El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos

 "El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.

El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.

Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una “represalia” por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió “presión” del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.

Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

Obligación de revertir las obras

La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.

El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de “ampliar” su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.

La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.

La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.

En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de “propietarios de toda la vida” en una manzana de marcado carácter residencial. “Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50”, añadía a esta publicación.

No consta otra petición de obras ni inspecciones

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.

Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.

Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información."                 (José Precedo / Diego Casado , eldiario.es, 18 de marzo de 2024)

Denuncian que en los últimos años se ha generalizado la persecución judicial a los periodistas y denunciantes de corrupción que resultan molestos para políticos, bancos y grandes empresas... Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes... Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias... El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción

 "Los últimos acontecimientos sociopolíticos en España han popularizado el término ‘lawfare’, que define una campaña de guerra jurídica mediante la instrumentalización de la justicia con acoso y persecución judicial, con apariencia de legalidad, para tratar de perjudicar y desprestigiar al adversario y con la finalidad coactiva de que desista de alguna actuación molesta.

La proliferación de acciones judiciales formuladas por bancos, grandes empresas y el establishment contra periodistas, abogados, activistas y denunciantes de corrupción por sus críticas públicas y denuncias de actuaciones irregulares se ha generalizado de tal forma que la Unión Europea se ha visto obligada a redactar una propuesta de Directiva contra las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (DECPP).

El año pasado infinidad de periodistas, abogados y denunciantes de corrupción han denunciado públicamente que han sido presuntamente represaliados, perseguidos judicialmente o coaccionados por denunciar actividades ilícitas de grandes empresas, políticos, jueces o empresarios.

Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes, entre ellos a su presidenta Ana Patricia Botín, por presunta manipulación de la junta de accionistas, intervención en la estafa piramidal de Madoff y otras actuaciones presuntamente ilícitas de los directivos del banco cántabro y miembros de la familia Botín que, supuestamente, habrían acarreado perjuicios a la entidad, a sus accionistas y clientes del banco.

El abogado ejerce la defensa de su cliente y de los intereses de los accionistas minoritarios ante los tribunales y en las juntas del Banco Santander, haciendo mención a esas presuntas actuaciones irregulares de la entidad financiera.

Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que, según fuentes consultadas por este medio, han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias por haber presentado varios escritos de recusación en los que se aportaba información en la que se expresaba el indicio de la supuesta existencia de cuentas bancarias que presuntamente podrían ser de miembros de la judicatura.

El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.  

Según ha podido saber este medio, el letrado habría solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid y a juzgados de lo Mercantil y de Instrucción de Madrid que llevasen a cabo una averiguación de esos presuntos hechos a través de la petición por parte de los magistrados de comisiones rogatorias a las autoridades y bancos extranjeros que permitiesen confirmar o negar la existencia de las cuentas bancarias. Los organismos judiciales se han negado a reclamar esa información.

Según el abogado, ante el presunto intento de represalia mediante ‘lawfare’ desencadenado por Banco Santander contra su propio accionista, éste se ha visto obligado a solicitar al Gobierno que proceda a aprobar una ley orgánica para amnistiar a todos los periodistas, abogados, comunicadores o denunciantes de corrupción que, como él, se ven a diario perseguidos por ejercitar el derecho de información o defensa con libertad de expresión en los medios de comunicación o en los tribunales.

En dicha petición, el abogado hace referencia a las distintas recomendaciones de organizaciones internacionales e iniciativas legislativas de los parlamentos español y europeo para la despenalización de los delitos de difamación y para la protección contra las demandas abusivas que las grandes empresas, poderosos y grupos de presión vienen instrumentalizando en los últimos años para acallar a informadores, alertadores, abogados y activistas denunciantes de corrupción que alzan la voz para denunciar actos irregulares y defender los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado que acusó a un juez de prevaricar dentro de una causa por estafa procesal. La sentencia del Supremo mantiene que el abogado, en el contexto forense y del derecho de defensa de un escrito en un proceso penal que no trascendió fuera del procedimiento, estaba amparado por la libertad de expresión para poder hacer criticas contundentes sobre la labor jurisdiccional del togado. Además, se declara que los jueces, por razón de las responsabilidades de su función pública, están obligados a soportar el escrutinio social y tolerar críticas más duras que los ciudadanos que no ostentan cargos públicos.

Por otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pondría de manifiesto la inconsistencia de la acusación del Santander contra el abogado y de otras muchas que se producen a diario en los juzgados españoles de distinta instancia y la pertinencia de que el juzgado ordenase su sobreseimiento al ser un ejemplo más del ‘lawfare’ contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Se espera que esta iniciativa tenga eco entre los grupos parlamentarios y se proceda a proteger a los que se atreven a criticar de forma pública las actuaciones irregulares de aquellos que se creen impunes ante la Justicia por la protección que se les facilita, en ocasiones, mediante ‘lawfare’."                (J. A. Gómez, Diario16, 08/02/24)

Resolución histórica: una interina que sufrió represalias por denunciar corrupción obtiene la protección de la Administración Pública... A la denunciante se le llegaron a negar injustificadamente las certificaciones necesarias para respaldar sus méritos en un proceso de estabilización de plazas

 "La Oficina Antifraude de Cataluña ha dictado una histórica resolución en España para salvaguardar los derechos de una interina que denunció actos de corrupción en su lugar de trabajo. Este importante logro se ha producido en una destacada Administración pública de la provincia de Barcelona, y garantiza que la interina no sufrirá represalias por su valiente denuncia.

Esta decisión se fundamenta en la reconocida Directiva Whistleblower 2019/1937 de la Unión Europea, la cual establece un marco legal que protege a quienes informan sobre infracciones al Derecho de la UE, así como a su entorno familiar y empresarial.

También se ha tenido en cuenta la Ley 2/2023 de 20 de febrero, que regula la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta ley reciente prohíbe expresamente represalias y amenazas contra quienes denuncien o informen sobre una infracción cometida o que pueda cometerse. Las represalias incluyen la suspensión del contrato laboral, el despido, daños de cualquier tipo y evaluaciones negativas en cuanto al desempeño laboral o profesional.

