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6.6.23

Viene de lejos, lo de Melilla... "1991: El notario Ballarín declara ante el juez que su firma fue falsificada en los votos que tramitó el PP... las firmas con el nombre de Ballarín legitimaron más de 7.000 votos, de las que cerca de 3.000 parecen ser verdaderas. No obstante, nadie ha examinado exhaustivamente la documentación de cada uno de los 27.274 votos por correo emitidos en Madrid"

"El notario Alberto Ballarín declaró ayer ante el juez que su firma ha sido falsificada en los votos por correo que gestionó el Partido Popular en Madrid, según informaron fuentes de la dirección de Izquierda Unida, coalición que está personada en la causa. Ballarín examinó una muestra de las legitimaciones cuya rúbrica se sospechaba falsificada, y expresó que no coincidían con su firma. El titular del Juzgado número 2, Rafael Mozo Muelas, le ha citado de nuevo para mañana, viernes, con objeto de que verifique, una por una, los miles de firmas supuestamente falsas.

Esta declaración de Bailarín tiende a indicar que alguna persona afín al PP incurrió en falsedad de documento público (castigada con prisión menor -seis meses a seis años- y multa), y que gran cantidad de sufragios adjudicados a ese partido fueron ilegales.José Mariano Benítez de Lugo, el letrado que elaboró el recurso del PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que fue desestimado-, cifró esas falsificaciones en "al menos" 4.381, cantidad de votos suficiente como para alterar el reparto de concejales: si se le hubieran restado al PP, tendría ahora un edil menos, pero conservando la mayoría absoluta.

No obstante, la parte acusadora ha resaltado que el fraude fue presuntamente cometido cuando aún no se conocían los resultados y bajo la idea de que esos miles de votos podían decidir la alcaldía de Madrid.

Cuatro testigos

En las diligencias del Tribunal Superior, abiertas por la vía con tencioso-electoral, los jueces se negaron a admitir la petición del PSOE de que testificase Bailarín, y dieron por buenos los resultados. Ahora el notario ha declarado en las diligencias abiertas por la vía penal.La firma del fedatario es necesaria para que un elector inválido o impedido delegue en otra persona -en este caso, en miembros del PP- la tramitación en Correos de su voto por correspondencia (el resto de los electores que no vaya a estar presente el día de la votación debe acudir personalmente a una oficina postal).

La investigación judicial -en la que ya han declarado cuatro testigos- se ha centrado hasta ahora en averiguar los mecanismos del PP para gestionar votos, y comprobar si la legitimación notarial correspondiente a cada caso ha sido falseada. En días posteriores, el juez entrará previsiblemente a conocer si además se falsificaron los certificados médicos que han acompañado a muchos votos y se sustituyó también la voluntad de los electores, de todo lo cual existen ya pruebas y testimonios publicados por este periódico.

A la salida del juzgado, Alberto Bailarín se negó a hacer comentarios y sólo indicó que el viernes declarará de nuevo. "Tengo que respetar", señaló, el secreto del sumarlo" (que, sin embargo, no ha sido declarado secreto). Juan Francisco Pla, el letrado que representa a Izquierda Unida, también declinó hacer declaraciones.

Según las referidas fuentes de la coalición, Bailarín explicó ante el juez que había legitimado algunos miles de firmas para el voto por correo que gestionó el PP. Lo hizo cotejando las rúbricas de tales delegaciones con las firmas que figuraban en los correspondientes carnés de identidad de los electores, y en algunos casos en fotocopias de este documento. Sin embargo, en cerca de un centenar de casos rechazó plasmar su firma en la fe pública, por dudar de la autenticidad de los documentos que se le sometían.

27.000 envíos

Según cálculos extraoficiales, las firmas con el nombre de Ballarín legitimaron más de 7.000 votos, de las que cerca de 3.000 parecen ser verdaderas. No obstante, nadie ha examinado exhaustivamente la documentación de cada uno de los 27.274 votos por correo emitidos en Madrid.El notario se refirió ayer expresamente, durante su declaración ante el juez, a las legitimaciones sospechosas reproducidas por EL PAÍS el pasado 11 de julio, que dio como claramente falsas, respaldando así el dictamen de dos peritos de los tribunales que fueron consultados por este periódico.

En cuanto al hecho de que las falsificaciones de la firma estuviesen acompañadas por estampillas de su notaría (una plantilla que se ha de rellenar con los datos personales de cada elector), Bailarín explicó que sus empleados se la entregaron al PP con objeto de que los miembros de este partido escribiesen los nombres y números correspondientes, para facilitarle el trabajo. De ello puede deducirse que, una vez con la plantilla en su poder, alguna persona la utilizó indebidamente para legitimar votos de electores que ignoraban estar votando."                  (Álex Grijelmo , El País, 01/08/1991)

30.12.21

Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino, abogados, un notario corrupto y oficiales de la notaría, se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades

 "Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino y un notario corrupto se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción 32 de Barcelona después de siete años de una costosa y laboriosa investigación que acumula más de 100 tomos y que ha dejado sin vivienda a 128 familias catalanas en la que se ha convertido en la mayor estafa inmobiliaria de España.

 En el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia , el juez deja a un paso del juicio a 17 personas –hay dos más en paradero desconocido y dos fallecidos en este tiempo– como presuntos responsables de la gran estafa. No la cuantifica, pero el montante del engaño es de varios millones de euros. Como líderes de una organización criminal, el juez sitúa al abogado y modelo de pasarela, Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que, según el juez, se encuentran en paradero desconocido, pero es sabido que cumple condena por aquel asesinato en un correccional de Bangkok donde en un primer momento fue sentenciado a la pena capital que luego le fue conmutada por cadena perpetua.

 La trama, liderada por estas tres personas, se apropiaba de viviendas de personas mayores, aprovechándose de sus necesidades económicas y de su incapacidad para entender el papeleo jurídico. Les hicieron firmar documentos notariales y de compraventa que resultaron ser engañosos para quedarse con sus propiedades. En el auto, el juez sostiene que los acusados realizaron “distintas operaciones financieras” “aprovechándose de la situación económica acuciante en la que se encontraban las víctimas y de su escasa formación”.

 La estafa empezó con un anuncio en la prensa publicado a toda página en enero del 2013. “Rentas vitalicias para superar la crisis”, decía el eslogan. “Si tiene más de 65 años y un piso de propiedad consiga otra pensión”. Aquella publicidad ofrecía la posibilidad a personas mayores de hacer una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio, por el cual los propietarios cedían la propiedad pero seguían ostentando el disfrute de la vivienda–el usufructo– hasta que murieran a cambio de percibir una renta mensual. En aquella época en la que todavía se notaban las consecuencias de la crisis económica del 2008, hubo personas mayores que querían saldar sus deudas y otras que quisieron complementar su jubilación a cuenta de sus propiedades y que se vieron atraídas por aquella oferta.

 Cuando estalló el caso en el 2014, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya decidió personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra los responsables de la trama que estafaba a ancianos porque uno de los supuestos líderes era el notario, Enrique Peña. El colegio, en una decisión sin precedentes, solicitó al Ministerio de Justicia la suspensión cautelar que finalmente fue aceptada en febrero del 2016. Desde entonces, este notario no puede ejercer. El colegio reafirma su compromiso con las víctimas y asegura que seguirá hasta el final para que se aclaren los hechos que son objeto de la investigación a fin de defender a los afectados y reafirmar la respetabilidad de su profesión.

Los estafadores se anunciaban con el nombre de Gestió Vitalícia, aunque después fueron creando hasta 42 nuevas sociedades con otros nombres pero que ofrecían productos similares. Cuando los ancianos llamaban a la empresa quienes les visitaban eran Comitre, abogado con buena presencia, y Segarra, comercial de buena labia y verborrea. Cuando debían elevar la escritura pública, los clientes eran siempre derivados al mismo notario, Enrique Peña, que tenía un despacho en la Diagonal de Barcelona, lo que a ojos de todo el mundo era sinónimo de respetabilidad. A los ancianos les hacían firmar un poder para cancelar las cargas– un trámite que siempre hace el banco–, y luego los estafadores utilizaban ese poder para vender la propiedad a una tercera persona, que era un testaferro de su misma trama.

