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22.3.22

Una quinta parte de las sentencias judiciales salvan a los bancos de usura... hasta un 21% de las sentencias analizadas con tipos de interés del 24% al 25,99% resultan favorables a las entidades

 "Un análisis de los fallos por tarjetas revolving realizado por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) demuestra que la defensa jurídica que se basa sólo en el tipo de interés usurero y desproporcionado no garantiza un veredicto positivo para el consumidor, por lo que se hace necesario añadir la falta de transparencia. Así las cosas hasta un 21% de las sentencias analizadas con tipos de interés del 24% al 25,99% resultan favorables a las entidades.

De hecho, el informe señala la falta de seguridad jurídica porque si bien se podría pensar que cuanto mayor es la TAE, más probabilidades de éxito existen, dada la lógica planteada por el argumento de usura, la realidad demuestra que no es así.

El porcentaje de casos perdidos por los consumidores en asuntos de menos del 19% TAE se eleva al 28,69%, frente al 12,47% de media. Por su parte, las resoluciones que versan sobre TAE elevadas tienen una tasa de éxito muy alta, superior al 90%, llegando a ser del 100% en las que superan el 30% TAE. Pero si analizamos los tramos más bajos y, sobre todo, los tramos medios, el resultado no es tan evidente.

Las sentencias con TAE del 20% al 21,99% tienen un éxito para el consumidor cercano a la media, 86,70%, y aquellas con TAE que van 22% a 23,99% TAE suben hasta el 92,30% de éxito, es decir, 5 puntos más que la media. Pero resulta contradictorio el resultado del tramo que va del 24% al 25,99% y que concentra más del 28% de litigiosidad. Contra todo pronóstico, el 21,6% de los casos han sido a favor de la entidad, es decir, casi el doble de la media.

Como una herramienta de protección a la banca, España dispone de una jurisprudencia poco homogénea en la que, dependiendo del fuero, se dictan sentencias que no consideran usura una TAE del 24% y sí una del 18%. Una situación que, si bien sigue siendo mayoritariamente favorable al consumidor, no es ni mucho menos deseable para ninguna de las partes.

Esta realidad tiene lugar en un contexto en el que los pleitos sobre crédito y tarjetas revolving sigue aumentando y nada hace pensar que vaya a disminuir en un futuro cercano. Sin embargo, la falta de criterio homogéneo que permita establecer con claridad un valor de la TAE a partir de la cual se considera usura, genera una inseguridad jurídica que no favorece a nadie.

Desde ASUFIN señalan que «siempre hemos defendido que la defensa de los consumidores en los asuntos de tarjetas revolving no debe centrarse únicamente en la usura, sino en la clara falta de transparencia que se ha observado en la comercialización de este tipo de crédito y que ha ocasionado situaciones de sobreendeudamiento en muchas familias».

La asociación considera, además, que la futura transposición de la Directiva de Crédito al Consumo es una oportunidad para establecer parámetros claros que limiten prácticas usurarias en el mercado, no solo en préstamos revolving sino en otros tipos de crédito, como los créditos rápidos o de un día, que están floreciendo en internet sin control ninguno con graves perjuicios para los consumidores y un alto riesgo de sobreendeudamiento."                 (José A. Gómez, Diario16, 22/03/22)

11.8.21

Más de 220.000 consumidores han denunciado abusos de sus bancos en una década

 "Más de 220.000 consumidores han denunciado ante el Banco de España haber sufrido prácticas abusivas a manos de las entidades financieras con las que trabajan en la última década. Y alrededor de 150.000 de ellos han acabado recuperando las cantidades que les habían cobrado de más.

Las memorias de reclamaciones del emisor recogen cómo entre 2011 y 2020 esta institución recibió un total de 220.900 quejas cuya tramitación se tradujo en la devolución de 21,27 millones de euros, ya fuera a instancias del propio consumidor o tras recibir informes del Banco de España que le daban la razón a este.

Se trata en la mayoría de los casos de pequeñas cantidades de dinero cuyo promedio anual ha oscilado entre los 84 y los 455 euros y que en alrededor de dos tercios de las ocasiones terminan con la entrega del dinero que reclama el usuario por considerar que se lo habían cobrado de más o pagado de menos.

 Ese elevado volumen de reclamaciones, de menor entidad salvo escasas excepciones que las que acaban en los tribunales, se ha ido acumulando en la década prodigiosa de la banca española, la misma en la que su proceso de reestructuración tras un costoso rescate a base de dinero público  se ha producido de manera simultánea al afloramiento del fraude hipotecario, en el que las entidades ya han admitido que sometieron a prácticas abusivas por valor de 3.000 millones de euros a más de medio millón de familias  a una retahíla de sentencias sonrojantes  del Tribunal de Justicia de la UE y a un crecimiento exponencial del cobro de comisiones por la prestación de servicios bancarios que ya se ha convertido en una pata estructural del negocio bancario español.

 En cualquier caso, la querencia de la banca española por el abuso hipotecario queda también reflejada con claridad en los listados de causas de las reclamaciones, que llevan cuatro años con las hipotecas como el producto financiero que más quejas provoca, aunque con una trayectoria descendente: cuatro de cada cinco reclamaciones en 2017 (32.684) y poco más de la cuarta parte en 2020 (5.725).

"Las hipotecas siguen ocupando la primera posición, pero van perdiendo peso en un reflejo de cómo se va limpiando el fraude hipotecario, aunque quedan aspectos abiertos como el del IRPH", señalan fuentes de Asufìn (Asociación de Usuarios Financieros), que también destacan cómo el número de reclamaciones en general aumentó casi un 50% en el primer año de la pandemia, en el que se dio el volumen de devoluciones más elevado de la década, por encima de los tres millones de euros.

Las quejas por tarjetas aumentan exponencialmente

Tras las hipotecas, la principal fuente de reclamaciones de los usuarios de la banca se concentra en las tarjetas, cuya conflictividad ya es pareja a la que generan los préstamos garantizados por inmuebles tras haber superado a la que provocaban las cuentas y depósitos bancarios y los créditos personales.

"El número de quejas por las tarjetas está aumentando de una manera exponencial", destacan desde Asufín a la vista de la cadencia: tras estar cerca de duplicarse en dos años (1.475 en 2017 y 2.619 en 2019), el año pasado lo hicieron con creces al alcanzar las 5.622, principalmente debido al mayor uso de este medio de pago por el confinamiento y el rechazo a manejar efectivo por temor a los contagios.

 En este sentido, las mismas fuentes destacan la problemática que está causando la comercialización de tarjetas ‘revolving’, un producto de acceso sencillo para financiar compras o disponer de efectivo cuyo crédito llega a 8.000 euros y cuyo interés específico limitó el Supremo al 20% anual tras considerar usurario el 27% que aplicaba Wizink. El TAE medio del sector es del 18,88%, según un estudio de la asociación, aunque el de algunas entidades supera el 23%.

 "Estamos en una época absolutamente propicia para este tipo de productos, que en realidad son una bomba que se coloca en las manos del consumidor y al que le puede explotar. Usar una tarjeta ‘revolving’ supone tener todas las facilidades para verse enredado en un problema de deuda", añaden desde Asufín.

Su presidenta, Patricia Suárez, considera que "no pueden seguir siendo tan sumamente accesibles unas tarjetas que son auténticas bombas de crédito" y que suponen "un peligro para el consumidor" por la "falta de transparencia del mecanismo de amortización" que le lleva "a pensar, erróneamente, que adquiere una tarjeta de facilidad de pagos cuando en realidad contrata una línea de crédito abierta que le atrapa en una espiral de deuda".

Dos de cada tres informes dan la razón al usuario

Esos consumidores acaban obteniendo un resarcimiento en más de la mitad de las reclamaciones que presentan. "Son reclamaciones de usuarios, a los que resultan favorables una buena parte de las resoluciones que emite el Banco de España", explican fuentes del emisor.

Los expedientes tienen tres finales posibles: la entidad denunciada se allana antes de que finalice la tramitación a las pretensiones del cliente; este desiste, ya sea por haber alcanzado algún tipo de acuerdo o por llevar el asunto a los tribunales, o hay un informe de conclusiones que puede ser favorable a una de las dos partes.

A esas opciones se les suma la de la inadmisión, que se produce cuando el Banco de España rechaza tramitar la denuncia por no ser competente. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la queja se refiere a un seguro o a una suplantación de personalidad, situaciones en las que el asunto debe dirigirse, respectivamente, al Ministerio de Economía y a la Policía o los juzgados.

