Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial... La salida de la constructora de España se ha anunciado en paralelo a un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay ya 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo

 "La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos."                  (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 2 de marzo de 2023)

Los pozos negros de Ferrovial

 "De Ferrovial destaca la glamurosa cara A: proyectos internacionales, gestión de aeropuertos. Su reverso son los pozos negros de la cara B, menos conocidos en Washington y Londres. Aunque sí en Polonia, país laxo pero que enjuicia a su filial local, y a un exministro, entre otros. Por corrupción y facturas falsas en la recogida de basuras.

Las actuaciones polémicas cuestionan sus apelaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad, al Estado de derecho, a la competencia y la competitividad basada en la excelencia y el respeto al contribuyente.

El grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por impulsar y participar en tres grandes carteles, asociaciones ilegales de competidores para eliminar la competencia y anular el mercado, coordinando ofertas, precios, condiciones. Y repartirse obras licitadas por el Estado.

La más reciente (2022) fue contra las seis grandes constructoras: el G-7. A la empresa de los Del Pino la multaron con 38,5 millones. Fue por conjurarse, para “tomar un café” semanal con el resto durante 25 años (1992 a 2017) donde se repartían obras, información y criterios para licitar. Entraron en la ruleta proyectos como la Ciudad de la Justicia de Madrid, la línea férrea Madrid-Extremadura, obras del Canal de Isabel II, depuradoras gallegas.

La sanción de la CNMC fue suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional —las tumba todas, incluidas las prohibiciones de volver a participar en concursos públicos— por presunto defecto de forma.

Otra fue al cartel de las carreteras (2014 a 2018): 12 empresas se repartieron 71 de las 101 licitaciones ministeriales. Y el tercero, el de la basura —los concursos de recogida de residuos, multado para el conjunto en 98,2 millones—.

El otro bloque es el soborno político, ya a título individual. Fue sistemático en la Cataluña pujolista. Las sospechas —no comprobadas— empezaron por la adjudicación política y no con criterios técnicos de la autopista Terrassa-Manresa. Y han desembocado en la cuestionada concesión del 061 sanitario: 45 millones desde 2015.

El cogollo fue el caso del saqueo triangular del Palau. Desde 1999 Ferrovial aportó durante un decenio 12 millones al templo musical cuyos dirigentes se repartieron una parte. Al menos 6,6 fueron para Convergència en 10 años, una comisión ilegal no del 3%, sino del 4%: 2,3 millones mediante entregas en efectivo; 2,1 a cambio de facturas falsas al Palau por trabajos para el partido nacionalista; más de medio por “convenios de colaboración permanente”...

En ese tiempo la empresa obtuvo la concesión de la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del Metro (ingresos de 1.159 millones). Negó haber cometido soborno ni tráfico de influencias. La Audiencia acreditó el hecho delictivo cometido por dos de sus altos directivos en el caso Palau. No les pudo condenar a prisión, el delito había prescrito. Pero los hechos son verdad. Judicial."                 (Xavier Vidal-Folch , El País, 15/04/23)

Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica... Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas... Ferrovial solo ha pagado el impuesto de sociedades en 3 ejercicios, créditos fiscales mediante. Las nuevas normas tributarias sí que le harán pagar todos los años... y además, participó en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes, ¿quién da más?

"Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica. Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas. Su compromiso con la sociedad española, a través del pago de impuestos, vamos a calificarlo, siendo generosos, como modesto, créditos fiscales mediante, nada que ver, por ejemplo, con otros empresarios ilustres que sí se han mostrado orgullosos de pagar impuestos en nuestro país. Desde 2010,

Una de las funciones más importantes de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Espero que el señor Del Pino algún día lo entienda, porque ese día va a llegar antes de lo que él espera, y posiblemente le coja desprevenido en los Estados Unidos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente las investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra divulgativa La riqueza oculta de las naciones. 

 

En este sentido, frente a las peticiones de ciertos “patriotas de hojalata” patrios, reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: “Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito”. 

 
La participación de Ferrovial en distintos cárteles acreditada por la CNMC

Sin embargo, de lo que adolece Ferrovial, por encima de todo, es de su falta de compromiso con el libre mercado. Un dato obviado por la prensa patria, y los distintos partidos políticos, es la participación de Ferrovial en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes. Sin embargo, este aspecto sí que ha sido analizado entre otros, por el profesor Juan Luis Jiménez, experto en política de la competencia y organización industrial, que en un excelente hilo en Twitter detalló ampliamente la participación de Ferrovial en estos cárteles.

 

 Los cárteles, tal como señala Jiménez, “representan, sin duda, la peor de las restricciones a la competencia. Se trata de empresas que se ponen de acuerdo para aumentar sus beneficios a costa de perjudicar a los consumidores. De todos los cárteles, los más dañinos son aquellos que afectan a la obra pública. En éstos, las empresas pactan aumentar ilegalmente precios a contratos que utilizan dinero público y que están relacionados con obras públicas necesarias.” Y Ferrovial estaba en todos los tinglados alrededor de estos cárteles, tal como lo ha acreditado la Comisión Nacional del Mercado del Mercado de la Competencia. Permítanme adjuntarles dos notas de prensa de la propia CNMC.

