El Parlamento Europeo cree que el fútbol apesta... Los “matones y oligarcas” del fútbol corren el riesgo de sufrir medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero de la UE... Desde Paris St. Germain hasta Bayern Munich y Inter de Milán, los principales clubes de Europa podrían verse afectados por una montaña de papeleo para demostrar que las tarifas de transferencia no han sido infladas (POLITICO)

 "Preocupados de que las transferencias y los acuerdos de patrocinio puedan ser tan herméticos como la línea defensiva del Manchester United, los legisladores están presionando para que los gobiernos den marcha atrás en su oposición a que los clubes de fútbol sean incluidos en una ley de la UE que combate el lavado de dinero. "Los Estados miembros se niegan a someter a los clubes, ligas y agentes de fútbol a las normas básicas de diligencia debida", afirmó el eurodiputado verde Damien Carême, codirector de las negociaciones del Parlamento y seguidor del Racing Club de Lens en Francia. 

 "Esto es una bendición para los matones y los oligarcas, que podrán continuar con su pequeño negocio de amaño de partidos y transferencias dudosas con total impunidad". Las demandas del Parlamento son el último paso en las disputas sobre un plan de la UE propuesto hace dos años para racionalizar las salvaguardias de Europa contra el lavado de dinero en todos los ámbitos, que actualmente difieren de un país a otro. 

Las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que representan a los gobiernos nacionales, están estancadas, en parte porque los países se resisten a la inclusión del fútbol en la legislación.

 Si bien se podría argumentar que el fútbol mundial y la corrupción van de la mano (en 2015, las autoridades estadounidenses acusaron a nueve funcionarios de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que gobierna el juego en todo el mundo, por extorsión, conspiración y corrupción). Los expertos sugieren que el lavado de dinero, aunque menos obvio, podría estar muy extendido. Europol y la Comisión Europea han destacado los riesgos de la industria en informes de los últimos años. Como dijo Carême, "el fútbol es un sector clave para el blanqueo de dinero".

  Operación Cero

 La forma en que suele funcionar es la siguiente: dado que los delincuentes luchan por gastar el dinero que ganan con negocios ilegales sin llamar la atención de las autoridades, lo canalizan a través de empresas legítimas para que parezca que el efectivo está limpio. En lo que respecta al fútbol, una técnica común es inflar el precio de la transferencia de un jugador y luego devolver las ganancias adicionales al hampa. Uno de los países que parece haber tenido un problema particular es Bélgica. Una investigación llamada “Operación Cero” expuso bandas de lavado de dinero que operaban en clubes de fútbol belgas en 2018. La investigación dio lugar a una ofensiva contra la liga, lo que obligó a los clubes a introducir nuevas salvaguardias.

 Pero es la experiencia de Bélgica en particular la que hace reflexionar a los gobiernos. Las salvaguardias del país se convirtieron en un engorroso ejercicio de marcar casillas en lugar de una forma efectiva de luchar contra los lavadores de dinero, según Niels Appermont, profesor de derecho económico en la Universidad de Hasselt, quien investigó las reglas con la ayuda de una subvención de la UEFA. (En ningún momento intervino la UEFA en el estudio, dijo). "Veo y reconozco problemas importantes en este sector", dijo Appermont. "Nuestro punto en el caso belga es que si se quiere abordar bien estos problemas", entonces no se debe "utilizar una solución única y tratar de comprender el mercado que se intenta regular".

 Quienes están cerca de la situación afirman que la cantidad de obstáculos que ahora hay que superar y la burocracia que hay que sortear hace que sea más difícil para los clubes belgas, que incluyen a Anderlecht y Standard Liège, competir en transferencias de jugadores. Los eurodiputados han sugerido introducir umbrales para proteger a los clubes más pequeños de la carga administrativa de los controles de diligencia debida. Pero los gobiernos rechazan ese compromiso. 

 Paisaje futbolístico diverso

 La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para que se escuche su voz en las negociaciones. Han instado a los legisladores a consultar primero y luego crear un conjunto de reglas personalizadas para el deporte, incluidas salvaguardias contra el lavado de dinero. La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para hacer oír su voz en las negociaciones. 

 Dicen que aplicar un enfoque único para todos sin evaluar las consecuencias podría perjudicar a los clubes más pequeños que no están equipados para manejar el papeleo. "Los responsables políticos de la UE deberían colaborar adecuadamente con las partes interesadas del fútbol para evaluar los impactos y desarrollar opciones políticas que cumplan con nuestros objetivos compartidos sin correr el riesgo de consecuencias no deseadas en el diverso panorama del fútbol europeo", dijo un portavoz de la UEFA."                    (Bjarke Smith-Meyer , POLITICO, 15/12/23; traducción DEEPL)

El fraude fiscal (centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre el IRPF) aumenta según crece la renta: el 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos

 "El fraude fiscal en España, centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), se agrava a medida que crece la riqueza de los contribuyentes. En consecuencia, la brecha recaudatoria en esta figura impositiva ronda los 7.000 millones de euros al año.

En la gran mayoría de los tramos poblacionales analizados el cumplimiento tributario es casi pleno, ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes ocultan una parte mínima de su renta, aproximadamente el 3%. El fraude, sin embargo, va aumentando según lo hace el patrimonio, llegando al 13% de ingresos no declarados en el IRPF en el 0,4% más rico y a un máximo del 23% en el caso del 0,1% más acaudalado de la población. Al otro lado, el 10% más pobre ocultaría en torno al 8% de su renta, una cifra similar a la que deja de declarar el 5% mejor posicionado.

 Los datos provienen del informe Desigualdad y pacto social, coordinado por el catedrático y economista Luis Ayala Cañón y elaborado por la Fundación La Caixa. Según recoge el documento, “el cumplimiento desciende a medida que ascendemos en la escala de rentas, especialmente entre el 5% más rico”, algo que impacta de lleno en la progresividad del sistema tributario y en la recaudación.

La ocultación de rentas incluye la evasión, elusión y vaciamiento de la base impositiva del impuesto. Por ello, “dado que el fraude se concentra en determinados tipos de renta, y entre los que tienen niveles de renta altos, la progresividad efectiva del impuesto acaba siendo menor”, explica el informe.

A su vez, al ser el IRPF un impuesto progresivo, que el fraude se concentre entre la población con más renta conlleva una fuerte pérdida de recaudación. La brecha tributaria asociada a estas prácticas, según estiman desde la fundación de la entidad bancaria, se situó en 7.101 millones de euros en 2017 (último año con datos disponibles), que corresponden a un 9% de la recaudación potencial por IRPF en dicho ejercicio y a un 0,7% del PIB.

Para elaborar todos estos cálculos, los expertos que han redactado el informe han comparado los datos de recaudación del IRPF con los obtenidos a través de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, mientras que la participación del trabajo en la renta declarada en el impuesto ha oscilado alrededor del 80% en los últimos 40 años, en los datos de Estadística dicha participación es de unos 10 puntos menos (en torno al 70%). “Como la Contabilidad Nacional suele considerarse un marco de referencia fiable, que captura todas las rentas al margen de su tratamiento fiscal, este hecho apunta a que una parte importante de las rentas no salariales no se declaran correctamente en el IRPF”, apuntan.

Dentro de todos los apartados vinculados al fraude fiscal, el informe de la Fundación La Caixa anima a prestar especial atención al procedente de los rendimientos de inversiones no declaradas en el exterior, “dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas”. Según los cálculos, las rentas ocultas podrían alcanzar el 30% de las rentas financieras sí declaradas (unos 15.000 millones), por lo que las rentas encubiertas rondarían los 4.500 millones de euros.

Soluciones

Existen una serie de aspectos y cambios normativos que pueden limitar el fraude y sus efectos inequitativos y regresivos. Los expertos, por ejemplo, recomiendan dejar de tratar las rentas de modo diferente según su origen, mediante privilegios fiscales o mecanismos de valoración e imputación deficientes. “Estos tratamientos diferenciados generan desigualdad entre los contribuyentes, por mucho que se haga de manera legal”. En concreto, podría aplicarse una definición amplia de la base imponible que limite privilegios fiscales y exenciones. Esto incluye “gravar los valores reales de las rentas, por ejemplo, mediante la eliminación de la estimación objetiva y el uso de valores más próximos a los del mercado en las rentas imputadas”.

