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26.10.23

«Somos la mafia»: la pieza 34 de Tándem guarda los audios de los comisarios Olivera y Villarejo con Ferreras y el presidente de La Razón

 "El juez García Castellón de la Audiencia Nacional ha dado el pistoletazo de salida a una de las piezas más importantes de la causa Villarejo, la que contiene los audios sobre los negocios que implican a la UDEF, a Planeta, a Cospedal, el abogado del PP y la BPA Javier Iglesias y sobre la Operación Cataluña.

El informe que la Unidad de Asuntos Internos entregó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a los fiscales anticorrupción de la causa Tándem, plantea abrir casi sesenta piezas más con la documentación y audios que les han aportad el empresario Javier Pérez Dolset -víctima según la `pieza 18 que fue sobreseída provisionalmente-, a los que se han sumado los publicados por Crónica Libre, Fuentes Informadas, El País y el difusor Alvise Pérez.

 Todos estos audios y documentación tienen una misma fuente común: el entorno del comisario José Manuel Villarejo, incluido quien fuera abogado de su mujer, el letrado Javier Iglesias.

Una presunta organización criminal

Por el contenido de los audios, muchos de ellos dados a conocer hace más de un año por Crónica Libre, la denuncia se dirigió contra el comisario José Manuel Villarejo, el comisario José Luis Olivera, Mauricio Casals, presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Antonio García Ferreras, director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo y el empresario Adrián de La Joya, asegura las fuentes consultadas por este medio y presentes en la sala.

Según los textos entregados por Asuntos Internos,» los denunciados conformaban una Organización Criminal integrada por mandos policiales, empresarios y periodistas creada con carácter permanente y con un evidente reparto de funciones, a fin de obtener información reservada de carácter policial, realizar investigaciones ilegales con recursos de la policía, confeccionar pruebas falsas y publicarlas en los medios de comunicación de los que son propietarios para intimidar, imputar, perjudicar y/o desprestigiar a personas que, de una u otra manera, se consideraban enemigos del clan que conformaban«. Los denunciados, incluso se autodenominan la «mafia» y presumían de fabricar pruebas falsas «con el rabo».

 Actuaban conjuntamente a requerimiento o petición de alguno de los miembros, realizando todo tipo de intercambio de favores y protección, tal y como ellos mismos explican. Una auténtica asociación para delinquir en la que Villarejo y grupo Cenyt no era más que uno de los miembros.

Los afectados por el material bajo investigación son Pablo Iglesias, Xavier Trías, José Manuel Soria, Juan Luis Cebrián y el propio denunciante Javier Pérez Dolset. Todos ellos tienen un nexo común: tras realizar una investigación ilegal, se les fabricaron una serie de cuentas bancarias falsas e inexistentes en Panamá (también en las islas Granadinas) que fueron convenientemente aireados por el Grupo Planeta y sus periodistas, con Antonio García Ferreras a la cabeza.

Crónica Libre ya publico una serie de fragmentos de estos contundentes audios que trascendieron a este medio y fueron leídos por más de por más de 3 millones de personas. Entre la serie de artículos que Crónica Libre publicó, hay unas conversaciones que explican de forma resumida a que se dedicaban los denunciados.

 Aquí dejamos un ejemplo de como actuaba esta presunta organización criminal, que está aún por investigar:

https://www.cronicalibre.com/wp-content/uploads/2022/08/AUDIO-El-clan-y-como-se-ha-portado-F-con-Casals.mp3

 Comida 17 de mayo de 2016

Villarejo: Lo que necesite, tienes mi teléfono, yo tengo el tuyo cuando necesites...  

Ferreras: Puedes llamarme también yo no soy como Federico [Jiménez Losantos]  

Adrián de la Joya: Antonio...  

V: Has visto que tonto. 

 ADlJ:...Sabiendo perfectamente cómo te has portado con Mauricio, con el ataque de un tal Soria, ¿me entiendes? 

F: Mauricio... hombre, si atacan a Mauricio...  

ADlJ: Bueno, nosotros sabemos, eso, eh, Mauricio es... 

F: De todas formas esa semana fue muy dura.  

ADlJ: Mauricio es una persona, eh, oye totalmente excepcional, .  

Olivera: Que le soltamos algo a Soria, que a Soria lo quieres... V: Sí  

ADlJ: Es como un hermano mío.  

O: lo quiere mucho.  

ADlJ:Y para eso tú estás ya.  

V:Compañero de carrera, sí  

O:Chicho  

V:Compañero de Canarias 

O:Le podemos, le puedes mandar a Chicho a través de Toni...yo no  

Casals: Dicho de otra manera, Antonio, esto es una mafia...  

V:je je je  

F:Pero aquí hay códigos  

ADlJ:Bueno  

O:Sí, sí, un clan,  

C: Por eso lo digo, es un clan 

O: un clan, es un clan 

F: Yo creo en los códigos 

V: Yo también 

O: Esto es un clan  

V: ¿Has visto el tonto del Federico?, ¡que respuesta!..."

 (Patricia López, Crónica Libre, 24/10/23)

25.8.23

Ernesto Ekaizer narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas... En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo, y por jueces y periodistas de su cuerda... Si es así, quedará 'Operación jaque mate' como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida

"Hoy desde El Periódico y ayer desde un ramillete de medios, algunos de los cuales le han vetado la entrada, el periodista Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) ha escrito algunos de los libros más importantes para conocer las tramas políticas más determinantes de la historia reciente de España. En el último, Operación Jaque Mate (Ediciones B, 2023), que llega estos días de julio a su tercera edición, el periodista de origen argentino, que comenzó trabajando en las páginas económicas del Grupo Prisa, narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas.

Un personaje emerge como principal protagonista del libro. El hoy excomisario José Villarejo, de quien Ekaizer ha publicado una serie de entrevistas recientemente, y que aporta cada vez más cantidades de sombras de sospecha con cada una de sus intervenciones. Fuera de la cárcel desde marzo de 2021, Villarejo es, antes que nada, un oportunista que se pone al servicio del Partido Popular en el periodo de 2011 a 2016 con un objetivo personal: enriquecerse.

“Villarejo es un francotirador, es una pieza más de las operaciones”, resume Ekaizer. Son operaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Interior, la Dirección General de la Policía y la Unidad de Asuntos Internos, convertidas por el PP “en instrumentos directos del poder” en ese periodo.

Si el control del poder es lo que motiva a los altos mandos del Gobierno, lo que busca Villarejo “es una rentabilidad personal, hacer un patrimonio: pero no un patrimonio de un policía de clase media que asciende, no, quiere ser millonario”. Por eso, para Ekaizer, la idea de la cloaca es poco matizada, insuficiente para explicar las circunstancias que dieron lugar a –en una enumeración rápida– las operaciones contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la Operación Catalunya contra los principales dirigentes de la antigua Convèrgencia o el intento de destruir a Podemos. “Toda esa idea de que todo lo que ha operado son mecanismos de cloaca es equivocada”, defiende el autor de Operación Jaque Mate:

”La Policía siempre es un instrumento del Estado, no de un partido político. El PP convirtió todo eso en una estructura que dependía de sus directrices, con gente formada para eso, es decir, 'peperos' de ideología. No es que hubieran servido al PSOE y después sirvieran al PP. No. Si tú tienes un aparato descontrolado, un sector descontrolado del aparato del poder, tienes un problema, pero el salto que hubo aquí es tremendo: es decir, desde que entra Rajoy a finales de 2011, primeros de 2012, ya inmediatamente se inicia la actividad política de la Policía, con un objetivo fundamental, que es controlar a Bárcenas y la información que puede acumular, porque eso pone en riesgo la supervivencia del partido que acababa de ganar las elecciones”.

