El Parlamento Europeo cree que el fútbol apesta... Los “matones y oligarcas” del fútbol corren el riesgo de sufrir medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero de la UE... Desde Paris St. Germain hasta Bayern Munich y Inter de Milán, los principales clubes de Europa podrían verse afectados por una montaña de papeleo para demostrar que las tarifas de transferencia no han sido infladas (POLITICO)

 "Preocupados de que las transferencias y los acuerdos de patrocinio puedan ser tan herméticos como la línea defensiva del Manchester United, los legisladores están presionando para que los gobiernos den marcha atrás en su oposición a que los clubes de fútbol sean incluidos en una ley de la UE que combate el lavado de dinero. "Los Estados miembros se niegan a someter a los clubes, ligas y agentes de fútbol a las normas básicas de diligencia debida", afirmó el eurodiputado verde Damien Carême, codirector de las negociaciones del Parlamento y seguidor del Racing Club de Lens en Francia. 

 "Esto es una bendición para los matones y los oligarcas, que podrán continuar con su pequeño negocio de amaño de partidos y transferencias dudosas con total impunidad". Las demandas del Parlamento son el último paso en las disputas sobre un plan de la UE propuesto hace dos años para racionalizar las salvaguardias de Europa contra el lavado de dinero en todos los ámbitos, que actualmente difieren de un país a otro. 

Las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que representan a los gobiernos nacionales, están estancadas, en parte porque los países se resisten a la inclusión del fútbol en la legislación.

 Si bien se podría argumentar que el fútbol mundial y la corrupción van de la mano (en 2015, las autoridades estadounidenses acusaron a nueve funcionarios de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que gobierna el juego en todo el mundo, por extorsión, conspiración y corrupción). Los expertos sugieren que el lavado de dinero, aunque menos obvio, podría estar muy extendido. Europol y la Comisión Europea han destacado los riesgos de la industria en informes de los últimos años. Como dijo Carême, "el fútbol es un sector clave para el blanqueo de dinero".

  Operación Cero

 La forma en que suele funcionar es la siguiente: dado que los delincuentes luchan por gastar el dinero que ganan con negocios ilegales sin llamar la atención de las autoridades, lo canalizan a través de empresas legítimas para que parezca que el efectivo está limpio. En lo que respecta al fútbol, una técnica común es inflar el precio de la transferencia de un jugador y luego devolver las ganancias adicionales al hampa. Uno de los países que parece haber tenido un problema particular es Bélgica. Una investigación llamada “Operación Cero” expuso bandas de lavado de dinero que operaban en clubes de fútbol belgas en 2018. La investigación dio lugar a una ofensiva contra la liga, lo que obligó a los clubes a introducir nuevas salvaguardias.

 Pero es la experiencia de Bélgica en particular la que hace reflexionar a los gobiernos. Las salvaguardias del país se convirtieron en un engorroso ejercicio de marcar casillas en lugar de una forma efectiva de luchar contra los lavadores de dinero, según Niels Appermont, profesor de derecho económico en la Universidad de Hasselt, quien investigó las reglas con la ayuda de una subvención de la UEFA. (En ningún momento intervino la UEFA en el estudio, dijo). "Veo y reconozco problemas importantes en este sector", dijo Appermont. "Nuestro punto en el caso belga es que si se quiere abordar bien estos problemas", entonces no se debe "utilizar una solución única y tratar de comprender el mercado que se intenta regular".

 Quienes están cerca de la situación afirman que la cantidad de obstáculos que ahora hay que superar y la burocracia que hay que sortear hace que sea más difícil para los clubes belgas, que incluyen a Anderlecht y Standard Liège, competir en transferencias de jugadores. Los eurodiputados han sugerido introducir umbrales para proteger a los clubes más pequeños de la carga administrativa de los controles de diligencia debida. Pero los gobiernos rechazan ese compromiso. 

 Paisaje futbolístico diverso

 La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para que se escuche su voz en las negociaciones. Han instado a los legisladores a consultar primero y luego crear un conjunto de reglas personalizadas para el deporte, incluidas salvaguardias contra el lavado de dinero. La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para hacer oír su voz en las negociaciones. 

 Dicen que aplicar un enfoque único para todos sin evaluar las consecuencias podría perjudicar a los clubes más pequeños que no están equipados para manejar el papeleo. "Los responsables políticos de la UE deberían colaborar adecuadamente con las partes interesadas del fútbol para evaluar los impactos y desarrollar opciones políticas que cumplan con nuestros objetivos compartidos sin correr el riesgo de consecuencias no deseadas en el diverso panorama del fútbol europeo", dijo un portavoz de la UEFA."                    (Bjarke Smith-Meyer , POLITICO, 15/12/23; traducción DEEPL)

El fraude fiscal (centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre el IRPF) aumenta según crece la renta: el 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos

 "El fraude fiscal en España, centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), se agrava a medida que crece la riqueza de los contribuyentes. En consecuencia, la brecha recaudatoria en esta figura impositiva ronda los 7.000 millones de euros al año.

En la gran mayoría de los tramos poblacionales analizados el cumplimiento tributario es casi pleno, ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes ocultan una parte mínima de su renta, aproximadamente el 3%. El fraude, sin embargo, va aumentando según lo hace el patrimonio, llegando al 13% de ingresos no declarados en el IRPF en el 0,4% más rico y a un máximo del 23% en el caso del 0,1% más acaudalado de la población. Al otro lado, el 10% más pobre ocultaría en torno al 8% de su renta, una cifra similar a la que deja de declarar el 5% mejor posicionado.

 Los datos provienen del informe Desigualdad y pacto social, coordinado por el catedrático y economista Luis Ayala Cañón y elaborado por la Fundación La Caixa. Según recoge el documento, “el cumplimiento desciende a medida que ascendemos en la escala de rentas, especialmente entre el 5% más rico”, algo que impacta de lleno en la progresividad del sistema tributario y en la recaudación.