En la primera la CNMC detalla el desmantelamiento de un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, donde obviamente participaba Ferrovial. Como desgrana el profesor Jiménez, “12 grandes empresas españolas, entre ellas Ferrovial, formaron un cártel para aumentar los precios de los concursos públicos de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento.”

En la segunda, la CNMC comunica la multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras, donde también participaba Ferrovial. Desde 1992, tal como detalla el profesor Jiménez, “Acciona, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain y Sacyr Construcción, se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública publicadas. En dichas reuniones decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.” Como resultado se produce una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas, impulsando al alza los precios.

Por eso, una súplica, sin acritud, dejen algunos de darnos sermones sobre las ventajas del liberalismo, cuando son ellos, en nombre del liberalismo, quienes, con sus acciones, socavan las bases del libre mercado y de la competencia. Lo más preocupante es que hasta ahora las corruptelas para esquivar la competencia les ha salido medio gratis.

El Estado debe dotar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de todos los medios y personal necesario para que actué con todas las de la ley, y ante comportamientos de cártel que imponga sanciones multimillonarias, y llegado el caso, que trocee corporaciones demasiado grandes para fijar precios por encima de los costes marginales. Pero para ello, antes, hay que acabar con las vergonzosas y vergonzantes puertas giratorias alrededor de la CNMC. Un cargo relevante de la CNMC, allá por 2016, ya me advertía de que el enemigo en la lucha contra los cárteles lo tenía dentro."                                (Juan Laborda , El Salto, 9 mar 2023)

Los Del Pino ficharon a excargos de Competencia mientras Ferrovial manipulaba miles de licitaciones

 "La familia Del Pino fichó para dirigir su fundación a ex cargos de las autoridades de defensa de la Competencia mientras Ferrovial manipulaba miles de licitaciones en España junto a otras grandes de la construcción.

Los del Pino son los principales accionistas de esta multinacional, que acaba de anunciar una polémica mudanza a Holanda, y que fue una de las fundadoras del denominado G-7. Este grupo fue sancionado el año pasado “por alterar durante más de 25 años el proceso en las licitaciones de construcción de infraestructuras”, según determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este organismo impuso a las seis mayores constructoras españolas multas de 203,6 millones de euros. De esa cifra, 38,5 millones correspondieron a Ferrovial, que ha recurrido en la Audiencia Nacional. Según la CNMC, la constructora de los Del Pino tuvo una “intensa” participación en ese grupo.

Según la resolución de Competencia, el G7 se reunía cada semana para “tomar un café” o “contarnos nuestras penas y alegrías” y, de paso, alterar el resultado de licitaciones multimillonarias. Se fundó en 1992, dos años después del nombramiento como consejero delegado de Ferrovial de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, actual presidente. Lo crearon, entre otras, esta constructora y Agromán, que Ferrovial adquirió en 1995 para convertirse en la tercera compañía del sector en España. Cuatro años después, ambas se fusionaron para salir a bolsa. Y el 4 de noviembre de 1999 se creó por decisión del fallecido Rafael del Pino Moreno la fundación que lleva su nombre.

La fundación inició su actividad en mayo de 2001 y su primer director general fue el catedrático Amadeo Petitbó, que hasta septiembre de 2000 y desde 1995 presidió el extinto Tribunal de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, del que fue vocal desde 1992.

Petitbó, que está entre las decenas de cargos de Competencia y los antiguos reguladores sectoriales que han fichado por el sector privado en los últimos años, aún pertenece al patronato de la Fundación Rafael del Pino y a su comisión ejecutiva. El académico, que en los últimos días ha retuiteado mensajes de apoyo a la mudanza de Ferrovial, entre ellos a una tuitera que se alegra “INFINITO” [sic] de su marcha, es también vicepresidente del consejo asesor de la fundación.

El ex presidente del TDC fue sustituido en 2013 en la dirección general de la Fundación Rafael del Pino por Vicente José Montes Gan. Técnico comercial y economista del Estado, Montes fue subdirector general de Concentraciones, Adquisiciones y Ayudas Públicas del TDC entre 1995 y 1998.

Montes se incorporó a la Fundación Rafael del Pino en 2005 como director adjunto. Al ascender a director general en 2013, el G7 seguía activo. Ferrovial permaneció en este grupo de empresas hasta abril de 2017, cuando ya se habían producido las primeras deserciones. Año y medio después, en octubre de 2018, la CNMC anunció la apertura del expediente sancionador que derivó en esa sanción millonaria para las constructoras. El organismo tuvo que reiniciar el procedimiento en 2020, tras haber caducado.

Hasta 2017, la Fundación Rafael del Pino patrocinó el programa Efficient Regulation & Markets junto a la propia CNMC, que se desarrolló durante tres años y coordinaba el economista y ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, ex miembro del consejo asesor de la fundación. Ese foro se ocupaba de analizar “las cuestiones más relevantes en el ámbito de la regulación y la competencia en los mercados”.

En el patronato de la fundación, además de la familia del Pino y esos dos ex cargos de Competencia, se sientan actualmente, entre otros, el empresario y ex alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. El padre del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros está vinculado a la entidad desde su creación. Uno de los hermanos del diputado de Vox, Beltrán Espinosa de los Monteros, está casado con Ana Cebrián Del Pino, hija de Clemente Cebrián (fundador de la empresa textil El Ganso), sobrina del presidente de Ferrovial y vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino.