Si Bárcenas, el independentismo procesista catalán y Podemos son los rotos, Villarejo se presenta como el descosido. El oportunista, el hacedor de las lluvias, lo que los estadounidenses y Ekaizer llaman un name-dropper, alguien que basa su prestigio e influencia en las referencias a la gente con la que ha estado, con la que ha comido, hecho negocios o le debe favores. “Villarejo es un agente del PP. Si quieres agente encubierto, porque no se conoce que es agente del PP, pero no encubierto porque se trate de un agente de inteligencia”, explica Ekaizer. “Lo que he tratado de documentar es cómo el auge de Villarejo entre el año 2012 y 2017 es un auge que coincide además con su plan para hacer una gran fortuna personal. Porque las relaciones con el PP también dan para eso”.

Ese es su momento. Hasta la llegada de Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández a lo más alto de la política, el excomisario nunca ha tenido relaciones tan cercanas con altos cargos del partido. Él no lo presenta así. En las comparecencias y entrevistas del excomisario son frecuentes las referencias a los viejos tiempos, a las relaciones con la plana mayor del PSOE. Ekaizer destierra esa idea, aunque en ese periodo aparecerá una pequeña moneda de oro en el camino del excomisario, la fiscal Dolores Delgado, un fichaje estrella de Pedro Sánchez que al todavía presidente le sale mal.

No le sale tan mal a Dolores ‘Lola’ Delgado. Aunque no consigue terminar legislatura como ministra de Justicia, será Fiscal General del Estado y el 13 de junio, como anticipó el entrevistado, ha sido designada como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Caballos de Troya

Nombres, fechas, diálogos. Operación Jaque Mate es un trabajo de precisión, escrito con una estructura ágil, que explicita las formas –a veces torpes, pero finalmente efectivas– de desactivar “desde dentro del sistema” una macrocausa que amenaza con llevárselo por delante. Dos jueces de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se afanan en desactivar la bomba de relojería que la investigación de dos fiscales, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, supone para el sistema y el Estado, dos esferas concomitantes pero distintas, matiza Ekaizer.

El primer juez, Diego de Egea –entonces magistrado de la Audiencia Nacional, hoy en la Audiencia Provincial de Madrid–, es un jurista de formación jurídico-militar, que cae en la causa como magistrado de refuerzo a propuesta de Carlos Lesmes. Se trata de un hombre de confianza de la derecha. Escandalizado por el alcance que puede alcanzar la causa Tándem, De Egea pone de su parte para sabotear la investigación de Stampa y Serrano:

“En el primer año de instrucción [2017], De Egea intenta contaminar la causa porque cree que no tiene ningún futuro. Y además, como está el tema del rey, la pieza Carol, él considera –en palabras que cito literalmente– que eso es un cáncer y que hay que extirparlo. Ese año se dedica a denegar diligencias que plantean los fiscales y a filtrar información para que se crea que las filtraciones a la prensa vienen de los fiscales. Esto no es solo para que lo crea el público general, sino también los abogados de las defensas, a los efectos de pedir nulidad”.

Stampa y Serrano son, a su manera, y como en el podcast de Álvaro de Cózar “El País de los Demonios” (Spotify, 2023) lo más parecido a los “hombres honrados” en la reconstrucción que Ekaizer hace de los hechos. Ellos son los que ordenan la detención de Villarejo en 2017. A ellos se la tiene jurada el excomisario, que considera que son simples herramientas de los servicios secretos, alfiles de Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.

Stampa y Serrano sospechan del juez De Egea y lo llevan en secreto: solo se dirigen al juzgado para presentar la querella y pedir la entrada y registro en la casa del excomisario. El juez no juega papel alguno en la detención. No lo sabe pero su papel en la investigación está tocando a su fin. Tiene poca cintura para el problema que se le está planteando al Estado en su conjunto y al sistema en particular.

2018 comienza, no obstante, siguiendo la misma tónica. De Egea filtra, fundamentalmente a El Confidencial, señala Ernesto Ekaizer. Embarra, pone palos en las ruedas de la investigación. Stampa y Serrano, a su vez, acumulan pruebas contra el juez. En noviembre hará cinco años, parece que fue ayer, los fiscales presentan un documento a María José Segarra, fiscal general del Estado entre junio de 2018 y enero de 2020. El informe “es casi una querella”, apunta el periodista. Los fiscales lanzan un ultimátum: o De Egea o ellos, y si es De Egea se guardan la baza de presentar una querella.

Obtienen una victoria pírrica. Carlos Lesmes habla con Manuel García Castellón, titular del juzgado. Convencen al exjuez militar de que se tiene que marchar, y en enero de 2019 ya está fuera de la causa. El propio García Castellón, una figura fundamental para entender el devenir partidista de la justicia española, asume el control del caso. Es el juez rescatado desde su posición de enlace en Roma, y tras un largo periplo de 15 años sin pisar los juzgados españoles, para arreglar los problemas generados en torno a la Operación Lezo. Es el magistrado que hace de la causa general contra Podemos algo personal.

El gran capital

Uno de los elementos fundamentales para entender el alcance y la trascendencia de las operaciones llevadas a cabo por Villarejo es el dinero. No el dinero con el que se da la entrada de un piso. El gran capital. El excomisario representa la ambición de todo un país, simboliza a todas las criaturas nacidas del pelotazo económico de los años 80 y 90: llega tarde pero tiene mucha prisa.

Ekaizer explica que para entender esa ambición es fundamental otro nombre. Adrián de la Joya, empresario, con residencia fiscal en Gstaad, en el cantón suizo de Berna. De la Joya –apodado Joy– es otro de los apellidos que aparecen en los audios más conocidos del serial Villarejo. Pero no es solo un compañero de francachelas, no es una comparsa:

“Es un intermediario, un comisionista, un tipo que tiene relaciones excelentes con la jet de Marbella. Ha tenido relaciones familiares con Abdul Rahman El Assir, a través de su exmujer. Y cuando le conoce en el año 2014, Villarejo queda fascinado. Sobre todo porque este tío tiene una gran agenda nacional e internacional y tiene glamur. Algo de lo que evidentemente Villarejo carece. Joy le explica que, con la cantidad de información que él tiene, con su capacidad para conseguir información, él tiene que monetizarlo. De la Joya le explica [a Villarejo] que es un mal gestor de su activo. ‘Tu activo necesita monetizarse’. Joy es quien le dice: ‘Eso que estás haciendo no tiene sentido. Lo que necesitas es vincularte a gente que tenga la relación con los bancos, que te contraten todos los bancos. En eso hay un mercado’. Es un mercado que poca gente conoce y donde están otros rivales de Villarejo: [Gabriel] ‘Gabi’ Fuentes, el propio Enrique García Castaño y otros que también se dedican a traficar con su información y conseguir el apoyo de bancos y empresas. Por eso le hace la reunión con Medina, con Manuel Medina, que es el íntimo amigo de [Emilio] Botín y le cuenta toda la operación en la que montan el embalsamamiento de Botín, que muere con su amante en Italia y se dice que muere aquí”.

Diálogos, nombres, fechas. Y una práctica que se remonta a muchos años atrás. Agentes de la policía que se pasan al sector privado, como Gabriel Fuentes, como Enrique García Castaño, como Carlos Salamanca, como Antonio Giménez Raso. Ecos de la Brigada Política Social y su devenir empresariado. Ecos de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, colocándose como jefe de seguridad de Renault, ejerciendo de hombre para todo del empresario Mario Conde. El nuevo milenio ha visto colocados a esas piezas de la policía en las principales empresas del país. Julio Corrochano, en el BBVA; Rafael Araujo, en Repsol; Miguel Ángel Fernández Rancaño, en Caixabank; Antonio Asenjo, en Iberdrola. Villarejo piensa que puede controlarlos a todos, les ofrece los servicios de su empresa, Cenyt. Desliza nombres, provoca confesiones, promete la lluvia.

