"Ni siquiera las últimas nevadas caídas sobre la capital española han
conseguido llevarse consigo el olor a chamusquina que emana de la Asamblea de Madrid desde que el 10 de junio de 2003 los entonces parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez,
no acudieran a la votación para nombrar presidente de la cámara
regional, impidiendo una alianza entre PSOE e IU que hubiera supuesto la
designación de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid: el Tamayazo.
La ausencia de Tamayo y Sáez en aquella
votación derivó en la convocatoria de nuevas elecciones que, el 26 de
octubre de 2003, ganó por mayoría absoluta el PP, convirtiéndose Esperanza Aguirre en presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por aquellos acontecimientos, el único
proceso judicial que se puso en marcha fue el relativo a la filtración
de llamadas telefónicas que se produjeron esos días entre Tamayo, Ricardo Romero de Tejada, José Luis Balbás, un empresario de la construcción, y un abogado. La revista Interviú, el diario El Mundo o Cadena Ser
fueron algunos de los medios que publicaron esas llamadas –no los
contenidos de las mismas-; los afectados denunciaron la filtración.
"Juro por la vida de mis padres, y por la tierra de mis abuelos, que yo no filtré las llamadas del Tamayazo", dice Alberto Moreno (48 años), el exempleado de Telefónica Móviles
condenado por haber sido la persona que habría sustraído los datos de
las llamadas y, a través de terceros, haber hecho llegar esa información
a la prensa.
"Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones
en estos quince años, dime que has sido tú, si has sido tú dímelo, y
siempre le he dicho lo mismo: Padre le juro por madre que yo no he
sido".
El 17 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid
dictó sentencia. El PP, el PSOE, y un despacho de abogados habían
presentado, trece años antes, denuncia por las filtraciones en los
juzgados de instrucción de Madrid números 19, 27, y 47. "Pensábamos que
todo lo llevaría el juzgado 19, que fue el primero en recibir querella,
pero recayó en el 47", recuerda Moreno. A cargo del juzgado 47 está el
magistrado Adolfo Carretero, quien se ha tirado 12 años con la instrucción del caso.
"Queda probado del examen en conciencia
de las pruebas practicadas, y así se declara, que el acusado Alberto
Moreno de Lucas, mayor de edad, con DNI, sin antecedentes penales (…)"
se sirvió del código de usuario de otro empleado de la operadora, para
"(…) consultar los datos de determinados clientes de la compañía no
comprendidos en el ámbito de su actuación (…)", dice la sentencia de
mayo de 2016.
El apartado de Antecedentes de Hecho de
aquella sentencia, continúa afirmando que entre el 1 de mayo y 11 de
junio de 2003 "el acusado Alberto consultó la titularidad y las llamadas
realizadas desde el número (…) cuyo usuario era el Sr. Eduardo Tamayo,
entonces diputado del partido socialista de Madrid (…)", así como las de
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, entonces diputado del PP en la Asamblea Regional de Madrid; el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez; Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción; y José Luis Balbás,
quien lideró una corriente del PSOE y fue expulsado del partido tras el
Tamayazo.
"El acusado Alberto Moreno de Lucas cedió la información
obtenida mediante sus consultas informáticas a tercero o terceros no
identificados que les permitió identificar a los usuarios".
"Me han destrozado la vida, me ha
generado ansiedad… A mi madre le dio una aneurisma que casi la mata, y
cuando despertó del coma, en la UVI, lo primero que dijo cuando pudo
hablar fue preguntar por el juicio de su hijo", lamenta Alberto Moreno,
que en estos años se ha graduado en Derecho y ha engordado hasta superar
los 140 kilos de peso.
Las sentencias que condenan a Moreno se basan en
los informes elaborados por Policía Nacional, la Agencia de Protección de Datos, y, especialmente, por la misma Telefónica.
En la sentencia de mayo de 2016, se expone que el acusado "ha reconocido que era amigo" de un detective
que supuestamente habría participado en la entrega de la información de
las llamadas del Tamayazo a la prensa, y que "las numerosísimas
llamadas que realizó el acusado Alberto" fueron a ese mismo detective.
