e-notícies: El 3% era verdadad. El Supremo confirma que Convergencia cobrava comisiones por las obras públicas

"La sentencia del caso Palau, entre los hechos probados, explica que Convergència cobrava comisiones de Ferrovial del 2,5% por las obras en el Palau de la Música. Otro 1,5% iba directamente para Millet i Montull.

De este modo, relata la “mediación” de Millet i Montull “para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial" pagaba "comisiones” a Convergència.

De este modo “obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial”.

“Los abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención, generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergència, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”, añade."                 (e-notícies, 30/04/20)

"Cómo CDC metía mano en la caja. Delito continuado de tráfico de influencias.

El Tribunal Supremo ha ratificado que “existe prueba suficiente” para acreditar la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias por parte de Convergència Democràtica de Catalunya. La sentencia confirma que las comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública “se pactaban con el tesorero de CDC”, quien se comprometía a obtener “la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”.

Ferrovial abonaba el 2,5% de la comisión pactada a CDC mediante “entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”.

El tribunal añade que el tesorero de CDC se valía de “su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios”. “Todo ello, con la intermediación de los responsables del Palau, que ofrece el entramado de estas instituciones, para que el tráfico y el abono de las comisiones por la obra así adjudicada permaneciera oculto”, detalla la sentencia.

También ha quedado acreditado que los responsables de Convergència, Ferrovial y el Palau de la Música eran conocedores de las operaciones para que “fluyera el dinero de Ferrovial a CDC”, ejecutando las obras públicas acordadas."                 (e-notícies, 30/04/20)


 "Millet & CDC, culpables. El Supremo confirma la sentencia del caso Palau.

 El Tribunal Supremo ratifica las penas por el expolio del Palau de la Música. El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones.

Además, tendrán que devolver, como ya había dictaminado la Audiencia de Barcelona, 23 millones de euros a las estructuras del Palau de la Música.

El Supremo también confirma la sentencia para Convergencia Democrática de Cataluña, que deberá devolver 6,6 millones de euros como ganancias obtenidas mediante el tráfico de influencias.

La pena sí cambia para Gemma Montull, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años. Sí que se le mantiene la multa de 2,6 millones de euros.

Cinco jueces se han pronunciado sobre los 16 recursos que se presentaron contra la sentencia por el expolio de 23 millones del Palau, que la Audiencia de Barcelona hizo pública en enero de 2018. La deliberación, que ha presidido el juez Julián Sánchez Melgar, comenzó a mediados de noviembre y se ha alargado mucho.

La Audiencia de Barcelona condenó a 9 años y ocho meses de prisión al ex presidente de la institución, Fèlix Millet; a 7 años y medio su mano derecha, Jordi Montull; a 4 años y medio la ex directora financiera del Palau e hija de Montull, Gemma Montull; y 4 años y cinco meses el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar. Además, la Audiencia obligó Convergencia Democrática volver 6,6 millones de euros por las comisiones ilegales cobradas a través del Palau.

Tanto el ex como el ex gerente del Palau ingresaron en la prisión de Brians 1 tras la sentencia. Millet salió al cabo de 25 días, después de pagar una fianza de 400.000 euros. Sumando los días que estuvo encarcelado en 2010 por el caso del hotel del Palau, Millet pasó 38 días en prisión, de los cuales 8 fueron en el hospital penitenciario de Terrassa.

Tanto Millet como Montull se les condenó por los delitos continuados de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Se les aplicaron las atenuantes de confesión y dilación indebida del procedimiento, entre otros.

En el caso de Gemma Montull, un pacto con la Fiscalía permitió que las peticiones iniciales de pena para ella se rebajaran.

La Audiencia de Barcelona consideró que, entre los hechos probados, había que Millet pagó a cargo del Palau las bodas de sus hijas, Clara y Laila, que costaron a la institución musical más de 164.000 euros.

La sentencia culminó una investigación que se prolongó años, con varios jueces a la cabeza, y que llegó a la opinión pública con la imagen impactante de los Mossos entrando en el Palau, en busca de pruebas del saqueo.

En el juicio, que comenzó en marzo de 2017, Millet y Montull admitieron, tras pactar con la Fiscalía, la financiación irregular de Convergencia a través del Palau, con el pago de comisiones del 4% de la constructora Ferrovial. Los pagos se vehiculaban como patrocinios y eran a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública.

Fue en la época en que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat y CDC, el partido hegemónico en Cataluña. Mientras duraba la investigación, se reconvirtió en el PDeCAT. A raíz del caso, se cambió el Código Penal para castigar a los partidos que se financien ilegalmente."            (e-notícies, 30/04/20)


 "Millet endosaba todos los gastos personales al Palau. Viajes privados, dispendios de boda y reformas de viviendas particulares.

Fèlix Millet y Jordi Montull endosaron gastos personales, tales como viajes, bodas o reformas al Palau. Así se desprende de la sentencia del Supremo, que ha ratificado las penas impuestas por la Audiencia de Barcelona. 

El Tribunal Supremo destaca que los responsables del Palau "dispusieron de los fondos de las entidades de Palau en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondo de Palau al patrimonio particular de Fèlix Millet y Jordi Montull". Además, la resolución también apunta que "vendieron a Palau locales propios a un precio superior al de mercado".

El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones."                   (e-notícies, 30/04/20)

 "El otro cerebro del caso Palau.  El abogado Raimon Bergós recurrió a “sociedades inactivas” para emitir facturas falsas.

El abogado Raimon Bergós, experto en la asesoría a fundaciones, creó “recibos irreales” con los que tapar el espolio del Palau de la Música, según la sentencia del Tribunal Supremo. El fallo explica que mediante “sociedades inactivas” confeccionó “toda una serie de facturas inveraces” para justificar la salida de dinero a través de “mercantiles que nunca habían tenido relación con el Palau de la Música”.

“Configuraron recibos irreales de la Asociación del Palau por fondos supuestamente recibidos de la Fundación del Palau; facturas o recibos de empresas constructoras por servicios supuestamente pagados en efectivo por la Asociación; y recibos manuscritos, completamente irreales, de supuestos responsables de orquestas que habrían recibido pagos en efectivo”, asegura el fallo.

