Mostrando entradas con la etiqueta D FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta D FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. Mostrar todas las entradas

20.4.23

La corrupción política como instrumento del capital... afecta al Parlamento europeo, a la Confederación de Sindicatos Mundiales, al Partido Democrático italiano, a los partidos republicano y demócrata estadounidense, al presidente francés Macron... el mecanismo de las puertas giratorias es un mecanismo de corrupción mucho más sofisticado que los sobornos, y está vigente en Estados Unidos y en otros países desde hace mucho tiempo... Ejemplos destacados en Italia de este mecanismo fueron Monti y Draghi, que pasaron de puestos bien remunerados en grandes empresas y bancos, como Goldman Sachs (Draghi), Fiat y Banca Commerciale Italiana (Monti), a cargos institucionales supranacionales tanto europeos como nacionales, hasta llegar a ser Primer Ministro

 "Recientemente, el tema de la corrupción política ha cobrado gran visibilidad debido a las investigaciones de la justicia belga sobre antiguos y actuales eurodiputados, acusados de recibir dinero de Qatar y Marruecos. Al parecer, la corrupción, elevada a sistema organizado, gira en torno a una ONG, Lucha contra la Impunidad, en cuyo Consejo de Administración figuran conocidos políticos como Emma Bonino y Federica Mogherini[1] y cuyo presidente es Pier Antonio Panzeri, antiguo eurodiputado de la cuota del Partido Democrático, que fue detenido[2]. Panzeri fue miembro de la dirección del Partido Democrático y antes secretario general de la Cámara de Trabajo de Milán. Además de Panzeri, también estuvieron implicados el secretario de la Confederación de Sindicatos Mundiales y antiguo sindicalista de la Uil, Luca Visentini, y otros eurodiputados del Grupo Parlamentario Europeo de Socialistas y Demócratas (S&D), incluida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que fue detenida y suspendida de sus cargos.

La investigación ha caído como un azulejo sobre las cabezas de los socialistas europeos y sobre la del Partido Democrático, ya en dificultades por su derrota en las recientes elecciones generales y lidiando con la preparación de un congreso y unas primarias que se prevén complicadas. Sin embargo, no puede decirse que, según los acontecimientos actuales, la corrupción sólo afecte a Europa y al Parlamento Europeo. Recientemente, Ftx, una plataforma estadounidense de criptomonedas, quebró y fue acusada de fraude, hasta el punto de que su fundador, Sam Bankman Fried, fue detenido en las Bahamas por orden de las autoridades estadounidenses y se enfrenta a una pena de 115 años de cárcel.

La quiebra y el fraude también arrojaron luz sobre el sistema de financiación política orquestado por Ftx. Nada menos que 73 millones de dólares fueron donados por Ftx tanto a republicanos como a demócratas, de manera bipartidista, para asegurarse de ejercer influencia sobre el sistema político en su conjunto.[3] En EE.UU., dar dinero a los partidos, así como hacer lobby, es legal y está establecido como sistema. Sin embargo, las donaciones de Ftx producen una vergüenza considerable en la política estadounidense, que debería haber estado más atenta a las actividades del mercado de criptodivisas, que está demasiado poco regulado.

Otra reciente denuncia de presunta corrupción afecta a Francia y al presidente Macron. La comisión de investigación del Senado francés reveló que el gasto público en contratos de consultoría se duplicó con creces entre 2018 y 2021, durante el primer mandato de Macron, superando los 1.000 millones de euros. En el informe se mencionan varios asesores, entre ellos Capgemini, Eurogroup, Boston Consulting Group y, sobre todo, la estadounidense McKinsey. Precisamente esta última y su relación con Macron están en el centro de una investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera tras la publicación del informe del Senado. La investigación de la fiscalía se ha ampliado también a la presunta financiación ilegal en las presidenciales de 2017 y 2022. Se especula que McKinsey podría haber ofrecido sus servicios durante la campaña electoral a cambio de puestos en varios ministerios y en el partido del presidente, así como una vía rápida para obtener contratos para trabajos de consultoría.[4]

La cuestión de la corrupción política ha desempeñado un papel central en el debate público de las últimas décadas en Italia, desde la «cuestión moral» planteada por el secretario del PCI, Enrico Berlinguer, a principios de la década de 1980 y el juicio de «Mani pulite» a principios de la década de 1990. Baste decir que los escándalos suscitados por los magistrados de «Mani pulite» sacudieron el sistema de partidos de la época, provocando la disolución de dos de los principales partidos, el PSI y la DC. Posteriormente, la cuestión moral jugó un papel importante en el crecimiento primero de Italia dei valori, el partido de Antonio di Pietro, y después del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, que hizo de la lucha contra la corrupción y los «costes» de la política un auténtico caballo de batalla, construyendo sobre esta cuestión su victoria electoral en 2018.

Llegados a este punto, una vez comprobada la prevalencia de la corrupción política, cabe preguntarse qué representa la corrupción política en la sociedad actual. La corrupción no es un hecho episódico y aleatorio de la vida política y social, ni representa una anomalía, una excrecencia en un cuerpo por lo demás sano. Por el contrario, la corrupción es un elemento estructural del sistema político actual. La corrupción está, para decirlo con más precisión, inervada en la estructura social dominante, basada en la acumulación capitalista y dominada por el mercado y el dinero. Más concretamente, está vinculada a la existencia de poderes fuertes, es decir, el gran capital, que la utiliza para dominar la sociedad a través de su control del aparato estatal. Junto a la corrupción en sentido estricto existe la corrupción entendida en un sentido más amplio como el servilismo de los representantes elegidos por el pueblo a una minoría de capitalistas ricos. De este modo, la corrupción se convierte en el principal instrumento de control social precisamente en la forma de gobierno supuestamente más «popular», la de la república democrática.

El primero en establecer este vínculo entre democracia moderna y corrupción fue Federico Engels, que escribió lo siguiente en 1884:

«En ella [la república democrática], la riqueza ejerce su poder de manera indirecta, pero tanto más segura. Por una parte, en forma de soborno directo de los funcionarios, de lo cual América es el modelo clásico, y por otra parte, en forma de alianza entre el gobierno y la bolsa, alianza que se cumple tanto más fácilmente cuanto más aumenta la deuda pública y cuanto más las sociedades anónimas concentran en sus manos, no sólo el transporte, sino también la producción misma y encuentran su centro en la bolsa. Más allá de América, un ejemplo evidente de esto es la actual república francesa, e incluso la honesta Suiza ha hecho una buena contribución en este campo.[5]

La corrupción y la combinación de grandes empresas y gobierno son las herramientas de la dominación de la burguesía sobre la clase obrera, que se materializa en la democracia burguesa actual. Un siglo y medio después de las palabras de Engels, la realidad nos enfrenta a los mismos problemas. Por el contrario, hoy en día, las multinacionales, que a menudo tienen un volumen de negocios superior al PIB de muchos Estados, ejercen una influencia aún mayor sobre los gobiernos y los parlamentos.

La corrupción «explícita», la de los carritos llenos de billetes, como el que tenía el padre de Eva Kaili cuando le detuvieron, es sólo un aspecto de esta corrupción, y ni siquiera el más importante. La corrupción que tuvo lugar en el Parlamento Europeo probablemente salió a la luz a raíz de un chivatazo de los servicios secretos de algún país competidor de Qatar y Marruecos. Y ha tenido una gran repercusión porque están implicados dos países ajenos a la UE, hasta el punto de que un político del Partido Democrático, Luigi Zanda, habló de alta traición en referencia a los diputados implicados. No está claro, sin embargo, por qué la corrupción por parte de Marruecos y Qatar debería ser más grave que la corrupción que destapan explícitamente grandes empresas o bancos o gobiernos occidentales. En ambos casos, es la voluntad del pueblo la que sufre.

Sobre todo, no está claro por qué debería tolerarse el mecanismo de las puertas giratorias, dado que se trata de un mecanismo de corrupción mucho más sofisticado que los sobornos. Por puertas giratorias se entiende el mecanismo que permite a diversas personalidades europeas y estadounidenses pasar del sector privado, donde ocupan altos cargos, al sector público, donde ocupan puestos importantes, y viceversa. El mecanismo de las puertas giratorias no es reciente y está vigente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que ha sido analizado por el sociólogo estadounidense Wright Mills[6] ya inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos destacados en Italia de este mecanismo fueron Monti y Draghi, que pasaron de puestos bien remunerados en grandes empresas y bancos, como Goldman Sachs (Draghi), Fiat y Banca Commerciale Italiana (Monti), a cargos institucionales supranacionales tanto europeos como nacionales, hasta llegar a ser Primer Ministro.