La ocultación de rentas incluye la evasión, elusión y vaciamiento de la base impositiva del impuesto. Por ello, “dado que el fraude se concentra en determinados tipos de renta, y entre los que tienen niveles de renta altos, la progresividad efectiva del impuesto acaba siendo menor”, explica el informe.

A su vez, al ser el IRPF un impuesto progresivo, que el fraude se concentre entre la población con más renta conlleva una fuerte pérdida de recaudación. La brecha tributaria asociada a estas prácticas, según estiman desde la fundación de la entidad bancaria, se situó en 7.101 millones de euros en 2017 (último año con datos disponibles), que corresponden a un 9% de la recaudación potencial por IRPF en dicho ejercicio y a un 0,7% del PIB.

Para elaborar todos estos cálculos, los expertos que han redactado el informe han comparado los datos de recaudación del IRPF con los obtenidos a través de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, mientras que la participación del trabajo en la renta declarada en el impuesto ha oscilado alrededor del 80% en los últimos 40 años, en los datos de Estadística dicha participación es de unos 10 puntos menos (en torno al 70%). “Como la Contabilidad Nacional suele considerarse un marco de referencia fiable, que captura todas las rentas al margen de su tratamiento fiscal, este hecho apunta a que una parte importante de las rentas no salariales no se declaran correctamente en el IRPF”, apuntan.

Dentro de todos los apartados vinculados al fraude fiscal, el informe de la Fundación La Caixa anima a prestar especial atención al procedente de los rendimientos de inversiones no declaradas en el exterior, “dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas”. Según los cálculos, las rentas ocultas podrían alcanzar el 30% de las rentas financieras sí declaradas (unos 15.000 millones), por lo que las rentas encubiertas rondarían los 4.500 millones de euros.

Soluciones

Existen una serie de aspectos y cambios normativos que pueden limitar el fraude y sus efectos inequitativos y regresivos. Los expertos, por ejemplo, recomiendan dejar de tratar las rentas de modo diferente según su origen, mediante privilegios fiscales o mecanismos de valoración e imputación deficientes. “Estos tratamientos diferenciados generan desigualdad entre los contribuyentes, por mucho que se haga de manera legal”. En concreto, podría aplicarse una definición amplia de la base imponible que limite privilegios fiscales y exenciones. Esto incluye “gravar los valores reales de las rentas, por ejemplo, mediante la eliminación de la estimación objetiva y el uso de valores más próximos a los del mercado en las rentas imputadas”.

Otro aspecto a tener en cuenta sería la posible armonización autonómica, ya que la existencia de diferenciales fiscales entre regiones incentiva cambios en la residencia fiscal de los contribuyentes. El documento, por ello, propone “impulsar la armonización fiscal, tanto internacional como dentro del estado autonómico, con el objetivo de dificultar la ocultación de rentas en paraísos fiscales y las dinámicas de competencia a la baja."                  (Cinco Días, 26/09/22)

La lucha contra el blanqueo de capitales como mito de Sísifo... El blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con: la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen... El mantenimiento de la actual situación de blanqueo de capitales es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral, pero para vencer en esta imprescindible lucha hay que saber aunar voluntades políticas fuertes

 "Cuando conocí, el pasado mes de julio, que el nuevo paquete legislativo de la Comisión Europea (CE) contra el blanqueo de capitales incluía una nueva propuesta de directiva -¡la sexta!- contra esta lacra del mundo globalizado, me vino a la memoria el mito de Sísifo, aquel personaje de la mitología griega a quien Zeus castiga a subir una y otra vez, eternamente, una enorme piedra hasta la cúspide de una empinada montaña y verla caer hasta el fondo del valle cada vez que se acercaba a la cumbre. 

Porque, algún serio problema tiene que tener la legislación europea AML (Anti-Money Laudering) para que, después de tan intensa actividad legislativa,  el volumen de dinero lavado sea hoy bastante mayor que cuando se promulgó la 1ª Directiva, en 1991. En opinión de la directora de Europol, Catherine de Bolle: "La escala y la complejidad de las actividades de lavado de dinero que afectan a la UE se han infravalorado hasta ahora".

Una de las razones del fracaso es que el método de legislar mediante directivas que deben ser traspuestas a la legislación de cada estado miembro no es el más adecuado cuando se trata de un tema que requiere máxima homogeneidad; y por parte de algunos gobiernos europeos no existe voluntad política para actuar contra el blanqueo de capitales y sus delitos conexos, en particular contra las empresas fantasma (o tapadera), utilizadas tanto para la elusión fiscal como para la evasión y el blanqueo de capitales. 

Por ello, no es extraño que la transposición de estas directivas se haga tarde y mal, produciendo divergencias legislativas y errores y contradicciones en temas muy importantes como las capacidades de las unidades de inteligencia financiera (UIF) nacionales y sus procedimientos de coordinación europea, o la configuración y modos de acceso a las bases de datos de propietarios reales y de transacciones. 

 El blanqueo de capitales ha venido creciendo en el mundo y en Europa desde los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con: la globalización neoliberal sin estructuras políticas y jurídicas democráticas a nivel mundial que la regulen, la desregulación económica y financiera, el deterioro de la progresividad de los sistemas fiscales, las nuevas tecnologías que facilitan la transferencia instantánea de capitales, el uso de criptoactivos, la pujanza de la economía criminal y la permisividad de muchos gobiernos con la actividad de los paraísos fiscales. 

La ONU ha estimado que el volumen anual del blanqueo de capitales puede alcanzar hasta el 5% del PIB mundial, cerca de 4 billones de euros. Según el FMI la riqueza privada depositada en paraísos fiscales está comprendida entre el 8 y el 10 por ciento del PIB mundial: entre 6,4 y 7,9 billones de euros. 