Según recoge la memoria del año pasado , las entidades financieras rectificaron su posición en el 70% de los casos en los que el Banco de España respaldaba la tesis del cliente, con mayor frecuencia antes de la emisión del informe (2.143) que tras recibirlo (1.159).

No lo hicieron en otro 30% (1.453) de situaciones en las que el criterio del emisor le era desfavorable, un porcentaje de rechazo bajo al tratarse de resoluciones no vinculantes ante las que la última palabra sobre su acatamiento es del banco denunciado.

El criterio del Banco de España resultó favorable al usuario en dos de cada tres ocasiones en las que hubo informe (4.755 por 2.339), cifras a las que hay que sumarles 5309 desistimientos y la remisión de 5.816 asuntos al Servicio de Atención al Cliente y de otros 1.008 a organismos como la CNMV (565), la Dirección General de Seguros (401) o la Agencia Española de Protección de Datos (42)."          (Eduardo Bayona, Público, 07/08/21)

30.10.20

Wirecard, Deutsche Bank, Merkel, SPD. Incluso en la mejor tela alemana cae una mancha

 "Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones.

Alemania se ve consumida por el mayor escándalo financiero desde la Segunda Guerra Mundial. La leyenda de la buena regulación del sistema financiero, que dejó atrás un cementerio de víctimas hace una década, ha vuelto a colapsar, incluso allí donde se anunció que sería más estricta. Debemos aprender algo de esto, y el espectáculo no es bonito.

Una estrella en el firmamento

Cuando, en 2018, Wirecard, empresa financiera que procesa pagos electrónicos y que ascendió en el mundo empresarial de Alemania, ingresó en el Dax, el índice de referencia de su bolsa de valores, fue celebrado como un éxito. Reemplazó a Commerzbank en el índice, el segundo banco más grande del país, e incluso anunció que estaba considerando comprar Deutsche Bank, uno de los mayores bancos europeos. En poco tiempo, se convirtió en un gigante. Dos años después, con unas pérdidas abrumadoras y 2.000 millones de euros desaparecidos en las cuentas, con cuatro administradores bajo custodia judicial, incluido el CEO, con uno de los directivos en busca y captura por la policía, Wirecard es el símbolo del fraude.

No habían faltado advertencias. Los periodistas del Financial Times, que cuenta la historia en detalle, habían publicado sus sospechas hace dos años, tras cuidadosas investigaciones. La empresa se movilizó y la justicia de Munich amenazó a los periodistas. Un alto funcionario alemán dice ahora al periódico que "el nivel de delincuencia en Wirecard ha superado con creces el poder de mi imaginación". El consultor que certificó las cuentas, Ernst & Young y el propio Deutsche Bank, que fue socio en algunas de las operaciones más importantes de la agencia financiera, también están bajo presión.

Vínculos políticos

Como en muchos otros casos, y esto se repite como un reloj de cuco, Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en los círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones. Estas conexiones llegan tanto a Merkel como a Scholz, el ministro de Hacienda que será el candidato socialdemócrata en las elecciones de 2021, por lo que la investigación parlamentaria que estudiará este caso tiene contornos difíciles de cálculo partidario.

Scholz supervisa BaFin, la agencia pública que regula el mercado financiero, pero también la Unidad de Inteligencia Financiera, que investiga el lavado de dinero y ahora se sabe que ha producido varios informes sobre actividades sospechosas de Wirecard, que pueden haber sido decenas, pero nunca los remitió al fiscal. Así, sus socios de derecha en el gobierno acusan al socialdemócrata de negligencia. El problema es que la propia canciller Merkel se encuentra en una situación comprometedora: en septiembre del año pasado recibió a un exministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, que tiene como cliente a Wirecard y que llegó a pedirle que intercediese ante las autoridades chinas para permitir la compra de una empresa de pagos, AllScore Financial. En su viaje a Beijing, días después, la canciller planteó el problema al gobierno chino. La empresa fue comprada en noviembre por 109 millones de euros. Wirecard acaba de quebrar.

Empresas que son agencias financieras

Hay un patrón en estos meteoritos corporativos, que capturan enormes inversiones que prometen éxito y son alimentados por la creencia en la magia financiera. Otro ejemplo alemán que demuestra cómo engañar al mercado, a los inversores y al público, es el de Hertz, que se declaró en concurso de acreedores en mayo de este año, con una deuda de 19.000 millones de euros. La agencia de alquiler de coches se ha convertido, a lo largo de los años, en un banco en la sombra, creando una cascada de empresas, llamadas "vehículos especiales" (el nombre no es una alusión al alquiler de coches), algunas refugiadas en paraísos fiscales, que recolectaban inversiones financieras a las que prometían una gran rentabilidad, prestaban a otra empresa del grupo y ésta, eventualmente, a otra, llegando más tarde al negocio automotriz.

El flujo de pagos de los alquileres debía alimentar estos canales, que absorben los beneficios de las operaciones en forma de intereses y con ventajas fiscales. El esquema funciona a medida que crece. Si se detiene, se desmorona. Sucedió con Hertz y Wirecard. Y todos tenían la obligación de saber que así sería."                (Francisco Louça  , Sin Permiso, 25/10/2020)

18.9.20

El hombre al que el banco le hizo perder 6,5 millones de la Bonoloto: “Estoy muerto en vida”. Un empleado del Banco de Santander le recomendó invertir todo el dinero en productos financieros tóxicos

 "Francisco Guerrero, de 68 años, tiene grabada a fuego la fecha del 14 de diciembre de 2005. Ese día, este albañil nacido en Barbate (Cádiz) y residente en Castellón desde hace más de cinco décadas ganó 6,47 millones de euros en la Bonoloto. Ese día, también, empezó su desgracia. Guerrero, “el hombre más feliz del mundo” hasta ese momento, puso todo el dinero en manos de un empleado del Santander que le recomendó invertir íntegramente el dinero en productos financieros que resultaron ser tóxicos

El premiado, trabajador autónomo y absolutamente lego en asuntos de inversiones, no solo perdió el dinero sino también todas las propiedades que había conseguido levantar en una vida de trabajo. La Audiencia Provincial de Castellón celebró este jueves el juicio civil de la demanda de Guerrero y su familia contra el banco, el cuarto proceso de un periplo judicial de 14 años. “Estoy muerto en vida”, repite una y otra vez.

Aquel 14 de diciembre, Francisco Guerrero supo que era millonario al llegar a casa del trabajo. “Pensé que el premio eran pesetas, porque en euros la cantidad se me escapaba”, reconoce. La alegría se tornó impotencia apenas dos años después, por casualidad y sin haber saboreado el premio. “[El empleado del Santander] me dijo que el dinero allí estaría en buen sitio, que era un plazo fijo sin riesgo y me iban a dar un 17%, no sabía ni lo que era. Confié ciegamente y me destrozaron la vida”, solloza a las puertas de la Audiencia Provincial de Castellón.

Francisco lo perdió todo, incluida la parte (el 40%) que reservó para sus cuatro hijos (650.000 euros a cada uno). No llegó a tocar un céntimo. Los tribunales ya le han dado la razón en tres ocasiones. “He ganado los tres juicios con la verdad”, dice. El último hace escasas dos semanas. En 2016 y 2018 sendos fallos condenaron al banco a pagarle 1,06 millones de euros más intereses a él y otros 1,2 millones más intereses a sus hijos. Pero Guerrero asegura que las deudas generadas por los productos tóxicos se han llevado todo lo recuperado, ya que avaló la compra de esos productos con sus propiedades, que quedaron hipotecadas “en una época en la que él era solvente”, señala su representante legal.

Ahora afronta la última fase del proceso, con la que agota la vía civil. Reclama más de dos millones de euros por otra parte de las inversiones realizadas y que también perdió. En función de la sentencia, dice su representante legal, recurrirán a la vía penal.

A las secuelas económicas (“vivo como ‘okupa’ en mi propia casa”, al no haber podido hacer frente a las cuotas hipotecarias de la vivienda, ubicada en un pequeño pueblo de Castellón) se unen las que han minado su salud. Sufre depresión y un trastorno crónico de ansiedad generalizada que se desencadena a partir del conflicto bancario, según constata el informe psiquiátrico que acompaña la última demanda. “Estoy en tratamiento psicológico; estoy enfermo. No me lo merezco”, incide.