El ejercicio de la influencia del gran capital sobre la política y las instituciones públicas pasa también por think tanks como la Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Instituto Aspen y muchos otros.[7] En estos grupos se reúnen exponentes de la gran industria y de la gran banca con miembros de los grandes medios de comunicación y, sobre todo, con políticos nacionales y europeos, que discuten temas de importancia estratégica, como China, la desglobalización, el conflicto ruso-ucraniano, la competencia tecnológica entre potencias, etc. De este modo, se realiza la integración entre las esferas de la economía y la política. Esta integración no aparece como una corrupción directa, pero de hecho «corrompe» el papel democrático y popular de las instituciones de gobierno nacionales y supranacionales como la UE, como debería ser por el mandato recibido de los votantes.

Así pues, el análisis de Engels sobre el papel del Estado sigue siendo pertinente y se confirma:

«El Estado, puesto que nació de la necesidad de frenar los antagonismos de clase, pero al mismo tiempo nació en medio del conflicto de estas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, económicamente dominante, que a través de él se convierte también en políticamente dominante y adquiere así un nuevo instrumento para mantener sometida y explotar a la clase oprimida. […] Excepcionalmente, sin embargo, hay períodos en que las clases en lucha tienen casi la misma fuerza, de modo que el poder estatal, como aparente mediador, adquiere momentáneamente cierta autonomía frente a ambas.»[8]

La diferencia entre nuestra época y la de Engels radica en tres aspectos. El primero es que la subordinación de la esfera política a la económica se produce no sólo a nivel nacional, sino también a nivel supranacional, al menos en lo que respecta al llamado Occidente liderado por Estados Unidos. De hecho, los think tanks que hemos mencionado anteriormente, así como la OTAN, la UE y el G7[9] actúan como coordinadores de varios Estados-nación occidentales y de forma cada vez más funcional al gran capital y en oposición a China, Rusia y otros Estados de los llamados países emergentes. El segundo aspecto es que la concentración de la producción y el tamaño de las empresas han crecido, aumentando así su control sobre la política. El tercer aspecto es, como ya se ha mencionado, que las empresas son multinacionales y transnacionales y pueden deslocalizar la producción y sus actividades en diferentes países, chantajeando a los gobiernos nacionales: subvenciones y participación pública en las inversiones a cambio de la localización de los centros de producción, de lo contrario se trasladan. Otro ejemplo es la localización de sedes legales y fiscales en países distintos a los de origen o producción, porque allí los impuestos sobre los beneficios son más bajos. Por esta razón, muchas grandes empresas italianas tienen su sede legal y/o fiscal en los Países Bajos, como Exor, el holding de la familia Agnelli, o en Luxemburgo, como Ferrero. De este modo, los Estados nacionales donde se encuentran los centros de producción pierden los ingresos fiscales de aquellas empresas a las que subvencionan de forma más o menos directa.

La lucha contra la corrupción, aparte del bochorno que ha surgido recientemente en relación con Lucha contra la Impunidad, parece ser una batalla perdida, dado el contexto que hemos descrito. En China es diferente. Aquí, el sistema económico se basa en dos sectores, uno público y otro privado. En comparación con el sistema económico occidental, aparte del mayor peso del sector público, parece haber una diferencia sustancial. En EEUU y la UE existe un sistema capitalista puro, y son los gobiernos los que están subordinados al gran capital multinacional. No puede ser de otra manera precisamente por factores estructurales. Prueba de ello es el hecho de que cualquiera que sea el partido que llega al poder se ve obligado por las restricciones económicas del mercado y de organismos supranacionales como la UE a hacer las mismas políticas favorables a las empresas.

En China, la situación es diferente: son las grandes empresas privadas las que están subordinadas al poder político. Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de que se produzcan casos de corrupción. El hecho es que, a diferencia de Occidente, el Partido Comunista en China es consciente del peligro que supone la influencia y el poder acumulados por empresarios que se han hecho multimillonarios en pocos años. Además de desarrollar una intensa lucha contra la corrupción interna en el Partido Comunista, el Gobierno chino ha puesto serias trabas a las grandes empresas y a los capitalistas. Un ejemplo es el que ofrece Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. El gobierno, para evitar derivas especulativas y una mayor concentración de poder, obligó a separar las actividades de comercio electrónico de las financieras, que representaban el núcleo de todos los beneficios de las grandes tecnológicas. Además, Jack Ma, fundador de Alibaba y multimillonario, se vio obligado a entregar las riendas de su criatura.[10]

La corrupción está ligada a la división en clases de la sociedad, por lo que sólo el fin de las clases, en la fase final del socialismo, puede provocar el fin de los cimientos sobre los que crece. En las fases iniciales del socialismo, en cambio, las clases sociales permanecen, y con ellas el humus generador de la corrupción. El punto clave, sin embargo, es que incluso en estas etapas iniciales, como en el «socialismo con características chinas», el poder político tiene autonomía real frente al capital y es capaz de ejercer su dominio sobre la dinámica económica. La lucha de clases continúa incluso en las etapas iniciales del socialismo, y el resultado no parece ser una conclusión inevitable ni en un sentido, es decir, la continuación y el desarrollo del socialismo, ni en el otro, es decir, la restauración del capitalismo, especialmente en un contexto mundial dominado por el modo de producción capitalista que ejerce una presión continua sobre los países que han emprendido el camino hacia el socialismo. Lo que está claro por el momento es que el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista están decididos a ejercer un control más estricto sobre la dinámica de la economía y la sociedad chinas. De hecho, en los últimos años se ha producido un crecimiento tan impresionante tanto de la producción como de la clase capitalista que el modelo de «socialismo con características chinas» corre el riesgo de desvirtuarse. El énfasis del gobierno chino en la lucha contra la corrupción y el uso del instrumento de los planes quinquenales son prueba de ello."                    ( Domenico Moro , El viejo Topo, 25/02/23)

22.3.18

El expresidente Nicolas Sarkozy, detenido por la financiación de su campaña en 2007

"El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido puesto este martes bajo custodia de la Policía Judicial en la localidad de Nanterre bajo la sospecha de financiación ilícita en la campaña política que le llevó a la victoria en las elecciones presidenciales de 2007, según ha informado el diario Le Monde.

Junto a Sarkozy también ha sido convocado por las fuerzas de seguridad —aunque en este caso no lo hace bajo el estatuto de detenido— su exministro Brice Hortefeux, uno de los más estrechos colaboradores de Sarkozy antes y durante su paso por el Elíseo. 

Sarkozy permanece bajo custodia policial en las oficinas de la Policía Judicial en la localidad de Nanterre, al noroeste de París, donde está siendo interrogado bajo la sospecha de que podría haber recibido financiación de Libia durante la campaña para las presidenciales de 2007.

Se trata de la primera ocasión en la que Sarkozy tiene que prestar declaración en el marco de una investigación judicial que se abrió en abril de 2013. Sarkozy puede permanecer bajo custodia policial un plazo de 48 horas antes de pasar a disposición de un juez.

Las indagaciones judiciales se abrieran después de que el grupo mediático Mediapart informara en 2012 de que Sarkozy podría haber recibido financiación para su campaña presidencial de 2007 del régimen libio, entonces dirigido por el coronel Muamar Gadafi.

En noviembre de 2016, en pleno proceso de elecciones primarias del partido Los Republicanos, el intermediario Ziad Takieddine aseguró que había trasladado cinco millones de euros de dinero en metálico de Trípoli a París entre finales de 2006 y principios de 2007 para entregárselo a Claude Guéant y que él se lo facilitara a Nicolas Sarkozy, que entonces era ministro del Interior.

Tras ser investigado por "complicidad en la corrupción de un agente público extranjero" y por "complicidad en el desvío de fondos públicos en Libia", la declaración del intermediario Takieddine fue confirmada el 20 de septiembre de 2012 por Abdulá Senusi, exdirector de la Inteligencia militar del régimen de Gadafi ante el fiscal general del Consejo Nacional de Transición Libio, el gobierno provisional que tenía entonces el país norteafricano.

Posteriormente, la Oficina de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Tributarios presentó un informe ante los magistrados en el que señaló, basándose en numerosos testimonios, cómo circulaba el dinero en metálico que recibía la campaña presidencial de Sarkozy.