Bergós creó “toda una serie de documentos mendaces que podrían necesitar para justificar determinadas salidas de fondos de las cuentas bancarias de la Fundación y Asociación”. Para ello, se confeccionó un listado con todas las disposiciones de fondos en efectivo de las cuentas bancarias de “imposible justificación legal”, un listado al que se denominó “Los Vikingos”.         (e-notícies, 30/04/20)

Pujol utilizó Convergència como si fuese una de sus empresas para cobrar comisiones

"Los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, utilizó la formación política que presidía su padre para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.

En julio de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado en 1974 en el monasterio de Montserrat por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, dio paso a una nueva organización: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que entonces tenía a Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat.

Durante el periodo en que transcurren inicialmente los hechos, indica la policía, el máximo dirigente de CDC era Jordi Pujol Soley, el "progenitor" de Jordi Pujol Ferrusola: "Siendo como es conocida esta relación uno de los aspectos que se consideran troncales en esta investigación", destacan los agentes.

Sus ingresos

Pero el informe considera que la vinculación con su padre establece "un vínculo sustancial, porque es un nexo directo de Jordi Pujol Ferrusola con la 'empresa' que se configura como el sitio principal para su desempeño laboral, y por ende de donde provienen sus ingresos, el partido político CDC", especifica el documento policial remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol'.

En concreto, los agentes dan cuenta al magistrado del 'modus operandi' del clan Pujol y de varios empresarios que financiaban la formación conservadora, una actividad que permitía que el primogénito de los Pujol continuara con su actividad empresarial de cobro de comisiones.

"El ejercicio de su influencia en las instituciones democráticas de Cataluña a través de un partido político, CDC, del que su padre era máximo dirigente, y a través del cual habría gestado todas sus argüidas 'dinamizaciones' empresariales, favoreciendo a terceros que en consecuencia le remuneraban de diversas formas", concluyen los agentes de la UDEF.

Activos de Andorra

En este sentido, la actuación presuntamente delictiva detectada por la Policía comienza con Jordi Pujol Ferrusola, que con sus activos financieros en Andorra otorga la financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios a CDC.

"La observación de la realidad financiera depara que el verdadero prestatario de los capitales habría sido la formación política, ocultando su personalidad jurídica detrás de las sociedades Altraforma, Hispart y Winner Graph", indica la Policía, que pone de manifiesto el presunto engaño de los Pujol para financiar CDC.

Los representantes de Altraforma e Hispart, que aparecen suscribiendo en España las pólizas de préstamo de Pujol Ferrusola, Miquel Jiménez Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González, tal y como se desprende de los hechos probados en el 'caso Palau' reconocen que sus empresas, las mencionadas Altraforma e Hispart, se instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC.

Caso del 3%

Los agentes también detectan vínculos de la presunta financiación ilegal de CDC con el caso del 3%, que también investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. El nexo de unión está en el empresario Joan Albert Arqués, que fue detenido por la Guardia Civil en caso del 3%, por haber pagado comisiones a través de sociedades instrumentales para obtención de obra pública, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por terceros, que habrían servido para financiar al partido CDC.

"Por tanto", explican los agentes, "se observa un paralelismo obvio e inmediato entre los hechos que se le atribuyen a Joan Albert Arqués en ese procedimiento, con los que ahora estamos viendo que ocurrían unos años antes, con idéntica utilización de sociedades interpuestas para canalizar esos pagos, que realizaban las compañías del grupo a través de Hispart en este caso".

Los agentes de la UDEF otorgan, en este sentido, gran importancia al hecho de que el tesorero de CDC en aquellos momentos, el fallecido Caries Torrent apareciera directamente en las operaciones financieras: "Es un dato notorio, que conjugado con el papel que judicialmente se ha atribuido a Carles Torrent en el 'caso Palau', por su relación con varias empresas entre las que estaban las mencionadas, supone una tremenda fuerza indiciaria para construir los elementos probatorios de los tipos penales", continúa el atestado policial.

"Una sandez"

Pero el informe policial hace también una valoración de las explicaciones realizadas por Pujol Ferrusola, del aval realizado a las empresas proveedoras de CDC: "La explicación facilitada por Pujol Ferrusola en Andorra, sin ofrecer como es habitual ningún dato objetivo que la respalde, es sencillamente no verídica, ya que recurre a un presunto testaferro: Antoni Zorzano: "Utilizado, como sabemos, en el encauzamiento de operativas consideradas ilícitas, para concebir una cobertura", asegura el informe.

Incluso, los agentes van más allá, y aseguran que el hecho de que el investigado haya alegado que como los avales no se ejecutaron no tienen importancia material real, "se nos antoja una sandez desde el punto devista económico, puesto que el aval concebido como tal sí se ejecutó desde una perspectiva estricta al cumplir las funciones para las que nace: la constitución de una garantía íntegra a un riesgo de un tercero", concluyen los agentes en el documento remitido al juez De la Mata."                                (Tono Calleja, Vox Populi, 01/05/18)

Ningún encarcelado tras el mayor caso de corrupción de Cataluña, el del Palau

"Fèlix Millet y Jordi Montull abandonarán la cárcel cuando abonen sus respectivas fianzas. Durante años saquearon sistemáticamente el Palau de la Música y posibilitaron que el dinero de Ferrovial llegase a las arcas de Convergència, pero de momento sólo han pasado 14 días en prisión provisional. Algo pasa con el mayor caso de corrupción de Cataluña, que nadie pasa mucho tiempo en la cárcel.

En realidad, Millet y Montull acumulan treinta días de prisión preventiva por el caso Palau: 16 por la trama principal y otros 14, que cumplieron en 2010, por la pieza del Hotel del Palau, un caso del que hace dos años fueron absueltos por el Tribunal Supremo. Cuando estalló el escándalo en 2009, el primer juez instructor, Juli Solaz, no los encarceló. Los acusados lo aprovecharon para destruir pruebas. En cambio, la jueza del caso del hotel, Miriam de Rosa Palacio, los envió posteriormente de patitas al presidio, aunque finalmente fueron exonerados por esta trama.

