio plazo. Según su calendario penitenciario recogido en el auto de julio, el 20 de septiembre de 2024 habrá alcanzado las dos terceras partes de la pena, lo que le abriría la puerta a que un juez le concediera la llamada “libertad condicional adelantada”, una medida excepcional contemplada en el artículo 91 del Código Penal. Justo un año después cumplirá las tres cuartas partes para aspirar a la libertad condicional ordinaria (artículo 90). Para lograr cualquiera de las dos, además de los respectivos requisitos temporales, Bárcenas tiene que estar clasificado, precisamente, en tercer grado además de haber tenido buen comportamiento y, en el caso de la libertad condicional anticipada, haber “desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales”. El extesorero, que ha realizado un taller de justicia restaurativa y participa en un programa de reinserción para delincuentes económicos, aprovecha sus salidas del CIS para, además de trabajar como contable, colaborar con una ONG. El extesorero extinguirá la pena el 19 de septiembre de 2028.

Pablo Crespo. El que fuera número 2 de la trama Gürtel está condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel, aunque la Audiencia Nacional fijó que el máximo que debe cumplir son 18 años. En diciembre pasado ya había cumplido la mitad. En su caso, y al contrario del extesorero del PP, la justicia sí le ha concedido el tercer grado penitenciario ―lo hizo en febrero―, por lo que en diciembre de 2025, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, podrá aspirar a que el juez le conceda la libertad condicional anticipada. De no lograrlo, en junio de 2027 cumpliría el requisito temporal para la ordinaria. Extinguirá la pena el 12 de diciembre de 2031. El auto judicial con el que se le concedió en febrero la semilibertad en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias se destacaba que Crespo había disfrutado de 11 permisos “sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción. La resolución también destacaba su colaboración con la justicia.

Francisco Correa. Condenado a 105 años y siete meses en siete juicios por corrupción, la Audiencia Nacional fijó para el cabecilla de la trama un máximo de estancia en prisión de 18 años. Aunque aún tiene que sentarse en el banquillo en otros tres juicios, el auto con el que el juzgado le concedió en junio el tercer grado ya destacaba que las hipotéticas condenas no ampliarán su tiempo de estancia en la cárcel. Su acceso a la semilibertad, como pasó con su número dos, se produjo en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias. El juez consideró que era merecedor de este beneficio porque su evolución en prisión había sido “muy positiva” y colaboraba con la justicia, además de tener una oferta de trabajo. Ahora, y con la mitad de la pena cumplida desde 2022, su vista está en julio de 2025, cuando habrá cumplido dos terceras parte de la condena y enero de 2027, cuando alcance los tres cuartos. No extinguirá la pena hasta el 9 de julio de 2031.

Rosalía Iglesias. La esposa de Bárcenas accedió a la semilibertad el pasado lunes después de que la Audiencia Nacional corrigiera a Instituciones Penitenciarias y ordenara aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como al extesorero. Condenada a 12 años y 11 meses de prisión, el tiempo máximo en prisión se le fijó en siete años y seis meses. Al no haber ingresado en prisión preventiva ―al contrario que su marido, Crespo o Correa― su grado de cumplimiento de la pena es inferior aunque esta es más baja. De hecho, aún no ha cumplido la mitad de la misma (lo hará en julio de 2024) y no llegará a los dos tercios hasta octubre del año siguiente. Su calendario penitenciario tiene en rojo otras dos fechas: el 28 de mayo de 2026 habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena y el 11 de abril de 2028 extinguirá el castigo. Como Bárcenas, Correa y Crespo, cumple su condena en el CIS Victoria Kent, del que en breve podrá salir a diario para trabajar y ayudar con una ONG. Además, deberá participar en programas de reinserción por orden del juez.

Alberto López Viejo. El exconsejero de la Comunidad de Madrid es, de los cinco, el que tiene los plazos más largos para la excarcelación. Condenado a 27 años y 10 meses, de los que tiene que cumplir 13 años y nueve meses, López Viejo no cumplirá la mitad de la pena hasta abril del año que viene. De este modo, no alcanzará las dos terceras partes hasta julio de 2027; las tres cuartas partes hasta septiembre de 2028, y no la extinguirá hasta el 13 de febrero de 2032. Aunque aspiraba a que se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el mismo que a Bárcenas e Iglesias―, el juez optó en julio por aplicarle otro artículo, el 117, que le permitirá salir varias veces a la semana para hacer voluntariado con refugiados ucranios a pesar de estar en segundo grado penitenciario. Es el mismo artículo por el que Iñaki Urdangarin abandonó a partir de 2019 varios días a la semana la prisión de Ávila también para colaborar con una ONG. No obstante, el magistrado apuntaba en el auto que, de continuar con la evolución “positiva”, el exconsejero obtendrá “en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 21/08/23)

Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal... Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, los facilitadores siguen actuando con total impunidad

 "Los gobernantes democráticos y los jueces se han convertido en una parte fundamental para que las grandes corporaciones y las grandes fortunas continúen evadiendo o eludiendo el pago de sus impuestos y para el lavado de dinero.

 uando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

Es cierto que las entidades bancarias realizan operaciones de blanqueo de capitales. No hay más que recordar casos como JP Morgan, HSBC, Banco Santander o BNP. Cuando los bancos son pillados, tienen que pagar multas nada ejemplarizantes pero de varios miles de millones de dólares.

Sin embargo, en los procesos de blanqueo o de evasión fiscal que realizan los millonarios o las grandes corporaciones, hay otros actores que no tienen supervisión. Son los llamados facilitadores, un sector que está formado, principalmente, por grandes despachos de abogados de todo el mundo, consultores, tratantes de arte o agentes financieros que no tienen ningún tipo de supervisión.

En este punto es donde la clase política de las principales democracias se coloca en una situación de complicidad necesaria para que el lavado de dinero o la evasión se sigan produciendo. Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, sobre todo en Reino Unido, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, los facilitadores siguen actuando con total impunidad.

Los políticos están evitando que sus respectivos países o unión de estados legislen para la supervisión de los grandes despachos de abogados, las consultoras o los agentes financieros. Para mantener su impunidad, este sector ejerce una dura estrategia de lobby en las instituciones legislativas y en los gobiernos. Invierten decenas de miles de millones de dólares, libras o euros para que a nadie se le ocurra abrir una puerta que ni a las grandes corporaciones ni a los multimillonarios les interesa que se abra.

Por otro lado, los jueces y los fiscales, cuando se encuentran con operaciones en la que los facilitadores se encuentran en una situación en la que deben decidir si mantener la impunidad o dar pasos valientes para generar jurisprudencia utilizando las regulaciones antiblanqueo que sí se aplican a los bancos. No obstante, los jueces se colocan normalmente en la aplicación estricta de la ley, en vez de retorcerla para generar doctrinas como sí hacen cuando es necesario proteger a los poderosos. Este es otro tipo de complicidad.

El último ejemplo de ello se tuvo a finales de 2022 en Estados Unidos. El Senado bloqueó un proyecto de ley crítico para frenar el crimen financiero y la corrupción, un revés para la reforma más significativa de las leyes contra el blanqueo de dinero en 20 años.

La Ley de facilitadores exigía por primera vez que las empresas fiduciarias, los abogados, los comerciantes de arte y otros investiguen a los clientes, así como la fuente del dinero y otros activos que se mueven al sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los republicanos la bloquearon por lo que los facilitadores podrán continuar ofreciendo sus servicios para que las grandes corporaciones y los multimillonarios utilicen sus servicios para evadir impuestos y blanquear capitales."                    (J. A. Gómez, Diario16, 05/01/23)

Europa acaba con la impunidad de los jueces españoles... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los órganos responsables de los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben ser independientes e imparciales, por tanto, el actual sistema español por el que se archivan decenas de miles de denuncias queda absolutamente desacreditado

 "El mayor problema que tiene España no es la inflación, el desempleo, la incapacidad política, la Monarquía o la corrupción. La Justicia se ha convertido en la mayor problemática que afecta a la vida de los ciudadanos de una manera directa puesto que, además de la confirmada corrupción judicial existente, se suma la impunidad de los jueces ante los continuos atropellos que perpetran día sí y día también.

En España no hay justicia, salvo que tengas la posibilidad de contratar a los grandes despachos de abogados que pueden resolver asuntos espinosos de manera directa o a través del tráfico de influencias que tan bien pagan. A ese nivel no pueden llegar el 99% de los ciudadanos y, en consecuencia, el 1% restante es el que se lleva, en la mayoría de los casos, las sentencias favorables.

La problemática de la justicia en España no está en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en las mayorías de jueces conservadores o progresistas que sirven de correa de transmisión de los intereses políticos. El problema de la justicia en este país es que el propio sistema ha creado un escenario basado en la más absoluta impunidad.

Tal y como publicamos y analizamos en Diario16, la ley española viola la Constitución para blindar a los jueces, dado que la aplicación que se hace de la recusación en los procedimientos judiciales conculca derechos fundamentales y constitucionales. Además, causa indefensión a la parte recusante al limitar sus derechos de defensa, audiencia, contradicción y prueba.

 Además, según expertos juristas consultados por Diario16, es manifiestamente inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano.

Por otro lado, está el modo en que se gestionan las acciones disciplinarias contra los jueces porque es una evidencia de que no es muy ético, por no decir alegal. Una persona que tenga que juzgar a otra tiene que ser absolutamente libre e independiente. Sin embargo, en España, los jueces son los que juzgan a sus compañeros de carrera profesional, lo que provoca que las barrabasadas legales que se ejecutan en España pasen sin ningún tipo de sanción disciplinaria.