Otro aspecto a tener en cuenta sería la posible armonización autonómica, ya que la existencia de diferenciales fiscales entre regiones incentiva cambios en la residencia fiscal de los contribuyentes. El documento, por ello, propone “impulsar la armonización fiscal, tanto internacional como dentro del estado autonómico, con el objetivo de dificultar la ocultación de rentas en paraísos fiscales y las dinámicas de competencia a la baja."                  (Cinco Días, 26/09/22)

Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos... Mientras desde los púlpitos y los programas electorales se hacen ampulosas promesas de luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el resto de delitos económicos, los diferentes gobiernos dejan sin recursos económicos a sus organismos de lucha contra el fraude

 "La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los políticos de las graves consecuencias que estaban sufriendo las clases medias y trabajadoras por culpa de los desmanes de las élites dominantes.

Han pasado 14 años y los políticos no han podido frenar la hemorragia con dos consecuencias muy graves. En primer lugar, el crecimiento de los movimientos populistas de extrema derecha que están poniendo en jaque a los sistemas democráticos. En segundo término, el atrincheramiento de esas élites (en muchos casos conformadas por organizaciones criminales) para crear un escenario por el cual se chantajea directamente a los representantes del pueblo para no perder sus privilegios. Dentro de esas prerrogativas se incluyen, además, la protección, la permisividad y la impunidad cuando comenten delitos que atentan contra los intereses legítimos y reales de la ciudadanía.

Uno de los modos en el que los políticos, cuando alcanzan el poder, permiten esa impunidad cuando están en el poder se produce cuando se deja sin recursos a los organismos gubernamentales encargados, precisamente, de la detección de delitos económicos tan graves como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude o las estafas.

El mejor ejemplo de ello se comprobó la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos cuando el jefe de la unidad de lucha contra el crimen financiero (Financial Crimes Enforcement Network) expuso los graves problemas de financiación pública que tienen y las duras consecuencias que ello conlleva.

Himamauli Das fue muy claro: su agencia se está quedando corta en la batalla contra el dinero sucio debido a la falta de recursos. La unidad dispone de profesionales perfectamente preparados para esa lucha, pero la falta de recursos provoca que las transacciones sucias no sean detectadas, sobre todo porque los ricos, los banqueros y los criminales van siempre por delante, por ejemplo, con las transacciones en criptomonedas que dificultan el conocimiento del destinatario final de las mismas.

«No cumplimos los plazos. Para ser siceros, es probable que sigamos haciéndolo porque nuestra situación presupuestaria nos ha obligado a hacer concesiones significativas entre prioridades contrapuestas», afirmó Das.

Una prioridad clave para esta agencia es la creación de la base de datos o registro de propiedad exigido por la Ley de Transparencia Empresarial que obliga a millones de empresas constituidas en los Estados Unidos a informar de los nombres de sus verdaderos propietarios al gobierno federal. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de cumplimiento de los bancos y otras instituciones financieras tendrían acceso a la base de datos, lo que les permitiría realizar investigaciones más fácilmente o cerrar cuentas con vínculos a criminales.

Sin embargo, la respuesta de los políticos que ocupan ahora el poder, es decir, de Joe Biden y los demócratas fue proporcionar varias decenas de millones de dólares menos de lo que había pedido. «El Congreso ha dejado a la agencia luchando para implementar piezas clave de la histórica ley contra el lavado de dinero sin recursos», dijo Das. Así es como se protege desde la clase política a los ricos que evaden impuestos, a los criminales que blanquean dinero y a los bancos a través de los que se canalizan las transacciones.

Además, siempre cuentan con el apoyo de jueces y fiscales que son tan favorables a proteger los desmanes de los poderosos mientras dedican sus recursos a perseguir los delitos menores. Los ejemplos son muchos. En Estados Unidos, tal y como publicó Diario16, se condenó y encarceló a Natalie Edwards, la funcionaria que filtró a un periodista decenas de miles de documentos donde se descubrieron operaciones de blanqueo de capitales a través de los principales bancos del mundo por valor de más de 2 billones de dólares.

En España, la Audiencia Nacional archivó una causa de blanqueo de capitales en la que estaban implicados el Banco de Santander, BNP y HSBC a pesar de que los informes periciales del Banco de España demostraban que se había producido ese lavado de dinero.

Las empresas anónimas son una gran vulnerabilidad en la lucha global contra la evasión fiscal y el blanqueo. Los cárteles de la droga, los oligarcas, los déspotas y la élite mundial utilizan este tipo de herramientas para ocultar fortunas a las autoridades fiscales y las fuerzas del orden.

Establecer un registro de propietarios reales de empresas fue una reforma clave que, según los expertos, es necesaria implementar a nivel mundial.

Sin embargo, eso no será posible si los políticos no dan financiación suficiente para que la lucha contra los delitos económicos de bancos, ricos y criminales sea eficiente.

Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos denuncian, precisamente, la falta de interés por parte de los políticos de las principales potencias en conceder suficiente financiación para ello. Es decir, denuncian que la clase política no se toma en serio uno de los mayores problemas de la humanidad que más desigualdad está creando.  Por ejemplo, en Estados Unidos, el FinCEN cuenta con sólo 300 empleados, incluidos analistas de datos, investigadores, oficinas de cumplimiento y expertos en políticas. Eso en el país que es el centro del capitalismo mundial, donde se encuentran las principales entidades financieras mundiales y desde donde, tal y como mostraron los documentos filtrados por Edwards, se inician muchas de las grandes operaciones de blanqueo.

Ese fue uno de los puntos en los que el director del FinCEN se centró, en la escasez de personal. Y no se dejó nada en el tintero, sobre todo al recalcar que tienen un grave problema por la escasez de analistas para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas para mover dinero de forma encubierta. «Nos enfrentamos continuamente a desafíos en términos de tratar de averiguar quién está disponible para trabajar en problemas de criptomonedas para poder combatir esas finanzas ilícitas», dijo Das ante el Congreso.

Así es cómo se mantiene la impunidad de las élites, lícitas e ilícitas y de ello sólo es responsable la clase política que se olvida que ha sido elegida por el pueblo para representar al pueblo, no a las élites que ni siquiera se dignan a ir a un colegio electoral a depositar su voto porque los bancos, los ricos y los criminales son los que siempre ganan las elecciones dado que nunca hay políticos con las agallas suficientes para enfrentarse a esos poderes antidemocráticos que someten a la ciudadanía con total impunidad."                     (  J. A. Gómez, Diario16, 04/05/22)

La lucha contra el blanqueo de capitales como mito de Sísifo... El blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con: la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen... El mantenimiento de la actual situación de blanqueo de capitales es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral, pero para vencer en esta imprescindible lucha hay que saber aunar voluntades políticas fuertes

 "Cuando conocí, el pasado mes de julio, que el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea (CE) contra el blanqueo de capitales incluía una nueva propuesta de directiva -¡la sexta!- contra esta lacra del mundo globalizado, me vino a la memoria el mito de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega a quien Zeus castiga a subir una y otra vez, eternamente, una enorme piedra hasta la cúspide de una empinada montaña y verla caer hasta el fondo del valle cada vez que se acercaba a la cumbre. 

Porque, algún serio problema tiene que tener la legislación europea AML (Anti-Money Laudering) para que, después de tan intensa actividad legislativa,  el volumen de dinero lavado sea hoy bastante mayor que cuando se promulgó la 1ª Directiva, en 1991. En opinión de la directora de Europol, Catherine de Bolle: "La escala y la complejidad de las actividades de lavado de dinero que afectan a la UE se han infravalorado hasta ahora".

Una de las razones del fracaso es que el método de legislar mediante directivas que deben ser traspuestas a la legislación de cada estado miembro no es el más adecuado cuando se trata de un tema que requiere máxima homogeneidad; y por parte de algunos gobiernos europeos no existe voluntad política para actuar contra el blanqueo de capitales y sus delitos conexos, en particular contra las empresas fantasma (o tapadera), utilizadas tanto para la elusión fiscal como para la evasión y el blanqueo de capitales. 