En 1983, Millet se pasó dos semanas más en prisión por presunta estafa por el llamado caso Renta Catalana. Nunca ha permanecido demasiados días seguidos entre barrotes.

En la sentencia de caso Millet se condena a 14 personas a diversas penas de cárcel, pero sólo cuatro reciben penas superiores a los dos años que suponen el ingreso en un centro penitenciario: Millet, al que se le impuso nueve años y ocho meses; Montull, siete años y seis meses; su hija Gemma Montull, cuatro años y seis meses; y Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Como medida cautelar, sólo se dispuso el ingreso de Millet y Montull, si bien la Audiencia de Barcelona ha decidido este martes que puedan salir en libertad bajo fianza de 400.000 euros, para el primero, y de 100.000 euros, el segundo. Mientras, Osàcar sigue en su casa.

El abogado de Convergència y de Osàcar recurrió la sentencia. A la espera de que se resuelva, no ingresará en la cárcel. Tampoco pagará la multa de 3,7 millones de euros. Una vez que la sentencia sea firme, será un juzgado de ejecución el que persiga a los condenados para que abonen los comisos y multas. Osàcar también está imputado por el caso del 3%.

Convergència se encuentra en la misma situación que su extesorero: pendiente de que se resuelva el recurso. Si se confirma la condena a abonar un decomiso de 6,7 millones de euros, será un juzgado de ejecución el que exigirá su pago. 

El dinero no irá al Palau de la Música, sino al Tesoro Público, organismo adscrito al ministerio de Economía de Luis de Guindos. Ni la fundación ni el consorcio del Palau de la Música formularon acusaciones contra Convergència. Ahora no pueden reclamar el dinero."          (Josep María Casas, Economía digital, 22/02/18)

Sant Cugat, la capital del 3%

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mantienen desde hace tres décadas un idilio a prueba de cambios históricos. Ni el fin del pujolismo, ni el auge independentista, ni siquiera la refundación del partido han minado el poder de los nacionalistas en una plaza que arrebataron para siempre a los socialistas en 1987.

 La ciudad de mayor renta de Cataluña ha sido desde entonces el faro con el que CDC ha querido proyectarse al resto del área metropolitana de Barcelona y también su refugio en los tiempos difíciles, como la travesía por el desierto en la que entró tras perder la Generalitat en 2003.

Como tantas relaciones, sin embargo, la de CDC (hoy PDeCAT) y Sant Cugat también esconde secretos inconfesables. En este caso no se trata de traiciones ni de infidelidades, sino del protagonismo de la ciudad en las tramas de corrupción que en los últimos tiempos han llevado al partido a la peor crisis de su historia.

Sant Cugat es el único Ayuntamiento incluido en la sentencia del caso Palau por una obra (un pabellón deportivo) por la que la constructora Ferrovial pagó una comisión ilegal. Sant Cugat también está en el centro de las investigaciones del caso 3%, la otra gran trama de financiación ilegal de CDC. Y Sant Cugat es igualmente uno de los escenarios del caso ITV, la historia de favores políticos y comisiones opacas que acabó con la carrera de Oriol Pujol.

“Todo esto es el resultado de 30 años seguidos de alcaldes de Convergència, más tiempo del que Pujol padre presidió la Generalitat”, afirma Ferran de Juan, comerciante y miembro de la Asociación de Vecinos de Can Magí. “En el fondo, la historia de Sant Cugat es un poco la historia del partido, para lo bueno y para lo malo. Y la corrupción es una parte de ella”, añade.

El peso de la ciudad en el partido, y a la inversa, es evidente. La alcaldesa, Mercè Conesa —en el cargo desde 2011 y responsable de Urbanismo los ocho años anteriores—, es también presidenta de la Diputación de Barcelona. 

Su antecesor, Lluís Recoder, fue el hombre elegido por Artur Mas en su primer Gobierno para la cartera de Territorio, que gestiona toda la obra pública de la Generalitat. Y líderes del actual PDeCAT, como Jordi Turull, han crecido políticamente entre los despachos del Ayuntamiento, del que fue gerente entre 1999 y 2003.

El fallo del caso Palau ilustra con Turull los estrechos vínculos entre CDC y Sant Cugat. El fallo destaca su presencia en 2002 en la mesa de contratación del polideportivo del caso Palau y relata su trayectoria política cómo “concejal desde 1991 en otra localidad cercana, miembro de la Diputación de Barcelona desde el mismo año y diputado del Parlament desde 2003”. “La vinculación entre mesa de contratación y [...] CDC aparece diáfana”.

La alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, sorprendió a casi todo el mundo cuando anunció hace 12 días, tras la sentencia del caso Palau, que estudia denunciar a CDC por el “mal uso” que el partido ha hecho del nombre de la ciudad. 

Las reacciones a estas palabras —que todos interpretan como otro intento del PDeCAT de alejarse de su pasado— van de la chanza a la indignación. “Es una ocurrencia. Nadie representa mejor lo que ha sido Convergència que ella, que era la responsable de Urbanismo durante los hechos investigados en el caso 3%”,afirman desde ERC.

La oposición en bloque exige a Conesa que asuma responsabilidades y la acusa de no adoptar medidas para poner coto a la corrupción. “Tiene que levantar la alfombra, calcular la factura del robo y devolver hasta el último céntimo”, afirma la CUP. “Sant Cugat ha sido un coto donde CDC ha actuado con impunidad”, denuncia Ciudadanos. ICV exige a la alcaldesa “que lo explique todo y diga qué hará para que esto no vuelva a ocurrir”. Para el PSC “es difícil creer que todo esto pasara desapercibido, es evidente que aquí hay algo que chirría”.

El caso 3% puso el foco en Sant Cugat casi desde el principio de las investigaciones, cuando lo que era un episodio de corrupción local en Torredembarra (Tarragona) saltó a toda Cataluña tras el rastro de las adjudicaciones de la constructora Teyco. Fue en agosto de 2015 cuando la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento en busca del expediente de una obra —un edificio de viviendas sociales— adjudicado en marzo 2009.