En este caso, la interina denunció posibles irregularidades en el nombramiento de funcionarios interinos por parte de la entidad local, alegando que no se habían acreditado debidamente las circunstancias de urgencia y excepcionalidad requeridas. Además, también denunció otras cuestiones relacionadas con la contratación de personal.

Josep Jover, abogado especializado en protección de denunciantes, ha señalado a Diario16 que a partir de ahora la interina gozará de ciertos derechos, como el acceso a la justicia gratuita y la atención psicológica. Además, no podrá ser despedida y la administración pública tendrá prohibida la asignación de tareas junto a compañeros con los que haya tenido problemas previos. La resolución es definitiva y no admite ningún recurso en su contra, tal como establece la Directiva correspondiente.

Esta normativa debe implementarse en todas las administraciones y empresas públicas, así como en empresas privadas con una plantilla de 50 empleados o más, o que cumplan ciertas condiciones relacionadas con la legislación de blanqueo de capitales.

En este momento sólo existen dos único buzónes de denuncias públicos que es el de la Agencia Antifrau de Catalunya, y el de la valenciana. A éstos se les debe sumar los diferentes privados como, por ejemplo, el de ASPERTIC-VIADENUNCIA.

Después de realizar la denuncia, la interina afirmó haber sufrido acoso laboral, sobre lo cual la Inspección de Trabajo estaba también informada. Además, señaló que se tomaron represalias en su contra que se sustanciaron concretamente en su participación en un proceso de estabilización de plazas, donde se le negaron injustificadamente las certificaciones necesarias para respaldar sus méritos según las bases del proceso de selección. Esto resultó en un cálculo arbitrario e irrazonable de sus méritos, ignorando períodos de servicio y funciones desempeñadas.

La interina también hizo hincapié en el favoritismo injustificado en los méritos de otra candidata, lo cual le impidió participar en el proceso de estabilización de empleo. Atribuyó este perjuicio directamente a su condición de denunciante.

La resolución de la Oficina Antifraude de Cataluña, a la que Diario16 ha tenido acceso, constató, a través de fuentes abiertas en la publicación del proceso de convocatoria por parte de la entidad local, las diferencias en la puntuación otorgada durante el proceso de estabilización, tal como lo había denunciado la interina. Estas diferencias fueron consideradas como perjuicio y consecuencia directa de las acciones de represalia.

Desde la emisión de esta resolución, que tuvo lugar el pasado martes, la denunciante se encuentra protegida y respaldada por las autoridades."                     (J. A. Gómez, Diario16, 25/05/23)

El informe que enfada al PP y acelera el cierre de la Oficina Anticorrupción balear atribuye posibles delitos a un alto cargo del partido

 "Fabricación de actas falsas, ocultación de irregularidades, concesión de licencias urbanísticas ilegales... Se trata de las presuntas prácticas ilícitas que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) ha detectado en el Ajuntament de Campos (Mallorca), en manos del PP. Se da la circunstancia de que los populares registraron este lunes una Proposición de Ley con la intención de eliminar de urgencia la Oficina, apenas unos días después de que saliera a la luz pública que el organismo público se encuentra investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, exconcejal en Campos y actual director general de Emergencias e Interior del Govern de Marga Prohens (PP).

El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. Sin embargo, la supresión del ente se ha acelerado coincidiendo con la publicación de las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por Sureda y otros miembros de la corporación municipal. Los conservadores, sin embargo, aseguran a elDiario.es que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda fueran publicadas por Diario de Mallorca, por lo que niegan que éstas hayan influido a la hora de presentar la iniciativa parlamentaria. Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, acusaba al director de la OAIB, Tòfol Milán, de filtrar expedientes “con el único objetivo de difamar a miembros del partido”.

El informe de la Oficina Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta, en concreto, a la presunta comisión de varios delitos de prevaricación y falsedad documental por parte de las autoridades de Campos al no actuar en diversos locales que funcionan sin licencia en el polígono industrial del municipio mallorquín, al tiempo que denuncia la concesión de licencias ilegales en zonas donde no está permitido el desarrollo de actividad alguna. Tal como consta en el dictamen, un policía local se personó en la zona a finales de 2022 e hizo constar en su informe que no se apreciaba actividad en las naves y que tan sólo estaban siendo utilizadas como almacén.

“Actividad clandestina”

Sin embargo, la Oficina ha detectado que, en contra del ordenamiento jurídico, sí hay negocios en activo, entre ellos, un club de golf y un taller de reparación de embarcaciones, por lo que el organismo apunta a la comisión de varios delitos de falsedad en documento público al considerar que el agente “faltó a la verdad” en la narración de los hechos. Los investigadores señalan que la nave en la que se ubican estos locales se encuentra en situación “inadecuada” ya que el suelo está clasificado como rústico, e inciden en que el ejercicio de una actividad sin licencia o sin la presentación de una declaración responsable “la convierte en una actividad clandestina” y, por tanto, debe ser objeto de un expediente sancionador.

El informe constata que hasta un total de veinte locales, algunos de los cuales se encuentran en funcionamiento desde hace años, no cuentan con título habilitante alguno para el desarrollo de su actividad, “sin que el Ajuntament haya adoptado ninguna medida”. Una situación que, según el ente público, “pone en peligro la seguridad y la vida de las personas” ya que no está garantizado el cumplimiento de las medidas de seguridad (tales como las relativas a la seguridad eléctrica, a la prevención de incendios o a los planes de evacuación). Asimismo, deduce que los locales sin licencia de actividad podrían no disponer de seguro de responsabilidad civil, puesto que para obtenerlo se necesita disponer de licencia.

El organismo subraya, en este contexto, que se trata de una manera de funcionamiento “reiterada” por parte del Consistorio, y recalca que, a la fecha de redacción del informe, no tiene constancia del cierre, clausura o suspensión alguna promovidos desde la corporación municipal.