 La principal contribución de la UE a las redes mundiales de blanqueo de capitales son las empresas fantasma, cuyas redes europeas enlazan con las establecidas en los paraísos fiscales más tradicionales –Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caiman, Belice, Honk Kong, Singapur, Suiza, etc.- o en estados de los EE UU -Delaware, Dakota del Sur, Tennessee, Nevada, Wyoming, Florida, etc.-. Estas empresas, sin actividad económica real, y sin empleados en la mayoría de los casos, son gestionadas por ciertos bufetes de abogados que manejan miles de empresas simultáneamente en lo que constituye una lucrativa industria basada en la colaboración necesaria con el blanqueo, el fraude fiscal, la corrupción y la elusión fiscal. 

A través de una maraña de empresas y de infinidad de transacciones, ocultan la identidad real de los delincuentes. Según la revista del FMI, Finance & Development, en 2019, el 40% de la inversión extranjera directa mundial, unos €13,6 billones era ficticia, solo “inversiones” en empresas fantasma. El 80% de esta cantidad pasa por empresas fantasma con sede en seis países europeos: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre y Suiza. La mitad, 6,8 billones, por empresas tapadera radicadas en solo dos: Luxemburgo y Holanda.

La Comisión Europea parece que ahora va en serio: el papel de la sociedad civil

La Comisión Europea ha anunciado la próxima publicación de una iniciativa legislativa sobre las empresas fantasma. Es una de las peticiones que hacía el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el paquete legislativo de la Comisión, del que he sido ponente.

El paquete legislativo tiene tres reglamentos y una directiva. Un reglamento crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), con competencias de supervisión directa de las mayores entidades financieras y de las operaciones de blanqueo más voluminosas; con las unidades de inteligencia financiera y los supervisores nacionales deberían formar un sistema integrado europeo. Otro reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir las entidades financieras para detectar y denunciar las operaciones ilegales. El tercer reglamento obliga a los proveedores de criptoactivos a cumplir las mismas normas que las entidades financieras, entre ellas la revelación de la identidad de los propietarios. La sexta Directiva pretende establecer una coordinación más eficaz entre las UIF y los supervisores nacionales de los estados miembros.

El método legislativo, los contenidos y la creación de la AMLA revelan la voluntad política de la CE. Los términos de la Directiva contra las empresas fantasma serán determinantes para el cambio. Pero habrá que vencer las resistencias de los países que promueven el dumping y la elusión fiscales y dificultan la lucha contra el blanqueo. Para ello hay que fortalecer la conciencia ciudadana para que una fuerte y mayoritaria opinión pública europea corte las alas a los muy poderosos lobbies que practican, favorecen o disculpan estos intolerables delitos. Una de las 14 propuestas que hace el Dictamen del CESE va en ese sentido: promover un Pacto Europeo, social y político, contra el blanqueo de capitales, sus delitos conexos y los paraísos fiscales, y crear un organismo para la participación de la sociedad civil en esta lucha.

 Hay que subrayar la gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a esta lucha. Muy superior a la de la mayoría de los gobiernos e instituciones de la UE. Por los Panama, Paradise y Pandora papers sabemos mucho más acerca de quienes practican el blanqueo de capitales y de sus métodos que por las fuentes políticas, judiciales o policiales. Leyendo las listas de implicados, comprendemos la principal dificultad del problema: el gran poder político, económico, cultural y mediático que tienen quienes lo practican. En lo que nos toca, pensemos lo que significa que, según abrumadores indicios, el Rey Juan Carlos I blanqueara capitales mientras era el Jefe de Estado de España. Hay que denunciar muy alto que, en la Europa del Estado de Derecho, algunos periodistas han pagado con su vida el investigar la corrupción política y económica, entre ellas la fundadora del ICIJ, la maltesa Daphne Caruana Galizia, y exigir a la UE y a los gobiernos nacionales la máxima y urgente protección legal y real de la vida y la integridad de los y las periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política.

Nuevas medidas y voluntad política

Se necesitan más medidas para vencer en esta difícil lucha. Menciono algunas de ellas: reforzar las competencias y los recursos de Europol y la Fiscalía Europea y la coordinación entre ellas; revisar la lista de la UE de paraísos fiscales para que estén todos los que realmente lo son y hacer que las empresas que hacen transacciones con ellos y las condenadas por blanqueo no  puedan participar en las contrataciones públicas; legislar y actuar contra los canales fuera del sistema financiero - mercado de obras de arte y activos de alto valor, puertos francos, depósitos de aduana y zonas económicas especiales, ciertas operaciones económicas o transacciones comerciales, inversiones inmobiliarias, juegos de azar, etc.-;  definición penal común y armonización de penas de los delitos conexos. La AMLA debería estar plenamente operativa antes de 2026 y, mientras, hacer que el BCE cumpla sus actuales obligaciones de supervisión.

 Hay que proceder a una armonización fiscal, en la UE y globalmente. La insuficiente propuesta, de establecer una tasa mínima efectiva del impuesto de sociedades del 15%, ha venido de la OCDE y el G20. La UE rebajó el 21% inicialmente propuesto por los EEUU. En la base del   blanqueo está la evasión fiscal propiciada por la competencia fiscal y la erosión de los sistemas fiscales progresivos. Eso que tanto le gusta impulsar en el interior de España, con enorme insolidaridad e irresponsabilidad política, a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.