Entre todos los nombres destaca uno, el citado Manuel Medina. Expolicía, abogado. Comenzó a trabajar para el sector privado en 1984, en el departamento de “asuntos dificultosos” del Banco Central, hoy disuelto en el Santander. Tiene uno de los principales bufetes de la derecha en Madrid, Medina Cuadros, con sede en la plaza del Marqués de Salamanca, y “relaciones con todo el mundo”, subraya Ekaizer, desde Rajoy hasta Alberto Núñez Feijóo. Así describe en Operación Jaque Mate el papel que Villarejo atribuye a este abogado jienense: “La relación personal de Medina con los banqueros era de gran interés para Villarejo. Medina era el asesor áulico de Emilio Botín e Isidro Fainé, presidente de Caixabank en aquellos días, y su bufete realizaba trabajos de envergadura para ambas entidades”.

 finales de diciembre de 2018, el caso Villarejo es el caso de las grandes empresas del país. Las miserias de los multimillonarios, sus paranoias y sus miedos, han sido “monetizadas” por fin, como insistía De la Joya. “A De Egea la preocupaba la figura del rey, es un juez de Estado y a García Castellón le preocupa todo en su conjunto: el sistema”, subraya Ekaizer. BBVA, La Caixa, Iberdrola, Planeta. Estrellas en el Ibex 35 implicadas hasta el tuétano en operaciones turbias. El tribunal se encarga de desmontar las piezas del mecano:

“Todo va a quedar reducido a los jefes de seguridad, porque son los que pagaron, son ellos los que se sientan en el banquillo. Los paganos. ¿Por qué? Porque, como dice García Castellón, todos los bancos y las entidades cuentan con un sistema de compliance [cumplimiento normativo] donde se prevé un sistema deontológico. Entonces, lo justifican en que los presidentes no tenían por qué saber los detalles de lo que pagaban los jefes de seguridad. Un contrato de diez millones de euros anuales, ¿quién se lo come? Nadie”.

Así, los casos han ido muriendo uno por uno. Esos “paganos” abonan la factura. Queda vivo el del segundo banco del país, cuyo expresidente, Francisco González, es sospechoso de espionaje corporativo y administración desleal. El BBVA, presuntamente por orden de González, encargó entre 2004 y 2017 unos trabajos por los que la entidad habría pagado a Villarejo más de diez millones de euros.
Estado judicial

La destitución de De Egea, celebrada por los fiscales Stampa y Serrano, se ha convertido en una victoria pírrica.

“Esta es una instrucción judicial en la que los fiscales, aparte de perseguir a los delincuentes –y a unos delincuentes muy poderosos en este caso– tienen que perseguir a los jueces. Esta es la paradoja. ¿Por qué? Porque les torean con las medidas, las adoptan, se las tumban, archivan las causas, etc. Con García Castellón es más difícil, porque tiene más experiencia que De Egea, entonces los va toreando, les sigue la corriente, parece que les sigue la corriente. Por ejemplo, en el tema de Kitchen, García Castellón, en un momento determinado, se da cuenta de que la vía para salvar a Cospedal es imputarla primero. La interroga y determina que no se puede criminalizar el derecho de reunión. Dice que sus reuniones con Villarejo son expresión del derecho de reunión, cuando ella está detrás de la operación Kitchen. Ella es quien se sirve de Villarejo, a quien informa Villarejo: hablan de dinero, ella hace las gestiones en el Ministerio del Interior”.

Manuel Marchena, Manuel García Castellón, Pedro González Trevijano, Enrique Arnaldo, Carlos Lesmes. Sus nombres están marcados al cambio de década. Nunca se habló tanto de la derecha judicial en España, nunca se mostró más poderosa y más indiferente a las críticas. La no renovación del Consejo General del Poder Judicial en la XIV legislatura ha supuesto una manipulación de las reglas del juego, que coincide en el tiempo, y no es casual, con los años en los que todo estuvo a punto de saltar por los aires.

“En España estamos en un Estado judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que la judicatura y las decisiones de las instituciones judiciales altas, medias y bajas intervienen en el terreno político. Pasa también porque la política, además, ajusta cuentas en torno a la judicatura. La judicatura es un estamento que ha sufrido durante la Transición la menor adaptación a la democracia que se puede dar. González Trevijano dice que los jueces son conservadores porque el derecho es conservador. Eso es algo que se ha inventado, porque la Constitución española no es especialmente conservadora. Es una Constitución que permite un desarrollo. Habla de nacionalidades y regiones, habla del Estado social y democrático de derecho, habla de la vivienda. Eso no es conservador, otra cosa es que no se aplique. El Estado judicial es el Estado controlado por la derecha, una derecha que no vacila en que los consejeros del Consejo General del Poder Judicial estén no cinco años, sino diez años en el cargo. Es una derecha judicial que bloquea la renovación del Constitucional de forma alevosa, y lo que es más grave, tolerada por todo el mundo”.

La situación de la Justicia no ha sido provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero este interviene solo al final, en una crisis que queda cerrada cuando las instituciones representativas acatan el bloqueo del Tribunal Constitucional a la aprobación de una serie de leyes de renovación de órganos en el Parlamento. Antes, el presidente ha cometido una serie de errores. El principal ya ha sido mencionado: Dolores Delgado.

Delgado será la encargada de cargarse al fiscal Ignacio Stampa. Esa es la principal responsabilidad de los socialistas en el desmantelamiento de un caso que amenazaba, principalmente, a su partido adversario. Entre los audios de Villarejo está el de una comida de la hoy fiscal de Derechos Humanos con una serie de policías, aquél en el que llama “maricón” al que sería más tarde su compañero, Fernando Grande-Marlaska. Aquel otro en el que Delgado insinúa que algunos jueces españoles se dedican al turismo sexual con menores –presuntos delitos que no denunció– en sus viajes a congresos en Latinoamérica.

“Es una comida con los principales comisarios de la Policía Nacional en 2009 en el restaurante Rianxo al que asiste el entonces juez Baltasar Garzón, quien se lleva a Lola Delgado allí. El bufete de Garzón, Ilocad, defiende al comienzo a varios imputados en Tándem. Y Garzón asiste personalmente a 'El Gordo', el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao) de la Policía (especializada en intervenciones de teléfonos y seguimientos)”.

La pareja de Delgado, el magistrado condenado por prevaricación Baltasar Garzón, abogado de algunos de los policías implicados en la Operación Tándem, considera que los fiscales son los que filtran información que contamina la causa y perjudica a sus clientes. Stampa es el enemigo.

Stampa es sacrificado a finales de octubre de 2020, en una conjura que agrupa a los fiscales afines al Partido Popular y a la Unión Progresista de Fiscales. Un “crimen imperfecto” motivado por la animadversión de Delgado hacia el fiscal, de quien cree que es el que ha filtrado el audio en el que se muestra tan bocachancla; un audio que le deja en mal lugar con su nuevo jefe, Pedro Sánchez, que en la formación de Gobierno en 2020 deja de contar con ella. La nombra, eso sí, Fiscal General del Estado, en un movimiento insólito, que Ekaizer solo se explica porque “en el ámbito de la justicia Pedro Sánchez carece de idea y no se deja asesorar. Se fía de Lola y punto”.

¿Cómo termina esta historia? Las piezas del mecano están dispuestas para ser ordenadamente dispuestas en la caja, la caja está lista para ser cerrada, y el cierre determinado para que el mensaje sea que aquí no ha pasado nada. Villarejo seguirá dejando caer nombres, atacando a Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia que aceptó su órdago, a quien el excomisario ya ha ganado un juicio, y asegurando que España la controla el Opus Déi o alguna secta secreta.

Probablemente postergada por la convocatoria de elecciones, la primera gran sentencia de la Operación Tándem está lista. Ese juicio, cuya vista oral terminó en septiembre de 2022, examina tres de las más de 20 causas derivadas de la información recabada en los registros de las viviendas y oficinas del excomisario Villarejo. Para Ekaizer, la trascendencia de esa sentencia, no obstante, radica no tanto en las penas como en la valoración de las pruebas. Se trata de los audios, el factor diferencial del método Villarejo. Si el tribunal los considera una prueba lícita, los siguientes juicios, entre ellos el que juzga el Caso Kitchen –trascendental para el PP– pueden hacer zozobrar a actores principales del sistema. Si el tráiler de información obtenido por Stampa y Serrano no sirve como prueba, las causas pueden fundirse como la nieve de las pistas de Gstaad cuando termina la temporada.