La decisión de situar al exmandatario galo bajo custodia policial conlleva que los magistrados han reunido nuevas pruebas sobre la supuesta financiación ilegal que habría recibido su campaña presidencial en 2007. Según las informaciones recabadas por Le Monde, exdirigentes del régimen libio liderado por el coronel Gadafi habrían decidido aportar nuevas elementos que confirmarían la financiación recibida por Sarkozy en la campaña que le llevó al palacio del Elíseo."                     (Público, 20/03/18)

12.2.15

Suiza: el agujero negro de la democracia española

"En la política española existen dos clases de puertas giratorias. Las de clase A y las de clase A-Oro. Las que llevan al consejo de administración y las que dan a Suiza. 

Las puertas engrasadas a base de privilegios que los ciudadanos ven girar pasmados y las que no se ven: aquellas que esconden cierta estructura financiera criminal y dan a parar a un Estado paralelo. Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, la utilizan. Cada causa top ten tiene altos cargos imputados que han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. 

Allí acaban los beneficios del Ibex-35, los narcotraficantes, la financiación del terrorismo y el dinero de la corrupción, entre otros. Y tras ellas, cualquiera: un traficante de cocaína, el concejal que acaba de adjudicar una rotonda, un aforado recién elegido en las elecciones. Suiza no es el único territorio off shore abonado de entidades propicias al cobijo del fraude y la evasión. Pero es, con diferencia, el paraíso fiscal más utilizado por los políticos españoles envueltos en estos casos.

Por el cauce helvético ha desfilado la financiación irregular de los principales partidos españoles. Las pruebas fundamentales de Gürtel están allí. La presunta contabilidad B del PP, también. Allí han encontrado refugio las actividades de Luis Bárcenas y la familia Pujol. Y de la documentación enviada a los juzgados por las autoridades helvéticas salen los nombres de quienes habrían cobrado sobornos millonarios esquilmando presupuestos públicos.

 Por Suiza pasan las comisiones de Iñaki Urdangarin, el desvío de fondos públicos del caso Palau, las supuestas mordidas de alcaldes y concejales, las herencias de los Pujol, Artur Mas, la Casa Real y los ahorros (también presuntos) de un exsecretario general regional del PP ahora encarcelado, Francisco Granados.

Sin el espejo suizo la dimensión de la corrupción sería otra, y sin la colaboración judicial –todavía deficiente– no habría cómo apuntalar muchos de los delitos cometidos en España. Las causas quedarían en nada, o casi nada. Y sólo al trasluz de las comisiones rogatorias emerge el verdadero retrato de la corrupción nacional.

Suiza no tiene color político y en materia de corrupción la cantidad no lo es todo. Sin embargo, el Partido Popular, bien porque gobernó en los años del boom, liberalizó suelo y empresas públicas, bien por su buena relación con grandes constructoras, posee un buen palmarés en número y relevancia de los cargos, implicación de miembros del Gobierno, continuidad en el tiempo y presuntos millones de euros defraudados.

 A la par está Convergència i Unió, con la sede embargada por la Justicia. Las operaciones de las tramas Gürtel y Pretoria, destapadas por el juez Baltasar Garzón en 2009, hunden sus raíces en la presunta financiación ilegal de ambos partidos con sus idas y venidas off shore.

Para comprender esta economía B montada en torno a la red Gürtel –para vislumbrar, en definitiva, cómo emigra la corrupción a Suiza–, hay que remontarse 35 años atrás, cuando los responsables de la tesorería popular abren sus primeras cuentas. Era el conocido como grupo de Badajoz, que sería a las finanzas del PP lo que el clan de Valladolid a la política. En 1980 Ángel Sanchis daba trabajo a un Luis Bárcenas de 23 años en una empresa montada en Extremadura.

 A los dos años, Manuel Fraga le encargó las cuentas del partido con carta blanca para llevarse a cinco personas. Entre los elegidos, Luis Bárcenas y Francisco Yáñez, empresario que permanecería en Génova hasta su fallecimiento. Eran unos chavales, y para entonces (y hasta la fecha) los conseguidores del partido y extesoreros (Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, el propio Ángel Sanchis o el exsenador sobrino del fundador, Luis Fraga) ya compartían depósitos, empresas tapadera y agentes fiduciarios.


Un primer andamiaje de cuentas opacas montado después de la Transición que crece en volumen y protagonistas al fragor de la burbuja inmobiliaria y el desmantelamiento de los controles administrativos. Y no es casualidad, ni siquiera para la Justicia, que la fecha de los primeros ingresos en la caja B del PP coincida con la apertura de estas cuentas; 20 años de contabilidad en negro destapados por Luis Bárcenas tras la aparición de su primera cuenta en el Dresdner Bank en 2013 con 22 millones de euros acumulados.

Aunque a los bancos del país helvético llega la high class de la corrupción, el presunto soborno político comparte las rutas del crimen organizado. El más apabullante es el tejido financiero de Luis Bárcenas para esconder en tres continentes una fortuna de 48,2 millones de euros. 

 Según la investigación, su modo de operar es el más complejo, el que delata un engranaje delictivo de ocultación al máximo nivel, un máster en operaciones de fraude y presunto blanqueo sólo comparable a los movimientos en paraísos fiscales de Francisco Correa, el caso Malaya y veremos si le hacen sombra los Pujol.

Tras 30 años montando el chiringuito suizo, cazados por la Justicia, toca desmantelarlo. Bajo la máxima “lo que se hace en familia se resuelve en familia”, Bárcenas comenzó a borrar su fortuna tres días después de las primeras detenciones de la trama Gürtel en una carrera que discurriría paralela a la investigación de la financiación irregular de su partido. 

El procedimiento es siempre el mismo: necesitan al testaferro, un clan de confidentes elegidos en el seno de la familia –esposas mediante–, la confidencialidad del partido y los negocios, además de una buena defensa que goce del amparo del secreto profesional.

Los extesoreros del PP anteriores a Bárcenas, junto a abogados bien avenidos al calor del partido del Gobierno, han sido los encargados de hacer desaparecer el dinero. “Me eligió para actuar en su nombre por la sensación de persecución que tenía. 

Necesitaba alguien de confianza”. Quien dice estas palabras es Iván Yáñez en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el hijo del histórico trabajador del PP Francisco Yánez, pero también socio en una empresa del exconsejero e imputado en el caso Bankia Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, reconocido empresario donante del partido. 

Génova 13, Bankia, constructoras... Bien conectado con los entresijos del PP, buen conocedor de cómo operar en paraísos fiscales, Yáñez fue el elegido para esparcir por el mundo la compleja estructura societaria en Suiza y mover con agilidad el patrimonio del extesorero antes de que la policía dé con todo ello.

Un trabajo laborioso, pero no tan difícil. La banca privada está montada para que el dinero sea más rápido que los agentes, la Justicia y el trámite para bloquear cuentas. Bárcenas acudió a los circuitos de Estados Unidos, Suramérica y Europa a través de operaciones de fondos y transferencias sin cortapisas.

 Del hilo de la primera cuenta aparecieron otras 20. En ese momento, escondía 17,2 millones de euros en Suiza. Cuatro años después, cuando por fin llegó la petición rogatoria de información, quedaban 9,6. El resto se había esfumado en cuentas repartidas por Paraguay, Nueva York, Atlanta, Alemania, Argentina, Gran Bretaña, Irlanda, Liechtenstein, Hong Kong y un largo etcétera.

Pasó lo mismo con la fuga a Nueva York. Las sucursales elegidas fueron el HSBC y la Unión de Bancos Suizos (UBS), sancionadas por EE UU con multas históricas por ayudar a los clientes a evadir impuestos e incumplir el protocolo antiblanqueo. A instancias del juez, las autoridades neoyorquinas remitieron la documentación de donde se vació la cuenta del Dresdner Bank. De los 22 millones, 4,5 llegaron a ambos bancos.

 Investigado por la Justicia, en las cabeceras de la prensa internacional en calidad de extesorero del partido del Gobierno, el HSBC y el USB aceptaron los ingresos del testaferro y Ángel Sanchis sin rechistar. En agosto de 2013, Ruz pidió bloquear las inversiones y productos incluyendo cajas de seguridad. Quería conocer los titulares, apoderados y beneficiarios en EE UU de las empresas tapadera que recibían el goteo de fondos desde Suiza. Cuando la petición llegó, el dinero tampoco estaba allí.

Ángel Sanchis sacó un millón de dólares un día, 270.000 dólares al siguiente. El broker Iván Yánez hizo lo propio a través de un correo: “Instrucciones para (vaciar) la cuenta conjunta”. El último documento del HSBC enviado a España decía: “El querido cliente ha cerrado la cuenta”. Según la gestora en el 452 de la Quinta Avenida, el dinero iba camino del Deutsche Bank, en Francfort, Alemania, de la mano de Yáñez.