El Ajuntament de Campos defiende su actuación

Frente a tales indicios, desde el Ajuntament aseguraron el pasado sábado que todas las decisiones tomadas por la institución cuentan con el aval de los informes técnicos y el voto “favorable y unánime” de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

En un comunicado, el Consistorio asegura que, desde que tuvo constancia de la denuncia interpuesta por un empresario en noviembre de 2020 –de la cual, defiende, no se derivaron investigaciones hasta el pasado 5 de septiembre “por una cuestión estrictamente administrativa”–, ha puesto en marcha todos los mecanismos legales pertinentes para regularizar una situación que afecta a varios centenares de familias del municipio. Asimismo, el Ajuntament señala que continuará trabajando “desde la legalidad por la economía, el bienestar y el futuro laboral” de los vecinos.

PP y Vox, contra la Oficina Anticorrupción

Pese a las investigaciones sacadas a la luz en los últimos años por parte de la Oficina Anticorrupción, la proposición de ley registrada por el PP para tramitar de urgencia la eliminación del ente señala que la OAIB, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del organismo.

El ente fue impulsado por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol. Ha sido el encargado, entre otros presuntos casos de corrupción, de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia.

La batalla judicial por el macrocomplejo de Ses Covetes

Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística, no son ajenas al PP en el archipiélago.

Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.

Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.

La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.

En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.

El primer gran golpe contra la corrupción urbanística en Balears

También en Andratx, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de Mallorca, se produjo en 2006 el primer gran golpe contra la corrupción en Balears, el caso Andratx. Si las primeras investigaciones parecían limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular, la causa acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios.

Los hechos llevaron a la detención, entre otros numerosos cargos, del entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), quien ese mismo día se autoproclamaba “preso político” al apuntar que todo era un “montaje” contra él, mientras Jaume Matas, entonces presidente del Govern, aseguraba ser el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofreció para defender su honorabilidad y la de su gobierno y alzarse en defensor de las instituciones baleares."               (Esther Ballesteros / Angy Galvín  , eldiario.es, 11 de octubre de 2023)

La antigua rastreadora del saqueo corrupto: “A Carlos Mazón no le importa recuperar el dinero robado por el PP... hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas”... Ana Domínguez, exresponsable de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana, cifra en 12 millones de euros el dinero pendiente de restituir a las arcas autonómicas por causas de corrupciónv.

 "La Oficina de Recuperación de Activos, el órgano de coordinación creado por el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic presidido durante ocho años por Ximo Puig, logró recuperar más de 12 millones de euros y tenía pendiente restituir a las arcas autonómicas otros ocho. Su última responsable, la socialista Ana Domínguez, se muestra tajante ante la decisión del nuevo Ejecutivo del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, de cerrar el organismo: “Lo teníamos prácticamente claro que lo iban a hacer en cuanto llegaran al Gobierno pero es que no han tardado ni un mes”, afirma Domínguez, ex directora general de Relaciones con Les Corts de la Generalitat Valenciana.

Su eliminación ha sido una de las medidas más polémicas de Mazón, quien justificó la decisión por la supuesta “politización” del organismo. Creado durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, el socialista Antonio Torres fue su primer responsable. La Oficina de Recuperación de Activos, adscrita a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, tenía un único objetivo en coordinación con la Abogacía: “Recuperar el dinero que el PP cuando estuvo gobernando robó a los valencianos y las valencianas”, explica Domínguez.

Así, el organismo mantenía un “seguimiento muchísimo más detallado de todos los procesos administrativos y judiciales” susceptibles de recuperar los fondos saqueados por tramas de corrupción como el 'caso Blasco', el desvío de los fondos públicos de la Cooperación valenciana, el 'caso Terra Mítica' o el 'caso Emarsa', entre otros. También se encargaba del seguimiento de las ejecuciones de las sentencias firmes. 

 “El tiempo ha demostrado que la creación de esa oficina tenía mucho sentido, porque hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas y tenía pendientes de ingresar, a medida que avanzaban los diferentes procesos, otros cuatro millones de euros”, aduce Ana Domínguez.

Además de esos 12 millones de euros que fueron recuperados por las arcas de la Generalitat Valenciana, en otra procedimientos se estima que que quedan pendientes otros 12 millones adicionales. “Es decir, podríamos acercarnos a los 20 millones de euros”, recuerda Domínguez.

Durante su trayectoria la Oficina de Recuperación de Activos se hizo con 3,3 millones de euros de la red de facturas falsas en la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm, con dos millones de euros del 'caso Blasco' y con 1,3 millones del 'caso Emarsa'.

En la macrocausa que condenó al exconseller popular Rafael Blasco, el organismo aún tenía pendiente la recuperación de los bienes de su testaferro, el empresario César Augusto Tauroni. “En este momento estábamos detrás y en constante comunicación con las autoridades judiciales de Estados Unidos y Canadá de cómo iba evolucionando el procedimiento de embargo de los bienes de Tauroni, un yate y dos apartamentos”.

El president Carlos Mazón justificó el cierre de la oficina con el argumento de que el nuevo Gobierno de PP y Vox pretende “despolitizar” la recuperación de fondos de corrupción, actuando “con profesionalidad”, para llegar a “todos” los casos. “No hay ninguna eliminación, lo que hemos hecho es despolitizarlo”, adujo Mazón, quien explicó que se había encomendado la tarea a la Abogacía de la Generalitat.

“Evidentemente que diga Mazón que esta oficina es poco menos que un chiringuito da buena cuenta de cómo piensa el PP que funcionan las administraciones públicas”, afirma Domínguez. “Esta oficina nace única y exclusivamente para recuperar el dinero que se había robado por parte de su partido cuando estaban gobernando y lo primero que ha hecho en verano, con nocturnidad y alevosía para que la cosa pase desapercibida, es cargarse la oficina”, agrega su última responsable.