Lacalle y Rodrigo Rato

También son patronos de la fundación la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, y el banquero Alfredo Sáenz. Y en su consejo asesor están, entre otros, el economista vinculado al PP Daniel Lacalle, que hace unos días firmaba un artículo en el que aseguraba que Ferrovial está “obligada a emigrar para crecer”; la expresidenta de la Sareb y consejera de Santander, Belén Romana, y el ex consejero de Bankia y Caja Madrid Alberto Ibáñez.

Entre sus expatronos figura el jurista José Manuel Romero Moreno, octavo conde de Fontao y décimo marqués de San Saturnino. Abogado personal de Juan Carlos I durante 20 años, el aristócrata fue consejero de Expal, empresa de explosivos a la que han estado muy vinculadas dos personas de la máxima confianza del presidente de Ferrovial: su consejero José Sánchez-Junco (hermano del fiscal en excedencia Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito para sus causas penales) y Santiago Bergareche, ex CEO de Ferrovial y ex presidente de Cepsa.

Por el consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino también tuvo un paso fugaz, tras su precipitada salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, artífice de un generoso régimen de incentivos fiscales del que se benefició Ferrovial. Esas ayudas fueron anuladas por la UE y están entre los principales litigios que todavía hoy arrastra la constructora, junto a las multas que le ha impuesto en los últimos años la CNMC y un reciente escándalo de corrupción en Polonia por el que han sido detenidos varios directivos del grupo y un ex ministro de Hacienda de ese país.

Por el consejo asesor de la fundación también han desfilado, entre otros, el fallecido economista e historiador Gonzalo Anes, ex consejero del Banco de España, ex presidente del Patronato del Museo del Prado y responsable de que en 2011, el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH), que entonces presidía, calificara a la dictadura de Francisco Franco como “un régimen autoritario, pero no totalitario”, una afirmación que acaba de ser corregida doce años después.

Su sucesora en la RAH, la historiadora Carmen Iglesias, ex presidenta de Unidad Editorial (editora de El Mundo, entre otros), también ha pasado por ese órgano. Además de empresarios como los fallecidos José Manuel Lara (grupo Planeta) o Mariano Puig, estuvieron vinculados a la fundación, entre otros, el ex secretario general del Círculo de Empresarios Vicente Boceta, y el a la postre consejero de Economía de la Comunidad de Madrid a propuesta de Ciudadanos, Manuel Giménez Rasero.

Actualmente, el secretario de la fundación es José Ignacio Ysasi-Ysasmendi y Pemán, responsable jurídico de Casa Grande de Cartagena, SA, sociedad patrimonial de los Del Pino. Miembro de la comisión ejecutiva de la entidad filantrópica, es nieto del escritor falangista José María Pemán, poeta oficial de la dictadura franquista, e hijo de Pedro Ysasi-Ysasmendi, abogado del Estado y expresidente del Círculo de Empresarios.

Su hermana Cristina fue la última directora adjunta del Gabinete de la Presidencia con Mariano Rajoy en la Moncloa y también tuvo un fugaz paso por la CNMC antes de recalar en el sector privado. Cristina Ysasi-Ysasmendi está además casada con el empresario José Sarasola, con fuertes intereses en el negocio de la energía y hermano de Borja Sarasola, ex consejero de Ignacio González en la Comunidad de Madrid y pendiente de juicio por caso Púnica de supuesta financiación irregular del PP madrileño.

A preguntas sobre este asunto, la Fundación Rafael del Pino no detalla la retribución de sus directores generales y afirma que la marcha de Ferrovial a Países Bajos no va a tener ningún efecto sobre sus actividades. Presidida en la actualidad por María del Pino, hermana del presidente de Ferrovial y consejera y accionista de la constructora, esta entidad no lucrativa contabiliza en sus últimas cuentas presentadas 135 millones en activos, con importantes inversiones financieras en deuda, bonos y acciones, y gastos de personal de 632.768 euros.

La entidad tiene entre sus fines “la formación de dirigentes, el impulso de la iniciativa individual, los principios de libre mercado y la libre empresa, la divulgación de la historia y la defensa del patrimonio cultural español”, “contribuir a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos” y “fomentar la actividad emprendedora y el uso de nuevas tecnologías”.

La fundación, cuyo programa de conferencias magistrales ha recibido a varios premios Nobel y Jefes de Estado y de Gobierno, arrancó su actividad con una conferencia inaugural de Bill Clinton sobre la globalización en el siglo XXI. Entre 2001 y 2021, ha desarrollado 561 programas de formación que han contado con más de 137.000 alumnos; 306 personas han disfrutado de sus becas de excelencia y “han podido realizar sus estudios en universidades y centros de vanguardia”, explica en su web.

La entidad también canaliza su labor filantrópica a través de un complejo polideportivo adaptado a las necesidades de movilidad y accesibilidad de los lesionados medulares ubicado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Entre los últimos actos celebrados en su auditorio en Madrid se cuenta el “Foro europeo por la vida”, un encuentro antiabortista internacional organizado por Vox."                   (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 6 de marzo de 2023)

Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras por alterar licitaciones públicas... Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr deberán pagar por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.