Por ello, no es extraño que la transposición de estas directivas se haga tarde y mal, produciendo divergencias legislativas y errores y contradicciones en temas muy importantes como las capacidades de las unidades de inteligencia financiera (UIF) nacionales y sus procedimientos de coordinación europea, o la configuración y modos de acceso a las bases de datos de propietarios reales y de transacciones. 

 El blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con: la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen, la desregulación económica y financiera, el deterioro de la progresividad de los sistemas fiscales, las nuevas tecnologías que facilitan la transferencia instantánea de capitales, el uso de criptoactivos, la pujanza de la economía criminal y la permisividad de muchos gobiernos con la actividad de los paraísos fiscales. 

La ONU ha estimado que el volumen anual del blanqueo de capitales puede alcanzar hasta el 5% del PIB mundial, cerca de 4 billones de euros. Según el FMI la riqueza privada depositada en paraísos fiscales está comprendida entre el 8 y el 10 por ciento del PIB mundial: entre 6,4 y 7,9 billones de euros. 

 La principal contribución de la UE a las redes mundiales de blanqueo de capitales son las empresas fantasma, cuyas redes europeas enlazan con las establecidas en los paraísos fiscales más tradicionales –Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caiman, Belice, Honk Kong, Singapur, Suiza, etc.- o en estados de los EE UU -Delaware, Dakota del Sur, Tennessee, Nevada, Wyoming, Florida, etc.-. Estas empresas, sin actividad económica real, y sin empleados en la mayoría de los casos, son gestionadas por ciertos bufetes de abogados que manejan miles de empresas simultáneamente en lo que constituye una lucrativa industria basada en la colaboración necesaria con el blanqueo, el fraude fiscal, la corrupción y la elusión fiscal. 

A través de una maraña de empresas y de infinidad de transacciones, ocultan la identidad real de los delincuentes. Según la revista del FMI, Finance & Development, en 2019, el 40% de la inversión extranjera directa mundial, unos €13,6 billones era ficticia, solo “inversiones” en empresas fantasma. El 80% de esta cantidad pasa por empresas fantasma con sede en seis países europeos: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre y Suiza. La mitad, 6,8 billones, por empresas tapadera radicadas en solo dos: Luxemburgo y Holanda.

La Comisión Europea parece que ahora va en serio: el papel de la sociedad civil

La Comisión Europea ha anunciado la próxima publicación de una iniciativa legislativa sobre las empresas fantasma. Es una de las peticiones que hacía el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el paquete legislativo de la Comisión, del que he sido ponente.

El paquete legislativo tiene tres reglamentos y una directiva. Un reglamento crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), con competencias de supervisión directa de las mayores entidades financieras y de las operaciones de blanqueo más voluminosas; con las unidades de inteligencia financiera y los supervisores nacionales deberían formar un sistema integrado europeo. Otro reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para detectar y denunciar las operaciones ilegales. El tercer reglamento obliga a los proveedores de criptoactivos a cumplir las mismas normas que las entidades financieras, entre ellas la revelación de la identidad de los propietarios. La sexta Directiva pretende establecer una coordinación más eficaz entre las UIF y los supervisores nacionales de los estados miembros.

El método legislativo, los contenidos y la creación de la AMLA revelan la voluntad política de la CE. Los términos de la Directiva contra las empresas fantasma serán determinantes para el cambio. Pero habrá que vencer las resistencias de los países que promueven el dumping y la elusión fiscales y dificultan la lucha contra el blanqueo. Para ello hay que fortalecer la conciencia ciudadana para que una fuerte y mayoritaria opinión pública europea corte las alas a los muy poderosos lobbies que practican, favorecen o disculpan estos intolerables delitos. Una de las 14 propuestas que hace el Dictamen del CESE va en ese sentido: promover un Pacto Europeo, social y político, contra el blanqueo de capitales, sus delitos conexos y los paraísos fiscales, y crear un organismo para la participación de la sociedad civil en esta lucha.

 Hay que subrayar la gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a esta lucha. Muy superior a la de la mayoría de los gobiernos e instituciones de la UE. Por los Panama, Paradise y Pandora papers sabemos mucho más acerca de quienes practican el blanqueo de capitales y de sus métodos que por las fuentes políticas, judiciales o policiales. Leyendo las listas de implicados, comprendemos la principal dificultad del problema: el gran poder político, económico, cultural y mediático que tienen quienes lo practican. En lo que nos toca, pensemos lo que significa que, según abrumadores indicios, el Rey Juan Carlos I blanqueara capitales mientras era el Jefe de Estado de España. Hay que denunciar muy alto que, en la Europa del Estado de Derecho, algunos periodistas han pagado con su vida el investigar la corrupción política y económica, entre ellas la fundadora del ICIJ, la maltesa Daphne Caruana Galizia, y exigir a la UE y a los gobiernos nacionales la máxima y urgente protección legal y real de la vida y la integridad de los y las periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política.

Nuevas medidas y voluntad política

Se necesitan más medidas para vencer en esta difícil lucha. Menciono algunas de ellas: reforzar las competencias y los recursos de Europol y la Fiscalía Europea y la coordinación entre ellas; revisar la lista de la UE de paraísos fiscales para que estén todos los que realmente lo son y hacer que las empresas que hacen transacciones con ellos y las condenadas por blanqueo no  puedan participar en las contrataciones públicas; legislar y actuar contra los canales fuera del sistema financiero - mercado de obras de arte y activos de alto valor, puertos francos, depósitos de aduana y zonas económicas especiales, ciertas operaciones económicas o transacciones comerciales, inversiones inmobiliarias, juegos de azar, etc.-;  definición penal común y armonización de penas de los delitos conexos. La AMLA debería estar plenamente operativa antes de 2026 y, mientras, hacer que el BCE cumpla sus actuales obligaciones de supervisión.

 Hay que proceder a una armonización fiscal, en la UE y globalmente. La insuficiente propuesta, de establecer una tasa mínima efectiva del impuesto de sociedades del 15%, ha venido de la OCDE y el G20. La UE rebajó el 21% inicialmente propuesto por los EEUU. En la base del   blanqueo está la evasión fiscal propiciada por la competencia fiscal y la erosión de los sistemas fiscales progresivos. Eso que tanto le gusta impulsar en el interior de España, con enorme insolidaridad e irresponsabilidad política, a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.

Para vencer en esta imprescindible lucha hay que saber aunar voluntades políticas fuertes. El mantenimiento de la actual situación es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral. En cualquier circunstancia, pero más si cabe aún cuando la pandemia y la crisis que ha generado están exigiendo a las autoridades de la UE y a los gobiernos nacionales unos esfuerzos presupuestarios extraordinarios, permanentemente boicoteados por los delincuentes económicos y fiscales y sus colaboradores políticos."                (Javier Doz, eldiario.es, 06/01/22)

La UE mantiene 28 regímenes para ultrarricos, que se ahorran 4.500 millones de euros en el IRPF... La Ley Beckham benefició a 27.000 grandes contribuyentes sólo en 2020, lo que restó 500 millones de euros a Hacienda, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE... La Unión Europea tiene en vigor 1.348 acuerdos fiscales con grandes compañías, de los que 80 corresponden a España

 "La UE es un mercado único con libertad de movimiento para capitales y personas, pero carece de armonización fiscal. Cada país mantiene su soberanía en todo lo que se refiere a sus impuestos. 

La consecuencia es que los Estados miembros no han dejado nunca de competir entre ellos para atraer a sus territorios a empresas y grandes patrimonios. Lo hacen ofreciendo ventajas fiscales a unas y otros que, al mismo tiempo, socavan su recaudación. Para evitar el abuso y la competencia desleal, la UE creó en 1997 el Código de Conducta, un órgano al que se encargó la vigilancia de los regímenes fiscales especiales concedidos a las empresas. Como ha publicado la red de medios European Investigative Collaborations, de la que forma parte infoLibre, los resultados de su trabajo en sus 24 años de existencia ha sido más bien decepcionante. Por ese motivo, la Comisión Europea ha emprendido una reforma urgente del grupo.

