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31.8.22

Corrupción empresarial: en España se siguen sin pagar a loss trabajadores más de 320 millones de horas extra sin remunerar, lo que supone un perjuicio para la Seguridad Social de aproximadamente 750 millones

 "Que el mercado laboral español está gravemente enfermo y que perjudica seriamente a la salud y a las condiciones de las clases medias y trabajadoras ya es una obviedad. 

(...) el abuso empresarial del incumplimiento de la jornada laboral y el incremento exponencial de las horas extraordinarias no remuneradas.

El empresariado español es el único de Europa que valora como un elemento fundamental de valoración de su plantilla el «presentismo», es decir, que los trabajadores den horas de más sin ningún tipo de remuneración. El problema está en que, como ocurre en multitud de compañías, tanto en pymes como en grandes multinacionales, ese puesto de trabajo esté condicionado a dedicar más horas de las legalmente establecidas.

Esto supone un verdadero «robo» para las clases medias y trabajadoras y, sobre todo, para la Seguridad Social que deja de ingresar 750 millones de euros al año que cubrirían un 70% de las pensiones de un mes.

El «robo» del siglo

En España están verificados 320 millones de horas extra sin remunerar cada año, un número que va creciendo a un ritmo del 6%. Esta cifra supone que los empresarios «están robando» anualmente 2.500 millones de euros a las clases medias y trabajadoras de este país.

Según indica la legislación española, los empresarios no pueden obligar a sus trabajadores a realizar estas horas. Sin embargo, el sistema «son lentejas» es el que realmente se está aplicando en prácticamente todos los sectores productivos. Ni siquiera la implantación del control horario ha frenado que los empresarios sigan abusando y dejando de pagar a sus trabajadores 2.500 millones y 750 millones a la Seguridad Social.

Miedo empresarial a una Inspección de Trabajo eficiente

Hay sectores, además, que se presentan como mártires porque Inspección de Trabajo les sancione y, lo que es más grave, que sean los propios trabajadores los que se pongan en contra y reivindiquen la explotación laboral, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, con los «caseteros» de la Feria de Sevilla. (...)

Sin embargo, cada vez que se habla de aumentar la plantilla y los recursos de la Inspección de Trabajo para adecuarla a los estándares exigidos por la Unión Europea, las confederaciones de empresarios ponen el grito en el cielo y amenazan con paros patronales. Evidentemente, no quieren que haya un control sobre sus abusos porque les sale muy rentable. (...)"                  (José Antonio Gómez, Diario16, 11/04/22)

7.4.15

Directivos del carbón cotizan como mineros para lograr prejubilarse antes

"José Antonio Lamelas Pombriego es, a efectos del registro, apoderado de la mina de carbón Hijos de Baldomero García SA, en León. Sin embargo, para la Seguridad Social es un minero de primera, según documentos a la que ha tenido acceso este diario. Esto último le permitirá prejubilarse con unos 50 años con cargo al Ministerio de Industria.

José Antonio es hijo de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León y uno de los mayores empresarios del carbón. Otros dos hijos que han tenido cargos en sus empresas están ya prejubilados de la minería con 50 y 49 años y un cuarto cotiza como trabajador de interior. La empresa justifica que así da más seguridad a sus trabajadores por si hay un accidente.

Lamelas Viloria, un tipo impetuoso, de 79 años y de tradición minera, defiende esta práctica. “Mis hijos han pisado mucha mina. De siempre han estado con el carbón. Claro que tienen derecho”, explica en un despacho de Valladolid. Enseña una leve mancha negra en su mano, “es carbón incrustado”, y saca su carné de manejo de explosivos de 1968: “No todo el mundo viene de una estirpe minera de 112 años”.

El régimen de la minería establece una serie de coeficientes para que los mineros de interior se puedan prejubilar antes que otros trabajadores por trabajar en “circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad”. Fue aprobado en 1984 por la dureza del trabajo y para ir reduciendo la actividad minera. 

Al personal de interior con los trabajos más duros —picador, barrenista, ayudante de picador, ayudante de artillero...— se le asigna un coeficiente de 0,5. Por cada año trabajado reduce su edad de jubilación en medio año sobre los 55 a los que dejan de trabajar. Este grupo puede prejubilarse con 45 años si lleva 20 trabajados.

Fernando Óscar Lamelas Pombriego, hijo de Lamelas Viloria, tiene 49 años y es un minero prejubilado. Estuvo dado de alta en la mina Alto Bierzo como personal de interior. Fernando figuraba como administrador de esa mina, de la que su padre posee el 55%. Su sueldo no era el de un minero. Tenía un salario base de 1.024 euros al mes más una “gratificación voluntaria” de 5.825. En total, 7.200 euros al mes, según un informe del administrador concursal que lleva la firma.

Fernando se prejubiló en diciembre de 2012 y es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de León. La prejubilación máxima es de unos 2.500 euros al mes. Actualmente es gerente de un parque eólico y consejero de la inmobiliaria Gv Vilomon, del grupo Viloria. El patriarca esgrime que también pertenece al grupo de salvamento de mineros, “donde están los mejores”. “Está prejubilado, como es natural”, justifica: “Uno que nazca en Castilla no puede ser marinero. Fernando es ingeniero y terminó de director pero pisó mucha mina”.