“Me parece una autentica vergüenza que digan a las claras que no les importa recuperar el dinero que sus compañeros de partido y algunos de sus padrinos políticos robaron”, afirma Domínguez en referencia al expresidente Eduardo Zaplana, pendiente de juicio por el 'caso Erial', una causa en la que el Ministerio Fiscal estima que se manejaron 20,6 millones de euros en “operaciones de corrupción”.

“Da buena cuenta de lo que nos espera en los próximos años”, concluye Ana Domínguez."                (Lucas Marco, eldiario.es, 27/08/23)

Jueces corruptos españoles, Europa va a por vosotros... La Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo han iniciado los procedimientos para endurecer la legislación anticorrupción de la Unión Europea y, según las pautas marcadas, parecen diseñadas exprofeso para frenar la corrupción judicial que en España ya es alarmante... Europa está harta de España y de los problemas que genera la Administración de Justicia. Cada año llegan miles de denuncias ante la Comisión, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupción en las que se señala un incremento alarmante de la corrupción judicial en España... y es que En España, hay jueces de lo mercantil que han hecho fortuna con los concursos a empresas otorgados de manera poco transparente a determinados administradores concursales. También dictan sentencias favorables a grandes empresas, multinacionales y familias de rancio abolengo en las que no se han tomado en cuenta las pruebas presentadas en los procedimientos

 "Tanto desde la política como desde determinados lobbies mediáticos se insiste en que el mayor problema de la Justicia en España es la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es falso porque, sí, que el Partido Popular se haya negado a renovar los órganos constitucionales es muy grave. Sin embargo, el único gran problema que tiene la Justicia en España es el elevado nivel de corrupción existente que está inundando todas las instancias.

No se puede generalizar porque sería injusto. No todos los jueces en España son unos corruptos. Es más, la mayoría de ellos no lo son y realizan su trabajo mejor o peor en función de sus capacidades y del nivel de soberbia que apliquen en procedimientos. No obstante, es un hecho que el nivel de corrupción judicial se acrecienta en los juzgados de lo Mercantil y en las instancias superiores, donde la ponzoña toca a la gran mayoría de sus miembros. Esto debería colocar a España en estado de crisis democrática, pero ningún gobierno, ni del PP, ni del PSOE, ni de coalición progresista se atreve a meterle mano a la Justicia. Por algo será.

Diario16 lleva años en contacto con distintas fuentes en las distintas instituciones de la Unión Europea y lo que nos dicen de manera extraoficial (o en off the record) es que Europa está harta de España y de los problemas que genera la Administración de Justicia. Cada año llegan miles de denuncias ante la Comisión, la Fiscalía Europea o la Oficina Anticorrupción en las que se señala un incremento alarmante de la corrupción judicial en España.

Por esta razón, las nuevas medidas anunciadas el pasado mes de mayo tanto por la Comisión, como por el Parlamento y el Consejo Europeo, parecen hechas exprofeso para intentar poner fin a la corrupción judicial en España.

Muchos ciudadanos piensan que la ineficacia de los tribunales está causada por la falta de recursos y por el exceso de trabajo al que se ven sometidos los jueces. Puede ser cierto. También se da por hecho que si un ciudadano se enfrenta a una gran compañía o una gran familia, entonces va a perder. Esto ya es muy grave per se, porque determina que decenas de miles de personas perjudicadas o estafadas por los poderes económicos, financieros y empresariales dejan de acudir a los tribunales porque saben que, de mano, lo tienen perdido.

Los juzgados españoles se han convertido en un verdadero mercado persa, donde, en ocasiones, da la impresión de que los jueces actúan de una manera para, posteriormente, hacer lo contrario para dar la razón a los poderosos y que este comportamiento no es más que una supuesta maniobra para subir «el caché». Esto ha sido corroborado a Diario16 por exmagistrados y exmagistradas de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia que, por decencia y por ética, abandonaron voluntariamente sus puestos por no soportar lo que sus ojos veían o por no ceder a las presiones para que formaran parte de un sistema corrupto.

En España, hay jueces de lo mercantil que han hecho fortuna con los concursos a empresas otorgados de manera poco transparente a determinados administradores concursales. También dictan sentencias favorables a grandes empresas, multinacionales y familias de rancio abolengo en las que no se han tomado en cuenta las pruebas presentadas en los procedimientos.

Europa se harta

Por esa razón, Europa está harta y ha decidido endurecer las medidas anticorrupción con una ampliación de los delitos. «La integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción son compromisos políticos claros de la Unión. El actual conjunto de propuestas reforzará aún más la lucha contra la corrupción en la UE, elevando las normas de la legislación de la UE para garantizar una mejor prevención y lucha contra la corrupción, así como estableciendo un mecanismo internacional de sanciones», afirma la UE.

La propuesta de Directiva establece normas sobre las definiciones y sanciones de los delitos de corrupción. Amplía la lista de delitos de corrupción para abarcar la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción, más allá de los delitos de soborno más clásicos. Como se puede comprobar, son delitos intrínsecos a la corrupción judicial.

La Unión Europea también establece niveles de pena coherentes, así como circunstancias agravantes, entre las que señala directamente a los jueces. o es responsable de la aplicación de la ley.

Por primera vez a escala de la UE, la propuesta reúne la corrupción de los sectores público y privado en un solo acto jurídico. También establece requisitos claros de control e información para facilitar la aplicación de la ley.

«La propuesta también reforzará la aplicación de la ley. Los informes sobre el Estado de Derecho han puesto de manifiesto que unos sistemas de justicia penal eficaces, dotados de los instrumentos adecuados para luchar contra la corrupción, son fundamentales para mantener unos niveles elevados. La Directiva facilitará una lucha eficaz contra la corrupción en toda la UE, proporcionando normas mínimas para hacer frente a la compleja red de actividades interrelacionadas que alimentan la corrupción en las sociedades actuales. Abordará factores clave para una lucha eficaz contra la corrupción, como la capacidad, la especialización y el acceso a las herramientas de investigación pertinentes, así como los obstáculos a la investigación y el enjuiciamiento efectivos, como los procedimientos onerosos y opacos para levantar inmunidades o los plazos de prescripción excesivamente cortos para los delitos de corrupción», advierten desde la Unión Europea.