 Los ancianos “terminaban por firmar, sin conocimiento y sin ser debidamente informados de ello, las ventas de sus propiedades por un precio muy inferior al real valor de los inmueble”, establece el juez. Así, por medio de esta ingeniería jurídica, los abogados, notarios y demás miembros de la trama, entre los que también había abogados y oficiales de la notaría, lograban apoderarse de las viviendas de los ancianos, que en muchas ocasiones fueron obligados a abandonar sus casas. Y, por si fuera poco, por medio de los testaferros solicitaban una hipoteca para comprar la vivienda que después dejaban impagada

. En otras ocasiones, simplemente los clientes pedían un préstamo poniendo sus casas como garantía, pero en realidad firmaban la venta de sus domicilios. Estas eran las fórmulas del engaño que utilizaron en 128 ocasiones, aunque se sospecha que puede haber muchas más que no han podido demostrarse. Las viviendas estaban situadas en Catalu-nya, en la zona alta de Barcelona, Teià, Santa Coloma de Gramanet, Viladecans, Terrassa, Calella, Arenys de Munt, Vielha...

La causa estalló en el 2014, se denominó operación Cocoon y desde entonces las víctimas no han podido recuperar sus viviendas. Se encuentran paralizadas en el registro de la propiedad con órdenes de prohibición de disponer, lo que significa que nadie puede tocar la titularidad a expensas de lo que determine el proceso judicial, pero que en este caso sigue a nombre de los estafadores.

 Este diario ha intentado contactar con algunas de las víctimas, pero la mayoría son personas de avanzada edad que no se encuentran capacitadas para hablar de lo que les ocurrió. Otras tantas han muerto, con lo que son sus herederos los que empujan para que los estafadores de sus familiares acaben condenados. A pesar de que hay más de un centenar de afectados, solo veinte familias han querido o podido personarse. “Es indignante lo que han tenido que vivir estas personas”, cuenta un abogado que prefiere mantener el anonimato.

 “Las victimas son todas personas muy mayores, que no pueden entender cómo un proceso judicial pueda durar tantos años y que no puedan recuperar sus propiedades cuando ya se ha descubierto que fueron víctimas de una estafa. Están desesperadas, tristes y algunas con graves problemas económicos derivados de los hechos”, relata otra abogada que destaca la impotencia que sintieron las víctimas. “Nadie les creía, cada afectado denunció por su cuenta la estafa y jueces y fiscales archivaban sus denuncias porque confiaban más en la palabra de un notario que en la de una persona mayor humilde. No fue hasta que se destapó el caso que se pudio unir a todas las víctimas y comprobar que, efectivamente, todas habían sido victimas de gravísimas estafas perpetradas en una notaría de la Diagonal”.

Comitre pasó varios meses en prisión preventiva y ahora sigue ejerciendo como abogado en el turno de oficio. El notario Enrique Peña, que fue encarcelado, fue suspendido a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya."                     (Toni Muñoz, La Vanguardia, 05/12/21)

20.7.21

José Luis Moreno “quería crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”... con un notario a sueldo y directores de bancos

 "Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes en su casa de Boadilla del Monte (Madrid) al productor televisivo José Luis Moreno por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. “Querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”, señalan fuentes de la investigación.

Según la policía, se trata de una red internacional que aprovechaba “su estructura empresarial para blanquear el dinero negro de las organizaciones del tráfico de drogas”, describen los agentes en una nota.

Estas detenciones forman parte de la última fase de una investigación que han desarrollado durante dos años la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con los arrestos “se desmantela por completo la red, al localizar las personas dedicadas a la captación de fondos”, recoge la nota policial. La organización contaba con más de 700 sociedades para conseguir sus fines ilícitos, aseguran las mismas fuentes.

En total hay 53 detenidos presuntamente implicados, entre ellos cinco directores de entidades bancarias en Madrid, según fuentes de la Guardia Civil de Barcelona, que colabora en el operativo dirigido desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura de Madrid y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. A los detenidos se le imputan los “delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”, según fuentes de la investigación.

El productor está siendo investigado por formar parte presuntamente de ese entramado empresarial internacional mediante el cual se desviaban los beneficios obtenidos en sus múltiples negocios, vinculados en gran medida al mundo audiovisual. Los investigadores estiman que el fraude podría alcanzar los 50 millones de euros.

“Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión”, explica la nota enviada por la Guardia Civil.

El arresto de Moreno, de 74 años, se ha producido en Madrid en el marco de esta operación, que está bajo secreto de sumario. Esta misma mañana, los agentes han llevado a cabo un registro del domicilio del productor, con la presencia de la Unidad de Guías Caninos. La operación se está desarrollando en Madrid y Barcelona, según han confirmado fuentes de la investigación.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destino, entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas, describe la nota de la Guardia Civil. “La capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo, sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico”, confirman.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias que acusaban a la organización de haber defraudado más de 1,3 millones de euros abusando de la operativa bancaria.

Tráfico de drogas

La organización aprovechaba su entramado empresarial para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas, aseguran los investigadores del instituto armado. “Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaban con las ventas de droga”, explican.

Durante la investigación los agentes de la Guardia Civil realizaron una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una “mula” (correo de la droga), que “trabajaba para esta organización transportando, en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras”, aseguran las mismas fuentes.

Escándalos fuera de escena

No es la primera vez que el nombre del famoso ventrílocuo, que sufrió un sonado y violento atraco ,,en su chalé en 2007, aparece ligado a escándalos y corruptelas más allá de los escenarios y los platós de televisión. Moreno fue condenado en 2013 por no respetar los derechos de sus trabajadores. El empresario fue denunciado por no pagar a sus empleados los mínimos establecidos y por no sufragar las cantidades estipuladas en la grabación de las obras y de las dietas. En ese momento, los denunciantes fueron ocho actores que participaban en las obras musicales Lo más grande en Zarzuela, La Revoltosa y La Gran Vía. El juzgado lo condenó entonces a desembolsar 30.000 euros.

Según la lista de morosos de Hacienda del año en curso (2021), una de sus empresas, Kulteperalia S.L., que ofrece y alquila platós de grabación, mantiene una deuda con el fisco español de 1.041.884 euros.

Por otra parte, el empresario, promotor de series de éxito como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, donó entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al PP, que se incluyeron en la contabilidad b, según declaró en 2013 el extesorero del partido Luis Bárcenas al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Bárcenas aseguró entonces al juez que la decena de anotaciones por un millón de pesetas y 6.000 euros a nombre de “Moreno” y de ”José Luis Moreno” que aparecían en sus manuscritos se correspondían con donaciones del productor.

Moreno estuvo imputado, además, en 2011 en el caso Palma Arena, pero el juez José Castro archivó su imputación por falta de pruebas en la investigación sobre un supuesto soborno del productor al expresidente balear Jaume Matas, denunciado por el exdirectivo de una de las empresas de Moreno."                 (Patricia Ortega Dolz , Patricia Peiró  , El País, 29/06/21)

6.8.20

Ramallo se saltó el reglamento de los notarios para favorecer al exjefe de seguridad de Iberdrola

"El exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV Luis Ramallo habría incumplido en 2004 el Reglamento Notarial para favorecer a su íntimo amigo y exjefe de seguridad de Iberdrola Marcos Peña. Es la conclusión a la que han llegado asesores legales de Iberdrola que examinan los detalles de la pieza 17 del sumario del llamado caso Villarejo y consultados por este medio.


El 20 de diciembre de 2004, los exdirectivos de Iberdrola Marcos Peña, Ángel Zarabozo y José Antonio del Olmo acudieron a la notaría de Ramallo para depositar un sobre con documentos que presuntamente podrían haber constituido un delito de cohecho. Pese a que el código deontológico exige al fedatario público conocer los documentos que se depositan para garantizar que su contenido no oculta ningún delito, Ramallo se lo saltó.

Evitar la comisión de delitos


Los artículos 145 y 217 del Reglamento Notarial exigen a los notarios tener conocimiento directo de los documentos de los que se hacen depositarios para evitar, por ejemplo, guardar durante años una confesión de un asesinato o la autoría de un robo.


Según consta literalmente en el acta de depósito registrada bajo el número 3.825 de fecha 20 de diciembre de 2004, el objeto depositado era: “Un sobre cerrado firmado por los comparecientes cuyo contenido desconozco si bien los comparecientes manifiestan que su contenido no es contrario a las leyes, a la moral ni a las buenas costumbres y yo el notario, por mi parte, estampo mi signo, firma, rúbrica, sello y lacre en dicho sobre en el que extiendo una diligencia comprensiva de la presente acta”. Según la propia acta, Ramallo aceptó en depósito un sobre cerrado cuyo contenido dice que fue en todo momento desconocido para él.