Si eso sucede, el diagnóstico sobre la corrupción en todo el sistema puede recrudecerse. Ekaizer no lo niega, pero aporta un matiz: “Eso dependerá de la situación política: si el PP vuelve a gobernar, si se vuelve a hacer cargo de la maquinaria del Estado”. Núñez Feijóo no es un desconocido en el Madrid sistémico. En noviembre de 2022, el candidato del PP a presidente del Gobierno presentó Pasión por vivir, el último libro del abogado Manuel Medina. En la misma mesa estaba Margarita Robles, ministra de Defensa con el PSOE, y entre el público, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la fiscal Dolores Delgado y el abogado Baltasar Garzón.

En el audio de Medina, explica Ekaizer, se habla de Feijóo y de cómo este abogado les lleva a la presidencia de la Xunta a García Castaño y a Gabriel Fuentes para comer con el hoy candidato. Quieren que este les apoye para que Rajoy les nombre en algunos puestos. “Según Feijóo, quien filtró la foto suya en marzo de 2003, con el narco Marcial Dorado no ha sido, como se pensaba, Soraya Sáenz de Santamaría, la pequeñita –la llaman así en el audio, especifica este periodista– sino la amiga de Rajoy, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor”.

En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo –y por jueces y periodistas de su cuerda– y un resultado favorable para el Partido Popular el 23 de julio. Si es así, si todo termina a partir del 24 de julio, quedará Operación jaque mate como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida."                               (Pablo Elorduy , El Salto, 02/07/23)

23.8.23

El juez García Castellón miente para no indagar en los trabajos ilegales de Villarejo para el PP

 "Los informes fantasma contra Podemos, el espionaje contra Ignacio González, la Operación Astapa contra el PSOE o la Operación Cataluña contra la familia Pujol y el exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, entre otros. Le ha costado llamar como investigada a María Dolores de Cospedal, aunque Asuntos Internos ha informado a los afectados que los indicios están entregados. Pero la acción de indagar es del juez y de Fiscalía Anticorrupción.

El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva a sus espaldas las ya 34 piezas de la operación Tándem está puesto en entredicho por acusaciones y defensas debido a «subjetividad manifiesta a la hora de investigar los encargos políticos realizados por una parte del Partido Popular y que sin duda pasaban por las manos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de por los ministerios de Interior y Justicia, cuando no por el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy», aseguran algunos letrados y perjudicados.

 Cada vez son más quienes se acercan a esta tesis y no solo la acusación popular de Podemos o las particulares de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, después de que en la pieza Dina al juez García Castellón le hayan parado los píes -desde la propia Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo-, para recordarle que el objeto de la investigación son las actuaciones ilegales cometidas por los funcionarios de la brigada política que dirigía Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior.

 Es lo que investiga en la pieza Kitchen, como esa brigada política se sirvió de medios públicos para seguir al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y así hacerse con la información que pudiese dañar al partido. La orden la habría dado la secretaria general del PP y más tarde ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto con su marido el empresario y fundador de Alianza Popular, Ignacio López del Hierro. Todo ello con el conocimiento del jefe, el presidente del gobierno Mariano Rajoy Brei, también conocido como el Barbas o el Asturiano, tal y como relata la propia Cospedal al comisario José Manuel Villarejo en una reunión en la sede del Partido Popular.

Sin embargo, el juez ha vuelto a poner aquí la línea roja y no investigar a la controvertida exdirigente en la pieza Kitchen, a pesar de la multitud de anotaciones que hay en las agendas del comisario y que fueron incautadas en los dos registros realizados, el primero en noviembre de 2017 y el siguiente en 2020.

El argumento del magistrado resulta peregrino para las acusaciones y defensas consultadas por Crónica Libre, algunas han recurrido el auto del juez que manda la pieza Kitchen para ser juzgada, más cuando García Castellón se ha visto obligado a abrir la pieza 34 donde ha aceptado volver a llamar a Cospedal como investigada debido a los audios que diferentes medios de comunicación han hecho públicos debido a filtraciones del propio entorno del comisarios Villarejo.

Las contradicciones argumentales 1: el caso de Sandro Rosell

El pasado verano Manuel García Castellón decidió que el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, no tenía suficientes indicios para personarse como perjudicado en la causa Tándem, a pesar de aludir a un audio en que la dirigente catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, mandaba a Villarejo investigarlo debido a que su padre había formado Convergencia junto al expresident Jordi Pujol.

 Alicia Sánchez Camacho, muy unida a María Dolores de Cospedal, es una de las políticas que le da a Villarejo las claves para iniciar la Operación Cataluña: desde la entrevista con Victoria Álvarez, que se convirtió en fuente del Ministerio del Interior cobrando de los fondos reservados hasta otro tipo de información de tipo político.

En grabaciones incautadas por la Unidad de Asuntos Internos en el primer registro a la casa de Villarejo se encontró, por ejemplo, una conversación entre Villarejo y el marido de Cospedal en el que hacían alusión a que la publicación en un medio de una grabación en la que se dejaba a Sánchez Camacho al descubierto y el comisario advertía a López del Hierro que el siguiente nombre que saldría era el de su esposa.

Pues bien, con esa misma base argumental por las que están abiertas las piezas Dina y Kitchen -trabajos ilegales encargados por el Gobierno del PP contra sus adversarios- y tras dictar un auto por el que abre la pieza 34 con audios filtrados por el entorno de Villarejo, es decir, que la policía no ha conseguido desencriptar, García Castellón desarrolla un nuevo argumento para desechar la personación de Sandro Rosell en Tándem.

Así escribe el magistrado que: «Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ella es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes DP 96/2.017. En la querella no se consigna en que modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aqui seguida contra el excomisario Villarejo Pérez.

En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del ex comisario -mediante el grupo CENYT-, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ella se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad».

Con este argumento tanto la pieza Kitchen como Dina no debería haber existido nunca, pues que no se ha encontrado ningún contrato ni factura que indique que Jorge Fernández Díaz como ministro, Francisco Martínez como secretario de Estado o Eugenio Pino como director adjunto de la Policía solicitara servicios privados al Grupo Cenyt y que pagaran por ella y mucho menos el resto de imputados como el comisario Marcelino Martín Blas.

Continúa el auto en el que desecha las actuaciones de Sandro Rosell con que: «No ha lugar a su investigación en el momento presente, sin perjuicio de que, si surgiere algun indicio ulterior, pudiesen llevarse a cabo las diligencias de investigaci6n oportunas.

En este punto ha de recordarse que no ha sido desencriptada toda la documentación -intervenida en los registros domiciliarios que se practicaron en esta causa, por lo que, si apareciese algún dato que vincule al investigado VILLAREJO PEREZ con el querellante, o se tiene constancia de la existencia de dicho encargo, se realizaría el oportuno ofrecimiento de acciones».

Sin embargo, como relata en su querella el letrado Pau Molins ha sido un audio, de esa misma tanda de filtraciones que ha servido para abrir la pieza 34, en la que se ha basado el perjudicado Sandro Rosell para pedir personarse en la causa. Es decir, en la pieza 34 el juez reconoce válidos -casi a la fuerza, por presión de la Fiscalía Anticorrupción- los audios no incautados por la Policía y que se han publicado en la prensa, pero para abrir una pieza sobre la Operación Cataluña, no.

Contradicciones argumentales 2: Pujol

Esta resistencia de Manuel García Castellón para abrir piezas que afectan a políticos o a la política y no solo a empresas y particulares es una constante de su trabajos desde el principio. Y las pruebas se acumulan.

 En diciembre de 2020, la Unidad de Asuntos Internos remitió el Oficio para que el juez valorase si realmente había suficientes indicios para que la familia Pujol, encabezada en este caso por Jordi Pujol Ferrusola, podía personarse como perjudicado en la causa Tándem.