Una funcionaria local, sin militancia política y que pide el anonimato, recuerda “el estado de shock” en el que quedó el personal municipal. “Sabíamos lo del caso Palau, pero todos queríamos creer que era algo puntual. Ese día muchos asumimos que aquí debía haber algo más”, explica. “Había un runrún”, admite Mireia Gallego, activista del Barrio del Monestir que coordina un grupo de Facebook con más de 1.000 vecinos. 

“Ahora ya son hechos demostrados y la pregunta es cuántos casos más hay, hasta dónde llega la corrupción”, se interroga.

Los siete años que van de la adjudicación del caso Palau a la del caso 3% (de 2002 a 2009) ilustran bien la crónica de corrupción del partido. CDC perdió la Generalitat, llegaron los Gobiernos tripartitos (2004-2010) y el expresidente Pasqual Maragall (PSC) alertó del “problema del 3%” en el Parlament, pero los fontaneros convergentes seguían ocupados en el discreto trabajo de cobrar comisiones ilegales, según han revelado ahora las investigaciones. 

Eran años en los que a las arcas de CDC aún llegaba dinero por las últimas grandes obras de la era Pujol —Ciudad de la Justicia y Línea 9 del Metro—, pero en los que las mordidas por adjudicaciones de los municipios gobernados por el partido fueron ganando peso.

Las fundaciones

Las donaciones a CatDem y Fòrum Barcelona a partir de 2008 —apenas ha trascendido documentación anterior— ofrecen muchas claves. En el caso de Sant Cugat, se hace evidente una repetición de muchos nombres entre la lista de contratistas y la de donantes al partido. Y se produce un llamativo efecto relevo, por el que algunas constructoras interrumpen sus donaciones al acabar las obras en el municipio y son sustituidas por nuevas adjudicatarias.

Una investigación de EL PAÍS revela que es en esos años —con CDC en la oposición en la Generalitat— cuando se repiten en Sant Cugat los casos de donaciones asombrosamente cercanas al 3% de las adjudicaciones. Pero no todos los casos son iguales. Hay empresas —por ejemplo Teyco y Grup Soler, ambas investigadas en el caso 3%— que abonan íntegramente sus donaciones tras la adjudicación del contrato.

Otras, en cambio, empiezan a pagar mucho antes, cuando el concurso sale a licitación o esta está en su inicio. En los dos casos observados —Tau Icesa y Construcciones Pai—, el importe coincide: 25.000 euros. 

Un constructor con una larga trayectoria en la obra pública, recuerda cómo “a veces, cuando una empresa quería entrar en un nuevo municipio, debía hacer cosas que no hacían las que ya llevan tiempo trabajando allí”. “Ese pago anticipado podía ser la forma de entrar en la rueda y coger algo de ventaja ante empresas que conocían mucho mejor la casa”, asegura.

La sentencia del caso Palau ha sentado muy mal en el Ayuntamiento de Sant Cugat, que incluso ha acusado a sus compañeros de CDC de ensuciar la imagen del municipio. El Consistorio defiende su gestión como “un modelo de transparencia y eficiencia”, una afirmación que —más allá del autoelogio— no está tan alejada de la percepción que tienen varios proveedores municipales consultados. 

“Sant Cugat es uno de los Ayuntamientos más serios con los que se puede trabajar”, afirma uno de ellos. Tan cierto es lo anterior, sin embargo, como la incomodidad que muestran los propios responsables municipales al conocer los resultados de la investigación realizada por este diario.

Aunque el fallo del Palau es muy reciente y el caso 3% está aún en investigación, las noticias sobre corrupción hace casi una década que planean sobre Sant Cugat. Y, por ahora, el coste electoral ha sido nulo. Juan Rodríguez Teruel, investigador de la Universidad de Valencia, sostiene que “la tolerancia con la corrupción es alta si los hechos reportan algo para los vecinos: los votantes ven primero el polideportivo y solo luego tienen en cuenta las irregularidades”. Teruel alerta también de “la gran distancia temporal entre los hechos y su esclarecimiento judicial, lo que permite diluir su responsabilidad a los partidos”.

Elena Costas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade a lo anterior razones relacionadas con la situación política que vive Cataluña: “El debate identitario y la gran polarización complican la rendición de cuentas. Para hacerlo, es necesario que exista una alternativa, algo difícil en estas circunstancias, y para un votante movilizado el coste emocional de abstenerse es muy alto”.

Tampoco los vecinos consultados creen que la corrupción vaya a cambiar mucho las cosas. “En Sant Cugat se vive bien. La renta es alta y el Ayuntamiento tiene medios para ofrecer unos servicios que, aunque siempre mejorables, no son malos. Eso la gente lo vive cada día, mientras la corrupción es algo más difuso”, opina Ferran de Juan."            (Oriol Güell, El País, 06/02/18)

La corrupción en Convergència i Unió, un verdadero “saco sin fondo”

"Con la lentitud a la que nos tiene acostumbrada la judicatura para casos como estos, finalmente conocíamos hace pocas semanas la sentencia del famoso “caso Palau” .

Diez años después, la Audiencia Barcelona imponía una pena de ocho años y nueve meses, más una multa superior a cuatro millones a Fèlix Millet; mientras que a su mano derecha, Jordi Montull, le esperan 7 años y medio y una multa de casi tres millones y medio. Este proceso, que ha durado más de una década dejaba al descubierto el sistema financiero de la antigua Convergència (CIU), pero lejos de ser una “manzana podrida” reflejaba el interior del cesto entero.

Las investigaciones por el 3% siguen en marcha y ponen de manifiesto la corrupción endémica dentro del partido. Si lo que ha demostrado el caso Palau es que la antigua Convergencia se financiaba a partir de las comisiones que recogía del amaño de los concursos de obras públicas a favor de grandes empresas, resulta evidente que se trata de un sistema que se repetía de forma continúa.

Los últimos datos que presentan las investigaciones es que la financiación irregular no se limitó a los diez años comprendidos entre 1999 y 2009, sino que funcionó hasta hace muy poco entrando ya en la etapa de gobierno de Artur Mas (¡Sorpresa!). Sí, el mismo al que las penas le parecían excesivas... ¿por qué será?