Sin embargo, una vez más ha tenido que ser Europa la que entre en juego y dicte jurisprudencia que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado que e órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Esto no sucede en España, puesto que a la hora de interponer sanciones contra un juez o magistrado, la responsabilidad recae sobre la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Jueces juzgando a jueces.

La sentencia del TJUE confirma su jurisprudencia por la que el régimen disciplinario aplicable a los jueces que pueden tener que aplicar el Derecho de la Unión debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control de sus actividades.

En consecuencia, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de un órgano competente para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias y para ejercer una acción disciplinaria contra jueces y fiscales deben respetar las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión y, en particular, del Estado de Derecho.

Según indicaban las conclusiones del Abogado General de la UE, «las garantías de independencia e imparcialidad exigidas en virtud del Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, en particular en lo relativo a la composición del órgano, el nombramiento, la duración de las funciones así como las causas de abstención, recusación y cese de los sus miembros, que permiten disipar cualquier duda legítima, en la mente de los litigantes, sobre la impermeabilidad de este órgano frente a los elementos externos y su neutralidad frente a los conflictos de intereses».

Además, un aspecto muy importante de esta sentencia es el hecho de que no indique en ningún momento que ese órgano tenga que estar constituido por jueces porque, evidentemente, la independencia y la imparcialidad quedarían muy en duda."         (José Antonio gómez, Diario16, 13/05/23)

Hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta. A Sir Jeremy Farrar, experto en enfermedades infecciosas, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". En una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19, que todo el mundo sabía que eran inútiles. La situación se parece cada vez más a la de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump

 "Al describir el ambiente que se respiraba en el número 10 de Downing Street el verano pasado, Sir Jeremy Farrar, el experto en enfermedades infecciosas que dirige el Wellcome Trust, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". Cuando se sentó en una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19 que todo el mundo sabía que eran inútiles.

"A veces me sentía", escribe en sus memorias Spike, "como si me hubiera extraviado en un plató de El tercer hombre, esa fantástica película de Carol Reed sobre una novela de Graham Greene, en la que aparece un mercado negro de penicilina".

La analogía es reveladora porque la Viena de posguerra de Greene y el gobierno de Johnson transmiten la misma sensación de sordidez omnipresente. Además, la personalidad de Johnson tiene mucho en común con la de Harry Lime, el antihéroe interpretado por Orson Welles, que desprende bonhomía pero es totalmente egocéntrico y peligroso para cualquiera que se interponga en su camino.

 Los optimistas pueden convencerse de que los chantajistas y los vendedores de aceite de serpiente vieron su oportunidad de beneficiarse del caos en el momento álgido de la pandemia, pero esperan que no ocurra necesariamente lo mismo en tiempos más normales. Pero, como el escándalo ha sucedido al escándalo en los últimos dos años, me pregunto si no estamos entrando en una era más corrupta en la vida política británica. La situación se parece cada vez más a la de la Gran Bretaña del siglo XVIII o a la de los Estados ricos en recursos de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables.

Mi impresión se ha visto confirmada por las revelaciones de la semana pasada sobre el secreto "Consejo Asesor" del Partido Conservador, que reúne a los donantes ricos en un club exclusivo al que algunos miembros han pagado 250.000 libras esterlinas al año para unirse. El club, que no se reconoce en ninguna parte de las publicaciones del partido, conlleva la ventaja de reunirse regularmente con Johnson y Rishi Sunak.

Lo que tienen en común estos donantes súper ricos es que son partidarios del libre mercado thatcheriano, hostiles a la regulación y a la intervención del Estado. Entre ellos se encuentran las personas que han apoyado durante mucho tiempo a Johnson durante su ascenso al poder y que presumiblemente esperan que su dinero les gane acceso e influencia. Es increíble que los tories nieguen que los donantes se beneficien materialmente de su generosidad.

Como todo lo que hace el gobierno de Johnson y el partido tory, esta recaudación furtiva de fondos de los súper ricos tiene su lado farsante. Está orquestada por Ben Elliot, a quien el primer ministro le encargó el trabajo por sus vínculos con la alta sociedad. Elliot es famoso por dirigir una empresa de "conserjería" llamada Quintessentially, que atiende las necesidades más excéntricas de los famosos, como enviar una docena de pavos reales albinos a una fiesta de Jennifer López.

Pero mientras Johnson cultiva a los plutócratas y los tranquiliza con sus promesas populistas, también está prometiendo exactamente lo contrario a los antiguos votantes laboristas de las Midlands y el norte de Inglaterra. Todos los políticos hacen promesas que no pueden cumplir, pero hay una nueva desvergüenza en el proceso: Johnson se jacta de "destrozar" las normas de planificación urbana y rural, justo cuando los intereses inmobiliarios donan 17,9 millones de libras al partido conservador en los dos años que lleva como primer ministro.

 El creciente poder de los plutócratas, las promesas contradictorias para todos y el creciente olor a corrupción no son sorprendentes. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y sigue haciéndolo en la India bajo el primer ministro Narendra Modi. Los llamados regímenes pluto-populistas tienden a comportarse de manera similar porque todos se apoyan en una incómoda alianza entre plutócratas, nacionalistas y conservadores sociales.

Los intereses de los miembros de esta coalición son muy diferentes, por lo que sólo puede mantenerse unida prometiendo todo a todos, mientras se conceden privilegios especiales a los leales al partido. Para ello es necesario romper la división entre los partidos políticos y el gobierno, reduciendo la independencia de la administración pública y el poder judicial, y poniéndolos bajo control político .

 El peligro inherente al plutopopulismo es que el pegamento que lo mantiene unido es el rechazo a un statu quo que mucha gente considera inaceptable por razones bastante opuestas. Los miembros del "Consejo Asesor" no quieren más intervención estatal, pero los votantes de Hartlepool y Sunderland sí. Trump ganó la Casa Blanca prometiendo ayudar a la América desindustrializada, pero en la práctica dio prioridad al tradicional programa republicano de reducción de impuestos para los ricos y desregulación para las empresas. Las promesas populistas, como la reconstrucción de las infraestructuras estadounidenses, fueron rápidamente olvidadas.

El pegamento esencial para los gobiernos nacionalistas pluto-populistas es la ira, normalmente dirigida contra una minoría, como los negros en Estados Unidos o los musulmanes en la India. En Gran Bretaña, la necesidad de este pegamento es el motivo de las "guerras culturales", la mayoría de las cuales son importadas de Estados Unidos o surgen de una amenaza doméstica exagerada o fabricada. Una pintada en una estatua de Winston Churchill se infla hasta convertirse en un asalto generalizado a los tótems del nacionalismo británico.

En Gran Bretaña el racismo tiende a ser semioculto, (...) pero en los EE.UU. es ahora sorprendentemente abierto, como lo demuestra el gobernador republicano de Missouri que esta semana perdonó a la pareja que apuntó con armas a una manifestación de Black Lives Matter.

Los regímenes plutón-populistas son inestables por definición, porque se basan en la división y no pueden cumplir sus promesas a sus diferentes grupos. Aunque exigen ley y orden, tienden, una vez en el poder, a mostrar un desprecio por la ley y una intolerancia a la crítica de los medios de comunicación, combinada con medidas para suprimirla.

Todo esto crea el tipo de inestabilidad generalizada en la que florecen los chantajistas. La pandemia creó las condiciones óptimas para los vendedores de aceite de serpiente que pudieron utilizar el pánico del año pasado como medio para obtener grandes beneficios. Los que entregaron enormes contratos a empresas sin medios para cumplirlos pudieron culpar a las presiones de la crisis.

Lo que hace que las revelaciones sobre el club de donantes sean ominosas es que es sólo el último de una serie de escándalos que son anteriores a Johnson y a la pandemia. David Cameron sólo fue ligeramente criticado por los diputados por mostrar "falta de juicio" en el vigor con el que presionó a Greensill en su intento de acceder a la financiación del gobierno.

En general, tengo la sensación de que la emergencia de Covid-19 sólo ha servido para acelerar el impulso hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta, una en la que Harry Lime y sus chantajistas se habrían sentido muy a gusto."             

 (Patrick Cockburn, Brave New Europe, 10/08/21; traducción DEEPL)

El coste total de la corrupción en España es de 90.000 millones al año según el Parlamento Europeo... o de 60.000 millones anuales según el FMI, a causa del cobro de sobornos, de la complejidad y opacidad del sistema tributario...

"La Unión Europea se ha equivocado en los últimos años imponiendo políticas restrictivas (mal llamadas de "austeridad") para hacer frente a las crisis y al endeudamiento. 

La experiencia ha demostrado claramente que así se frena la generación de ingresos y que la deuda, en lugar de disminuir, aumenta. Eso sí, en beneficio de la banca y de los países del norte, lo que indica que el "error" no sólo tiene causas sino también este propósito claro.

Sin embargo, en Europa llevan razón quienes denuncian que en España el dinero público no se gasta con la eficacia debida.

Eso es verdad y es algo que deberán tener muy presentes los gobiernos que apliquen los fondos europeos de recuperación recién aprobados.

La historia del gasto público gestionado por los gobiernos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista es una historia llena de despilfarros y de ineficacias con las que hay que acabar. Y hay que decirlo sin miedo: la condicionalidad europea que esté orientada a a tomar medidas para combatir estos defectos debe ser muy bienvenida.

A mi juico, hay varias vías por las que se vienen dilapidando los recursos públicos en España y que requieren que se actúe con valentía, efectividad e inteligencia y a la mayor brevedad.