Sin embargo Alberto Moreno desmiente que
conociera a ese detective que responde a las siglas M.C. "Es totalmente
falso, no le conozco, nunca he hablado con ese detective, ni con ese ni
con ningún otro en toda mi vida, podrían haberlo demostrado simplemente
llamándole a declarar o accediendo a su móvil, pero no lo hicieron",
dice ahora el exempleado de Telefónica condenado, con el que este diario
ha mantenido varios encuentros y conversaciones en las últimas semanas.
Las sentencias de la Audiencia Provincial
y del Juzgado de lo Penal que condenan a Alberto Moreno reconocen que
"no se ha probado" que la información publicada en los medios sobre las
llamadas telefónicas "la haya facilitado directamente el acusado", pero
subrayan que la "acción nuclear es revelar y él [Moreno] reveló, lo cual
causó perjuicios a los titulares de los teléfonos (…)".
Recurso fallido
Alberto Moreno recurrió ante la Audiencia Provincial
la sentencia que, como autor de un delito de descubrimiento y
revelación de secretos, le condenó en 2016 a la pena de seis meses de
prisión y al abono de las costas procesales. Y el resultado fue aun
peor.
El pasado 29 de septiembre la Audiencia
Provincial no sólo desestimó el recurso, sino que, estimando
parcialmente los presentados por el resto de afectados, declaró la
responsabilidad civil de Alberto Moreno para indemnizar
a Romero Tejada, el abogado Esteban Verdes y la empresa de construcción
Euroholding "en la cantidad que en ejecución de sentencia se determine
por los perjuicios económicos sufridos (…)".
En la actualidad, Moreno está a la espera
de que un juez determine la cantidad de las indemnizaciones
solicitadas, lo que en opinión de su abogado supondrá previsiblemente el
embargo de sus bienes, una casa en el barrio de Vallecas y un coche.
"Yo era teleoperador de Telefónica, daba
asistencia a grandes cuentas, en un departamento en el que trabajábamos
unas 80 o 90 personas. Al poco tiempo de que se publicaran las
filtraciones de las llamadas del Tamayazo recibí un telegrama en mi casa de Madrid de Telefónica advirtiéndome que se me ha abierto un expediente por extracción de datos públicos", recuerda Alberto Moreno.
"Tenía unos días de permiso y me fui a un
pueblo de Extremadura", continúa contando el recuerdo que tiene de los
días del Tamayazo. "De camino recibo una llamada de la policía
diciéndome que he sido denunciado por revelación de secretos, y que
tengo que presentarme en comisaría.
La policía había ido ya a casa de mis padres y a la tienda de mi madre.
Fui a la comisaría de Canillas, en Madrid, y declaro, como hicieron el
resto de empleados, que las claves eran públicas, que estaban colgadas en los puestos de trabajo, algo que reconoce todo el mundo ante la policía".
En su recurso de apelación, la defensa de
Moreno afirma que la mayoría de los empleados de Telefónica llamados a
declarar en el juicio habían modificado
su declaración inicial ante la policía, pasando de admitir que las
claves de usuario del lugar de trabajo eran compartidas, a asegurar ante
el juez de lo Penal que eran individuales e inaccesibles.
El asunto del
acceso público o no a las contraseñas del sistema de Telefónica es
crucial en el caso: si realmente todos los que trabajan en el mismo
departamento que Alberto Moreno podían acceder a las claves, cualquiera
de ellos podría haber sustraído y filtrado los datos.
Ingeniero de Telefónica y testigo
La representación legal de Alberto Moreno
requirió durante el proceso judicial que se tomara declaración a otro
empleado de Telefónica, cuyo nombre responde a las siglas M.D.F.
La Audiencia Provincial denegó esa práctica de prueba indicando que las
"posibles contradicciones en sus testimonios tampoco van a ser salvadas
por los testigos propuestos", y que su declaración no descartaría "lo
expuesto por los numerosos testigos, trabajadores de la compañía que ya
testificaron en el acto del juicio oral".