El sobre con el informe


La única forma que tenía Ramallo de asegurarse de que el contenido del sobre no era contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres era abrirlo y acceder a su contenido, pero no lo hizo así y se limitó a dejar constancia de ello en el acta de depósito.


Dentro de ese sobre, José Antonio del Olmo, Marcos Peña y Ángel Zarabozo guardaron un informe sin acuse de recibo y ocho facturas de Castellana de Seguridad (Casesa) donde se denuncia que Iberdrola realizó pagos de Grupo Cenyt entre marzo y octubre de 2004 y que el 18 de noviembre de 2004, una vez fue dado de alta como proveedor dentro de Iberdrola, Cenyt cobró la primera de las 17 facturas que la compañía ha trasladado al juez.

La relación de Marcos Peña y el Donato González


Solo la presencia de Marcos Peña, íntimo amigo de Ramallo, justifica el comportamiento irregular del notario en opinión de los asesores legales del gigante energético. Peña era el responsable de seguridad de confianza del entonces presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, y uno de los directivos a los que mejor le iban las cosas en Iberdrola hasta la llegada de José Ignacio Sánchez Galán a la eléctrica. Cuando se sintió arrinconado en el grupo energético, Peña habría convencido a su compañero de trabajo José Antonio del Olmo para que llevara los controvertidos documentos a la notaría de Ramallo.


Tras su salida de Iberdrola, Peña entró a formar parte del universo del expresidente del PP en Madrid y exconsejero de Presidencia Francisco Granados, imputado en la operación Púnica y relacionado con la trama de corrupción de Gürtel. En junio de 2008, se incorporó al Gobierno de la Comunidad de Madrid como asesor de seguridad y se le señaló como jefe de una red de expolicías y ex guardias civiles dirigida desde el Ejecutivo regional que se dedicaba a espiar a cargos del Partido Popular, por ejemplo a Cristina Cifuentes.

Un habitual en el Bernabéu


Marcos Peña es familiar directo del padre de Donato González, el máximo responsable de Société Générale en España y banquero de referencia de ACS. De hecho, fue Peña quien le introdujo por primera vez en el mundo de la banca a través de Banesto. Donato González es un habitual del palco del Bernabéu y como financiero estuvo al lado de Florentino Pérez tras desistir en la operación de control de Iberdrola. González y Granados trabajaron juntos en Société Générale durante la década de 1990. Cuando Granados fue apartado de la política, Donato le reincorporó al banco."             (Crónica Global, 02/08/20)

25.11.19

Detenido un notario de Cádiz sospechoso de ayudar a unos narcos a blanquear sus beneficios

"Tarde o temprano, todo narco al que le vaya medianamente bien en su negocio se enfrenta a la encrucijada de qué hacer con esa ingente cantidad de dinero sucio. El clan de Los Santiago optó supuestamente por invertir los beneficios de la venta de cocaína a pequeña y media escala en comprar inmuebles en El Puerto de Santa María (Cádiz).

 Y en esta maniobra de blanqueo de capitales se ha visto implicado un notario de esta ciudad que ha acabado detenido, sospechoso de haber permitido y dado fe de la compra-venta en metálico de dos propiedades.

El fedatario público, de iniciales A. T., fue apresado este miércoles y acabó en libertad imputado por favorecimiento del blanqueo de capitales, según explica la Policía Nacional de Cádiz. El caso, conocido como ‘Operación Málaga’ suma meses de investigación. En mayo cayeron 25 de los supuestos narcos de dos bandas en El Puerto y Estepona, acusados de traficar con cocaína en constantes movimientos de una ciudad a otra.

La banda gaditana de Los Santiago era capaz de vender más de seis kilos a la semana de esta droga. Cinco de los investigados son los que se han visto implicados en movimientos de compra-venta sospechosos “sin ningún propósito económico o lícito aparente salvo la ocultación de la auténtica titularidad de los bienes inmuebles adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico”, señala la policía.

De todas esas maniobras sospechosas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Algeciras se fijó especialmente en las compras de dos inmuebles que estuvieron supervisadas por el notario portuense. La transacción fue realizada a nombre de dos menores de edad, uno de ellos de tan solo tres años. Además, se llevaron a cabo “en metálico y con la autorización expresa del notario que las certificó”, apuntan desde la investigación.

Para los agentes, estas operaciones presentan “claros indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales”. Y creen que el notario incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, “al permitir y no comunicar las operaciones inmobiliarias a los organismos encargados de supervisar éstas y evitar, de ese modo, la inclusión en el circuito legal financiero, un dinero de procedencia ilegal fruto de la venta de drogas”.

Las leyes 10/2010 de blanqueo de capitales y la 7/2012 sobre prevención y lucha contra el fraude limitan los pagos en efectivo a un tope de 2.500 euros o a 15.000 euros, en limitados supuestos de que el interviniente sea particular, pagador y, sobre todo, que no sea residente fiscal en España. Pese a la existencia de indicios de delito, corresponderá ahora a la Justicia determinar cuánto de intencionado tuvo la supuesta mala praxis del notario de El Puerto.

La Operación Málaga trazó las relaciones de los narcos gaditanos con una banda de Estepona que obtenía pingües beneficios con la venta de cocaína y que eran proveedores de los primeros. Aunque los malagueños eran meros intermediarios, los investigadores les atribuyeron unas ganancias de 1,2 millones de euros a la semana, gracias a ventas como las que hacían con el grupo de El Puerto. El dinero lo gastaban en hoteles de lujo, viajes, vehículos de alta gama o en estrenar ropa compulsivamente.

Además de la detención del notario en Cádiz, la nueva fase de investigación ha concluido con el bloqueo y embargo preventivo de tres inmuebles, más de 20 productos financieros y ocho vehículos; todo ello con un valor que supera los 200.000 euros. La primera fase de la Operación Málaga ya se saldó con la intervención de cuatro kilos de cocaína, diversas armas, casi 50 vehículos y 140.000 euros en efectivo."                         (Jesús A.Cañas, El País, 22/11/19)

15.1.18

El director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia rectifica su apoyo a una recalificación urbanística ilegal tras ser señalado por un fiscal

"Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Ministerio de Justicia al que el fiscal César Estirado -que investiga un caso de presunta corrupción en Hoyo de Manzanares- intentó denunciar por prevaricación, ha rectificado el trámite que firmó para poder inscribir en el registro de la propiedad una finca fruto de un recalificación ilegal aprobada por el Gobierno municipal, en manos del Partido Popular.

La denuncia contra el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia la frenó el Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, quien retiró de la querella redactada por Estirado, especialista en urbanismo y responsable de la investigación, el nombre del mando del ministerio

Finalmente, en el escrito firmado por el fiscal jefe de Madrid y admitido a trámite por un juzgado de Colmenar Viejo se acusa de prevaricación al alcalde de Hoyo, Ramón Regueira, del PP, y a siete concejales -seis del Gobierno y una de Ciudadanos que completa la mayoría- junto dos asesores municipales, a dos ediles también del PP de la legislatura anterior y a dos arquitectos de la Universidad Antonio de Nebrija, promotora del terreno sobre el que se pretendía levantar una edificación de un centenar de viviendas pasando por encima de las normativas urbanísticas.


La implicación del alto cargo de Catalá en la causa de Hoyo de Manzanares guarda relación con su decisión del mando de Justicia de inscribir la finca en el registro de la propiedad después de que una funcionaria se hubiese negado a hacerlo, alegando que la parcela incumplía no solo la normativa urbanística municipal, también la Ley del suelo. 

El alto cargo del Ministerio dio la razón a la universidad privada, la promotora del suelo, en el recurso que esta había planteado contra la resolución de la registradora de la propiedad quien había dejado por escrito que el Gobierno municipal de Hoyo de Manzanares había autorizado "una segregación de un terreno que incumple el planeamiento municipal, admitiéndolo claramente".

En la respuesta al recurso, el director general de Justicia avaló la inscripción de la finca con el argumento de que la legalidad de una parcela compete a las administraciones o a los juzgados pero no debe ser enjuiciado por un registrador de la propiedad. Ese razonamiento supuso que la parcela fuese inscrita, aunque posteriormente la Comunidad de Madrid acabó tumbando ese desarrollo urbanístico por vulnerar las normativas de suelo.