 Y hay más. La otra parte de la fortuna Bárcenas la invertía Sanchis en Brasil y Argentina en “empresas de cítricos” y “maderas preciosas”. Son las llamadas operaciones comerciales de dudosa credibilidad, las más habituales para el blanqueo por la dificultad que tienen los peritos para comprobar si realmente se han producido. Según la declaración de Bárcenas, de estas hizo decenas.

Ante estos vaivenes, normalmente las pruebas no resultan suficientes y el caso se cierra. Los abogados consiguen anularlos, o llega un punto donde los instructores, exhaustos, se rinden al rastreo del dinero. Es un mecanismo endiablado difícil de rastrear y verificar donde las sucesivas transacciones saltan de un país a otro, de una cuenta a otra, en una espiral vertiginosa que no hay quien cierre. Una ingeniería fiscal que, al margen de las presuntas mordidas, permitió a Bárcenas defraudar 11,5 millones de euros de 2000 a 2011, millón al año, sin contar las siete declaraciones consecutivas a devolver.

 Y sin contar con la amnistía fiscal, una autopista de repatriación de dinero negro sin límite de velocidad por donde circuló la sociedad vehículo Tesedul, matrícula de Uruguay, con 11 millones en acciones de los que Bárcenas trajo de vuelta diez. Las alarmas sólo saltaron cuando su abogado lo hizo público.

Este mínimo trazo es una muestra de algunos movimientos. El dinero, hoy, sigue perdido. Casi seis años después, los investigadores continúan sumergidos en la maraña de la evasión buscando fondos en decenas de cuentas, apoderados, reintegros, sociedades.

Como Bárcenas, el político que decide abrirse una cuenta en Suiza sabe que, en parte, está a salvo. O no será descubierto o saldrá casi indemne. El sistema de transacciones está protegido por el secreto bancario, las cuentas no son fáciles de bloquear ni tampoco demostrar el cohecho e ir más allá del fraude, poco penado cuando no va acompañado de otros delitos. Lavar dinero, evadir impuestos, ocultar comisiones: por estos motivos un cargo público paga las altísimas comisiones de apertura, no hay más. 

Uno de los máximos responsables policiales de Anticorrupción resume la gravedad del binomio político-Suiza en las investigaciones: “Salvo en casos muy puntuales, en España son profesionales de la política sin otra ocupación ni ingresos conocidos. Su nómina tributa al 100%. Para nosotros es un indicativo de la cantidad que ese cargo ha tenido que llevarse en comisiones irregulares hasta el punto de tener que abrir una cuenta en Suiza para ocultar el dinero”.

Una vez allí, gozan de impunidad. Los bancos apenas denuncian la presencia de imputados por corrupción y sólo informan mediante una petición muy específica de la Justicia (indicando la cuenta y el titular). El tiempo que necesita un juez para encontrar dicha entidad y la tardanza de los trámites no ayuda. Las respuestas, además, son imprecisas. Tanto Bankia como el helvético Lombard Odier han obstruido en numerosas ocasiones la instrucción.

Gestores y testaferros son parte de los servicios financieros. Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, movía los fondos antes y durante la investigación sin comprobar el origen de un solo ingreso, sin llamar la atención a las autoridades, a sabiendas de la dimensión de los hechos y de que debía declarar ante el juez. 

Frederic Mentha, gestor de Bárcenas y también de Gao Ping en el HSBC, sólo fue apartado de su puesto tras el escándalo de la mafia china, no la política. Como explica Hervè Falciani, el garganta profunda del HSBC: “Los gestores son parte de la operativa del blanqueo y del fraude”. La policía, que investiga la lista Falciani con más de 100.000 evasores –repleta de apuntes a mano de gestores–, asegura que es difícil de probar. El informático rebate: “De eso se trata”.

A día de hoy, Ruz acusa a Bárcenas de llevarse unos 300.000 euros vinculados a los fondos administrados del PP de los 48,2 millones detectados en Suiza. No ha podido concluir si el resto son negocios personales, prebendas de constructoras o parte de los donativos anotados durante años de contabilidad B. Llegará el juicio y no sabremos si Bárcenas estaba solo en las cuentas o llevaba consigo a otros beneficiarios.

 Tal vez los numerosos amigos y máximos dirigentes a los que amenazó con tirar de la manta y a quienes ya sólo reprocha haberle retirado la palabra. En el inventario colectivo quedan las denuncias del PP a los policías, las peticiones para desimputar a su extesorero, aquel “Luis, sé fuerte” y la destrucción de los discos duros a martillazos. Blindaje en Suiza, sí, pero no sólo.

El tiempo de los maletines ha pasado y las comisiones se mueven sin necesidad de pasar por España. Ya ocurrió con las operaciones de compraventa de cuadros entre Bárcenas y Naseiro, donde según la policía el presunto blanqueo desfilaba de una cuenta a otra directamente en Suiza. 

Incluso la antigua trama Filesa (PSOE), donde un exsenador y un diputado mandaban las comisiones directamente allí; o los inspectores de Hacienda del caso Huguet-Aguiar en 1999, cuando el entonces delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña, Ernesto Aguiar, y el exjefe regional de Inspección Josep María Huguet recibían cantidades millonarias en Suiza por trabajos para empresas de Javier de la Rosa.

José María Mollinedo, hoy presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, recuerda cómo, destinado en el equipo de estos inspectores, se sintió utilizado: “Nos amedrentaban para que sancionáramos a la mínima y descubrimos luego cómo Javier de la Rosa les pagaba favores en Suiza.

 Nunca imaginamos que los jefes de la recaudación en Cataluña fueran los jefes del fraude. Magdalena Álvarez, entonces máxima responsable de la Agencia, lo dejó en manos de la Justicia sin ir más allá. Los trapos sucios de Hacienda suelen quedarse dentro, sin lavar”.

Con el grifo del crédito abierto, las prácticas de Bárcenas camparon por los municipios controlados por el PP. Arturo González Panero, diez años alcalde en Boadilla del Monte en la dorada época del boom. Sin estudios, pasó de los boy scout a la concejalía de Deportes y de ahí a la alcaldía en 1999. 

El Albondiguilla, alias recogido en las grabaciones, concedió más de 100 millones de euros en obras a Teconsa, FCC, Sufi, Hispánica, UFC…, núcleo duro de las empresas donantes del PP, lo equivalente a dos veces el presupuesto anual completo del municipio adjudicados enteros a la trama. A Guillermo Ortega, El Rata para sus amigos, su último trabajo conocido antes de ser alcalde fue de estanquero frente al consistorio de Majadahonda. Años después, tenía tres cuentas en Suiza.

Benjamín Martín Vasco, exdiputado de Esperanza Aguirre, que habría cambiado un pelotazo en Arganda por unos ahorros transferidos de Miami a Suiza ocho días después de ser acusado por Baltasar Garzón de cobrar 150.000 euros en comisiones. 

Y Alberto López Viejo, favorito de la expresidenta de Madrid, hizo lo propio a través de las contratas de basura. Políticos sin oficio que, a cambio de engrasar las arcas municipales del partido, abrieron su vía de financiación particular. El estallido de la burbuja ha sacudido los pilares de las instituciones claves del Estado. Y tras el polvo, de todo. 

Desde políticos-empresarios y cargos venidos a más hasta los tótems morales de la construcción nacional, defensores de la Patria, artífices del statu quo a quienes una corrupción casi nunca les parece para tanto. A Suiza han llegado las herencias del Molt Honorable expresident Jordi Pujol, Artur Mas y su Majestad; además de la estirpe de hijos y yernos que han campado por el erario protegidos por la familia.

A la sombra del saqueo valenciano y balear estaban Diego Torres y Iñaki Urdangarin, acompañado por la infanta Cristina. Su capítulo helvético es igual de sencillo, igual de presuntamente burdo. La cuenta investigada recibía dinero desde otra radicada en el mismo país y donde una empresa participada por Aguas de Valencia ingresó 375.000 euros. 

La asistente del duque, Julita Cuquerella, cual gestora suiza, llegó a apuntar a mano: “Me pide [Iñaki] que te copie el siguiente número de cuenta. Que tú ya sabes para qué es”. Era del Credit Suisse, en Lausana. 375.000 euros por mediar ante un magnate afgano por trabajos nunca realizados. 

Como es habitual, desvinculó a su esposa. Según las declaraciones de los implicados, sólo era el escudo fiscal, la presencia de la hija del rey en Aizoon cual muro de contención para evitar inspecciones de Hacienda, como así ocurrió. El impacto social del caso Nóos recayó en la codicia más que en la cantidad, en ese mirar hacia otro lado del rey y el ímpetu de Hacienda y la Fiscalía por preservar a la infanta. Una defensa a ultranza similar a los años de Banca Catalana con una diferencia: los escudos del Estado han perdido la inmunidad ante la opinión pública.

