Jordi Pujol Jr. compró una empresa de ambulancias para hacer negocios con la Generalitat

 "El sector de las ambulancias es un terreno propicio para los trapicheos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto una investigación sobre la adjudicación de este servicio, por parte de la Generalitat, a la empresa Ivemon Ambulancias Egara.

Esta compañía, controlada por personas próximas a David Madí, se llevó tres lotes, valorados en más de 400 millones de euros, en el último concurso convocado por la Generalitat, en 2015, y que todavía está vigente. De momento, el magistrado Santiago Pedraz ha imputado a ocho empresarios, entre los cuales está David Madí, ex-mano derecha de Artur Mas y hombre clave en la organización del proceso independentista.

Pero David Madí no fue el primero en darse cuenta que el negocio de las ambulancias concertadas con la Generalitat era una “mina de oro”. Esta es una tradición convergente. Jordi Pujol Ferrusola (Júnior), en los años locos de sus aventuras empresariales, mientras su padre, Jordi Pujol i Soley, era el presidente de la Generalitat, fue el protagonista de uno de los primeros casos de escándalo en el oscuro mundo del transporte sanitario.

El 15 de diciembre del 1999, el Júnior adquirió el 52% de la compañía Ambulancias San Patricio, junto con su socio Jordi Puig Godes, hermano de su gran amigo Felip Puig. Desembolsaron 52 millones de las antiguas pesetas, unos 312.000 euros al cambio. El 23 de mayo del 2000, esta compañía recibía una gran noticia: se le había adjudicado el contrato del transporte sanitario en las comarcas del Tarragonès, Alt Camp y Conca de Barberà. En aquel momento, el periodo del contrato era de un año, renovable por anualidades hasta cinco años.

Para asegurarse que no habría problemas de competencia, los dos nuevos socios de Ambulancias San Patricio hicieron firmar una cláusula a los antiguos dueños, comprometiéndose a no concurrir directa o indirectamente en concursos sanitarios en estas comarcas durante los cinco años siguientes.

A finales del 2000, los Jordis se dispusieron a vender y a rentabilizar su inversión. La compañía había pasado de facturar 215 millones de pesetas (algo más de 1,3 millones de euros) el 2000, a 411,5 millones de pesetas el 2001 (casi 2,5 millones de euros, con un beneficio de 307.000 euros). Una carta firmada por Jordi Puig ofrecía a potenciales empresarios (entre ellos, Pedro Rodríguez Inciarte, de Saarema, y Vicente Beneyto, de Eysa) comprar Ambulancias San Patricio. “Se han negociado los nuevos conciertos para el año 2001 entre la Administración y las empresas adjudicatarias”, advertían a manera de cebo. En otras palabras, les dejaban una empresa con los contratos ya firmados con el Gobierno para poder seguir teniendo el servicio público.

La carta decía también que, aunque no tenía un plan a cinco años vista, “solo con las previsiones para el año 2001 y 2002 se deduce que una toma de participación por un valor de 300 millones por la sociedad puede suponer una generación importante de plusvalías a inversiones que entran en un horizonte de 2/3 años”. Esto les supondría a los dos socios triplicar la inversión en solo un año, puesto que de los 300 millones de pesetas que pedían, a ellos los corresponderían 156 millones de pesetas (unos 936.000 euros), cuando un año antes habían pagado 52 millones por estas acciones. También reseñaban que estaban pendientes de una posible fusión con Ambulancias Reus para ocupar el 100% del territorio de Tarragona. En aquel momento, el 72,6% de la facturación de Ambulancias San Patricio era de los contratos con la Generalitat.

La compañía, sin embargo, entró en una dinámica destructiva: el 2005, en tiempo del Tripartito, la empresa renunció a la concesión en las comarcas del Alt Camp y la Conca de Barberà, donde las denuncias por las deficiencias en el transporte eran constantes y graves. Los expedientes sancionadores y las notificaciones de ejecución y embargos se iban acumulando encima de la mesa, tanto por parte del Ayuntamiento de Tarragona como de la Agencia Tributaria. Al final, acabó siendo cerrada abruptamente por vía de oficio el 2010 por la Agencia Tributaria, porque no había presentado durante tres periodos impositivos consecutivos la declaración del Impuesto sobre sociedades. Poco antes, había dado por no cobrado la deuda contraída con organismos públicos."                   (elTriangle, 18/03/23)

Los Pujol, historia de 20 años de corrupción en Cataluña

 Marta Ferrusola y Jordi Pujol, junto a sus siete hijos (de izquierda a derecha: Mireia, Oriol, Marta, Josep, Oleguer, Jordi y Pere).

"Una foto familiar enmarca 23 años de corrupción en la Generalitat de Cataluña. Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos son los principales beneficiarios de una trama que se enriqueció de manera desmedida e ilegal “durante decenios”, según el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Por primera vez tras casi 15 años de denuncias políticas e investigaciones judiciales, un juez sentará en el banquillo a toda la familia Pujol junto a media docena de empresarios por delitos fiscales, de blanqueo de capitales, falsedad en documento público y organización criminal. Cientos de pruebas de esas conductas corruptas afloran ahora en un sumario abierto en diciembre de 2012.

Las sospechas sobre la corrupción institucional en la Cataluña de Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, han sido numerosas en los últimos años.

Uno de los grandes empresarios de la construcción en España explicaba así hace algún tiempo su tormentosa relación con Cataluña y el 3%: “Un día me citó el presidente Jordi Pujol en un hotel de Madrid. Había participado en un acto público y al finalizar, cuando estábamos los dos solos, me mostró un papelito amarillo con una cantidad escrita a mano. Correspondía exactamente al 3% de una obra que la Generalitat de Cataluña había adjudicado a mi empresa y que yo, supuestamente, debía pagar como agradecimiento. Me negué y dejaron de adjudicarme obras en esa comunidad”. El conocido empresario nunca denunció aquel supuesto intento de chantaje, ni nadie lo investigó.

Otro empresario, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, contó en el Congreso de los Diputados su experiencia con la obra pública en Cataluña: “En el tiempo en el que Convergencia estuvo en el poder, nosotros no tuvimos obras. Después, con el tripartito, sí las tuvimos. ¿Por qué? Porque no había que pagar”.

Esas prácticas corruptas fueron también denunciadas por el socialista Pasqual Maragall cuando llegó a presidente de un Gobierno tripartito en Cataluña. “Su problema se llama 3%”, le dijo a Artur Mas en un pleno del Parlamento celebrado en febrero de 2005. Maragall no pasó nunca de las palabras a las pruebas.

Posteriormente, aquella sospecha se confirmó en parte por la sentencia del caso Palau (enero de 2018) donde se acreditaban las prácticas corruptas del partido que gobernó en Cataluña los primeros 23 años de la reciente etapa democrática. Directivos de Ferrovial pactaron con el tesorero de Convergencia Democrática financiar ilegalmente al partido (con hasta 6,6 millones de euros) a cambio de que esta formación favoreciese a la constructora en la adjudicación de obra pública allí donde gobernaba.

El magistrado José de la Mata ha detallado ahora decenas de prácticas supuestamente delictivas que contribuyeron al enriquecimiento de la familia Pujol y a la financiación ilegal de Convergencia, en lo que supone la mayor investigación judicial a la etapa hegemónica del nacionalismo conservador en Cataluña.