Según consta en la última sentencia favorable, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Castellón el 26 de febrero, y que condena al Banco Santander a restituir alrededor de 163.000 euros a Guerrero y dos de sus hijas por daños y perjuicios, tras ganar el sorteo de la Bonoloto el dinero fue depositado en Barclays Bank. “Debido a la mala gestión del banco, trasladaron las cuentas a Banco Santander Central Hispano en enero de 2007, y en marzo de 2007 se produjo el traslado total”.

Francisco Guerrero, sin estudios y “totalmente ignorante en cuestiones financieras” —afirman las sentencias— invirtió los 6,5 millones de euros en el Banco Santander en lo que creyó que eran depósitos a plazo fijo sin riesgo pero en lugar de eso contrató productos tóxicos de alto riesgo, que no solo le hicieron perder todo lo invertido, sino que le generaron deudas. Según los dos fallos anteriores y favorables a la víctima, a los demandantes no se les informó de los riesgos que podían conllevar estos productos, “fiándose en todo momento de la información que les proporcionaba el banco”. Aseguran que no existió información precontractual, ni se determinó el perfil inversor de los demandantes.

“No he ido a la escuela”

“No he ido nunca a la escuela; no sé ni lo que es la rentabilidad. Me das un pico y una pala y te hago una obra, pero de bancos no sé nada”, insiste Guerrero. No fue hasta dos años después cuando Francisco supo que el premio se había esfumado sin ni siquiera pasar por sus manos. A pesar de convertirse en millonario de un día para otro, siguió trabajando como albañil, dejando aparcado el premio en lo que él creía un lugar seguro. Fue a raíz de una dolencia en la rodilla cuando se enteró de la mala noticia. Se dirigió a su banco a sacar 30.000 euros para una operación en Barcelona y le dijeron que no tenía nada.

Hoy Guerrero apura su último cartucho. “Estamos luchando y reclamando todo el daño que tengo yo, porque estoy arruinado, muerto en vida. Y a ver si el Banco Santander paga el daño que me ha hecho. Confío en los jueces, en la justicia. Este juicio lo tengo que ganar yo porque me lo merezco”, asevera. La nostalgia le invade al echar la vista atrás. Cuando trabajaba como marinero, en el campo, la hostelería o de albañil. Hasta montarse una pequeña empresa de reformas. “Me toca la lotería y esa ha sido la muerte mía. Me han quitado la casa, los terrenos que tenía de trabajar en la obra, la vida… ¿qué más quieren quitarme?”.

“No está bien lo que han hecho conmigo, no. Antes era feliz. El más feliz del mundo”, concluye."                    (María Pitarch, El País, 06/03/20)

15.9.20

La banca admite que engañó a más de medio millón de familias con las cláusulas suelo

 "La factura de las cláusulas suelo ronda ya los 3.000 millones de euros para la banca española: ese es el volumen de dinero que ha tenido que desembolsar hasta ahora tras haber admitido más de medio millón de engaños a clientes, principalmente familias que se endeudaban para adquirir viviendas, por la aplicación de intereses mínimos en sus hipotecas, mientras los tribunales han certificado ya por la vía judicial cerca de 110.000 engaños más.

Las entidades financieras habían reconocido a 31 de marzo, fecha de los últimos datos disponibles que ha hecho públicos la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de las Reclamaciones, coordinada por el Banco de España, que habían aplicado cláusulas abusivas para cobrar intereses mínimos en un total de 535.506 hipotecas. 

Ese volumen de engaños le ha supuesto al sector financiero español asumir pagos por valor de 2.275 millones de euros, mientras el desembolso de otros 109 se encuentra pendiente de cerrar los acuerdos con los afectados. Eso supone una indemnización media de 4.526,87 euros por cada crédito, 2.667 por debajo de los 7.193 del promedio de las reclamaciones presentadas, según los datos del Ministerio de Economía. 

Paralelamente, los juzgados especializados en abusos hipotecarios llevaban dictadas el 31 de marzo un total de 108.373 sentencias favorables a los consumidores por abusos con las cláusulas suelo, lo que, aplicando la reclamación media, supone indemnizaciones por otros 780 millones de euros.

Más de 3.000 millones y 2.000 más en tela de juicio

Los algo más de 3.000 millones de euros que suman las indemnizaciones por esas dos vías equivalen a dos terceras partes de los 4.500 que las entidades financieras habían provisionado para hacer frente a los pleitos derivados de las cláusulas suelo.

Sin embargo, la factura podría acabar superando con claridad esas cifras si las resoluciones de los tribunales mantienen la tendencia que han mostrado hasta ahora al dar la razón a los hipotecados en el 96,7% de los casos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. 

De hecho, los más de 287.000 asuntos pendientes de enjuiciar conllevarían para las entidades financieras desembolsos por cerca de 2.000 millones de euros.

Dos vías de resultados llamativamente opuestos

El cruce de los datos de las reclamaciones tramitadas por el mecanismo extrajudicial diseñado por el Gobierno de Rajoy, que varias organizaciones de consumidores y de usuarios de banca interpretaron como una maniobra para que la banca ganara tiempo y redujera el impacto de las demandas en sus cuentas, y los de las que se están resolviendo por vía judicial ofrece algunos resultados llamativos entre los que destacan dos.

Por una parte, en el primero, en el que el grueso de la capacidad de decisión recae en la entidad financiera, son más las reclamaciones rechazadas que las aceptadas (54% por 46%) mientras que los tribunales dan la razón a los hipotecados en la práctica totalidad de los asuntos que van resolviendo.

Y, por otra, parece que los efectos disuasorios que pronosticaban las asociaciones de consumidores sí se han acabado dando, ya que el número de demandas presentadas en los juzgados (399.662) resulta claramente inferior al de las reclamaciones desestimadas por los propios bancos (661.226).

Eso significa que decenas de miles de hipotecados desistieron de reclamar en el juzgado lo que no habían conseguido negociando directamente con el banco.

Un sistema que permite a los bancos retener 1.400 millones

Según un estudio del portal Reclamador.es , la aplicación del sistema extrajudicial ha permitido a la banca española retener alrededor de 1.400 millones de euros de los pagados de más por sus clientes con la aplicación de las cláusulas suelo.

Ese mecanismo fue diseñado poco después de que, en diciembre de 2016, el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) emitiera la histórica sentencia por la que, tras corregir al Supremo, obligaba a las entidades financieras a devolver a sus clientes todo el dinero que les habían cobrado de más y eliminaba la limitación a los intereses devengados a partir del 13 de mayo de 2013 que había establecido el órgano judicial español.

En los tres años y medio que transcurrieron entre esos dos fallos las entidades financieras renegociaron a la baja, aunque tampoco mucho, las cláusulas suelo de medio millón de hipotecas cuya revisión ha avalado en TJUE en la enésima sentencia en la que pone sobre la mesa el cúmulo de ilegalidades del sistema hipotecario que venían sufriendo los consumidores españoles."             (Eduardo Bayona, público, 14/09/20)

10.3.20

El Supremo declara “usurario” el interés de las tarjetas ‘revolving’... por un préstamo, concedido inicialmente al 26,82% TAE y que ascendió luego al 27,24% de interés

"El Tribunal Supremo ha anulado un préstamo concedido mediante tarjeta revolving o de pago aplazado que tenía unos intereses del 27% TAE. Lo considera usurario por aplicar un tipo de interés superior al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. 

La banca, que tiene préstamos ligados a tarjetas de crédito y revolving por valor de 13.600 millones de euros, se jugaba mucho con esta sentencia. El alto tribunal ha estudiado un caso concreto de una clienta de WiZink, pero su conclusión sienta jurisprudencia y afecta a millones de clientes potenciales.

La clienta pidió la anulación de su préstamo basándose en la Ley de Usura, una norma de 1908 aún en vigor que prohíbe prestar dinero con intereses “leoninos”. Una de las claves de este caso estaba en lo que se considera “interés notablemente superior al normal del dinero”, es decir, con qué hay que comparar los intereses de entre el 24 y el 27% que suelen cobrar la mayoría de las tarjetas que han llegado a los tribunales. Una sentencia previa del Supremo consideró usura un TAE del 24,6%, que era “más del doble del interés medio ordinario en operaciones de consumo” de la época, entre 2001 y 2009.