Podríamos seguir. No hay institución sin su escándalo suizo. Son casos protegidos por los silencios cómplices –es decir, intereses– que ahora se desmoronan con el estruendo de la crisis política española.

La saga de los Pujol dejará trazos parecidos a la Gürtel. Pero lo más relevante será ver a los dirigentes de la moralidad frente a la nueva configuración de Cataluña. Treinta y cinco años de engaño fiscal, aún sin que Pujol haya confesado la cantidad, dan para mucho.

 Como a los Bárcenas, las declaraciones de la renta les salen a devolver y las primeras cuentas datan de los ochenta, con Marta Ferrusola de titular e hijos. 227.000 euros en efectivo sacados entre 2011 y 2014 podrían ser la escarcha del iceberg. 

Y Pujol Ferrusola Junior podría estar a la altura del juzgado número 5 de la Audiencia: 32 millones de euros moviéndose por 13 paraísos en ocho años a través de al menos cinco sociedades; pagos de 30 empresas de hasta 12 millones; sobornos, extorsiones, falsas asesorías. Veremos dónde queda el origen de las herencias, el “problema del 3%” de los contratos públicos para Convergència y los supuestos desvíos a Pujol.

Esta vez, serán los catalanes quienes arrebaten la senyera a quienes tantos negocios parecen haber tapado con ella. Y, al tiempo, no permitirán al Gobierno instrumentalizar la corrupción, es decir, vincular el futuro de los frentes judiciales de la familia del expresident a la presión de Cataluña para llevar a cabo la consulta. Instrucción por un lado, política por otro.

5.2.14

El 'bárcenas' de Merkel habría utilizado empresas fantasmas para esconder 400.000 euros

"El tesorero del partido de la canciller alemana Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), está en el punto de mira por, presuntamente, haber escondido hasta 400.000 euros en empresas fantasmas de paraísos fiscales.

La revista alemana Stern señala que Helmut Linssen realizó ingresos entre 1997 y 2004 en una cuenta de un banco luxemburgués a nombre de una empresa tapadera con sede primero en Bahamas y después en Panamá. 

 De acuerdo a la publicación, las autoridades tuvieron conocimiento de la cuenta sospechosa en 2010, gracias a un CD que compró el Land de Renania del Norte-Westfalia, donde Linssen había ocupado el cargo de ministro de Finanzas.

Según Stern, en 2012 se abrió un procedimiento penal contra él, pero no fue inculpado porque, al haberse cancelado la cuenta en 2004, el presunto delito había prescrito, por lo que Linssen sólo tuvo que pagar por los intereses del periodo entre 2001 y 2005. El tesorero por su parte ha explicado que el dinero procedía de la herencia de sus padres, por la que ya había pagado impuestos, y que no obtuvo ningún beneficio. (...)

La información se une al goteo de presuntos casos de evasión de impuestos de conocidas personalidades alemanas publicados en los últimos días. El lunes dimitió el secretario de Estado de Cultura de Berlín, el socialdemócrata André Schmitz, tras revelarse que tuvo una cuenta en Suiza con cerca de medio millón de euros. 

 Poco antes se había sabido que Alice Schwarzer, una de las principales feministas del país, había confesado a la justicia que desde los años ochenta mantuvo fondos en el país helvético."             (Público, 05/02/2014)

7.6.13

El PP extiende a toda España la creación de asociaciones satélite para camuflar subvenciones

"El pasado mes de mayo ELPLURAL.COM que el Partido Popular de la provincia de Alicante habría constituido asociaciones tapadera con el objetivo de que no exista ningún control sobre sus cuentas y salir así indemnes del estudio que anualmente realiza el Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de todos los partidos políticos. En concreto, este periódico constató posibles irregularidades en los municipios de Benidorm, El Campello y Elda. Unas irregularidades que de confirmarse, desde el Partido Socialista aseguran que constituirían una especie de “red Gürtel a nivel local”.

Este lunes, la revista Interviú ha retomado la investigación iniciada por ELPLURAL.COM afirmando que esta peculiar forma de proceder no se circunscribe únicamente al Partido Popular de Alicante. De hecho, el semanario que edita el Grupo Zeta sostiene que aunque el Partido Popular está obligado a tener un CIF único para todas sus actividades (tal y como se requiere en la Ley de Partidos), los populares han creado una red de asociaciones por toda España para organizar actos y cobrar las subvenciones y cuotas de sus militantes.

Sería en la Comunidad Valenciana donde el Partido Popular tendría más extendida esta práctica, existiendo en la actualidad una veintena de localidades como Elche, Elda, Benidorm, Agost, Xábia, El Verger, Dénia, Gandía, Ontinyent, Algemesí o Alberic donde se han creado asociaciones vecinales vinculadas directamente con el PP que reciben donaciones y financiación pública al margen del Tribunal de Cuentas.

Aunque la falta de unidad en los registros de asociaciones hace muy complicado identificar el número exacto de satélites que orbitan en el entorno del PP (y sobre todo, el dinero que ha podido escapar del control del Tribunal de Cuentas), desde Interviú se identifica como una práctica generalizada lo que ocurre en Alicante. Para ello, la publicación expone que la sede del Partido Popular de Gijón tiene su domicilio en una ONG contra la violencia de género, o la proliferación de asociaciones que bajo la nomenclatura oficial de Nuevas Generaciones se han constituido a lo largo y ancho de toda España.

Y es que aunque fue ideada como una sección juvenil para los afiliados dentro del Partido Popular, a través de la extensión de esta práctica Nuevas Generaciones se ha convertido en más de una treintena de municipios en organizaciones juveniles independientes que, para Hacienda, nada tienen que ver con el PP. Así se ha producido en Burgos, Zaragoza, Ibiza, Murcia, Zamora, Salamanca, Córdoba, Gandía o Granada.

Pese a todo, los casos más llamativos siguen guardando relación con los desvelados en su día por ELPLURAL.COM. Entre todos destacan lo acaecidos en El Campello -donde el Partido Popular cobra las cuotas a sus afiliados a través de la Asociación de Amigos de la Música-, en Elda –donde el PP ha sido denunciado por contratar a un trabajador para la “Asociación Popular de Elda” sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social-, y en Elche –donde el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha acudido a la justicia por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias-."           (El Plural, 03/06/2013)

5.2.13

Los principales procesos de corrupción con investigación en curso. Procesos abiertos en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia

"ANDALUCÍA

ASTAPA (Estepona): El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y varios miembros de la corporación municipal han sido acusados de falsedad en documento público y blanqueo de dinero. Barrientos pasó seis meses en prisión preventiva por estos delitos. Se investiga el posible blanqueo de 8 millones de euros y el juez bloqueó 40 millones a los imputados, que suman un total de 109 y 120 sociedades mercantiles.

ERE: El caso Mercasevilla destapó este escándalo en el que una partida de 647 millones de euros destinada a ayudar a empresas en crisis sirvió para la inclusión de más de 120 intrusos que cobraban prejubilaciones sin tener derecho a ellas. También se concedieron grandes sumas de dinero en ayudas a empresas, principalmente en la sierra norte de Sevilla, zona de origen del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Entre los imputados y beneficiarios están varios alcaldes del PSOE y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. De los 647 millones, al menos 85 habrían sido defraudados.

MALAYA (Marbella): Se trata del mayor caso de corrupción en el seno de un ayuntamiento. Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento a las órdenes de los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, gestionaba una red de licencias y favores urbanísticos a cambio de cuantiosas comisiones. El dinero defraudado asciende a más de 240 millones de euros.

MERCASEVILLA: El ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y los ex directivos del mercado central de Sevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, han sido condenados por cohecho por una petición de soborno de 300.000 euros a dos empresarios a cambio de una subvención para una escuela de hostelería.

OPERACIÓN PONIENTE (El Ejido): El ex alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL, una escisión del PP), está acusado por malversación de fondos públicos. La trama giraba en torno a la empresa municipal Elsur. La operación se cerró con la detención de 20 personas por irregularidades de al menos 93 millones de euros.

BALEARES

PALMA ARENA: Macrocausa judicial con 27 piezas abiertas a raíz del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena y que afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007). En ella están imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas también es investigado por el caso Ibatur, trama de desvío de dinero del Instituto Balear de Turismo, entre otros casos.