El juez ha resumido en 509 páginas casi ocho años de trabajos para desentrañar los negocios ilegales del clan familiar formado por el expresidente catalán, Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos: Jordi, Josep, Oleguer, Pere, Oriol, Marta y Mireia. El magistrado ha concluido una investigación que se inició en diciembre de 2012 y pretende sentar en el banquillo a los nueve miembros de la familia junto a media docena de empresarios, la mayoría contratistas de la Generalitat.

Las pesquisas sobre el origen y evolución del patrimonio oculto del clan Pujol han destapado una historia oscura de Cataluña, casi un cuarto de siglo marcado por el poder absoluto del expresident y de su partido, Convergencia Democrática, al frente de la Generalitat.

El juez sostiene que Pujol y familia aprovecharon durante más de 20 años su posición privilegiada en la vida política, social y económica de Cataluña para “acumular un patrimonio desmedido”. En las cuentas corrientes que abrieron en Andorra, ocultas al fisco español, el magistrado ha contado ingresos en efectivo y transferencias entre 1995 y 2000 por casi 10 millones de euros que se repartieron entre los siete hermanos y que nunca declararon a Hacienda.

Marta Ferrusola también figura entre las personas que recibían ingresos en las cuentas de Andorra y además presuntamente gestionaba la fortuna junto al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. El juez destaca una nota manuscrita de la esposa del expresidente dirigida al gestor bancario: “Reverendo Mosen, soc la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos misales de mi biblioteca a la del capellán de la parroquia, y él te dirá a quién se le ha de colocar”. El magistrado aclara así el significado del mensaje: “Obviamente la madre superiora de la congregación no era otra que la propia Marta Ferrusola; su hijo Jordi Pujol Ferrusola el capellán; cada misal de la biblioteca era un millón de pesetas [6.000 euros] de la cuenta de la madre superiora; y quien respondía al nombre de reverendo Mosen era el gestor Pallerola Segon”.

El magistrado descarta que este dinero diseminado en una decena de cuentas en los bancos andorranos tuviera su origen en la herencia de Florenci Pujol, padre del expresidente catalán. De la Mata atribuye estos ingresos a “pagos ilegales” de empresas que recibían un trato de favor por parte de la familia Pujol “en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones... a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”.

La instrucción ha permitido descubrir múltiples pagos de supuestas mordidas a la familia Pujol por parte de empresas que recibieron tratos de favor a través de avales públicos, autorizaciones medioambientales o licencias urbanísticas por parte de organismos autonómicos. La investigación judicial destaca la actividad empresarial del hijo mayor del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, quien creó junto a su esposa hasta cuatro sociedades distintas con idéntico domicilio, un solo empleado y ninguna actividad. Estas empresas facturaron más de 11 millones de euros por servicios ficticios de consultoría o asesoramiento que abonaron numerosas firmas, la mayoría contratistas de la Generalitat de Cataluña.

El juez ha investigado hasta 25 contratos distintos y aporta pruebas de cómo las empresas de Pujol Ferrusola no efectuaron ningún trabajo para las sociedades que le abonaron los 11 millones de euros. Toda esta estructura delictiva fue posible, según recuerda el magistrado, gracias a la colaboración de media docena de empresarios (Robert Ribes, Domínguez Cereceres, Delso Heras, Villarrubí Carrió, Cornado Mateu y Vidal Dinares) que “aportaron sus estructuras mercantiles” y ejercieron “como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones”.                  (José Manuel Romero, El País, 19/07/20)

La oscura herencia en Andorra de los Pujol... una descripción

"El informe forma parte de la investigación por blanqueo que desarrolla un juzgado de Andorra sobre seis miembros de la familia Pujol. Y concluye que la saga del dirigente que pilotó Cataluña 23 años no justificó en el país pirenaico la procedencia de su fortuna. O, lo que es lo mismo, que no acreditó la supuesta herencia que Jordi Pujol recibió de su padre, Florenci, un banquero fallecido en 1980 que hizo fortuna con el contrabando de divisas.

Los Pujol debieron ser calificados como “no aptos” en la BPA. Utilizaron un entramado de "ocultación". Y tejieron una estructura sobre una madeja de diez cuentas numeradas y fundaciones panameñas, según la auditoría.

El trabajo de PwC fue encargado por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el homólogo del FROB español que Andorra creó tras la intervención de la BPA, en 2015.

El texto desgrana las transacciones en este banco de la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos: Marta, Mireia, Pere y Josep. Estas son sus claves:

Ferrusola: entrada por la puerta grande

La matriarca del clan desembarcó en el banco en diciembre de 2010 por la puerta grande. El contrato de apertura de su cuenta numerada llevó estampada la firma del entonces director general y consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel.

A sus 83 años, la esposa del expresidente de la Generalitat catalana se escudó tras una coraza financiera –cuenta cifrada y sociedad panameña con testaferro- para blindar los 868.000 euros que manejó entre 2010 y 2014. Marta Ferrusola también recurrió a fundaciones para mover los beneficios de sus inversiones, cartera de preferentes de Repsol incluida.

JOSÉ MARÍA IRUJO / JOAQUÍN GIL

Cuando el clan Pujol desembarcó en la Banca Privada d’Andorra (BPA), se enfrentó al cuestionario de rigor. Un cortafuegos para impedir que se cuelen en la entidad fortunas de dudosa procedencia.

Cinco de los siete hijos del expresidente catalán respondieron “no” a la pregunta “¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?”. Un término que define a cargos públicos, excargos y familiares que deben ser sometidos a una monitorización especial para prevenir el blanqueo, según la recomendación de 2012 del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo creado en 1989 por el G-7.

Frente al criterio de sus descendientes, la matriarca del clan, Marta Ferrusola, escribió en el formulario que sí era una Persona Expuesta Políticamente.
¿A qué responde esta contradicción? Pese a las recomendaciones del Gafi, Andorra tiene su propia legislación sobre los perfiles de riesgo. Y, con la ley del país pirenaico en la mano, ninguno de los miembros del clan Pujol era un cliente sospechoso cuando abrió sus cuentas en la BPA.

Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia aterrizaron en la BPA en diciembre de 2010. Entonces, en el Principado regía un decreto de 2009 sobre los PEP’s que liberaba de este calificativo a los parientes directos de políticos un año después de que su allegado hubiera abandonado el cargo. Y Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat en 2003.

Con la ley andorrana en la mano, tampoco Josep Pujol, que aterrizó en la BPA en 2006, sería PEP.

Fuentes próximas a la familia Pujol explican así la contradicción de Marta Ferrusola al calificarse de Persona Expuesta Políticamente. “Los cuestionarios no los rellenaban los clientes, sino los empleados de la BPA”.

El informe menciona también los vínculos de la matriarca con otro tipo de fundaciones: “Durante el tiempo que su marido ejerció como político, asumió cargos simbólicos en fundaciones y entidades de carácter benéfico”.

Marta: “hija de una importante familia”

Marta Pujol Ferrusola era para la BPA la “hija de una importante familia catalana”. Sin más. Y así figuró en los archivos internos del banco.

La descendiente de los Pujol-Ferrusola se presentó como arquitecta ante la institución financiera, donde movió 700.000 euros entre 2010 y 2014.

La auditoría de PwC es tajante con ella: “No dispone de ningún tipo de documento para acreditar el origen de sus fondos”.

Mireia: la fisioterapeuta millonaria

Cuando la fisioterapeuta Mireia Pujol Ferrusola abrió una cuenta en la BPA, definió así las razones para elegir esta entidad: “ahorro y seguridad”. Lo dejó escrito en el documento interno que debe rellenar el cliente que toca a la puerta de un banco en el Principado, el Know your customer (conozca a su cliente, en inglés).