El problema es que desde hace unos años el Banco de España publica estadísticas que diferencian entre los préstamos personales (con intereses más bajos, del 7-8%) y los específicos de las tarjetas revolving (entre el 19 y el 20%). Cuando se publicaban de manera unificada se hacía la media y el 25% TAE era usura porque suponía más del doble. En la sentencia conocida este miércoles los magistrados optan por considerar que el interés con el que hay que comparar es el de las revolving, en contra de lo que defendía el abogado de la clienta, pero aun así lo consideran abusivo y, por tanto, nulo.

Los magistrados consideran que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, que ronda el 20% anual, “es ya muy elevado”. “Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de ‘interés normal del dinero’, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”, argumenta el tribunal, que añade: “De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%”.

El tribunal aprovecha también para reiterar algo que ya manifestó en su sentencia de 2015 sobre las revolving: que los bancos no pueden cobrar intereses tan altos amparándose en que muchos de sus clientes luego no pueden pagarlos, principalmente porque conceden créditos sin estudiar la solvencia de los clientes. 

Dicen los magistrados que “no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil [...] y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario". Y añaden algo que no decían en 2015, “mediante técnicas de comercialización agresivas”.

Efecto de bola de nieve

Uno de los principales reclamos de estas tarjetas son los célebres “cómodos plazos” en los que se puede devolver el crédito, mensualidades muy bajas que son las que pueden permitirse consumidores con ingresos bajos. El problema de las revolving es que las cuotas bajas ni siquiera cubren los intereses, que se suman y financian con el resto de operaciones. Se crea así una especie de efecto de bola de nieve: los usuarios van pagando las cuotas pero la deuda nunca termina de pagarse. Hay personas que han llegado a acumular cinco de estas tarjetas, porque durante la Gran Recesión las entidades las comercializaban profusamente.

El Banco de España ha alertado en varias ocasiones del problema. Incluso creó hace unos meses un simulador en su página web para informar a los clientes de la fecha de vencimiento de la última cuota y el importe total de los intereses pagados. Cuando se introducen los datos de condiciones reales de una de estas tarjetas revolving (3.000 euros de capital pendiente, interés del 27,24% y cuota mensual de 50 euros), salta un aviso en rojo que dice: “Atención, con esta cuota la deuda se convertirá en indefinida e incluso irá aumentando con el tiempo”.

Hasta hace unos meses las entidades venían aceptando los fallos en su contra de los tribunales. Solían perder en primera instancia, recurrían a las audiencias provinciales, donde volvían a perder, y pagaban. Pero Wizink, la antigua filial de Banco Popular que acumula la mayoría de este tipo de demandas, decidió llevar el pleito hasta el Tribunal Supremo

Un intento previo de que el Supremo aclarara por fin la cuestión -la gran mayoría de audiencias provinciales estaban dando la razón a los clientes pero unas pocas se la daban a los bancos al comparar el interés con el de las revolving y calcular si era el doble- se acabó suspendiendo. Fuentes jurídicas sospechan que el cliente renunció tras llegar a un acuerdo económico con la entidad, Bankia.

Los jueces del alto tribunal han examinado el caso de E. Q., una mujer de Santander que en 2012 contrató una tarjeta de crédito Visa Citi Oro, hoy de Wizink (esta firma compró los negocios de tarjetas de Citibank y Barclays en España), con un interés del 27% TAE. Un tribunal lo consideró usura en octubre de 2018. Wizink recurrió y la Audiencia Provincial de Cantabria volvió a dar la razón a la clienta y declaró el contrato nulo basándose en la Ley de Represión de la Usura.

El abogado de E. Q., Celestino García Carreño, que empezó en 2016 a demandar a los bancos por las revolving y lleva más de 1.000 sentencias ganadas, sostuvo en su escrito de oposición al recurso que estas tarjetas no son más que otra forma de crédito al consumo, es decir, el negocio habitual de los bancos, y que daba igual si se hacía con un crédito convencional o mediante un trozo de plástico. La segmentación que hacen los bancos, sostuvo, es “artificial e interesada” y solo pretende perpetuar “un tipo de interés usurario injustificable”.

La Asociación Española de Banca (AEB) emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que asegura que la sentencia “no cuestiona la validez de este producto financiero y confirma que sus tipos de interés deben compararse con los de este tipo de productos, diferente del resto de financiación al consumo”. Añade que la sentencia “limita sus efectos al caso analizado, sin que pueda deducirse ninguna consecuencia sobre el conjunto de este tipo de productos”. 

En términos similares se pronunció WiZink en otro comunicado, donde añade: “El Tribunal Supremo se desmarca del criterio establecido en la sentencia de 2015, y no establece un criterio fijo para entender qué puede considerarse ‘notablemente superior’ a la referencia del mercado”. Afirma también que “en cualquier caso, y como indica la sentencia, habrá que analizar caso por caso atendiendo a las circunstancias de cada cliente”                              (Elena G. Sevillano, El País, 04/03/20)

12.6.18

La fiscalía acusa a doce exdirectivos de banca por complicidad en el mayor fraude económico de Galicia

"El fiscal de delitos económicos del área de Vigo ha presentado escrito de acusación contra doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo (La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia) que al menos entre 2007 y 2011 dieron presuntamente cobertura a la mayor operación de facturas falsas descubierta en Galicia. Esta trama se ha cifrado en 150 millones de euros y fue diseñada por José Manuel Costas, dueño del grupo de empresas de carpintería Las Cinco Jotas y uno de los fugitivos más buscados por Interpol.




Las condenas que solicita el fiscal son de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados por delito continuado de falsedad en documento mercantil con quienes Costas supuestamente convino centenares de operativas fraudulentas por lo que pide la apertura de juicio contra ellos.

 Después de una larga investigación, la Fiscalía de Vigo estima que hay más bancos y empleados que colaboraron en el entramado por decisión de sus entonces directivos, pero no ha podido acusarles al haber prescrito los delitos.

En las oficinas bancarias investigadas se han documentado cerca de 200 operaciones irregulares de cargos y abonos, ingresos de cheques, pagarés y transferencias de diferentes importes, desde 470 euros a 100.000. De La Caixa el fiscal incide que “se hizo constar inverazmente la intervención de terceras personas de lo que los acusados eran conscientes, sin efectuar ninguna clase de comprobación sobre la veracidad de las firmas que aparecían en los documentos que entregaba José Manuel Costas”.

 La fiscalía acusa a la antigua directora, Nieves E.C.G., al que ejercía como subdirector e interventor de la entidad Juan Antonio R.O., y a la empleada del puesto de caja, M.S.C.

En otra sucursal del entonces Banco de Galicia, la fiscalía ha presentado cargos contra su antiguo director, Javier V.I., e interventor, Carlos Manuel C.M. por una operativa similar en la que también aparecía como autorizado de las cuentas el dueño de Las Cinco Jotas para realizar “abundantes movimientos de cargos y abonos, como ingresos de cheques, transferencias, traspasos de cuentas y retiradas de efectivo de considerable importe”.

Otra de las oficinas que participaron en la presunta falsificación es del BBVA. Su entonces director Adolfo Manuel L.C. y la empleada Raquel T. R. fueron acusados por el fiscal Juan Horro González. También del banco Banesto están procesadas las que fueran directoras de la sucursal investigada, Almudena V.P. y Sandra M.A, además de interventora Julia María V.L.

Quedó documentalmente acreditado que el carpintero fugado desde 1916 y condenado en sucesivos juicios por la emisión de facturas falsas junto con las sociedades mercantiles (la mayoría adjudicatarias de obras públicas) que se valieron para ello del grupo Las Cinco Jotas, creó una trama en la que los bancos actuaron como colaboradores necesarios. 

Costas, “se ocupaba personalmente de las operaciones bancarias y de la emisión de facturas inveraces”, señala el fiscal. Para ello, eran utilizados los nombres de personas físicas que trabajaban para sus empresas y que estaban dados de alta como trabajadores autónomos. 

Todos ellos, la mayoría rumanos, desconocían que estaban siendo utilizados hasta que uno descubrió que tenía a su nombre varias cuentas bancarias y lo denunció a la Agencia Tributaria en 2009.

Un año antes, el máximo responsable de la falsificación en cadena y administrador de Las Cinco Jotas, fue detenido por la policía cuando salía de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros.