 La urbanización nunca se llegó a levantar pero el fiscal que estudió el caso a raíz de la denuncia de un partido independiente, Unidos por Hoyo, que se había escindido del Partido Popular, acabó incluyendo al cargo de Justicia entre los querellados en el borrador de denuncia que nunca llegó al juzgado.

La imputación del director general de Catalá deberá volver a decidirla el Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, después de que desde el nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, haya invalidado la junta de fiscales de Madrid del pasado 30 de noviembre, en la que se abordó el asunto pero se impidió votar a los fiscales, tal y como es preceptivo cuando un miembro de la carrera invoca el artículo 27 para solventar su discrepancia con la orden de un superior.

De momento, el alto cargo de Justicia ya se ha corregido a sí mismo y ha rectificado su decisión en un escrito remitido el pasado 3 de Noviembre a la agrupación de electores que denunció la operación urbanístico y que ha sido incluido en las diligencias judiciales que investigan esta presunta corruptela urbanística. 

En el escrito con membrete del Ministerio de Justicia y firmado por el propio Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy alega que cuando autorizó la inscripción de la finca no contaba con toda la información de la que hoy dispone.

En ese documento que corrige su informe anterior y ahora rechaza la inscripción de la polémica parcela, el director general del Justicia subraya que en el momento de adoptar aquella decisión se desconocía que la Comunidad de Madrid hubiera rechazado el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Hoyo ni que el Gobierno municipal hubiera desistido de cambiar la calificación de la finca. 

"Toda esta información complementaria, muy importante sin duda, no pudo ser tenida en cuenta al por esta Dirección General al resolver el recurso, puesto que no constaba en la nota de calificación o porque fueron posteriores a la nota de calificación", escribe ahora el mando de Justicia, quien subraya que la única cuestión resulta en julio de 2016 a la hora de autorizar el registro fue "la duda fundada y razonable sobre la viabilidad de dicha segregación".

La marcha atrás del alto cargo de Justicia en ese documento al que ha tenido acceso eldiario.es se conoce solo nueve días antes de que los 211 fiscales de Madrid deban votar (el próximo 10 de enero) sobre la decisión del fiscal jefe provincial de apartarlo de la denuncia.

 La opinión de la mayoría no es vinculante para el responsable de la fiscalía en Madrid que puede imponer su criterio. Y de momento, Polo ha repetido que no ve razones para investigar al director general del Gobierno en el asunto de Hoyo de Manzanares."             (José Precedo, eldiario.es, 01/01/18)

30.1.17

Los notarios, testigos ciegos de abusos de la banca, se lavan las manos... pero su trabajo no es el de practicar la higiene manual, precisamente

"El sistema hipotecario español tal y como lo hemos conocido ha volado por los aires. Los jueces, españoles y europeos, lo han dinamitado al declarar que millones y millones de hipotecas contenían disposiciones abusivas que han cobrado miles de millones de euros de más a los consumidores.

 Están las cláusulas suelo, pero también los gastos de formalización de la hipoteca, hipotecas multidivisas que los compradores no comprendían... La banca comienza a expiar sus pecados, con la imagen por los suelos y la cuenta de resultados tocada. Pero queda un aspecto que cada vez atrae más miradas: ¿y los notarios?  

La bisagra entre el banco y el ciudadano, los que debían velar por que no haya abusos al consumidor, han asistido mudos a este festival. Su respuesta es que su papel era muy limitado y que no pueden vetar cláusulas hasta que no son declaradas nulas: "Es que nosotros no somos jueces". Veamos.

"Hay un notario que incluso nos ha reclamado la cláusula suelo. El Lazarillo de Tormes llega a todos los estamentos". El 13 de enero, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, apuntó en voz alta lo que el sector de la banca llevaba tiempo musitando. Que en estas crisis ellos se llevan todos los golpes, mientras que los notarios salen indemnes.

 Es lo que comenta en privado un abogado de un importante despacho que defiende a la banca: "¿Qué utilidad o qué provecho le da a una entidad financiera un notario si su papel no tiene utilidad, si se cuestiona todo?". Los bancos venían de verse vapuleados en los tribunales por las preferentes o la salida a bolsa de Bankia, en las que colocaron productos complejos a inversores no preparados —en casos, directamente analfabetos—. 

Pero en las hipotecas habían cumplido formalmente con todo lo previsto: estaban avaladas por el notario, sinónimo de respeto y credibilidad. "Los notarios apenas están siendo llamados a declarar, es como si no fuera con ellos, y se supone que son garantes de la transparencia y que explican a las partes el contrato", añade este abogado.

José Ángel Martínez Sanchiz fue elegido presidente del Colegio General del Notariado el pasado mes de diciembre, en el mejor momento. En su despacho, ya salpicado de papeles, explica con paciencia por qué jurídicamente no hay nada que reprochar a los 2.800 notarios que durante los años del 'boom' supervisaron la firma de millones de hipotecas lesivas para el consumidor.

 "La sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo incorpora una interpretación de la directiva de consumidores y usuarios de 1993 y exige un plus de transparencia, pero en una fase anterior al contrato, en una fase preliminar, en la que no interviene el notario. 

Es en la fase en la que se desenvolvía la comercialización por parte de las entidades". Martínez Sanchiz destaca que en la negociación entre el banco y el cliente el notario no interviene y que es ahí donde los jueces han dicho que se produjeron los abusos.

A su lado, Pedro Galindo, director de gabinete y abogado del Estado en excedencia, apunta: "La gente se pregunta: ¿si lo he firmado ante notario cómo va a ser nulo? El notario solo puede hacer lo que la ley le permite y la ley le obliga a expulsar del préstamo aquellas cláusulas que hayan sido declaradas nulas por abusivas por un juez o que contravienen abiertamente la ley. 

Si no ha hablado antes un juez sobre esa cláusula, podrá tener una opinión jurídica, pero no puede expulsarla". En la recepción de la sede un folleto vende las bondades del gremio. "El notario proporciona a los ciudadanos la seguridad jurídica preventiva que promete la Constitución. [...] Firmar una escritura pública ante notario aporta la tranquilidad de saber que se está actuando dentro de la ley". Ahora.

El despacho del presidente de los notarios tiene suelo de madera y aspecto regio, con gruesos volúmenes de jurisprudencia en las mesas. En despachos como este es donde se formalizaron esas hipotecas. Quien ha firmado una no ha olvidado ese momento

Aunque con variaciones, se puede decir que generalmente el notario entraba, repartía los dnis como un crupier y leía —con más o menos velocidad y/o interés— las condiciones del préstamos y preguntaba a los firmantes si lo habían entendido y si estaban de acuerdo. La urgencia en la notaría solía ser directamente proporcional al crecimiento de la burbuja inmobiliaria y a la actividad inmobiliaria en esa zona.

En 2007, Julio firmó una hipoteca de 75 páginas. En la 26 asomaba una cláusula suelo (aunque no la llamaban por ese nombre): "Límites a la variación del tipo de interés; en todo caso, aunque el valor del índice de referencia que resulte de aplicación sea inferior al 2,25%, este valor, adicionado con los puntos porcentuales expresados anteriormente para cada supuesto, determinará el 'tipo de interés vigente' en el 'periodo de interés'. 

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación en su caso de la bonificación prevista en el apartado siguiente. El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al 15% nominal anual". ¿Se entiende o no? Un suelo del 2,25% más el diferencial (0,15% sobre el euríbor) y un techo del 15%. 

Cuando en 2013 le quitaron la cláusula suelo tras la sentencia del Supremo, se le abarató la hipoteca unos 300 euros. Solo por ese párrafo. "El notario solo leyó una parte de la hipoteca. Empezaba a leer: 'reunidos de una parte, bla, bla', y pasaba tres páginas. Nos explicó cuatro cosas y habló unos seis minutos. Tenía cuatro personas esperando para firmar. Era otra época. El banco me ofreció 40.000 euros más para amueblar la casa. Le dije que no y menos mal. Eran los años locos", recuerda Julio con humor.

 El problema es que el sistema, la sensación de que todo iba bien o quién sabe si la rutina convirtió la firma ante notario en un mero trámite de último minuto. "Cuando vas a firmar al notario el escenario impone. Ahora el Supremo dice: 'Antes de que llegue ese momento dé a ese señor todas las opciones habidas y por haber", sostiene el presidente de los notarios. Este admite que la posibilidad de revisar todo el papeleo antes de la firma apenas se ha usado.