1. La corrupción minorista: es la que protagoniza, sobre todo, la clase política y también mucha gente corriente: comisiones, gastos innecesarios, lujos injustificados, fraude fiscal a pequeña escala... La primera es vergonzosa (¿habrá un desprestigio más grande para la Marca España que haber tenido un Jefe de Estado comisionista, corrupto y, además, inviolable) porque la llevan a cabo las personas que se supone que actúan para servir a los intereses generales y no para enriquecerse. Y la segunda es nefasta porque refleja una cultura arcaica y egoísta que frena la creación de riqueza y progreso. De esta corrupción al por menor es de la que más se habla y la que se suele presentar como la única existente o más importante. Se dice constantemente que hay que bajar sueldos de políticos, eliminar coches oficiales, suprimir instituciones... pero todo esto es el chocolate del loro. En unas ocasiones se trata de casos excepcionales y personales y, en general, supone una cuantía realmente minúscula por no decir que insignificante del dinero total que cuesta la corrupción. Hay que combatirla pero no fijarse sólo en ella sin contemplar la más importante.
2. La corrupción al por mayor: es la que realmente representa una pérdida grandiosa de recursos, la que protagonizan los bancos que hacen todo lo posible para que las administraciones, las empresas y hogares se endeuden innecesariamente y en mayor medida, las grandes empresas que promueven inversiones innecesarias en beneficio propio (autopistas, puertos, aeropuertos...), las que abusan de su poder para ganar concursos que implican beneficios extraordinarios y que acaban con la competencia en los mercados y con el empleo decente, la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas, la contabilidad creativa que disimula beneficios o inversiones, o las millonarias ayudas ocultas y subsidios disimulados a los grandes grupos de poder económico.

En 2018, un estudio del Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea del parlamento europeo cifró el coste total de la corrupción en España en 90.000 millones de euros al año; otro del Fondo Monetario Internacional en unos 60.000 millones anuales a causa del cobro de sobornos, de la complejidad y opacidad del sistema tributario, de la discrecionalidad de funcionarios, de grandes licitaciones irregulares, de su falta de transparencia o de la colusión entre los licitadores o de los cambios en los proyectos después de su adjudicación, ente otras. Y un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones concluyó que mejorar la calidad de las instituciones de las que depende el bueno uso de los recursos públicos permitiría que España registrase un aumento del 16% en el PIB per cápita durante un período de 15 años.

Es fundamental, pues, combatir este robo institucionalizado de los grandes poderes económicos, aunque esto sea algo muy difícil porque se trata, precisamente, de amarrar en corto a los grupos oligárquicos que mandan en España desde hace decenios y que, como la historia demuestra, están siempre dispuestos a cualquier cosa para mantener sus privilegios.

3. Ineficiencias autonómicas. Cueste lo cueste decirlo, no se puede seguir obviando que el actual diseño de nuestro Estado de las autonomía es una fuente de duplicidades e ineficiencias. La descentralización puede generar mucho ahorro cuando se hace bien pero también gran despilfarro si lo que se crea es una suma de administraciones que no se coordinan lo suficiente ni comparten servicios, ni políticas de ingreso y gasto. Es quizá algo de menor cuantía, pero que haya habido diecisiete autonomías comprando mascarillas cada una por su lado es una barbaridad, como lo es todavía más que tengamos otros tantos sistemas sanitarios o educativos. El deterioro de la situación sanitaria que se ha producido cuando los gobiernos autonómicos han recobrado la iniciativa tras el mando único frente a la pandemia es muy significativo.

Hay que coger al toro por los cuernos y abordar esta fuente de mal uso de nuestros recursos públicos sin necesidad de romper los equilibrios territoriales a los que obliga la naturaleza plural y diversa de nuestro Estado.

4. Ayudas públicas que no ayudan y nos empobrecen. Es también imprescindible que se reformulen la políticas de ayudas públicas en España. No puede ser que grandes empresas o bancos que ganan miles de millones de euros reciban las prebendas que reciben de las administraciones o que las políticas sociales financien en mayor medida a la población con mayor nivel de renta, como no puede ser que el dinero público genere desincentivos para la creación de riqueza, cuando debe servir para todo lo contrario.
5. Un sistema fiscal ineficaz e injusto. Aunque en buena medida forma parte de la corrupción al por mayor, la naturaleza de nuestro sistema fiscal merece ser considerada como una vía singular de despilfarro y de mal uso del dinero público. Es preciso reformarlo porque es posible que el Estado ingrese más con menos impuestos, simplemente persiguiendo de verdad el fraude que nos puede estar costando entre 25.000 y 60.000 millones de euros al año, mejorando el sistema de recaudación y creando nuevas figuras que respondan a la naturaleza de las actividades que hoy día protagonizan la economía y las finanzas.
6. Servicios públicos mal financiados. La insuficiente financiación de los servicios públicos no ahorra; al final sale muy cara. Lo hemos visto en las comunidades autónomas en donde se han producido más recortes y más privatizaciones: las administraciones terminan gastando más y, como hay peores servicios, los hogares y las empresas han de dedicar más dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Los servicios son peores y más caros y, además, aumenta la deuda.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos esenciales propias del capitalismo de amiguetes que llevaron a cabo gobiernos del PP y del PSOE nos están costando miles de millones cada año y eso hay que ponerlo también sobre la mesa con toda sinceridad y claridad.

7. El mal uso del dinero público no es solamente una cuestión económica sino también cultural. Para evitarlo, es preciso que la ciudadanía sea consciente de que los recursos que se ponen a nuestra disposición no vienen de la nada, sino que son el resultado de la acción social y que es imprescindible que todas las personas asumamos nuestra vida en sociedad como una contribución a la tarea colectiva de satisfacción de nuestras necesidades, sin limitarnos a creer que todo nos va a venir resuelto.

Hacer frente a estas situaciones es fundamental, un reto ineludible para España. Aunque, en cualquier caso, no se debe olvidar que, como acabo de decir, gastar insuficientemente también es gastar mal. Por eso España, al mismo tiempo que debe hacer reformas para cerrar con urgencia estas vías de fuga de recursos públicos, debe poner un empeño especial en mostrar que las políticas de recortes de los últimos años, la estabilidad presupuestaria entendida como un fin en sí mismo, las injusticias fiscales y el desmantelamiento de lo público que se ha promovido e impuesto desde la Unión Europea es la principal fuente de pérdida de recursos y de mala gestión de los recursos públicos. Una cosa no quita la otra.

Combatir estas fuentes de despilfarro e ineficacia no es ni mucho menos fácil, como he dicho. Hace falta, en primer lugar, voluntad política de acabar con ellas y eso es complicado porque el mal uso del dinero público no se hace por casualidad, ni por gusto, ni siempre por incompetencia o por no saber hacerlo bien, sino porque hay quien se beneficia de ello y tiene poder para conseguir que se establezcan las condiciones necesarias para que siga existiendo, además, como si la culpa fuese de la gente corriente, es decir de quien, en realidad, sufre sus consecuencias.

Es por ello por lo que nunca habrá voluntad política de enfrentarse a estos problemas que he señalado si la ciudadanía no impone el debate público sobre sus causas y efectos y si no sanciona con rotundidad a quienes no contribuyan a combatir el cáncer de la corrupción y el despilfarro. Y para que eso sea posible es imprescindible que los gobiernos que de verdad estén comprometidos con esta tarea promuevan y difundan la información que permita que la gente corriente sepa lo que de verdad pasa, las consecuencias de gastar mal el dinero público y quién se aprovecha de ello.

Sólo con la presión ciudadana se podrá garantizar la transparencia, el control y la sanción que debe existir para que los españoles no tengamos que seguir avergonzándonos de quienes nos representan y gobiernan.

Con todos los inconvenientes que tiene, el reciente acuerdo europeo es una buena oportunidad para que un gobierno progresista sitúe este tipo de cuestiones sobre la mesa y con prioridad, para que ponga en entredicho a quienes en realidad actúan como cómplices de quienes se benefician de que el dinero público se gaste mal y para que haga propuestas eficaces que nos permitan avanzar por otro camino."                      (Juan Torres López, Público, 24/07/20)

El coste de la corrupción en España puede ser de 60.000 millones de euros anuales, de 90.000 o de 125.000 según la fuente consultada... España dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación...

"La corrupción sigue siendo noticia en España, ahora con la sentencia de dos expresidentes de la comunidad autónoma de Andalucia, uno a pena de cárcel y otro inhabilitado para cargos de representación, gobernada por el PSOE durante casi 40 años. 

Según el fallo judicial se desviaban fondos, legalmente destinados a empresas en crisis y trabajadores en situación de desempleo, con el propósito último de amordazar voces críticas empresariales y sindicales que permitieran una paz social ficticia. El montante de partidas públicas redirigidas sin control administrativo asciende a casi 700 millones de euros.

Un informe de 2018 realizado por Los Verdes/Alianza Libre Europea, grupo del Parlamento de Estrasburgo, estimaba el fraude por corrupción en España en 90.000 millones de euros, alrededor del 8 por ciento del PIB estatal. Para toda la UE el fraude corrupto alcanzaría los 900.000 millones de euros al año.

La web casos-aislados.com eleva esa cantidad a 125.000 millones de euros mientras que el Fondo Monetario Internacional la reduce a 60.000 millones de euros anuales.

En lo que va de siglo se han destapado en España más de 2.000 casos de corrupción y se registran por encima de 8.000 implicados en causas abiertas, ya cerradas, desestimadas por prescripción de delitos y otros motivos o sentenciadas aunque muchas de ellas recurridas en tribunales de orden superior.