 Después de declarar en comisaría, José Manuel Costas pudo demostrar que el dinero lo había retirado de dos entidades el mismo día y que formaba parte del método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.

Pero no sería hasta el 30 de abril de 2009, cuando Hacienda registró las oficinas de la factoría de Las Cinco Jotas y destapó el verdadero alcance de la estafa que se venía perpetrando desde al menos 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades, pagando las facturas a través de varios bancos que luego le devolvían el importe en dinero negro.

La causa matriz derivó en 91 procesos contra 200 empresas implicadas de los que la mayoría se resolvieron con la atenuante de confesión y el pago de una multa a Hacienda y ahora pone punto final con el juicio a los doce empleados de la banca."                (Elisa Lois, El País, 06/06/18)

13.4.18

Banca Catalana, con depósitos por valos de 300.000 millones de pesetas, pasó a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, Jordi Pujol. Fué absuelto. La causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños

"(...) Un mago cuyas maravillas llevan dejándonos boquiabiertos desde hace décadas. Lo mismo desde el escenario del poder político, en el que fue protagonista principal durante muchos años, que desde las bambalinas de su dorado retiro, no ha dejado desde entonces este personaje de alterar a su antojo las reglas de la Justicia y las normas de la razón. El Sr. Jordi Pujol i Soley.

Este, que ahora podría parecer a simple vista un acomodado e inofensivo tendero jubilado, empezó su carrera de taumaturgo con un espectáculo de magia titulado Banca Catalana, allá por los años 80 del pasado siglo, no sé si lo recuerdan. 

La cosa, para los olvidadizos, iba de una pequeña entidad bancaria que había fundado el padre de nuestro personaje y que el joven Jordi convirtió en gigante financiero cuando se puso manos a la obra, después de una temporadita avecindado en Zaragoza (en la prisión de Torrero, para ser más precisos).

Con una red de 352 oficinas, más de 5.000 empleados y depósitos por valor de casi 300.000 millones de las pesetas de aquella época, Banca Catalana pasó casi de la noche a la mañana a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, el vicepresidente ejecutivo y mandamás del invento. Jordi Pujol. 

Después de varios intentos de procesarle (a él y a unos cuantos más), la Audiencia de Barcelona falló el sobreseimiento definitivo del sumario. No encontraron indicios de delito, aunque los jueces afirmaron que «se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa». Este Sr, que a la sazón redondeaba sus ingresos con un pluriempleo como Molt Honorable President de la Generalitat, salió limpio de polvo y paja, como suele decirse.

Entre medias hubo numerosas maniobras en la oscuridad, sobre las cuales se hablaba en voz baja, que hicieron encanecer prematuramente a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo. Como buenos profesionales, se habían empapado los 65.000 folios del sumario y veían los delitos con claridad. Muy instructivo leer sus declaraciones sobre este asunto.

Yo entonces era más joven y no podía creerlo, cuando alguien susurraba a mi oído que la causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños. Unas conversaciones, se decía, que hubieran servido de modelo a los guionistas de El Padrino.

La amenaza de tirar de la manta, que tantos otros (desde Bárcenas a Granados) han usado después con fanfarronería de principiantes para quedarse en agua de borrajas, define a la perfección lo que debió de suceder. Pero entonces debía de ir en serio. Y, aterrorizados ante lo que pudiera aparecer bajo la manta, los poderes del Estado se plegaron a las exigencias de inmunidad (sería mejor decir de impunidad) del pequeño y astuto mago catalán.

Entonces no me lo creía. Sobra decir que ahora, puedo creerme cualquier cosa.

Porque ya me dirán ustedes si no es cosa de magia que la plana mayor del partido que fundó, y la del soberanismo catalán que Jordi Pujol patrocinó (y sigue patrocinando) esté entre rejas o a punto de estarlo, acusados de gravísimos delitos económicos y políticos, mientras que el Sumo Pontífice apura su vejez tan tranquilo. Sin que ningún juez se atreva a molestarle, más allá de pedirle por favor algunas declaraciones, siempre muy respetuosos.

Así pues, lo ha vuelto a hacer. ¿Lo de los millones en Andorra, desconocidos para Hacienda? Nada, una cosilla del abuelo que los dejó por ahí y quién iba a acordarse de ellos. ¿Lo del tres por ciento? Pregúntele usted al señor Mas, o al señor Millet, o al señor Alavedra… a mí, que me registren. 

¿Que la familia Pujol-Ferrusola (padre, madre y los numerosos retoños) actuaba literalmente como una familia (de las de la mafia bajo el disfraz de orden religiosa, con Madre Superiora, párrocos, misales y Papa Negro? Bueno, señor juez, esos son secretos del convento,
Lo que quiere decir que el conjuro, las palabras mágicas (ojo, que tiro de la manta) solo funcionan cuando el que las pronuncia está de verdad en el secreto. 

Cuando tiene mucha y muy sensible información de su exclusiva propiedad.Esa información que garantiza inmunidad. E impunidad."                (Antonio Plazuelo, El Periódico, 08/04/18)

30.1.17

Los notarios, testigos ciegos de abusos de la banca, se lavan las manos... pero su trabajo no es el de practicar la higiene manual, precisamente

"El sistema hipotecario español tal y como lo hemos conocido ha volado por los aires. Los jueces, españoles y europeos, lo han dinamitado al declarar que millones y millones de hipotecas contenían disposiciones abusivas que han cobrado miles de millones de euros de más a los consumidores.

 Están las cláusulas suelo, pero también los gastos de formalización de la hipoteca, hipotecas multidivisas que los compradores no comprendían... La banca comienza a expiar sus pecados, con la imagen por los suelos y la cuenta de resultados tocada. Pero queda un aspecto que cada vez atrae más miradas: ¿y los notarios?  

La bisagra entre el banco y el ciudadano, los que debían velar por que no haya abusos al consumidor, han asistido mudos a este festival. Su respuesta es que su papel era muy limitado y que no pueden vetar cláusulas hasta que no son declaradas nulas: "Es que nosotros no somos jueces". Veamos.

"Hay un notario que incluso nos ha reclamado la cláusula suelo. El Lazarillo de Tormes llega a todos los estamentos". El 13 de enero, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, apuntó en voz alta lo que el sector de la banca llevaba tiempo musitando. Que en estas crisis ellos se llevan todos los golpes, mientras que los notarios salen indemnes.

 Es lo que comenta en privado un abogado de un importante despacho que defiende a la banca: "¿Qué utilidad o qué provecho le da a una entidad financiera un notario si su papel no tiene utilidad, si se cuestiona todo?". Los bancos venían de verse vapuleados en los tribunales por las preferentes o la salida a bolsa de Bankia, en las que colocaron productos complejos a inversores no preparados —en casos, directamente analfabetos—. 

Pero en las hipotecas habían cumplido formalmente con todo lo previsto: estaban avaladas por el notario, sinónimo de respeto y credibilidad. "Los notarios apenas están siendo llamados a declarar, es como si no fuera con ellos, y se supone que son garantes de la transparencia y que explican a las partes el contrato", añade este abogado.

José Ángel Martínez Sanchiz fue elegido presidente del Colegio General del Notariado el pasado mes de diciembre, en el mejor momento. En su despacho, ya salpicado de papeles, explica con paciencia por qué jurídicamente no hay nada que reprochar a los 2.800 notarios que durante los años del 'boom' supervisaron la firma de millones de hipotecas lesivas para el consumidor.

 "La sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo incorpora una interpretación de la directiva de consumidores y usuarios de 1993 y exige un plus de transparencia, pero en una fase anterior al contrato, en una fase preliminar, en la que no interviene el notario. 

Es en la fase en la que se desenvolvía la comercialización por parte de las entidades". Martínez Sanchiz destaca que en la negociación entre el banco y el cliente el notario no interviene y que es ahí donde los jueces han dicho que se produjeron los abusos.

A su lado, Pedro Galindo, director de gabinete y abogado del Estado en excedencia, apunta: "La gente se pregunta: ¿si lo he firmado ante notario cómo va a ser nulo? El notario solo puede hacer lo que la ley le permite y la ley le obliga a expulsar del préstamo aquellas cláusulas que hayan sido declaradas nulas por abusivas por un juez o que contravienen abiertamente la ley. 