NÓOS: Una de las piezas separadas del Palma Arena incluye la imputación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, el juez debe decidir sobre la petición de fianza civil del fiscal cifrada en más de8millones de euros. El fiscal acusa a los responsables de Nóos de delitos de malversación, falsificación, prevaricación y delito fiscal, entre otros. OVER: investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear entre 2003 y 2007 mediante contratos irregulares con la empresa de publicidad Over Marketing.

UNIÓ MALLORQUINA: La antigua cúpula de UM tiene varios procesos abiertos. El juez de Palma investiga a los dirigentes del partido por asociarse ilícitamente para obtener comisiones de contratos públicos en varias instituciones. En el caso Can Domenge, se indagan supuestas irregularidades en la venta de un solar público del Consell de Mallorca, dirigido entonces Maria Antònia Munar fue condenada a cinco años y medio de cárcel. Ha recurrido la sentencia ante el Supremo.

VOLTOR: caso con varias piezas en que se indagan supuestos desvíos de fondos entre el 2003 y el 2011 por parte de miembros de UM, entre otros casos.

ANDRATX: caso dividido en 70 piezas que investiga delitos de corrupción relacionados con el urbanismo del municipio mallorquín.

CASTILLA-LA MANCHA

CCM: El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó en octubre la investigación sobre la gestión de la anterior dirección de Caja Castilla- La Mancha en la que supuestamente se aprobaron hasta veinte préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros. La causa se abrió en diciembre del 2010 contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

CATALUNYA

PALAU: Félix Millet y Jordi Montull están acusados del saqueo del Palau de la Música que en la instrucción se cifra en más de 32millones de euros. Según las investigaciones (entrada de los Mossos en el Palau en julio del 2009), Millet presuntamente recibía comisiones de constructoras a cambio de influir en la concesión de concursos públicos de los gobiernos de CiU. Convergència mantiene su sede embargada por orden judicial al estar considerado este partido responsable a título lucrativo del desvío de 3,3 millones del Palau de la Música. En una causa paralela, están imputados ex altos cargos del PSC por la permuta de fincas con Millet para la construcción de un hotel frente al Palau.

MERCURIO: La 'operación Mercurio' apartó del cargo al emblemático alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y al número dos del partido, Daniel Fernández. Al primero se le achaca malversación y al segundo tráfico de influencias. El juez investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de servicios públicos en la ciudad en la que están imputados el hermano, el tío y la pareja de Bustos, además de empresarios.

ITV: empresas vinculadas en el caso Campeón acabaron por conducir a una investigación judicial ya abierta en Catalunya sobre una una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales que obran en el sumario, Oriol Pujol era el contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red. Pujol no ha sido citado a declarar.

PRETORIA: A la espera de que se concluya la investigación y con más de la mitad de los imputados iniciales ya sin acusación en la causa, el caso Pretoria reveló supuestas tramas de corrupción con Santa Coloma de Gramenet como eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el exconsejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra y el ex secretario general de la Presidència, Lluís Prenafeta, estuvieron en prisión preventiva.  

GALICIA

CAMPEÓN: Juzgado de Lugo y Tribunal Supremo. Se investiga la trama de subvenciones y comisiones ilegales cobradas y pagadas por el empresario del sector farmaceútico Jorge Dorribo. Principales imputados: el exministro José Blanco (PSOE), el ex onsejero gallego Fernando Blanco (BNG) y el exdiputado autonómico Pablo Cobián (PP), así como varios altos cargos de la Xunta actual (PP). De este sumario derivó el de las ITV de Catalunya.

POKÉMON: Juzgado de Lugo. Se indagan las posibles comisiones ilegales pagadas por el grupo Vendex a cambio de concesiones municipales, así como una red de enchufes en contrataciones. Están imputados los alcaldes de Lugo (PSOE) y Santiago (PP), así como los ya exalcaldes de Ourense (PSOE) y Boqueixón (PP) y un concejal del BNG de Ourense. La juez también investiga al Ayuntamiento de A Coruña.

BALTAR: Juzgado de Ourense. Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarón del PP de Ourense, José Luis Baltar, por efectuar un centenar de contrataciones en la Diputación en vísperas del congreso provincial del PP del 2010 que ganó su hijo.

MADRID

GÜRTEL (rama madrileña): La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del PP a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes del PP de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fue organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

BÁRCENAS. La investigación sobre el caso Gürtel llega hasta el tesorero del PP el 2009 por un supuesto cobro de 1,3 millones. Tras un archivo provisional y pasar por tres jurisdicciones diferentes, la Audiencia Nacional ha recibido información sobre depósitos por valor de 22 millones en cuentas en Suiza a nombre de Luis Bárcenas que fueron vaciadas al ser imputado.

CONDE ROA: Juzgado de Santiago. Este exalcalde de Santiago, del PP, está siendo investigado por un delito fiscal, por apropiarse del IVA de su constructora y tiene otro sumario pendiente por posible corrupción en un contrato municipal.

MURCIA

UMBRA: El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga delitos de malversación, blanqueo, cohecho y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio. También están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.

VALENCIA

GÜRTEL (rama valenciana): Incluye varias instrucciones en Valencia. El caso de los trajes, ya juzgado y que provocó la caída de Francisco Camps; la pieza separada del caso FITUR, por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez; y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

COOPERACIÓN: Sobre el desvío en beneficio de una trama mafiosa de ayudas de la Generalitat Valenciana al Tercer Mundo. Hay 27 imputados, entre ellos el exconseller de Cooperación y hombre fuerte del PP valenciano, Rafael Blasco, dos altos cargos de la Generalitat Valenciana y un empresario en prisión.

EMARSA: Sobre el saqueo de 25 millones de euros a la empresa gestora de la depuradora de aguas de Valencia. Están imputados el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, el popular Enrique Crespo, entre otros.

BRUGAL: Sobre la presunta trama de concesión irregular de la gestión de basuras en la provincia de Alicante. En esta instrucción está imputado el expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes; en total más de 30 militantes del PP alicantino. En pieza separada, sobre la modificación del PGOU de Alicante, están procesados la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y también diputado autonómico, Luís Díaz Alperi.

NÓOS (conexión valenciana): El juez que investiga el caso Nóos ha abierto pieza separada sobre los contratos del Instituto que dirigía Iñaki Undargarin con la Generalitat Valenciana para realizar varios actos. De momento, no hay ningún cargo del PP valenciano imputado.

CARLOS FABRA: La justicia ha procesado al expresidente de la Diputación de Castellón por varios delitos contra la administración pública. Está a la espera de la apertura de juicio oral por una de las causas. "         (La Vanguardia, 20/01/2013)

30.1.13

Más de 200 cargos políticos están imputados en cinco comunidades

"Los cargos políticos implicados en causas de corrupción suman más de 200 en solo cinco comunidades y evaluando únicamente los casos más destacados.

Políticos acusados de corrupción ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas.

No tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupción alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayoría de ellos ya no cobra un sueldo público. 

 Aún así, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el número de populares salpicados por corrupción.

Por detrás, se sitúa la extinguida Unió Mallorquina, con cerca de 40 implicados. La tercera fuera política en el terrible ranking de la corrupción es el PSOE que, junto a los cargos del PSC imputados, supera la treintena.

 Al margen de Cataluña, Andalucía es la comunidad en la que hay más políticos socialistas implicados en casos de corrupción, comunidad en la que también se pueden encontrar concejales y alcaldes de IU que incluso ya han sido condenados.

También son numerosos los cargos públicos afiliados a partidos independientes que han acabado formando parte de un sumario. Ocurrió con el GIL en Marbella.
 
El origen de los casos más sangrantes es también de lo más diversa, aunque comunidades como la valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña y Galicia están especialmente señaladas. 

También en Madrid, uno de los mayores escándalos de la democracia, el caso Gürtel, salpicó el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre y cuatro ayuntamientos de los que ya han salido los implicados que, años después de que se destapara la trama corrupta, aún están siendo investigados.

Pero las islas son especialmente atractivas y solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias.

La presunción de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayoría de los casos y el carácter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el español es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes públicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite.

Por ejemplo, pese a la extensa y, en algunos casos antigua, lista de presuntos corruptos de Baleares, solo hay cuatro políticos en la cárcel (3 del PP y uno de UM). Y las sentencias condenatorias apenas suman la veintena entre las seis comunidades más señaladas y los casos analizados, incluidos los indultos.

La lucha contra la corrupción y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas están en el discurso de todos los partidos. Se aprobaron y enarbolaron códigos éticos que se incumplieron sistemáticamente y la presencia de imputados, incluso condenados, en las filas de un partido se ha mantenido porque tampoco provoca, en la mayoría de las ocasiones, un castigo electoral. 