Una buena muestra del fracaso del Código de Conducta y de la titánica tarea que le espera tras su reforma la revela el Observatorio Fiscal de la UE, creado en la Paris School of Economics pero financiado por la Unión Europea. En un informe publicado este lunes, explica cómo la competencia fiscal dentro de la UE ha pasado de apoyarse en la carrera a la baja de los tipos impositivos a tomar la forma de regímenes preferenciales. No sólo en el impuesto de sociedades sino también en el IRPF.

Estos últimos, los esquemas que conceden sustanciosas rebajas fiscales a los grandes patrimonios, altos ejecutivos o determinados perfiles profesionales, artísticos o deportivos, han crecido de sólo cinco en 1995 hasta los 28 en vigor actualmente. Los autores del estudio, Eloi Flamant, Sarah Godar y Gaspar Richard, calculan que, en conjunto, estos regímenes sustraen a las haciendas de la UE un total de 4.560 millones de euros anuales. Aunque precisan que la cifra real debe de ser superior por la falta de datos oficiales en muchos países y porque han utilizado datos “prudentes” de beneficio fiscal por beneficiario. Según sus estimaciones, casi 200.000 personas –194.530– estaban acogidas a estos regímenes en la UE en 2020, pero advierten de que la cifra debería aumentarse al menos en un 50% debido a la ausencia de datos actualizados de Luxemburgo, Malta, Grecia y Chipre.

Existen de tres tipos: los que ofrecen exenciones fiscales sólo a los ingresos obtenidos por el contribuyente en otros países, los que exigen algún tipo de actividad en el país –los típicos son aquéllos que intentan atraer a trabajadores de muy alta cualificación– y los que las conceden a pensionistas. El estudio los ha clasificado según su nivel de “agresividad”, dependiendo de la duración permitida a estas deducciones y de su importe. Los más “generosos” con los contribuyentes son los diseñados para individuos de grandes patrimonios en Italia y Grecia (son casi idénticos), seguidos de los de Chipre, Grecia y Portugal para pensionistas ricos. España sólo cuenta con un régimen de este tipo, la conocida como Ley Beckham. En el ránking de agresividad del Observatorio Fiscal se sitúa en mitad de la tabla.

Fue aprobado en 2005 y uno de sus primeros beneficiarios fue el entonces futbolista del Real Madrid David Beckham. Su objetivo es atraer a los que se conoce como “trabajadores desplazados” o “expatriados”. Les permite tributar como no residentes durante el ejercicio en que se solicita y los cinco siguientes; es decir, a un tipo del 24% en lugar de al máximo, el 47%.

En 2010, el Gobierno del PSOE limitó a los primeros 600.000 euros la tributación al 24%. A partir de esa cifra, el tipo pasaba a ser el 45%. En 2015, el Gobierno del PP excluyó del régimen a los deportistas profesionales. Desde este año, el máximo aumenta del 45% al 47%.

El informe sólo aporta cifras de beneficiarios correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Así, la Ley Beckham permitió rebajar la factura fiscal a un total de 27.171 contribuyentes: 7.720 en 2018, 9.599 en 2019 y 9.852 en 2020. Unos números muy alejados de los 92.048 beneficiarios del régimen equivalente holandés en 2020 o de los 45.700 del británico en 2018. El belga para altos ejecutivos lo disfrutan 24.311 contribuyentes extranjeros este año y el portugués, que incluye profesionales y pensionistas, 23.000.

Para calcular cuánto dinero ha perdido Hacienda con estas ventajas fiscales a expatriados, el estudio recurre a estimaciones, puesto que sólo siete países le ha proporcionado datos. España no ha sido uno de ellos. Según los cálculos del Observatorio Fiscal, Hacienda dejó de recaudar 502,7 millones de euros sólo en 2020. Muy lejos de los 1.371 millones perdidos por el Reino Unido con su propio esquema y de los 1.100 millones que dejaron escapar los Países Bajos. Pero, si se tiene en cuenta la deducción media obtenida por cada beneficiario, la concedida por España, 51.020 euros, resulta ser la segunda por importe sólo por detrás de los 100.000 euros del régimen italiano para contribuyentes con grandes patrimonios.

Impuesto de sociedades

Si los tipos en el IRPF europeo abandonaron la carrera a la baja cuando estalló la crisis de 2008 –y fueron sustituidos por las ventajas fiscales para ultrarricos–, los tipos del impuesto de sociedades han sido inmunes a la recesión económica. La media en la UE era del 35% en 1995 y no ha dejado de caer hasta casi el 21% este año. Según el Observatorio Fiscal, en los 13 Estados miembros de los que existen datos históricos, el recorte de tipos ha sido del 48% desde 1981. Pero, desde la crisis financiera, la competición entre países se ha centrado más bien en medidas que reducen la base imponible de las empresas. Incentivos a la inversión, al I+D, deducciones a los intereses, a la propiedad intelectual –patentes, software, cánones y royalties– y los denominados tax rulings, o acuerdos particulares que los gobiernos firman con grandes compañías, son las nuevas medidas estrella para atraer a las empresas.

Como las grandes multinacionales tienen más capacidad para explotar las diferencias entre los sistemas tributarios de cada uno de los países, los tipos efectivos con los que tributan son aún más bajos que los legales. Son las más hábiles a la hora de aprovechar todos los mecanismos mencionados más arriba. Así, éstas pagan de media menos del 20% de sus beneficios en el impuesto de sociedades. En ocho países el tipo efectivo estaba por debajo del 10%: Luxemburgo, Chipre, Países Bajos, Estonia, Hungría, Bulgaria, Suecia y Austria. En España, apenas supera el 12%. En algunos Estados miembros, la diferencia entre el tipo real y el efectivo llega a situarse en el 67%. España se sitúa en el noveno puesto de este ranking. Donde más distancia hay entre el gravamen legal y el real es en Luxemburgo, Francia, Malta, Países Bajos y Bélgica.

Entrando en el detalle, España es el cuarto país de la UE por el volumen de sus incentivos al I+D, sólo por detrás de Eslovaquia, Francia y Portugal. Le dedica un 0,33% de su PIB. Los autores del informe advierten de que estas ventajas fiscales lo que incentivan es la reubicación de las inversiones en I+D en otros Estaos, más que aumentar la actividad global de las empresas en este campo. Además, critican, se trata de unos instrumentos públicos mucho menos transparentes que las subvenciones directas y cuyos beneficios son mucho más difíciles de cuantificar.

Por lo que se refiere a los regímenes fiscales para la propiedad intelectual, han tenido un gran éxito en los últimos años en la UE. Todos los Estados miembros crearon sus propios esquemas al tiempo que el gasto en estos intangibles –patentes, software, modelos de utilidad— crecía de un 5,4% de los ingresos de las empresas en 2000 hasta un 13,1% en 2016. Lituania, Luxemburgo, Malta, Hungría y Polonia gravan por debajo del 5% la propiedad intelectual. En un total de 14 países, los activos intangibles tributan por debajo del 15%. Estos esquemas fueron evaluados por el Código de Conducta a lo largo de los últimos años, incluidos los españoles –aprobados por Hacienda y por las diputaciones forales del País Vasco y Navarra–, que fueron declarados perjudiciales para la competencia fiscal en la UE en 2014.

El tercer mecanismo para reducir las bases imponibles son las llamadas allowances for capital equity (ACE), desgravaciones del coste de capital a un interés teórico: si ese interés supera el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años, se considera que incluye una prima y que es “muy generoso”. De estos regímenes se han creado seis en la UE: Bélgica, Portugal, Italia, Chipre, Malta y Polonia. El maltés es el más pródigo: incluye una prima de cinco puntos porcentuales. En Portugal es de siete puntos y en Chipre también de cinco puntos, pero sólo para capital nuevo.

Finalmente, los tax rulings, que pasaron de ser alto secreto a ocupar los titulares de los periódicos en 2014, cuando se publicaron los Luxleaks, son el cuarto mecanismo estrella para recortar las bases imponibles: Luxemburgo había firmado 343 de estos acuerdos opacos con grandes multinacionales mientras Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, gobernaba en el Gran Ducado. Según la información recopilada por el Observatorio Fiscal, en 2019 estaban en vigor en la UE un total de 1.348 acuerdos previos sobre precios de transferencia (APA) entre Estados y grandes empresas. Pero su número real es mayor, puesto que los Países Bajos no facilita datos sobre los que firma. De ellos, 80 correspondían a España. Bélgica tiene 798, Italia 186, la República Checa 141 y Reino Unido 81. Son los únicos que cuentan con más APA que España. Pese a que desde 2015 es obligatorio para los países comunitarios intercambiarse entre ellos información sobre estos acuerdos, lo cierto es que la mayoría de ellos siguen siendo opacos.