En España, por culpa de la corrupción judicial, no existe un sistema institucional basado en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Los enfoques anticorrupción eficaces suelen basarse en medidas para mejorar la transparencia, la ética y la integridad, así como en la regulación de ámbitos como los conflictos de intereses, los grupos de presión y las puertas giratorias. Es decir, todo lo contrario que sucede en España, donde hay jueces y fiscales que salen voluntariamente de la carrera para ganar millones de euros en despachos de abogados privados, o donde los grandes bufetes ignoran los conflictos de interés para generar un escenario de presión constante (el económico incluido) que favorezca a sus clientes.

La experiencia demuestra que una respuesta firme a la corrupción se basa en sistemas para prevenir y abordar los conflictos de intereses; en el establecimiento de registros de transparencia y de grupos de presión; y en la creación de mecanismos viables para la divulgación y verificación de los bienes e intereses de los funcionarios públicos. No es posible que en España haya cientos de jueces que se niegan a dictar comisiones rogatorias a bancos extranjeros para perseguir el lugar donde se esconde el dinero de la corrupción en España en todos sus elementos: política, empresarial, bancaria, y, sobre todo, la judicial.

«La transparencia no sólo es fundamental para la responsabilidad política, sino también para la integridad. Un sistema basado en la transparencia en la toma de decisiones y su aplicación es crucial para cerrar el paso a la corrupción. Las transacciones digitales y la publicación de datos financieros y de otro tipo por parte de los organismos públicos también dificultan los intercambios corruptos. Unos marcos éticos fuertes y claros, con las estructuras e instituciones necesarias para funcionar bien, son herramientas poderosas. También existe una importante dimensión internacional: como parte de la próxima iniciativa de Defensa de la Democracia, la Comisión presentará legislación sobre la transparencia de la representación de intereses extranjeros, para limitar el riesgo de injerencias encubiertas en los procesos combatir mejor la corrupción en la UE y mejorar la coordinación de las actuaciones a escala nacional y de la UE», advierten tanto la Comisión como el Parlamento y el Consejo."          (J. A. Gómez, Diario16, 16/06/23)

Un hotel, llamadas telefónicas y la justicia: las tres claves de la traición política del 'tamayazo'... 20 años de la traición política más sonada de la democracia. En 2003, mientras Rafael Simancas se preparaba para ser el presidente de la Comunidad de Madrid, a su espalda dos de sus diputados negociaban con el PP como truncarlo... solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo

 "Esta semana se cumplen 20 años del 'tamayazo'. La traición política de dos miembros del PSOE madrileño que impidió al socialista Rafael Simancas convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid con 36 años. Los socialistas e Izquierda Unida sumaban un diputado más que el PP y Esperanza Aguirre iba a ser la gran derrotada. Pero Tamayo y Sáez se dieron a la fuga de la Asamblea de Madrid y en Madrid no hubo Gobierno progresista.

20 años después, tres claves sobre lo qué pasó realmente en esas horas. Primera: ¿quién estaba detrás del 'tamayazo'? La pista fundamental es el hotel en el que se escondieron Tamayo y Sáez tras su espantada. Un periodista de la Cadena Ser encuentra a Tamayo y Sáez en un hotel a solo ocho kilómetros de la Asamblea. La habitación fue reservada por un constructor, Francisco Bravo. Otra pista sobre quién movió los hilos: las llamadas telefónicas. Esos días, Eduardo Tamayo llamó 16 veces a su asesor jurídico, José Esteban Verdes. Y Verdes, tras recibir la llamada, telefoneó en varias ocasiones a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid. El triángulo del tamayazo.

La segunda clave del 'tamayazo', es quizás la más sorprendente: solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo.

 Última clave: ¿por qué la justicia no investigó este caso? El entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, le obligó a dejar sus averiguaciones. A Cardenal le había colocado el PP. Con el cambio de Gobierno y la llegada de Zapatero muchos pensaron que todo cambiaría, que la Justicia se atrevería a indagar entre los beneficiados del tamayazo. Pero no fue así."            (La Sexta, 12/06/23)

Europa acaba con la impunidad de los jueces españoles... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los órganos responsables de los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben ser independientes e imparciales, por tanto, el actual sistema español por el que se archivan decenas de miles de denuncias queda absolutamente desacreditado

 "El mayor problema que tiene España no es la inflación, el desempleo, la incapacidad política, la Monarquía o la corrupción. La Justicia se ha convertido en la mayor problemática que afecta a la vida de los ciudadanos de una manera directa puesto que, además de la confirmada corrupción judicial existente, se suma la impunidad de los jueces ante los continuos atropellos que perpetran día sí y día también.

En España no hay justicia, salvo que tengas la posibilidad de contratar a los grandes despachos de abogados que pueden resolver asuntos espinosos de manera directa o a través del tráfico de influencias que tan bien pagan. A ese nivel no pueden llegar el 99% de los ciudadanos y, en consecuencia, el 1% restante es el que se lleva, en la mayoría de los casos, las sentencias favorables.

La problemática de la justicia en España no está en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en las mayorías de jueces conservadores o progresistas que sirven de correa de transmisión de los intereses políticos. El problema de la justicia en este país es que el propio sistema ha creado un escenario basado en la más absoluta impunidad.

Tal y como publicamos y analizamos en Diario16, la ley española viola la Constitución para blindar a los jueces, dado que la aplicación que se hace de la recusación en los procedimientos judiciales conculca derechos fundamentales y constitucionales. Además, causa indefensión a la parte recusante al limitar sus derechos de defensa, audiencia, contradicción y prueba.

 Además, según expertos juristas consultados por Diario16, es manifiestamente inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano.

