Cestas de navidad, aguinaldos y donativos: los regalos de BBVA a policías en el caso Villarejo

 "Una de las cuestiones que se han analizado durante la instrucción del caso Villarejo es si el BBVA hizo regalos a policías a cambio de un “trato de favor”, algo que estaría prohibido en el código de conducta del banco. En el sumario de la investigación sobre las relaciones entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se inició en octubre de 2018, constan archivos sobre gratificaciones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que partían del departamento de seguridad corporativa que dirigía Julio Corrochano, investigado por ser el nexo de unión entre el BBVA y el agente encubierto. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha retomado este asunto y en su último informe, en el que solicita al juez instructor Manuel García Castellón que proponga juzgar a la entidad y a una docena de ex altos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González, ha incluido las pruebas documentales que acreditarían el pago de donativos con motivo de sus fiestas patronales, algunos enmascarados en facturas “por la compra de juguetes”, o el envío de cestas, vinos y aguinaldos por Navidad.

Según el fiscal Cabaleiro, estos regalos tenían como objetivo mantener una “buena colaboración” entre el banco y la Policía e incluso garantizar un “trato de favor o de confianza” ante determinados favores que el BBVA pedía a altos cargos policiales. También era una forma de recompensar las “relaciones privilegiadas con importantes mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, señala. El representante de Anticorrupción enfatiza que esta actitud era “conocida tanto por la alta dirección como por el propio consejo de administración”.

Para justificar estas afirmaciones, el fiscal expone en el escrito con fecha del pasado 17 de mayo los indicios que probarían que todos los investigados a los que pide poner a un paso del banquillo de los acusados, entre ellos el BBVA como persona jurídica, son responsables de la comisión de un delito cohecho y una pluralidad de ellos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos por los encargos de espionaje que hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Pero también por todos los pagos extraordinarios que se hicieron llegar a policías del entorno del comisario jubilado.

En este sentido, Cabaleiro dedica 16 páginas de su informe —de más de 240 folios— para reproducir los correos electrónicos de empleados del BBVA y directivos, como Corrochano o el actual responsable de auditoría interna, Joaquín Gortari, y en los que se ponía en copia, en algunas de las ocasiones, al exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, para tramitar los regalos. En ellos se solicitan “instrucciones oportunas” para “atender necesidades del servicio surgidas en el área de seguridad especial que presta sus servicios a Presidencia y la alta dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Este mensaje iba seguido de la solicitud de autorización de “donativos” de miles de euros con motivo de actos conmemorativos de la Guardia Civil o la celebración de la fiesta del Día de la Policía en honor a su patrón, los Santos Ángeles Custodios.

Uno de los mensajes incorporados es el enviado el 19 de septiembre de 2011 por parte de un empleado del banco a Gortari para comentarle que con motivo de la fiesta patronal de la Guardia Civil se habría realizado un donativo “en efectivo mediante el pago de la factura correspondiente por la compra de juguetes por parte de esta institución”. En los cruces de correos también figuran los trámites para enviar cestas de Navidad, en las que se incluían vino, o “aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función”, según reza uno de los emails destacados.

Listado de policías

De hecho, el fiscal afirma que era una práctica habitual que el departamento de seguridad corporativa del BBVA realizara un listado anual sobre los policías que recibían atenciones por Navidad, “algunos destinados a la sede oficial y otras a domicilios particulares”. “El grado de detalle del personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como la reiteración en los regalos se prevé como constante”, subraya el escrito. En ese grupo de policías se encontraban comisarios cercanos Villarejo, algunos de ellos imputados en la macrocausa, como Carlos Salamanca, quien fuera responsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel; o Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como El Gordo, que ha sido excluido de la causa por su estado de salud.

También el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ex jefe de la Policía Judicial, que declaró como testigo en la línea de investigación centrada en el BBVA y admitió su relación de amistad con el exresponsable de seguridad del banco; o José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue interrogado para aclarar si el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima que motivó la investigación judicial contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

El cohecho, que es el delito que sustenta toda la macrocausa, castiga tanto al funcionario público que ha recibido una dádiva o retribución de un tercero, como al particular que ha ofrecido o entregado dichas recompensas. Precisamente este ilícito ha estado durante un tiempo en el aire debido a que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el primer juicio del caso Villarejo absolvió a todos los acusados por esta conducta ilegal, si bien la Sala de lo Penal ha ordenado corregir este extremo, lo que ha hecho que vuelva a ser un elemento de cargo para Anticorrupción.

Algunos investigados afirmaron ante el juez García Castellón que desconocían si se hicieron “entregas de dinero en efectivo” a policías para patrocinar sus festejos, ya que no existían partidas específicas en los presupuestos para ello, como señaló Nazario Campo Campuzano, directivo del área de seguridad del BBVA, para quien el fiscal ha pedido el archivo de la causa; o el expresidente Francisco González, que aseguró que dichos pagos no encajaba dentro de su código de conducta, el conocido en el sector bancario como Código FG, una guía de buenas prácticas que instauró en el banco. Sin embargo, el fiscal considera que existen numerosas pruebas acerca de que “de forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación [desde 2004 hasta 2017], desde la alta dirección y con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia [entonces dirigido por Joaquín Gortari], se hacían regalos, tanto en metálico como en productos a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos”.