 "Se había dispuesto el derecho de consultar el borrador de la escritura tres días antes pero eso no se ha ejercido. En el momento de la firma de la escritura es un momento de gran presión. Uno está nervioso, como me pasó a mí cuando firmé mi hipoteca, porque es algo de gran trascendencia. El notario cuando llega trata de ver la escritura: uno lo hará de otra manera y otros de otra, por eso hay competencia y libertad de elección, pero en general se cumple con los requisitos [...] 

El momento de revisar la escritura no es el más idóneo para negociar, porque está el vendedor, que quiere vender, un comprador, a veces un agente de la propiedad que quiere una comisión, el banco, en ocasiones los padres que avalan... Ahí es difícil extraer utilidad al asesoramiento que prestamos los notarios", explica, pedagógico, Martínez Sanchiz.

 Luis Prados Ramos, notario en Lleida, lo explica gráficamente: "Al notario hay que venir peleado y reconciliado con el banco. Las dudas hay que plantearlas antes". Prados tiene una visión independiente: por un lado defiende a los notarios pero admite que ha habido errores. "Si alguien habla del bla, bla, bla de la notaría que venga a mi despacho a decírmelo.

 No voy a defender al que ha trabajado mal pero que nadie ponga en duda mi trabajo". En ese sentido, las sentencias han hecho tabla rasa. No han ido caso a caso, mirando si el notario explicó bien las cláusulas o si masculló la hipoteca a toda velocidad.

Prados admite que ha habido casos en los que las notarías eran máquinas de producir hipotecas. "Pongo la mano en el fuego por muchos de mis compañeros pero no todos. Los que firmaron un determinado número de escrituras, incluso 8.000 o 10.000 al año, es imposible que asesoraran. ¿Está usted de acuerdo? Yo firmo y me voy.

Eso era lo que hacían. A partir de un determinado número de hipotecas eres un engranaje en una máquina", explica este notario, que señala otro problema, la estrecha relación de algunos notarios con determinados bancos. "El BBVA, por ejemplo, ha impedido la libre elección de notario y hay clientes que iban a la notaría que elegía el banco como corderitos. La gente tenía que informase". 

En su web este notario ya denunció "un mercadeo por ser elegido notario de BBVA, porque a la larga proporciona un inmenso volumen de trabajo, normalmente de muy fácil ejecución, con beneficios muy superiores a la media de la documentación ordinaria de una notaría".

José Baltasar Plaza, fundador de Bufete Rosales, uno de los puntales de esa floreciente industria de picar bancos en los tribunales, no quiere centrarse en los notarios, pero sí que concede que "podían haber servido de filtro y no lo han sido. El cliente del notario era el banco y deberían haber estado por encima de eso. Digamos que ha habido cierta relajación de funciones".

Aun reconociendo problemas, Prados es crítico con las resoluciones judiciales que ahora anulan hipotecas por sistema. "No estoy de acuerdo con la opinión que están teniendo los jueces. El que ha firmado una multidivisa que no vaya ahora de corderito. Decían: 'Qué chollo tengo que he firmado una multidivisa y el yen está bajo". Como solución, reclama más poder: "Si quieren que combatamos, que nos den armas, no teníamos armas". Pablo Pazos, notario en Pontevedra, coincide: "La hipoteca viene ya cocinada. Nuestro papel es muy limitado y encorsetado".

No son solo los notarios los que defienden que si las costuras del sistema han saltado no lo han hecho por su lado. O no fundamentalmente por ahí. José María Fernández Seijo, juez de Barcelona que planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un contrato abusivo, cree que el papel de estos "no ha sido determinante ni en un sentido ni en otro. Ellos actúan al final, en la suscripción de los contratos, pero la poca transparencia se daba antes".

 Fernández Seijo cree que ahora es fácil criticar. "A toro pasado, todos podríamos haber hecho más. El legislador tampoco puso medidas preventivas. Ha sido un fallo multiorgnánico del sistema pero la responsabilidad esencial no está en los notarios". El magistrado cree que hay casos individualizados de malas prácticas en las notarías, pero "es un salto cualitativo endosarles la responsabilidad" de los abusos masivos del sistema hipotecario.

Y recuerda algún caso en su juzgado. "Hemos tenido notarios que leyeron concienzudamente las cláusulas y aun así las hemos anulado porque hemos considerado que en ese momento ya era insalvable". Durante la entrevista por teléfono, Fernández Seijo cuenta que tiene sobre la mesa una sentencia del Supremo que alude a este papel de los notarios en este sentido.

 "La intervención del notario tiene lugar al final del proceso que lleva a la concertación del contrato, en el momento de la firma de la escritura de préstamo hipotecario, a menudo simultáneo a la compra de la vivienda, por lo que no parece que sea el momento más adecuado para que el consumidor revoque una decisión previamente adoptada con base en una información inadecuada", dice el fallo.

Los notarios no solo dicen no ser responsables de las hipotecas fallidas, sino que alguno de ellos ha denunciado ser estafado por la banca, como si fuera un consumidor más. En 2011 un notario de Denia (Alicante) demandó a Bankinter por un 'swap' que había firmado con la entidad. En el pleito, el banco incluso llegó a presentar el temario de la oposición a notarías para demostrar que era imposible que alegara desconocimiento de lo que había firmado. 

"No cabe hablar de error, dada la condición de notario del actor, suficientemente preparado para intervenir en contratos bancarios", alegó el banco.

Sin embargo, la justicia falló que "el contrato de permuta financiera es un contrato complejo y la cualidad de notario no le priva al actor de la condición de minorista y como tal debía estar informado de todas las consecuencias del contrato, no constando acreditada dicha información. Sí consta acreditado que él mismo preguntó en el acto de la firma y que en todo momento se le indicó que era un producto para protegerles de las subidas de intereses, fiándose de quien se lo ofrecía".

La mayoría de notarios consultados rechazan presetarse como víctimas de abusos bancarios aunque uno ironiza: "Hasta Botín dijo una vez que él no entendía todos los productos que comercializaba el Santander".

Los notarios insisten ahora en la propuesta que han hecho al Gobierno para asesorar al cliente antes de la hipoteca y así evitar que se repita este fallo descomunal. El presidente del notariado reitera en que no se puede desmontar todo el sistema: ​"Gracias al crédito hipotecario en España tenemos un acceso a la vivienda en propiedad del 83%, cosa que no se da en ningún otro país europeo.

 Hay que mantenerlo". Mientras se desmonta, se hunde, se reconstruye o se liquida, las cosas ya han cambiado en el día a día de muchas notarías, como cuenta un notario: "En las últimas firmas he hecho algo de teatro. Les digo: 'Sepa usted que los jueces creen que usted es tonto y le tengo que informar como a un tonto'". Todos tontos."                    (Rafael Méndez, El Confidencial, 28/01/17)

28.12.16

La culpa de los notarios en las cláusulas suelo... ¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?

"(...) ¡La banca es mala! El mantra ya no hay quien se lo quite al sistema financiero. Se ha ganado el sambenito durante la crisis. Las entidades han cometido suficientes tropelías en estos últimos años como para que les quede cosido el adjetivo. 

Pero el reparto de culpas en el caso de las cláusulas suelo debe extenderse a todos. A los notarios, como depositarios de esa fe pública, en este caso, como intermediarios entre los buenos y los malos. (...)

Cuenta el consejero delegado de un banco que, tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013, que condenaba a BBVA, Abanca y Cajamar a eliminar desde entonces los suelos de sus hipotecas, recibió la llamada de un importante notario del levante español exigiéndole la eliminación de su cláusula suelo. El argumento esgrimido fue la mala comercialización del producto y que entre las decenas de páginas del papel timbrado de su hipoteca aparecía una cláusula suelo. 

La llamada también incidió en el carácter abusivo de la cláusula puesto que ante la bajada extrema del euríbor, como ha sucedido en estos últimos años, su hipoteca quedaba topada por un tipo mínimo, siempre superior a los precios marcados por el comportamiento del mercado. 

La contrarréplica del CEO fue contundente. “¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?”. El notario, a día de hoy, sigue pagando una hipoteca con suelo.

 La historia resume el explosivo cóctel de las cláusulas suelo. Un producto que ha puesto de manifiesto que la sociedad, los ciudadanos y las familias, en definitiva, se enfrenta al contrato financiero más importante de su vida sin ese mínimo asesoramiento que si ejecuta en otras compras menores: vehículos o qué decir de la tecnología. (...)