La hija del factótum convergente manejó en Andorra el segundo patrimonio más importante de su familia: 1,2 millones de euros.

Pere: “sin necesidad de dinero”

Pere Pujol Ferrusola aterrizó en la BPA “presentado por un tercero”. Ingeniero agrónomo de profesión, este hijo de Jordi Pujol depositó 650.000 euros en la entidad entre 2010 y 2014. Y, según los empleados del banco, no preveía sacar sus fondos. “No tiene necesidad de dinero”, dejaron escrito los trabajadores. Como el resto de sus hermanos, no justificó el origen de su fortuna, según PwC.

Josep: misterioso ingreso en efectivo de 800.000 euros

La cuenta en la BPA de Josep Pujol Ferrusola, que movió 2,1 millones, fue la más activa del clan. La auditoría de PwC cuestiona transacciones como un ingreso en efectivo de 800.000 euros en febrero de 2010. El tercer hijo de la familia vinculó la procedencia de este dinero al cobro de un préstamo. “Se duda de la existencia del préstamo, entendiéndose como un vehículo para el blanqueo de capitales”, sentencia la consultora.

Fuentes próximas a la familia Pujol se muestran muy críticas con la auditoría de PwC. “No hay en el informe ningún hecho que demuestre que el dinero de Andorra tuvo un origen irregular”, sostienen. "Es fácil verlo todo así cuando ya han ocurrido los hechos", añaden.

En paralelo a las pesquisas en Andorra, el clan Pujol se encuentra bajo el foco en España. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. A través de una madeja de cuentas, la familia ocultó presuntamente 30 millones en Andorra, Estados Unidos, Paraguay, México y Argentina.

Andorra, de 78.000 habitantes, permaneció blindada por el secreto bancario hasta el pasado año. Y la BPA fue intervenida por las autoridades de este país pirenaico en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y 8.000 millones de volumen de negocio, niegan estas acusaciones.

JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO

El benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, no reparo en reconocer el pasado diciembre en un juzgado de Andorra que ocultó su patrimonio en el país pirenaico mediante un alambicado entramado de fundaciones. ¿El objetivo? Evitar “un Falciani”. 

O, lo que es lo mismo, que un trabajador de la institución financiera filtrara su nombre. Aludía así al escándalo desatado en 2009 por el informático Helvé Falciani, que afloró el fraude fiscal de más de 100.000 clientes de su antigua empresa, el banco HSBC.

“Me propusieron crear un producto financiero dentro de la BPA, una fundación con el objetivo principal de evitar que nos hicieran un Falciani”, confesó Oleguer Pujol.

El pequeño de la familia declaró ante la titular del juzgado número dos de Andorra. La jueza le citó en calidad de inculpado –término de la ley andorrana que sustituye al investigado- por un presunto delito de blanqueo.

Oleguer Pujol pasa por ser un experto en finanzas. Como prueba: Le dijo a la magistrada que trabajó entre 1997 y 2002 como representante de fondos inmobiliarios en España y Portugal del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

El benjamín de los Pujol-Ferrusola manejó entre 2012 y 2014 una cuenta en la BPA donde figuró como titular la fundación panameña Kamala Foundation, que llegó a acumular un saldo de 812.770 euros."                 (Joaquín Gil ,  José María Irujo , El País, 21/06/18)

Pujol utilizó Convergència como si fuese una de sus empresas para cobrar comisiones

"Los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, utilizó la formación política que presidía su padre para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.

En julio de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado en 1974 en el monasterio de Montserrat por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, dio paso a una nueva organización: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que entonces tenía a Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat.

Durante el periodo en que transcurren inicialmente los hechos, indica la policía, el máximo dirigente de CDC era Jordi Pujol Soley, el "progenitor" de Jordi Pujol Ferrusola: "Siendo como es conocida esta relación uno de los aspectos que se consideran troncales en esta investigación", destacan los agentes.

Sus ingresos

Pero el informe considera que la vinculación con su padre establece "un vínculo sustancial, porque es un nexo directo de Jordi Pujol Ferrusola con la 'empresa' que se configura como el sitio principal para su desempeño laboral, y por ende de donde provienen sus ingresos, el partido político CDC", especifica el documento policial remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol'.

En concreto, los agentes dan cuenta al magistrado del 'modus operandi' del clan Pujol y de varios empresarios que financiaban la formación conservadora, una actividad que permitía que el primogénito de los Pujol continuara con su actividad empresarial de cobro de comisiones.

"El ejercicio de su influencia en las instituciones democráticas de Cataluña a través de un partido político, CDC, del que su padre era máximo dirigente, y a través del cual habría gestado todas sus argüidas 'dinamizaciones' empresariales, favoreciendo a terceros que en consecuencia le remuneraban de diversas formas", concluyen los agentes de la UDEF.

Activos de Andorra

En este sentido, la actuación presuntamente delictiva detectada por la Policía comienza con Jordi Pujol Ferrusola, que con sus activos financieros en Andorra otorga la financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios a CDC.

"La observación de la realidad financiera depara que el verdadero prestatario de los capitales habría sido la formación política, ocultando su personalidad jurídica detrás de las sociedades Altraforma, Hispart y Winner Graph", indica la Policía, que pone de manifiesto el presunto engaño de los Pujol para financiar CDC.

Los representantes de Altraforma e Hispart, que aparecen suscribiendo en España las pólizas de préstamo de Pujol Ferrusola, Miquel Jiménez Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González, tal y como se desprende de los hechos probados en el 'caso Palau' reconocen que sus empresas, las mencionadas Altraforma e Hispart, se instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC.

Caso del 3%

Los agentes también detectan vínculos de la presunta financiación ilegal de CDC con el caso del 3%, que también investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. El nexo de unión está en el empresario Joan Albert Arqués, que fue detenido por la Guardia Civil en caso del 3%, por haber pagado comisiones a través de sociedades instrumentales para obtención de obra pública, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por terceros, que habrían servido para financiar al partido CDC.

"Por tanto", explican los agentes, "se observa un paralelismo obvio e inmediato entre los hechos que se le atribuyen a Joan Albert Arqués en ese procedimiento, con los que ahora estamos viendo que ocurrían unos años antes, con idéntica utilización de sociedades interpuestas para canalizar esos pagos, que realizaban las compañías del grupo a través de Hispart en este caso".

Los agentes de la UDEF otorgan, en este sentido, gran importancia al hecho de que el tesorero de CDC en aquellos momentos, el fallecido Caries Torrent apareciera directamente en las operaciones financieras: "Es un dato notorio, que conjugado con el papel que judicialmente se ha atribuido a Carles Torrent en el 'caso Palau', por su relación con varias empresas entre las que estaban las mencionadas, supone una tremenda fuerza indiciaria para construir los elementos probatorios de los tipos penales", continúa el atestado policial.

"Una sandez"

Pero el informe policial hace también una valoración de las explicaciones realizadas por Pujol Ferrusola, del aval realizado a las empresas proveedoras de CDC: "La explicación facilitada por Pujol Ferrusola en Andorra, sin ofrecer como es habitual ningún dato objetivo que la respalde, es sencillamente no verídica, ya que recurre a un presunto testaferro: Antoni Zorzano: "Utilizado, como sabemos, en el encauzamiento de operativas consideradas ilícitas, para concebir una cobertura", asegura el informe.