Información sobre problemas internos en el Banco Santander

Asimismo, el fiscal apunta que estas gratificaciones no son solo atenciones en fechas concretas, sino también “contrapartidas” a algunos mandos policiales por determinados favores a altos cargos policiales, como la gestión de visados de allegados a directivos y consejeros del banco o información sobre personas que querían reunirse con altos cargos del BBVA. De hecho, el fiscal incluye uno de los correos que Enrique García Castaño envió a Julio Corrochano sobre las denuncias de trabajadores del Banco Santander por “acoso laboral” contra la dirección de seguridad corporativa de la entidad, incluso una carta que el entonces jefe de dicho departamento, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Salom Clotet, envió al fallecido presidente del banco Emilio Botín sobre este asunto.

Con todo ello, Anticorrupción concluye que el BBVA y sus altos cargos incumplieron su propia norma interna sobre “entregas de regalos y organización de eventos promocionales”, que establecía que, además de tener que rellenar un anexo, los regalos tenían que ser “de carácter promocional o detalles de cortesía”, cuyo valor no podía superar los 150 euros. El fiscal Cabaleiro se acoge a este reglamento porque, según indica, no ha podido analizar el contenido de la normativa especial del banco sobre “atenciones especiales de Navidad” porque “la defensa del BBVA, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, ha preferido no aportarla.” Por este mismo motivo, añade, tampoco ha podido revisar la norma de la entidad sobre la contabilización y pago de facturas recibidas en vigor durante los años investigados, pero aun así señala que la de 2018 (año que ya no es objeto de las pesquisas) prohíbe las donaciones al “Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las entidades locales”.                (Nuria Morcillo, Cinco Días, 10/06/24)

Los cuatro presidentes del Ibex salpicados por el caso Villarejo: Sánchez Galán, Fainé, Brufau y Francisco González (iberdrola, La Caixa, Repsol y BBVA)

"No es una noticia positiva". Primera reacción de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al ser preguntada por la imputación del presidente de Iberdrola en el 'caso Tándem'. Este tipo de informaciones "no son buenas" para la imagen de las empresas y personas afectadas, añadía. Por extensión, Calviño pensará lo mismo de Isidre Fainé (Fundación la Caixa), Antonio Brufau (Repsol). Porque Ignacio Galán no es el único máximo directivo salpicado por la presunta red corrupta del excomisario José Manuel Villarejo. También está siendo investigado Francisco González, el expresidente del BBVA.

Sánchez Galán es el último alto cargo de una empresa del Ibex-35 en sumarse a esta lista particular. El juez que lleva el caso considera que hay indicios suficientes para acusarle de un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

¿Qué pasará con ellos a partir de ahora? No está nada claro que sus puestos de trabajo peligren hasta que se resuelva la situación judicial. Los estatutos de ninguna de esas cuatro prevén la dimisión de un máximo responsable en caso de imputación. Aunque bien es cierto, Francisco González abandonó la presidencia del banco antes de que le llegara la decisión del magistrado de investigarle.

¿Qué tienen en común los cuatro en el caso Villarejo? Todos se dirigieron al entonces comisario José Manuel Villarejo para que “espiara”, presuntamente, a otros empresarios que habían puesto el ojo en sus compañías.
Caso Iberdrola y Florentino Pérez

En el caso de Iberdrola se investiga el presunto espionaje ilegal a varios empresarios y directivos. Pero el más conocido de ellos fue Florentino Pérez. El presidente de ACS y del Real Madrid había intentado ocupar un asiento en el consejo de Iberdrola. El auto explica que la investigación se centró en investigar a Pérez a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto. También se espió a Manuel Pizarro, en ese momento presidente de la eléctrica competidora, Endesa.

En la mayoría de las causas están implicados los jefes de seguridad de esas empresas –en algunos casos policías retirados- que abrían la puerta a Villarejo y hacían de nexo con las entidades.

Antonio Asenjo era el jefe de seguridad de Iberdrola y hombre de máxima confianza de Sánchez Galán. Llegó a la compañía desde Prosegur, y también conocía al comisario jubilado desde hacía mucho tiempo.

En su declaración judicial el exjefe de seguridad declaró haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención de Villarejo.

Según el juez, se trataría de facturas emitidas por servicios prestados al entonces comisario “ocultados mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán”.

La actuación era similar en los otros casos: todo apunta a que Villarejo era el solucionador de problemas cuando los directivos veían amenazados sus sillones por rivales de su misma talla.
El hombre al que todos temían

En las causas de Repsol y Caixabank y la del BBVA, el objetivo a espiar era el mismo: Luis del Rivero, el que era presidente de Sacyr Vallehermoso. En el caso de la petrolera, del Rivero aumentó su participación y los directivos, según el auto, temían que quisiera lanzar una OPA con la petrolera Pemex (también accionista de Repsol).

Tanto Brufau como Fainé en su declaración ante el juez del pasado 7 de mayo se desvincularon de la contratación de Villarejo. “No tengo el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo", señaló el presidente la Fundación La Caixa, según varias fuentes que estaban presentes.

El trabajo de Villarejo para Repsol y Caixabank se llamó "Proyecto Wine" y consistía en espiar y anular los intentos de Luis del Rivero de hacerse con el poder de Repsol. Los responsables de ficharle fueron los directores de seguridad de ambas compañías.

¿Estaban al tanto Fainé y Brufau? En la documentación que Repsol entregó al juez se decía que "probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de Caixabank, y dada la confluencia de intereses que ambos mantenían para defenderse frente Luis del Rivero, acordaron compartir los servicios de información”.

Además, Miguel Ángel Fernández, jefe de seguridad e intermediario entre Caixabank y Villarejo, confirmó ante el juez el conocimiento y la participación de Fainé con el que aseguró haber despachado sobre la investigación a Luis del Rivero.
BBVA también contra Del Rivero

BBVA también recurrió a Villarejo cuando Del Rivero intentó hacerse con el banco en 2004. Fue a raíz de una comunicación que envió Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Tenemos la oportunidad de adquirir una participación significativa en el BBVA”.

