El grupo del Tigre: los 20 millones que emparedó el jefe de la UDEF conducen al 'número uno' de los narcos españoles

 "La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización condujo a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, condujo a un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubái, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubái es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína. 

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso."                   ( Pedro Águeda , eldiario.es, 22/03/25)

Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo... la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero... La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española... Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad... Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería (Juan Carlos Monedero)

 ""Sigue el dinero", recomendaba la serie The Wire, truco infalible para acabar con los verdaderos delincuentes. Resulta que Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la unidad policial encargada de, ni más ni menos, hacer la pregunta esencial en los delitos económicos, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo. Por traducirlo al castellano, la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. 

Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Supongo que metes la pasta en las paredes porque te desborda el dinero y no se lo quieres perdonar a tus socios. Sabes que son unos delincuentes y no les van encima a regalar dinero. Así que todo a las paredes. Es otra versión de la España del ladrillo. El PP sabe a qué me refiero.

La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española. No era solo la llamada policía patriótica que, además de a los independentistas catalanes, ha investigado a toda la gente de Podemos "a ver qué encontráis". Es como una tupida red que, no vendría mal, debiéramos saber hasta dónde llega. Igual sale el Emérito. En un audio, el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, hablaba enfadado con un policía de su misma cuerda porque no encontraba nada contra Podemos. Le gritó sorprendido: "¡Pero algo tendrán". Pues eso, diez años investigando de todas las maneras posibles a ver si encontraban algo. Sin éxito. 

Otro máximo responsable de la UDEF fue José Luis Olivera. Pasó de la jefatura de la unidad anticorrupción en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) a policía de máxima confianza del Ministro Jorge Fernández Díaz (PP). Este máximo responsable de la UDEF fue el que dijo, en una charla con el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals, que "tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen", a lo que apostilló el también presente comisario Villarejo, con maneras de poeta romántico alemán (perdonen que insista en recordarlo): "eso te lo hacemos con el rabo". Diez años de mentiras con total impunidad. Y muy castizo, que para eso mandan, como buenos cristianos viejos, con el rabo. (Villarejo, se quejaba, en términos parecidos, de lo mucho que le debía el PP al Comisario Olivera: "es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder (...) Que la Gürtel los podía haber [al PP], vamos, los podía haber mandado todos a tomar por el culo si no llegar a ser por este... y eso no se puedo olvidar en la puta vida, eh". Luego, que cómo es posible que al PP lo dirija un tipo que tiene un álbum de fotografías veraneando con un narco en Galicia. 

No sé si alguien le podrá pedir cuentas a los policías que hacen informes falsos para instruir causas que se archivan. Cuánto dinero tirado. ¿Qué se hace con tanto informe falso? (Quizá están entrenados para meter luego en los muros de las comisarías, ocultos con mampostería, todos esos informes falsos que solo tenían una intencionalidad política. Bueno, política contra Podemos, aunque para gente como Óscar Sánchez Gil, que al parecer llevaba  al menos cinco años trabajando con los narcos,  le ha brindado grandes emolumentos).

Dicen las noticias que este pollo Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería, como a aquel otro gran político de Valencia al que en el Partido Popular siempre han tenido en tan alta estima. Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad. ¿Por qué se le ha terminado ahora? Eso nos lo dirán los buenos periodistas.

La UDEF, dirigida con esta gente, lleva muchos años inventándose pruebas contra políticos y activistas de izquierda, contando a menudo con la colaboración de jueces a los que no les parecía que lo que decían esos policías olía a pescado podrido. No tengo que irme muy lejos a buscar ejemplos. Me han acusado de financiar ilegalmente a Podemos, de financiar a la guerrilla latinoamericana (no es broma), de cobrar comisiones ilegales, de inventarme facturas, de blanquear dinero, de manipular "con intenciones delictivas" unas fotocopias que yo mismo había presentado al juez -había tachado en documentos entregados también a la prensa el final de mi dirección de correo electrónico para evitar que los trolls saturaran mi mail (donde, es lo que les molestaba, se demostraba que la UDEF mentía. Quizá por eso tardó el juez Escalonilla 4 años en abrirlos), de tener 92 cuentas, de llevar bolsas de dinero, maletas de dinero, contenedores de dinero y de formar parte de la banda inicial de la casa de papel (mi nombre clave era Heidelberg). Todo, por supuesto, mentira, tras mentira tras mentira. Pero les daba igual. Ahora vemos que la gente responsable de que se inventaran esas mentiras para intentar matarnos (como se jactaba Ferreras, el de La Sexta) son unos redomados sinvergüenzas. No creo que salga la gente del PP ni los jueces y periodistas que trabajaron con ellos a decir nada. 