Reforma del Código de Conducta

A la vista de este panorama fiscal, el Observatorio reclama la reforma del Código de Conducta en el mismo sentido en que lo prevé la Comisión Europea: ampliando su mandato para que pueda vigilar no sólo los regímenes preferenciales del impuesto de sociedades sino también los del IRPF. Pero además reclama que se cambie la definición de régimen “perjudicial para la competencia fiscal” con el que ha trabajado el grupo desde su creación. No sólo, explica, se deben considerar perniciosos los esquemas que benefician a no-residentes, sino también cualquiera que permita un nivel de tributación “excepcionalmente bajo”. Porque hasta ahora, el Código de Conducta no considera perjudiciales de por sí a un régimen por el mero hecho de conceder una rebaja en el gravamen. Y ha aprobado muchos con esa característica. La Comisión Europea lo expresaba así en 2001: “En este contexto, es importante reconocer que, aunque la competencia fiscal perjudicial debe abordarse tanto a nivel de la UE como a nivel internacional más amplio, especialmente en el seno de la OCDE, y deben respetarse las disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado, cierto grado de competencia fiscal dentro de la UE puede ser inevitable y puede contribuir a reducir la presión fiscal”.

También defiende el Observatorio Fiscal el tipo mínimo común del 15% aprobado recientemente por el G20. Pero ese tipo mínimo debe tener, subraya, las menores excepciones posibles, para que se convierta en un “suelo efectivo” en la carrera europea hacia tipos cada vez más bajos."                      (Begoña P. Ramírez, InfoLibre, 22/11/21)

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas: "España es una lavadora de capitales"... Estamos lavando nuestro dinero en Suiza o Panamá pero también recibimos cantidades ingentes de dinero de actividades ilícitas... Hay una gran tolerancia al dinero de procedencia dudosa y los intermediarios financieros no tienen gran interés en averiguar ni el destinario ni el origen de esos fondos

 "Sabemos dónde acaba el dinero negro: por lo general, en manos de narcotraficantes, de políticos corruptos, de multimillonarios con fortunas opacas, pero detrás de esas enormes telarañas siempre hay un fiscal investigando.

 Es el caso de Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, y anteriormente también lo fue del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Si hay alguien en España que ha abierto brecha contra la corrupción ese es Carlos Castresana. Lo hizo al sentar en el banquillo a Jesús Gil, expresidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, en la que fue la primera batalla judicial contra la corrupción en este país.

¿Cómo pueden seguir existiendo paraísos fiscales?

Porque falta voluntad política de quien podría impedirlo. En Pandora, en un solo chiringuito había varios jefes de estado, primeros ministros, un rey y centenares de empresarios. Son esos mismos quienes deberían tomar las decisiones para que esos chiringuitos no siguieran existiendo

 La inmensa mayoría del dinero negro somos incapaces de recuperarlo, hay que reconocerlo

Podemos hacer nuevas leyes, podemos elegir nuevos gobernantes, puede ser que la situación mejore, pero el fenómeno es tan extendido que no hay nadie que quede libre de él

El dinero siempre viaja mucho más deprisa que las investigaciones. La igualdad de armas ante el proceso es una quimera porque normalmente esas defensas poderosísimas desbordan las capacidades del Estado

Sobre la búsqueda de dinero negro

Invertimos más de lo que recuperamos. Tendríamos que ser mucho más eficientes

España es una lavadora de capitales. Estamos lavando nuestro dinero en Suiza o Panamá pero también recibimos cantidades ingentes de dinero de actividades ilícitas

Hay una gran tolerancia al dinero de procedencia dudosa y los intermediarios financieros no tienen gran interés en averiguar ni el destinario ni el origen de esos fondos

Son más cuidadosos. Interponen sociedades, testaferros, no hacen las cosas tan a la brava como hacían hace 30 años

Sobre los plazos interminables de los grandes procesos

Lo que pasa es que la mitad de los inculpados se mueren, las pruebas desaparecen, los testigos, los documentos, la cooperación judicial no es la misma, y al final hay muchas condenas absolutorias de pruebas que eran sólidas hace diez años pero que cuando llegan al juicio se han desvanecido

Tenemos poca transparencia en España. La ley de acceso a la información tiene un enorme potencial a ser explotado en el futuro pero hasta ahora ha sido muy poco utilizado

Uno de los grandes males de la democracia española es que no hemos sido capaces de encontrar un procedimiento eficiente y transparente de financiación de los partidos

Los partidos reciben mucho dinero de fondos públicos y no es ni medio claro cómo y en qué lo gastan

 Me preocupa la financiación de las campañas electorales porque ahí entra mucho dinero que tiene poco control y que en definitiva pervierte el sufragio porque no gana el mejor sino el que más gastó en propaganda

Supongo que sigue habiendo sobres, habrán refinado los términos pero no está justificada la actividad de algunos partidos con el dinero que figura en sus cuentas."              (Víctor M. Olazábal, SER, 07/10/21)

Los ricos, las mafias y los narcotraficantes se aprovechan de la industria suiza de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales

 "Suiza ha sido un centro de secreto financiero desde al menos la década de 1930. El profesor Mark Pieth, catedrático de derecho penal de la Universidad de Basilea, definió a la perfección la situación actual de la Confederación Helvética: «Suiza es un puerto de piratas. Encuentras todo lo que necesitas para esconder dinero».

La crisis financiera mundial de 2008 puso el secreto suizo en el centro de atención. Las autoridades estadounidenses descubrieron que UBS, el banco más grande de Suiza, había ayudado a unos 52.000 estadounidenses a ocultar miles de millones de activos libres de impuestos en cuentas suizas.  El país comenzó a reformar su sector bancario y exigió a los bancos que verificaran la identidad de los propietarios de las empresas y señalaran las transacciones sospechosas. Eso sólo fue posible gracias a la presión de Estados Unidos y de varios países de la OCDE.

En 2016, los Papeles de Panamá expusieron el papel que desempeñaron los asesores suizos en la creación de empresas offshore. En respuesta a estas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Grupo de Acción Financiera, un organismo de control internacional anticorrupción, recomendó exigir que los abogados, notarios, asesores y contables siguieran las mismas reglas que los bancos. La propuesta formaba parte de un esfuerzo más amplio para mejorar las reglamentaciones de Suiza contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

El escándalo era de tal calibre que fue presentado un proyecto de ley para endurecer esas reglas y provocó una polémica inmediata. En septiembre de 2018, un grupo de abogados, consultores y lobistas suizos argumentó, en agresivas cartas a  Ueli Maurer, ministro de Finanzas, que los requisitos propuestos eran innecesarios y socavarían el privilegio abogado-cliente.

La propuesta «dañaría a toda la industria de planificación patrimonial y es inútil», escribió un portavoz de la Sociedad de Operadores de Fideicomisos y Bienes Raíces, una asociación profesional que tiene alrededor de 1.500 asociados suizos, incluidos ejecutivos que tuvieron protagonismo tanto en los Papeles de Panamá como en los Pandora Papers.

Los partidarios de la legislación insistieron en que la reforma impulsaría la reputación de Suiza. La parlamentaria suiza Florence Brenzikofer, en un pleno de la Asamblea Federal, afirmó que «los únicos que se benefician de nuestras lagunas legales son los clanes de la mafia, dictadores y otros delincuentes que quieren seguir utilizando la ubicación comercial suiza para sus actividades delictivas».

Los parlamentarios pasaron más de dos años debatiendo esta legislación. En marzo de este año, la Asamblea Federal Suiza acordó endurecer partes de su ley contra el blanqueo de capitales, pero rechazó los requisitos adicionales de diligencia debida para los asesores, abogados, lobistas y notarios.