El banco se dirigió a Villajero para frenar los pies a Del Rivero en un proyecto que se llamó 'F.G'. según la investigación. Se realizaron campañas de descrédito en medios de comunicación y se espiaron 869 comunicaciones telefónicas en tres meses.

Según Del Rivero, desistió de la operación tras el incendio del Windsor, porque comprendió que le iba "a costar la vida". Aunque fuentes del BBVA aseguran que en realidad la operación había decaído antes.

Aún así, el BBVA siguió contando con los servicios de Villarejo durante 15 años. El juez está convencido de que detrás estaba Francisco González. Y lo cree porque le han señalado directamente sus subordinados. Pero González lo niega todo y así se lo dijo al juez el 18 de noviembre de 2019 cuando declaró. El caso todavía está en fase de instrucción, todavía queda un largo recorrido hasta ver a estos cuatro directivos en el banquillo."              (Isabel Sanz/Carles García Baena , NIUS, 24/06/21)

Expolíticos, directivos de empresas del IBEX y otros contratantes del comisario maniobran para librarse del 'caso Villarejo'

 "La mayoría de las empresas y directivos o exdirectivos que adquieren la condición de "investigados" en el caso Tándem o caso Villarejo lo hacen por el hecho de haber contratado y pagado por servicios prestados a José Manuel Villarejo, un policía en activo que no tenía la preceptiva compatibilidad concedida para llevarlos a cabo. Pagar a un funcionario de Policía en activo por servicios privados de gestión de crisis en los que su condición de policía es parte fundamental de la oferta de valor es un delito de cohecho. Para estas personas físicas y jurídicas investigadas la clave de su defensa está en poder demostrar que su condición de policía en activo no fue determinante en su contratación, que los servicios contratados no eran ilícitos per se y que le estaban permitidos o no tenían forma de saber que no lo estaban. 

En esto trabajan a marchas forzadas los abogados de todos aquellos que hicieron negocios con el policía jubilado. A dia de hoy, ya hay tres compañias del Ibex imputadas como persona jurídica (BBVA, Repsol y Caixabank) y Anticorrupción ha pedido que también sea llamada en calidad de investigada unaa filial de Iberdrola. Ademas, varios directivos y exdirectivos de dichas compañías están siendo investigados.

La defensa de la mayoría de los contratantes del comisario se basa en los siguientes argumentos falaces: desconocimiento de su condición de policía en activo, actividad privada autorizada de "facto" porque era "sabida por sus "superiores", selección de sus servicios porque tenía "prestigio" y había sido contratado antes por "muchas empresas importantes" y  plantilla amplia y estable que de un lado demuestra la realización de un trabajo real de investigación y consultoría y de otro descarta una actividad ilegal con tantos testigos de riesgo. En las últimas horas algún medio de comunicación ha hecho suyos estos argumentos, cuya inconsistencia mostramos a continuación:

"No sabía que era policía"

Unos dicen (como Susana García Cereceda, investigada en la pieza Land) que "no sabían que era policía"; otros (como Dolores de Cospedal —que fue subsecretaria de Estado de Interior—, y varios jefes de seguridad expolicías de alto rango, como Antonio López de Planeta o Miguel Ángel López Rancaño) afirman que conocían que era policía pero que creían que "llevaba mucho tiempo en excedencia". Si dicen la verdad, lo que es de todo punto cuestionable, nadie se ocupó de verificar las credenciales de Villarejo, lo que causa estupor si los temas encargados eran tan "confidenciales" (excusa que dan en sede judicial para explicar que los pagos al comisario no pasaran por los controles habituales para con los proveedores).

"En 2015 Interior avala su actividad privada"  

En 2015, y tras la publicación por El País de una serie de artículos sobre el entramado empresarial de Villarejo y los movimientos sospechosos de capitales asociados a dicho entramado que fueron completados más tarde por un inventario patrimonial publicado por este diario, José Ángel Fuentes Gago,  el jefe de gabinete del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y a instancias de éste elaboró y difundió urbi et orbi lo que los fans del comisario llamaron "informe de compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo".

El escrito no era más que un refrito e inconexo de disposiciones administrativas que validaba la actividad privada de Villarejo, pero sin analizar ninguna empresa o negocio. Simplemente finalizaba diciendo que no estaba obligado a pedir la compatibilidad porque la "gestión de su patrimonio" no tenía conexión con las actividades encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía y no mermaba su dedicación horaria. Cómo sería el "informe policial" de Fuentes Gago que "avalaba" la actividad de Villarejo que hasta el magistrado García Castellón tuvo que preguntarle cómo pudo emitir escrito semejante cuando en cinco minutos mirando en internet se podía ver que tenía empresas de investigación y de gestión de crisis judiciales manifiestamente incompatibles. Fuentes Gago fue premiado junto a su mujer, también policía, con un estupendamente remunerado destino de agregado en Holanda (donde paraba poco porque venía a Madrid en comisión de servicios) .

"Tres DAO's conocían y validaron su actividad"

En junio de 2018, se remitió al juzgado de Tándem un informe fechado el 2 de junio de 2017 emitido por la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), en el que se dejaba claro  —como Público ya había avanzado mucho antes— que "no consta que el Comisario José Manuel VILLAREJO PÉREZ haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".

