"El Partido Popular de la provincia de Alicante se
financió durante los años 2017 y 2018 con fondos públicos de su grupo
político en la Diputación de Alicante pese a que la normativa de la
institución provincial prohíbe que esta asignación se destine a abonar
gastos ordinarios del partido.
Así lo reconoce la gerente del PP
alicantino, Yolanda Murcia, en un escrito adelantado por el diario Información
y al que ha tenido acceso eldiario.es. El diputado provincial de
Compromís, Gerard Fullana, ha llevado la presunta irregularidad al
juzgado.
El presidente de la Diputación de Alicante en
esos dos años y también líder del grupo popular era César Sánchez, que
en ese tiempo ostentaba el máximo cargo de Transparencia en la ejecutiva
de Pablo Casado. Sánchez es ahora diputado en el Congreso, fue número
uno por Alicante a las elecciones y tiene responsabilidades en la
dirección como secretario ejecutivo de Marketing Electoral, un cargo de
vital importancia por debajo de los vicesecretarios.
Compromís ha presentado un contencioso-administrativo que
podría acabar en un proceso penal ante la negativa del PP de Alicante
de presentar la justificaciones de los gastos del dinero desviado de la
Diputación de Alicante. De hecho, el actual presidente de la institución
provincial con los apoyos del PP y Ciudadanos, Carlos Mazón, ha
cambiado la forma con que se deben controlar estos gastos de los grupos,
lo que impide que ese dinero público se utilice de manera inadecuada.
Según la denuncia de la coalición valencianista, César
Sánchez llevó a cabo una financiación "encubierta" de su partido con los
fondos que se otorgan a los grupos políticos de la diputación
alicantina. De hecho, cuando llegó a la institución quintuplicó los
recursos para los grupos políticos según representación, al pasar de
105.000 euros a 518.000 anuales.
El PP acabó el
mandato anterior sin aclarar en qué se gastó el medio millón de euros de
la asignación al grupo provincial en la legislatura. De ese montante,
la gerente reconoció que 251.623 euros fueron a parar a pagar gastos
ordinarios del partido, algo que prohíbe expresamente la legislación de
la Diputación de Alicante. El ente solo permite abonar actuaciones
conjuntas entre los partidos y los grupos políticos y con la obligación
de certificar esos pagos y su destino. Compromís considera también
irregulares transferencias por valor de 195.167 euros gastada en los
años 2015 y 2016 y sospecha que el dinero se podría haber destinado a
campañas electorales.
Pero la actuación de César Sánchez no solo vulnera la
normativa provincial en lo que podría ser una presunta malversación de
fondos públicos, sino que se salta el código ético del PP. La normativa
del PP tras el escándalo Gürtel obliga a justificar todos los ingresos
del partido, tengan la procedencia que tengan. En este caso, César
Sánchez se negó a acreditar las cuentas a la Intervención de la
Diputación de Alicante, al pleno y a los demás grupos políticos.
El
único informe realizado para acreditar los 251.623 euros utilizados
para financiar el partido es un escrito del actual presidente del PP
alicantino, Eduardo Dolón. Pero sus afirmaciones contradicen los
escritos presentados por la gerente en los años 2017 y 2018." (Sergi Pitarch, eldiario.es, 23/02/20)