Según las últimas informaciones entre 2008 y 2013, las mordidas ascendieron hasta más de un millón de euros. Entre esos años distintas empresas realizaron ostentosas donaciones a fundaciones relacionadas con el partido entre las que se encuentran Fundació Fórum de Barcelona, CatDem y Fundació Privada Òmnium. Además de otros sobornos para los principales representantes del partido. Es el caso de Rosell, antiguo director de Infrastructures.cat, que fue invitado en varias ocasiones por la empresa Oproler al palco del Santiago Bernabeu para ver partidos de fútbol.

Evidentemente esta empresa después ganó varias adjudicaciones, como no podía ser de otra forma. Este mecanismo se repetía continuamente y en la larga lista de políticos que hacían negocio con las adjudicaciones de obras públicas encontramos múltiples cargos del partido, ya fuese de la Generalitat como del Ayuntamiento, incluyendo el periodo en el que estaba presidido por el convergente Xavier Trias.

Hoy muchos de estos políticos corruptos, que se llenaban los bolsillos con triquiñuelas mientras aplicaban sin ningún reparo planes de ajuste y recortes que han condenado a la clase trabajadora y los sectores populares a una vida de pobreza y precariedad, siguen formando parte del aparato político de la mano del PDeCat, es decir, forman parte del ADN de un partido que se ha construido con la única finalidad de limpiarle la cara a la antigua CDC, salpicada de casos de corrupción y rodeada por amplio movimiento democrático del que tenía como objetivo ponerse al mando para acabar conduciéndolo a una derrota anticipada.

Ayer era la antigua CiU, hoy es el PDeCat. Pero ambos forman parte de de la dirigencia política de un régimen del que la corrupción lejos de ser la excepción, es la única norma. Unos y otros, junto al Partido Popular y PSOE son la evidencia de una forma de gobernar al servicio de las grandes empresas. Para acabar con esto, es necesario acabar con todos los privilegios de esta “casta política” que saquea las arcas públicas para su propio beneficio.

Casos de corrupción como este son la evidencia de es necesario que los cargos políticos cobren lo mismo que una maestra y que sus cargos sean revocables por los propios electores en cualquier momento."                  (Izquierda diario, Marta Clar, 29/01/18)

Convergència cobró otro millón en ‘mordidas’ con Mas como ‘president’

"Las pruebas sobre la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) van mucho más allá de los años del pujolismo. 

Si el caso Palau ha acreditado -hay sentencia condenatoria- que el partido nacionalista recibió comisiones a cambio de obra pública por 6,6 millones de euros hasta 2009, el caso 3% -aún en fase de investigación- indica que la financiación irregular continuó funcionando hasta fechas muy recientes. 

De 2008 a 2013, o sea incluso durante la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat, CDC cobró mordidas por valor de 1,04 millones de euros, según un nuevo informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el caso.

El informe ratifica los indicios acumulados contra Convergència en el caso 3%, aunque con cifras muy precisas. Al menos entre 2008 y 2013, diversas empresas adjudicatarias de la Generalitat abonaron generosas donaciones a tres fundaciones afines al partido: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona y Fundació Privada Òmnium.

 Las tres entidades declararon a Hacienda, en ese periodo, donaciones por 10,3 millones de euros. Los investigadores recuerdan que las tres entidades funcionaban "bajo el principio de caja única" de Convergència. Y concluyen que el monto de donaciones "vinculadas a la adjudicación de obras" asciende a 1.040.800 euros. El informe destaca que se han producido "otra clase de pagos" a dirigentes nacionalistas como "entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de hotel y cacerías".

 Guardia Civil ha examinado al detalle un total de 24 adjudicaciones públicas presuntamente fraudulentas de obras y servicios, tanto de la Generalitat como de ayuntamientos y entes públicos controlados por Convergència i Unió. Esos expedientes suponen un importe total de 218,7 millones de euros si se atiende al precio de licitación (168,7 millones si se examina el precio final de adjudicación).

Convergència se financió entre 1999 y 2009 a través del Palau de la Música, la institución cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull. La Audiencia de Barcelona ha condenado recientemente al partido por cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia de Barcelona. 

La constructora camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas al partido. Lo hacía mediante pagos en efectivo a los tesoreros de la formación, pero también mediante facturación falsa de empresas y falsos convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas, antecedente de la CatDem.

Del Palau al 3%

Cuando los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la Música en julio de 2009, Convergència tuvo que cambiar la forma de lograr financiación. El partido halló en las donaciones a sus fundaciones el nuevo sistema ideal para camuflar esos supuestos pagos irregulares, según los indicios acumulados en el caso 3%.

 El sistema funcionó, según la Guardia Civil, al menos desde 2008. En ese momento, un tripartito de izquierdas gobernaba la Generalitat, pero Convergència mantenía aún el control sobre importantes ayuntamientos catalanes. En 2010, Artur Mas se hizo con la presidencia de la Generalitat. Algunos de los concursos bajo sospecha fueron adjudicados a partir de esa fecha por Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria pública de la Generalitat. 

En el caso Palau solo se ha podido probar la participación del extesorero Daniel Osácar, aunque la sentencia explicita que "altos responsables" del partido que no han podido ser identificados debieron conocer la financiación irregular. El caso 3% ha permitido ir más allá. Además de Osácar, están imputados su sucesor en el cargo, Andreu Viloca, pero también el exdiputado, exconsejero y ex hombre de confianza de Mas, Germà Gordó, así como el ex director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.

El  caso 3% lo investiga desde hace más de tres años un juez de El Vendrell (Tarragona) por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, alteración de precios en concursos, grupo criminal, blanqueo y financiación de partidos políticos. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional."           (Jesús García, 29/01/18)

Toda la trama del Palau

"(...) El “Orfeó Català” lo componen 4 entidades: l’Associació Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música, y la Associació Cor de Cambra del Palau de la Música.  

“Todas estas entidades (…) acabaron siendo dirigidas unitariamente por Félix Millet y Jordi Montull“, diu el jutge, quienes procuraron “desviar para sus fines importantísimas cantidades de dinero”, y ejecutaron “un plan para enriquecerse a costa de los fondos del Palau de la Música”.