Si no ha hablado antes un juez sobre esa cláusula, podrá tener una opinión jurídica, pero no puede expulsarla". En la recepción de la sede un folleto vende las bondades del gremio. "El notario proporciona a los ciudadanos la seguridad jurídica preventiva que promete la Constitución. [...] Firmar una escritura pública ante notario aporta la tranquilidad de saber que se está actuando dentro de la ley". Ahora.

El despacho del presidente de los notarios tiene suelo de madera y aspecto regio, con gruesos volúmenes de jurisprudencia en las mesas. En despachos como este es donde se formalizaron esas hipotecas. Quien ha firmado una no ha olvidado ese momento

Aunque con variaciones, se puede decir que generalmente el notario entraba, repartía los dnis como un crupier y leía —con más o menos velocidad y/o interés— las condiciones del préstamos y preguntaba a los firmantes si lo habían entendido y si estaban de acuerdo. La urgencia en la notaría solía ser directamente proporcional al crecimiento de la burbuja inmobiliaria y a la actividad inmobiliaria en esa zona.

En 2007, Julio firmó una hipoteca de 75 páginas. En la 26 asomaba una cláusula suelo (aunque no la llamaban por ese nombre): "Límites a la variación del tipo de interés; en todo caso, aunque el valor del índice de referencia que resulte de aplicación sea inferior al 2,25%, este valor, adicionado con los puntos porcentuales expresados anteriormente para cada supuesto, determinará el 'tipo de interés vigente' en el 'periodo de interés'. 

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación en su caso de la bonificación prevista en el apartado siguiente. El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al 15% nominal anual". ¿Se entiende o no? Un suelo del 2,25% más el diferencial (0,15% sobre el euríbor) y un techo del 15%. 

Cuando en 2013 le quitaron la cláusula suelo tras la sentencia del Supremo, se le abarató la hipoteca unos 300 euros. Solo por ese párrafo. "El notario solo leyó una parte de la hipoteca. Empezaba a leer: 'reunidos de una parte, bla, bla', y pasaba tres páginas. Nos explicó cuatro cosas y habló unos seis minutos. Tenía cuatro personas esperando para firmar. Era otra época. El banco me ofreció 40.000 euros más para amueblar la casa. Le dije que no y menos mal. Eran los años locos", recuerda Julio con humor.

 El problema es que el sistema, la sensación de que todo iba bien o quién sabe si la rutina convirtió la firma ante notario en un mero trámite de último minuto. "Cuando vas a firmar al notario el escenario impone. Ahora el Supremo dice: 'Antes de que llegue ese momento dé a ese señor todas las opciones habidas y por haber", sostiene el presidente de los notarios. Este admite que la posibilidad de revisar todo el papeleo antes de la firma apenas se ha usado.

 "Se había dispuesto el derecho de consultar el borrador de la escritura tres días antes pero eso no se ha ejercido. En el momento de la firma de la escritura es un momento de gran presión. Uno está nervioso, como me pasó a mí cuando firmé mi hipoteca, porque es algo de gran trascendencia. El notario cuando llega trata de ver la escritura: uno lo hará de otra manera y otros de otra, por eso hay competencia y libertad de elección, pero en general se cumple con los requisitos [...] 

El momento de revisar la escritura no es el más idóneo para negociar, porque está el vendedor, que quiere vender, un comprador, a veces un agente de la propiedad que quiere una comisión, el banco, en ocasiones los padres que avalan... Ahí es difícil extraer utilidad al asesoramiento que prestamos los notarios", explica, pedagógico, Martínez Sanchiz.

 Luis Prados Ramos, notario en Lleida, lo explica gráficamente: "Al notario hay que venir peleado y reconciliado con el banco. Las dudas hay que plantearlas antes". Prados tiene una visión independiente: por un lado defiende a los notarios pero admite que ha habido errores. "Si alguien habla del bla, bla, bla de la notaría que venga a mi despacho a decírmelo.

 No voy a defender al que ha trabajado mal pero que nadie ponga en duda mi trabajo". En ese sentido, las sentencias han hecho tabla rasa. No han ido caso a caso, mirando si el notario explicó bien las cláusulas o si masculló la hipoteca a toda velocidad.

Prados admite que ha habido casos en los que las notarías eran máquinas de producir hipotecas. "Pongo la mano en el fuego por muchos de mis compañeros pero no todos. Los que firmaron un determinado número de escrituras, incluso 8.000 o 10.000 al año, es imposible que asesoraran. ¿Está usted de acuerdo? Yo firmo y me voy.

Eso era lo que hacían. A partir de un determinado número de hipotecas eres un engranaje en una máquina", explica este notario, que señala otro problema, la estrecha relación de algunos notarios con determinados bancos. "El BBVA, por ejemplo, ha impedido la libre elección de notario y hay clientes que iban a la notaría que elegía el banco como corderitos. La gente tenía que informase". 

En su web este notario ya denunció "un mercadeo por ser elegido notario de BBVA, porque a la larga proporciona un inmenso volumen de trabajo, normalmente de muy fácil ejecución, con beneficios muy superiores a la media de la documentación ordinaria de una notaría".

José Baltasar Plaza, fundador de Bufete Rosales, uno de los puntales de esa floreciente industria de picar bancos en los tribunales, no quiere centrarse en los notarios, pero sí que concede que "podían haber servido de filtro y no lo han sido. El cliente del notario era el banco y deberían haber estado por encima de eso. Digamos que ha habido cierta relajación de funciones".

Aun reconociendo problemas, Prados es crítico con las resoluciones judiciales que ahora anulan hipotecas por sistema. "No estoy de acuerdo con la opinión que están teniendo los jueces. El que ha firmado una multidivisa que no vaya ahora de corderito. Decían: 'Qué chollo tengo que he firmado una multidivisa y el yen está bajo". Como solución, reclama más poder: "Si quieren que combatamos, que nos den armas, no teníamos armas". Pablo Pazos, notario en Pontevedra, coincide: "La hipoteca viene ya cocinada. Nuestro papel es muy limitado y encorsetado".

No son solo los notarios los que defienden que si las costuras del sistema han saltado no lo han hecho por su lado. O no fundamentalmente por ahí. José María Fernández Seijo, juez de Barcelona que planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un contrato abusivo, cree que el papel de estos "no ha sido determinante ni en un sentido ni en otro. Ellos actúan al final, en la suscripción de los contratos, pero la poca transparencia se daba antes".

 Fernández Seijo cree que ahora es fácil criticar. "A toro pasado, todos podríamos haber hecho más. El legislador tampoco puso medidas preventivas. Ha sido un fallo multiorgnánico del sistema pero la responsabilidad esencial no está en los notarios". El magistrado cree que hay casos individualizados de malas prácticas en las notarías, pero "es un salto cualitativo endosarles la responsabilidad" de los abusos masivos del sistema hipotecario.

Y recuerda algún caso en su juzgado. "Hemos tenido notarios que leyeron concienzudamente las cláusulas y aun así las hemos anulado porque hemos considerado que en ese momento ya era insalvable". Durante la entrevista por teléfono, Fernández Seijo cuenta que tiene sobre la mesa una sentencia del Supremo que alude a este papel de los notarios en este sentido.

 "La intervención del notario tiene lugar al final del proceso que lleva a la concertación del contrato, en el momento de la firma de la escritura de préstamo hipotecario, a menudo simultáneo a la compra de la vivienda, por lo que no parece que sea el momento más adecuado para que el consumidor revoque una decisión previamente adoptada con base en una información inadecuada", dice el fallo.

Los notarios no solo dicen no ser responsables de las hipotecas fallidas, sino que alguno de ellos ha denunciado ser estafado por la banca, como si fuera un consumidor más. En 2011 un notario de Denia (Alicante) demandó a Bankinter por un 'swap' que había firmado con la entidad. En el pleito, el banco incluso llegó a presentar el temario de la oposición a notarías para demostrar que era imposible que alegara desconocimiento de lo que había firmado. 

"No cabe hablar de error, dada la condición de notario del actor, suficientemente preparado para intervenir en contratos bancarios", alegó el banco.

Sin embargo, la justicia falló que "el contrato de permuta financiera es un contrato complejo y la cualidad de notario no le priva al actor de la condición de minorista y como tal debía estar informado de todas las consecuencias del contrato, no constando acreditada dicha información. Sí consta acreditado que él mismo preguntó en el acto de la firma y que en todo momento se le indicó que era un producto para protegerles de las subidas de intereses, fiándose de quien se lo ofrecía".