Los notarios han sido cómplices de esa alarmante permisividad de los hipotecados, reconvertidos, muchos de ellos, en afectados ante el inusual comportamiento del euríbor. Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado, el notario dará fe de haber leído a las partes la escritura íntegra; y el artículo 193 del Reglamento Notarial añade que se entenderá que la lectura es íntegra cuando el notario hubiera comunicado el contenido de la escritura con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las circunstancias de los comparecientes. ¿Se imaginan las explicaciones del aludido notario levantino? (...)

Pero los notarios no sólo deben explicar a los futuros hipotecados el contenido de su escritura sino también exigir a la entidad bancaria los deberes de transparencia a los que obliga la ley. Así, es necesario que la información suministrada al cliente le permita percibir que la cláusula suelo puede incidir en el contenido de su obligación de pago. 

Por ello, estas cláusulas no pueden recibir un “tratamiento impropiamente secundario” y venir “enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificultan su identificación por el prestatario". La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es clara: “El empresario está obligado a una especial llamada de atención sobre ella (cláusula suelo), lo que podrá hacerse destacándola por su ubicación separada, su impresión en distinto tamaño o color de letra, su subrayado o por el empleo junto a las cláusulas de símbolos que llamen la atención, como una mano roja apuntándola (la red hand rule característica de los contratos anglosajones), una calavera o una señal de stop”. (...)

La banca asumirá la factura total de las cláusulas suelo, mientras empieza a pagar condenas por las hipotecas multidivisas. Otro producto aderezado de una mezcla explosiva: la irresponsabilidad de algunas entidades para comercializar hipotecas en yenes o francos suizos a auténticos analfabetos financieros que perjuraron ser expertos en el mercado de divisas en las épocas en las que dejar de pagar en euros suponía reducir el principal del préstamo a la mitad. (...)"             (Miguel Alba, Vox Populi, 25/12/16)

5.10.15

Juzgado un notario por cooperar en un caso de blanqueo

"El notario Alberto Herrán será juzgado este lunes en la Audiencia de Palma como presunto cooperador en un caso de blanqueo de capitales. La fiscalía le acusa de imprudencia grave por no haber alertado a las autoridades antifraude de la sospecha del manejo de dinero sucio en una compraventa inmobiliaria en Mallorca, por un valor declarado de 1,85 millones, que se formalizó en su notaría.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau pide para el fedatario público 16 meses de cárcel, una multa de dos millones de euros y cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Esta causa es una de las piezas de la Operación Relámpago, un escándalo de fraude, evasión de impuestos y dobles ventas que investiga la Fiscalía Anticorrupción en Palma desde 2007.

En el registro efectuado en el bufete de abogados Feliu de Palma, se identificaron 816 compañías, de las que 161 estaban en paraísos fiscales. También se escrutó la notaría de Alberto Herrán y Álvaro Delgado, este último exonerado antes del juicio.

Operación Relámpago

Las diferentes piezas de la operación han permitido al Estado recuperar más de 20 millones por multas e impuestos impagados. Gran parte de las sentencias han sido por conformidad. 

Cuatro abogados de la familia Feliu (José, Miguel, Alejandro y Gabriel) han sido condenados a penas de cárcel que no han motivado su ingreso en prisión, por complicidad en los delitos fiscales que cometieron sus clientes. Una de sus ex clientes, la cantante Ana Torroja, fue condenada por tres delitos fiscales al pago de 1,5 millones.

El fiscal Carrau sostiene que el notario Herrán “omitiendo sus obligaciones legales posibilitó que se introdujesen fondos ilícitos en el circuito económico ordinario”. El acusador destaca que el fedatario no alertó del pago de 1,85 millones a través de una compañía que tenía un capital de 6.000 euros. Alberto Herrán, en 1995, fue secretario general del PP balear.

En el banquillo habrá otros imputados. Al negociante británico Peter Brian Bradley (condenado por fraude en el Reino Unido y preso) se le reclama una condena de doce años de prisión por tres delitos fiscales y multas por 3,2 millones de euros. Al letrado Alejandro Feliu, se le piden 16 años de cárcel y siete millones de multa por blanqueo de capitales y fraude fiscal."                  (   , El País, Palma de Mallorca 4 OCT 2015)

22.7.15

La detención de un notario arroja luz sobre la estafa de Zona Franca. En la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Rubricó, sin darse cuenta, un préstamo de 200.000 euros a devolver en 3 meses

"Para las familias de Zona Franca que perdieron sus pisos víctimas de una estafa, la detención de Enrique Peña ha sido una bendición. Peña, notario barcelonés, fue arrestado la semana pasada junto a una decena de personas más por participar en una trama que engañó a medio centenar de ancianos con préstamos hipotecarios en toda Cataluña

 Casi la mitad acabaron desahuciados. De esta investigación, que está bajo secreto de sumario, se conocen pocos detalles. Pero la implicación de Peña puede dar un giro a la lucha de los vecinos de Zona Franca que llevan años de lucha para recuperar sus viviendas: el notario intervino en al menos una decena de las escrituras firmadas por los afectados entre 2006 y 2009. Ahora le exigen responsabilidades.

Peña ha salido ileso de la causa judicial de Zona Franca y solo está prevista su declaración como testigo. El juicio, que se celebrará en octubre, sentará en el banquillo a la presunta estafadora María Navarro. 

 La mujer afronta una petición de nueve años de cárcel por apoderarse de 1,7 millones de euros de una docena de familias del barrio. El fiscal pide otros tres para su expareja, José Fernández, por ayudarla. Son los dos únicos acusados en una investigación que no pudo ir más allá, pese a que los afectados han descubierto que en casi todos los casos se repiten los mismos nombres, tanto particulares como de empresas.

“Hemos echado en falta que no se investigara al notario ni a los responsables de las empresas prestatarias”, reflexiona Anaïs Franquesa, que defiende los intereses de un grupo de afectados de Zona Franca. “Era alarmante”, añade, “ver cómo en las operaciones se repetía el mismo modus operandi y les escrituras se protocolizaban en la notaría de Enrique Peña”.

Franquesa y el resto de abogados están interesados en conocer qué se cuece ahora en la operación Cocoon, lanzada la semana pasada por los Mossos. La policía detuvo a diez personas, incluidos el notario, el abogado Francisco Cómitre, un falsificador de documentos, testaferros y dos oficiales de notaría. 

Los letrados confían en conectar, de alguna forma, las dos causas. Eso daría a sus clientes más posibilidades de recuperar lo perdido, ya que Navarro (con antecedentes por apropiación indebida) era solo el “gancho” de las estafas: las deudas están contraídas con empresas. También está interesado en la investigación el Colegio de Notarios, que prevé personarse como acusación en la causa contra Peña.

El notario barcelonés es el nexo común de las dos macroestafas. Ambas guardan numerosos puntos en común, que los Mossos aún no han explorado. Aunque en la causa de Zona Franca no pudo probarse que Peña actuara de mala fe, la policía cree que, esta vez, ha obtenido suficientes indicios. Es sospechoso, de entrada, que su notaría participara en escrituras de lugares tan distantes como Blanes, Vilanova, Sant Adrià o Vielha.

Mónica Fernández, de 37 años, es una de las afectadas de Zona Franca. Recuerda vagamente su paso por la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Lo que rubricó sin darse cuenta era un préstamo de 200.000 euros a devolver en tres meses. Naturalmente, no pudo pagarlo y, en abril de 2014, fue desahuciada.

Lo que Mónica quería era un “crédito puente” de apenas 30.000 euros: había heredado un piso de su padre en Sant Boi y quería reformarlo. Contactó con Navarro porque era “una persona de confianza” y le propuso poner su piso como garantía a cambio del préstamo. Cuando le asediaron los prestamistas, se desentendió. “Me quedé sin propiedad y con una deuda pendiente de 90.000 euros”.

Para no quedarse en la calle, Mónica —que trabaja en el mercado del pescado de Mercabarna— reventó la cerradura y entró en la casa familiar. “Estoy de ocupa en mi propia casa”, dice con una mezcla de resignación e ironía. “Esperas que un notario sea neutral... No estuve alerta…”, afirma Mónica, que como el resto de afectados guarda cierto sentimiento de culpa.

Irene Sánchez también necesitaba dinero para cancelar una hipoteca. Conocía a Navarro porque sus hijos iban juntos al colegio. Ésta le sugirió que su madre pidiera el préstamo porque tenía un piso libre de cargas que podía poner como garantía. La mujer acabó firmando un papel que le obligaba a devolver 138.000 euros en seis meses. 