La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes."     (eldiario.es, 07/07/22)

Convergència, condenada en el ‘caso Palau’ por cobrar comisiones ilegales

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones de euros de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas.

 Así lo ha determinado este lunes la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al partido por haberse financiado de forma irregular durante una década (1999-2009). La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet y siete años y medio a Jordi Montull, saqueadores confesos.

La sentencia del caso Palau se ha dado a conocer este lunes, ocho años y medio después de que comenzara la investigación con el registro del Palau de la Música a manos de los Mossos d’Esquadra. 

Los magistrados han impuesto además una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero Daniel Osácar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sentencia cifra finalmente el expolio del Palau en 23 millones de euros. 

Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergència a través de Ferrovial, La Audiencia de Barcelona ha absuelto por prescripción a los dos directivos de la compañía que estaban acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.

La condena a Millet y Montull era más que previsible porque confesaron los hechos, primero parcialmente y más tarde de manera pormenorizada. Ambos lograron desviar 23 millones de euros del coliseo modernista en beneficio propio. 

Las dudas estaban centradas en si los jueces considerarían probado, tal como sostuvo el fiscal, que Convergència cobró mordidas por obra pública adjudicadas, en su mayor parte, en la última etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat (1999-2003).

La Sección Décima, finalmente, ha optado por condenar a Convergència. Los jueces consideran que la formación se benefició con 6,6 millones. Tal como concluyó la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona ve probado que Ferrovial pagó comisiones al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro.

 La constructora camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada: un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5%, a los bolsillos de Millet y Montull, que se presentaron a hacer de intermediarios.

El plan de Hacienda sobre los billetes de 500 euros fue lo que puso en marcha el caso Palau. La Agencia Tributaria constató que en el Palau de la Música esa clase de billetes se movían con demasiada facilidad. 

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled empezó a investigar y presentó una querella que, inicialmente, se dirigió contra Millet y Montull por desvío de fondos. Pero pronto aparecieron indicios de financiación ilegal de Convergència. Los documentos hallados en los registros, los testimonios de las secretarias del expresidente del Palau y las confesiones de última hora de los acusados han acabado de apuntalar la acusación y han permitido a los jueces dictar una sentencia condenatoria.

 Es la primera vez que se acredita la financiación irregular de Convergència, que el expresident Pasqual Maragall había popularizado con el nombre de 3%, en alusión al porcentaje del importe de las obras que se quedaba el partido."            (Jesús García, El País, 15/01/18)

Contenido íntegro de la sentencia en PDF

Millet tira de la manta: Ferrovial pagaba a CDC a través del Palau de la Música

"Tal como se esperaba, Fèlix Millet ha tirado de la manta. Y con toda rotundidad. El Palau de la Música recibía dinero en metálico de Ferrovial que luego él se encargaba de que llegara a la dirección de CDC.

Esos pagos eran una compensación a cambio de contratas de obra pública que concedía la Generalitat o los ayuntamientos gobernados por CDC a la empresa de la familia Del Pino. 

También ha manifestado que a veces abrían el aparcamiento para que los enviados de la dirección convergente que acudían a por el dinero pudieran aparcar sus coches sin ser vistos. Uno de los personajes a los que él mismo entregó dinero fue Daniel Osàcar, el tesorero de CDC y mano derecha de Artur Mas en las cuestiones relacionadas con el partido.

Se arrepiente

“Fue un error mío brutal”. Millet también ha reconoc ido que utilizó fondos del Palau de la Música para gastos personales, por ejemplo, para la ejecución de obras en su casa y en los domicilios de su número dos, Jordi Montull, y su hija Gemma, también imputados en el caso. 

Millet ha explicado este miércoles en la primera jornada de su declaración como investigado, que Jordi y Gemma Montull estaban al corriente de ese desvío del que también se beneficiaban. El principal acusado por el expolio del Palau ha confirmado que las empresas que trabajaban subcontratadas para la institución eran las mismas que formalizaban las obras de sus propiedades particulares.

Me puse un sueldo

“Me auto concedí unos bonus, unos incentivos; este fue otro de mis errores", ha reconocido. Sin embargo, dice que cuando él llegé al Palau la tesorería era un "desastre” y por eso se pusieron una retribución, “por haber ordenado las cuentas del Palau”. Millet ha admitido que se puso un bonus de 800.000 euros al año, y Montull, de 200.000.

El expresidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha provocado alguna carcajada en la sala cundo ha reconocido que pagó la boda de su hija (que se celebró en el propio Palau) con fondos de la institución “para darle publicidad al Palau”. El enlace costó 164.000 euros, y le cobró la mitad a su suegro. Ha reconocido también, uno a uno, que el Palau le pagó viajes a México, las Islas Maldivas y otros paraísos vacacionales. (...)"             (Crónica Global, 08/03/17)

Carmena expedienta a Ferrovial y Dragados por facturar trabajos que nunca hicieron

"El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30, una de las principales arterias de la capital.

 Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una modificación suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados.