Para vencer en esta imprescindible lucha hay que saber aunar voluntades políticas fuertes. El mantenimiento de la actual situación es intolerable desde cualquier punto de vista político, intelectual y moral. En cualquier circunstancia, pero más si cabe aún cuando la pandemia y la crisis que ha generado están exigiendo a las autoridades de la UE y a los gobiernos nacionales unos esfuerzos presupuestarios extraordinarios, permanentemente boicoteados por los delincuentes económicos y fiscales y sus colaboradores políticos."                (Javier Doz, eldiario.es, 06/01/22)

Carlos Cruzado: “Si invertimos la mitad que la media de la UE en perseguir el fraude, es normal que tengamos el doble”

 "Que el Estado va a necesitar aumentar algunos impuestos para salir de la crisis es un hecho, el debate se centra en cuáles y a quiénes afectará. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las propuestas fiscales que los acompañan parece que quieren poner el foco en las rentas altas y los grandes patrimonios. Pero la competencia a la baja que convierte a algunas comunidades autónomas en paraísos fiscales para esas grandes rentas y patrimonios, como el caso de la de la Comunidad de Madrid, hace muy complicado que dichas medidas sean efectivas.

Mientras, en Europa, los acuerdos fiscales o la armonización de algunos impuestos no parecen llegar nunca. Resuenan nuevos impuestos, como el impuesto a los plásticos o el Impuesto a las Transacciones Financieras, pero no acaban de cuajar. La Comisión Europea planta cara a Irlanda con el caso Apple, aunque se ha llevado un buen bofetón por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da la razón a la compañía estadounidense. 

Estados miembro están más por endeudarse que por cobrar impuestos y la necesidad de aprobar medidas fiscales por unanimidad tiene al Consejo Europeo y a la política fiscal de la Unión secuestrada. Todo ello conforma un cóctel donde quienes ganan más son los que más se aprovechan de un sistema poco progresivo y permisivo con la elusión fiscal. Pero también donde cada vez más gente llama sin tapujos “paraíso fiscal” a Irlanda o a Países Bajos y pronuncia ese lema de que “esta crisis la paguen los ricos”.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) llevan años denunciando la falta de progresividad de nuestro sistema fiscal, las malas prácticas políticas que no ponen remedio a esa injusticia y la falta de medios —o sea, de voluntad política de ponerlos— que tienen el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Su presidente, Carlos Cruzado, habla sobre los nuevos presupuestos, las nuevas medidas fiscales y el rumbo de una Europa que parece cambiar el discurso pero no sus acciones.

Se han presentado unos nuevos PGE, en los que se ha aumentado el techo de gasto, que se han llegado a anunciar como “el fin de la austeridad”. ¿Cómo los ves tú?
Suponen un cambio. Es cierto que la actitud ante la crisis y sus consecuencias no es la misma que la que se tuvo ante la anterior crisis, la financiera, y no solo en España, sino a nivel europeo. Se está contando con esa aportación de los fondos europeos, que es una cantidad importante. Por lo que sí que es verdad que hay un cambio desde esa austeridad que hizo tanto daño a la gente.

También es cierto que todavía no tenemos una foto fija. Esta segunda ola va a tener unos efectos devastadores, por lo que es bastante difícil hacer una predicción de si estos PGE tendrán el alcance necesario. Habrá que ver cómo queda el desempleo después de los ERTE, qué pasa con los autónomos, etcétera. En líneas generales, desde Gestha vemos bastante bien estos presupuestos.

Calcular el gasto puede ser fácil, pero no tanto acertar con los ingresos. ¿Cómo ves las medidas fiscales anunciadas y sus previsiones de recaudación? 

Las medidas fiscales que se habían acordado entre PSOE y Unidas Podemos en aquellos presupuestos que no llegaron a salir las vimos como un primer paso para tener un sistema fiscal más justo, pero era un paso limitado. Estas nuevas medidas que se han anunciado son más limitadas todavía. También es cierto que hay algunas medidas que, dado el momento actual y la nueva crisis, puede que no sea el mejor momento para adoptarlas. 

Creemos que hay medidas que hacen al sistema más progresivo, pero que se quedan cortas. El ejemplo del impuesto sobre la renta, el IRPF, es el más claro. Se ha creado un tramo desde los 300.000 euros, que ya desde la técnica tributaria hay un salto ahí desde los 60.000 y los 300.000 que no encaja muy bien en una escala que debe ser progresiva. De hecho lo que hemos propuesto es que se tomen las medidas que adoptó el Partido Popular en 2012, en el que se aumentó todos los tramos, pero que puso otros tramos. Podría ser otro a los 120.000 y otro a los 175.000 que les diera una progresividad con cierto sentido. 

Uno de esos impuestos es el de Patrimonio. Pero este se puede reducir por parte de las comunidades autónomas mediante bonificaciones, como en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se está bonificado hasta el 100% y no pagan nada. ¿Qué podría hacer el Gobierno central con esas exenciones?

Es un tema que afecta sobre todo a los impuestos estatales cedidos, los de la riqueza, como el de Patrimonios y Sucesiones. En estos impuestos se está viendo una competencia a la baja por algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza. Por un lado estamos reduciendo y rebajando esos impuestos a la riqueza, justo lo contrario que se está plantenado por distintas instituciones, como el FMI la OCDE, que ya hablan de implementar y recurrir impuestos a la riqueza.

La mejor forma de combatir esa competencia a la baja entre comunidades autónomas es modificando todos los impuestos cedidos. Dentro de esa reforma tributaria general que necesitamos, la parte de impuestos cedidos tiene que ir ligada a la financiación autonómica. Esa modificación tiene que entrar en el marco de esa modificación del modelo de financiación, que ya lleva años retrasándose. 

Ahí es donde se deben regular esos impuestos y dotarlos de cierta armonización para evitar que competencia y que se descapitalice la recaudación de impuestos. En eso parece que hay cierto consenso entre los expertos. De hecho, para el cambio de modelo de financiación que ya se debatió entre expertos del Ministerio de Hacienda y representantes de cada comunidad autónoma hubo un consenso por unanimidad en la necesidad de seguir cobrando el impuesto y de dotarle de un mínimo para evitar esa competencia a la baja.