Para contrastar estos datos, debemos saber que España dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación y 17.000 millones a subsidios para desempleados.

PP y PSOE, el bipartidismo creado ad hoc a la muerte del dictador Franco, en colusión con los partidos nacionalistas de derechas de Euskadi y Cataluña, PNV y CiU respectivamente, son las organizaciones más manchadas por la corrupción política. Hablar de corrupción española es casi sinónimo de PP, con el PSOE muy cerca, el nacionalismo conservador catalán liderado por el expresidente Pujol pisando los talones al PP y en mucha menor medida algunos escarceos atribuidos al PNV. Los cuatro partidos, también la UCD del expresidente Suárez, han conformado las mayorías parlamentarias que han dado sustento a todos los gobiernos de la era democrática contemporánea. En breve puede romperse esa realidad con el hito de un Ejecutivo de coalición donde entre una nueva formación de tinte izquierdista, Unidas Podemos.

En España, las grandes empresas y los bancos mayores financian a los principales partidos políticos, los políticos “financiados” nombran a los “jefes” del Poder Judicial, la policía y los militares, asimismo al Fiscal General del Estado, y el círculo cuasi perfecto se cierra con “favores” legales hacia el Poder Político. La red es permeable a la par que consuetudinaria, oficiosa, habiendo auténticos demócratas en cualquiera de los ámbitos citados que llevan a cabo su labor con dignidad disintiendo de las consignas veladas que reciben en privado. De ahí que a veces algún pez gordo y trama criminal acabe en prisión o con rasguños judiciales severos o moderados. En realidad, este sistema descrito opera en multitud de espacios internacionales. Montesquieu, al parecer, no ha sido bien entendido.

No obstante, ante el volumen de corrupción detectado mediática y oficialmente y la tupida telaraña que impide ver su presunta envergadura, cabe preguntarse si lo que aflora no es más que una porción diminuta del gigante cuerpo hoy invisible.

Aunque España entera ha registrado secuencias corruptas, los territorios más afectados y de impacto público han sido Madrid (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP), Murcia (PP), Castilla y León (PP), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU de Pujol).

Los delitos imputados son muy variados: financiación ilegal de partidos políticos, enriquecimientos personales ilícitos, desvío de fondos irregulares, mordidas administrativas para ganar concursos de obras o servicios, recalificaciones de suelo, cambios de legislación para favorecer a multinacionales, concesión de licencias a empresas de amigos, subvenciones no transparentes a terceros, desvío de fondos a destinos no contemplados por la ley, caciquismo inveterado de personajes de dudosa reputación muy populares en sus comarcas, tarjetas de crédito emitidas de forma nominal para gastos privados y puertas giratorias de la Administración a los emporios que cotizan en la elitista Ibex 35 bursátil. En algunos casos concretos, la larga mano oculta de la corrupción hizo caer incluso a señeros dirigentes sindicales. (...)"                      (Armando B. Ginés, Rebelión, 25/11/19)

Santiago Torres: “El sistema judicial no ha dado respuesta al crimen organizado”

"La serie El Pionero (HBO) ha recuperado la figura de Jesús Gil, icono de la corrupción que supo rentabilizar deporte y televisión, como Berlusconi, aunque con un populismo de impronta castiza. Santiago Torres (57 años) fue el juez que cortó su espiral, aunque acabaría abandonando la judicatura después de dos infartos, seis anginas de pecho y decepciones. Torres, con quien EL PAÍS mantuvo una conversación telefónica, ha vetado su aparición en la serie.

Pregunta. No pocas voces críticas ven un blanqueo del personaje, en un relato muy marcado por los hijos que tiende a veces obscenamente a lo hagiográfico…

Respuesta. No he visto la serie. Pero pionero es quien emprende una actividad sin antecedentes, y yo no veo un pionero. Fue una persona que realizó actos delictivos. La familia puede tener la mejor consideración, pero no es socialmente aceptable.

P. El Pionero pone de relieve el uso populista del discurso justiciero. Mientras montaban la estructura delictiva del gilismo, su abogado, José Luis Sierra, decía: “Gil hace lo que es justo, y nosotros le buscamos la percha legal”.

R. Ni siquiera iban por el borde de la legalidad. Se pueden contar cosas sangrantes. Era un nivel de ilegalidad muy obsceno.

P. El fútbol fue su parapeto, ya en el primer indulto, y a partir del triunfo liguero y electoral del 95, hay jueces que no resisten la presión.

R. Completamente de acuerdo. El fútbol es un instrumento populista de primera magnitud. Desde que en 1992 le permitieron presentarse vulnerando algunas normas. No se puede negar el trato de favor político. Y tampoco el efecto de un gran sector mediático conectado con el fútbol que le proporcionaban un altavoz formidable. El fútbol hizo al personaje.

P. Un factor clave del gilismo fue su relación con la administración de justicia. Solía decir: “los jueces no se venden; se regalan. Y otras veces se alquilan”. Estaban aquellos congresos judiciales en Marbella con todos los gastos pagados, a caviar.

R. Ciertamente. Y esto remite al papel de la Justicia en España. Algunos vivían muy bien sin querer ver lo que era notorio hasta la obscenidad. Otros decidimos no mirar a otro lado. La Justicia en España puede ser muy dócil al poder político y las influencias económicas. Y el problema es que no pasa nada.

P. El control de los juzgados de Marbella, a través de la familia Ramírez, fue muy escandaloso. Pilar Ramírez dictaminó que usted no era el juez competente al paralizar una obra emblemática.

R. Pero no solo era Pilar Ramírez, sino todo un grupo de jueces, muchos de los cuales aún permanecen. No hay más que ver el escalafón judicial, quién estaba entonces en Marbella y convivía con el gilismo y quién sigue allí.

P. Para usted tuvo un coste personal alto, y para su familia. Manifestaciones contra el juez, no contra el corrupto; después llegaron los infartos.

R. Se paga con gusto por cumplir tu trabajo. Era eso o mirar para otro lado. Tuve que salir de allí porque al final la presión era incompatible con la salud.

P. Terminó abandonando incluso la judicatura.

R. En algún momento asumí que el sistema judicial era absolutamente ineficiente y que no valía la pena. Es una de las grandes reformas pendientes en España.

P. Entiendo que va más allá del gilismo.

R. Sí, incluso más allá de la corrupción, que no sino una de las manifestaciones políticas y económicas de lo realmente importante: el crimen organizado. La criminalidad en Europa ya no va de robagallinas, como a finales del XIX. El crimen organizado es el gran problema al que todavía no se ha enfrentado nuestra Justicia. Tenemos un sistema judicial ineficiente salvo para robaperas, que es para lo que se diseñó.

P. Lo sucedido con el gilismo, ¿nos ha permitido aprender algo?

R. Sí, precisamente que el sistema fallaba y permitía que desde las instituciones se pudieran crear redes para la producción delictiva. Nos hizo ver la necesidad de cambios en la administración local, el urbanismo y la financiación de los partidos… y en la Justicia para afrontar redes organizadas y sostenidas en el tiempo.

P. ¿Se han adoptado al menos medidas básicas para afrontarlo?

R. Ninguna. Lo digo con toda desolación: no se ha modificado nada en nuestro sistema judicial.

P. ¿Tan poco cree que se ha progresado desde entonces?

R. Nada. Muchos y buenos jueces se desazonan y pasan a convertirse en meros funcionarios que expenden papel. No es ya el gilismo, sino a mayor escala. Salvo casos puntuales, nuestro sistema judicial no ha dado una sola respuesta al crimen organizado.

P. ¿Cree que algún partido o plataforma plantea medidas bien orientadas?

R. PP y PSOE no han hecho nada. No les convenía acabar con la politización de la justicia bajo el bipartidismo. Sólo Ciudadanos apunta al dictado del Consejo de Europa: separar los nombramientos judiciales de los intereses políticos. Se necesita un cambio de leyes y estructuras, en definitiva, del sistema."                       (Entrevista al juez Santiago Torres, Teodoro León Gros, El País, 08/08/19)

“Esto funciona así”: Anatomía de la corrupción en España

"¿Cuáles son los mecanismos institucionales y mentales que hacen posible la corrupción? Tras estudiar numerosos sumarios judiciales y extraer de ellos las actitudes y las frases más recurrentes, Fernando Jiménez y Vicente Carbona diseccionan en este ensayo los motivos que impulsan a los políticos, los empresarios y a la sociedad a incurrir y aceptar la corrupción.

Es indudable que los verdaderos expertos en la corrupción son quienes la practican. Por esa razón, el análisis de este fenómeno nunca podría estar completo si no prestamos atención a estos actores. En este texto nos vamos a aproximar a las actitudes, las percepciones y los valores de quienes practican estas actividades delictivas. Para ello, utilizaremos un tipo muy especial de material empírico.

 El considerable aumento en los últimos cinco años de investigaciones judiciales sobre la corrupción en nuestro país nos permite contar con una base de datos especialmente rica para analizar los mapas mentales de estos actores. En concreto, las grabaciones policiales de muchos intentos de soborno constituyen un material privilegiado para llevar a cabo un análisis de aquello que tienen “los corruptos en la cabeza” cuando se proponen cometer estos delitos.

En este texto hemos seleccionado una (corta) serie de fragmentos de estas conversaciones que son suficientemente representativos para ilustrar lo que podemos llamar el “imaginario de la corrupción” en España.