Por otro lado, está el modo en que se gestionan las acciones disciplinarias contra los jueces porque es una evidencia de que no es muy ético, por no decir alegal. Una persona que tenga que juzgar a otra tiene que ser absolutamente libre e independiente. Sin embargo, en España, los jueces son los que juzgan a sus compañeros de carrera profesional, lo que provoca que las barrabasadas legales que se ejecutan en España pasen sin ningún tipo de sanción disciplinaria.

Sin embargo, una vez más ha tenido que ser Europa la que entre en juego y dicte jurisprudencia que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado que e órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Esto no sucede en España, puesto que a la hora de interponer sanciones contra un juez o magistrado, la responsabilidad recae sobre la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Jueces juzgando a jueces.

La sentencia del TJUE confirma su jurisprudencia por la que el régimen disciplinario aplicable a los jueces que pueden tener que aplicar el Derecho de la Unión debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control de sus actividades.

En consecuencia, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de un órgano competente para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias y para ejercer una acción disciplinaria contra jueces y fiscales deben respetar las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión y, en particular, del Estado de Derecho.

Según indicaban las conclusiones del Abogado General de la UE, «las garantías de independencia e imparcialidad exigidas en virtud del Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, en particular en lo relativo a la composición del órgano, el nombramiento, la duración de las funciones así como las causas de abstención, recusación y cese de los sus miembros, que permiten disipar cualquier duda legítima, en la mente de los litigantes, sobre la impermeabilidad de este órgano frente a los elementos externos y su neutralidad frente a los conflictos de intereses».

Además, un aspecto muy importante de esta sentencia es el hecho de que no indique en ningún momento que ese órgano tenga que estar constituido por jueces porque, evidentemente, la independencia y la imparcialidad quedarían muy en duda."         (José Antonio gómez, Diario16, 13/05/23)

Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos... Mientras desde los púlpitos y los programas electorales se hacen ampulosas promesas de luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el resto de delitos económicos, los diferentes gobiernos dejan sin recursos económicos a sus organismos de lucha contra el fraude

 "La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los políticos de las graves consecuencias que estaban sufriendo las clases medias y trabajadoras por culpa de los desmanes de las élites dominantes.

Han pasado 14 años y los políticos no han podido frenar la hemorragia con dos consecuencias muy graves. En primer lugar, el crecimiento de los movimientos populistas de extrema derecha que están poniendo en jaque a los sistemas democráticos. En segundo término, el atrincheramiento de esas élites (en muchos casos conformadas por organizaciones criminales) para crear un escenario por el cual se chantajea directamente a los representantes del pueblo para no perder sus privilegios. Dentro de esas prerrogativas se incluyen, además, la protección, la permisividad y la impunidad cuando comenten delitos que atentan contra los intereses legítimos y reales de la ciudadanía.

Uno de los modos en el que los políticos, cuando alcanzan el poder, permiten esa impunidad cuando están en el poder se produce cuando se deja sin recursos a los organismos gubernamentales encargados, precisamente, de la detección de delitos económicos tan graves como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude o las estafas.

El mejor ejemplo de ello se comprobó la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos cuando el jefe de la unidad de lucha contra el crimen financiero (Financial Crimes Enforcement Network) expuso los graves problemas de financiación pública que tienen y las duras consecuencias que ello conlleva.

Himamauli Das fue muy claro: su agencia se está quedando corta en la batalla contra el dinero sucio debido a la falta de recursos. La unidad dispone de profesionales perfectamente preparados para esa lucha, pero la falta de recursos provoca que las transacciones sucias no sean detectadas, sobre todo porque los ricos, los banqueros y los criminales van siempre por delante, por ejemplo, con las transacciones en criptomonedas que dificultan el conocimiento del destinatario final de las mismas.

«No cumplimos los plazos. Para ser siceros, es probable que sigamos haciéndolo porque nuestra situación presupuestaria nos ha obligado a hacer concesiones significativas entre prioridades contrapuestas», afirmó Das.

Una prioridad clave para esta agencia es la creación de la base de datos o registro de propiedad exigido por la Ley de Transparencia Empresarial que obliga a millones de empresas constituidas en los Estados Unidos a informar de los nombres de sus verdaderos propietarios al gobierno federal. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de cumplimiento de los bancos y otras instituciones financieras tendrían acceso a la base de datos, lo que les permitiría realizar investigaciones más fácilmente o cerrar cuentas con vínculos a criminales.

Sin embargo, la respuesta de los políticos que ocupan ahora el poder, es decir, de Joe Biden y los demócratas fue proporcionar varias decenas de millones de dólares menos de lo que había pedido. «El Congreso ha dejado a la agencia luchando para implementar piezas clave de la histórica ley contra el lavado de dinero sin recursos», dijo Das. Así es como se protege desde la clase política a los ricos que evaden impuestos, a los criminales que blanquean dinero y a los bancos a través de los que se canalizan las transacciones.

Además, siempre cuentan con el apoyo de jueces y fiscales que son tan favorables a proteger los desmanes de los poderosos mientras dedican sus recursos a perseguir los delitos menores. Los ejemplos son muchos. En Estados Unidos, tal y como publicó Diario16, se condenó y encarceló a Natalie Edwards, la funcionaria que filtró a un periodista decenas de miles de documentos donde se descubrieron operaciones de blanqueo de capitales a través de los principales bancos del mundo por valor de más de 2 billones de dólares.

En España, la Audiencia Nacional archivó una causa de blanqueo de capitales en la que estaban implicados el Banco de Santander, BNP y HSBC a pesar de que los informes periciales del Banco de España demostraban que se había producido ese lavado de dinero.

Las empresas anónimas son una gran vulnerabilidad en la lucha global contra la evasión fiscal y el blanqueo. Los cárteles de la droga, los oligarcas, los déspotas y la élite mundial utilizan este tipo de herramientas para ocultar fortunas a las autoridades fiscales y las fuerzas del orden.

Establecer un registro de propietarios reales de empresas fue una reforma clave que, según los expertos, es necesaria implementar a nivel mundial.