Incluso, los agentes van más allá, y aseguran que el hecho de que el investigado haya alegado que como los avales no se ejecutaron no tienen importancia material real, "se nos antoja una sandez desde el punto devista económico, puesto que el aval concebido como tal sí se ejecutó desde una perspectiva estricta al cumplir las funciones para las que nace: la constitución de una garantía íntegra a un riesgo de un tercero", concluyen los agentes en el documento remitido al juez De la Mata."                                (Tono Calleja, Vox Populi, 01/05/18)

La Operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el 'caso Pujol'

"Es el hombre que siempre se libra. Se libró de ser imputado en los papeles del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; del caso Liberbank, y del caso Pujol, en el que el constructor y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aparecía vinculado a través de una sociedad al hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.  

Estas maniobras para tapar sus negocios, que aparecen reseñados en diferentes sumarios, vuelven a salir a la luz en las conversaciones mantenidas entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el ex ministro Eduardo Zaplana, altos ex dirigentes ambos del Partido Popular. 

Pero también, a través de los negocios de su sobrino José Herrero de Egaña López del Hierro, imputado junto con otro socio del constructor (Eduardo Ameijide) por sus negocios en África con la sociedad Mercasa, en la que era director general Pablo González, hermano de la ex mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid.  

Como ha desvelado Elplural.com el 19 de enero de este año, González le cuenta a Zaplana un desayuno que ha tenido con el destituido fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el que este le informa de que ha recibido una llamada de Mariano Rajoy: “Y me dice, ‘Hoy me ha llamado Mariano para decirme que tenemos que arreglar eso y tal, he hablado con el general y vino él a pedirme que lo llevase yo’”.

 Tras esto, González se interesa por saber de parte de quién está el general [apelativo referido al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza] “en la guerra de éstas” [en relación a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Defensa] porque a Cospedal, “le están buscando las cosquillas” con "el marido".

Las maniobras de Rajoy, Cospedal y la Policía

Precisamente, la primera semana de enero, El Mundo había informado de la aparición de un pen drive encriptado en el caso Pujol y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había incluido en la causa, que contenía los negocios de Jordi Pujol Ferrusola con Ignacio López del Hierro a través de la sociedad Ibadesa Cat en Angola, Gabón y República Dominicana. 

En paralelo a esta nueva vinculación y mientras el presidente Rajoy maniobraba presuntamente con el fiscal Moix, fuentes del Partido Popular alertaban a Público de que la filtración del 'informe Trillo' sobre el Yak-42 en ese preciso momento era una cortina de humo organizada por la propia Cospedal.  

Estas maniobras pasaban por anular las pruebas que pudiera haber en el caso y eso ocurrió cuando el comisario Eugenio Pino introdujo fraudulentamente en el caso Pujol el pen drive entregado a la UDEF sin que existiera cadena de custodia y por el que el juez De la Mata solicitó la imputación del ex número dos de la Policía, como así han hecho los juzgados de plaza Castilla. 

Fuentes judiciales explican a Público: "Cuando introduces pruebas irregularmente en el procedimiento se anulan todas. En este caso el pen drive involucraba tanto a los Pujol como a Ignacio López del Hierro. Por lo tanto, quedan anuladas las pruebas que pudiera haber y que hubieran llevado a la imputación del constructor".  

A pesar de que López del Hierro llegó a poner una queja ante el nuevo director general de la Policía, Germán López Iglesias, las declaraciones que dio a El Mundo desvelaron sus estrechas relaciones con la cúpula de la Policía. El marido de Cospedal alegaba que la información sobre sus negocios era incorrecta y que la UDEF estaba realizando un nuevo informe por orden del juez José de la Mata que "sí ha sido elaborado por la Policía «este mes» y que «anula el anterior»". La cuestión es: ¿Cómo podía saberlo?

De donante del PP a marido de la secretaria general

Diferentes fuentes policiales han vinculado a Ignacio López del Hierro y a su ex socio Eduardo Ameijide -ambos coincidieron a finales de los 70 como gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real respectivamente- con el actual director del Centro contra la Inteligencia y el Crimen Organizado (CITCO) y ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera. 

La pasada semana Olivera fue preguntado en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del Partido Popular por la diputada Gloria Elizo, de Unidos Podemos, sobre esta presunta relación, algo que el director del CITCO negó tajantemente. Sin embargo, no es la primera vez que Olivera aparece señalado por sus relaciones con el PP y por filtrar informaciones relativas a operaciones como el caso Gürtel o el pequeño Nicolás.  

En los papeles de Bárcenas estudiados por la UDEF aparecen dos anotaciones que hacen referencia a "López Hierro" y "López H." de finales de los años 90, antes de su relación con la ministra de Defensa, aunque nunca se le ha imputado en la causa. 

Sin embargo, la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí ha logrado en Lezo la imputación de su ex socio Eduardo Ameijide y a su sobrino José Herrero de Egaña y López del Hierro, quien quedó en las diferentes sociedades en sustitución del marido de Cospedal por motivos muy similares de los que reflejaba el pendrive del caso Pujol que la Policía anuló al saltarse el protocolo de custodia y no poder acreditar su procedencia: los negocios en África junto a Mercasa como los de Ibadesa Cat. 

 

Es más, el 17 de enero, dos días antes de la reunión con Zaplana, la Guardia Civil recoge otra conversación entre González y Luis Vicente Moro, ex delegado de Gobierno en Ceuta, en la que González le informa que su hermano Pablo está de director general de Mercasa y este le contesta: "Cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro".           (Patricia López, Público, 20/11/17)

Pujol Ferrusola ganó 5,5 millones con un vertedero ilegal

"Jordi Pujol Ferrusola ganó en secreto 5,5 millones de euros con un vertedero aprobado por el gobierno de su padre en la Generalitat que fue luego declarado ilegal por los tribunales. Así lo sostiene un informe, fechado el pasado 21 de junio, que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha entregado al juez José de la Mata, que investiga el caso Pujol.

El informe considera, como ya apuntó una investigación de EL PAÍS basada en fuentes financieras internacionales, que Pujol Ferrusola era el socio oculto tras una sociedad radicada en la Isla de Man. Un inversor que, detalla ahora la Udef, logró que una aportación de 426.000 euros hecha a finales de 2000 multiplicara su valor hasta los 5,96 millones en solo cuatro años.

El vertedero de Vacamorta, en Cruïlles (Girona), ha acabado siendo un colosal desastre ecológico y económico que costará a la Generalitat más de 150 millones de euros en fondos públicos. La instalación ha sido declarada ilegal hasta en tres ocasiones por los tribunales, pese a lo que los sucesivos gobiernos de CiU permitieron su funcionamiento. El Tribunal Supremo decretó finalmente en 2014 el cierre y restauración de la zona, lo que supone la retirada de más de 2,2 millones de toneladas de residuos.

En esos 14 años, el vertedero también ha sido un gran negocio para sus gestores. Inaugurado en 2000 por los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola —con Pujol Ferrusola en la sombra—, Vacamorta fue comprado en agosto de 2003 por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que pagó 13,2 millones por el 80% de las acciones (el resto siguieron en manos de Buesa y Mayola). Los mismos actores repitieron un año más tarde una operación similar, también investigada en el caso Pujol, con otro vertedero situado en Tivissa (Tarragona) valorado en 15,9 millones de euros.