I. EL IMAGINARIO DE LA CORRUPCIÓN

¿Qué tienen en la cabeza los corruptos cuando llevan a cabo actividades presuntamente delictivas? El análisis de una información como esta enriquece nuestra aproximación al fenómeno de la corrupción. Al final, son los individuos quienes otorgan un determinado significado a sus acciones y quienes deciden qué tipo de elementos del entorno en el que actúan se convierten en incentivos que les estimulan a llevar adelante determinados comportamientos. 

Como afirma Mark Granovetter cuando critica los enfoques económicos de la corrupción de la “Teoría de la Agencia”, aunque estos modelos explicativos “puedan ser razonables si permanecen constantes todos los demás factores, en la práctica infradeterminan los resultados posibles porque abstraen los aspectos sociales de la forma en que los incentivos se convierten en tales y de la manera en que los actores les dotan de valor y de significado”.

Por tanto, para no caer en la debilidad denunciada por el sociólogo de Stanford, es conveniente utilizar material empírico. Después de leer un buen número de sumarios judiciales sobre delitos de corrupción, creemos que estamos en condiciones de condensar ese imaginario de la corrupción en cinco elementos (tabla 1). Los entrecomillados son expresiones literales extraídas de tales conversaciones.

1. Los frutos de la corrupción: el bolsillo y otros fines

El primer elemento del imaginario son los fines perseguidos por la corrupción. El fin principal suele ser el enriquecimiento ilícito, pero generalmente de manera instrumental aparece un segundo fin relacionado con este: la financiación de las campañas electorales. Para poder enriquecerse ilícitamente con la “venta” de determinadas decisiones públicas es necesario previamente haber alcanzado una posición de poder público. Para ello, en el caso de puestos de elección pública, es necesario invertir en el coste de una campaña electoral con la que asegurar que se va a alcanzar la posición de poder deseada.

Una conversación ampliamente conocida, publicada en su momento en la prensa,^[1] nos sirve para ilustrar estos extremos. Tuvo lugar en Orihuela entre Ángel Fenoll –un empresario del sector de las basuras, que es uno de los grandes protagonistas del Caso Brugal– y un entonces concejal de un grupo político minoritario del Ayuntamiento de Orihuela, el Centro Liberal, Jesús Ferrández.

Ángel Fenoll es de extracción humilde. Empezó recorriendo las aldeas alrededor de Orihuela en un carromato con su padre recogiendo las basuras. Hoy sigue trabajando en ese sector, pero en una posición mucho más acomodada. Ángel Fenoll grabó esta conversación en febrero de 2006. De hecho, por lo que se sabe del Caso Brugal, probablemente ha grabado todas las conversaciones que ha tenido con políticos.

En la conversación, Ángel Fenoll está prometiéndole al concejal su apoyo económico en lo que necesite, siempre y cuando el concejal cumpla con su parte del trato, que en este caso era tratar de obstaculizar una contrata de basuras que había hecho el Ayuntamiento de Orihuela y que se había adjudicado a un competidor de Ángel Fenoll. Se trataba de denunciar ese concurso, obstaculizarlo, y volver a sacar a concurso esa contrata.

Ángel Fenoll: Cuando llegue el momento antes del Pleno...
Jesús Ferrández: Si yo no quiero nada, tú paga la campaña.
Fenoll: Ya, ya... Que sí... Que te lo digo para que tengas confianza al 100%... Una campaña al estilo americano.
Ferrández: Al estilo americano no, una campaña que podamos sacar ocho o nueve concejales... Yo quiero que estos [PP] no gobiernen solos, que si nosotros decidimos después, decidimos nosotros [CL].

Una de las constantes en estas conversaciones suele ser la financiación de las campañas electorales y, a veces, de las propias organizaciones de los partidos, algo que constituye un verdadero agujero negro en la democracia española. En este caso, el concejal dice no esperar nada más del empresario que el pago de la campaña. Este, seguramente llevado por el entusiasmo del momento, le promete no solo que lo hará sino que tendrá una campaña “al estilo americano”... en Orihuela. Obviamente el realismo del concejal se impone. No necesita globos de colores ni sombreros panamá, sino tan solo asegurarse un número de concejales suficiente para que el partido mayoritario, sea el que sea, dependa de sus votos para conseguir la alcaldía. ¿Qué necesita por tanto el concejal? La conversación entre ambos prosigue:

Ferrández: Nosotros, con cincuenta votos de La Murada, veinte de La Aparecida... Nos sobra, no tenemos que sacar mayoría absoluta, con sacar un par de concejales más ya está, no tenemos que ganar las elecciones. Y si nosotros tenemos la suerte...
Fenoll: Tienes la llave... Ellos tienen que entenderse contigo, ellos quienes sean...
Ferrández: De eso se trata. Además tú lo sabes... Yo eso de ser alcalde me la suda. Yo lo que quiero es mangonear por detrás. Si el que se ha equivocado conmigo ha sido Medina [el entonces alcalde de Orihuela]. Podría haber sido el tío más feliz del mundo, teniéndome a mí mangoneando por detrás, es lo que más me ha gustado siempre. A mí eso de los discursos me la suda.

Están hablando, aunque no explícitamente, de que se trata de comprar votos. De hecho, existen varios fenómenos registrados de compra de votos en esa zona, no solo en Orihuela, sino que también ha habido casos denunciados en la provincia de Murcia y hasta hay una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que ha condenado por esta práctica al alcalde de Fortuna. Lo importante, por tanto, no son los globos, sino asegurar la posición de poder necesaria: no una mayoría, sino “tener la llave”, condicionar el establecimiento de una mayoría de gobierno en el Ayuntamiento. Lo de menos es gobernar, lo decisivo para este concejal, tal y como dice en esa perversa oda a la vocación política con la que termina este fragmento, es “mangonear por detrás”.

Pero ¿para qué necesita este político asegurarse esa posición de poder? El siguiente fragmento de esta conversación es suficientemente explícito.

Ferrández: Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de PAUS de cuatro millones de metros cuadrados ni basuras ni la puta que las parió.
Fenoll: Es verdad, sí.
Ferrández: De qué estamos hablando. Se pueden ganar miles de millones con un PAU de tres millones de metros cuadrados. Tú calcula que los tres millones son millón y medio de metros cuadrados y la media entre el suelo y lo que gane de las viviendas, ponle como mínimo un beneficio de 20.000 pesetas el metro cuadrado: Salen 30.000 millones de pesetas, que es lo que están ganando esos hijos de puta.
Fenoll: Están ganando todo el dinero del mundo.

Aquí aparece el otro fruto buscado por la implicación en actividades de corrupción. Uno era “finánciame la campaña” para tener “la llave”, para ser clave en la toma de decisiones en el Ayuntamiento, y una vez que consigan eso, ¿para qué quieren el poder? Hasta el momento solo hablaban de contratas de basura y de campañas electorales. Pero, claramente, lo importante en el contexto temporal de los años del boom  inmobiliario es tener el control sobre el desarrollo del suelo en el municipio. La velocidad con la que calculan el rendimiento de estas operaciones es suficiente evidencia de cuáles son los objetivos que pretenden realmente desde la posición de poder a la que aspiran.

La disposición que muestra el empresario de las basuras para saltar desde su sector al inmobiliario explica también buena parte de los comportamientos que llevaron a muchos empresarios a abandonar los sectores en los que trabajaban tradicionalmente para operar en el sector inmobiliario. Como se ha demostrado, esta ha sido, a la larga, una apuesta realmente ruinosa para la estructura económica de nuestras comunidades. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha supuesto la desaparición de un elevado número de empresas que llegaron a la promoción inmobiliaria desde sectores productivos que seguirían siendo perfectamente sostenibles desde el punto de vista económico en la actual etapa de crisis.

2. “Tener la llave”: el cargo como oportunidad

El segundo elemento del imaginario gira alrededor de la idea de que el ocupante del cargo público se encuentra en la posición clave para tomar la decisión pública necesaria que permite el negocio corrupto. En todas estas conversaciones grabadas por los cuerpos policiales aparece constantemente, como ya hemos visto en uno de los fragmentos anteriores, la expresión “tener la llave”. La ocupación del cargo público adecuado es vista como una oportunidad para el enriquecimiento ilícito de su ocupante.

La conversación elegida para ilustrar este elemento del imaginario tuvo lugar en Camas, en la provincia de Sevilla, el 12 de septiembre de 2005.Fue grabada, con la ayuda de la policía, por una concejal que luego denunció el intento de soborno al que se vio sometida. La concejal pregunta en un determinado momento:

Concejal: ¿Qué recibiría yo?
Intermediario: ...Pues resolver tu vida, la de tus hijos, y la de veinte generaciones tuyas [...] Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro.
Concejal: La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos. No creí que me iba a coger tan de cerca.
Intermediario: A todos nos llega la hora. A ti te ha llegado ahora. Yo voy a lo mío. No sé si vienes a sacarme información. Pero yo quiero hacer. Yo tengo unos señores que tienen unos intereses ahí. Te estoy hablando claro. Y tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida para veinte generaciones, la tuya y la mía.

Están hablando de lo que la concejal recibiría a cambio de ofrecer el voto decisivo para poder llevar adelante una serie de planes urbanísticos en el municipio de Camas. El intermediario no puede ser más directo a la hora de describir la oportunidad que “tener el cargo” representa en el imaginario de la corrupción: resolver tu vida y la de veinte generaciones tuyas. Como en un buen western, el intermediario deja una frase lapidaria sobre lo que parece la inevitabilidad de la corrupción: “A todos nos llega la hora.” El cargo que ocupa la concejal y su voto decisivo en el Pleno son la llave para obtener el filón del oro.