El informe remitido a García Castellón suma un total de 149 páginas, incluídos los anexos. Los investigadores recopilan dentro de lo hallado en el primer registro de noviembre de 2017, desde grabaciones de audio, documentación y otro tipo de pruebas sobre el informe borrador elaborado con las «identidades encubiertas» de Villarejo, sin ningun tipo de control judicial y pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior.

 La conclusión de García Castellón fue de nuevo la negativa a investigar las acciones sobre la familia Pujol, la Operación Cataluña o algo que se le asemejara."       (

22.10.22

Caso Villarejo: llega la primera sentencia sin haber investigado el contenido real de los trabajos encargados al comisario

 "El primer gran proceso de la macrocausa Tándem o caso Villarejo está visto para sentencia. Se trata de las piezas denominadas Iron (pieza 2), Land (pieza 3) y Pintor (pieza 6). Pero existe el riesgo de que todo el caso se vaya al traste si, como apunta la información que maneja Público, el tribunal no está juzgando lo que realmente se escondería detrás del contenido de los encargos que se le hicieron a Villarejo y sus cómplices.

De hecho, la documentación a la que ha tenido acceso este diario así como el análisis íntegro de las agendas del comisario y un riguroso estudio forense financiero permiten concluir que la investigación de la mayoría de las más de 30 piezas del caso ha ido en la dirección que el comisario jubilado y sus colaboradores marcaron con las pruebas que dejaron tras de sí y con sus declaraciones en la Audiencia Nacional.

 Es el caso, por ejemplo, de la pieza Planeta, en la que la defensa de Villarejo ideó una estrategia para convencer de que este grupo mediático pagó al comisario 40.000 euros en 2014 para que este ayudase a revertir un laudo arbitral, cuando en esas fechas ya hacía años que dicho laudo era irreversible. 

También sucedió con el proyecto "Trapa" el primer encargo del BBVA a Villarejo, donde se escenifica un asalto imposible de Luis del Rivero al consejo de administración del banco que en realidad escondía una lucrativa operación mediático bursátil para la empresa de este. 

La estrategia se repite también en la pieza Wine, en la que se trata de explicar la colaboración del comisario como una misión para impedir a Sacyr, la constructora de Luis del Rivero (el supuesto "perjudicado"), ejecutar un asalto a Repsol cuando, en realidad, de lo que se trataba era de salvar a esta constructora de la quiebra

Pasa lo mismo con las restantes piezas que Público ha ido analizando a lo largo de los años. Y pasó también con las tres para las que se espera la sentencia en los próximos días.

Multitud de fuentes jurídicas consultadas a lo largo de los años por este diario coinciden en que esta es la clave del caso. Si alguien es sorprendido cometiendo un delito (por ejemplo, pagar a un policía en activo por servicios que este provee por su condición de policía), una de las formas más eficaces para obtener el archivo de la causa durante la instrucción, minorar condenas o incluso conseguir absoluciones es lograr que durante toda la fase de instrucción se investigue en exclusiva una historia completamente diferente a la real (y más ventajosa para los implicados) y que acabe siendo esta la que figure finalmente en el auto de procesamiento. Es decir, no se trata de eludir completamente la Justicia, sino de conseguir ser juzgados por un delito que acarrea una pena muy inferior.

Además, con esta argucia se da la oportunidad a los implicados de obtener durante el juicio el "perdón" de falsos perjudicados, como se ha visto en la pieza que afecta al marido de Ana Rosa Quintana; o incluso la absolución o archivo si durante la fase de juicio los acusados afloran las lógicas inconsistencias que acompañan a toda historia ficción.

La clave de todo este proceso reside en garantizarse que se investigue una sola historia posible de principio a fin del proceso de instrucción. Es decir, que en la investigación no se soliciten y ordenen diligencias para verificar cualquier otra alternativa. Esa es la historia que se tiene que conseguir que figure en el auto de procesamiento, que da paso a la fase de juicio.

Es la parte del proceso más importante, porque los magistrados que luego juzgarán el caso en sala (distintos del juez instructor) no podrán salirse de los hechos que ha fijado el auto del juez instructor. Tanto es así que, si durante el juicio aflorase la farsa creada, habría que volver a la casilla de salida: abrir instrucción nuevamente para investigar la historia real. Es decir, en el peor de los casos, la argucia permite ganar tiempo.

Los informes de Villarejo son solo un "parapeto"

Y los jueces conocen la estrategia de Villarejo y sus cómplices desde el principio de toda esta macrocausa. El primer cliente e investigado del caso, el abogado Francisco Menéndez, explicó durante la fase prejudicial del caso —concretamente durante las diligencias de investigación de la Fiscalía— que los informes de Villarejo donde plasmaba los supuestos encargos que se le hacían no eran más que un "parapeto" para disfrazar el verdadero motivo de los suculentos trasvases monetarios que atravesaban las cuentas bancarias vinculadas a Villarejo.

A pesar de que esta declaración se recoge en el folio 46 del primer tomo de toda la macrocausa Tándem, durante la fase judicial que comenzó en noviembre de 2017 y en la instrucción de las piezas el juzgado no ha puesto en cuestión las historias construidas por Villarejo y sus cómplices y clientes que el primer investigado calificó de "parapeto". Al contrario.

Además, muchos medios de comunicación y periodistas han replicado estas mismas historias para construir un relato que se aleja de lo que verdaderamente ocurrió, según las conclusiones que arroja el estudio minucioso de cada "proyecto" contratado a Villarejo efectuado por este diario con medios propios.

Extensos cuadros indiciarios obligan, al menos, a estudiar esas alternativas para confirmarlas o descartarlas. De hecho, en ninguna de las piezas abiertas en el caso Villarejo, salvo en una, se ha mostrado interés para indagar en la problemática que realmente obligaba a los pagadores a interaccionar con Villarejo y sus cómplices. La excepción es la primera pieza, que afectaba a este primer intermediario contratado, Francisco Menéndez; la única que fue impulsada por el equipo de delitos económicos de la Agencia Tributaria, que no depende de Interior.

Por todo ello, Público saca a la luz la investigación realizada durante años para las tres piezas juzgadas (Pintor, Iron y Land) y muestra las verdaderas motivaciones que se encontrarían detrás de los encargos a Villarejo:  PINTORIRON  ;  LAND )       (Pilar L. González de Lara / Nacho Calle ; Público, 22/10/22)

23.8.22

Guía para no perderse (ni enloquecer) con los audios de Villarejo... El ‘caso Villarejo’ es, posiblemente, el más complejo de seguir y digerir de todos los casos de corrupción que se han visto jamás en España

 "1. ¿Quién es José Manuel Villarejo?

Un comisario de policía a quien se le permitió compaginar una muy lucrativa actividad empresarial (él dice que montada mientras estuvo en una excedencia de 10 años durante los ochenta) con su pertenencia a unos servicios de inteligencia que la Policía Nacional (Ministerio de Interior) montó en 1993 y que entrarían en competencia con el CNI (Ministerio de Defensa). Mucho más adelante, ya con el PP de Rajoy en el Gobierno, recibirá el encargo, presuntamente, de coordinar lo que se ha denominado «policía patriótica», es decir, un sanedrín de varios mandos policiales que tenía como objetivo salvar España de sus enemigos internos, si hiciera falta con métodos al margen de la ley. Las tres principales misiones de esta policía patriótica serán la Operación Kitchen (eliminar pruebas sobre la financiación ilegal del PP, en especial los papeles de Luis Bárcenas), la Operación Cataluña (hacer descarrilar el procés) y frenar el auge de Podemos.

A parte, Villarejo también aceptaba encargos privados, como “solucionador” (palabra que él mismo ha usado) de problemas de grandes empresas, si bien asegura que cuando lo hacía en realidad usaba su entramado empresarial como tapadera para operaciones de inteligencia. En algunas entrevistas, Villarejo ha explicado que durante años la colaboración con el CNI fue excelente y que la mayor parte de sus grabaciones las hizo el mismo CNI, con su consentimiento. Esta buena sintonía se acaba con la llegada del general Félix Sanz Roldán a la dirección del CNI (2009-2019). Villarejo atribuye a Sanz Roldán la mayor parte de sus males.