Manuel Lamelas Viloria —Viloria a secas en el mundillo— es junto con Victorino Alonso uno de los grandes empresarios del carbón de León y defiende la herencia familiar. “De guaje yo iba a jugar al pozo y gracias a Dios que mis hijos han salido mineros”.

También está prejubilado el hermano mayor, Manuel, de 50 años, que fue consejero de Alto Bierzo mientras cotizaba como vigilante de primera. Ahora tiene 50 años y figura como apoderado o socio en una veintena de sociedades. “Claro que está prejubilado, ha pisado mina de todo”, recita el patriarca, que no duda en repasar la lista de sus hijos. Tiene siete, y seis han estado dados de alta en las empresas familiares.

En la otra mina del clan, Hijos de Baldomero García, figura como empleado Diego Lamelas Pombriego, que es administrador de varias empresas del conglomerado familiar. Diego, que es ingeniero industrial, también muestra una mancha de carbón en su mano. Sostiene que él tiene un coeficiente de 0,4, “como todos los ingenieros de la empresa”. 

Así puede adelantar su prejubilación en casi cinco meses por año trabajado. Admite que desciende al pozo una o dos veces por semana porque está en otras empresas y que le gustaría bajar más. “Si baja un día a la mina tercia el coeficiente reductor”, afirma el padre.

El decreto de prejubilaciones reserva ese coeficiente a “personal de interior que participa en las labores de arranque o avance de forma indirecta, significadamente mediante el manejo de explosivos, labores de carga y transporte del mineral”. Entre las categorías que incluye está la de “técnico o vigilante, en labores de arranque y preparación”. Jesús González Vizuete, abogado laboralista, da otra interpretación:

 “Los coeficientes de 0,5 o 0,4 son para gente que está permanentemente en el interior de la mina”. Diego no entra en eso: “Son interpretaciones de la ley que, obviamente, no voy a discutir”.

Además de los hijos también se han acogido a la prejubilación directivos. José Antonio Balín Taboada es apoderado y representante de Alto Bierzo ante el juzgado de Ponferrada que investiga un fraude millonario en el carbón. Cobraba 6.315 euros al mes y se prejubiló en octubre pasado.

Fuentes conocedoras de la empresa que piden el anonimato por miedo a represalias niegan que sean habituales de la mina. Un sindicalista admite que José Antonio, el que cotiza como minero de primera, baja a la mina cuando acude a Hijos de Baldomero.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, de Industria, paga las prejubilaciones pero apenas controla, según fuentes conocedoras del organismo. Un portavoz de Industria afirma que “el plan se está desarrollando sin incidencias”. Viloria sostiene que no hay fraude porque en el régimen de la minería la cotización es mayor que en el general. Sin embargo, las prejubilaciones corren en parte con cargo a Industria. Solo en el presupuesto de 2015 hay una partida de 271 millones de euros para prejubilaciones."         (   , El País, Madrid 23 MAR 2015)

26.12.13

Una juez impide investigar un nuevo caso de tráfico de fármacos en Galicia

"Los agentes antidroga de la Guardia Civil de Lugo tenían sólidas sospechas de lo que se iban a topar dentro del almacén de Celtifarma en Monforte, pero una juez recién llegada, Vanesa García de Paz, titular del número 2 de Instrucción, les negó la orden de entrada y registro, imprescindible para acceder a las instalaciones.(...) 

Según explican estas personas, la juez no solo no dio la orden de registro, sino que denegó la identificación del titular de una línea de teléfono a la que los agentes debían seguir el rastro para confirmar “los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento la comandancia de Lugo”. Y por si fuera poco, consideran que alguien aprovechó la información facilitada por los investigadores a los juzgados para alertar a los propietarios de la sociedad Celtifarma.

La misma sospecha la mantiene el grupo político Independientes de Lemos, que el viernes pasado publicó una nota en la que hablaba de un supuesto “chivatazo” y denunciaba que, tras denegar la juez el registro, “esa misma noche los propietarios de la empresa farmacéutica Celtifarma, SL, desvalijaron las instalaciones para borrar todas las pruebas posibles”. 

Los agentes querían descubrir si la empresa estaba cometiendo un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la salud, por tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Las mismas fuentes relacionadas con el caso explican que los psicofármacos que supuestamente se estaban mandando a terceros países desde Monforte contendrían “opiáceos” y que por eso la operación había sido encomendada al EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas).

 Dentro del recinto, un bajo con entrada por varias calles que ocupa casi toda una manzana en plena ciudad de Monforte, sospechaban que iban a encontrar grandes partidas de medicamentos adquiridos en España con subvención por oficinas de farmacia (supuestamente también de fuera de Galicia), listos para ser sacados del país y vendidos en Europa a un precio mucho más alto.

 Entre estas cajas preparadas para la exportación fraudulenta, el EDOA esperaba poder incautarse de miles de envases de medicamentos como el lorazepam y el alprazolam, muy demandados en el mercado negro, que servirían de prueba para imputar a los socios de la marca de tráfico de estupefacientes además del delito contra la Hacienda Pública.