Tras el jarro de agua fría, los investigados en dicha fecha repiensan la estrategia y un mes después redefinen la actividad privada de Villarejo como una actividad que no estaba autorizada formalmente, pero sí de "facto", por sus sucesivos superiores, quienes la aprovecharían para apoyar investigaciones policiales. Para asentar la idea, Villarejo pide a los tres anteriores máximos cargos policiales vivos (DAO) —Agustín Linares (1987-1994), apodado "Ágil" por Villarejo; Pedro Díaz-Pintado (1996-2004), "Pincel" o "Pintor"; y Eugenio Pino (2011-2016), alias "Pin" o "PinE"— que envíen una carta al juzgado en dicho sentido, cosa que hacen. El efecto del escrito duró lo que tarda en disolverse un azucarillo: llamados al juzgado a ratificarse en su contenido, los tres ex DAO se desdijeron. El único que aún sostiene que la Policía se servía de las empresas de Villarejo es el ex jefe del UDEV, de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera ("El Oli"), imputado también en el caso y con cuyo progresivo ascenso en la cadena de mando policial florecen los negocios del comisario.

Por su parte, Villarejo defendió durante mucho tiempo que, desde su reincorporación al Cuerpo, se limitaba a mantener el patrimonio creado en su época de excedencia, pero esto no es cierto: tras regresar al servicio policial activo, constituyó en España y fuera nuevos negocios bajo dos fórmulas mercantiles: como filiales de sus empresas preexistentes o cambiando razón y objeto social a éstas manteniendo el CIF.

“Yo contrataba con Redondo, no con Villarejo"

No pocos investigados defienden su actuación alegando que su único interlocutor era la mano derecha del comisario, su director general y cara visible del bufete filial Stuart Mckenzie SL, Rafael Redondo Rodríguez. Pero audios sitúan a Villarejo con sus clientes en la comercialización y ejecución de los servicios concretos prestados. Además, fue el propio Villarejo quien declaró en sede judicial (en el Caso Nicolás ante el juez Arturo Zamarriego) que todas sus empresas funcionaban con unidad de decisión ("él daba las instrucciones") y con "caja única", dos elementos que, junto a la "confusión de patrimonios" que también se da, definen jurídicamente a su conglomerado empresarial como "grupo de sociedades" y bajo el mando de un policía en activo.

Por tanto, es indiferente que se contratase con cualquiera de las empresas de su grupo: gestión de crisis o de comunicación con Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), con la unidad de "investigación" (Servicios de Investigación y Detección SL, Inteligencia y Detección SL y Cenyt Argo SL), con la unidad de consultoría y cursos de formación (Cenyt Consultoría Organizacional SL), con el bufete Stuart Mckenzie SL o con cualquier otra firma del grupo. Como "grupo de sociedades" a todos los efectos son una misma empresa y bajo el mando de Villarejo. 

"Tenía actividad real y todos le contrataban"

Una línea de defensa muy común a casi todos los contratantes es la de argumentar la selección de su servicios y su necesaria legalidad en la afirmación "somos muchos y muy importantes los que le contratamos". Se alega así que se le contrata por ser una firma "prestigiada y conocida" y se intenta presentar como "prueba" el hecho de que fuera contratado por un buen número de grandes empresas españolas, enarbolando las declaraciones anuales de clientes y proveedores de las empresas del comisario y remitidas recientemente al juzgado por la Agencia Tributaria. Explican asimismo que si su contratación esquivó los controles exigidos al resto de proveedores fue por que se trataba de asuntos sensibles que requerían máxima confidencialidad. Ambas explicaciones pierden fuerza si se tiene en cuenta que todas esas empresas tienen en su mayoría algo en común: jefes de seguridad que eran policías del círculo de Villarejo y que además iban a comisión de (comprobada en el caso de Julio Corrochano de BBVA). Con respecto de la elusión de controles exigidos a la contratación de proveedores, baste decir que eso no ocurría con la contratación de otros proveedores prestadores de servicios que requieren gran confidencialidad.

Se alega también, con un informe de la Dirección General de la Seguridad Social de soporte también remitido al juzgado recientemente, que la plantilla de Villarejo es amplia y mostraba larga vinculación laboral, lo que a juicio de los medios afines a los investigados prueba que sus empresas poseían infraestructura y medios para desarrollar un trabajo de consultoría real como el contratado y que prácticas ilegales son improbables dado el número de testigos y peligro de eventuales delaciones.

Nuevamente el argumento tiene "trampa", porque el trabajo realizado por la plantilla no pasaba de confeccionar "notas" por la vía de copiar, de forma literal, textos de artículos publicados y de internet que no se molestaban en editar y en sacar del registro del mercantil y de la propiedad listas de empresas y propiedades asociadas a las personas supuestamente de interés para sus clientes. Nada que no pudiera realizar su cliente en pocas horas con personal propio no muy formado y por el 5% de lo que abonaba a Villarejo. Es decir nada que ver con algo que valiera lo pagado. Y con respecto del peligro de que alguien de la plantilla pudiera un día denunciarle, se omite el hecho relevante de que la estable plantilla de su grupo de empresas estaba compuesta por su mujer y hermanos de su mujer, sus cuatro hijos, un sobrino, su mano derecha Redondo, y dos hijos de éste; el resto eran o hijos de policías con los que Villarejo tenía tratos (entre ellos una hija del fallecido DAO Miguel Ángel Fernández Chico) o policías en segunda actividad con los que había compartido muchos tejemanejes pasados. 