Sin embargo, eso no será posible si los políticos no dan financiación suficiente para que la lucha contra los delitos económicos de bancos, ricos y criminales sea eficiente.

Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos denuncian, precisamente, la falta de interés por parte de los políticos de las principales potencias en conceder suficiente financiación para ello. Es decir, denuncian que la clase política no se toma en serio uno de los mayores problemas de la humanidad que más desigualdad está creando.  Por ejemplo, en Estados Unidos, el FinCEN cuenta con sólo 300 empleados, incluidos analistas de datos, investigadores, oficinas de cumplimiento y expertos en políticas. Eso en el país que es el centro del capitalismo mundial, donde se encuentran las principales entidades financieras mundiales y desde donde, tal y como mostraron los documentos filtrados por Edwards, se inician muchas de las grandes operaciones de blanqueo.

Ese fue uno de los puntos en los que el director del FinCEN se centró, en la escasez de personal. Y no se dejó nada en el tintero, sobre todo al recalcar que tienen un grave problema por la escasez de analistas para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas para mover dinero de forma encubierta. «Nos enfrentamos continuamente a desafíos en términos de tratar de averiguar quién está disponible para trabajar en problemas de criptomonedas para poder combatir esas finanzas ilícitas», dijo Das ante el Congreso.

Así es cómo se mantiene la impunidad de las élites, lícitas e ilícitas y de ello sólo es responsable la clase política que se olvida que ha sido elegida por el pueblo para representar al pueblo, no a las élites que ni siquiera se dignan a ir a un colegio electoral a depositar su voto porque los bancos, los ricos y los criminales son los que siempre ganan las elecciones dado que nunca hay políticos con las agallas suficientes para enfrentarse a esos poderes antidemocráticos que someten a la ciudadanía con total impunidad."                     (  J. A. Gómez, Diario16, 04/05/22)

La denunciante de Gürtel logra que condenen a OkDiario y a su expareja por atentar a su honor

 "Ana Garrido, una de las denunciantes del caso Gürtel, ha logrado que el juez condene a OkDiario, a un periodista y a su expareja por haberla difamado. El juzgado de Plaza de Castilla de Madrid ha desestimado los recursos de apelación y ha ratificado la sentencia de julio de 2021 en la que falló que Miguel Ángel Pérez Rodríguez, periodista de dicho medio, y Juan Carlos Díaz Muñoz, expareja de Garrido, incurrieron en un delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante.

Los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando Muñoz dio unas entrevistas en el medio Libertad Digital, propiedad de Federico Jiménez Losantos y en el que también trabajaba Pérez. En ellas, el que fuera pareja de la denunciante aseguró que esta manipuló grabaciones y robó documentación del Ayuntamiento de Boadilla, donde trabajaba, para reforzar sus acusaciones contra la trama Gürtel, entonces protagonizada por Francisco Correa y que ella denunció.

En concreto, la sentencia hace referencia a unos titulares y citas explícitas de la conversación. "Manipuló las grabaciones de Gürtel con la ayuda de una policía municipal de Madrid”, “retocó las grabaciones con programas informáticos”, “se benefició de la trama Gurtel”; “excorrupta” y “arrepentida de la Gurtel”, en los días 3 y 4 de noviembre de ese año en libertaddigital.com; y “Una testigo de Gürtel presentó pruebas “manipuladas‟ para denunciar al Ayuntamiento de Boadilla” y “La testigo del fiscal en Gürtel, investigada por dar dinero público a una amiga y destruir pruebas” los días 16 de marzo y 5 de junio de 2016, respectivamente, en OkDiario.

Unas declaraciones y afirmaciones reflejados en sendos artículos publicados por Pérez Rodríguez que -según la sentencia de 2021- "no tienen el carácter de reportaje neutral y que el contenido del artículo publicado no cumple en lo más mínimo el requisito de veracidad". Por esto, el juzgado resolvió condenar a Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, al periodista y al exnovio a indemnizar a Garrido con un total de 12.000 euros por intromisión en su derecho al honor (5.000 euros a Díaz, 2.000 euros a Pérez y 5.000 más a la editora). La empresa, además, fue condenada "a publicar, a su costa, el encabezamiento y fallo de esta sentencia en lo que a ella afecta en el diario digital". En cuanto a Libertad Digital, el juez decidió absolverla al entender que solo reprodujo las palabras de Muñoz frente a lo que sí se hizo en el periódico dirigido por Eduardo Inda.

Así, ahora hemos conocido que, tras analizar los recursos de apelación presentados por los demandados, el juez ha decidido desestimarlos y se ha reafirmado en la resolución del pasado año con un nuevo fallo fechado el 28 de abril de 2022."                   (Sara Álvarez, elPlural, 12/05/22)

La esquizofrenia de los medios al hablar de corrupción política en Estados Unidos. La política aquí mueve tanto dinero, y lo hace tan a la vista, que es muy difícil no caer en el cinismo. Los medios parece que ni lo intentan

 "Escándalos variables

La esquizofrenia de los medios al hablar de corrupción política en Estados Unidos.

Amistades saudíes

Hace algo más de una semana, el NYT publicó un largo, detallado artículo sobre las actividades empresariales de Jared Kushner tras dejar la Casa Blanca.

Kushner, para los olvidadizos, es esa especie de idea platónica de pijo heredero de una fortuna familiar que estaba casado con la hija de Donald Trump, que trabajó de asesor en su administración durante los cuatro años de la presidencia. No se le conoce talento alguno, aparte de ser yerno, tener una infinita confianza en él mismo y ocuparse de temas que iban desde Oriente Medio a la pandemia de COVID.

Pues bien, el bueno de Jared fue, durante todo el mandato de Trump, uno de los proponentes más entusiastas de un acercamiento diplomático hacia Arabia Saudí. Fue uno de los mayores defensores de Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero y líder de facto del país, como alguien en el que podían y debían confiar. Fue favorable a darle carta blanca en Yemen y romper todo contacto/deshielo con Irán. Cuando los saudíes hicieron filetes (literalmente) a un columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, porque hablaba mal del príncipe, fue Jared el que convenció a Trump de que mira, pelillos a la mar, y que tampoco es que tuviera demasiada importancia.