Por eso el Gobierno de Ahora Madrid impuso el pasado 11 de noviembre su mayoría en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 SA, la empresa propiedad del Ayuntamiento que tiene la titularidad de la obra, para dejar atrás las amenazas y pasar a las multas. 

Ese día, con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, decidió abrir seis expedientes por incumplimientos graves. El baremo en el que se mueven las sanciones que baraja el ayuntamiento madrileño es el más alto de todos los que prevé el contrato: de 50.000 a 750.000 euros por cada una de las deficiencias. De momento se han hallado seis.

La decisión de acudir a la vía punitiva llega después de que las inspecciones sobre el mantenimiento de los túneles realizadas durante el último año y medio hayan llevado al Gobierno municipal a concluir que las constructoras han estado cobrando millones de euros por servicios contemplados en el contrato que no se han prestado. Los técnicos municipales han peinado los distintos capítulos de gasto y han detectado seis irregularidades graves, según figura en la documentación en poder de eldiario.es.

El telecontrol del alumbrado

Al Ayuntamiento de Madrid no le consta que la adjudicataria Emesa esté cumpliendo con uno de los requisitos que establecía el modificado del contrato original firmado dos años después de inaugurar la obra: la obligación de instalar un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto en la M30. Era una de las exigencias de aquel segundo acuerdo, de 2007, que encareció el coste del servicio de mantenimiento un 18% solo 24 meses después de recepcionar la obra.

“El compromiso de instalación se contrajo mediante la aprobación y aceptación del modificado mencionado en junio de 2007 y únicamente ante la amenaza de una posible sanción derivada de un expediente de penalidades, la empresa mantenedora de la infraestructura, Emesa, comenzó a tramitar la instalación objeto del expediente”, señala el documento de conclusiones de Madrid Calle 30. 

Pese a ello, según las cuentas de los actuales gestores municipales, la UTE que integran las tres constructoras, ingresó 2,7 millones de euros desde 2007. “En el breve desglose de únicamente una página en el modificado del año 2007 se incluye el mantenimiento de dicho sistema que, hasta la fecha, Madrid Calle 30 no tiene constancia de su instalación”, apunta el dictamen de Calle 30.

Mantenimiento de sistemas de apoyo en los túneles

La empresa municipal tampoco tiene noticias de que las concesionarias del mantenimiento de la M30 estén cumpliendo sus obligaciones de “mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass”. Este encargo se derivó de un cambio estructural en la construcción de la obra que precisaba de un mayor número de apoyos. 

Según la documentación que maneja el Gobierno de Carmena, “la empresa mantenedora de la infraestructura, EMESA, no había realizado ni tan siquiera una inspección detallada de los apoyos para determinar si era necesaria su recolocación o su sustitución. Hasta dicha fecha, ningún apoyo había sido recolocado o sustituido y únicamente tras la primera inspección visual desde la recepción de las obras, se ha comenzado a elaborar un procedimiento para determinar su sustitución o recolocación”. 

Según las cuentas municipales, el Ayuntamiento ha pagado a EMESA 3,2 millones de euros por este concepto “sin que, a día de hoy, Madrid Calle 30 sea conocedora de la finalización del primer proceso de recolocación o sustitución”.

Los apoyos de neopreno son una especie de colchones de ese material que se colocan en los puntos de apoyo de las infraestructuras para que soporten movimientos y rozamientos derivados de los cambios de temperatura o de la acción de cargas externas o propias de cada estructura, describen las biblias de la ingeniería de puentes.

Medios y actuaciones relacionados con la seguridad vial

El informe de Madrid Calle 30 tampoco ha encontrado indicios de que la adjudicataria Emesa cumpla con los requisitos que establecía el contrato “en lo referente tanto al número de medios humanos, como a su distribución y formación en relación con la seguridad vial de la infraestructura, contemplados tanto en los pliegos del contrato como en la oferta presentada”. 

EMESA prometió entonces destinar a los servicios de atención a incidentes y emergencias un número de operarios con una determinada formación pero un dictamen elaborado recientemente por el responsable de seguridad del túnel pone en entredicho que haya cumplido con su compromiso. Por eso el Consejo de Administración ha incoado este procedimiento sancionador.

Deficiencias en el sistema antiincendios

El cuarto expediente abierto por Calle 30 a Emesa parte de un grave accidente ocurrido el 26 de octubre de 2012 y que supuso la muerte de dos trabajadores de la empresa de mantenimiento. A raíz de aquel siniestro se detectaron “una serie de deficiencias en materia de mantenimiento en distintos sistemas alojados en los cuartos técnicos del by pass de los túneles”.

El actual Gobierno de Carmena ha recuperado los informes de bomberos y policía del accidente que evidenciaron entonces los fallos en el sistema de agua nebulizada de los cuartos técnicos. Los actuales gestores de Madrid Calle 30 recuerdan que “la anterior dirección decidió no incoar un expediente sancionador”.

 “Sin embargo, el actual equipo de Gobierno considera que dichas carencias de mantenimiento en un sistema de protección contra incendios son inaceptables y requieren de la incoación de un expediente de penalidades”.

Ausencia de una segunda red para transmitir datos

Los actuales gestores de Madrid Calle 30 tampoco han detectado que se haya instalado una segunda red de transmisión de datos referentes al tráfico para que pueda suplir a la principal si esta sufre una incidencia y se cae. Emesa se comprometió a instalar ese sistema alternativo de conexión “sin coste alguno para el Ayuntamiento de Madrid”. 