La pregunta siempre es ¿alguien nos devuelve el daño causado? Porque han sido diez años con acusaciones, telediarios, tertulias, portadas, columnas, editoriales gritando: "¡Culpables! ¡Culpables! ¡Culpables!" Todos sabemos que, en nuestra sociedad saturada audiovisualmente, basta la acusación para que la descalificación, el estigma, la sospecha hagan su trabajo. Todo, además, bien engrasado, de manera que cuando terminaba un juicio, siempre empezaba otro. A los odiadores profesionales y los tertulianos en nómina nunca les ha faltado nueva munición. En España, las cloacas, como pasa cuando las herencias de las dictaduras no se revierten, siguen muy activas. Hay lugares en el Estado español a donde no es que no llegara el 15M: es que no llegó la Transición.  

¿Cómo hacer pagar por el daño personal causado y cómo devolverle a España el hurto de una posibilidad política a la que no se confrontó con argumentos y con ideología, sino con aparatos del Estado, medios de comunicación y redes que se comportaron como corruptos? Supongo que una posibilidad es decidirse ir a vivir en los tribunales y poner decenas de querellas. Llevar ante la justicia a todos aquellos y aquellas -Dolores de Cospedal estaría imputada si el Juez García-Castellón no la hubiera exonerado- que han participado en el daño. Es una posibilidad.  

La otra es entender que a España le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo. Que en España puede gobernar la extrema derecha -como acaba de pasar con Trump en EEUU- sin que se hayan limpiado las instituciones de franquismo. Ahí está estos días de luto en Valencia la policía compadreando con los fascistas y aporreando a los desahuciados. Y a partir de ahí, que cada cual saque las conclusiones apropiadas."  

(Juan Carlos Monedero , Público, 10/11/24)    

Cestas de navidad, aguinaldos y donativos: los regalos de BBVA a policías en el caso Villarejo

 "Una de las cuestiones que se han analizado durante la instrucción del caso Villarejo es si el BBVA hizo regalos a policías a cambio de un “trato de favor”, algo que estaría prohibido en el código de conducta del banco. En el sumario de la investigación sobre las relaciones entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se inició en octubre de 2018, constan archivos sobre gratificaciones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que partían del departamento de seguridad corporativa que dirigía Julio Corrochano, investigado por ser el nexo de unión entre el BBVA y el agente encubierto. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha retomado este asunto y en su último informe, en el que solicita al juez instructor Manuel García Castellón que proponga juzgar a la entidad y a una docena de ex altos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González, ha incluido las pruebas documentales que acreditarían el pago de donativos con motivo de sus fiestas patronales, algunos enmascarados en facturas “por la compra de juguetes”, o el envío de cestas, vinos y aguinaldos por Navidad.

Según el fiscal Cabaleiro, estos regalos tenían como objetivo mantener una “buena colaboración” entre el banco y la Policía e incluso garantizar un “trato de favor o de confianza” ante determinados favores que el BBVA pedía a altos cargos policiales. También era una forma de recompensar las “relaciones privilegiadas con importantes mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, señala. El representante de Anticorrupción enfatiza que esta actitud era “conocida tanto por la alta dirección como por el propio consejo de administración”.

Para justificar estas afirmaciones, el fiscal expone en el escrito con fecha del pasado 17 de mayo los indicios que probarían que todos los investigados a los que pide poner a un paso del banquillo de los acusados, entre ellos el BBVA como persona jurídica, son responsables de la comisión de un delito cohecho y una pluralidad de ellos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos por los encargos de espionaje que hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Pero también por todos los pagos extraordinarios que se hicieron llegar a policías del entorno del comisario jubilado.