La fortuna de los Kushner siempre ha estado basada en el negocio inmobiliario en Nueva York (que siempre ha sido honestísimo), aunque Jared nunca fue demasiado bueno en ello (y estuvo a punto de arruinarles). El tipo siempre ha sido una criatura del ladrillo, no del mundo financiero, así que cuando decidió crear un fondo de inversión privado generó ciertas suspicacias. Y más aún cuando empezaron a circular rumores de que Kushner estaba buscando capital fuera.

La historia del NYT, que está excepcionalmente documentada, explica cómo el fondo soberano de Arabia Saudí, dirigido personalmente por Mohammed Bin Salman, es el mayor inversor en la empresa de Jared Kushner, con 2000 millones de dólares. También cuenta cómo los informes internos del fondo saudí mostraban serias reticencias a poner dinero, señalando la falta de experiencia de sus gestores, el enorme riesgo de pérdidas, la falta de controles internos, y unas comisiones desorbitadas.

Bin Salman decidió meter dinero igualmente.

Consecuencias

Es obvio, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, que esta transacción financiera es, como mínimo, muy, muy, muy, muy dudosa desde cualquier punto de vista ético o moral. El yerno del ex- presidente de los Estados Unidos, que se pasó cuatro años en la Casa Blanca poco menos que de lobista de los saudíes, tiene un fondo de inversión, y un 80% de los fondos en él vienen directamente del gobierno saudí.

Kushner no está violando ninguna ley. No hay un régimen de incompatibilidades o nada parecido para familiares de ex- presidentes o asesores. Sea legal o no, sin embargo, esta es la clase de transacción financiera que apesta a compensación por servicios prestados, y es un escándalo tremendo que debería generar indignación en todo el país.

Excepto que… no ha generado indignación alguna. La noticia del NYT fue publicada hace diez días. Hubo como ocho personas en Twitter que se soliviantaron mucho, un par de tertulias indignadas en CNN y MSNBC y una columna en el WaPo (que siguen escocidos por el hecho de que los saudíes literalmente hicieran filetes a uno de sus empleados), pero… nada más. Ayer David Corn publicaba un artículo literalmente preguntándose por qué todo el sistema político y mediático del país, ante un posible soborno escandaloso al yerno del presidente, había respondido pasando olímpicamente del tema. Como comentaba Josh Marshall, Mohammed Bin Salman parece estar “invirtiendo” en Kushner; un autócrata literalmente comprando influencia. Y nadie está diciendo nada.

El señor del carbón

La historia de Kushner es escandalosa, pero lo que me ha chocado siempre de Estados Unidos es cómo los periódicos parecen publicar historias similares con cierta frecuencia, y a menudo no pasa absolutamente nada.

Pongamos, por ejemplo, una historia del 27 de marzo, también del NYT, en la que se explica con detalle cómo el Emperador de Todas las Almas y Gran Inquisidor de la Fe Verdadera Joe Manchin se había pasado toda su carrera política poco menos que tirando dinero de los contribuyentes de su estado (fuera público o privado) a una mina de carbón de una calidad ínfima de su propiedad, utilizando toda clase de triquiñuelas regulatorias y legales para obligar a las eléctricas a que le compraran todo a precios hinchados.

Básicamente Manchin, que viene de una familia política de toda la vida de West Virginia, debe su fortuna a aprobar leyes que favorecieran sus negocios repetidamente. Todo documentado, todo público y… nada. Anteayer, un pequeño medio de izquierdas sacó un video resumiendo el artículo, pero como si lloviera. Nadie le ha prestado atención.

Preocupaciones mediáticas

Lo más increíble del tema no es que nadie le preste atención, sino el contraste de estas dos noticias, que son dos casos obvios y delirantes de corrupción y tráfico de influencias, con otros escándalos recientes mucho menos importantes. El más clásico, e infame, es esa portada del NYT a once días de las elecciones (...)

Por si no recordáis de qué va, ese fue el día en que el FBI anunció que el marido de una de las asesoras de Clinton quizás tenía alguno de los correos electrónicos que había enviado Hillary cuando era secretaria de estado utilizando un servidor privado. Resultó no ser cierto, y el portátil de ese individuo (Anthony Wiener, que tiene toda una historia), no tenía nada relevante.

Pero aquí lo tenéis, toda la portada sobre un posible escándalo que ni siquiera resultó serlo, a seis columnas, con todas las piezas en tono acusatorio. Estuvimos hablando de los correos electrónicos sin parar durante toda la semana, algo que, muy probablemente, acabó por darle la presidencia a Trump.

Esto sucede constantemente. Lo que obsesiona a los medios, los escándalos de corrupción que se convierten en sainetes que duran semanas y semanas, son a menudo o estúpidos o completamente irrelevantes. Esto sucede tanto en medios nacionales como locales (el CT Mirror está obsesionado con un funcionario aleatorio desde hace meses), y me pone de los nervios.

Me podría poner conspirativo, y hablar sobre cómo las noticias sobre poderosos y ricos son ignoradas, o cómo el tráfico de influencias legal pero dudoso éticamente es tolerado, pero no estoy seguro de que sea ni eso. A Hunter Biden bien que lo están investigando, sin ir más lejos. No sé si el sesgo es que Manchin y Kushner están haciendo esto en público y sin esconderse, y eso no le da la intriga que los periodistas necesitan para que algo sea noticia, o les falta narrativa, o Dios sabe qué. La cosa, de todos modos, va más allá de los medios; hay como una vagancia sistémica para hablar de corrupción en este bendito país.

La política aquí mueve tanto dinero, y lo hace tan a la vista, que es muy difícil no caer en el cinismo. Los medios parece que ni lo intentan."                  (Roger Senserrich, Four Freedoms, 20/04/22)