El Gobierno actual subraya: “Resulta llamativo que, tras más de 11 años desde la adjudicación del contrato, Madrid Calle 30 no tenga constancia de la instalación de dicha red que pretende dar seguridad informática en el tráfico de ciertos datos”.

Falta la red wifi para las comunicaciones internas

Otra de las mejoras que la UTE que se hizo con el contrato de mantenimiento prometía en su oferta fue la implantación de una “red wifi con soporte calidad telefónica en los túneles y cuartos técnicos y vías exteriores de la infraestructura”. Tampoco esta tecnología iba a suponer inversión alguna para el Ayuntamiento de Madrid.

 “La red aportaría”, según el poroyecto de Emesa, “seguridad a los empleados de mantenimiento de la obra al permitir la comunicación con el centro de control en puntos donde la señal telefónica ordinaria es deficiente. A la dirección de Madrid Calle 30 tampoco le consta que se haya implementado.

Además de todo lo anterior, el Consejo de Administración de Calle 30 decidió también el pasado 11 de noviembre abrir otra investigación para comparar el actual centro de control de la M30 con el que aparecía diseñado en la oferta de Emesa. 

“Todo parece indicar”, señala el acta del consejo, “que algunas de las características que el proyecto de ejecución (abonado íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid) contemplaba, no fueron instaladas o, si lo fueron, nunca fueron puestas en marcha. La investigación pretende aclarar lo sucedido para obtener el máximo rendimiento de una parte tan fundamental de la infraestructura”.

La gestión externa del mantenimiento de la M30 está rodeada de polémica desde el nacimiento de la obra. La oposición acusó desde el primer día a Gallardón de recurrir a esta vía para intentar camuflar la deuda de la institución -el soterramiento de una de las principales arterias de la ciudad costó más de 6.000 millones de euros-.

 Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid recomendó al Ayuntamiento de Madrid rescatar la gestión pública y criticó el contrato que, según este organismo fiscalizador, solo tiene sentido para garantizar el pago de unos intereses del 7% a las constructoras que adelantaron el dinero de la obra."                  (José Precedo / Fátima Caballero  , eldiario.es, 21/11/2016

El 4% de CDC: Ferrovial engrasa los ejes y las carretas de la formación nacionalista conservadora y neoliberal

"Cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música, señala Jesús García [1], el juez que investiga el expolio –“expolio” es palabra más que ajustada- de la institución musical catalana ha dado el caso por cerrado. Entre sus conclusiones figura que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través del Palau.

 La constructora Ferrovial pagó un total de 5,1 millones en comisiones, ilegales por supuesto, al partido nacionalista-soberanista-independentista (ante todo: neoliberal, de los negocios) a cambio de la adjudicación de obra pública. Fue durante el último gobierno de Jordi Pujol, el intocable, el ex presidente de Banca Catalana, el de varios hijos perseguidos por la justicia que acaso le tomaron a él como modelo (y a su señora por supuesto).

Según la información que se conoce, la empresa (que no es catalana pero aquí este nudo identitario importa un pimiento: la pela es la pela y éste, no otro, es el verdadero kernel del asunto) y CDC llegaron a un “acuerdo” que comenzó “al menos en 1999”. Se prolongó durante un decenio: “Ferrovial camufló como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos para disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras”. 

La constructora pagaba, por regla general, una comisión que suponía el 4% del importe de la obra en cuestión. ¡El más que famoso 3% que soltó Pasqual Maragall, un día que enloqueció durante tres segundos, en el Parlament, cuando era president de la Generalitat (la cara de Mas se descompuso: ¿pero qué dice ese loco pensaría?, ¿a que juega?). Nunca más se volvió a hablar de asunto.

 Del 4% ilegal, el 2,5% iba a parar a las arcas de CDC por varios procedimientos; el 1,5% restante se lo repartían los saqueadores confesos, don Fèlix Millet y don Jordi Montull, dos magníficos representantes de la burguesía catalana bien ubicada. El premio a su labor como intermediarios se lo repartían así: el 80% de ese 1,5 el primero; el 20% restante el segundo. ¡También hay jerarquías entre saqueadores, siempre hay jerarquías!

El “flujo de fondos”, comenta Jesús García, llegó por tres canales: “el más voluminoso (2,3 millones) fueron “entregas en efectivo” entre 2000 y 2007 a los tesoreros, Carles Torrent (muerto en 2005) y a su sucesor, Daniel Osácar, una de las 17 personas que el titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, mantiene imputadas en la causa”. 

La segunda vía -2,1 millones- fueron las “facturas falsas” emitidas por cinco empresas (New Letter, Letter Graphic, Altraforma, Hispart y Publiciutat) al Palau. Esas compañías cobraron de la institución musical por trabajos inexistentes o servicios que, en realidad, prestaron a CDC (por ejemplo, de buzoneo electoral). 