En este sentido, Cabaleiro dedica 16 páginas de su informe —de más de 240 folios— para reproducir los correos electrónicos de empleados del BBVA y directivos, como Corrochano o el actual responsable de auditoría interna, Joaquín Gortari, y en los que se ponía en copia, en algunas de las ocasiones, al exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, para tramitar los regalos. En ellos se solicitan “instrucciones oportunas” para “atender necesidades del servicio surgidas en el área de seguridad especial que presta sus servicios a Presidencia y la alta dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Este mensaje iba seguido de la solicitud de autorización de “donativos” de miles de euros con motivo de actos conmemorativos de la Guardia Civil o la celebración de la fiesta del Día de la Policía en honor a su patrón, los Santos Ángeles Custodios.

Uno de los mensajes incorporados es el enviado el 19 de septiembre de 2011 por parte de un empleado del banco a Gortari para comentarle que con motivo de la fiesta patronal de la Guardia Civil se habría realizado un donativo “en efectivo mediante el pago de la factura correspondiente por la compra de juguetes por parte de esta institución”. En los cruces de correos también figuran los trámites para enviar cestas de Navidad, en las que se incluían vino, o “aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función”, según reza uno de los emails destacados.

Listado de policías

De hecho, el fiscal afirma que era una práctica habitual que el departamento de seguridad corporativa del BBVA realizara un listado anual sobre los policías que recibían atenciones por Navidad, “algunos destinados a la sede oficial y otras a domicilios particulares”. “El grado de detalle del personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como la reiteración en los regalos se prevé como constante”, subraya el escrito. En ese grupo de policías se encontraban comisarios cercanos Villarejo, algunos de ellos imputados en la macrocausa, como Carlos Salamanca, quien fuera responsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel; o Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como El Gordo, que ha sido excluido de la causa por su estado de salud.

También el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ex jefe de la Policía Judicial, que declaró como testigo en la línea de investigación centrada en el BBVA y admitió su relación de amistad con el exresponsable de seguridad del banco; o José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue interrogado para aclarar si el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima que motivó la investigación judicial contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

El cohecho, que es el delito que sustenta toda la macrocausa, castiga tanto al funcionario público que ha recibido una dádiva o retribución de un tercero, como al particular que ha ofrecido o entregado dichas recompensas. Precisamente este ilícito ha estado durante un tiempo en el aire debido a que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el primer juicio del caso Villarejo absolvió a todos los acusados por esta conducta ilegal, si bien la Sala de lo Penal ha ordenado corregir este extremo, lo que ha hecho que vuelva a ser un elemento de cargo para Anticorrupción.

Algunos investigados afirmaron ante el juez García Castellón que desconocían si se hicieron “entregas de dinero en efectivo” a policías para patrocinar sus festejos, ya que no existían partidas específicas en los presupuestos para ello, como señaló Nazario Campo Campuzano, directivo del área de seguridad del BBVA, para quien el fiscal ha pedido el archivo de la causa; o el expresidente Francisco González, que aseguró que dichos pagos no encajaba dentro de su código de conducta, el conocido en el sector bancario como Código FG, una guía de buenas prácticas que instauró en el banco. Sin embargo, el fiscal considera que existen numerosas pruebas acerca de que “de forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación [desde 2004 hasta 2017], desde la alta dirección y con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia [entonces dirigido por Joaquín Gortari], se hacían regalos, tanto en metálico como en productos a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos”.

Información sobre problemas internos en el Banco Santander

Asimismo, el fiscal apunta que estas gratificaciones no son solo atenciones en fechas concretas, sino también “contrapartidas” a algunos mandos policiales por determinados favores a altos cargos policiales, como la gestión de visados de allegados a directivos y consejeros del banco o información sobre personas que querían reunirse con altos cargos del BBVA. De hecho, el fiscal incluye uno de los correos que Enrique García Castaño envió a Julio Corrochano sobre las denuncias de trabajadores del Banco Santander por “acoso laboral” contra la dirección de seguridad corporativa de la entidad, incluso una carta que el entonces jefe de dicho departamento, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Salom Clotet, envió al fallecido presidente del banco Emilio Botín sobre este asunto.