La policía destaca en el caso de Vacamorta la "compleja estructura" societaria descubierta por la investigación, con tentáculos que se extienden por España, Andorra, Suiza, Holanda, Dinamarca, Panamá y la Isla de Man. Todo ello, "dispuesto por profesionales dedicados a esta labor criminal con el objetivo de ocultar titularidades reales, y el origen y destino de los fondos", recoge el informe.

Las revelaciones de EL PAÍS, publicadas el pasado 26 de mayo y calificadas por la Udef de "muy importantes", han permitido a la policía completar el flujo de dinero en el entramado. Los investigadores ya conocían que Pujol Ferrusola controlaba varias cuentas en Andorra sirviéndose de testaferros y amigos, entre los que destaca Francesc Robert. La policía también sabía, gracias a la comisión rogatoria solicitada a Andorra, que los gestores de Pujol Ferrusola en ese país y en Suiza habían enviado a Dinamarca 426.000 euros.

"Hasta la fecha", sin embargo y según recoge el informe, "se venía considerando estos movimientos como una simple inversión realizada [en Dinamarca] por Jordi Pujol Ferrusola con fondos procedentes de Andorra, sin poder prever que la operativa tuviera otras derivadas que ahora vamos a probar que van a ser bastante relevantes para nuestra investigación".

La nueva información ha permitido a los investigadores saber que este dinero acabó en realidad engrasando el pelotazo del vertedero de Vacamorta. La pieza clave era Nordic ApS, una sociedad instrumental con sede en Copenhague, propiedad de otras dos empresas —Rakestone e Intertrust— radicadas en la Isla de Man y tras las que se ocultaba el primogénito del expresidente catalán, según la Udef.

Tras recibir el dinero desde Andorra, Nordic ApS compró a finales de 2000 a Buesa y Mayola por apenas unos miles de euros una tercera parte de una sociedad radicada en los Países Bajos —Aprilsnow Holding—, que a su vez era la propietaria de la empresa española que poseía el vertedero de Vacamorta. Tras la venta a FCC del negocio, en verano de 2003, el recorrido del dinero —multiplicado por decenas de veces— fue a la inversa. De España a Holanda, de ahí a Dinamarca y de ahí a la Isla de Man.

El informe de la Udef destaca el papel que en la liquidación de Nordic ApS tuvo el asesor de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté. Preguntado por este diario, Carreté explicó ayer que se limitó a "ofrecer servicios de asesoría fiscal en la liquidación de la empresa". Preguntado sobre quién era el dueño de Nordic ApS, Carreté asegura que "aunque es cierto que fue Pujol Ferrusola quien me puso en contacto con él, yo en todo momento trabajé con Francesc Robert en los asuntos relacionados con Nordic".

Los investigadores, sin embargo, consideran que el pelotazo de Vacamorta es el último ejemplo de los múltiples negocios realizados por Pujol Ferrusola gracias a las supuestas comisiones ilegales recibidas por decisiones de los gobiernos de CiU. "No podemos obviar que el dinero utilizado por Jordi Pujol Ferrusola para financiar la entrada en el negocio porviene de Andorra, donde a su vez ya sabemos qué origen se le presume", recoge el informe.

La Udef va más allá y señala un supuesto reparto de papeles existente en todo el entramado. Para ello incluyen un correo electrónico enviado años después por Pujol Ferrusola a Mayola en el que, hablando sobre los problemas legales del vertedero de Vacamorta, el primero le dice que "si tiene algún problema con el tema de los residuos piense que como CiU tiene fuerza en el Consejo Comarcal, así iría más rápido". Los investigadores consideran que mensajes como este muestran como Pujol Ferrusola ponía el peso de la formación política al servicio de sus negocios."                        (Oriol Güell , José María Irujo , El País, 06/07/17) 

El clan Pujol funcionaba como una organización criminal perfectamente asentada

"Las cuentas del hijo mayor de los Pujol en Andorra recibieron ingresos en efectivo en todo tipo de divisas. Además de las antiguas pesetas y del euro, los depósitos se nutrieron de marcos alemanes, libras esterlinas, dólares y francos suizos, según se desprende del sumario del caso.

Según refleja el juez instructor José de la Mata en varias comisiones rogatorias remitidas a Andorra, en la causa se ha podido constatar que Jordi Pujol y su entonces mujer Mercé Gironés disponían en este país de varias cuentas corrientes que "presentan multitud de abonos en efectivo de origen desconocido que no pueden asimilarse a una actividad legal".

En algunos casos, estos ingresos se relacionan "con personas que han desarrollado una actividad empresarial entroncada con el sector público en Cataluña", dice el juez en uno de sus escritos fechado en 2015.

Así describe algunas de las imposiciones de efectivo hasta alcanzar un montante de 30 millones de euros. El magistrado detalla varios de los ingresos: 2,7 millones de pesetas; 10,3 millones de euros; 3,2 millones de dólares; y 2,1 millones de marcos.

Posteriormente los ingresos se traspasaban a cuentas de los otros seis hijos del expresidente de la Generalitat: Oleguer, Oriol, Pere, Josep, Mireia y Marta.

En otro escrito de 2015, el magistrado detalla los movimiento de una de las cuentas, en la que, hasta su cierre en 2001 se ingresaron en 43 imposiciones una cifra total de 5,6 millones de euros.

Sin embargo, las investigaciones no han podido determinar si Pujol "se presentaba en la entidad" con metálico en otras divisas o si hacía el ingreso en pesetas o euros y pedía que se anotara la disponibilidad en otra moneda.

Las cifras de negocio del clan Pujol -extraídas tras analizar la información facilitada por las autoridades andorranas- son "ciertamente escandalosas", describen los agentes en otro informe policial del año 2012.

En él aseguran que los datos recabados han permitido reconstruir numerosas operaciones que en determinados casos partían de ingresos en efectivo de "cuantías desproporcionadas". "Imposibles de asimilarse a relaciones económicas usuales", agregan.

En la documentación incorporada a la causa se compara el proceder de la familia Pujol Ferrusola en el extranjero con "las organizaciones criminales perfectamente asentadas", y gracias a las cuáles se permitiría blanquear capital "para financiar nuevas actividades ilícitas, siendo un claro ejemplo de ello los negocios desarrollados en Argentina y México".            (La Voz Libre, 25/02/17)

Jordi Pujol Jr. utilizó a un testaferro que lavó dinero procedente del narcotráfico

"El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro, Vicente Luis Agramunt, que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del que la Fiscalía Anticorrupción tiene conocimiento desde enero de 2015.

En el citado informe, que obra en el sumario del 'caso Pujol' que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, se vincula a Agramunt con la sociedad anónima constituida en Costa Rica en 2010 Blueshield Capital Group, creada según los investigadores "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".

Agramunt era el secretario de esta supuesta compañía pantalla y la Policía ha constatado que, el mismo día de su constitución -el 16 de septiembre de 2010-, otorgó amplios poderes sobre la empresa a dos supuestos socios del hijo mayor de Pujol, Enrique José Vargas Tabernero -responsable en México de la constructora Isolux, y Juan Antonio Piedras Sanz.

La Policía alerta que Agramunt, "abogado de reconocida experiencia" en la constitución de sociedades instrumentales", fue el mismo que en febrero de 2013 creó Global Trader Resources Company S.A., empleada en operaciones de lavado del dinero de la droga, sin que se aporten en el informe más datos al respecto.