2. ¿Qué es el ‘caso Tándem’?

La macrocausa abierta contra Villarejo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en 2017. Algunos medios lo llaman, directamente, caso Villarejo. Esta macrocausa, en la que se investiga la actividad presuntamente delictiva del excomisario y su red empresarial (Grupo CENYT), ha dado pie, hasta ahora, a 31 piezas separadas… que podrían acabar siendo más. En estos momentos hay tres, de poca complejidad, que ya se están juzgando. Por estas, la fiscalía anticorrupción pide una pena de 83 años para el excomisario.

De estas 31 causas, la primera (que todavía no ha llegado a juicio) y la que origina la detención de Villarejo tiene que ver con unos negocios en Guinea Ecuatorial y la sospecha de que habría espiado y tratado de extorsionar a los hijos de Teodoro Obiang que residían en Madrid, mientras la más morbosa se refiere a Corinna Larsen, examiga del rey emérito, que habría contratado al comisario para espiar a una empleada. A partir de la primera denuncia, el juez ordena el registro a las oficinas del excomisario (se había jubilado en 2016) e incauta una gran cantidad de grabaciones, documentación, agendas, etc. (una parte de estos papeles también se están filtrando a la prensa). Y de aquí sale el resto de causas, que en conjunto incluyen acusaciones de múltiples delitos: extorsión, espionaje, amenazas, sobornos, malversación de caudales públicos, organización criminal, revelación de secretos, blanqueo de capitales, prevaricación… incluso de un posible intento de homicidio a una dermatóloga que había denunciado por acoso a un personaje de la jet set madrileña, Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL (Villar Mir) y muy amigo (“compi yogui”) de los reyes Felipe y Leticia.

3. ¿Cuántas grabaciones se han publicado?

Muchas. En Catalunyaplural.cat hemos hecho un recuento, que publicamos al final de este artículo, con más de 80 noticias de varios medios digitales que publican exclusivas con conversaciones inéditas de Villarejo con otras personas (y seguro que habrá otras que se nos han escapado). Algunas de estas noticias son la misma grabación troceada y ofrecida por capítulos a lo largo de diferentes días, mientras que otros incorporan más de una grabación para contextualizar un tema concreto. La mayor parte están editadas, puesto que solo aportan el o los fragmentos interesantes, y solo en algún caso el audio que se cuelga es de toda la conversación.

4. ¿Quién filtra los audios?

Esto solo lo pueden saber los medios que los publican, que obviamente nunca lo revelan, aunque podría ser que ni ellos mismos lo supieran porque les pueden haber llegado a través de una fuente anónima 

  (se ha publicado que se distribuyen a través de la llamada Red Tor, una especie de internet oculto). La primera hipótesis es que sea el mismo Villarejo, puesto que, a pesar de que la mayor parte de estos audios aportan posibles pruebas de algún tipo de práctica suya presuntamente delictiva, a quien claramente perjudican es a sus interlocutores, puesto que hoy en día todo aquel que salga relacionado con el personaje queda retratado. Villarejo ha negado reiteradamente que sea él quien filtra nada. Si no es él, solo pueden salir de la policía o del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Manuel García Castellón, de talante claramente conservador.

5. ¿Quién está quedando retratado?

La lista es larga: la exministra y fiscal Dolores Delgado, el ex juez Baltasar Garzón y el juez Fernando Andreu, los periodistas Antonio García Farreras, Ana Rosa Quintana y Pedro J. Ramírez, algunos empresarios de renombre como Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) o Francisco González (expresidente del BBVA), algunos ex dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre, la Casa Real… pero sobre todo quedan retratados sus socios de fechorías, que son un grupo de altos cargos policiales y un par de empresarios, además del ex ministro Jorge Fernández Díaz como presunto inspirador, guionista y director de la Operación Cataluña. Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, están procesados por la Operación Kitchen, de la que Cospedal y su marido han sido desimputados por el juez instructor, pero todavía no han sido imputados en ningún sumario por la Operación Cataluña.

6. ¿De cuándo son las conversaciones?

A pesar de que Villarejo afirma que tiene muchos años de grabaciones, la inmensa mayor parte de los audios que han salido a la luz corresponden a su actividad durante los ocho años que transcurren entre 2009 y 2017. Hay alguno anterior y ninguno posterior (lógicamente, porque Villarejo es detenido y encarcelado en noviembre de 2017 y no sale de prisión hasta el 3 de marzo de 2021).

7. ¿Hay algún patrón en los audios?

La filtración de los audios de Villarejo tiene, hasta el momento, dos grandes etapas: el periodo que va de septiembre de 2018 a finales de 2019, en que prácticamente todo sale a través del portal Moncloa.com, y periodo mayo-agosto de 2022, en el que, en media docena de medios, han aparecido unas cincuenta conversaciones del excomisario. De estos medios, es curioso que hay dos que prácticamente nacen con el único propósito de divulgar estas conversaciones: Fuentes Informadas y Crónica Libre.

En el primer periodo, Villarejo se encontraba en la prisión, las conversaciones que afloran corresponden habitualmente a los años 2005-2010 y salpican, sobre todo, a Dolores Delgado, María Dolores de Cospedal, el BBVA e Iberdrola. En el segundo, que ocurre con Villarejo fuera de la cárcel, las conversaciones suelen ser más recientes (años 2012-17) y la salpicada es más general, aunque sobre todo queda en evidencia la cúpula de Interior en tiempos de Fernández Díaz y algunos altísimos cargos policiales que habían sido estrechos colaboradores y amigos del ex comisario.

8. ¿Qué dice Villarejo?

La estrategia de defensa de Villarejo pasa por admitir haber cometido una parte de las ilegalidades que se le imputan, pero nunca en solitario. Parece evidente que Villarejo tiene muy claro que todavía pasará muchos años en la sombra y que no quiere hacerlo solo, pero sobre todo en su caída no quiere arrastrar a su mujer y su hijo (la fiscalía anticorrupción rebajó muchísimo las peticiones de pena para estos, un movimiento que podría hacer pensar que el policía está colaborando). Por activa y por pasiva, como se vio a la entrevista en el programa FAQS de TV3, repite que él está dispuesto “a asumir la cuota de responsabilidad que me corresponda” y que “no actuaba en solitario”. También viene a decir que en algunos audios quien habla no es el Villarejo persona, sino el Villarejo espía, es decir, el agente que está intentando obtener información de sus interlocutores por la vieja táctica de hacerles creer que está de su parte.

9. ¿Qué consecuencias están teniendo los audios?

De momento, ya han enterrado algunas carreras políticas, como las de Ignacio González, María Dolores de Cospedal o Dolores Delgado. Todos ellos se han visto obligados a dejar la política por la puerta trasera. A la vez, los audios están desatando una intensa actividad judicial: el conseller Jaume Giró ha presentado una denuncia contra Alícia Sánchez-Camacho basada en los audios (se escucha a la exlíder del PP catalán dando nombres a Villarejo de personas que tienen que ser investigadas, entre las cuales Giró cuando todavía era un alto directivo de La Caixa); el ex jefe de la Policía Nacional en Cataluña, Narcís Ortega, también ha presentado una denuncia como víctima de la Operación Cataluña y la fiscalía de Cataluña la ha remitido a Madrid; el número 2 de la trama Gürtel se ha querellado contra Baltasar Garzón; Sandro Rosell ha anunciado una querella contra Villarejo que tiene como objetivo indisimulado que este incrimine a la jueza Carmen Lamela, que fue quien lo tuvo dos años en la prisión antes de ser totalmente exculpado; en Andorra también se ha abierto una causa judicial para averiguar hasta dónde España presionó a las autoridades andorranas para obtener información sobre la familia Pujol Ferrusola; un inspector de asuntos internos de la Policía que dice que fue coaccionado y objeto de una campaña de desprestigio cuando precisamente investigaba a Villarejo ha pedido que se reabra la querella que presentó en su día y fue archivada; etc.

10. ¿Habrá más audios?