Con todo ello, Anticorrupción concluye que el BBVA y sus altos cargos incumplieron su propia norma interna sobre “entregas de regalos y organización de eventos promocionales”, que establecía que, además de tener que rellenar un anexo, los regalos tenían que ser “de carácter promocional o detalles de cortesía”, cuyo valor no podía superar los 150 euros. El fiscal Cabaleiro se acoge a este reglamento porque, según indica, no ha podido analizar el contenido de la normativa especial del banco sobre “atenciones especiales de Navidad” porque “la defensa del BBVA, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, ha preferido no aportarla.” Por este mismo motivo, añade, tampoco ha podido revisar la norma de la entidad sobre la contabilización y pago de facturas recibidas en vigor durante los años investigados, pero aun así señala que la de 2018 (año que ya no es objeto de las pesquisas) prohíbe las donaciones al “Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las entidades locales”.                (Nuria Morcillo, Cinco Días, 10/06/24)

Juan Cotino: amaño de contratos desde la dirección de la Policía de Aznar... Tanto sus dos sobrinos como el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana confiesan que el fallecido político del Opus Dei urdió las mordidas millonarias en Luxemburgo de la red del 'caso Erial'... El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión

 "Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado."             (Lucas Marco, eldiario.es, 20/04/24)

Así paga la Justicia en España a quiénes osan enfrentarse a la mafia: condenados a nueve años de cárcel el juez y el fiscal que investigaron al magnate de la noche balear, Cursach

 "El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados. 

 La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.

 En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones."              (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)

Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Cargos investigados en noticias de los últimos días

AntonioMaestre @AntonioMaestre

Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Hilo con cargos investigados en noticias de los últimos días.

Eugenio Pino, Director adjunto operativo de la Policía Nacional. Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía. Caso Kitchen.

José María Tocornal, comisario jefe de Fuengirola, detenido en una trama de tráfico de diamantes.

Teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Imputado por corrupción en la reforma de cuarteles.

Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila. Imputado en una trama de corrupción en la reforma de cuarteles.

General de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Imputado en el caso Mediador. En prisión provisional.

Un teniente coronel del Ejército destinado en la VI Zona de la Guardia Civil. No ha trascendido el nombre, se realizó un registro en el cuartel de Benimaclet. Todos estos casos son noticias de actualidad. ¿Para sentirse seguros, verdad?

8:15 a. m. · 7 mar. 2023
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Caso Déborah: 20 años de "negligencias" y un ordenador manipulado bajo custodia judicial... la familia expresa su convicción de que, más que una mala investigación, han existido "mala fe y sobornos"

 "El pasado 30 de abril se cumplieron 20 años de la desaparición en Vigo de Déborah Fernández. Ya no habrá más investigados relacionados con su muerte que su exnovio, el único imputado judicialmente antes de la prescripción en esa fecha. 

Pero el caso sigue deparando sorpresas. La última, el informe que revela que el ordenador de la joven fue manipulado cuando estaba bajo custodia policial, ha reactivado la indignación de la familia de la víctima y respalda sus tesis de negligencias en la investigación. "Es de una gravedad tremenda", zanja el abogado de los familiares de Déborah.

El análisis del ordenador de Déborah —la joven viguesa que desapareció en 2002 cuando salió a hacer deporte y que fue encontrada muerta en una cuneta diez días después— es una de las últimas pruebas que se incorporaron al caso, reabierto en noviembre de 2019. La jueza que lo instruye tuvo incluso que instar a la empresa que lo inspeccionó a concluir su trabajo con celeridad, por si de sus resultados se derivara alguna nueva imputación. Pero lo más relevante del peritaje ha sido la dudosa custodia de una prueba considerada fundamental. Como se sabía, la computadora personal ha sido manipulada, probablemente para borrar pruebas. Lo que se desconocía es que ese borrado se produjo después de 2016, cuando ya estaba en poder de la Policía. 

 Los familiares de Déborah pedirán al juzgado que instruye la causa, el número 2 de Tui, la apertura de una pieza separada para tratar de aclarar quién hackeó el ordenador de la joven. Pero sus reclamaciones no acaban ahí. Son tantas las "deficiencias" de la instrucción que vienen denunciando, que demandan que se amplíe la investigación a todas esas circunstancias "extrañas" de la investigación policial. Las más relevantes, relacionadas tanto con el ordenador personal como con el análisis del teléfono de víctima. Un teléfono que, al igual que el disco duro, la Policía no reclamó hasta que habían transcurrido cuatro años desde la muerte de Déborah.