Esto fue una oportunidad perdida para tomar medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales porque este grupo de profesionales se convierten en facilitadores que rara vez rinden cuentas y que abren puertas a las grandes fortunas a seguir ocultando dinero a Hacienda y para que miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, el tráfico de armas, las mafias de todo tipo e, incluso, el tráfico de personas, entren en el canal legal."                (José Antonio Gómez, Diario16, 02/11/21)

Lo que los Papeles de Pandora exponen: Las revelaciones tienen un alcance mundial... no obstante, si hay un país en el corazón del sistema, es el Reino Unido. Junto con los territorios de ultramar, el Reino Unido es fundamental en el encubrimiento de efectivo y activos a nivel mundial... es “la capital mundial del lavado de dinero”. Y la City de Londres, su centro financiero chapado en oro, está en el núcleo del sistema... Para el Reino Unido, cuyo sector financiero desmesurado exacerba problemas económicos generalizados, eso es bastante malo. Para el mundo, a merced de un sistema económico amañado en favor de los ricos, es todavía peor

 "En 1969, dos años después de que las Islas Caimán, un territorio británico, aprobaron su primera ley para permitir fideicomisos secretos de baja fiscalidad, un informe oficial del gobierno abordó una nota siniestra. Advertía que una oleada de propuestas deslumbrantes de desarrolladoras privadas estaba llenando las islas. Las Islas Caimán se estaban convirtiendo rápidamente en un Estado capturado por finanzas turbias.

Esos fueron los inicios punzantes de un sistema moderno que evidenciaron los Papeles de Pandora, una enorme filtración de datos que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos expusieron un revoltijo de acuerdos financieros cuestionables y secretos que involucran a más de 330 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, y a más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Quedó expuesta una serie desconcertante de artimañas y acumulación de riqueza, en muchos casos de las mismas personas que deberían castigarlas.

Las revelaciones, publicadas el 3 de octubre, tienen un alcance mundial. No obstante, si hay un país en el corazón del sistema, es el Reino Unido. Junto con los territorios de ultramar que controla parcialmente, el Reino Unido es fundamental en el encubrimiento de efectivo y activos a nivel mundial. Como dijo un miembro del partido gobernante, el Partido Conservador, es “la capital mundial del lavado de dinero”. Y la City de Londres, su centro financiero chapado en oro, está en el núcleo del sistema.

 Para el Reino Unido, cuyo sector financiero desmesurado exacerba problemas económicos generalizados, eso es bastante malo. Para el mundo, a merced de un sistema económico amañado en favor de los ricos, es todavía peor.

El ecosistema de baja fiscalidad es, a propósito, endiabladamente complicado. Muchos instrumentos intrincados y opacos —entre ellos fideicomisos extraterritoriales, lagunas fiscales y empresas fantasma—, además del secreto bancario y regulaciones financieras negligentes, envuelven los activos de los ricos en una neblina legal turbia. Un elemento crucial son los paraísos fiscales, como las Islas Cook, las Islas Vírgenes Británicas y Jersey (una de las islas del canal de la Mancha), que pueden operar como guaridas de contrabandistas. Los ricos y los nefandos esconden su dinero ahí para protegerlo, pero también para escapar de las reglas, las leyes y los impuestos que no les gustan.

La riqueza que guardan los paraísos fiscales es asombrosa: los estimados van de 6 billones de dólares a 36 billones de dólares. Y algunos paraísos fiscales están más cerca de casa de lo que uno se podría imaginar. Desde hace tiempo, Estados Unidos, con sus sospechosas empresas fantasma de Delaware y fideicomisos de Dakota del Sur, ha sido una parte importante del sistema secreto. Un grupo de países europeos, entre ellos Luxemburgo, Irlanda y Suiza, ofrecen otro menú de rutas de escape. Claro está, Asia tiene a Hong Kong y Singapur.

Pero la red británica sin duda es la más grande. El Índice de Secreto Financiero de Tax Justice Network, una clasificación de los paraísos fiscales, muestra que el Reino Unido y su “telaraña” de satélites extraterritoriales están en primer lugar. Más de dos terceras partes de las 956 empresas que los papeles de Pandora vinculan con funcionarios públicos fueron establecidas en las Islas Vírgenes Británicas.

La City de Londres es crucial para el proceso. Por medio de cotizaciones en mercados bursátiles internacionales, compra y venta de divisas, emisión de bonos y más, la City maneja actividades financieras perfectamente respetables de todo el mundo. Sin embargo, también es el centro neurálgico del sistema extraterritorial más oscuro del planeta que oculta y protege la riqueza robada del mundo.

 La City, otrora corazón latiente de las finanzas del Imperio británico, se ha reconstruido como un conducto vital para todos los tipos de capital internacional. El momento clave llegó cuando, en plena descolonización, el Banco de Inglaterra dejó que el país fuera el anfitrión del nuevo mercado del eurodólar. Este fue un espacio extraterritorial casi sin regulaciones y muy rentable, separado de la economía británica, donde los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podían hacer cosas que no se les permitía hacer en casa.

En los años setenta, este mercado de rápido crecimiento comenzó a unirse con los paraísos fiscales del Reino Unido y otros más hasta formar una red perfectamente integrada a nivel mundial. Desde entonces, los paraísos fiscales británicos han actuado como vehículos recolectores de diversas actividades financieras de todo el mundo, legales o no, que a menudo le encargan el trabajo contable, bancario y jurídico a empresas en la City.

En conjunto, han causado un daño incalculable. La recaudación impositiva que se ha perdido es impactante: las corporaciones usan los paraísos fiscales para dejar de pagar un estimado de 245.000 millones a 600.000 millones de dólares al año (un nuevo acuerdo global para que haya un impuesto corporativo mínimo del 15 por ciento detendrá esas pérdidas). Los individuos también guardan extraterritorialmente vastas cantidades de dinero.

No obstante, los impuestos tan solo son parte de la historia. El juego mundial del engaño que han jugado durante décadas los ricos y sus funcionarios en la City ha erosionado el Estado de derecho y ha acabado con la confianza de la ciudadanía en el sistema.

Después de la crisis financiera mundial de 2008, la cual expuso los excesos extravagantes del sistema financiero, hubo algunos esfuerzos para realizar reformas. El “vacío legal de Londres”, como lo llamó Gary Gensler, el presidente de una agencia regulatoria de Estados Unidos, fue controlado. Sin embargo, ahora que el recuerdo de la crisis se está desvaneciendo y el brexit comienza a sentirse, el gobierno quiere revivir las artes oscuras de la City. “Un Nuevo Capítulo para los Servicios Financieros”, un documento guía fundamental que publicó el gobierno en julio, señaló con claridad un regreso a épocas más permisivas. “Competitividad” y “competitivo”, palabras clave para bajos impuestos, regulación débil y cumplimiento laxo, aparecen más de quince veces.

La deferencia del Reino Unido hacia el dinero sospechoso es contraproducente. Su centro financiero demasiado “competitivo” es una maldición con innumerables consecuencias: desigualdad regional, una economía desequilibrada, productividad menguante, inversión estancada, inflación de los precios de los activos y corrupción política. Después de años de austeridad y en medio de una escasez de alimentos y combustible, el Reino Unido no puede darse el lujo de tener una City sobredimensionada.

Pero el que más sufre es el mundo. Para los empresarios sospechosos y los líderes políticos con muchos años en el poder, el ecosistema extraterritorial brinda impunidad, ocultamiento de capitales y protección de las riquezas. El sistema, irresponsable y a menudo no rastreable, garantiza que la prosperidad siga siendo un privilegio de muy pocos. Para poner un alto a la desigualdad y la injusticia, que expuso de forma tan cruda la pandemia, debemos enfrentar a los paraísos fiscales y a los intereses depositados en Londres que los protegen."                   (Nicholas Shaxson, The new York times, 18/10/21)

Esos ministros de Hacienda que evaden impuestos... El caso más hermoso es el del democristiano holandés Wopke Hoekstra... Recuerdan a este prócer, ¿verdad? Es quien al inicio de la crisis pandémica bloqueaba un plan europeo de recuperación económica que beneficiase a los del Sur, y recomendaba a la Comisión que investigase a los países “que no habían reforzado sus economías para tener reservas suficientes”. No como él, tan frugal hormiga que las tenía a buen recaudo en la otra ribera atlántica

 "Reyes, epulones, traficantes de armas, sectas religiosas, artistas y empresarios evadiendo su dinero a paraísos fiscales... Esta caja de Pandora es prolífica en personajes pródigos en esos auto-regalos (doro, regalo en griego), tan gratos, por ejemplares, al contribuyente cumplidor.

