La Xunta, obligada a devolver a una mujer los bienes incautados Una fundación incapacitó a la anciana y malvendió su edificio en Vilagarcía

"Mercedes Rodríguez Moriz tenía 80 años y vivía sola en uno de los tres pisos de un centenario edificio de doble fachada que había heredado de su madre en el centro de Vilagarcía. Hasta que un día, en octubre de 2002, dos policías nacionales fueron a buscarla a casa para llevarla al juzgado. Allí comenzó un verdadero calvario que dura más de seis años y que no tiene visos de acabar a corto plazo.

"Señoría, estoy bien, no quiero irme al asilo, quiero volver a mi casa, sólo pido que me la arreglen, porque unos gandules me la han destrozado". Pero las súplicas de Mercedes al juez en aquel momento no le sirvieron de nada. Un informe del aparejador municipal declaraba ruinoso el edificio y un segundo dictamen de un médico forense la incapacitaba a ella con un diagnóstico lapidario: "Su curación es improbable". (...)

Un par de meses después, el juez entregó la tutela de Mercedes Rodríguez a la Funga, la fundación de la Xunta que atiende a personas incapacitadas. En un fallo posterior, ya en 2004, el mismo juzgado autorizó a la fundación pública a vender el edificio -tres plantas en el centro de Vilagarcía- por el que un promotor pagó 55.000 euros. Según la escritura notarial, el promotor se comprometía además a entregarle a Mercedes un piso de 60 metros cuadrados cuando concluyesen las obras del nuevo edificio que pretendía levantar en el solar.

La visita de unos familiares al asilo precipitó la judicialización del caso. Cuando llegaron a Vilagarcía y comprobaron su óptimo estado psíquico, los parientes de Mercedes reclamaron su tutela y recurrieron ante el juez la incapacitación. El 2 de febrero de 2005 un nuevo informe pericial obligó al juez de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín, a rectificar y a devolver la capacitación a Mercedes Rodríguez, que a día de hoy no ha recibido un duro por la venta de su patrimonio.

El pasado 21 de enero, la jueza que relevó a Vázquez Taín en la instrucción del caso firmó una providencia que instaba a la fundación -que ahora depende de Vicepresidencia- para que en el plazo de un mes devuelva a Mercedes Rodríguez todas sus propiedades y lo acredite documentalmente. (...)

La mujer tampoco está de acuerdo con el valor por el que se vendió el edificio, del que no consta una peritación previa. De hecho, un informe pericial que figura en la documentación en poder del juez, firmado por la empresa de tasación Gesvali, ha valorado el solar en 550.000 euros, sin contar los 318 metros cuadrados de superficie construidos, ni la piedra de la fachada cuyo paradero es otra incógnita. "Estoy dispuesta a llegar hasta el final porque a base de informes falsos y engaños me han dejado en la calle. Espero que, esta vez, se haga justicia", añade." (El País, ed. Galicia, Galicia, 24/01/2009, p. 9)

El cura y el notario... una buena pareja...

El sacerdote Benigno Moure, presidente de la Fundación San Rosendo, dedicada a la asistencia a la tercera edad, declaró ayer ante el tribunal en el juicio por supuestos delitos de apropiación indebida de las cuentas de una anciana ingresada en uno de sus geriátricos, de falsedad en documento público y privado, y de estafa continuada a la misma residente, ya fallecida, María Vázquez Covela. (…)

Pero a preguntas de su abogado, reconoció que los pisos, las fincas y el dinero de las cuentas de la anciana habían sido traspasadas a la fundación que él preside. "Pero yo no me quedé con nada", precisó. Según dijo, la anciana María Vázquez Covela firmó un documento por el que le había hecho "dueño y titular de sus cuentas", en las que la residente tenía más de 600.000 euros, que pasaron así a engrosar el presupuesto de la Fundación San Rosendo.

En el momento de esta donación, la anciana llevaba un año declarada legalmente incapacitada por un juez, diagnosticada con "demencia senil incipiente", según se puso de manifiesto en el juicio inicado ayer en Ourense y que continuará hoy. (…)

Los testigos que declararon ayer, compradores todos ellos de fincas y viviendas de Vázquez Covela, reconocieron como vendedor de las propiedades a Benigno Moure quien, según señalaron, cerraba las operaciones acompañado de otro cura del que ayer sólo se despejó su nombre: Antonio. "Sé que era cura porque llevaba alzacuellos", especificó uno de los testigos, y varios aseguraron que al cerrar la operación el "cura Antonio contaba el dinero". A ninguno se le ocurrió mirar en el registro mercantil la titularidad de las adquisiciones. "Era muy barato", justificaron. Agustín López Peña reconoció que pagó 2.700 euros por un lote de 50 fincas y Francisco Pérez Nogueira ratificó la ganga al detallar que compró dos fincas por 600 euros.

Más caro le resultó a Antonio Obiols el piso que adquirió, por 45.000 euros, a la Fundación San Rosendo a través de una agencia inmobiliaria. El comprador declaró que la operación se hizo ante notario "y lo que hace un notario va a misa".

El notario, también acusado, es Alejo Calatayud. En su declaración señaló que dio fe de la venta del piso de O Carballiño porque la anciana, que sufría Parkinson y estaba en silla de ruedas, "asentía a mis preguntas de si estaba de acuerdo moviendo la cabeza". Calatayud, que dijo desconocer que la anciana estaba diagnosticada de demencia senil, se convenció de su comprensión, aunque su estado físico le impidió firmar, por lo que lo hicieron por ella dos testigos, empleados de la fundación. El comprador firmó en otro momento en la oficina del notario. Éste reconoció lo excepcional de ese hecho, pero no le pareció necesario hacerlo constar en la escritura. "Doy fe de lo que me cuentan, no de la veracidad de lo que me cuentan", dijo.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 03/04/2008, p. 3)

“El cura Moure, condenado a 5 años por apropiarse del dinero de una anciana. El presidente de la Fundación San Rosendo deberá devolver 600.000 euros.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/04/2008, p. 2)

“El notario Alejo Calatayud cometió un delito de falsificación.

El tribunal considera al notario Alejo Calatayud responsable de un delito de falsificación, por imprudencia grave, de un documento público. (…)

Pero el tribunal tilda de especialmente grave que el profesional no hubiera ejercido "una mínima y razonable comprobación del estado mental de la vendedora" para prestar un consentimiento libre y consciente. Además, destaca que el notario Calatayud tenía obligación de contrastar la capacidad legal de los otorgantes y alude a las palabras de los peritos médicos, quienes advirtieron en el juicio que la enfermedad de Alzheimer que padecía María Vázquez podía apreciarlo cualquier ciudadano medio (el notario declaró en el juicio que no lo percibió y que la anciana movía la cabeza a modo de asentimiento a sus preguntas).” (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/04/2008, p. 2)