Y lo mismo pasa con el Impuesto de Patrimonio. Esa subida de un punto que se establece ahora por el Gobierno solo tendrá efecto en aquellas comunidades donde se aplique la tarifa estatal, que son solo cinco o seis. Por lo que el impacto será pequeño en aquellas comunidades que lo bonifiquen, como el caso de Madrid, donde directamente la cuota que se aplica es cero, está bonificada al 100%. Hay que tener en cuenta que en Madrid es donde residen más del 50% de los que ingresan más de seis millones de euros y el 60% de las personas que tienen más de 30 millones de euros. 

Esto hace que en Madrid esos ricos no paguen el impuesto y, según los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda, la Comunidad deje de ingresar cerca de 1.000 millones al año. Esto es una incongruencia. Por un lado las comunidades estén pidiendo una mayor financiación por parte del Estado y, por otro, con esos instrumentos fiscales de los que disponen y con esa corresponsabilidad fiscal que marca la Constitución, se está renunciando a ingresos. Más que de corresponsabilidad fiscal, nosotros hablamos de irresponsabilidad fiscal para referirnos a esas comunidades que, como Madrid, no quieren gravar a sus ciudadanos. 

De hecho esta semana pasada el Gobierno ha autorizado a la Comunidad de Madrid a emitir bonos de deuda autonómica. 

 Si analizamos ese aumento de deuda pública en la Comunidad de Madrid y la evolución de los ingresos fiscales que ofrece Madrid, vemos que hay una contradicción en esas rebajas fiscales que benefician a un porcentaje muy pequeño de madrileños y el aumento de su deuda. Además, son rebajas fiscales de las que se benefician un porcentaje muy pequeño de madrileños. En el Impuesto de Patrimonio, por ejemplo, estamos hablando de 15.000 ciudadanos, de los cuales una parte de estos debería ser la que tribute la mayor parte de esos 900 millones de euros.

Sí que es cierto que cada vez se señala más a estas prácticas abusivas y el daño que están haciendo a las economías del resto de países, pero es verdad que los tratados piden esa unanimidad. Nos falta todavía una armonización en cuanto a los impuestos directos, como el de sociedades, que permite que países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta estén realizando esa competencia a la baja que tanto daño hace al resto de países. Por lo tanto, bienvenido sea ese discurso de la UE, sobre todo ahora con esta política expansiva y que se plantean nuevos impuestos como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) o los servicios digitales. 

Que además serían impuestos comunes.

 Exacto, estos serían comunes y sería la idea, pero las experiencias no son muy halagüeñas. Con el ITF ya se intentó hace diez años para que fuera común, no se llegó a esa unanimidad, luego probaron unos cuantos países con el proceso de cooperación reforzada y ni con ese procedimiento ha habido acuerdo. Por lo que insisto que bienvenida el cambio de discurso, pero hacen falta acciones. 

¿Cómo ves la nueva herramienta para reactivar la economía desde Europa, el fondo Next Generation UE?

Sufrió un recorte frente a las primeras propuestas, pero sí que es cierto que es un cambio importante respecto a las políticas de Europa. Por lo que lo veo positivo; veremos en qué queda. Es cierto que en España, uno de los más afectados por nuestro peso en el PIB del turismo, va a ser un desembolso muy importante, necesario para ese enorme gasto que se está planteando en estos presupuestos. Habrá que ver qué condicionantes tienen y que no sean comparables a los que nos exigieron en la anterior crisis. 

En Gestha habéis vuelto a denunciar que no se ponen recursos en la inspección de Hacienda, sobre todo en perseguir la evasión de las grandes fortunas, causantes de un mayor agujero en la recaudación. ¿Ha cambiado esto con el nuevo Gobierno de coalición y los nuevos presupuestos?

Hemos visto un cambio de discurso. Se empieza a hablar de luchar contra el fraude de las grandes fortunas y, aunque no se dice expresamente, del control del fraude en las grandes empresas. 

Nosotros en ese sentido lo vemos positivo, pero planteamos que para desplazar esa lupa desde el control de discrepancias y pequeños autónomos al control de las grandes fortunas y empresas, no solo tiene que haber medidas organizativas, que las tiene que haber, sino también dotar de mayores recursos a la Agencia. La OCDE hace una comparativa de administraciones tributarias entre países que muestra un resultado muy negativo en España, un déficit muy importante con la media de la OCDE o de la UE. 

Esos datos muestran que tenemos la mitad de medios que nuestros vecinos y, si invertimos la mitad que la UE en perseguir el fraude, es normal que tengamos el doble de fraude y de economía sumergida. Si nos comparamos a países de nuestro entorno a los que nos deberíamos parecer, como Francia o Alemania, la diferencia es mucho mayor. Y luego, por supuesto, está la falta de efectivos. La falta de una política de planificación. 

De hecho, desde Gestha hemos propuesto a los grupos políticos en este momento la elaboración de un plan para que en seis años podamos estar en el nivel más cercano a nuestros países cercanos. Por lo que tenemos un problema de falta de recursos, pero también de efectividad y optimización de los recursos. En este sentido, los técnicos planteamos que podamos asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude."                

(Entrevista a Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Yago Álvarez Barba, El Salto, 17/11/20)

Falciani: "La lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y también de estrategia"

"Hervé Falciani puso panza arriba la lucha contra el fraude fiscal en 2008 cuando se fugó de Suiza con los datos de más de 100.000 evasores que había ido copiando durante su trabajo como informático en la filial del banco británico HSBC.

 La famosa "lista Falciani" fue difundida por Francia a todos los países con los que mantenía acuerdos de colaboración fiscal. Desde entonces 28 países han iniciado investigaciones judiciales, con muchas de las cuales ha colaborado el informático, y se han recuperado miles de millones (al menos 300 en España).