Villarejo ha afirmado repetidamente que tenía guardado un terabyte en audios. Aunque sea una fanfarronada, digna del personaje, es más que probable que quede mucho material aún para ver la luz y que tarde o temprano lo acabe haciendo."                     (Victor Saura, La Marea, 23/08/22)

16.5.22

Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”

 "Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero.

 Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, se empleó a fondo en el primer semestre de 2013 para evitar el desmoronamiento de su partido y del Gobierno, acorralados ambos por una grave sospecha de corrupción tras la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, los documentos que acreditaban la existencia de una caja b en la formación conservadora.

Cuando leyó el 18 de enero de 2013 en El Mundo que Luis Bárcenas, gerente y tesorero entre 1990 y 2009, pagó sobresueldos en negro durante años a una parte de la cúpula del PP, Cospedal acudió a su principal aliado policial desde 2009, el comisario José Manuel Villarejo, quien le informaba desde entonces de la investigación abierta contra la trama Gürtel, vinculada a su partido.

Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?

Yo, la libretita… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos esto…

Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír.

Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Que va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas.

La secretaria general del PP quería saber si el periódico tenía papeles —“la libretita”— para acreditar quiénes eran los beneficiarios de esos sobresueldos en negro y cuánto dinero se había llevado cada uno.

 Villarejo grabó entonces a Cospedal, y ese material sonoro, que guardaba en su vivienda, fue requisado por orden judicial dentro de la Operación Tándem, que acabó con la detención del comisario.

 Aquella conversación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que también publica el diario digital Fuentes Informadas, refleja la preocupación de la secretaria general del PP ante la posibilidad de que “la libretita de Bárcenas” estuviera en manos de los periodistas. Este periódico se ha puesto en contacto con Cospedal, quien ha declinado responder sobre aquellas conversaciones con Villarejo.

EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013 los papeles manuscritos donde Bárcenas registró durante casi 20 años (1990-2009) una contabilidad paralela, nunca declarada al Tribunal de Cuentas, con las entradas —casi ocho millones de euros que aportaron numerosos empresarios— y salidas de dinero.

En esa documentación, Bárcenas registró pagos de sobresueldos a los principales dirigentes del PP, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy y quienes fueron secretarios generales y vicesecretarios generales durante aquel tiempo, como Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y la propia Dolores de Cospedal. También apuntó los ingresos de fondos millonarios a través de donaciones de empresarios que tenían prohibido por ley financiar a los partidos políticos al tratarse de contratistas de la Administración.

Once días antes de que EL PAÍS publicase los papeles de Bárcenas, Villarejo tranquilizó a Cospedal y la asesoró sobre los próximos movimientos ante el escándalo que se avecinaba.

(...) [Hay que] ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada.

Eso es lo más importante.

Y en la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema. Vamos, el día de ayer estuve comiéndole el tarro a estos, al Inda, al Esteban, a todos, de que no sacaran… Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi, ¿eh?

Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?

Hombre, claro que sí…

Además, te digo una cosa: este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España, y nadie se lo compró. Y que lo hayan sacado ahora a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios, entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes (...).

La mención de Cospedal a “lo de los catalanes” se refiere a la investigación abierta en la propia policía durante el Gobierno del PP por un informe sin sello, firma, fecha ni destinatario en el que se relataban una decena de graves corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes (el expresidente Jordi Pujol, el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno, periodistas, jueces y fiscales de Cataluña).

El Gobierno del PP puso en marcha en aquellas fechas una estrategia basada en la denuncia de diversas corruptelas atribuidas a los principales líderes independentistas, con la idea de que la publicación de esos escándalos neutralizaría el desafío rupturista del Ejecutivo catalán.

La amenaza de querella que sugirió Cospedal en su conversación con Villarejo se llevó a efecto cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Los exsecretarios generales del PP —todos menos Mariano Rajoy— y algunas de las personas cuyos nombres aparecían en la contabilidad paralela del extesorero presentaron querellas contra este periódico. Todas ellas fueron archivadas o retiradas.

Aquel 20 de abril de 2013, la secretaria general del PP elucubró sobre las tres fuentes que supuestamente habían confirmado a El Mundo, sin pruebas documentales que lo avalaran, el pago de sobresueldos. Cospedal culpó de la filtración a Esperanza Aguirre; a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana. El comisario Villarejo mostró su extrañeza sobre la expresidenta madrileña:

... Y la Espe, pues no lo entiendo. Esta mujer piensa… ¿Qué quiere, repetir lo de 2008? Es que no lo entiendo.

No sé, no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que, sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sinvergüenza, lo hizo consejero… Es que nos hemos tragado mucho, ¿eh?

Alberto López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando estalló el caso Gürtel, fue uno de los primeros imputados, acusado de cobrar comisiones de la trama corrupta a cambio de adjudicar contratos de la Comunidad de Madrid. El tribunal lo condenó a 31 años de cárcel.

La secretaria general del PP acabó aquella conversación del 20 de enero de 2013 con un ruego a Villarejo.

Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar.

No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos...

EL PAÍS publicó por primera vez los papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013. Los principales dirigentes del PP que figuraban como beneficiarios de sobresueldos pagados con dinero de la caja B negaron los hechos. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el sumario del caso Gürtel para investigar el caso. Y la policía, por encargo del juez, comenzó a elaborar informes sobre los documentos. Es en ese momento cuando Cospedal vuelve a recurrir a Villarejo para conocer los avances de la investigación. Es viernes, 26 de abril de 2013.

El informe del lunes, vamos a ver.

Sí.

Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [del Interior, Jorge Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice.

No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas.

Villarejo y Cospedal hablan de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bárcenas y de las dificultades que existen para conseguir cambiar los párrafos que más daño hacen al PP. El comisario comunica a Cospedal que parte de ese trabajo ya está hecho.

De todas maneras, lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis [Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF] y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el Morocho [inspector de policía encargado de redactar los informes para el juez] de los cojones. Y luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes.

No.

Iba hasta el nombre del presidente del Gobierno, iba toda la lista reproducida de EL PAÍS por no sé qué, por no sé cuánto, unas conclusiones de estas, de esta gente. Y claro, cuando estaban, fíjate, llaman a José Luis por la tarde para que se vaya con el ministro y con el manos libres se pone… y el otro, no, yo es que no puedo hacer nada, yo no puedo hablar con mis subordinados para que cambien… Y claro, no querían que supiera que estaba José Luis allí asesorándole y manda una nota diciendo oye, claro que sí se puede cambiar el párrafo, un párrafo que haga simplemente referencia a la lista y referencia a la lista que hacen en EL PAÍS. En un informe se hace referencia a la lista que hacen en EL PAÍS, pero no se ponen 17 nombres de todos los tíos.

Bueno, bueno.

Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero así no podemos estar todos los días.

Ya lo sé.

Hoy he estado comiendo con Paco [Martínez, secretario de Estado de Seguridad], y le he dicho: Paco, tienes que empezar a hacer los cambios. Y dice: “No, es que no tengo todavía autorización política”. Y le digo, déjate de autorizaciones, macho, que… Mira, hace 15 días… Que por eso fue la llamada.

Los informes policiales sobre el caso Gürtel fueron elaborados por un equipo al frente del cual estaba el inspector Manuel Morocho, quien denunció al juez en 2021 —ocho años después de redactar esos informes— que sus jefes los habían manipulado antes de entregárselos al juzgado para borrar las referencias al PP o a sus principales dirigentes.

En la conversación con Cospedal, el comisario Villarejo le ofrece una solución para evitar en lo sucesivo informes duros contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, como los que redactaba el inspector Morocho.

Había una oportunidad tremenda, tremenda y era haber ascendido a dos del grupo de este tío, que son los que hacen todos los informes, y son tres años fuera. Y han suspendido el ascenso, es que de verdad. Hay uno que es subinspector, que ascendía a inspector, y se presenta y el hombre lo suspende, y es el que hace el 40% de los informes.