La Policía Nacional no requirió ninguno de los dos dispositivos hasta el 19 de septiembre de 2006. Los recogió en la casa de sus padres, donde vivía, y permanecieron tres años bajo custodia policial. Fue 2019, tras la reapertura del caso, cuando su disco duro fue entregado a la juez, que encargó su análisis a la empresa Lazarus Technology, la misma que recuperó los datos del móvil de Diana Quer, después de que el servicio de Ingeniería de la Guardia Civil de Madrid informase de la imposibilidad de extraer su información.

 Tal y como ya había advertido Lazarus, alguien realizó una alteración de fechas y un borrado a conciencia del ordenador que Déborah tenía en su cuarto, lo que ha impedido rescatar conversaciones de Messenger consideradas cruciales. De acuerdo con el peritaje, el ordenador fue alterado poco después de que agentes de la comisaría de Vigo lo recogiesen en la casa de la joven viguesa. El disco duro fue rápidamente enviado a Madrid, por lo que no se ha aclarado si fue en Galicia o en la unidad central donde fue manipulado. El informe pericial es el tercero que emite Lazarus y matiza uno anterior, en el que advertía de una manipulación previa a la entrega del dispositivo a la policía.

La gravedad de la nueva revelación ha llevado a la familia a expresar su convicción de que, más que una mala investigación, han existido "mala fe y sobornos". A través de un comunicado, sostiene su convicción de que alguien se valió de su influencia y dinero para borrar huellas. "Si hay o hubo alguna duda sobre el interés de Policía y juzgados en esclarecer el caso de nuestra hermana, ya tiene la respuesta. A todos los que nos tacharon de locos por afirmar que hay una mano negra, aquí también tienen su respuesta", afirman.

Un trato favorable para el acusado

La tenacidad de los familiares de Déborah consiguió que el caso se reabriera en 2019, 17 años después del crimen y con el plazo de prescripción de los delitos ya próximo. Fue un logro que vino a demostrar, según su interpretación, que la investigación inicial había estado rodeada de circunstancias inexplicables, que a su juicio trataban de encubrir al exnovio, que no fue imputado hasta febrero de este año, cuando fue llamado a declarar como investigado.

Pese a la reapertura del caso, el abogado de la familia mantiene su denuncia de irregularidades. Entre ellas, la propia declaración del exnovio, quien según el letrado, Ramón Amoedo, fue interrogado sin la necesaria "intensidad". "El interrogatorio de la juez y del fiscal fue una conversación entre amiguetes, sin incomodar. Fue una conversación para cumplir el trámite", acusa.

 Antes de eso, la familia y el abogado habían enumerado hasta quince deficiencias en la investigación. Y una de ellas tenía que ver con el trato dispensado al que fue siempre el principal sospechoso para los familiares de Déborah. No fue llamado a declarar hasta nueve días después de la desaparición. Después, se ausentó de España por motivos laborales y no se le volvió a citar hasta diciembre, una declaración que se envió a los juzgados en 2019.

No consta en autos judiciales si se investigaron las cámaras de la zona, ni fueron llamados a declarar hasta 17 años después ni el padre ni la hermana de Déborah. De la declaración de su hermana solo se registró una pequeña parte. La Policía tampoco visitó hasta muchos meses después el campo de fútbol donde, supuestamente, el principal sospechoso estuvo jugando el día que la joven desapareció, cuyo vehículo fue inspeccionado ocho años después.

Pero las principales presuntas irregularidades se centran en el ordenador y en el teléfono de la víctima. Siempre según la versión de la familia, no se investigaron las llamadas efectuadas en aquellos días desde el teléfono del exnovio, como tampoco los de las amigas de Déborah. Cuando en 2020 la familia denunció "negligencias" en la investigación policial, apuntó que el móvil de la joven "se extravió" después de 2006. Recientemente, añadió que en el listado de llamadas entrantes del móvil hay "28 espacios en blanco" que han impedido identificar por quién fueron realizadas.