El propio Falciani recordaba algunos de estos  datos este martes en la Audiencia Nacional. Este tribunal estudia la  petición de extradición de Falciani a Suiza, que no ha cesado de perseguirle estos años. Desde que llegó a Barcelona en 2012, Falciani ha sido detenido y puesto en libertad en varias ocasiones, y ha llegado a pasar seis meses en prisión preventiva.

 El pasado abril la Fiscalía  volvía a reclamar su encarcelamiento, un  movimiento sorprendente que se interpretó en el contexto de la huida a Ginebra de la líder independentista catalana Anna Gabriel. Desde entonces, el ministerio fiscal  ha vuelto por sus fueros y ahora rechaza la entrega a las autoridades helvéticas.

Además de afrontar estos procesos judiciales, durante los años que lleva afincado en España el monegasco (nació en ese principado en 1972) ha participado en política, y ahora acaba de dar a conocer un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible. 

"Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad", explica en una breve entrevista telefónica con eldiario.es realizada este miércoles.

Este martes se celebró la vista definitiva sobre la extradición, la Fiscalía se ha opuesto por segunda vez ¿está tranquilo?

Sí, bueno, ya lo estaba la primera vez, lo diferente de verdad es cómo la Fiscalía ha podido cambiar de opinión de un momento a otro. Ha sido incomprensible.

¿Qué ha podido pasar para que pasemos de que la policía le detenga y la Fiscalía pida prisión a que ahora rechace la extradición a Suiza?

No soy yo el que tiene que dar explicaciones. Muchos elementos son públicos, cada uno puede sacar sus conclusiones. Hay algo que no comprendo y es que el Consejo de Ministros no haya cumplido su responsabilidad de rechazar lo que no tenía ningún sentido judicial. 

Es un aparato legal muy antiguo, el procedimiento de extradición e Interpol, y este aparato en manos equivocadas puede llevar a usos equivocados. Estamos fuera de la lógica y de la consistencia jurídica. No es una sentencia filosófica, tiene que basarse en las leyes, que no son leyes divinas.

¿Cree que el cambio en la Fiscalía puede tener que ver con el cambio de Gobierno y del clima político?

Creo que solo tiene que ver con la lógica. No tenía sentido. Hace cinco años no se pudieron judicializar los hechos (su filtración de datos del HSBC), porque hubo decisiones políticas en multitud de países para pararlo. En Francia, Italia…se paró. En España, el Tribunal Supremo validó el uso de las informaciones. En Bélgica investigaron casos por 6.000 millones de dólares. Hasta en el Cantón de Ginebra, en Suiza, se investigó por primera vez, aunque el banco acabó pagando 60 millones para evitar que continuaran.

No creo que el cambio de clima político lo explique. Yo lo veo más una vuelta a la realidad. Se puede intentar engañar a nivel político, luego tenemos que ver hasta donde llega. La separación de poderes está más protegida en España que en otros países que conozco. 

Su sensación entonces es que sí podía haber un criterio político cuando se pedía la extradición y se le detuvo, pero no ahora

Sí, a nivel de procedimiento de extradición, hay dos patas: la política, vigente hasta que el Consejo de Ministros decide, y la judicial. Durante la pata política es cuando puede existir el humo, el sinsentido. Y es lo que ha pasado. Este tiempo político no tenía ningún fundamento lógico, estaba orientado hacia otros fines.

¿Cree que quizá la situación en Catalunya podía estar relacionada?

Sí, al 100%. Las visitas a Suiza del ministro de Asuntos Exteriores, muchos elementos son evidentes. Era una posición política, que no tenía ningún sentido lógico ni judicial, solo un sentido político.

 ¿Le mantienen medidas cautelares?

Sí, hasta que los jueces decidan y redacten sus autos.

¿Cuánto tiempo cree que tardarán?

No tengo ni idea. Pero por lo que vi ayer se trataba casi más de un procedimiento administrativo. Todo ha sido muy rápido y creo que podría haber resolución en los próximos días.

¿Colabora en la actualidad con la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre fraude fiscal?

No, aunque siempre colaboro indirectamente con todos los órganos que investigan. Ayer mismo estaba al teléfono con una persona que trabaja en una administración y hace investigaciones. No pasa mucho tiempo sin participar en investigaciones, aunque evidentemente no puedo hablar mucho de ello. 

¿A su juicio han mejorado la lucha contra la evasión y elusión desde que se produjo su filtración de datos?

Ha mejorado es a nivel social, la gente lo conoce. Cuando se habla de fraude fiscal no se habla del fontanero, se habla de mucho más, de otra magnitud. Eso es lo que ha cambiado que veo importante. Por otro lado, se ha investigado, pero el problema sigue vigente. La lucha contra contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y también de estrategia, que necesita una colaboración de la industria financiera.

Además, la lucha contra el blanqueo necesitaría una acción particular. Se sabe cómo se podría poner en marcha y aún lo esperamos. Estamos intentándolo. Hemos iniciado una asociación en España, "Taboow" que se basa en tecnología normalmente de criptomoneda. 

Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad. Si yo meto un millón de euros en el banco en un país, otro millón en otro, otro millón en otro...estoy haciendo trampa, y eso es lo que se debe poder rastrear.

Falciani promociona la criptomoneda "tabú"

Falciani ha presentado en España un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible, basada en una oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés), lanzada el pasado 14 de julio, informa Europa Press.

Para el exempleado de HSBC, si no existen unas condiciones claras que muestren la confianza y la protección contra los conflictos de intereses, el sistema financiero presentará siempre los mismos riesgos para los inversores y la economía.

En este sentido, considera que, para poder poner fin a esta situación, se debería disponer de la trazabilidad de cada uno de los procesos. Taboow.org, el proyecto que promociona la criptomoneda 'tabu', pretende contribuir a solucionar este tipo de actividades constituyendo una comunidad dedicada a la calificación de los activos y de los agentes económicos.