Siguiendo con el segundo elemento, el del cargo público como oportunidad, una segunda ilustración corresponde a una conversación que tuvo lugar el 5 de junio de 2008 en Arrecife (Lanzarote), entre un consejero del cabildo de la isla y un intermediario que viene a pedirle que desbloquee un plan urbanístico recurrido por el cabildo ante la jurisdicción contenciosa y por la vía penal, a iniciativa de este mismo consejero. Esta conversación completa representa una antología de la corrupción.

La conversación dura aproximadamente una hora y media. La grabó el consejero cuando supo que iba a ser objeto de un soborno. Esta grabación ha iniciado una investigación judicial aún en marcha, tras acumularse una impresionante cantidad de información.^[2]

En este primer fragmento de la conversación, el intermediario se refiere a un proyecto urbanístico en que el consejero le asegura que “ahí nadie se llevó nada”. El intermediario no da crédito a eso, y le dice:

[...] y tú imagínate que hubieras trincao un 5 o 10 de todo el proyecto ese, ¿qué pasa?, y es que te digo una cosa, si no lo hicieras, si no lo hicisteis tú o la persona que tenía en ese momento la llave es que son gilipollas, te lo digo sinceramente, es que son gilipollas, porque se creen ustedes que van a estar aquí toda la vida, que la política es itinerante [sic.], que esto no es un contrato fijo de trabajo, tú lo sabes, es que es así [...] Entonces tú te vas a mantener ahí tres años, garantizar tres años. La próxima, mira, tío, no lo sé, porque dentro de la maquinaria de ustedes unos cuantos que quieren quitarte a ti para ponerse ellos [...] Es que quieren tu puesto, quieren tu puesto, eso es lo que hay, entonces, tienes tres años. Pero vamos, yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, que tú eres un tío bastante inteligente. Tú deberías amarrarte bien, y amarrarte bien, y amarrarte bien. Garantizarte tu futuro.

El mensaje es evidente: la competencia para hacerse con el cargo y con el aprovechamiento económico que puede tener aparejado no está ni siquiera fuera del partido, sino que el peligro viene del fuego amigo. “Eso es lo que hay.” Si eres inteligente, sabes que necesitas “amarrarte bien” (aprovechar el cargo mientras lo disfrutes) para garantizarte el futuro porque el desempeño de los cargos públicos no es para siempre.

2.B. “Si no lo haces, eres gilipollas”

El segundo elemento del imaginario de la corrupción tiene un corolario. No es solo que cuando se disfruta de un cargo público en el que se tiene la llave hay que aprovecharlo, sino que si dejas de hacerlo no es porque seas un tipo íntegro, sino porque eres tonto o, como suelen decir los corruptores en estas conversaciones, “gilipollas”. La justificación que dan los corruptos para afirmar que quienes no se aprovechan del cargo público no son dignos de respeto se basa en dos razones. 

La primera es que, de todas formas, “todo el mundo pensará que lo estás haciendo”, así que, si vas a quedar como un corrupto, al menos que sea con fundamento. Este primer punto queda de nuevo magníficamente ilustrado en la conversación canaria. El intermediario dice:

Claro, o sea lo que es de gilipollas, es que eso vaya p’alante, y ahí nadie haya trincado nada [...] en un proyecto que es [...] tela marinera. ¿Qué quieres que te diga? Pues si no han trincado nada ahí, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo [...] Como todo el mundo sabe lo que hay, que es imposible que no se haya hecho nada ahí.

La segunda razón es que “si no lo haces tú lo hará otro”. Es absurdo hacerte el héroe de la integridad, porque siempre habrá otro dispuesto a dejarse comprar, así que aún te sentirás más tonto por no haber aprovechado la oportunidad cuando la tuviste. Según explica el intermediario a la concejal de Camas:

Esta gente te va a montar un negocio y no vas a tener que trabajar más. Y si no lo haces tú, lo hará otro.

Esto recuerda la frase que Francisco Hernando Contreras, El Pocero, le dijo al alcalde de Izquierda Unida que paró el desarrollo de la enorme ciudad dormitorio de Seseña^[3]: “Tú eres tonto. Eres el único alcalde honrado de España.”

Volviendo a la conversación de la isla canaria, el intermediario expresa con rotundidad esa visión sobre la inevitabilidad de la corrupción y la disposición a la misma de quienes participan en la vida pública. Tras una larga (y espeluznante) narración a cargo del intermediario de numerosos casos de corrupción en la isla en la que nombra directamente a un buen número de conocidos políticos de todos los partidos, el consejero del cabildo reacciona con ingenuidad y el intermediario no le da opción:

Político: Aquí el más tonto hace relojes, ¿no?
Intermediario: Tonto aquí, yo no veo ninguno. Yo el día que me presentes a uno te doy una medalla.
Político: El primer tonto soy yo, parece hay alguno despistao.
Intermediario: No, tú no eres tonto, lo que pasa es que acabas de entrar también ¡joder!, llevas poco tiempo, ¿no?

Es decir, los rasgos de integridad, o más bien de estulticia por no aprovechar las oportunidades que brinda el cargo público, son, a juicio de este intermediario, pasajeros, fruto únicamente de la poca experiencia en la vida política y, por tanto, un sarampión que pasa muy pronto.

3. “Además, no te va a pasar nada”

El concepto de la impunidad es un elemento poderoso en el imaginario de la corrupción. Las reglas del juego corrupto son sencillas, “la Biblia está escrita desde hace tiempo”, según el intermediario de la conversación canaria en otra frase digna de ser esculpida en mármol:

¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Tú, que eres el personaje público, ni apareces. Entonces, por ejemplo yo [con el promotor] hago un contrato, ese sí que se hace público, una cosa 100% legal, de un porcentaje en el que figura que [el intermediario] tiene un porcentaje en esta sociedad, luego yo contigo, si tú quieres, hago un contrato privado –el contrato privado vale igual que uno público–. Tú tienes tu copia y la guardas, que de la parte mía el 50% es tuyo, y ya está. Eso no tiene por qué aparecer jamás en la vida, jamás. Cuando tú termines todo tu bagaje y tal y cual, que no va durar mucho o cuando tú quieras, eso se llevará a escritura pública y ya está [...]

Así es como se hace, ¿entiendes?  [...] Con cosas privadas tú no vas a ver nada, eso se amarra bien y no hay problema, eso te lo digo yo [...] La Biblia está escrita desde hace tiempo  [...]

Esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer. Si a ti te viene mañana [el promotor]... ¡Coño! ¿Cómo podemos desbloquear este tema tal y cual? Tú me llamas [el intermediario], vete con él [el promotor], escucha lo que te dice, y luego yo hablo con él: esto lo podemos desbloquear, pero ¿cómo queda la cosa? Y ya está, tú no apareces por ningún lao, por ningún lao  [...]

El blanquearlo es muy fácil, o sea a mí me dan mañana mil millones de pesetas, me dicen: “Mira tengo mil kilos en, no sé, Islas Caimán o..., tráetelo p’acá y lo tienes blanqueado en dos años.”

En este caso, el intermediario le explica al político cómo hacer el pago del soborno garantizándole toda la opacidad posible para que no deje huellas. Además, en lo que constituye toda una reivindicación profesional del papel del intermediario, este aprovecha para ofrecerse al político para que pueda llevar a cabo este tipo de operaciones con cualquier clase de empresario interesado. 

Incluso aprovecha para asegurarle que el blanqueo del cohecho es una operación simple en la que ya tiene experiencia. Aunque en esta conversación no se advierte, en muchos otros casos, uno más de los servicios ofrecidos por los intermediarios de la corrupción es el de “comerse el marrón”, de ir a la cárcel antes que descubrir quién fue el destinatario último de los pagos.

4. “No vayas a joder al pueblo”

Ampliar el número de beneficiarios de este tipo de intercambio parece ser otra de las principales reglas del juego entre corruptos, al menos entre los más avezados en estos negocios. La conversación de la isla canaria vuelve a servirnos una ilustración de este elemento del imaginario. Tras poner algunos ejemplos de políticos corruptos a los que perdió la avaricia, el intermediario advierte al político:

No vayas a joder al pueblo, o sea lo que es estúpido es que en el [barrio popular], tú no le dejes hacer casas [...] Claro, tú tienes que ser generoso, a la gente del pueblo ponle lo que quiera a [barrio popular] dos plantas, y en [otro barrio] otra planta más pa esa gente para que lleve a la familia y que se beneficie todo el mundo y después de tres o cuatro operaciones gordas que hay [...], empresas privadas con dinero y tal, a la gente no le importa mientras  [...] tú hagas cosas por el pueblo. Lo que no puedes hacer es to pa mí, to pa mí y que se joda el resto del mundo, entonces te joden vivo.

El mensaje es que, si eres un depredador, no vas a poder disfrutar mucho tiempo de la ocupación del cargo público que permite acceder a estos negocios. Por eso, el truco se juega a esa carta: “No vayas a joder al pueblo.” Esta es la condición de posibilidad para ser un corrupto con permanencia en el cargo. Como dice con claridad meridiana el intermediario, “a la gente no le importa [que tú te beneficies ilícitamente] mientras hagas cosas por el pueblo”.

No obstante, es evidente que por culpa de la corrupción, a la larga, “el pueblo” es exactamente el que sale perjudicado. Estas “operaciones gordas” dejan un legado de degradación medioambiental, estructuras de poca calidad y unas condiciones sociales mucho peores.