“¿Qué persona firma eso sabiéndolo? ¿Estamos locos o qué?” A su madre, a ella y a los tres hijos menores les desahuciaron. La escritura de constitución de la hipoteca se firmó, en 2007, “ante el notario de Barcelona Enrique Peña”.             (   , El País, Barcelona 20 JUL 2015)

15.7.15

Detenidos un notario y un abogado por estafar a más de 50 ancianos

"Los Mossos d’Esquadra han detenido al notario Enrique Peña y al abogado Francisco Comitre, acusados de estafar a más de medio centenar de ancianos a través de préstamos hipotecarios y créditos, con cláusulas abusivas.

 Una veintena de ellos fueron desahuciados, según fuentes policiales consultadas por EL PAÍS. Los Mossos han intervenido más de 150 empresas, algunas de ellas fantasma, y bloqueado un centenar de cuentas bancarias implicadas en la presunta estafa.

La Operación Cocoon —en alusión al filme de Ron Howard, de 1985, en el que unos ancianos recobraban el vigor juvenil tras sumergirse en una piscina—, arrancó hace más de un año, cuando varias personas, de diferentes puntos de Cataluña, denunciaron que después de firma una hipoteca inversa (renta mensual a cambio del valor de un propiedad) o de pedir un crédito personal, veían que en realidad, sin ser conscientes, habían rubricado un contrato de compraventa del piso. Algunas de las víctimas acabaron siendo desahuciadas.

La investigación cogió forma cuando los agentes comprobaron que en todos los casos denunciados, de Blanes, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs o Vielha, coincidía siempre el nombre del mismo abogado, y, en el 90% de estos, del mismo notario, ambos con despachos en el centro de Barcelona. La policía descubrió entonces un enjambre de empresas y de cuentas bancarias desde donde, presuntamente, la red desviaba el dinero que conseguía con la estafa.

Bancos afectados

Entre los detenidos el viernes pasado hay también un falsificador de documentos y testaferros que acudían a los bancos para pedir créditos sobre los pisos de los ancianos. Una vez conseguidos los préstamos, los testaferros desaparecían, dejaban de pagar las cuotas mensuales, y los bancos pedían ejecutar el aval, que eran las viviendas.

 En la trama hay afectadas también nueve entidades bancarias, que concedieron los préstamos, y hay denunciados otro notario, dos abogados y dos oficiales de notaría.

Los detenidos se valían, presuntamente, de diversas modalidades para estafar a los ancianos. Los agentes han encontrado casos de personas con deudas de 20.000 o 30.000 euros, que veían cómo sus pisos iban a ser subastados. Entonces de nuevo un testaferro les ofrecía la posibilidad hacerse cargo de esa deuda y que la persona fuese pagando a plazos con intereses para evitar la subasta. Las víctimas pagaban, pero en realidad nadie saldaba su deuda, por lo que acaban perdiendo su casa.

Algunos afectados ya denunciaron por la vía civil y perdieron. El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha logrado paralizar el desahucio de varias personas que estaban esperando que les echasen de sus casas.

Los Mossos analizan ahora toda la información recopilada en los despachos de los dos principales implicados, y no descartan que en las próximas semanas aparezcan más víctimas.

El fraude de productos financieros asciende, según los investigadores, a cerca de 3.000.000 de euros. Por el momento se ha solicitado el embargo de 150 inmuebles, la intervención de siete vehículos y el bloqueo bancario de 75 empresas y 15 personas.

Los Mossos que trabajaron en la operación abrieron una caja fuerte en una entidad bancaria del Paseo de Gràcia de Barcelona y realizaron tres entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y l’Hospitalet de Llobregat y una en un despacho de abogados de Barcelona.

En total, los agentes detuvieron el viernes pasado a diez personas, y el juez decretó prisión para nueve. El notario detenido pudo salir de la cárcel después de pagar una fianza. El letrado, que cuenta con un despacho especializado en casos de estafa, permanece en prisión, sin fianza."                 ( / , El País, Barcelona 9 JUL 2015)

17.2.15

Imputan a tres órdenes religiosas y a un notario por estafar a una anciana moribunda

"Un juez de Irún (Guipúzcoa) ha citado a declarar como imputados a un notario y a nueve religiosos, entre ellos los representantes legales de los Dominicos, los Trinitarios y los Salesianos en España, acusados de estafar a una anciana moribunda, a la que supuestamente engañaron para que les cediera su caserío.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Irún ha citado a declarar a los religiosos, tras admitir a trámite la querella presentada por los familiares de la anciana, fallecida en septiembre de 2011 a los 94 años, al entender que "presenta los caracteres de un delito de estafa".

La querella la han presentado los descendientes de la fallecida, que residen en el caserío de Irún que la mujer cedió a la Iglesia, después de que un apoderado de las congregaciones titulares de la vivienda presentara, en marzo de 2014, una denuncia por usurpación contra ellos con el propósito de desalojarlos de la misma.
La denuncia sostiene que la mujer, que casi no sabía leer ni escribir, cedió a las congregaciones religiosas querelladas la titularidad del caserío en el que residía -valorado en cerca de un millón de euros- a cambio de una pensión mensual que ella creyó erróneamente que sería de 900.000 pesetas (5.409 euros), pero que en realidad era de apenas 900 euros.

Poco después de la firma del contrato -que preveía que la anciana recibiría sustento y asistencia médica y religiosa en su domicilio-, la mujer se arrepintió del trato y envió un burofax a las entidades religiosas en las que afirmaba sentirse "engañada" y expresaba su deseo de recuperar su casa, documento que se incluye en la querella.

Sin embargo, las tres congregaciones religiosas, en otro burofax que también aportan los querellantes, rechazaron la pretensión de la anciana recordándole que había suscrito el contrato de forma "libre" y a cambio de "contrapartidas onerosas".

Según mantienen los querellantes, fue el notario de Hondarribia R.L. -también imputado- quien, consciente del valor de la propiedad de la anciana, de su avanzada edad y su débil estado de salud, así como de sus convicciones católicas, decidió "desposeer a la señora M. de su patrimonio a precio de saldo a través de entidades religiosas".

La querella sostiene que el notario contactó con la Orden de Predicadores (Dominicos), con la Congregación o Instituto de Hermanas Trinitarias y con el Asilo de la Santísima Trinidad para ejecutar un "minucioso plan" con el fin de quedarse con la propiedad de la anciana.

Según la querella, formalizada por un abogado de Barcelona, la mujer empezó a recibir visitas cada vez más frecuentes del padre de la parroquia a la que acudía, conocido como "padre Antonio", quien de esa forma se ganó su confianza y logró que la anciana otorgara un testamento.
En él establecía varios legados y nombraba herederos universales a la orden de los Padres Salesianos Don Bosco, los Padres Dominicos y el colegio Hogar de la Santísima Trinidad de Vigo.

Posteriormente, la anciana firmó un contrato de cesión de "nuda propiedad" de su vivienda -una finca de 7.315 metros cuadrados situada en el barrio Semisarga de Hondarribia- a dichas órdenes religiosas, a cambio de 900 euros de pensión mensuales, cantidad que los querellantes sostienen era "ridícula para su estatus social y para el mantenimiento que exigía el propio patrimonio del que era usufructuaria".

El juez ha citado como imputados en relación con estos hechos, no solo a los religiosos que participaron directamente en los hechos, sino a los representantes legales de las órdenes de los Salesianos, Dominicos y Trinitarios, gracias a la reforma del Código Penal de 2010 que permite imputar a entidades jurídicas.

Para mañana, está previsto que declaren como imputados por exhorto, a través de un juzgado de instrucción de Madrid, los representantes de las comunidades Salesianas, Trinitarias y Dominicos en España, entre otros religiosos y un letrado de la orden de los Dominicos."               (El Economista, 12/01/2015)

5.11.14

Uso de ‘sin techo’ como testaferros en fraudes

"Roberto tiene 44 años y sufre de esquizofrenia, un 71% de discapacidad acreditada por la Generalitat. Hace un par de años dejó la calle, las drogas y el alcohol gracias a la ayuda de Fundación Arrels. 

Se puede pagar una habitación en Santa Coloma gracias a los 423 euros que recibe mensualmente por la Renta Mínima de Inserción. Pero ante los ojos de la Agencia Tributaria es el administrador de la cooperativa Blister y Termoformas, una empresa que debe la relación anual del impuesto de sociedades de tres ejercicios contables, a partir de 2009. 