Estas son algunas de las cositas que hicieron:

• Pago de obras en sus viviendas particulares con fondos de las entidades (entre 2005-2009). Decían a los industriales que facturaran por obras en el Palau, pero los trabajos se realizaban en los domicilios dels xorissos en Modolell, L’Ametlla y Teiá. Total: 3,63€ millones.
• Pago de gastos particulares. Entre otros: las bodas de las hijas de Millet, Clara y Laila, que además se casaron gratis en el Palau (164.270€); viajes familiares a México, Nápoles, Cerdeña, Maldivas (2 veces), Polinesia (con toda la familia por el insignificante importe de 141.326€), Phuket, El Cairo, Kenia (con Laila y su marido), Tanzania, San Petersburgo, Santo Domingo y Dubai. Total: 778.429€.
• Pago de un libro escrito por Montull titulado 30 anys d’il.lusions. Total: 19.026€.
• Donaciones a Àngel Colom, a quien entregó en septiembre de 2000 nada menos que 12.500.000 pesetas. Era la época en que Colom dejaba el Partit per laIndependència y se disponía a entrar en Convergència. Según Colom, era para pagar las deudas del PI, pero en el recibo firmado por Colom constaba que era por un convenio de una ficticia Fundació Privada Espai Catalunya (que Colom decía representar) sobre “Pedagogia sobre la cultura catalana en les noves migracions”. Dice el juez que “fue solo la tapadera de la entrega dineraria”. Parece que en Colom es va fer caquetes i va restituir els diners cuando se destapó todo, y el Palau renunció a denunciar al Angelito. Tot per Catalunya. Total: 75.127€.
• Donaciones a un militante de CDC, Esteve Escuer, para que pagara la campaña electoral municipal del partido en 2007 en L’Ametlla, el pueblo de veraneo de Millet. Total: 13.000€.
• Desvío de fondos a su patrimonio particular “desde al menos” 1998 a 2009, mediante disposiciones en cheque o efectivo. Total: 10,78€ millones.
• Desvío de fondos con destino desconocido. Total 6,03€ millones. Qui s’ho ha quedat això, sr. Pujol?
• Comisiones por mediación en adjudicación de obra pública a Ferrovial. Total: 3,45€ millones, repartidos al 80/20% entre Millet y Montull.
• Comisiones a terceros por adjudicación de obra pública. Total: 3,74€ millones.
• Cobro de incentivos desmesurados y no previstos en los estatutos de la Fundación, gracias a los cuales el sueldo de Millet pasó de cobrar 135.614€ en 2007 a ganar 1.261.999€ en 2008.
• Reventa de locales adquiridos privadamente por un precio superior al de mercado. Por ejemplo, en 2009 vendieron por 3,49€ millones a la Asociación Orfeón Catalán un local en San Pedro el Mayor cuyo precio de mercado era 1,5€ millones.
• Liquidaciones falsas de IVA que comportaron devoluciones. Total: 1,6€ millones.

Pero la cosa no acabó en hacerse rico: la Convergència de Jordi Pujol también quería lo suyo, y el juez lo deja claro:

“FERROVIAL-AGROMAN, mediante el pago de comisiones a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Cataluña, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de la obra que debía ser adjudicada, adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial“.

La cosa se hacía así: se creó el ciclo de conciertos “Palau-100”, patrocinado por Ferrovial, con el fin de pasar dinero a Millet y Montull para que ellos pudieran pasárselo a CDC tras quedarse su parte. Otras formas de pasar dinero fueron la financiación del órgano del Palau (240.405€), o el patrocinio del Centenario (300.000€). 

Las aportaciones de Ferrovial empezaron en 1997 y duraron hasta 2009, por un importe de 12,6€ millones. Ferrovial pactó con Carles Torrent, tesorero de CDC, que entregaría dinero a este partido “a cambio de que garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”. 

Daniel Osàcar sucedió a Torrent tras su muerte en 2005. La Fundación Trias Fargas (después CatDem), vinculada a CDC, fue utilizada “para hacer llegar a la formación política parte del dinero de aquellas comisiones que se les abonaba por el Palau de la Música con fondos de Ferrovial”.

El juez es claro: los tesoreros de CDC “por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados, utilizaron su cargo (…) para promover de forma determinante” la adjudicación de obra pública a Ferrovial. 

Y Millet y Montull “pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y CDC toda la estructura económica del Palau de la Música para que estos pudieran ocultar el pago y el cobro” de comisiones. La comisión que Ferrovial pagaba “era del 4%”: el 2,5% para CDC y el 1,5% para Millet (80%) y Montull (20%). 

“Este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el 2009”, hasta que se produjo el registro del Palau. El total de comisiones pagadas a CDC “ascendió como mínimo a 6.676.105,58€”. El juez lo repite para que nadie se equivoque: “con la comisión de tráfico de influencias” Convergència Democràtica de Catalunya obtuvo 6,68€ millones, Millet 2’8 y Montull 0,7. No està gens malament, oi Jordi Pujol?

I com s’enduia la pasta CDC? Unos terceros facturaban servicios ficticios al Palau, que en realidad habían prestado a CDC o transferían a ese partido en forma de donaciones. El dinero llegaba en efectivo, a través de convenios con la Fundación Ramón Trias Fargas, mediante sociedades (Mail Rent, New Letter Market Directo, Letter Graphic, Altraforma, Hispart, Publiciutat).

¿Y qué obras hacía Ferrovial para cobrar? Por ejemplo, la eterna, inacabada y carísima L9 de metro; o la construcción de la Ciudad Judicial de Hospitalet.

Por haber sido tan malo en Fèlix Millet Tusell s’emporta una de grossa:

• 5 años y 6 meses de cárcel por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, en concurso con delitos de falsedad en documento mercantil y delito de falsedad contable.
• 8 meses de cárcel por delito de tráfico de influencias.
• 2 años y 3 meses de cárcel, con multa de 2,93€ millones, por delito de blanqueo de capitales.
• 1 año y 3 meses de cárcel, con multa de 1,19€ millones, por delito contra la Hacienda Pública.
• Abono de 3,54€ millones al Consorcio del Palau de la Música, 6’29€ millones a la Fundación Orfeón Catalán-Palau de la Música, 6’13€ millones a la Asociación Orfeón Catalán (además de 1,5€ millones por la compraventa de un edificio), 0’19€ millones por viajes particulares, 6’03€ millones por sustracción en metálico de fondos, 0’68€ millones por impuestos debidos. Paga, Millet.