Dos de esas firmas, continua JG, “hicieron llegar los fondos a CDC en forma de donaciones al partido o a su fundación afín, Trias Fargas”. Otros 630.655 euros aterrizaron en la formación mediante “convenios de colaboración aparentes entre el Palau y la fundación anterior”. La cifra total asciende a casi 5,1 millones de euros, nafa menos, unos 850 millones de la antiguas pesetas, “algo menor de la que estimó la fiscalía (6,6) en su último informe.” 

Osácar y Jaume Camps, que participó en el pago de las comisiones, un ex diputado muy televisivo y muy culé, son los dos únicos imputados de CDC. La responsabilidad del partido no acaba ahí. 

En línea con el fiscal anticorrupción Sánchez Ulled, “el juez cree que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente” sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las adjudicaciones”. La conjetura parece razonable, más que razonable.

 “El auto concluye que CDC debe responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de un dinero de forma ilícita”. CDC, recuérdese, ha puesto su sede central como aval para cubrir la fianza impuesta por el juez en su día. Está, sigue embargada!

¿Qué obras ganó Ferrovial presuntamente (siempre presuntamente) gracias al pago de mordidas, partidas que suman nada menos que 1.159 millones? ¿Qué consiguió con estas prácticas, pan nuestro de cada día del neoliberalismo realmente existente, aquí y en mil lugares más? 

Las de mayor envergadura son, tomo de nuevo pie en Jesús García, la Ciudad de la Justicia de Barcelona (¡la ciudad de la justicia construida trasgrediendo la justicia!) y la línea 9 del metro barcelonés. ¿Qué beneficios obtuvo finalmente Ferrovial con las operaciones? Sería bueno, urgente y necesario conocerlo.

En una nota pública, la constructora negó por supuesto cualquier tipo de acuerdo para “alterar el correcto desarrollo” de los concursos públicos. De eso nada, no va con ellos. Defendió, por supuesto también, la bondad de su contrato de patrocinio con el Palau: le reportó “las ventajas de publicidad e imagen propias de este tipo de convenios”. ¡Vale, pues será eso! ¡Imagen, publicidad y sonido!

Las anotaciones en las agendas personales de Millet, el de las 400 familias con poder en Cataluña, los documentos hallados en ordenadores del Palau en su día y la declaración de algunos testigos son la base probatoria del caso. En su auto, señala JG, “el juez da una cifra final al expolio perpetrado por Millet y Montull en beneficio propio y de terceros: 26,5 millones. Una propinita [2]

Uno de los misterios que quedará por resolver del caso, señala JG, es el destino de 9,6 millones que se cobraron “en ventanilla de diversas entidades bancarias”. Se ignora el destinatario de esas cantidades “pese a los esfuerzos” de la policía.

 Pijuan, el juez del caso, afea con razón a los bancos por “su “falta de colaboración” para averiguar quién cobró esas cantidades. Respondieron que no tenían la documentación o que no la encontraban”. ¡Los bancos son los bancos, yo mismo trabajé en uno de ellos, el del señor Pujol, durante más de 11 años, y son un gran poder fáctico!¡Nadie les tose!

Curiosamente, el punto no se le ha pasado por alto tampoco al excelente Jesús García, en un escrito remitido al juez hace unos días, la actual dirección del Palau, que ejerce la acusación particular como víctima del expolio (¡cómo si no!), “cargó contra los ex responsables de la institución” pero omitió cualquier alusión a CDC. Ni una coma, ni una palabra, nada de nada. ¿Está claro quien manda y al servicio de quién se está? 

La estrategia de CDC tras el cierre de la instrucción del caso no ha variado: mienten, mienten como bellacos. ¿CDC? No, no, claro está, el juez con sus informes. Este considera acreditado que CDC recibió 5,1 millones. La formación nacionalista lo niega y da un paso adelante: acusa al magistrado de no tener pruebas. ¡Que lo demuestren, a ver si pueden! “Los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida”.

 El consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, uno de los mayores vendedores de humo de estas tierras, consideró “que el escrito “no demuestra nada” y vio “más razonable” la opinión de los actuales responsables del coliseo”. Son de los suyos. De lo que dice el juez, señaló, “los perjudicados no hablan. Entra en contradicción”. ¿En contradicción? ¿No será él parte sustantiva también del entramado diseñado con mimo y ocultando pruebas y más pruebas?

El consejero, contundente, chulo como el que más, afirmó que los controles de adjudicación de obra pública eran y lo son ahora totalmente transparentes. Homs, que echa siempre que puede lodazales de porquería sobre la época del tripartito, recordó que el anterior gobierno hizo una auditoría para revisar las adjudicaciones y que no encontró nada. Perfecto, todo muy bien en este caso.  (...)

Joan Herrera, de ICV-EUiA, ha hecho un buen resumen del caso: “El corruptor, que era Ferrovial, paga al corrupto, que eran los cargos de CDC, comisiones para encarecer las obras de la línea 9 del Metro”   (...)

Mas no se ha comprometió a nada. Solo ha dicho que, si en el juicio se sentencia que CDC se financió ilegalmente, él será “el primero en actuar”. ¿Cómo? ¿De qué forma? No sabe, no responde. Su estrategia pasa por presentarse ajeno a las finanzas del partido y mostrar confianza en los gestores de las arcas de CDC. ¡No sabía nada, no pasaba por allí! Ha retado a la justicia a “convertir sus indicios en pruebas”. ¡Para chulo él!