Por lo que se refiere a la sociedad vinculada a Jordi Pujol Jr., fue escriturada en Costa Rica y se designó secretario a Agramunt, quien vivió en Miami (EE.UU.) hasta su regreso a España en 2004.

En enero de 2015, cuando se realizó el informe por la UDEF, el presunto testaferro de los Pujol era dueño de Juris Magister LLC, constituida en la citada ciudad estadounidense pero con sede en la Torre Europa del Paseo de la Castellana de Madrid. Su especialidad, "constitución y registro de sociedades en jurisdicciones 'fiscalmente favorables'".

EMPRESA PANTALLA CON FILIALES EN FLORIDA

La Policía concluye que Agramunt -imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 2009 por un presunto delito de blanqueo de capitales- era una persona encargada de proporcionar sociedades 'ad hoc' en territorios opacos y que Blueshield habría sido "instrumentalizada para generar a partir de ella una estructura societaria, con filiales domiciliadas en Miami dedicadas a la "realización de operaciones financieras y económicas con fondos cuyo origen podría encontarse en las presuntas actividades ilícitas desarrolladas en España" por el mayor de los Pujol. Es la misma operativa empleada por Jordi Pujol en otras ocasiones, recuerda el informe policial.

Sobre el resto de gestores de la entidad, la Policía dice que Vargas Tabernero dejó de trabajar en Isolux Corsán en 2010, una empresa cuyo responsable, Luis Delso Herás, "habría llegado a pagar facturas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola por unos servicios de asesoramiento de cuya constancia no existe más que el trasvase de fondos hacia este último y el acuerdo verbal al que afirman haber llegado ambas partes".

En cuanto a José Antonio Piedras, el informe lo sitúa como administrador único de varias mercantiles con domicilio social en la calle Coslada de Madrid."                    (La Voz Libre, 09/03/17)

El vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, pagó cientos de miles de euros en comisiones a Jordi Pujol Ferrusola

"El vicepresidente segundo y encargado de Relaciones Internacionales e Institucionales del Barça, Carles Vilarrubí, pagó cientos de miles de euros en supuestas comisiones a Jordi Pujol Ferrusola, según un informe de la UDEF entregado en el juzgado central de instrucción número 5. 

Vilarrubí, dice el texto, “aparece igualmente entre las personas que habrían simulado relaciones de negocio con Imisa [Iniciatives, Marketing i Inversions SA], materializadas en facturas expedidas por esta última”. El total facturado se elevaba a dos remesas, una de casi 31,5 millones de pesetas (casi 189.000 euros) y otra de 75.765,40 euros, lo que totaliza más de 264.600 euros.

Esos negocios fueron realizados en el año 2000. Pero lo interesante, no obstante, es que al cruzar datos de Hacienda, aparecen “imputaciones mercantiles recientes, en el periodo 2004-2012, tanto con Iniciatives Marketing i Inversions como con Project Marketing CAT”.

 Los policías no conocieron los movimientos por no tener acceso a los datos de Hacienda, pero finalmente el fisco permitió contrastar informaciones y la UDEF pudo determinar que las empresas de Vilarrubí “inyectaron un total de 582.252,72 euros a las sociedades instrumentales de Jordi Pujol Ferrusola”.

“En el caso de Carles Vilarrubí, dada su ascendencia como empresario, con multitud de proyectos en los que de una u otra forma aparece la Administración autonómica de Cataluña, no se puede establecer una ligazón concreta de estos pagos cuantificados, con un proyecto concreto”, explica el informe de la UDEF. No le falta razón. 

A finales de los noventa y principios de los 2000, Vilarrubí pagaba anualmente una ‘mordida’ a Jordi Pujol Ferrusola, cuando este estaba asociado con Jordi Puig Godes, hermano del exconsejero Felip Puig. El actual vicepresidente del Barça efectuaba los pagos a través de su empresa CVC Consejeros de Comunicación.

 El concepto, según las facturas en poder de El Confidencial, era por “la participación en la valoración de diversas empresas”, es decir, un ‘trabajo’ lo suficientemente genérico como para levantar sospechas. Estas ‘gestiones’ comenzaron a costarle al empresario algo más de cuatro millones al año, cantidad que se incrementaba a cada ejercicio, situándose en más de cinco millones a comienzos del presente siglo.

Que algo había lo demuestran algunos documentos en poder de este diario. Una carta enviada por Jordi Puig a Vilarrubí le daba cuenta de un posible negocio. Hacía referencia a la empresa norteamericana Tacan, que quería invertir en el mercado europeo entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas y que tenía la intención de montar una fábrica en Cataluña con una inversión aproximada de 10 millones de dólares.

 La inversión también contemplaría tener "un centro de I+D con todo lo que comporta para el desarrollo de nuevas tecnologías”, dice la misiva. Además, añadía que los americanos buscaban el 50% de la inversión (o sea, cinco millones de dólares) “a través de socios (capital riesgo). El otro 50% se podría financiar a través del Banco Sabadell como circulante (ya han dado el visto bueno)”. 

Y terminaba la carta subrayando que “Ericson ha pasado un pedido de 10 millones de dólares que tiene intención de fabricar aquí en Cataluña. De hecho, Ericson los tiene catalogados como suministradores. ¿Crees que podría ser interesante? Ya me dirás algo”.

Un pasado ‘turbulento’

El informe recuerda que el vicepresidente del Barça (que está imputado en el sumario de Jordi Pujol Ferrusola) estuvo relacionado con el área de juegos de azar (fue el primer director general de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat en los años ochenta, un cargo en el que le colocó su mentor, el entonces ‘president’ Jordi Pujol) y con emisoras de radio, “donde sus empresas fueron beneficiadas con adjudicaciones”. 

También recuerda que hubo el escándalo del caso Casinos, que estalló en los noventa y en el que se llegó a demostrar la financiación irregular de CDC a través de Casinos de Cataluña. “También el nombre de Carles Vilarrubí aparece en procedimientos muy conocidos, como los casos Grand Tibidabo y Banca Catalana”.

Del actual directivo culé, señala también que se halló una transacción en Andorra “consistente en una remisión de 50 millones de pesetas el 28 de diciembre de 1995 desde la cuenta del Andbank con numeración AN 083436 titulada por la empresa Restaurantes de Cerdanya SL”. Sin embargo, destaca que el propio Jordi Pujol Ferrusola le traspasó de su cuenta seis millones de pesetas el 18 de enero de 2000 “con destino a posiciones de Carles Vilarrubí, que tampoco son susceptibles de conectar con operativas en España”.

La UDEF destaca que, precisamente en los tiempos en que se habían pagado comisiones “ilícitas” a Jordi Pujol Ferrusola, “Carles Vilarrubí intervino en la privatización de Potasas del Llobregat y del Centro Informático de la Generalitat. En ambos casos, su función habría sido como asesor de las multinacionales extranjeras que finalmente se adjudicaron ambas concesiones”. 

Según la documentación en poder de El Confidencial, para la privatización del Centro Informático, Jordi Pujol y Jordi Puig hicieron gestiones como intermediarios, con la intención de cobrar la comisión correspondiente. En su correspondencia de la época, destacan que “Telefónica va sola y no necesita a nadie”, pero en otros posibles compradores destacan que se podrían iniciar acercamientos a directivos, como en Retevisión o Airtel. 