Además Jordi Montull Bagur también pasará unos cuantos años en la cárcel (4 años y 6 meses + 6 meses + 2 años + 6 meses) por los mismos delitos, i ha de pagar també uns quants calerons. Gemma Montull, la contable hija de Jordi, també va a la garjola (2 años + 6 meses, 5 meses + 1 año y 7 meses). Raimon Bergós Civit, el secretari, és condemnat per falsedat en document mercantil (2 años). 

I n’hi ha més: Daniel Osàcar Escrig, el contable de CDC, s’emporta 11 mesos per tráfico de influencias, y 3 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable, por lo que además tiene que pagar 3,8€ millones.

Hay más condenados: Santiago Llopart Romero (1 año y 9 meses, abogado), Miguel Giménez-Salinas Lerín (8 meses, administrador de Altraforma), Juan Manuel Parra González (8 meses, administrador de Hispart), Pedro Luis Rodríguez Silvestre (1 año y 9 meses, administrador de New Letter), Vicente Muñoz García (1 año y 9 meses, administrador de Letter Graphic), Juan Antonio Menchén Alarcón (1 año y 9 meses, administrador de Mail Rent), y Edmundo Quintana Giménez (8 meses).

Benvinguts a Catadisney, paraíso del cuñadismo, choriceo, corrupción, comisiones, maletines y bodorrios.

Dolça i robada (pel nacionalisme) Catalunya…"                (Dolça Catalunya, 16/01/18)

Convergència, condenada en el ‘caso Palau’ por cobrar comisiones ilegales

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas.

 Así lo ha determinado este lunes la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse financiado de forma irregular durante una década (1999-2009). La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet y siete años y medio a Jordi Montull, saqueadores confesos.

La sentencia del caso Palau se ha dado a conocer este lunes, ocho años y medio después de que comenzara la investigación con el registro del Palau de la Música a manos de los Mossos d’Esquadra. 

Los magistrados han impuesto además una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero Daniel Osácar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sentencia cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros. 

Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergència a través de Ferrovial, La Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción a los dos directivos de la compañía que estaban acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.

La condena a Millet y Montull era más que previsible porque confesaron los hechos, primero parcialmente y más tarde de manera pormenorizada. Ambos lograron desviar 23 millones de euros del coliseo modernista en beneficio propio. 

Las dudas estaban centradas en si los jueces considerarían probado, tal como sostuvo el fiscal, que Convergència cobró mordidas por obra pública adjudicadas, en su mayor parte, en la última etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat (1999-2003).

La Sección Décima, finalmente, ha optado por condenar a Convergència. Los jueces consideran que la formación se benefició con 6,6 millones. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

 La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada: un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5%, a los bolsillos de Millet y Montull, que se presentaron a hacer de intermediarios.

El plan de Hacienda sobre los billetes de 500 euros fue lo que puso en marcha el caso Palau. La Agencia Tributaria constató que en el Palau de la Música esa clase de billetes se movían con demasiada facilidad. 

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled empezó a investigar y presentó una querella que, inicialmente, se dirigió contra Millet y Montull por desvío de fondos. Pero pronto aparecieron indicios de financiación ilegal de Convergència. Los documentos hallados en los registros, los testimonios de las secretarias del expresidente del Palau y las confesiones de última hora de los acusados han acabado de apuntalar la acusación y han permitido a los jueces dictar una sentencia condenatoria.

 Es la primera vez que se acredita la financiación irregular de Convergència, que el expresident Pasqual Maragall había popularizado con el nombre de 3%, en alusión al porcentaje del importe de las obras que se quedaba el partido."            (Jesús García, El País, 15/01/18)

Contenido íntegro de la sentencia en PDF

Caso 3%. Políticos, empresarios y conseguidores: 30 años de corrupción en Cataluña

"El caso Palau golpeó por ser el primero y por poner en cuestión el orden establecido. El caso Pujol, en todas sus vertientes y todas sus ramificaciones, agitó la vida política y social catalana porque aludía a la persona que presidió la Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Pujol Soley, y a toda su familia. 

Y el caso 3% impactó porque destapó una tupida red de comisiones ilegales y disparó a la línea de flotación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los tres casos se han agolpado en los seis últimos años. Los tres siguen abiertos.

 Los tres comparten nombres, apellidos, empresas y hechos. Y los tres evidencian lo alargada que ha sido la sombra de la corrupción en el mundo político y empresarial catalán en los 30 últimos años. 

Esta maraña convive ahora en los tribunales y tiene tantos puntos en común que parece que todo es lo mismo. El caso Palau, iniciado en 2009, se está llevando en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona; el caso Pujol arranca en 2012 y por la variedad y amplitud de los asuntos investigados cuenta con cuatro ramificaciones y otros tantos jueces: José de la Mata y Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona y el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, y el caso 3%, surgido de la denuncia que presentó en 2013 Monserrat Gasull, entonces concejala de ERC en Torredembarra, se está desarrollando en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell. 

En todas estas causas y en todos esos juzgados, es donde ahora desfilan como imputados los hombres y los nombres que antes dirigían la vida política y empresarial catalana.

De padres a hijos

Porque esa proliferación de causas está llena de conexiones. La primera data de mediados de los años setenta, cuando Jordi Pujol Soley y Carles Sumarroca Coixet participaron en la fundación de CDC. Desde entonces, los Pujol y los Sumarroca han estado conectados. Sus respectivas mujeres, Marta Ferrusola Lladós y Nuria Claverol Claverol, incluso fueron socias en la empresa Hidroplant. Y la siguiente generación, la de los hijos, los Pujol Ferrusola y los Sumarroca Claverol, también ha seguido vinculada.

Pero hay más conexiones. Como la de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de Cataluña, y la familia Cornadó, también próxima a CDC. Encabeza las vinculaciones el padre, Josep Cornadó Mateu, aunque en esos lazos desempeñó un papel determinante una persona de confianza de la familia Cornadó, Xavier Tauler, amigo íntimo Jordi Pujol Jr. 