La Guardia Civil seguía la pista de estas sustancias a raíz de una inspección administrativa que se llevó a cabo en una farmacia de Marín, presuntamente asociada en la comisión del delito con los dueños de la planta monfortina. Pero la Xunta llevaba todavía más tiempo detrás del rastro del almacén del que era administrador único el empresario Javier López Domínguez. 

En junio de 2012, la Consellería de Sanidade ya había acordado prohibir provisionalmente la actividad de Celtifarma y en cuestión de cuatro meses vio razones suficientes para abrir dos expedientes sancionadores a la firma. Como consecuencia, el Colegio de Farmacéuticos de Lugo enviaba una circular a todos los colegiados pidiéndoles que no realizasen transacciones con ese almacén.

A finales del año pasado, después de visitar la nave monfortina y encontrar indicios de su relación con la farmacia pontevedresa (más de dos mil envases de antidepresivos marcados con su nombre), un inspector de Sanidade con base en Vigo se presentaba en la botica y se precipitaban los acontecimientos.

 La titular de la farmacia le aseguraba, no obstante, que si sus medicamentos estaban en la nave de Celtifarma sería por error, porque la empresa lucense le había realizado en tiempos “servicios logísticos”: guardaba los fármacos en Monforte y se los iban enviando a través de Azkar a medida que los necesitaba, contó para defenderse.

También en aquellas fechas, con motivo de las dos investigaciones abiertas por la Xunta, el secretario general técnico de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, presentaba a Rocío Mosquera un motivo de abstención, por el que legalmente no podía asumir la instrucción de los expedientes a Celtifarma, y la conselleira se veía obligada a designar a otra alto cargo del departamento para el caso.

 La Xunta nunca quiso dar más detalles sobre el asunto amparándose en que el tema estaba “judicializado” (precisamente unas diligencias penales iniciadas en el Juzgado 2 de Monforte). Pero las mismas personas relacionadas con la investigación que fueron consultadas por este diario aseguran que “existía un interés muy grande en llegar al fondo del caso Celtifarma por parte, sobre todo, de la secretaria general de Sanidad”. 

Pilar Farjas era conselleira en 2011 y había sido llamada a declarar como testigo cuando cayó la trama de Nupel con el lucense Jorge Dorribo a la cabeza."                   (El País, 14/12/2013)

13.4.11

La Junta andaluza pagó al suegro de Arenas con el fondo para los ERE

"La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros.

Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que un juzgado investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

"El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...). Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons,

Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001.

El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde.

El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral.

Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados.

Garrigues cobró asimismo 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE de 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él tras 42 años como empleado.

"Son servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta asumió el pago", señalaron fuentes de Garrigues." (El País, 12/04/2011, p. 18)

26.3.09

Pobres y sin empleo, al menos 1.700 vecinos de una zona deprimida de Granada están implicados en un fraude de siete millones a la Seguridad Social

"Es el polígono de Almanjáyar, una zona al norte de Granada que esconde algunos de los barrios más deprimidos de Andalucía. Aquí, cientos de vecinos se han visto implicados en un fraude de más de siete millones de euros a la Seguridad Social orquestado por un empresario de la construcción que ofrecía, a cambio de dinero, contratos falsos para que los supuestos trabajadores pudieran después cobrar el paro. (...)

Hasta hace poco se acercaban al lugar camionetas para llevarse currantes a la recogida de la aceituna. Ahora ni eso. Muchos de los presentes han tenido que ir a declarar estos días por el fraude o lo harán pronto. Reconocen que les llamó el dinero fácil. Sólo había que pagarle a un tipo con maletín, estampar una firma en un contrato laboral y esperar un tiempo hasta empezar a cobrar el desempleo. El hombre del maletín es uno de los suyos. Nadie pronuncia su nombre. "No hay cárceles para meternos a todos", dice uno, socarrón. "Éste era un dinero limpio, sin maldades ni asesinatos. Cobramos un dinerillo para salir de la miseria", añade otro. Un tercero, en paro y con cinco hijos, pregunta: "¿Qué quiere el juez que hagamos, que le robemos a él?".

En realidad, lo que quiere el juez encargado de la instrucción, José Luis Ruiz, es desentrañar un fraude que hasta el momento asciende a más de siete millones de euros. "No recuerdo una trama igual, tan grande", dice Ruiz sobre el caso, en el que a 1.700 personas se les imputan delitos de estafa y falsedad documental. El juez investiga desde diciembre las 14 empresas vinculadas al presunto cabecilla, Carlos Ignacio Artero, en prisión preventiva, y a uno de sus socios.

Los investigadores descubrieron que estas empresas iban acumulando deudas por impago a la Seguridad Social hasta que acababan dándose de baja. Sus falsos empleados cobraban mientras tanto el paro. La trama está repleta de testaferros con antecedentes penales, sociedades fantasma y domicilios falsos. "Ha sido una sangría de dinero. Tiene que haber más casos", dice el juez." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 08/03/2009, p. 36)