Este empleado de Telefónica, M.D.F.
mantiene con rotundidad que las claves de usuario con las que podía
accederse a las llamadas del Tamayazo eran públicas, lo que en su
opinión debería exculpar a Alberto Moreno.
Vozpópuli ha contactado con ese testigo, M.D.F., Jefe de Área de Calidad de Sistemas de Información en Telefónica Móviles España hasta 2003, cuyo testimonio los jueces han denegado, ingeniero de Ciencias de la Computación, especializado en redes y servicios de seguridad, con más de 25 años de experiencia en la operadora española. "¿Cómo se puede incriminar a alguien cuando su usuario y contraseña eran conocidos por numerosos compañeros de trabajo?", se pregunta. "Resulta kafkiano, es una barbaridad".
M.D.F. sostiene que Telefónica "siempre
argumentó que los usuarios y contraseñas que se compartían en la unidad
del CRC eran única y exclusivamente los del correo corporativo Lotus Notes,
lo cual no puede ser cierto porque con dicho usuario y contraseña,
exclusivamente, no se puede hacer absolutamente nada". La contraseña que
se estaba compartiendo "forzosamente debía ser la única o unificada (o
de Red) con acceso total al perfil de cada empleado".
Al compartir contraseñas, "no sólo se contravenía la propia normativa de la empresa, si no que se cometía una negligencia
profesional por parte de los mandos responsables de la implantación de
dicho método de trabajo en la unidad", dice. "No es que los empleados
compartieran usuario de correo electrónico, no, los empleados compartían el listado de usuario y contraseña única, el que da acceso a todo el sistema", subraya.
Sin huella digital
M.D.F. también llama la atención sobre el
hecho de que la investigación interna puesta en marcha por Telefónica
fue liderada por el que entonces era Director General de Sistemas de Información, P.G.V. "Estaba muy alejado del perfil técnico necesario en este caso", indica.
"No es normal", advierte el empleado de
Telefónica dispuesto a declarar a favor de la versión de Alberto Moreno,
"que este director no registrara todos y cada uno de los detalles
máximos y mínimos de este proceso, como registrar las direcciones IP de
los puestos de trabajo desde donde se obtuvo la información, o no
comprobar la sesión de red (huella digital)".
Esta información, asegura, "sin duda, hubiese despejado muchas dudas
acerca de la culpabilidad o inocencia de los implicados, y se hubiese
obtenido con tan sólo solicitarlo".
"Los informes que presentó Telefónica
sobre las filtraciones estaban en papel, no había ningún archivo
digital, no se presentó huella digital", destaca Moreno.
Otro de los testigos solicitado por la defensa de Moreno, miembro del Comité de Empresa en la época de los sucesos, cuyo nombre responde a las siglas J.J.F.M,
afirma que el "uso de las claves de usuario y password que dan acceso a
los sistemas de información es totalmente irregular con el cumplimiento
de los sistemas de protección de datos". El sindicato UGT, asegura, comunicó entonces "por escrito, tanto a la compañía como a los empleados, el uso indebido de las claves".
J.J.F.M. destaca que con "fechas inmediatamente posteriores a la acusación, el director de Recursos Humanos
de Telefónica Móviles España nos citó para explicarnos el nuevo sistema
de protección de claves". Tampoco el testimonio del que fuera
presidente del Comité de Empresa de la compañía ha sido admitido por los
jueces.
Tras la publicación de las llamadas del
Tamayazo, "no me dejaron entrar en la empresa, no pude recoger ni mi
cepillo de dientes", dice Moreno. Las bases de datos a los que podían
acceder los empleados de Telefónica como él, "eran líneas a nombre de
sociedades o de partidos políticos, no de los usuarios finales, yo no
podía saber quién era el usuario de esa línea; y había clientes de
grandes cuentas que podían acceder por sí solos a esos mismos datos, y
esa línea de investigación nunca se abrió", mantiene." (Alberto Ortín, Vox Populi, 11/03/18)