Se le contrata por los servicios que presta gracias a su condición de policía en activo

El propio Villarejo ha insistido y remarcado en muchas ocasiones que vuelve al servicio activo tras diez años en excedencia (1983-1993) "para que sus notas  tuvieran validez". Y cuando negocia su jubilación, se ve cómo pelea por tierra, mar y aire para que le concedan el título de "comisario honorario". Pero ¿"validez" para quién?

Tras siete años de investigación propia, Público acumula indicios que apuntan a que Villarejo cobraba a hito conseguido, que el servicio valía lo pagado y que estaba en condiciones de prestarlo gracias a su condición de policía en activo y de varios de sus cómplices. Destacan dos:

1) Diseño y ejecución de campañas mediáticas con la distribución de contenidos a una nutrida facción transversal de medios o redactores a los que se proporcionan sus "notas" para incentivar su publicación o ser utilizadas como información procedente de "fuentes policiales" en caso de querellas o demandas por difamación o injurias, a pesar de que tales notas (sin sello de entrada en registros policiales) no sean policiales mas que en la medida que él era "policía en activo". Prácticamente todos los informes, propuestas y avances que Villarejo presenta a sus clientes desde hace 30 años tienen a los medios de comunicación como centro, y no pocos contienen la lista de artículos publicados en la línea que interesa al cliente (a modo de lista de gestiones realizadas). La propia Dolores de Cospedal repitió una y otra vez durante su hora y treinta dos minutos de declaración judicial que su interés en el comisario no estaba en obtener información de nada, porque ya la tenía, sino en su relación con los medios de comunicación, y que esto era de lo que el comisario hacía alarde y le ofrecía. 

Villarejo ocupaba la mayor parte de su tiempo en hablar con medios y periodistas afines, con los que establecía una relación simbiótica porque sus relatos siempre incluían detalles con morbo y características de "exclusiva". Nuevos indicios en la documentación bruta incautada apuntan a que además Villarejo les remuneraba, algo que, en caso de verificarse, explicaría las cantidades cobradas de los clientes.  

2) Provocación, orientación, reorientación o enredo de investigaciones policiales, pesquisas de la fiscalía o investigaciones en fase judicial, un objetivo para el que también desempeña un papel esencial su condición de policía en activo. Para estos servicios, en muchos casos se apoya en prensa de refuerzo o en sus famosas "notas", que una vez publicadas son recogidas por acusaciones populares amigas o creadas al efecto, que con los recortes de prensa ponen denuncias en instancias policiales, fiscales o judiciales amigas: estrategias de ida y vuelta ya avanzadas hace años en el reportaje audiovisual producido por Mediaprp Las cloacas de Interior. Para asegurar su admisión a trámite y no solo titulares, se recurre también a denuncias directas en la UDEF de Madrid, aunque el origen del asunto sea en otra región de España. 

Los objetivos son variados y también la casuística: creación de problemas judiciales en el peor momento a empresas o personas físicas adineradas para, seguidamente, ofrecer in extremis a los afectados sus servicios de gestión de crisis, destrucción en favor de clientes de competidores empresariales o rivales políticos dentro y fuera de un partido, facilitar jugadas de bolsa, etc.

En el juzgado: no se solicitó información clave a la Agencia Tributaria hasta hace un mes

La remisión reciente de los informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social que las defensas están incorporando a sus argumentarios muestra una nueva anomalía, una de tantas de las que Público viene informando con relación a la instrucción del caso Villarejo: alteración de transcripciones, omisión de audios en oficios, omisiones de investigación acerca del verdadero problema que tenían sus clientes y que les urgía resolver, registros de inmuebles sin practicar, móviles de investigados clave sin analizar tras años de instrucción,  información clave omitida en el cuerpo de los oficios y relegada a anexos kilométricos y una pieza abierta, la 28, que parece provocada para archivar todo el caso. Resulta que no ha sido hasta hace un mes que se ha solicitado información oficial a la Agencia Tributaria sobre la plantilla de las empresas de Villarejo y la identidad de los clientes y proveedores que hizo constar en las declaraciones anuales modelo 347. 

 "Parecería que no se quiere saber quiénes eran los clientes y los destinatarios de los pagos de Villarejo a lo largo de los años", han comentado juristas expertos en Procesal y Penal consultados por Público y que no salían de su asombro al conocer la dilación. Funcionarios de Hacienda que prefieren permanecer en el anonimato creen que es "muy raro" y todos coinciden en que esas declaraciones modelo 347 es casi lo primero que se solicita en un procedimiento de estas características (como así ocurrió en el caso Púnica) y además se pide remontar a todos los años posibles porque "el blanqueo es un delito grave que tarda muchos años en prescribir".

 La solicitud de las declaraciones anuales de clientes y proveedores es de las primeras diligencias que se practican en casos de este tipo. De hecho, fue solicitada por la comisión judicial del Caso Nicolás y Grabación Ilegal al CNI para todas las empresas de Villarejo a la nueva instructora de ese caso, Pilar Martínez Gamo, como conclusión y consecuencia de un informe de julio de 2017 que incluía múltiples indicios de una trama de blanqueo. El informe fue despreciado por la magistrada y la comisión judicial resultó disuelta, con sus miembros seguidamente expulsados de la unidad de Asuntos Internos que comandaba Francisco Migueláñez y enviados a puestos con funciones de muy inferior rango."            (Pilar L. González de Lara,  Patricia López , Público, 08/07/21)

El ‘caso Villarejo’ señala a la cúpula del Ibex 35. La instrucción de la Audiencia Nacional mantiene imputados a los presidentes de Iberdrola y Repsol, y a los expresidentes de CaixaBank y BBVA

 "El caso Villarejo se ha convertido en un verdadero calvario para una parte del Ibex 35. 