Pero la novedad más rutilante desde los Papeles de Panamá es que ahora aparecen ministros de Hacienda que refugiaron miles o millones de euros en los emporios secretistas y sospechosos de las Islas Vírgenes, las del Canal de la Mancha y otros antros de perdición. O sea, dirigentes que por oficio exigen a sus conciudadanos el pago de impuestos en casa, hacen exactamente lo contrario con sus peculios personales.

 El caso más hermoso es el del democristiano holandés Wopke Hoekstra, que invirtió (2010) en Candace, una compañía con sede en las Vírgenes cuando era senador, acrecentó esa inversión (2013/14) y la mantuvo hasta 2017, año en que fue nombrado ministro. Dice que una semana antes de acceder al Gobierno desinvirtió. Dice que se lo dijo en privado al premier, Mark Rütte, pero lo ocultó al Parlamento.

Esta semana no se atrevió a asistir al Eurogrupo, aunque lo justificó por las negociaciones para formar nuevo Gobierno, que llevan, ay, meses, pero su presencia debía ser tan clave que no podía escaparse un par de días, para las reuniones en que sus colegas, oportunos, redujeron el tamaño de la lista de... paraísos fiscales.

Lo maravilloso de Hoekstra es que justifica su inversión offshore en su ignorancia de que Candace radicaba en un paraíso. Y la intenta blanquear alegando que los dividendos los dedicó a una ONG contra el cáncer.

 Recuerdan a este prócer, ¿verdad? Es quien al inicio de la crisis pandémica bloqueaba un plan europeo de recuperación económica que beneficiase a los del Sur, y recomendaba a la Comisión que investigase a los países “que no habían reforzado sus economías para tener reservas suficientes”. No como él, tan frugal hormiga que las tenía a buen recaudo en la otra ribera atlántica.

En descargo de este iscariote recuérdese que su falta es más general, pues la Holanda bajo su égida fue clasificada por el Parlamento Europeo como “una de las jurisdicciones que facilitan la planificación fiscal abusiva” (8/3/19). Y que esa complicidad con la evasión detrae a España un 4% anual de la recaudación en el impuesto de sociedades; un 3% a Italia y un 7% a Alemania, según el experto Gabriel Zucman (The missing profit of nations, NBER, 2018).

Hay más. El actual primer ministro de la República Checa (atención a las inmediatas elecciones), Andrej Babis, también fue ministro de Hacienda de su país, del que es el segundo hombre más rico y quizá el más influyente: controla dos periódicos clave.

Siendo primer ministro y titular de Hacienda ha mantenido la inversión que hizo en 2009 desde el infierno fiscal de Mónaco en una linda residencia francesa, el Chateau Bigaud, y siete predios vecinos. Su declaración de bienes omite esas fruslerías, pero sus adláteres dicen que cumple todos los requisitos legales, la etérea cantinela habitual en estos casos.

Otra novedad ilustrativa de estos papeles es la elevación del rango de los intermediarios, que ya no se limitan a abogados locales duchos en trampas al fisco. Sacan a la luz las actuaciones del primer despacho de EE UU, Baker & McKenzie, asesorando a fabricantes de armas y a compañías como Apple o Facebook en estas beneméritas prácticas.

El bufete actúa como un lobby internacional en favor de legislaciones fiscales laxas, se infiltra en gobiernos e instituciones. Y asegura, como hacen todos los implicados, que procura “garantizar” que sus “clientes se adhieran tanto a la ley como a las mejores prácticas”. Seguro que inmejorables."         (Xavier Vidal-Folch, El País, 09/10/21)

¿Por qué deberían investigarse los premios de lotería cobrados por fundaciones y asociaciones? Por los riesgos de blanqueo de capitales

 "Una de las múltiples conclusiones que pueden sacarse del Informe anual de recaudación tributaria 2020 es que la pandemia redujo la utilización de las fundaciones y entidades parcialmente exentas para cobrar premios grandes de las Loterías del 18,1% de los grandes premios recabados en 2019 al 4,1% en 2020.

Esta caída se debe principalmente al desplome de la actividad económica por culpa de la pandemia, al futuro control de los premios, y en menor medida al aumento de la exención del gravamen de 20.000 a 40.000 euros en los premios sorteados en 2020.

Es cierto que el aumento del mínimo exento resta atractivo a las malas prácticas de quienes desvían el cobro de premios a fundaciones y entidades parcialmente exentas o empresas en pérdidas, pero conviene remarcar que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones o bajar los impuestos, sino combatir la evasión mediante una mayor investigación.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda venimos desde hace años alertando de los riesgos de blanqueo de capitales con los premios de Loterías y pidiendo a la AEAT que abra un programa de investigación a las Fundaciones y Asociaciones que acumulan el 98,9% de los premios obtenidos por las personas jurídicas, más allá del control sobre rifas y loterías ilegales.

 Igualmente, propusimos la modificación legal para lograr una mayor transparencia, de manera que las fundaciones y entidades que no dediquen sus ingresos a tales actividades de utilidad pública o interés social no se beneficien del régimen fiscal privilegiado.

Dicen que más vale tarde que nunca. Pues bien, aunque con cinco años de retraso, es de recibo que el actual Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y en materia de regulación del juego prevea que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado informe mensualmente de los premios pagados sujetos o no a retención, identificando al perceptor y a su representante legal, de la fecha del sorteo y del pago y de la forma de pago del premio, y del importe de la retención o ingreso a cuenta si la hubo."                      

(Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Nueva Tribuna, 01/05/21)

Carlos Cruzado: “Si invertimos la mitad que la media de la UE en perseguir el fraude, es normal que tengamos el doble”

 "Que el Estado va a necesitar aumentar algunos impuestos para salir de la crisis es un hecho, el debate se centra en cuáles y a quiénes afectará. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las propuestas fiscales que los acompañan parece que quieren poner el foco en las rentas altas y los grandes patrimonios. Pero la competencia a la baja que convierte a algunas comunidades autónomas en paraísos fiscales para esas grandes rentas y patrimonios, como el caso de la de la Comunidad de Madrid, hace muy complicado que dichas medidas sean efectivas.

Mientras, en Europa, los acuerdos fiscales o la armonización de algunos impuestos no parecen llegar nunca. Resuenan nuevos impuestos, como el impuesto a los plásticos o el Impuesto a las Transacciones Financieras, pero no acaban de cuajar. La Comisión Europea planta cara a Irlanda con el caso Apple, aunque se ha llevado un buen bofetón por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da la razón a la compañía estadounidense. 

Estados miembro están más por endeudarse que por cobrar impuestos y la necesidad de aprobar medidas fiscales por unanimidad tiene al Consejo Europeo y a la política fiscal de la Unión secuestrada. Todo ello conforma un cóctel donde quienes ganan más son los que más se aprovechan de un sistema poco progresivo y permisivo con la elusión fiscal. Pero también donde cada vez más gente llama sin tapujos “paraíso fiscal” a Irlanda o a Países Bajos y pronuncia ese lema de que “esta crisis la paguen los ricos”.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) llevan años denunciando la falta de progresividad de nuestro sistema fiscal, las malas prácticas políticas que no ponen remedio a esa injusticia y la falta de medios —o sea, de voluntad política de ponerlos— que tienen el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Su presidente, Carlos Cruzado, habla sobre los nuevos presupuestos, las nuevas medidas fiscales y el rumbo de una Europa que parece cambiar el discurso pero no sus acciones.

Se han presentado unos nuevos PGE, en los que se ha aumentado el techo de gasto, que se han llegado a anunciar como “el fin de la austeridad”. ¿Cómo los ves tú?
Suponen un cambio. Es cierto que la actitud ante la crisis y sus consecuencias no es la misma que la que se tuvo ante la anterior crisis, la financiera, y no solo en España, sino a nivel europeo. Se está contando con esa aportación de los fondos europeos, que es una cantidad importante. Por lo que sí que es verdad que hay un cambio desde esa austeridad que hizo tanto daño a la gente.