La mayoría de notarios consultados rechazan presetarse como víctimas de abusos bancarios aunque uno ironiza: "Hasta Botín dijo una vez que él no entendía todos los productos que comercializaba el Santander".

Los notarios insisten ahora en la propuesta que han hecho al Gobierno para asesorar al cliente antes de la hipoteca y así evitar que se repita este fallo descomunal. El presidente del notariado reitera en que no se puede desmontar todo el sistema: ​"Gracias al crédito hipotecario en España tenemos un acceso a la vivienda en propiedad del 83%, cosa que no se da en ningún otro país europeo.

 Hay que mantenerlo". Mientras se desmonta, se hunde, se reconstruye o se liquida, las cosas ya han cambiado en el día a día de muchas notarías, como cuenta un notario: "En las últimas firmas he hecho algo de teatro. Les digo: 'Sepa usted que los jueces creen que usted es tonto y le tengo que informar como a un tonto'". Todos tontos."                    (Rafael Méndez, El Confidencial, 28/01/17)

28.12.16

La culpa de los notarios en las cláusulas suelo... ¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?

"(...) ¡La banca es mala! El mantra ya no hay quien se lo quite al sistema financiero. Se ha ganado el sambenito durante la crisis. Las entidades han cometido suficientes tropelías en estos últimos años como para que les quede cosido el adjetivo. 

Pero el reparto de culpas en el caso de las cláusulas suelo debe extenderse a todos. A los notarios, como depositarios de esa fe pública, en este caso, como intermediarios entre los buenos y los malos. (...)

Cuenta el consejero delegado de un banco que, tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013, que condenaba a BBVA, Abanca y Cajamar a eliminar desde entonces los suelos de sus hipotecas, recibió la llamada de un importante notario del levante español exigiéndole la eliminación de su cláusula suelo. El argumento esgrimido fue la mala comercialización del producto y que entre las decenas de páginas del papel timbrado de su hipoteca aparecía una cláusula suelo. 

La llamada también incidió en el carácter abusivo de la cláusula puesto que ante la bajada extrema del euríbor, como ha sucedido en estos últimos años, su hipoteca quedaba topada por un tipo mínimo, siempre superior a los precios marcados por el comportamiento del mercado. 

La contrarréplica del CEO fue contundente. “¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?”. El notario, a día de hoy, sigue pagando una hipoteca con suelo.

 La historia resume el explosivo cóctel de las cláusulas suelo. Un producto que ha puesto de manifiesto que la sociedad, los ciudadanos y las familias, en definitiva, se enfrenta al contrato financiero más importante de su vida sin ese mínimo asesoramiento que si ejecuta en otras compras menores: vehículos o qué decir de la tecnología. (...)

Los notarios han sido cómplices de esa alarmante permisividad de los hipotecados, reconvertidos, muchos de ellos, en afectados ante el inusual comportamiento del euríbor. Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado, el notario dará fe de haber leído a las partes la escritura íntegra; y el artículo 193 del Reglamento Notarial añade que se entenderá que la lectura es íntegra cuando el notario hubiera comunicado el contenido de la escritura con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las circunstancias de los comparecientes. ¿Se imaginan las explicaciones del aludido notario levantino? (...)

Pero los notarios no sólo deben explicar a los futuros hipotecados el contenido de su escritura sino también exigir a la entidad bancaria los deberes de transparencia a los que obliga la ley. Así, es necesario que la información suministrada al cliente le permita percibir que la cláusula suelo puede incidir en el contenido de su obligación de pago. 

Por ello, estas cláusulas no pueden recibir un “tratamiento impropiamente secundario” y venir “enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificultan su identificación por el prestatario". La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es clara: “El empresario está obligado a una especial llamada de atención sobre ella (cláusula suelo), lo que podrá hacerse destacándola por su ubicación separada, su impresión en distinto tamaño o color de letra, su subrayado o por el empleo junto a las cláusulas de símbolos que llamen la atención, como una mano roja apuntándola (la red hand rule característica de los contratos anglosajones), una calavera o una señal de stop”. (...)

La banca asumirá la factura total de las cláusulas suelo, mientras empieza a pagar condenas por las hipotecas multidivisas. Otro producto aderezado de una mezcla explosiva: la irresponsabilidad de algunas entidades para comercializar hipotecas en yenes o francos suizos a auténticos analfabetos financieros que perjuraron ser expertos en el mercado de divisas en las épocas en las que dejar de pagar en euros suponía reducir el principal del préstamo a la mitad. (...)"             (Miguel Alba, Vox Populi, 25/12/16)

13.5.16

Mario Conde y la cúpula de Banesto robaron 7.300 millones de pesetas del Banesto

"Todo  -la investigación sobre los movimientos patrimoniales de Mario Conde en el extranjero - empezó en 2012. 

Tanto el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, como el fiscal Alejamdro Luzón -adscrito entonces a la Fiscalía Anticorrupción - estaban perplejos por un hecho: si bien sobre el exbanquero pesaba una exigencia de responsabilidades civiles equivalentes a alrededor de 26 millones de euros a raíz de su condena por los casos Argentia Trust  (pago de una factura de 3,7 millones de euros a una empresa suiza sin autorización y por trabajos inexistentes) y Banesto (operaciones de apropiación indebida y estafa) solo se había recuperado poca cosa.

  Y para colmo, las tres fincas del ex banquero seguían en sus manos: Los Carrizos de Castilblanco, (3.000 hectáreas en Sevilla, imagen principal), La Salceda ( 2.800 hectáreas en Toledo, imagen de abajo) y Can Poletá (Puerto Pollensa, Mallorca).

    Grande-Marlaska intentó reactivar el proceso de embargos, pero se encontró con dificultades. En una entrevista con este cronista, por aquellos días de 2012, se lamentó amargamente de que en Mallorca, por ejemplo, el registrador de la propiedad no quiso anotar el embargo. Fuentes consultadas indican que el fiscal Aejandro Luzón no estaba menos indignado. 

Intentó que Banesto, en manos del Banco Santander, llevara la voz cantante para conseguir quitar el control a Mario Conde. Pero altos ejecutivos, como era el caso de Jaime Pérez Renovales, transmitían -antes de pasar del Santander al Gobierno de Rajoy- una pasividad tal que hacía sospechar la inexistencia, por razones nunca explicitadas, de interés. Si el Santander, el gran acreedor, no impulsaba el procedimiento, ¿que podía hacer la Fiscalía?

   Luzón pasó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 2015 como teniente fiscal. Pero la Fiscalía Anticorrupción se puso manos a la obra bastante antes, en 2014, sobre la pista de Conde. Y contó con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Se hizo un seguimiento de las empresas blancas con las que Conde trabajaba en la industria de cosméticos y organización de eventos. Y se empezó a advertir el flujo de fondos por el cual Conde ingresaba dinero en España de su patrimonio en el exterior a través de la sociedad holding Galloix, con sede en Ginebra, Suiza.

   Conde empezó a finales de 1980 a mantener un patrimonio en el extranjero, tras cobrar una importante comisión por la venta del laboratorio Antibióticos a la multinacional italiana Montedison. En octubre de 1990 - según he podido reconstruir con ayuda de su fiduciario en Lausana, Suiza, el profesor Paolo Gallone- Conde se presentó en su despacho de la rue d'Etraz, 12, en compañía de Mariano Gómez de Liaño, Francisco J. Sitges y Arturo Romaní. 

Le preguntó si podía crear una sociedad holding para gestionar su patrimonio privado en el extranjero. El entonces presidente de Banesto ya había registrado una fundación en Liechtenstein a nombre de él y de los otros tres citados. Ahora quería una holding suiza para su patrimonio personal. Gallone fundó, pues, Kaneko Holding, que se hizo con el control de la principal sociedad patrimonial de Conde en España: Asebur Inversiones.

    Durante estos tres años, entre finales de 1990 y finales de 1993, cuando el Banco de España intervino Banesto, Conde y sus acompañantes utilizaron sociedades suizas y varias fundaciones en Liechtenstein para canalizar los beneficios de operaciones ilícitas.

   En febrero de 1994, dos meses después de la intervención de Banesto por el Banco de España, Conde ordenaba disolver la Fundación Melvin. En diciembre de 1994, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentaba una querella criminal contra Conde y los administradores de Banesto. Esas Navidades de 1994, el ex banquero las pasaría en prisión preventiva en la cárcel de Alcalá Meco.