De esta última, alertaba: “Muchas posibilidades (¿acceso a Abelló?)”. También desgranaban que los ingleses de Colt no irían al concurso final, proponían un contacto con Comunitel a través del Deutsche Bank y destacaban que Josep Pujol (Ferrusola) se encargaba de los contactos con dos empresas francesas: Jazztel y UNI2. “Josep los persigue, pero no negociarán. Difíciles de pactar”, dicen de estos últimos.

Un apetitoso regalo de boda

El informe de la UDEF, no obstante, destaca las relaciones personales de Vilarrubí con el hijo del ‘expresident’. “Ciertamente, la relación de Carles Vilarrubí con la familia Pujol Ferrusola, desde el punto de vista financiero/económico, es prolija, y se extiende temporalmente, siendo paradigma de ello que en la cuenta personal de Jordi Pujol Ferrusola en el BBVA con numeración (…) se distinguen los siguientes abonos en marzo y mayo de 2012”… y detalla dos cargos de 10.000 euros cada uno el 30 de abril de ese año y el 30 de mayo.

Estos pagos, no obstante, “no aparecen declarados en la Aeat dentro de las imputaciones atribuibles a Jordi Pujol Ferrusola, habiendo encontrado solo como posibilidad que el primero de ellos sea el regalo de boda correspondiente al matrimonio contraído por Mercé Pujol Gironès [hija de Jordi Pujol Ferrusola] por esas fechas, siendo indiciario que los fondos provienen de CVC Grupo Consejeros, y su ingreso se produjo en la cuenta de Jordi Pujol Ferrusola, a diferencia de otros invitados, que utilizaron la cuenta del BBVA numerada como (…), titulada por su mujer Mercè”.

De lo que no hay duda es de que los caminos de Vilarrubí y los Pujol son inseparables: el ahora empresario fue el chófer que en los años setenta llevó a un entonces aspirante a político Jordi Pujol i Soley por todos los pueblos de Cataluña, lo que luego revirtió en prebendas de cargos. Para más inri, Carles Vilarrubí trabajaba a finales de los setenta en un despacho de Minoría Catalana en Madrid. 

Allí recibía cada día a un joven que estaba haciendo la mili como mensajero del subsecretario del Ministerio de Defensa, almirante Ángel Liberal. Ese joven se llamaba Jordi Pujol Ferrusola. Con él haría carrera en los negocios, aunque al margen de los cargos políticos, el Gobierno catalán que presidía Jordi Pujol i Soley puso a Vilarrubí en consejos de administración, de donde se llevó suculentos salarios: en Grand Tibidado, en Telefónica, en Antena 3 TV, en Tipel o en La Seda de Barcelona, por ejemplo. 

Al margen, los dos amigos, que intimaron en Madrid a finales de los setenta, acabaron participando en las 24 horas de Le Mans impulsando la escudería Team Cat y comprando casa en la Cerdanya, la comarca donde establecían su segunda residencia los nuevos ricos catalanes de los ochenta y noventa.

Vilarrubí también abrió despacho y empresa (VVM Veveema) junto con Felip Puig, Pere Macias y Francesc Xavier Ventura, todos vinculados a CDC. El hermano del primero de sus socios, Jordi Puig, fue, paralelamente, socio de Jordi Pujol Ferrusola, cerrando un círculo vicioso que mezclaba política con ‘caja’. 

Lo que queda claro, pues, es que la escuela de negocio de la cúpula ligada a Convergència y a la familia Pujol ha manejado a su antojo durante las últimas décadas no solo las decisiones políticas, sino que tenía la llave para hacer pingües negocios, en muchas ocasiones vinculados a las arcas públicas."                 (Juan Antonio Fernández, El Confidencial, 05/01/17)

Un exbanquero acusa a los Pujol de enriquecerse con sueldos de funcionarios... si la moral erea suya, el dinero público catalán, también. Como en tiempos de Felipe II

"Un exdirectivo de banca ha declarado a la Policía, a petición del juez, que la familia Pujol se enriqueció, entre los años 80 y 90, gracias a los sueldos de los funcionarios de la Generalitat.

 El testigo trabajó en el banco Natwest Mark (posteriormente absorbido por Banco Sabadell), que en esa época gestionaba las nóminas de los empleados públicos de empresas del Gobierno catalán; entre otras, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). 

El banco daba al Gobierno catalán “un porcentaje”, en efectivo, de los rendimientos obtenidos gracias a esas nóminas. Los pagos servían, siempre según su versión, para pagar “aguinaldos” a altos cargos de la administración autonómica y, también, a la familia Pujol.

En su declaración ante la Policía, ordenada por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el testigo afirma que “muchos de los capitales” acumulados durante el mandato del expresidente Jordi Pujol por su familia “vienen, entre otros ingresos, por lo que recaudaban a través de la banca” en esos movimientos.

Diversos organismos públicos, sostuvo el exdirectivo bancario, ponían en manos de Natwest Mark sus nóminas. En lugar de entregarlos regularmente a la Seguridad Social o a Hacienda, detalló, las empresas e instituciones “las mantenían en la entidad durante un largo periodo de tiempo”.

La banca invertía esos ingresos en distintos productos que daban un rendimiento. De esos beneficios, agregó ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la entidad pagaba “alrededor de un 3%” a los organismos públicos. Esos porcentajes, que denomina “saldos ociosos” en su declaración, se pagaban en efectivo. El testigo involucra a varios excargos públicos de la época de Pujol.

En 1987, un exgerente del Incasòl le pidió que le pagara los saldos en efectivo. Tras consultarlo, el testigo accedió a ello. El alto cargo, precisó, firmó “a regañadientes” un recibo expedido por Natwest Mark. A preguntas de los policías, el testigo se mostró escéptico sobre la posibilidad de que ese documento, debido al tiempo transcurrido, siga existiendo. 

También realizaba esa misma operativa FGC a través de su exdirector financiero. En 2012, quienes fueron máximos responsables de la empresa pública fueron condenados por repartir entre directivos de la empresa pública 2,7 millones de euros de un plan de pensiones contratado de forma ilegal.

El testigo conoció el destino del dinero en efectivo gracias a una extesorera del Incasòl, quien le explicó, agrega ante la Policía, que con una parte del dinero “se pagaban bufandas, que son como aguinaldos a los altos cargos afines a la ideología imperante en aquel momento”. 

 Otra parte se llevaba en “maletas” a la calle Ganduxer de Barcelona, donde mantuvo despacho Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente. Fuentes cercanas a la defensa, sin embargo, matizan que por esos años el primogénito no tenía despacho allí.

Tras su paso por la banca, el testigo entró a trabajar en una promotora participada por el Ayuntamiento de Barcelona. En una de las reuniones de trabajo a las que tenía que acudir, escuchó presuntamente a un responsable de otra empresa promotora (Habitatge Entorn) que “tenía que pagar un 5% a Jordi Pujol Ferrusola para que la Generalitat le comprara un local comercial”. Fuentes cercanas al primogénito niegan cualquier clase de cobro.

 El hijo mayor de Jordi Pujol permanece imputado, junto a la mayoría de miembros de la familia, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Audiencia Nacional investiga no solo el origen de la fortuna oculta por la familia en Andorra, sino también los negocios millonarios del hijo mayor con empresas adjudicatarias de la Generalitat.

La operativa para conseguir ingresos 'extra'

Cantidades retenidas. Las empresas públicas pagaban los salarios a sus empleados públicos, pero esperaban a realizar los pagos a Hacienda y Seguridad Social vinculados a las nóminas.

Capital en movimiento. El dinero que quedaba retenido en Natwest era movilizado para obtener rentabilidades en los mercados de capitales.