La Audiencia Nacional analiza desde hace meses los negocios que importantes compañías del país cerraron con Cenyt, el grupo societario que lideraba el comisario José Manuel Villarejo desde la novena planta de la Torre Picasso, en el corazón financiero de la capital. La instrucción ha dejado al descubierto supuestos encargos de espionaje y maniobras al más alto nivel, según describe en sus autos el juez instructor Manuel García-Castellón, que este miércoles volvió a poner en la diana a otro alto ejecutivo: Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, citado como imputado por la contratación de la trama por parte de la energética, que pagó más de un millón de euros.

El nombre de Galán se suma así a una larga lista de directivos investigados en este macrosumario, que ha desvelado intrigas y guerras sucias urdidas para tratar de sacar ventajas en la lucha por el poder dentro de las compañías o ante posibles rivales. Entre las empresas señaladas, además de Iberdrola, se encuentran otras importantes como Repsol, CaixaBank, BBVA, Constructora San José, Mutua Madrileña y Grupo Planeta.

BBVA. Esta línea de investigación fue la primera en apuntar de forma clara al Ibex 35. Los investigadores —que encontraron las facturas pagadas por esta y otras compañías durante los registros efectuados en los domicilios y oficinas de Villarejo y su principal socio, el abogado Rafael Redondo— mantienen que la entidad financiera abonó a la trama más de 10 millones de euros por los servicios prestados durante cerca de tres lustros. Los trabajos contratados incluyeron supuestamente el espionaje a políticos, empresarios y periodistas desde 2004, cuando la constructora Sacyr empezó a moverse para intentar tomar el control del BBVA. Una maniobra que no tuvo éxito.

En esta parte del sumario, García-Castellón ha imputado a más de una docena de actuales y antiguos directivos de la entidad. Como al propio expresidente, Francisco González, que se desvinculó ante el juez de la contratación de Villarejo y afirmó que, aunque “pudo haber alguna conducta irregular de carácter individual”, él lo desconocía. También han pasado por la Audiencia Nacional para declarar Juan Asúa, asesor del actual presidente Carlos Torres; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; y Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de seguridad del banco, quien quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. El propio BBVA se encuentra imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Repsol y Caixabank. Hace apenas dos meses, dos de los hombres más poderosos del Ibex 35 desfilaron también ante el magistrado para responder por el caso Villarejo. Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la petrolera española, fueron interrogados durante casi dos horas por el Proyecto Wine, el supuesto encargo que ambas compañías hicieron a Cenyt para espiar en 2011 a Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que trataba de hacerse con el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Tanto Fainé como Brufau negaron cualquier irregularidad. La Fiscalía considera acreditado que ambas compañías pagaron más de 400.000 euros a Villarejo.

 Además de Brufau y Fainé, el juez ha imputado a otras personas que ocuparon importantes cargos dentro de sus dos empresas: entre ellos, a Joaquín Uris, Luis Suárez de Lezo y Juan de Amunategui, ejecutivos de Repsol; a Antonio Masanell, exdirector de Medios de CaixaBank; y a los comisarios Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, directores de seguridad respectivamente de la petrolera y el banco. La instrucción ha desvelado que las empresas, que colocaban a antiguos policías al frente de sus áreas de seguridad, utilizaban a estos agentes presuntamente como interlocutores con la trama.

Grupo Planeta. El sumario ha señalado a esta compañía en varias líneas de investigación. El juez mantiene abierta una pieza donde indaga si Villarejo facilitó a Planeta datos sobre el árbitro que dirimía el litigio contra Blas Herrero, dueño de Radio Blanca-Kiss FM, que finalmente ganó este. En el marco de estas pesquisas, el empresario Javier Pérez Dolset, dueño de la compañía de videojuegos ZED, también denunció que ejecutivos del grupo editorial maniobraron para arrebatarle el control de su sociedad.

En esta línea, el magistrado abrió una pieza separada sobre el Proyecto Brod, un encargo para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, que tenían una participación relevante en Planeta. Los denunciantes apuntaban a los accionistas que controlaban el grupo editorial, pero el juez afirmó el pasado mayo que no había encontrado “ningún indicio” de ello. Tampoco, de que Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia, estuviese detrás de la maniobra.

Constructora San José. El pasado diciembre, el juez dio carpetazo a las pesquisas sobre la Constructora San José. El instructor, que consideró acreditados los contactos de la compañía con Villarejo, adoptó esta medida al afirmar que el encargo no había llegado a pagarse y ejecutarse. Según la instrucción, existen indicios de que representantes de la empresa se reunieron con la trama, que llegó a elaborar un proyecto para espiar y boicotear a Santiago Rey, presidente del grupo de comunicación Voz —que incluye medios como el periódico La Voz de Galicia—. En estas pesquisas estaba imputado José Antonio Carpintero Dacal, directivo de la empresa y responsable de seguridad

Otras empresas. Los investigadores también siguen la pista a la contratación de la trama por parte de la aseguradora Mutua Madrileña y de la empresa de detergentes Persan. El juez, además, ya envió a juicio a dos de los promotores de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid), Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, por encargos a Villarejo para recabar información de forma irregular del resto de herederos de Luis García-Cereceda, expresidente de la promotora Procisa, muerto en 2010."                    (J. J. Gálvez, El País, 24/06/21)

Los papeles de FG que se quemaron en el Windsor

 "Cuando el Edificio Windsor ardió el 12 de febrero de 2005, llevándose por delante las oficinas de la auditora Deloitte que tenía allí su sede, el fuego devoró una misteriosa auditoría realizada a la sociedad de valores FG Inversiones Bursátiles, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el pelotazo por el que Francisco González (FG) vendió su compañía a Merryll Lynch por 3.700 millones de pesetas en 1996 (unos 36,4 millones de euros ajustando la inflación).