   Los tribunales declararon probadas las operaciones por las cuales la cúpula de Banesto obtuvo 7.300 millones de pesetas (45 millones de euros, en números redondos). Pero mientras varios colaboradores de Conde sufrieron embargos y el accionista de Banesto, el Banco Santander, se resarció parcialmente, el caso de Mario Conde parecía especial. El Santander no quiso llevar adelante una batalla jurídica en los tribunales para quitarle el control de sus fincas.

   Conde había transferido la propiedad de Can Poletá a una sociedad de Luxemburgo (G.I. Beteiligung), y la de Los Carrizos y La Salceda, en proporciones diferentes a Asebur Inversiones, propiedad de Kaneko Holding, y a las holandesas Ge.So.Co, y Asuma BV, respectivamente.

    Los informes policiales, citados por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Grande-Marlaska, ya hablaban en  2012 sobre  la titularidad real de esas sociedades.  Eran de Conde.
  
 En 2015 hicieron veintidós años desde que la Universidad Complutense de Madrid concediera, en una operación de imagen, pactada a cambio de ayudas de Banesto que nunca se concretaron, el Doctorado Honoris Causa a Mario Conde. Y este diciembre de 2015, la Agencia Tributaria le declaraba el moroso número 2 de España, con una deuda de 9,9 millones de euros.

   Mario Conde, pues, ha acumulado un patrimonio en el extranjero a buen recaudo entre finales de los años ochenta y la actualidad. El dinero es fungible. Ergo: Conde unió lo detraído de Banesto a su patrimonio ya existente. Y en todos estos años ha seguido operando con su patrimonio oculto.

   De los 26 millones de euros que se le han impuesto como responsabilidad civil, Banesto (Banco Santander) ha recuperado un millón de euros como resultado de una negociación en 2004 para que el exbanquero pudiera abandonar la prisión con un permiso de cinco días y poder asistir como padrino a la boda de  su hija Alejandra -detenida hoy junto con su hermano y su padre - el 3 de julio de dicho año, evento que se celebró, cómo no, en la finca sevillana de  Los Carrizos. A cambio de ese dinero, el Santander no se opuso al permiso. 

También se recuperó una parte de la finca sevillana, llamada Cuarto del Rincón (aunque el Santander no ha asumido la propiedad) y 539.000 euros embargados a un fondo de inversión. Y, con anterioridad, en relación con el caso Argentia Trust, se subastaron tres cuadros (Picasso, Juan Gris y Georges Braque) que el exbanquero había depositado para avalar una fianza.   Poca cosa para la cantidad fijada.

   Conde, pues, ha seguido en sus trece. Si el fiscal norteamericano de los años treinta, Ferdinand Pecora, tuviera a MC frente a sí no dudaría en aplicarle la palabreja que se inventó al investigar a los banqueros que contribuyeron con sus prácticas a la Gran Depresión: banksters."                (Ernesto Ekaizer, El País, 11/04/16)

12.4.16

El ‘caso Banesto’

"Estos son los principales hitos del caso Banesto, por orden cronológico (de más antiguo a más nuevo):
1 de diciembre de 1987. Conde, nombrado presidente de Banesto. 

El consejo de Administración del Banco Español de Crédito nombra a Mario Conde Conde nuevo presidente de la entidad. El nombramiento se produjo por unanimidad y a propuesta del hasta ese momento presidente, Pablo Garnica Mansi.


28 de diciembre. La noticia de la intervención. El Banco de España garantiza la liquidez de todos los depósitos de Banesto (Banco Español de Crédito) una vez que ayer acordara la intervención de esta entidad, el cese fulminanante del consejo de administración, con su presidente, Mario Conde, al frente, y el nombramiento de uno nuevo encabezado por Alfredo Sáenz, vicepresidente del BBV y responsable, en su día, del saneamiento de BancaCatalana. El valor de las acciones de Banesto habla descendido más de un 10% como consecuencia de los rumores que le afectaban y del grave desequilibrio patrimonial.


29 de diciembre de 1993. 'El final de la Escapada', editorial de EL PAÍS sobre la intervención en Banesto. El Banco de España intervino Banesto, y con ello resucitó el fantasma de la crisis bancaria en nuestro país, que ya había sido la más profunda de Europa hace tres lustros.Al amparo de la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, y horas después de que la CNMV decidiera interrumpir la cotización de las acciones, la máxima autoridad monetaria suspendió al consejo de administración y lo sustituyó por un nuevo órgano presidido por Alfredo Sáenz (el hombre que reflotó Banca Catalana), en el que están integrados representantes de las grandes instituciones financieras de nuestro país. 

Esta decisión extrema trata de garantizar los intereses de los depositantes y accionistas. El Banco de España aseguró en su comunicado la liquidez de la institución en los mercados monetarios nacionales e internacionales, lo que debe contribuir a generar una cierta tranquilidad en el ambiente.


31 de marzo de 2000. Conde, condenado a 10 años y dos meses de cárcel por estafa y apropiación indebida por la Audiencia Nacional. Los magistrados de la Audiencia Nacional dan a Conde el varapalo que más duele, el varapalo definitivo. 10 años y dos meses de prisión y todos los argumentos que desde hace siete años viene defendiendo como verdad absoluta, por los suelos.


30 de julio de 2002. El Supremo aumenta su condena de 10 a 20 años de cárcel. Conde ingresa en Alcalá-Meco por unos hechos que se iniciaron hace 14 años, cuando presidía Banesto. El Supremo dobla las penas impuestas por la Audiencia el 31 de marzo de 2000 —10 años de prisión por apropiación indebida y estafa— al entender que algunos delitos considerados prescritos por aquella sentencia no lo estaban. 

Así, sostiene que la retirada de 300 millones de pesetas de Banesto ordenada por Conde no fue un delito único, sino continuado —sacó el dinero en dos operaciones de 150 millones en dos meses—. Con esta tipificación, el delito no ha prescrito, por lo que debe cumplir otros seis años de cárcel.


31 de julio de 2002. Columna de Eduardo Haro Tecglen sobre el banquero: 'El Dios fracasado'. "Lo peor de estos aspirantes a Dios es que creen que todo lo bueno suyo es cierto. Pero ignoran que un verdadero Dios no entra nunca en política, porque eso le puede desposeer de todo", escribe el articulista de EL PAÍS.


19 de agosto de 2004. Destituido el director de la cárcel de Alcalá Meco por dar un trato de favor a Conde. El máximo responsable de la cárcel de Alcalá Meco, Jesús Calvo, es cesado por "un conjunto de irregularidades" y "evidente trato de favor" al exbanquero, recluido en esa cárcel por el caso Banesto. El Ministerio del Interior informó un día antes de que Conde ha disfrutado de una media de seis visitas de familiares mensuales, cuando la norma es de una al mes.


9 de noviembre de 2005. Mario Conde logra el tercer grado penitenciario. Instituciones Penitenciarias concede a Conde el tercer grado penitenciario, lo que permite al condenado salir a diario de la cárcel, aunque tiene que regresar para dormir y pasar todos los fines de semana en libertad. Asimismo, Conde, que desde abril ya tenía una rebaja de condena, logra permiso vacacional de 48 días, que debe distribuir en periodos de no más de siete días frente a los 36 que tenía hasta ese momento.


30 de mayo de 2012. Banesto renuncia a reclamar más dinero a Mario Conde. La intervención de Banesto en diciembre de 1993, supuso un coste para la entidad de 1.919 millones de euros en saneamientos de los activos dañados que se pagaron con los recursos propios. Además, el Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos asumió una pérdida de unos 600 millones de euros más. En total, unos 2.520 millones. La intervención del Banco de España puso de manifiesto que el banco contaba con un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros, fruto de la mala gestión de Conde y su equipo.


21 de diciembre de 2013. Banesto, el fracaso que no sirvió de escarmiento (a los 20 años de la intervención del banco). Hace 20 años, el 28 de diciembre de 1993, cuando el Banco de España (BE) echó a Mario Conde de la presidencia de Banesto y reflotó el banco, el Estado puso 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas) que nunca se recuperaron. Los bancos privados aportaron otra cantidad similar.

 Emilio Botín, presidente del Santander, se quedó con la entidad por 1.900 millones, pero no fue suficiente para tapar un agujero de 3.644 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que costó esta crisis. Los accionistas de Banesto pagaron el resto.