Un ejemplo de esta hipocresía populista es el de Jesús Gil. Después de tantos años en Marbella, donde renovó cuatro veces seguidas su mayoría absoluta; después de tanta supuesta creación de riqueza y puestos de empleo, la población de Marbella se había multiplicado por cuatro. Sin embargo, la realidad es que siguió teniendo un solo consultorio médico, las mismas líneas de transporte público, y menos metros de jardines públicos por habitante de las que tenía antes de Gil.^[4] El mensaje es: “No vayas a joder al pueblo”, pero realmente el pueblo acaba gravemente perjudicado por este tipo de comportamientos, aunque en muchos casos tarde bastantes años en advertir las consecuencias del mal gobierno y la corrupción.

5. “Esto funciona así”

El elemento quizás más preocupante de este imaginario es la transmisión de la idea de la inevitabilidad de la corrupción, la idea de que el sistema político en la práctica “funciona así”. Las reglas del juego son estas, y, por lo tanto, lo de cumplir con la legalidad parece ser lo excepcional. Las leyes parecerían no ser más que un formal atrezzo para tranquilizar conciencias, mientras que las verdaderas reglas del juego son las de los intercambios corruptos.

La siguiente conversación es pública, tomada de una entrevista del reportero Luis Gómez en El País en noviembre de 2010.^[5] Es una de las pocas entrevistas que ha concedido Enrique Ortiz, el promotor inmobiliario de Alicante que domina en torno al 80% del suelo urbanizable en el término municipal, y que además es dueño del Hércules Club de Fútbol. También es uno de los principales implicados en la Operación Brugal y protagonista de uno de los capítulos del Caso Gürtel que afecta a la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Luis Gómez: Y sus competidores están también convencidos de que recibe trato de favor de los políticos.
Enrique Ortiz: Un político no te da la contrata, pero sí te la puede quitar. Las cosas las tienen muy claras. He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores. Tienes que ganarte su confianza: si te piden que hagas una obra porque la necesitan, la haces. Yo por Navidades, ya sé lo que me espera. Que si hay que darle dinero a este equipo modesto. Y ahí está Ortiz. Que si hay que ayudar a las fiestas. Y ahí está Ortiz. Que si a alguna asociación, que si hay que construir una escuela de enfermería en el Sáhara. Y ahí está Ortiz. No se trata de sobornar al alcalde. Si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo.
Gómez: Pero por las conversaciones y los informes de la Operación Brugal se desprende que usted ha ido más lejos en los favores [...] Usted empleaba a familiares de políticos.
Ortiz: Lo he hecho toda mi vida. Cómo le voy a decir que no a un político. Pero no les he regalado el sueldo a esos familiares [...]
Gómez: O sea, que el favor al político está justificado.
Ortiz: Es el sistema. Yo no quería comprar el estadio del Hércules, por ejemplo. Pero había una presión social, que se traslada a que el político te diga: “Tienes que comprarlo.” Y luego digo pero hay que hacer un estadio nuevo, que no es para mí, es para el Hércules, y propongo una operación para hacer uno nuevo, con la permuta de unos terrenos. Es lo que han hecho todos los clubes de España. Yo nunca haría una operación especulativa con el estadio.

Aunque Ortiz se desmarca del pago de sobornos, admite que este conglomerado de favores a los políticos constituye “el sistema”. Es la manera de ganarse su confianza y, siendo así el sistema, no hay manera de quedar al margen. Analicemos ahora un caso algo más escabroso que vuelve a servir de ilustración del “esto funciona así”.

El 9 de junio de 2010, el periódico canario La Provincia desvelaba que Jacinto Álvarez, el exgerente de Urbaser en la isla de Lanzarote, llamaba a María Isabel Déniz, la exalcaldesa de Arrecife, “la Trincona”. Álvarez está acusado de efectuar pagos ilegales a la alcaldesa; según él, con el visto bueno de sus superiores.

Urbaser es una enorme empresa^[6] dedicada principalmente a la gestión de basuras, y pertenece a ACS, la empresa de Florentino Pérez. El gerente reconoció que sobornaron a (o que se dejaron extorsionar por) la alcaldesa, a cambio de la concesión a esta empresa de la contrata de basuras del ayuntamiento de Arrecife, valorada en más de ocho millones de euros a diez años vista.

De acuerdo con la información recogida por el diario regional, en un determinado momento la exalcaldesa, cuya hermana era la viceconsejera de Justicia del gobierno autonómico en el momento de saltar el escándalo, averigua que está siendo investigada por la Guardia Civil. En ese momento, según publica La Provincia, avisa a Jacinto Álvarez de que están siendo seguidos por la Guardia Civil y le pide que se deshaga de toda la documentación que pueda comprometerles. El gerente de Urbaser coge toda la abundante documentación que tiene en su oficina y la lleva a una nave que tenían en un barrio de Arrecife para esconderla. Pero la Guardia Civil ya lo estaba siguiendo y se hace con toda la documentación.

Entre la documentación que se le encuentra, aparece un cuaderno en el que había escrito un “decálogo para tratar a la alcaldesa”. La norma número uno era darle siempre la razón. Según las anotaciones de Álvarez y de acuerdo con su declaración ante la policía judicial, la alcaldesa les pedía constantemente nuevos regalos: relojes, viajes para ella y su familia (entre ellos un safari en África), etcétera.

Álvarez alegó que el pago de sobornos, superior a los 40.000 euros, se hizo con el conocimiento de sus superiores. Naturalmente la empresa niega esta versión y despidió a su gerente en cuanto fue imputado. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Operación Brugal esta misma empresa ha protagonizado al menos un caso muy parecido en la concesión de una nueva contrata de basuras en la Vega Baja de Alicante,^[7] por lo que hay indicios suficientes para deducir que esta práctica podría constituir algo más que una mera ocurrencia de gerentes sin escrúpulos.

La pregunta que cabe hacerse es cómo es posible que una empresa nacional tan potente no denuncie este tipo de comportamientos, de solicitudes de cohechos, cuando se topa con ellos en algunos municipios. Nuestra hipótesis es que esto se debe seguramente a que trabajan con la misma clave que hemos visto antes con los concejales: si no lo haces, lo hará otro. Cuando uno habla con empresarios de estos sectores, no resulta tan extraño escuchar que los empleados de estas empresas digan que sus superiores lo sabían. Si tú no pagas los sobornos, otros lo harán y además perderás la contrata. Por esto, quizás, no lo denuncian. Porque también ellos parecen admitir que, al menos en algunos ayuntamientos, “el sistema funciona así”.

Volvamos a la conversación de la isla canaria a la que nos hemos referido repetidamente. En un determinado momento, el intermediario habla de otro promotor inmobiliario muy conocido en la isla, pero al que no representa personalmente en este caso:

Intermediario: JF [promotor] es un tío que hay que reconocer que las cosas cuando las hace, las hace bonitas.
Político: Sí, eso sí.
Intermediario: Bien hechas; por lo menos no es chapucero.
Político: Por lo menos no es chapucero.
Intermediario: Es un tío que lo hace bien y que queda bien.
Político: Se salta la ley con estilo.
Intermediario: Eso sí, se salta la ley con estilo, pero, coño, ya que se la va a saltar alguien que se la salte él, que lo hace bien y deja siempre cosas bien hechas, ¡coño!, cosas bonitas... Como yo sé que al final se la van a saltar, prefiero que se la salte él a que no se la salte un basura que te hace una mierda, un desastre y te deja encima mal.

De nuevo, la idea de la inevitabilidad de la corrupción: “Como yo sé que al final se la van a saltar [la ley]”, mejor que se la salte un promotor que construye “cosas bonitas” y que no es un chapucero. Al menos “se salta la ley con estilo”. Es más, este tipo de promotores hasta “dejan bien” al político, ya que lo de menos parece ser cumplir la ley. Una constatación más de este elemento del imaginario de la corrupción en nuestro país: las leyes no parecen ser más que un adorno para estos personajes, las verdaderas reglas de juego no son las leyes oficiales, sino las que regulan los intercambios corruptos. Un mensaje ciertamente desolador.

 

II. ¿EN QUÉ GRADO ESTÁN EXTENDIDAS ESTAS ACTITUDES?

Para poder cuantificar y evaluar las implicaciones de estas actitudes de y hacia la corrupción, es necesario investigar más allá de los actores principales. ¿Podemos pensar que este tipo de actitudes, este imaginario de la corrupción, está generalmente extendido en nuestra sociedad, entre los ciudadanos? Si esto es así, estaríamos ante una situación muy complicada. ¿Necesitamos una revolución moral para combatir la corrupción en España?

En el país que inventó el género literario de la picaresca tendemos a pensar con frecuencia que las actitudes que hemos presentado en la primera parte del trabajo están muy enraizadas en nuestra sociedad. De hecho, en ocasiones hay algunos retazos de información sociológica que parecen apuntar en esa línea. Nos vamos a limitar a presentar solo algunos datos que podrían servir como evidencias de la extensión de este tipo de actitudes entre los ciudadanos españoles.

Comencemos con una conversación entre trabajadores manuales de la Comunidad de Madrid, de entre treinta y cuarenta y cinco años de edad, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2006, cuando los escándalos de corrupción urbanística ya dominaban las portadas de los medios de comunicación.^[8]

D.: Yo lo que quiero dejar claro por mi parte es que da igual que sean unos u otros, que lo que está claro es que el poder político es la herramienta para tener el poder económico, para manejar la pasta y aquí se ha demostrado que eso es así, son más o menos, y perdonad, clanes casi de mafiosos que se reparten el territorio. Yo me apostaría el sueldo de un año a que no hay un ayuntamiento en España, sea del partido que sea, al que no le saquen beneficio –da igual que sea izquierda, o el que sea.
J.: Por eso no sale casi nada, porque en todos hay...