 Meses después de la transacción, su aimigo personal y presidente del Gobierno en aquel momento, José María Aznar, le puso al frente de lo que entonces era la banca pública, Argentaria. Para luego privatizarla y que su amigo quedase al frente de uno de los mayores bancos españoles. 

¿Por qué la fiscalía había encargado dicha auditoría? Pues parece ser que la multimillonaria venta tenía una pega y es que el aparente genio inversor de Franciso González escondía unas pérdidas de 800 millones de pesetas, que había disimulado con ingeniería contable para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el comprador y el auditor (Deloitte) no reparasen en el "agujero". Sin embargo alguien dio el chivatazo a Merryl Lynch y el comprador pudo examinar directamente las inversiones fallidas, siguió adelante con la compra pese a todo e informó en una carta a la CNMV de lo averiguado. Y no hubo más. No se anuló la venta, ni se interpusieron acciones legales. 

Más adelante la Fiscalía Anticorrupción se interesó por dicha carta, por lo que la solicitó a la CNMV. Y ésta informó de que el documento se había perdido durante los años en los que fue presidida por Juan Fernández-Armesto Fernández-España que, casualidad, era abogado personal de Francisco González y también fue nombrado por José María Aznar. 

¿Dónde localizar esa carta, entonces? Merrill Lynch, tenía una copia de la misma que había entregado al auditor de FG Inversiones, así que el juez pidió a Deloitte la documentación. Pero la auditora tampoco pudo aportar los papeles. El edificio Windsor, donde tenía su sede la también auditoria de Bankia, ardió toda una noche. "              (El Plural, 11/01/19)

 

"Un documento apunta a que Villarejo incendió el Windsor para destruir documentos del BBVA

El edificio Windsor de Madrid ardió el 12 de febrero de 2005. Un incendio que provocó infinidad de sospechas. Este martes el portal Moncloa.com publica el resumen del trabajo realizado para el BBVA por el entonces comisario José Manuel Villarejo. En ese documento se lee la frase: “Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL”.

Este documento cuestiona el suceso ya que Villarejo se atribuye presuntamente la destrucción de estos documentos clave. El incendio tuvo lugar un día después de que la Fiscalía Anticorrupción hubiese solicitado a Deloitte, cuya sede central estaba en el Windsor, la documentación sobre la auditoría a FG Valores, una investigación que podía comprometer al presidente del banco, Francisco González. Deloitte confirmó días después que la documentación solicitada se había destruido en el fuego.

El informe del comisario Villarejo se elaboró unos días después del incendio. Villarejo tiene una carpeta con la denominación "W", que recopila la información pública sobre el incendio y la investigación posterior sobre sus causas."    (SER, 12/02/19)

La "acción final" de Villarejo para el BBVA: destruir papeles en el incendio del Windsor. Rivero: “Desistí de la operación para entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”...

 "Hoy se cumplen 14 años desde que el rascacielos Windsor ardió en uno de los mayores incendios registrados en décadas en Madrid. 

Y también hoy revela Moncloa.com que este siniestro tuvo relación con los documentos que se guardaban en las oficinas de la auditoria Deloitte —comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González— y con el comisario retirado Jose Manuel Villarejo, quien en un resumen del trabajo realizado para esta entidad bancaria, anotó una "acción final" con la frase: "Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL". Después del incendio, informó a los responsables de la entidad bancaria de que los servicios para los que fue contratado se "cumplieron totalmente". De este modo, Villarejo se atribuye la presunta destrucción de estos documentos clave, por lo que esta revelación obliga a revisar este suceso.

 Los documentos eliminados formaban parte de la operación Trampa. En ella, Villarejo ayudaba supuestamente a Francisco González (FG) a evitar que los empresarios Luis del Rivero, Juan Abelló y el ex ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, le arrebataran la presidencia del BBVA.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción investigaba la venta de la cartera de valores de Francisco González a Merryl Linch, llamada FG Valores, por presuntas irregularidades, y había pedido estos documentos, ubicados en la sede de Deloitte en el edificio Windsor, justo un día antes del siniestro. Días después, Deloitte confirmó a la Fiscalía que los papeles habían sido destruidos entre las llamas.

 Lo que para entonces no se conocía era que había contratado al comisario José Manuel Villarejo. BBVA pagó a Villarejo, solo entre 2012 y 2017, unos cinco millones de euros, según informa Moncloa.com. Una cantidad abonada incluso cuando el comisario ya estaba en prisión, que ponen de nuevo el foco en el incendio del edificio Windsor. 

¿Qué sucedió realmente?

Aquella noche a las 23.08 horas del sábado 12 de febrero de 2005 se activó el sistema de detección de fuego de la Torre Windsor en la planta 21 del edificio. A las 23.30 horas las llamas envolvían la parte superior del emblemático rascacielos del corazón financiero de la capital. Días después apareció una grabación en la que se ven varias figuras en diferentes plantas del rascacielos y la declaración de Eva, una abogada que aseguró haber estado trabajando en el despacho 2.109 de la planta 21 la tarde del sábado, hasta minutos antes de declararse el incendio, y que fumaba pero que creyó haber apagado todos los cigarrillos.

A mediados de marzo la incredulidad saltó a los ciudadanos cuando el informe elaborado por los bomberos sobre el vídeo fantasmagórico grabado por un aficionado aseguraba que las siluetas que se vislumbran son un reflejo óptico de un edificio cercano, lo que contradecía al estudio realizado por la Policía científica, que indicaba que podía tratarse de personas. Nueva incertidumbre creada.