El pasado 30 de abril se cumplieron 20 años de la desaparición en Vigo de Déborah Fernández. Ya no habrá más investigados relacionados con su muerte que su exnovio, el único imputado judicialmente antes de la prescripción en esa fecha. Pero el caso sigue deparando sorpresas. La última, el informe que revela que el ordenador de la joven fue manipulado cuando estaba bajo custodia policial, ha reactivado la indignación de la familia de la víctima y respalda sus tesis de negligencias en la investigación. "Es de una gravedad tremenda", zanja el abogado de los familiares de Déborah."                (Pablo López, El Confidencial, 08/05/22)

Cae un entramado de corrupción policial en el mayor golpe al narco de la historia del país

 "Para dimensionar la importancia de este caso, recurramos a un ejemplo: el Gobierno central anunció días atrás un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros; pues bien, el quebranto económico causado a esta organización se ha estimado en 525 millones. 

No son simples bandas que se exhiben en redes sociales con chándales de Versace, sino peligrosos narcos que controlaban el tráfico de drogas por los puertos de Tánger y Algeciras. Elementos a los que gustaba pasar desapercibidos, capaces de tejer una red de agentes supuestamente corruptos que salpicaba a distintos cuerpos de seguridad y que era la garantía de que el alijo cruzase la frontera. Sí o sí. 

Son el Clan de Tánger y el Clan del Sur. Probablemente, las dos redes de mayor impacto en el tráfico de drogas a través del Estrecho y que, tras año y medio de investigación, han sido desmanteladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta, Corsini-Imperium, que ha permitido detener al menos a cinco agentes del Instituto Armado que operaban en el recinto portuario de Algeciras, un policía destinado en Ceuta, un auxiliar administrativo de Aduanas y un expolicía local. En total, 61 detenidos.

Fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial sitúan esta investigación como una de las más importantes llevadas a cabo en el país en la larga lucha contra el narcotráfico, "probablemente en la que más droga se ha intervenido". Y la verdad es que las cifras son mareantes. Se han incautado más de 83.680 kilos de resina de hachís, así como 9,76 toneladas de clorhidrato de cocaína. Aunque los investigadores han logrado imputarles su participación en la introducción de otros aproximadamente 67.275 y 6.200 kilogramos de ambas sustancias, respectivamente. Por lo que las cantidades de una y otra droga superarían las 150 y casi 16 toneladas de peso.

La estimación del valor de estos alijos ronda los 525 millones de euros —algo más de 170 millones, el hachís; y 350 millones, la cocaína— y se ha descubierto en torno a 1,1 millones que estaban en posesión de alguno de los 61 detenidos que han ido cayendo a o largo de las siete fases de la operación. Un total de 31 de estas personas han sido arrestadas en suelo español, mientras que el resto fueron interceptadas, principalmente, en Francia y Marruecos.

Los agentes de ambos cuerpos llevaron a cabo 34 registros e intervenciones en distintas partes del país —Málaga, Cádiz, Granada, Ceuta, Palma de Mallorca, Barcelona...— que evidencian la capacidad operativa de las redes investigadas. En estas inspecciones hallaron "miles de joyas", así como al menos ocho armas de fuego, entre las que destacaba un auténtico 'unicornio', una muestra tan grande de mal gusto, como de poderío económico: un AK47 hecho de oro y brillantes digno del mismísimo Tony Montana.

También se han intervenido 35 vehículos, entre los que desatacaban numerosos camiones articulados en los que distintas organizaciones transportaban la droga. Porque la importancia de la operación Corsini-Imperium es que no solo se ha golpeado a los grupos que traficaban en diversos países, sino que su gran valor es que se han desactivado las presuntas tramas corruptas que gestionaban los 'filtros' de entrada al continente por el estrecho de Gibraltar. El Clan de Túnez y el Clan del Sur. Dos redes que extendían sus tentáculos entre miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que cobraban a las otras bandas por permitir el paso seguro de sus cargamentos a través de los dos grandes puertos del norte de África y el sur de Europa: Tánger Med y Algeciras. Replicando un 'modus operandi' similar al utilizado por las organizaciones holandesas para tomar el recinto portuario de Rotterdam.

La investigación que por primera vez les ha hecho hincar la rodilla se inició hace aproximadamente año y medio, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol pertenecientes a la Comisaría de Fuengirola intervenían en el municipio de Alhaurín de la Torre un alijo de 11 toneladas de hachís. Días más tarde, eran los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil los que interceptaban un camión "cargado" de hachís. Según pudo saber este periódico, se detectó un nexo común entre ambas investigaciones y los dos cuerpos decidieron trabajar conjuntamente para llegar hasta la desarticulación de ambos clanes. "Ha sido una excelente labor de coordinación", destacaron las fuentes consultadas, que señalaron que "no hubiésemos logrado el objetivo final de no ser así".