Como se observa en la cita anterior, el fragmento comienza con la típica expresión de cinismo hacia el sistema político que cualquier científico social conocedor de la realidad española esperaría: que todos los políticos, todos los partidos son iguales; que anteponen sus intereses particulares a todo lo demás, y que eso los convierte a todos en corruptos, al menos en potencia. La conversación prosigue:

D.: La lástima que tengo es no haber pensado esto con veinte años en lugar de con treinta y nueve, porque ya me habría encargado yo de meterme en el rollo de la política que ahora sería concejal.
J. C.: Es que es una mafia.
D.: Porque también como luego no te va a pasar nada y que por otro lado estas cuatro años y luego a vivir, porque no conozco ningún político que al dejarlo se haya tenido que ir de electricista o lo que fuera, de bancario o lo que fuera.
J. M.: Y que luego según está la ley, tampoco le pasa nada si...
D.: ...Es que entran con unos sueldos muy normalitos y a los seis meses ves que tienen unos chalés, en unas urbanizaciones de no sé cuantos miles de euros, y dices, pero bueno, es que yo soy tonto.

D. sorprende a sus compañeros al dar una vuelta de tuerca al habitual discurso sobre la perversión de la clase política. No se queda solo en la consabida y omnipresente denuncia de la corrupción de los políticos, de todos ellos, sino que añade lo que parece ser un arrebato de sinceridad mucho menos habitual: la lástima es no haberse dado cuenta antes de cómo eran las verdaderas reglas del juego político, la presencia de la corrupción, para haber entrado él mismo en este juego ya que ahora estaría en una posición económica mucho mejor. Aunque son unas palabras que sorprenden en un primer momento a sus compañeros, hay que decir que estos acabaron asintiendo ante lo señalado por D.

Si dejamos de lado esta aproximación cualitativa y echamos un vistazo a las encuestas de opinión, encontraremos también algunos datos igualmente preocupantes. En primer lugar, la percepción de los españoles sobre la incidencia de la corrupción es realmente alarmante. Sobre este particular poseemos una larga batería de datos, pero basta con la tabla 2 para ilustrarlo.

 Otros datos ahondan en esta no muy alentadora imagen. España exhibe una de las tasas más bajas de confianza interpersonal generalizada de la UE-15, un factor que suele estar correlacionado con el nivel de corrupción real: A mayores niveles de confianza social, menos corrupción, y viceversa. El gráfico A recoge la distribución de la variable de la confianza interpersonal según unos datos de diciembre de 2009.

 Las percepciones de los españoles sobre la parcialidad o imparcialidad con la que funcionan las principales instituciones de gobierno (tabla 3) apuntan también hacia una preocupante sensación de que instituciones públicas clave como la justicia o la administración tributaria no tratan por igual a todos los ciudadanos.

Así, según el CIS, siete de cada diez españoles se mostraban disconformes en 2009 con la afirmación de que “el sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son”. De acuerdo con otra encuesta de ASP para la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) realizada en ese mismo año, tres de cada cuatro encuestados se mostraban muy o bastante de acuerdo con la opinión de que “la gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el que recibe el ciudadano medio”.

Esta baja confianza ciudadana constituye uno de los rasgos de la cultura política de los españoles desde que se lleva a cabo este tipo de estudios en nuestro país. La gran mayoría de españoles percibe que las instituciones públicas no tratan por igual a todos los ciudadanos y asume que la corrupción abunda entre nuestros representantes y nuestros gobiernos.

La visión negativa ciudadana sobre el funcionamiento parcial de las instituciones de gobierno aparece no solo en las encuestas sino, como hemos visto, en buena parte de las conversaciones grabadas por la policía en la persecución de delitos de corrupción. Una constante afirmación sostiene que los intercambios corruptos son la forma normal de proceder: que esto funciona así.

Como señalan Charron y Lapuente, cuando la percepción de la mayoría es que “el sistema funciona así”, los actores invertirán tiempo y esfuerzo en el cultivo de los contactos sociales adecuados para tener acceso a tales beneficios. En el caso español esta actitud parece haber calado de forma considerable. Parece crear una especie de contagio y tiende a deteriorar la capacidad de reacción con la que un sistema democrático debería perseguir y castigar este tipo de actitudes.

Cuando en una encuesta realizada por Víctor Pérez Díaz para ASP por encargo de FUNCAS en 2010 (ASP 10.048), se preguntó qué es lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española, más del 56% respondió “tener buenos contactos y cultivarlos”, casi el 20% eligió “tener suerte” y, significativamente, solo el 18% se inclinó por la opción “tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas”. Estos últimos, según el imaginario de la corrupción, serían probablemente los “gilipollas”.

Sin embargo, a pesar de la prevalencia de estas actitudes, no puede afirmarse que la sociedad española esté particularmente inclinada a la corrupción. Los datos que tenemos sobre la experiencia directa en el pago de sobornos a través del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional son bastante sólidos en este sentido: aquellos que dicen haber pagado un soborno en España nunca han superado el 5% de los encuestados, por debajo de la media de los países de la UE.

Además, los escasos indicadores existentes sobre los comportamientos que los ciudadanos consideran como corruptos no demuestran una tolerancia especial de los españoles hacia la corrupción (tabla 4).

Ni siquiera cuando los encuestados son sometidos a un difícil dilema moral parecen imponerse las respuestas menos adecuadas. A la pregunta “¿Qué frase refleja mejor su opinión?”, la mayoría contestó: “Que los políticos cumplan siempre con las leyes, incluso si eso les hiciera ser menos eficaces a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos” (CIS 2826, dic. 2009).

Por tanto, en el caso español, el problema coincide con lo sugerido por Charron y Lapuente. No parece que lo importante aquí sean los valores morales de los ciudadanos. No parece que una mayor incidencia de la corrupción en España con respecto a los países de nuestro entorno pueda atribuirse a los valores de moral pública entre los españoles, sino a que las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones de gobierno son altamente negativas.

Los españoles perciben una gran parcialidad en el funcionamiento de estas instituciones con la consiguiente desigualdad de trato por parte de las mismas. Esta percepción genera una actitud de cinismo hacia la política y los políticos que explicaría el recurso a comportamientos típicamente clientelares, en los que el cultivo de los contactos adecuados está por encima del esfuerzo individual para mejorar las condiciones de vida y el propio estatus social.

Así, el desafecto hacia la política democrática evidente en los estudios de opinión, y su reflejo en el comportamiento electoral (la facilidad con la que se descuentan a menudo las denuncias de corrupción), serían fruto no tanto de una moral pública escasamente cívica, sino más bien el producto de la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático (basado sobre todo en la idea de igualdad) y sus recelosas expectativas sobre la realidad de la política democrática.

De este modo, dadas las bajas expectativas que tienen sobre el grado de ajuste de la política real a su propio ideal de democracia, su reacción ante un escándalo (o una oleada de escándalos) de corrupción es de “normalidad”. Los escándalos confirman sus expectativas sobre los verdaderos motivos de los actores políticos (y el verdadero funcionamiento de las instituciones políticas) y, por tanto, no son excepciones ante las que haya que reaccionar para que todo vuelva a la “normalidad democrática”.

III. EL CÍRCULO VICIOSO

En este imaginario de la corrupción, el cargo público es percibido como “la llave” para “trincar”; si no lo haces, “eres gilipollas”, y otros lo harán; y “además, no te va a pasar nada”. Todo esto es anatema a la verdadera democracia.

Las tradicionales redes clientelares en España siguen patrones establecidos y perfeccionados durante siglos de mala gobernanza que son difíciles de extirpar. Estas redes, con sus “intermediarios”, funcionan a través de comportamientos que incluyen intercambios corruptos en los que las decisiones políticas están ligadas a beneficios económicos, y viceversa.

No obstante, la corrupción en España no constituye un caso excepcional ni en su forma ni en su extensión. Spain is not very different. De hecho, el imaginario sigue pautas que encajan en algoritmos defectuosos evidentes en muchas sociedades y países por todo el mundo.

Lo realmente lamentable es que la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático y la realidad existente, ese cinismo hacia la política democrática en España, representa una peligrosa desconfianza generalizada en las instituciones y en la capacidad de los sistemas de administración para resolver el problema de la corrupción. Es un círculo vicioso de difícil arreglo.

Cuando no existe un sano equilibrio entre las administraciones, la sociedad civil y los mercados, cuando los sistemas de control no funcionan adecuadamente, no puede haber verdadera “normalidad democrática”.

Pero quizás lo más desalentador es lo que esto significa en términos de iniciativa individual, de la percepción del esfuerzo personal, y por tanto, de la posibilidad de cambiar “el sistema”. Mientras “esto” siga “siendo así”, mientras las reglas del juego no estén claramente delineadas y sean iguales para todos, nada cambiará.

La lucha contra la corrupción en España requerirá cambios significativos en la cultura política y también en la cultura empresarial. Como evidencian las encuestas, los ciudadanos españoles no son especialmente propensos a la corrupción, no se trata de un problema de moral pública. Se trata de un sistema de control y responsabilidad defectuoso.

Para sanear “el sistema” y eliminar el impacto de la corrupción sobre la vida social española, se requerirá una acción global concertada entre todos los sectores sociales. Se requerirá liderazgo político e institucional decisivo, responsable, y un llamamiento a un movimiento social imparcial e inclusivo que abarque a las clases política, empresarial, cultural y académica. Solo así estaremos en condiciones de romper el círculo vicioso. "     

 (Fernando Jiménez, Vicente Carbona, Letras Libres, 07/02/2012)