También Joan Herrera apuntó bien esta ocasión: “En los dos casos [Bárcenas, Ferrovial] hay corruptores y corruptos e indicios de financiación ilegal. Y en los dos casos hay evasivas”. 

Mientras tanto, ERC, un partido que dice ser de izquierdas y republicano, sigue dando apoyo al gobierno de un partido (supuestamente) corrupto. ¿Alguien puede pensar en un proceso emancipador que los tenga como fuerzas hegemónicas? ¡Es de risa… y de llanto! (...)"              (Salvador López Arnal, Rebelión, 21/07/2013)

Imputado el extesorero de Convergència por comisiones ilegales del 'caso Palau'

"El caso Palau le ha estallado de nuevo en la cara a CDC (Convergència Democràtica de Catalunya). Y esta vez como partido de gobierno.

El juez que investiga el desfalco de la entidad musical catalana imputó ayer al extesorero del partido nacionalista Daniel Osácar por el presunto pago de comisiones irregulares que Convergència recibía a través del Palau de la Música a cambio de la adjudicación de obras públicas al grupo Ferrovial. La decisión judicial ha puesto en jaque a Convergència y ha desatado una tormenta política.

Además de Osácar, el juez ha citado a declarar como imputados al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura; a dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao; a los saqueadores confesos del Palau, Félix Millet y Jordi Montull; y a la hija de este, la exadministradora Gemma Montull. Las imputaciones forman parte de una pieza separada del caso Palau, por el que se investiga el desfalco de unos 35 millones del Palau de la Música.

Según el auto judicial, el objetivo de la investigación es conocer "el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau de la Música" entre 2001 y 2008.

El juez considera, en ese sentido, que hay indicios para pensar que las aportaciones eran, en realidad, "contraprestaciones" en las que los responsables del Palau actuaban como intermediarios en la adjudicación de obra pública a la constructora." (El País, 18/03/2011, p. 22)

Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència a cambio de obra pública

"La constructora abonó 5,9 millones de euros a través del Palau de la Música.

El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y Convergència Democràtica (CDC). Así lo indica el informe que la Agencia Tributaria entregó ayer al juez instructor del caso, que indica que la constructora Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de euros para hacerse con obras de Administraciones gobernadas por CiU entre 2001 y 2008.

Dos terceras partes de estas cantidades salieron en efectivo de las arcas de la entidad musical , mientras que el resto se abonó a la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y a empresas que realizaban campañas electorales para la federación nacionalista.

La Agencia Tributaria analiza las aportaciones al Palau procedentes de Ferrovial, que dio más de 12 millones de euros a la entidad entre 1998 y 2008. Lo hizo, según sus responsables, en concepto de patrocinios. Pero Hacienda no está de acuerdo y determina que en realidad el destino de ese dinero era "la contraprestación correspondiente" por "la adjudicación de obras públicas". La documentación hallada en el coliseo barcelonés apunta a que la constructora de la familia Del Pino pagó comisiones por la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia, dos de las mayores obras adjudicadas en Barcelona. Con la primera obra, CDC se habría asegurado ingresos regulares para todo el periodo que ha estado en la oposición, puesto que los pagos se fraccionaron.

La comisión que abonaba la constructora de la familia Del Pino al Palau de la Música, según Hacienda, correspondía "habitualmente" al 4% del presupuesto de ejecución. De esa cantidad, una parte -entre el 0,5% y el 1,5%- iba presuntamente al bolsillo de Millet, mientras que la otra iba a CDC a través de sus responsables financieros Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osácar.

El principal documento que acredita esa salida de dinero hacia la formación nacionalista es un archivo de Excel que lleva el nombre de Quadre Ferrovial 29 abril, en concreto una pestaña llamada "cuadro cobros". Se trata de un documento con varias columnas: una de ellas detalla las aportaciones de Ferrovial y otra los "pagos a Daniel", el destinatario de los 5,9 millones de euros. ¿Quién es Daniel? La Agencia Tributaria razona que se trata Daniel Osácar i Escrig, responsable de finanzas de CDC y de su fundación. Las tablas examinadas por Hacienda coinciden con los movimientos de dinero que la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, anotaba en su agenda.

Antes de Osácar, quien desempeñaba esa función era supuestamente Carles Torrent, que ejercía el mismo cargo dentro del partido. La investigación ha hallado al menos ocho documentos en los que el ex dirigente de CDC aparece vinculado a las adjudicaciones de obra pública. Entre ellos, hay una carta en la que Millet apremia a Torrent a adjudicar una depuradora en la Costa Brava a Agromán -del grupo Ferrovial-. "Estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas", insiste Millet.

Este "triángulo" entre Ferrovial, Millet y "personas ligadas a la Administración pública adjudicante", en palabras de la Agencia Tributaria, defraudó presuntamente 3,7 millones de euros en efectivo y 2,2 a través de la fundación Trias Fargas y cuatro empresas que, según los gestores del Palau, nunca trabajaron para la entidad pero sí realizaban las campañas de CiU. Una de ellas, Altraforma, tiene como socio a Jordi Vilajoana, actual portavoz de CiU en el Senado y consejero de Cultura entre 1999 y 2003." (El País, España, 04/08/2010, p. 12)