'Tabu' se conforma como un "bien común" para conectar a la comunidad de los calificadores y la de los agentes económicos, ya que sin una democratización financiera, Falciani opina que no habrá "sostenibilidad económica ni democracia".

"Taboow.org proporciona a usuarios que quieren ser partícipes de las innovaciones criptofinancieras una herramienta que les permite protegerse, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y buenas prácticas, sin necesidad de acudir a las clásicas asesorías jurídicas o auditorías privadas", ha precisado el ingeniero informático.

Cada proceso de control será totalmente rastreable en tiempo real mediante esta plataforma, pero al mismo tiempo permitirá preservar la seguridad de los usuarios, reduciendo los riesgos de posibles relaciones comerciales o financieras con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo.

Así, la tenencia del token 'tabu' dará acceso a los servicios particulares referidos, relacionados con la red blockchain, criptomonedas, smart contracts e ICOs. Este token cotizará en las casas de cambios y tendrá la posibilidad de ser vendido y comprado."                  (Entrevista a Hervé Falciani, Marina Estévez, eldiario.es, 12/09/18)

Un decálogo para eliminar los paraísos fiscales

"Supongamos que los poderes públicos quieren eliminar los paraísos fiscales. Es una cuestión de voluntad política y de no hacerse trampas.

Se pueden reunir el G20, veinte veces y la OCDE tener un mandato formal de construir un andamiaje para que no se produzcan reducciones (erosiones) de la base por la que se calculan los beneficios e impuestos, pero si los Estados y gobiernos siguen haciéndose trampas (y a la ciudadanía) no se conseguirá nada.

Si Estados Unidos cuenta con el Estado de Delaware donde la opacidad de los detentadores de las propiedades está construida con unas normas legales similares a Panamá ¿de qué nos vale escandalizarnos por los papeles que se hayan descubierto o hackeado de un bufete ‘legal’ en este último país si el paladín del G20 permite y alienta esa misma opacidad?

Si la Comisión Europea hace una lista de 17 Estados a los que declara paraísos fiscales, pero olvida que además de la paja en el ojo ajeno, tiene las vigas en su seno como Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta,… ¿qué estamos haciendo y consintiendo? 

Si Apple, Microsoft, McDonalds o quien sea no paga impuestos porque han hecho acuerdos con determinados Estados, trasvasando sus beneficios de un país a otro vía poniendo precios y costes contablemente entre centros de la misma empresa en diferentes jurisdicciones fiscales y en definitiva no pagar en ningún sitio y se les premia con una amnistía fiscal y a sus accionistas lucrarse sin contribuir al erario público ¿no debiéramos calificar a esos Estados, con escasa o nula fiscalidad, como paraísos fiscales y sancionar a bufetes, gerentes y accionistas?

Si un territorio con jurisdicción fiscal quita uno o más impuestos, pero hay libre circulación de personas y capital, además de mercancías ¿no lo tacharíamos como un discípulo de paraíso fiscal?. Ese sería el caso de la Comunidad de Madrid con lo que hace con el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones.

 ¿Hay en España fórmulas ‘legales’ para no pagar impuestos o tributar por los mismos ingresos cantidades diferentes o muy diferentes si éstos se han obtenido como salarios o como rentas de capital?

Por lo tanto, si sabemos que los magos de Oriente son los papás, la lucha contra los paraísos fiscales tiene que empezar estableciendo de forma universal qué son los paraísos fiscales para que, sea Ecuador, la Unión Europea o cualquier ciudadano, todos tengamos la misma lista y basada en los mismos criterios que definen a un paraíso fiscal para poder actuar.

Los tres criterios sobre los que hay un consenso para definir si una jurisdicción fiscal es paraíso fiscal, si nos ponemos de acuerdo en el grado de aplicación, son:

-baja tributación. ¿Es razonable poner el listón mínimo de gravamen sobre los beneficios de una empresa (todavía pendiente de establecer una base imponible homogénea) para clasificarla como jurisdicción de baja tributación en un 1, 10 ó 20 %?. Irlanda ¿es o no es un paraíso fiscal en función de este criterio?

 La competitividad a la baja o si se quiere la autonomía fiscal estatal está consagrada en el Tratado de la Unión, por lo que en buena lid, la UE sólo podría establecer bajo este criterio como paraíso fiscal a las soberanías fiscales que tuvieran tipos y bases imponibles menores a las que tuviera cualquier país miembro.

-Transparencia e intercambio de información. Conocer quién es el propietario real de los bienes o negocios y, por necesidades baremadas de las Inspecciones tributarias, intercambio automático de datos contables y fiscales. Por eso, hasta ayer Panamá o Suiza, Andorra o Gibraltar son tachados de paraísos fiscales.

Por lo tanto, es esencial definir qué es un paraíso fiscal para acotar y fijar medidas para laminar la gangrena que producen en la equidad, suficiencia de los sistemas fiscales y sus efectos perniciosos para mantener la cohesión social. Hay que establecer criterios objetivos y alguno cualitativo para definir la lista. Establecer la lista. Crear posibilidades de mejora, para salir de la lista y también para entrar. Introducir sanciones. Sin régimen sancionador, la lista no vale para nada. 

Dicho esto, nos atrevemos a proponer unas primeras medidas que pueden facilitar la reducción del poder de los paraísos fiscales, si logramos definirlos y concretar normativamente los baremos, y que algunos países como Ecuador ya están aplicando algunas de ellas: 

1- Los candidatos y electos a responsabilidades políticas y el personal sujeto a las administraciones públicas no podrán tener cuentas financieras, ni hacer transferencias, ni recibirlas desde paraísos fiscales. No podrán poseer acciones o empresas domiciliadas en paraísos fiscales. 