Es una cosa…

Y claro, cuando se lo volví a recordar a Paco y me decía, “Joe, estoy a mil cosas”, y le decía, claro, tú estás a mil cosas, y estás muy arriba, pero para eso tienes que tener a un comisario general que fuera de tu confianza, y no un tonto que… y dice, no, es muy buena persona, tal. No, si buena persona somos todos, pero…

Sí, claro, pero es que…

Total, que ha perdido una oportunidad tremenda porque ahora hasta el año que viene no hay otros exámenes de eso.

Ya.

Y es una forma sutil de no largar a un tío, ascenderlo, coño.

Totalmente.

La investigación judicial de los papeles de Bárcenas se abrió en 2013 y culminó ocho años después con un juicio en el que fue condenado el extesorero Luis Bárcenas. Solo se pudieron juzgar los pagos hechos en 2008 y 2009, dado que el resto de ejercicios estaba prescrito. Por eso, la sentencia solo analiza las obras de reforma en la sede nacional del PP, pagadas en parte con dinero de la caja b, y condena a penas de cárcel a Bárcenas, y al PP como responsable civil subsidiario.

La sentencia describe entre los hechos probados la financiación ilegal de la formación conservadora: “En el periodo en el que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero (1990-2009), gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni, por tanto, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Las dos causas abiertas de los papeles de Bárcenas

La Audiencia Nacional abrió en 2013 una pieza separada del caso Gürtel para investigar la contabilidad paralela del PP publicada por EL PAÍS el 31 de enero de ese año. La instrucción judicial reunió decenas de pruebas de la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, con testimonios de algunos de los que recibieron los fondos opacos y de algunos de quienes los dieron; y con documentación que demostraba algunos gastos hechos con dinero negro (en las obras de reforma de la sede de Génova, 13; en el pago de sobresueldos a varios dirigentes del PP; en la compra de participaciones de Libertad Digital). El juicio en la Audiencia Nacional terminó con la condena al extesorero Luis Bárcenas y al PP como responsable civil subsidiario de lo ocurrido. Ahora la causa sigue abierta, pues el Tribunal Supremo deberá resolver los recursos presentados por las acusaciones populares, por el PP y por los condenados del bufete de arquitectura que hizo las obras en Génova,13. 

Durante la investigación judicial del caso, el PP fue expulsado como acusación popular –sus iniciativas iban encaminadas a defender al extesorero en lugar de acusarlo– y destruyó los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, por lo que la formación conservadora fue encausada en un juzgado de la Plaza de Castilla, que acabó archivando el caso. A la vez, en el Ministerio del Interior se ejecutó un plan, a espaldas del juez que investigaba el caso, para espiar a la familia de Bárcenas e intentar sustraerle documentación que pudiera incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del partido. Esa causa judicial está abierta, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, procesados junto a media docena de comisarios que participaron en el operativo. Entre ellos, el propio Villarejo."                                 (José Manuel Romero , Iker Vega , ,Elena San José , El País, 16/05/22)

12.1.22

El marido de Ana Rosa Quintana declara que contrató a Villarejo para extorsionar a un exjuez

 "El empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, ha declarado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que tanto él como su hermano Fernando contrataron los servicios del comisario José Manuel Villarejo para obtener información patrimonial y "de todo tipo" sobre su socio Mateo Martín Navarro y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía. Muñoz ha pactado con la Fiscalía y su petición de condena se ha reducido considerablemente: de ocho años a once meses de prisión.

Los hermanos Muñoz Tamara están imputados en la pieza 'Pintor' de la macrocausa 'Tándem'. Podemos, partido personado en el juicio, mantiene su petición de 17 años de prisión para cada uno de ellos por los supuestos delitos de descubrimiento, revelación de secretos y revelación de datos reservados registrados en ficheros informáticos. Los hermanos pretendían con el encargo, en 2017, a Villarejo, del que conocían su condición de policía en activo, obtener información con la que poder chantajear a su exsocio, Mateo Martín, para que cambiara su postura sobre su supuesta insolvencia ante la deuda que Hacienda reclamaba a la empresa en común.

Los hermanos sospechaban que la estrategia de su exsocio se debía a la recomendación del abogado de este, el exjuex Uquía. Por eso, pidieron a Villarejo también información sensible sobre el letrado y forzar así a Mateo Martín a asumir el pago de la deuda tributaria. 

En marzo de 2017 en la sede del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, el comisario expuso a los empresarios que tenía una grabación del CNI de varios años antes sobre Francisco Javier Urquía, juez inhabilitado, consumiendo estupefacientes. La investigación judicial ha concluido que ese vídeo fue grabado por el hijo Villarejo en el año 2006 y que contaron con la colaboración del famoso traficante de armas Monzer Al Kassar, que cumple prisión en EEUU. Tanto Juan como Fernando Muñoz, que también ha declarado, han admitido que el hijo de Villarejo estuvo presente en alguna reunión pero "no participó".

Este lunes, Fernando Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana, ha explicado que el vídeo mostraba, en efecto, al exjuez consumiendo cocaína en el baño de un local. En otro vídeo "aparecen unas señoras con el señor Urquía. Era una reunión donde se consume droga y esas señoras debían ser prostitutas", ha dicho el empresario.

Juan Muñoz ha negado conocer que las reuniones que se sucedieron en el despacho de Villarejo fueran grabadas por el comisario. "No podíamos ni imaginar que esas reuniones se estuvieran grabando. Los he escuchado [los audios] y recogen el contenido de las reuniones", ha admitido.

Tanto Juan como Fernando Muñoz Tamara han reconocido que pagaron a Villarejo 20.000 euros en efectivo por aquel trabajo, que ha quedado, sin embargo, sin la preceptiva acción investigadora en el juicio, gracias al acuerdo de conformidad de los hermanos con la Fiscalía. Según la investigación de Público, desarrollada en varios reportajesel plan de los hermanos al contratar a Villarejo giraba en torno a un "tema gordo penal" tributario instruido en los juzgados de Sevilla desde 2007, a raíz del cual tanto los Muñoz Támara como su socio Mateo Martín Navarro fueron acusados de cinco delitos fiscales por urdir presuntamente un sistema de facturas falsas para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA. 

En dicho sistema, Martín Navarro era el emisor de las facturas en su papel de subcontratista y Tarol SA -la constructora del grupo de los Muñoz Támara (luego rellamada Tarje SL)-, la receptora en su rol de contratista. 

Según el relato contenido en los oficios de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, basado en la literalidad de los audios y documentos incautados en los registros, las supuestas acciones de "extorsión" fueron de dos tipos: sobre Martín Navarro, para minar su credibilidad al intentar reabrir un proceso de Algeciras en el que estuvo imputado por falsificación; y amenazando al abogado de este, De Urquía, con difundir dos vídeos sobre su supuesta vida licenciosa, uno de 2005 de la videoteca de Villarejo y otro grabado sobre la marcha, "más vergonzoso".

El tribunal rechaza la recusación

Por otro lado, el tribunal ha rechazado este lunes el incidente de recusación formulado por el comisario jubilado Villarejo para apartar del tribunal que lo juzga al magistrado Fermín Javier Echarri, al considerar que las razones que alega son extemporáneas y no guardan relación con las tres piezas de 'Tándem' que se están juzgando. El fiscal ha rechazado la recusación por ser extemporánea, "dado que tenía que conocer previamente la composición del tribunal".

Villarejo, por su parte, ha insistido en que Echarri debe ser apartado y que su recusación no es extemporánea ya que recordó que se había reunido con el magistrado en el marco de su trabajo como agente de inteligencia tras ver una noticia en prensa. El comisario Villarejo solicitó apartar a Echarri en un escrito donde aludía a sus presuntas maniobras en la causa del magnate millonario libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab años atrás, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid.

Villarejo asegura que tiempo atrás mantuvo una reunión con el propio Echarri para tratar de mejorar la situación del magnate libanés, al que le une una amistad con el rey emérito. Según el comisario, el juez Echarri se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, "lo que finalmente no sucedió", relata en su escrito de recusación el policía."                (Ana Mª Pascual, Público, 10/01/22)