También es cierto que todavía no tenemos una foto fija. Esta segunda ola va a tener unos efectos devastadores, por lo que es bastante difícil hacer una predicción de si estos PGE tendrán el alcance necesario. Habrá que ver cómo queda el desempleo después de los ERTE, qué pasa con los autónomos, etcétera. En líneas generales, desde Gestha vemos bastante bien estos presupuestos.

Calcular el gasto puede ser fácil, pero no tanto acertar con los ingresos. ¿Cómo ves las medidas fiscales anunciadas y sus previsiones de recaudación? 

Las medidas fiscales que se habían acordado entre PSOE y Unidas Podemos en aquellos presupuestos que no llegaron a salir las vimos como un primer paso para tener un sistema fiscal más justo, pero era un paso limitado. Estas nuevas medidas que se han anunciado son más limitadas todavía. También es cierto que hay algunas medidas que, dado el momento actual y la nueva crisis, puede que no sea el mejor momento para adoptarlas. 

Creemos que hay medidas que hacen al sistema más progresivo, pero que se quedan cortas. El ejemplo del impuesto sobre la renta, el IRPF, es el más claro. Se ha creado un tramo desde los 300.000 euros, que ya desde la técnica tributaria hay un salto ahí desde los 60.000 y los 300.000 que no encaja muy bien en una escala que debe ser progresiva. De hecho lo que hemos propuesto es que se tomen las medidas que adoptó el Partido Popular en 2012, en el que se aumentó todos los tramos, pero que puso otros tramos. Podría ser otro a los 120.000 y otro a los 175.000 que les diera una progresividad con cierto sentido. 

Uno de esos impuestos es el de Patrimonio. Pero este se puede reducir por parte de las comunidades autónomas mediante bonificaciones, como en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se está bonificado hasta el 100% y no pagan nada. ¿Qué podría hacer el Gobierno central con esas exenciones?

Es un tema que afecta sobre todo a los impuestos estatales cedidos, los de la riqueza, como el de Patrimonios y Sucesiones. En estos impuestos se está viendo una competencia a la baja por algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza. Por un lado estamos reduciendo y rebajando esos impuestos a la riqueza, justo lo contrario que se está plantenado por distintas instituciones, como el FMI la OCDE, que ya hablan de implementar y recurrir impuestos a la riqueza.

La mejor forma de combatir esa competencia a la baja entre comunidades autónomas es modificando todos los impuestos cedidos. Dentro de esa reforma tributaria general que necesitamos, la parte de impuestos cedidos tiene que ir ligada a la financiación autonómica. Esa modificación tiene que entrar en el marco de esa modificación del modelo de financiación, que ya lleva años retrasándose. 

Ahí es donde se deben regular esos impuestos y dotarlos de cierta armonización para evitar que competencia y que se descapitalice la recaudación de impuestos. En eso parece que hay cierto consenso entre los expertos. De hecho, para el cambio de modelo de financiación que ya se debatió entre expertos del Ministerio de Hacienda y representantes de cada comunidad autónoma hubo un consenso por unanimidad en la necesidad de seguir cobrando el impuesto y de dotarle de un mínimo para evitar esa competencia a la baja.

Y lo mismo pasa con el Impuesto de Patrimonio. Esa subida de un punto que se establece ahora por el Gobierno solo tendrá efecto en aquellas comunidades donde se aplique la tarifa estatal, que son solo cinco o seis. Por lo que el impacto será pequeño en aquellas comunidades que lo bonifiquen, como el caso de Madrid, donde directamente la cuota que se aplica es cero, está bonificada al 100%. Hay que tener en cuenta que en Madrid es donde residen más del 50% de los que ingresan más de seis millones de euros y el 60% de las personas que tienen más de 30 millones de euros. 

Esto hace que en Madrid esos ricos no paguen el impuesto y, según los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda, la Comunidad deje de ingresar cerca de 1.000 millones al año. Esto es una incongruencia. Por un lado las comunidades estén pidiendo una mayor financiación por parte del Estado y, por otro, con esos instrumentos fiscales de los que disponen y con esa corresponsabilidad fiscal que marca la Constitución, se está renunciando a ingresos. Más que de corresponsabilidad fiscal, nosotros hablamos de irresponsabilidad fiscal para referirnos a esas comunidades que, como Madrid, no quieren gravar a sus ciudadanos. 

De hecho esta semana pasada el Gobierno ha autorizado a la Comunidad de Madrid a emitir bonos de deuda autonómica. 

 Si analizamos ese aumento de deuda pública en la Comunidad de Madrid y la evolución de los ingresos fiscales que ofrece Madrid, vemos que hay una contradicción en esas rebajas fiscales que benefician a un porcentaje muy pequeño de madrileños y el aumento de su deuda. Además, son rebajas fiscales de las que se benefician un porcentaje muy pequeño de madrileños. En el Impuesto de Patrimonio, por ejemplo, estamos hablando de 15.000 ciudadanos, de los cuales una parte de estos debería ser la que tribute la mayor parte de esos 900 millones de euros.

Sí que es cierto que cada vez se señala más a estas prácticas abusivas y el daño que están haciendo a las economías del resto de países, pero es verdad que los tratados piden esa unanimidad. Nos falta todavía una armonización en cuanto a los impuestos directos, como el de sociedades, que permite que países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta estén realizando esa competencia a la baja que tanto daño hace al resto de países. Por lo tanto, bienvenido sea ese discurso de la UE, sobre todo ahora con esta política expansiva y que se plantean nuevos impuestos como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) o los servicios digitales. 

Que además serían impuestos comunes.

 Exacto, estos serían comunes y sería la idea, pero las experiencias no son muy halagüeñas. Con el ITF ya se intentó hace diez años para que fuera común, no se llegó a esa unanimidad, luego probaron unos cuantos países con el proceso de cooperación reforzada y ni con ese procedimiento ha habido acuerdo. Por lo que insisto que bienvenida el cambio de discurso, pero hacen falta acciones. 

¿Cómo ves la nueva herramienta para reactivar la economía desde Europa, el fondo Next Generation UE?

Sufrió un recorte frente a las primeras propuestas, pero sí que es cierto que es un cambio importante respecto a las políticas de Europa. Por lo que lo veo positivo; veremos en qué queda. Es cierto que en España, uno de los más afectados por nuestro peso en el PIB del turismo, va a ser un desembolso muy importante, necesario para ese enorme gasto que se está planteando en estos presupuestos. Habrá que ver qué condicionantes tienen y que no sean comparables a los que nos exigieron en la anterior crisis. 

En Gestha habéis vuelto a denunciar que no se ponen recursos en la inspección de Hacienda, sobre todo en perseguir la evasión de las grandes fortunas, causantes de un mayor agujero en la recaudación. ¿Ha cambiado esto con el nuevo Gobierno de coalición y los nuevos presupuestos?

Hemos visto un cambio de discurso. Se empieza a hablar de luchar contra el fraude de las grandes fortunas y, aunque no se dice expresamente, del control del fraude en las grandes empresas. 

Nosotros en ese sentido lo vemos positivo, pero planteamos que para desplazar esa lupa desde el control de discrepancias y pequeños autónomos al control de las grandes fortunas y empresas, no solo tiene que haber medidas organizativas, que las tiene que haber, sino también dotar de mayores recursos a la Agencia. La OCDE hace una comparativa de administraciones tributarias entre países que muestra un resultado muy negativo en España, un déficit muy importante con la media de la OCDE o de la UE. 

Esos datos muestran que tenemos la mitad de medios que nuestros vecinos y, si invertimos la mitad que la UE en perseguir el fraude, es normal que tengamos el doble de fraude y de economía sumergida. Si nos comparamos a países de nuestro entorno a los que nos deberíamos parecer, como Francia o Alemania, la diferencia es mucho mayor. Y luego, por supuesto, está la falta de efectivos. La falta de una política de planificación. 

De hecho, desde Gestha hemos propuesto a los grupos políticos en este momento la elaboración de un plan para que en seis años podamos estar en el nivel más cercano a nuestros países cercanos. Por lo que tenemos un problema de falta de recursos, pero también de efectividad y optimización de los recursos. En este sentido, los técnicos planteamos que podamos asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude."                

(Entrevista a Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Yago Álvarez Barba, El Salto, 17/11/20)