En 2014, y al calor de las investigaciones puestas en marcha en 2013, Tauler admitió haber pagado 3,2 millones a Jordi Pujol Ferrusola por intermediar en determinadas operaciones. Otro amigo íntimo de Jordi Pujol Ferrusola es quien ha tomado el testigo al frente de los intereses de los Sumarroca, Carles Sumarroca Claverol.

El relato, sin embargo, no se limita a las personas. Lo que refuerza la red son las empresas de esas familias. Una de ellas es Teyco, de la familia Sumarroca, investigada desde el momento en que se recibió la denuncia por un aparcamiento construido en Torredembarra, y a partir de ahí vinculada con la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem), el 'think tank' de CDC, investigada a su vez por haber sido receptora de comisiones ilegales por parte de empresas y sospechosa de servir como 'caja b' de Convergència.

Otra compañía señalada es Grupo Empresarial Copisa. Se trata de otra constructora, de la familia Cornadó, a la que también se vincula con el pago de comisiones

Las investigaciones estaban llegando tan lejos, que a finales de agosto Convergència reconoció haber recibido dinero de Teyco y otra sociedad de los Sumarroca, Bluegreen Village, aunque Teyco matizó también que no fueron comisiones, sino donaciones. Por el camino, varios de los Sumarroca, como Jordi Sumarroca Claverol, Joaquim Sumarroca Coixet y Susana Sumarroca Dachs, han sido detenidos en el transcurso de las investigaciones. 

Otra compañía señalada es Grupo Empresarial Copisa. Se trata de otra constructora, de la familia Cornadó, a la que también se vincula con el pago de comisiones. En julio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata manifestó su convencimiento de que Copisa había realizado "comisiones y pagos ilegales" a Jordi Pujol Jr. "o su entorno más próximo" para que sus empresas resultaran beneficiadas.

A su vez, Teyco y Copisa poseen a medias otra sociedad, la promotora inmobiliaria Neu 1500, que no se libra de los escándalos y las investigaciones, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz vinculó los casos de corrupción de los Pujol y Gürtel a través de esta sociedad. 

Hay más sociedades conectadas. Sobresale otra: Natur System. Fundada en 1990 por José Valsells Montagut, proveniente de otra de las grandes familias empresariales catalanas, los Valsells, y por Daniel Osàcar Escrich, es otra de las sociedades que están claramente bajo el foco. No es para menos, porque lo tiene todo. 

Primero, porque los Valsells ya estaban siendo investigados dentro del caso Palau. 

Segundo, porque Osàcar se convirtió en tesorero de CDC en 2005. 

 Tercero, porque Natur System se integró en el universo empresarial de los Cornadó y su sociedad principal, Auró 97, dentro de la cual también está Grupo Empresarial Copisa. 

Y cuarto, porque una vez que llegó a Auró, quedó bajo la influencia de Xavier Tauler.

La lista es todavía más prolongada. Dentro de Auró 97 se cuenta hasta medio centenar de sociedades y también se sigue la pista de algunas como Promociones Club de Campo y Club de Ronda, Comapa Centre, Fotovoltaica Alta Operadora o Cedinsa.

El 'desfile' de octubre

Esta acumulación de conexiones, nombres y casos ha estallado definitivamente en una frenética actividad de registros, operaciones, detenciones e imputaciones en los 10 últimos días de octubre. Ha sido un desfile continuo que ha evidenciado lo lejos y lo profundo que ha llegado la corrupción en Cataluña en las tres últimas décadas. 

El juez De la Peña ha imputado a Josep Cornadó y Elvira Vidal. Días antes, su persona de confianza, Xavier Tauler, habia sido detenido en la tercera fase de la operación Petrum, que se desarrolla en torno a la trama del 3%. En esa oleada también fueron detenidos el actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, y Josep Antoni Rosell, director general de la mayor licitadora de obra pública en Cataluña, Infraestructures.cat, así como los empresarios Jordi Soler, del Grupo Soler, o José Luis Romero, de la constructora Rogasa. 

En menos de una semana, a Petrum III le siguió otro despliegue, el de la operación Hades, centrado en el clan Pujol, pero que también se amplió a otras personas, como el vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, o el presidente de Isolux, Luis Delso.

Contener el contagio en Comsa

Pero las réplicas van más allá. Otra prueba del terremoto que la trama del 3% está causando en la vida empresarial catalana se está viviendo en Comsa Ente. Esta constructora, y las decenas de sociedades o participadas que cuelgan de ella, es fruto de la fusión que protagonizaron en 2009 otra sociedad de los Sumarroca, Emte, con la de la familia Miarnau, Comsa.

Ante las crecientes dificultades económicas y financieras que soporta la empresa, que en 2014 perdió 29,9 millones a los que su auditor, Deloitte, sumó otros 41 millones, y temiendo que el protagonismo de los Sumarroca en los casos judiciales perjudique más al negocio, los Miarnau, que controlan el 70% de la empresa, han tomado definitivamente las riendas del grupo en 2015 para intentar enderezar su marcha, y los Sumarroca, con el 30% restante del capital, han quedado en un segundo plano total. 

Jorge Miarnau es el presidente y sus hermanos Juan y José figuran como consejeros. La familia Miarnau controla el consejo a través de cuatro sociedades, Sheratan Management y TI 2009, ambas representadas por Jorge Miarnau; Deimos Inversión, representada por Juan Miarnau, y SEP Management, representada por José Miarnau. 

Los Sumarroca permanecen con tres puestos en el consejo a través de otras tantas sociedadades. Albert Sumarroca Claverol, el menos expuesto a los casos judiciales, representa a dos de ellas, Balmore Plus y Vilmar One, y la tercera, Fibex Blue,está representada por el abogado Josep Lluís Vilaseca Requena.

Carles y Jordi Sumarroca Claverol, que todavía firmaron como consejeros las cuentas de 2013, ya no figuran en el órgano de administración del grupo. Es lo que hay. En Cataluña, los tiempos y los apellidos ya no son lo que eran."                 (Pedro Calvo, El Confidencial, 02/11/15)