2- Las empresas que realicen actividades o concursen con las administraciones no podrán tener más del 5 % de participación de accionistas domiciliados en paraísos fiscales. Tampoco ellas mismas realizarán actividades financieras en paraísos fiscales. 

3- Los fondos de inversión con sede en España no podrán suscribir, comprar o ser remuneradas por acciones, obligaciones, etc., de empresas y otras entidades, incluyendo públicas, procedentes de paraísos fiscales. 

4- Las empresas en España no podrán remunerar a sus propietarios que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales y sin ser gravados como un residente nacional. 

Y una disposición adicional que establezca las sanciones, como la pérdida del cargo o concesión y la multa correspondiente."                

 (Santiago González Vallejo. Economista. USO. Plataforma por la Justicia Fiscal, Rebelión, 09/03/18)

España pierde 15.000 millones anuales por el agujero del IVA

" Las bolsas de fraude fiscal en Europa son sensacionales. La evasión de impuestos de las élites es una especie de epidemia crónica con epicentro en Suiza. Las grandes empresas llevan años con métodos de planificación tributaria, apoyadas en los paraísos fiscales, que les permiten pagar tipos impositivos efectivos misérrimos.

 La Comisión dio ayer un nuevo argumento a quienes ponen el acento en que el agujero está en el lado de los ingresos públicos: las pérdidas en la recaudación del IVA en España suponen en torno a 15.000 millones anuales. Entre 2008 y 2011 (último año con datos disponibles), las pérdidas acumuladas suman casi 65.000 millones.

La brecha entre la recaudación potencial del IVA y lo que realmente ingresa cada país procede del fraude y la evasión de impuestos, pero también de la quiebra de empresas —que se ha multiplicado por cortesía de la crisis—, a las argucias legales y al dudoso talento de algunas administraciones tributarias europeas. 

En general, la Comisión atribuye el problema a los fallos del sistema fiscal, plagado de duplicidades, ambigüedades y agujeros. Si eso se corrige, viene a decir Bruselas, podrían evitarse nuevas subidas de los tipos impositivos, que en España han escalado al 21%.

Se trata de un problema general: España no es, ni de lejos, el país que más deja de ingresar por IVA en relación con su potencial. Italia (36.000 millones en 2011), Francia (32.000 millones), Alemania (27.000 millones) y Reino Unido (19.000 millones) encabezan ese listado en números absolutos. 

Aunque, en relación al tamaño de sus economías, los países con mayores problemas de recaudación son Rumanía, Grecia, Letonia y Lituania: en general, los bálticos y los del Este, con administraciones aún muy jóvenes, junto con la omnipresente Grecia. En contraste, los países que menos ingresos de IVA pierden son Suecia, Malta, Holanda, Irlanda y Eslovenia.

Según Bruselas, las pérdidas de IVA han aumentado considerablemente desde 2008 como resultado de la crisis, especialmente en España, Grecia, Letonia, Irlanda y Portugal. En contraste, Suecia, Polonia, Malta, Bulgaria y República Checa mejoraron su nivel de recaudación de IVA durante este periodo y redujeron su brecha.

Los grandes números son sensacionales: la pérdida de recaudación en toda la Unión Europea en el año 2011 se acercó a los 200.000 millones de euros, en torno a un 2% del PIB europeo. "El dato resulta alarmante", reconoció el departamento que dirige Algirdas Semetas, comisario europeo de Fiscalidad.

 "La cantidad de IVA que se está escapando de la red es inaceptable, particularmente si se tiene en cuenta el impacto que estas sumas podrían tener en las finanzas públicas europeas en estos momentos de crisis", dijo Semeta, embarcado en una cruzada contra la evasión y el fraude fiscal desde hace meses.

La Comisión descarta un giro en el sistema de IVA continental, que genera grandes bolsas de fraude por las operaciones transfronterizas. Y para combatir esa tendencia apuesta por simplificar las declaraciones, establecer ventanillas únicas, impulsar el intercambio de información y eliminar las excepciones que se prestan a interpretaciones para reducir tanto el fraude como la planificación fiscal de las grandes empresas.

 A la Comisión le va mucho en ello: Francisco de la Torre, experto en fiscalidad, asegura que Bruselas pone el énfasis en el IVA porque ese impuesto es una de sus fuentes de ingresos, mientras que hay bolsas de fraude mayores en otras figuras como el impuesto de sociedades, sobre las que no hay estudios similares. (...)"             (El País, 19/09/2013)

Lo que cuesta el fraude fiscal

“2.511 'cazados' por el fraude de los 500 euros. (…)

El resultado es contundente: ha descubierto a 2.511 presuntos defraudadores, buena parte de ellos ligados al sector inmobiliario.

Aunque hay casos muy diversos, el retrato tipo de este defraudador es el de un hombre de negocios, vinculado al auge del ladrillo -uno de los principales focos de la economía sumergida- y con intereses en las zonas de mayor actividad: Levante, Madrid y Barcelona. Hay más personas físicas que jurídicas entre los cazados; esto es, más particulares que empresas. (…)

Teniendo en cuenta que cada contribuyente identificado ha ocultado al fisco al menos medio millón de euros, el total eludido no puede ser inferior a 1.255 millones de euros, una cantidad que supera lo que el Estado destinará este año a prestaciones familiares. Lo más probable es que la cuantía sea muy superior. (…)

Lo que sí se anima Hacienda a calcular es el dinero que ha ingresado sin perseguir a los contribuyentes, sólo por el efecto disuasorio que estas investigaciones han provocado en defraudadores potenciales. Desde 2004, los ingresos voluntarios casi se han duplicado, hasta alcanzar los 1.480 millones en 2007. Entre enero y mayo de este año, la cifra se acerca ya a 900 millones. La Agencia Tributaria considera que buena parte de estos ingresos responde a la onda expansiva de las investigaciones.” (El País, ed. Galicia, Economía, 29/06/2008, p. 29)