De hecho, una encuesta del CIS de 2011 desveló que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido más implicado en casos de corrupción y meses más tarde obtuvo una rotunda mayoría absoluta.

El Gobierno, el primero en la historia, ha decidido poner en marcha una Ley de Transparencia. La obligación de hacer pública mucha de la información que, de hecho, es pública, supondrá algún obstáculo más a salvar para los corruptos. Pero no es el remedio a todos los males.

El último gesto en el Congreso contó con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este último partido que exigía “cuanto antes” acometer las reformas legales necesarias para que la acusación formal por un delito relacionado con la corrupción fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

 Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Otra posibilidad sería un método con el que dictar una suspensión cautelar del cargo público, como se realiza en los partidos o para los funcionarios, incluidos los jueces, aunque eso supondría profundos cambios en la ley electoral.

 Y hay maneras intermedias, como la de la expulsión del partido o el grupo al que pertenecen los encausados o su arrinconamiento político, que no siempre se llevan a cabo y que demuestran que, dependiendo de quién y dónde, existe una doble vara de medir. Solo se ve la paja en ojo ajeno

El caso es que la corrupción está estancada en las instituciones y que, en un plazo de seis meses, se verá adónde ha llegado este estudio y análisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos. ¿Será bastante?"            (El País, 10/01/2013)

19.9.11

Chirac y Villepin, acusados de recibir fondos ilegales de Estados africanos

"A siete meses de la cita de mayo, Bourgi ha concedido una entrevista al Journal du Dimanche en la que acusa al expresidente Jacques Chirac y al ex primer ministro Dominique de Villepin de haber recibido "maletas llenas de dinero" procedente de diversos países y dirigentes africanos. En total, según Bourgi, cerca de 20 millones de dólares que habrían servido para financiar las campañas electorales del centro-derecha en los años noventa.

"Yo mismo vi a Chirac y a Villepin contar los billetes", afirma el abogado. Tanto el ex presidente Chirac, inmerso estos días en un juicio por corrupción, como su delfín Villepin han replicado a las acusaciones con sendas querellas por difamación, y el segundo ha calificado las imputaciones como "puras fantasías". Pero, lejos de remitir, el caso no ha hecho sino crecer con las horas, y el relato del abogado franco-libanés se alargó ayer a otras épocas y otros altos líderes políticos.

Bourgi explicó en televisión que el sistema de financiación política ilegal con fondos ocultos inyectados por Gobiernos africanos ha funcionado en Francia "desde los tiempos de Pompidou, Giscard d'Estaing y Mitterrand", y acusó también a Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional, de haber recibido fondos de reptiles de las excolonias.

El repentino estallido del caso y la penosa imagen de las maletas llenas de dólares llevó ayer a Le Monde a preguntarse en un editorial si la V República no debería empezar a ser definida como "una República bananera"; de momento la fiscalía no ha abierto ninguna investigación oficial, pese a que la oposición y el propio diario parisino lo reclaman con insistencia."     (El País, ed. Galicia, 13/09/2011, p. 6)
 

25.4.11

El Consejo de Europa suspende a España (en corrupción) por la oscura financiación de los partidos

"Expertos europeos consideran que España no ha avanzado lo suficiente en la transparencia de las finanzas de sus partidos políticos. Los préstamos de los bancos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una fórmula muy criticada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa.

los expertos consideraron que había todavía algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos.

Uno de ellos era la opacidad de las cuentas de las agrupaciones locales, sobre todo en municipios de más de 20.000 habitantes. El informe señalaba la existencia de "malas prácticas" en un punto en donde "los riesgos de corrupción son particularmente altos", teniendo en cuenta además que, según los informes del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos proviene de sus sedes locales.

Otros aspectos muy criticados eran los relacionados con la ausencia de información sobre las fundaciones vinculadas a partidos y las deudas de estos con las entidades de crédito. El informe consideraba que las formaciones españolas estaban en una posición muy vulnerable/dependiente de los bancos. Sus deudas en 2005 ascendían a 144 millones en créditos. Por tal motivo, el documento concluía con seis recomendaciones que España debía aplicar en su legislación.

Dos años después, los expertos concluyen en un nuevo análisis que ninguna de sus seis recomendaciones se han cumplido "satisfactoriamente". La nota es pues un suspenso.

El GRECO pone especial atención en el endeudamiento de los partidos. Las advertencias del Tribunal de Cuentas no tienen carácter vinculante, señala el informe, y no hay datos suficientes como para concluir que el nivel de endeudamiento se haya reducido. (...)

De hecho, el Tribunal de Cuentas no ha podido cruzar datos con el Banco de España: "Nos ha negado información sobre los créditos de los partidos", señalan fuentes de dicha institución. El Tribunal de Cuentas se ha quejado reiteradamente de recibir datos parciales sobre los ingresos procedentes de las fundaciones: "Si no podemos analizar la contabilidad de las fundaciones vinculadas y solo los ingresos que den a los partidos", afirman dichas fuentes, "no podemos conocer toda la realidad".(...)

La segunda recomendación estaba relacionada con los ingresos de las sedes locales de los partidos. Eran opacos en 2009, y lo siguen siendo en 2011: "No hay evidencia de que haya aumentado la transparencia respecto de los ingresos y los gastos de las sedes locales y entidades vinculadas". (...)

Cuarta recomendación: los expertos señalaban que los partidos carecían de un control interno de sus finanzas y no realizaban auditorias externas. El Tribunal de Cuentas, en un informe del 22 de junio de 2010, recomendaba a los partidos que establecieran sistemas de auditoria interna. A pesar de ello, el GRECO concluye que no hay evidencias de mejora en ese aspecto.

Las dos últimas indicaciones fueron atendidas solo parcialmente. Una hacía referencia al Tribunal de Cuentas y a la necesidad de reforzar sus medios y el personal necesario para llevar a cabo el trabajo de inspección. Tras su visita a España, los expertos destacaron que solo se había contratado a una persona para aumentar la plantilla de dicha institución.

Por último, demandaban una normativa sancionadora en la materia para los casos de incumplimiento. "El Tribunal de Cuentas ha presentado algunas propuestas que han sido aceptadas", concluye al respecto el informe." (El País, 25/04/2011)

9.12.10

La mala imagen de la clase política catalana. La mayoría de los ciudadanos les acusan de ser corruptos y poco honestos

"Un barómetro de la Oficina Antifrau denota la poca confianza que tienen los ciudadanos hacia la honestidad de políticos y funcionarios. En primer lugar, el 60,5% denuncia que en Cataluña hay "mucha o bastante" corrupción.

Además un 53% consideran que la corrupción ha aumentado en Cataluña en los últimos años, mientras que un 34,3% cree que se ha mantenido. Sólo un 27,5% cree que la corrupción disminuirá en los próximos años. El 78,8% señala que la corrupción es un problema "bastante o muy grave" en Catalunya.

Por otra parte, un 46,7% afirma que en Cataluña hay la misma corrupción que en el resto de España, mientras que un 40,5% considera que hay menos.

En cuanto a los políticos, sólo un 14,6% cree que se presentan a unas elecciones para defender los intereses de los ciudadanos. Otro 16% indica que se presentan por la posibilidad de luchar por sus ideales.

Sin embargo, la mayoría denuncia que se presentan por intereses personales. Así, un 42,9% lo atribuyen al poder y la influencia que se obtiene a través del cargo, y un 21,7% a la posibilidad de enriquecerse personalmente.

Más de la mitad de los ciudadanos, un 52,7%, perciben que los partidos siempre o casi siempre se financian ilegalmente. Un 67,8% denuncia que los políticos son poco o nada honestos. Finalmente, el 71,6% cree que las administraciones públicas catalanas son poco o nada transparentes." (e-notìcies, 09/12/2010)

11.11.10

"¿Por qué los partidos solo nos ponemos de acuerdo para ayudar a las constructoras y compensar sus pérdidas y no lo hacemos con las de otros sectores?

"El año pasado solo hubo una enmienda a los Presupuestos pactada entre el PSOE, el PP y CiU: conceder 250 millones en créditos a las constructoras que son concesionarias de autopistas de peaje. Es decir, solo hubo un asunto en el que los tres principales partidos se pusieron de acuerdo.