Roberto es una de las 12 personas que atiende la entidad y que han sido utilizadas como testaferros por parte de desconocidos que abusan de su vulnerabilidad. “Yo no quiero dinero. Deseo que mi nombre esté limpio”, se queja Roberto. (...)

Una parte de los casos han sido identificados por los educadores y trabajadores sociales de Arrels, en diálogos de seguimiento con los usuarios de la entidad, que atiende a unas 1.200 personas sin techo al año

 “Habitualmente les hacen ofrecimientos económicos y abusan de su situación extrema para que firmen documentos, dejen sacar fotocopias de sus documentos, de su DNI o hasta adquieran servicios como pólizas de seguro o coches de lujo”, explica Ferran Busquets, director de la entidad.

 Algunos de los afectados recuerdan que aceptan el trato a cambio de alimentación o cantidades de dinero que a veces nunca llegan a pagarse. Muchos ni siquiera lo recuerdan. “Se encuentran en un grado de desesperación tan alta, la vida les ha dado tantas bofetadas, que ven esto como una lotería. ¿Cómo van a decir que no? La tentación es muy grande”, agrega Busquets.

En otras ocasiones, las estafas salen a flote porque a la hora de solicitar prestaciones contributivas —como el paro — descubren en la vida laboral del afectado figuran grandes deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. “Se trata de procesos que ya se encuentran muy adelantados y en los que ya se ha superado el momento de notificaciones”, explica Beatriz Fernández, una de las abogadas de la entidad. Esto implica que puedan dejar de recibir la prestación por desempleo, dejándolos de nuevo al borde de la calle.

La similitud de los casos lleva a Arrels a sospechar que puede haber una red detrás de las estafas. Para ello ha remitido varios escritos al ministerio público para que investigue. Hacienda y Seguridad Social, explica Fernández, también tiene constancia de situaciones similares donde personas que viven en la calle son utilizadas como testaferros. Los procesos, sin embargo, no se pueden parar sin una orden judicial, pero la Administración fiscal les hace un seguimiento especial.

La abogada de Arrels recuerda que para firmar algunos documentos, como los poderes para la inscripción de empresas o para nombramiento de administradores, es necesaria la presencia de las partes ante un notario. 

“Las personas de las que estamos hablando se encontraban en momentos muy vulnerables, en muchas ocasiones bajo el efecto del alcohol o de drogas. También hay algunos casos de trastornos psicológicos. Es imposible que un notario de fe de un acto con una persona que no está en pleno uso de sus capacidades. Detrás de esto hay profesionales”, denuncia Busquets.

Los estafadores suelen hacer varios negocios con una misma persona. Roberto también es un ejemplo. El hombre se refugia en la tecnología y es una de sus aficiones tras la muerte de su madre, que también tenía problemas de adicción de drogas. Pero no puede comprar el smartphone que quiere porque aparece en una lista de morosos y tiene múltiples números a su nombre. Algo detrás de lo que posiblemente estarían los estafadores que abusan de los sin techo. “Esta gentuza me ha dañado la vida”, apostilla Roberto."               (   , El País,  Barcelona 28 OCT 2014)

13.10.14

Imputadas por estafa la cúpula de la Fundación Afal y una notaria por desvalijar a afectados por el alzhéimer

La notaria Blanca Entrena (de blanco en el centro), la expresidenta de Afal Blanca Clavijo, fallecida recientemente (izquierda) y la notaria Nuria López Mora (derecha).

"La juez del caso Afal, María Luz García, ha imputado a la cúpula de la Fundación Afal Futuro y a la notaria Blanca Entrena por desvalijar, supuestamente, a enfermos de alzhéimer a los que debían amparar. La titular del juzgado de instrucción 17 de Madrid achaca a nueve personas su participación en cinco delitos: apropiación indebida, estafa, falsedad documental, estafa procesal y falso testimonio.

Afal Futuro tutelaba a personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales —la mayoría con alzhéimer—, pero durante la última década se apoderó, presuntamente, del patrimonio de algunas de ellas, que tenían fortunas que suman decenas de millones de euros.

Tras la investigación de la fiscalía, desarrollada esta primavera, la juez acusó hace un mes en un auto a los directivos de la entidad, entre ellos la expresidenta de la entidad, Blanca Clavijo; a su marido, Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG (que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal); y a la notaria Blanca Entrena. El fiscal subrayó que, “valiéndose” de su nombramiento como tutor de personas vulnerables, Afal realizó “acciones tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e incorporarlo, bien al suyo propio o bien al de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo”.

Este desvío de fondos desde las cuentas de los tutelados se llevó a cabo de forma sistemática hasta el pasado abril. Así lo demuestran los extractos bancarios de la tutelada María de los Santos García Laínez, de 87 años y enferma de alzhéimer. Afal Futuro vendió tres edificios de esta mujer por 5,3 millones el año pasado y, desde noviembre, transfirió fondos por 900.000 euros a la asociación Afal Contigo —que comparte junta directiva con Afal Futuro— a través de 25 transferencias realizadas el pasado otoño e invierno

En la documentación bancaria incorporada a la investigación figura una transferencia directa a una cuenta de Clavijo (ordenada por ella misma) y otra a su sociedad Geronlaw, por un total de 10.000 euros. Además, hay un pago a la empresa Signo SL, que realizaba la cartelería de Afal Futuro, por 20.000 euros. Es decir, la cúpula de la entidad pagó a sus proveedores con el capital de sus tutelados, según demuestran los movimientos bancarios incorporados al sumario de la causa.

 El exgerente de la entidad, Jaime Conde, imputado junto a la letrada de Afal Mercedes Díaz, denunció ante la fiscalía el pasado julio que Clavijo, fallecida este verano, ordenó estos movimientos para supuestamente lucrarse a sus espaldas.

El pasado octubre, la fiscal Nuria López Mora, amiga de Clavijo, atestiguó en un documento manuscrito ante el juzgado que “la gestión económica [de Afal] no había abandonado la cobertura de sus intereses patrimoniales [de García Láinez]”. La fiscal asesoró sobre asuntos a Clavijo, al margen de los juzgados, según revela su correspondencia privada. López Mora se mantiene al frente de la Fiscalía de Incapacidades de Madrid.

Mientras, la imputación de la notaria, Blanca Entrena, se debe al testamento de la incapacitada Pilar Arias, de 88 años, que en 2013 donó todos sus bienes a Afal Futuro. A pesar de que esta enferma sufría alzhéimer desde 2004, el año pasado Entrena dio fe de su “capacidad suficiente” y garantizó la legalidad de su testamento, que revocaba uno anterior por el que legaba a sus sobrinos. Para autorizar el testamento, la fedataria se apoyó en el informe de la neuróloga Carmen Antúnez, que reconocía su deterioro cognitivo “moderadamente avanzado”, pero añadía que es “capaz de testar”.

Tanto Entrena como Antúnez eran amigas de Clavijo y han participado en diversos testamentos de tutelados por Afal. Entre ellos, el testamento hológrafo de la incapacitada María Jesús Moreno, por el que donó tres millones a la Fundación Reina Sofía y que fue falsificado, según demostró un informe caligráfico y una grabación oculta en la que intervino la cúpula de Afal. Entrena defendió ayer su actuación: “Un incapacitado puede testar siempre que el juez no le haya privado de esta capacidad”.

" Los indicios de delitos detectados por la Fiscalía de Madrid en su investigación se han extendido a diferentes comunidades autónomas, según apuntan nuevos testimonios de familiares de enfermos mentales, recabados tras la difusión del caso Afal la pasada primavera. La asociación de familiares de tutelados AEFET, surgida a partir de la denuncia ante el ministerio público de extrabajadores de Afal, acumula ya diferentes casos de abusos en Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco.  (...)

Los indicios de la nefasta gestión económica por parte de Afal fueron ignorados por los juzgados en las rendiciones de cuentas anuales que aportó la entidad, pero también por la fiscalía de incapacidades, dirigida por la fiscal Nuria López, amiga de la expresidenta de la fundación Blanca Clavijo.

 López proporcionó información confidencial a Clavijo a través de numerosos correos electrónicos a los que tuvo acceso EL PAÍS. A pesar de ello, la fiscal negó su amistad con la expresidenta de Afal y que existiera conflicto de interés. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia el pasado junio contra López ante los juzgados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. (...)"           ( Sevilla , El País, 17 SEP 2014)