Reparto. Directivos de empresas públicas reclamaban el pago en efectivo de esos intereses, pese a las reticencias de los directivos. Según el exdirectivo bancario se utilizaban para pagar aguinaldos a altos cargos de la Generalitat."                 (Jesús García, El País, 09/05/16)

Ocho claves de la causa abierta a la familia Pujol

"La familia Pujol afronta a partir de este miércoles una etapa crucial en su devenir judicial, abierto en 2013 con la denuncia de la ex novia del primogénito del clan y con la confesión del patriarca, en julio de 2014. Entonces el expresident catalán Jordi Pujol reconoció la existencia de un patrimonio oculto en Andorra durante tres décadas.

Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola comparecen en la Audiencia Nacional como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales. Al día siguiente lo hará su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, Júnior, a petición propia.

La investigación judicial está muy avanzada, máxime tras el viaje a Andorra realizado la semana pasada por el juez central de instrucción 5, José de la Mata, y la fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, para interrogar como testigos a los gestores de las cuentas de la familia Pujol durante tres décadas.

El juez tratará de aclarar tanto el origen de la fortuna, como su evolución y la posible vinculación con contratos públicos de las administraciones públicas en Catalunya.

Los puntos claves de la investigación judicial se pueden resumir en diez:

1.- ¿Son los Pujol una organización?

El juez José de la Mata ha detectado que Jordi Pujol Júnior distribuía dinero a partes iguales entre los miembros del clan cuando recibía un ingreso importante.

En el auto de citación del expresident y su esposa sostiene el juez: "Los vínculos existentes entre los miembros de la familia Pujol-Ferrusola (obviamente más allá de los familiares); sus pautas comunes de actuación; la coordinación de actividades; la asignación de roles; la distribución o reparto de cantidades multimillonarios entre todos ellos en función de los ingresos que se recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras; y el particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos, revelan la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendiente de calificar".

El juez sostiene que, tras un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Júnior ordenaba traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta, así como a su madre.

2.- El origen del dinero: ¿una 'deixa' o comisiones?

El patriarca insistirá ante De la Mata que la fortuna mantenida durante 30 años en Andorra proviene de su padre, Florenci Pujol. Y volverá a sacar el supuesto escrito remitido por su padre a su esposa, donde lega la herencia a ella y a sus hijos ante su incierto futuro político como presidente de la Generalitat.

Pero no hay pruebas de la herencia más allá de la carta. Y, en cambio, las investigaciones apuntan a que Júnior habría cobrado dinero a empresarios a cambio por supuestas asesorías, quienes luego conseguían contratos con las administraciones públicas.

En el auto de citación, De la Mata ahonda en la falta de pruebas de la supuesta herencia: "No consta la realidad del legado hereditario que menciona" Jordi Pujol en 2014, cuyo comunicado califica de "mero relato, sin contenido determinante alguno. No consta ni ha sido acreditada la cantidad del legado, el lugar en el que se encontraban esos fondos, su destino, etc., acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones".

3.- Andorra deja de ser un paraíso fiscal

Directivos de bancos de Andorra han sido investigados en procesos abiertos en España, como el caso Pretoria, y sus teléfonos han sido pinchado durante meses.

El 10 de febrero de 2011 Andorra dejó de ser formalmente un paraíso fiscal. En dicha fecha entró en vigor un acuerdo firmado un año antes entre España y Andorra para el intercambio de información fiscal tras sucesivos cambios legislativos.

La defensa de los Pujol ha intentado impedir que la justicia española acceda a las cuentas de la familia y llegó a denunciar a directivos andorranos por violación de secreto.

4.- ¿Quién es el propietario de la cuenta número 63810?

En el Andbank se custodian dos cartas claves en esta causa.

En una carta, Pujol Júnior atribuye una cuenta al expresident por importe de 1,8 millones de euros. En otra carta, el propio Jordi Pujol i Soley confirma que es el titular de la cuenta y que, en caso de fallecimiento, estos valores deben pasar a su esposa. Dicha carta está escrita de su puño y letra.

Su defensa argumentará que fue un engaño organizado por Júnior para ocultar su fortuna a su entonces esposa Mercè Gironés, de la que se estaba separando.

La cuenta número 63810 fue abierta en la Banca Reig (ahora Andbank) y "se desconoce el origen de tales fondos", según la investigación judicial.

5.- La declaración de los testaferros

El juez José de la Mata y la fiscal del caso se desplazaron la semana pasada a Andorra para interrogar a dos supuestos testaferros de los Pujol, Josep María Pallerola y Joan Jové, y preparar el interrogatorio de Jordi Pujol y Marta Ferrusola.

El interrogatorio se produce después de una pugna judicial para impedirlo. El 27 de mayo de 2015 el Tribunal Constitucional de Andorra rechazó el amparo solicitado por Joan Jové Torruella para impedir que la justicia andorrana permitiera la comisión rogatoria girada por la Audiencia Nacional con el fin de ser interrogado para conocer si Jordi Pujol Ferrusola era o no titular de cuentas en Andorra.

6.- Una fortuna oculta durante décadas

Se calcula que Pujol Júnior llegó a mover 16 millones de euros en las entidades andorranas desde la década de los años 90, según datos de la policía andorrana revelados por La Vanguardia.

La creación del Andbank es clave en este proceso. Surgido en el año 2001 con la fusión de dos entidades, el Andorra Banc Agrícol Reig tienen en depósito ambas cartas. En la banca Reig trabajaba Josep María Pallerola, supuesto testaferro de los Pujol entre los años 1990 hasta el 2001 cuando se produjo la fusión y abandonó dicha entidad.

Pallerola es considerado el gestor de la fortuna de los Pujol y el creador de un sistema paralelo de cuentas corrientes, con compensaciones al estilo de los swaps.

Tras la salida de Pallerola, la fortuna fue gestionada por Joan Jové hasta el año 2010 cuando el Anbank invitó a los Pujol a sacar su dinero ya que temía por su fama reputacional si la información sobre estas cuentas salía a relucir en España.

La Banca Privada de Andorra aceptó gestionar la fortuna de los Pujol, que en julio de 2014 traspasaron su dinero a nuevas cuentas en el Banco de Madrid, adquirido por BPA en 2010, para regularizar su situación fiscal con Hacienda.

7.- Pagos opacos

Los fondos que percibía Júnior se recibían "en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta", sostiene De la Mata al citar a los patriarcas del clan.

En el juzgado se han podido acreditar supuestos repartos de pagos de comisiones, como los casos relacionados con las sociedades General Lab y Bagernorte. "En ellos aparecen cobrando dinero" Oleguer, Jordi y Pere Pujol Ferrusola a través de las respectivas sociedades Drago Real Estate Advisors, Iniciatives Marketing i Inversions y Blau Consultoría.

8.- ¿Cobros a cambio de adjudicaciones?

La investigación judicial ha detectado "numerososcontratos aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables, para justificar los ingresos de grandes cantidades de dinero" de los Pujol.

Muchas de las empresas que suscribieron tales contratos y que realizaron tales pagos directamente o mediante testaferros, tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas.

El juez no ha encontrado "negocio jurídico alguno que justifique esos incrementos patrimoniales" de la familia y los pagos recibidos. Al contrario, ha detectado operaciones financieras anómalas y movimientos en efectivo que demuestran "operaciones extrañas" a las prácticas comerciales habituales."                (Público, 09/02/16)