Ahora la situación volverá a repetirse y a PSOE, PP y CiU les volverá a unir el apoyo a esas empresas, sobre las que siempre se ha tejido la leyenda de ser los que financian a los partidos. No habrá acuerdo sobre ningún otro sector o apartado de los Presupuestos." (El País, 08/11/2010, p. 22)

29.1.10

El Tribunal de Cuentas pide sanciones a Unió por aceptar donaciones ilegales



"El tribunal explica las razones. Las donaciones recibidas por este partido ascienden a 1.611.800 euros, de los que 60.101,21 corresponden a donativos nominales de personas jurídicas y, el resto, 1.551.698, a donativos anónimos. Todas esas aportaciones se han realizado a través de una cuenta corriente abierta para esa finalidad (es decir, para recibir las donaciones opacas) como obliga la ley. "Se han recibido por caja 260.200 euros, lo que incumple la obligación de que este tipo de ingresos se abonen exclusivamente en cuentas de entidades de crédito específicas".

Dicha cuantía se desglosa en tres partidas registradas en concepto de donativos anónimos, "de la que hay que destacar una por importe de 196.000 euros, que sobrepasa la cuantía de 60.101,21 euros que establece la ley para las aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica". La cantidad de la sanción se obtiene de restar los 60.101,21 euros que permite la ley a los 196.000 recibidos y multiplicar por dos la diferencia. Ése es el castigo.2 (El País, ed. Galicia, España, 28/01/2010, p. 16)

9.11.09

Las donaciones a la fundación de Unió se multiplicaron por 40 en dos años



"El Congreso de los Diputados prohibió solemnemente en 2007 las donaciones anónimas a los partidos políticos que durante años llenaron las arcas de muchas formaciones, especialmente el Partido Popular, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. La ley trataba de dar mayor transparencia a la financiación de los partidos y pretendía acabar con las sospechas de que las donaciones anónimas, lejos de ser altruistas, buscaban favores políticos.

Pero algunos hallaron rápidas soluciones a la mengua de ingresos. Así se desprende al menos de las cuentas de la fundación Miquel Coll i Alentorn, vinculada a Unió Democràtica, que vio multiplicados por 40 sus donativos tras la aprobación de la ley. Y es que el texto sólo prohíbe los donativos anónimos a los partidos, no a las fundaciones de éstos.

Así, una fundación con escasa presencia pública, con sólo siete personas en plantilla, y que en 2006 apenas recibía 30.000 euros en donativos particulares vio incrementar sus ingresos por la vía de donativos hasta 1,2 millones de euros. Eso son 40 veces más en sólo dos años. Estas donaciones privadas suponen el 85% del total de los ingresos de la fundación en 2008. El resto procede mayoritariamente de subvenciones públicas. En las cuentas de la fundación aparece a su vez una transferencia de 100.000 euros a Unió Democràtica de Catalunya, el partido de Josep Antoni Duran Lleida. Se da la circunstancia de que 2008 fue año electoral, en el que Duran fue candidato de Convergència i Unió a las elecciones generales.

El caso de Unió es singular entre los partidos catalanes. Convergència, su socio de federación, vio crecer sus aportaciones ya en 2006, un año antes de la prohibición de los donativos anónimos a partidos. Iniciativa per Catalunya, el otro partido con muchas donaciones a su fundación, se justifica recordando que todos sus cargos institucionales donan al partido el 20% de su sueldo." (El País, ed. Galicia, España, 05/13/2009, p. 13)

21.10.09

20 Tres constructoras que financiaron la Trias Fargas acapararon las obras públicas

"Las constructoras Comapa/Copisa, Natur System y Rehac, que se hicieron con el 28,5% de los contratos de obras de la empresa pública Adigsa entre 1999 y 2004 por un total 35,1 millones de euros, realizaron sustanciosas subvenciones a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència.

Concretamente, según ha publicado El País este sábado, Comapa, donó 60.000 euros; Rehac, 48.000, y Natur System, 20.622 euros.

Además, un juez está investigando a Adigsa porque durante la época del Gobierno de CiU se produjeron desviaciones de hasta el 80% sobre los presupuestos. La fiscalía inició el proceso tras la polémica del 3%, cuando en enero de 2005 Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones en la obra pública." (lavozdebarcelona.com, 20/10/2009)

6.10.09

El "oasis catalán" se enfanga... de arriba abajo...

"Enric Hernàndez Llorente, director adjunto de El País-Cataluña, el 4 de octubre de 2009:

‘Por frustrante que sea para la autodenominada “sociedad civil catalana”, antaño llamada burguesía, el descubrimiento en forma de serial periodístico del pillaje sistemático y masivo perpetrado en el Palau de la Música tiene un efecto benéfico para Cataluña: la temporal destrucción del mítico “oasis catalán”, ese cenagal de resabios sicilianos donde la corrupción se consiente y se premia el silencio cómplice. Mucho se ha escrito aquí y en Madrid, a raíz de los casos de corrupción que salpicaron a CiU en la era pujolista, acerca de la supuesta omertà imperante en la biempensante Cataluña. El propio Pasqual Maragall alimentó el tópico al sugerir en el Parlament, sin pruebas ni el menor propósito de buscarlas, que la federación nacionalista se agenciaba desde la Generalitat comisiones del 3% sobre el importe de las adjudicaciones públicas.

Pero ese oasis cuya frondosa vegetación encubría las miserias patrias no ha aflorado (por ahora) en el caso Palau. Y eso que Fèlix Millet y sus abogados se han empleado, a fondo pero por ahora sin éxito, en la empresa de enterrar tan enojoso asunto. Por carta o de viva voz, han amenazado genéricamente a todos los partidos (en público) y a ciertos dirigentes de CiU (en privado) con desvelar ante el juez las comisiones pagadas a políticos a cambio de las ayudas públicas que recaudaba el Palau’." (lavozdebarcelona.com, 04/10/2009)

Yo soy un patriota, no un corrupto... que también

Arcadi Espada, escritor y periodista, el 3 de octubre de 2009 en El Mundo:

‘Siendo esto del más grande interés perplejo no es comparable con la reacción que tuvo el señor Felip Puig, secretario general de Convergència Democràtica, al conocer las declaraciones de Colom: «Conociendo a Colom, que es una persona absolutamente transparente y con unas convicciones patrióticas intachables, tenemos la absoluta convicción de que ha actuado en todo momento según la legalidad vigente y no ha cometido ninguna irregularidad». Es una muy bonita vinculación de las convicciones patrióticas con la moralidad de ley. El patriota no delinque en ningún caso: sólo se expresa. El patriota es un artista. Un artista polanski’. (lavozdebarcelona.com, 06/10/2009)

6.9.09

El contable de Correa admite pagos de la 'caja B' de la trama al PP de Valencia

"La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección de los populares valencianos niega tales pagos.

El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". (...)

Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".

Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.

Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos." (El País, ed. Galicia, España, 06/09/2009, p. 17)

2.7.09

Las adjudicaciones a firmas afines al Bloque suman dos millones de euros

"Carrumeiro Media, SL, la empresa fundada por dirigentes del BNG que recibió 78 contratos por más de 1,1 millones de euros de las consellerías nacionalistas del bipartito, tiene una hermana gemela. Se trata de Laborgal, SL, creada en enero de 2007, con la que comparte sede en el número 73 de la Rúa da Xesta, en Milladoiro (Ames), y cargos directivos. Al igual que Carrumeiro, Laborgal también obtuvo cuantiosas adjudicaciones. Los departamentos de Vicepresidencia y Medio Rural, ambos en manos del BNG durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, le hicieron encargos directos por valor de 334.485 euros. Ambas firmas, junto a una tercera también relacionada, la UTE Benito España Vilacoba Vieito, tejen un entramado empresarial que facturó casi dos millones de euros a los departamentos del Bloque y sus organismos públicos. Las adjudicaciones a Laborgal y Benito España Vilacoba Vieito ascendieron a 659.428 euros.

El nexo de unión entre todas las sociedades es Artur Manuel Benito España, consejero delegado de Carrumeiro Media, una vez que los cargos del Bloque Nacionalista Galego, entre ellos el ex secretario de organización Alberto Ansede, desaparecieron del organigrama de la firma que habían fundado años atrás. Benito España, militante del BNG en Rianxo, es además el administrador único de Subministros Profesionais Laborgal, SL, que cohabita en la misma oficina de Carrumeiro, y que como ésta, recibió entre 2007 y 2008 encargos del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por un importe de 246.204,21 euros.

El presupuesto sale de sumar una veintena de contratos menores que el organismo adscrito a la Vicepresidencia de Anxo Quintana otorgó a Suministros Profesionais Laborgal a cambio de "vestuario de galescolas, lencería para residencias y diverso material con que dotar los centros Quérote". Las facturas, que oscilan entre 4.000 y 12.000 euros, tuvieron distintos objetos, como "el suministro de vestuario" para residencias, mobiliario de distintas oficinas e incluso "material farmacéutico para centros de día". (El País, ed. Galicia, Galicia, 29/06/2009, p. 1)