Desde el inicio de las pesquisas, ambos cuerpos han llevado a cabo siete fases, o 'tiradas', como se les conoce en el argot policial, en las que han ido incautándose de diversos alijos hasta sumar las impresionantes cantidades anteriormente descritas. Se han detenido a numerosos camiones a lo largo de las carreteras españolas, y otros eran capturados en suelo francés. Y todos ellos con cantidades exageradas de droga que ni siquiera se preocupaban en ocultar. Ni un doble fondo con sistema hidráulico, ni algo tan sencillo como camuflarla entre una carga legal. Lo más curioso, y parecido a un sistema de ocultación, dos cargamentos en los que los narcos habían moldeado la resina de hachís con formas de tomate y melones para después envolverla con papel celofán de color rojo y verde.

Agentes implicados

Esta despreocupación, unida a las elevadas cantidades de las aprehensiones, hizo pensar a los responsables del caso que podían haber contado con ayuda en la frontera. Obtuvieron la trazabilidad de los distintos transportes intervenidos y se detectó un patrón que hizo que las pesquisas se centraran en un turno de agentes de la Guardia Civil que operaba en los filtros de acceso del puerto algecireño.

El líder del Clan del Sur, un individuo de origen magrebí, se encuentra fugado

Las fuentes consultadas señalaron que algunos de los guardias habían sido captados por el Clan del Sur para —supuestamente a cambio de dinero— "facilitar la entrada de los alijos" dejando sin inspeccionar los vehículos que los transportaban y "ofreciendo información relevante" de esa importante base del Instituto Armado —número de efectivos, turnos...— para programar los envíos.

El cabecilla de este supuesto entramado corrupto era un guardia civil que residía en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y cuya ascendencia sobre el resto hacía que acatasen sus instrucciones. Estos, presuntamente, hacían la vista gorda sobre los camiones o contenedores de mercancías en los que viajaba la droga. Pero no eran los únicos miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente implicados. Un policía nacional destinado en Ceuta fue detenido en esta ciudad autónoma a mediados de mayo en la última fase del caso. Se le investiga por revelación de secreto. También ha sido arrestado un auxiliar administrativo de Aduanas, así como un expolicía local de fuera de la región que se había asentado en tierras andaluzas.

Al menos han sido arrestados cuatro guardias civiles, a los que se une un quinto que es investigado no detenido. Según pudo saber este periódico, la captura de todos ellos ha generado un gran orgullo entre sus compañeros porque han acabado con "unos elementos que ensuciaban el trabajo y la imagen del cuerpo".

Estos ocho agentes presuntamente trabajaban para el Clan del Sur, que estaba liderado por un individuo de origen magrebí que en la actualidad se encuentra fugado. Esta organización cobraba un 'peaje' a distintas redes del narcotráfico que previamente habían pagado una 'mordida' al Clan de Túnez. De esta forma, se aseguraban el paso, sin sobresaltos, por las fronteras marroquí y española. Compraban la seguridad del éxito, y ahí estaba el origen de su impunidad.

El entramado cobraba grandes cantidades por un paso seguro de los alijos por la frontera

El Clan del Sur "no movía droga", especifican las fuentes consultadas, que añadieron que su función principal era controlar los filtros de entrada al país. "Facilitaban el acceso". Así de simple. Y así de lucrativo.

El grueso de los detenidos, entre los que también hay algún empresario, se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Y, aunque la investigación ha sido liderada por los agentes de la Udyco Costa del Sol y el EDOA, en las distintas intervenciones han estado apoyados por efectivos de distintas unidades, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) o el Grupo de Acción Rápida (GAR), que realizaron el asalto de algunos inmuebles en los que se encontraban sospechosos.

Las distintas fuentes destacaron que, con base en la droga intervenida, posiblemente sea el mayor golpe al narcotráfico asestado en España y dan por "desmantelados" ambos clanes."              (Pablo D. Almoguera, El Confidencial, 04/06/22)