La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. Pero no fue la única. La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca, que pudo ser realizado esa noche por alguna persona para salir del Windsor, al que supuestamente accedió por otro lugar. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. 

Sin embargo, estas nuevas revelaciones podrían suponer un vuelco respecto a la versión oficial del origen del mediático incendio del rascacielo Windsor.

El juez pide los documentos sobre el Windsor

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado esta mañana a Moncloa.com la entrega de la documentación publicada hoy sobre el incendio del edificio Windsor.

Según cuenta este diario, una agente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personó poco antes del mediodía en las oficinas para hacer entrega del requerimiento judicial. "      (Público, 12/02/19)

 

 "Luis del Rivero, presidente de Sacyr en 2004, cuando trató de entrar en el consejo del BBVA, compareció ayer como testigo ante la Audiencia Nacional, que investiga las actuaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación con esta entidad financiera. 

El empresario aseguró que su operación fracasó por la campaña de acoso con difamaciones en algunos medios y tras el incendio del edificio Windsor en Madrid, que relacionó con una defensa de Francisco González, expresidente del BBVA, tras la venta de FG Valores a Merril Lynch y la posterior investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado de González sostuvo que hasta marzo no se supo que los documentos de FG Valores estaban en el Windsor por lo que cuestionó la versión de Del Rivero. También dijo que Sacyr solo tuvo opciones sobre acciones, no títulos, algo que desmintió Del Rivero diciendo que cuando vendieron los títulos obtuvieron 148 millones.

“Desistí de entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”, afirmó Del Rivero. El empresario aseguró que no quería hacer imputaciones o acusaciones directas, pero sí estableció una relación entre el incendio de la torre de la zona financiera de Madrid y el expresidente del BBVA, Francisco González. En ese edificio estaba la sede de Deloitte, la auditora que guardaba los documentos de la venta de FG Valores a Merrill Lynch, una operación que la Fiscalía Anticorrupción investigaba por posibles deficiencias contables en la sociedad de valores del banquero.

Tras el incendio no se pudieron entregar los documentos, de los que no había más copias, según la consultora. El caso quedó archivado. Ni las investigaciones de la policía ni de la justicia pudieron demostrar que el incendio fuera intencionado, ni que el incidente tuviera relación con la destrucción de documentos que sugiere Del Rivero.

Los detalles sobre el incendio

A preguntas de su abogado, explicó que tras el incendio dio orden a Société Générale para vender las acciones. Anticorrupción le pidió que aclarara la relación entre un hecho y otro. Con imprecisiones, Rivero dijo que, para él, el incendio fue una demostración de cómo se pueden hacer desaparecer documentos porque era de dominio público, “y el consejo de Sacyr lo sabía, que Anticorrupción investigaba los papeles de la compra de FG Valores por parte de Merrill Lynch”.

El abogado de González le preguntó si en el consejo de Sacyr se habló del incendio del Windsor como un motivo para deshacer la operación. Del Rivero no lo aclaró. A continuación le cuestionó su teoría al decir que hasta marzo no se supo que los papeles de FG Valores estaban en el Windsor por lo que no era posible que en febrero desistiera de la operación por este motivo. El constructor aseguró que él tenía sus fuentes y que sí sabía en aquel momento que ahí estaban los papeles que reclamó Anticorrupción.

 El letrado que defiende a González cuestionó la capacidad financiera de Sacyr para hacer la operación y le recordó los hechos relevantes en donde la constructora decía que tenía opciones. El constructor admitió que eran opciones sobre acciones y que la compra real de títulos era del 0,4% del BBVA.

Ante la insistencia en que no tenía títulos sino opciones, Del Rivero aseguró que tuvo un préstamo sobre acciones pignoradas de Sacyr que le daba derecho a títulos del banco: “La prueba es que tras la venta, tuvimos un beneficio real de 148 millones”. El abogado de Villarejo también le cuestionó su falta de recursos. El exdirectivo de Sacyr replicó que poco después invirtieron “más de 6.000 millones en acciones de Repsol”. “Sí teníamos músculo financiero”, añadió.

Neguri y Sacyr sumaban el 9% del BBVA

Del Rivero afirmó que junto a los viejos accionistas del BBVA, 82 familias vascas que aportarían casi otro 5%, podían reunir hasta el 9% del capital. Su intención era pedir de tres a cinco consejeros en el BBVA. Recordó que Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero del BBVA, les dijo que para tener un consejero necesitaría el 6,6% del capital y que si llegaban al 10% les exigiría lanzar una opa porque consideraba que era posición de dominio, aunque el límite legal para opas era el 25%.

Para Del Rivero este argumento choca con el hecho de que de todo el consejo del BBVA, “solo Telefónica tenía el 1% de las acciones”. “Todos los demás consejeros no tenían nada y a nosotros se nos exigía tanto. Creo que la actuación del gobernador fue premiada después cuando se le hizo consejero del BBVA”, afirmó.

Respecto a otras razones que acabaron con la operación, Del Rivero aseguró que fue “la campaña brutal que realizaron varios medios de comunicación, con falsedades” como atribuirle delitos ecológicos y robo de agua en Murcia, “que publicó El Mundo en primera página y otras informaciones de El Confidencial y ABC “que me demostraron la gran capacidad de penetración de Villarejo en estos grupo”.

También declararon los principales ejecutivos que acompañaron a Del Rivero. Todos dijeron que lo peor fue “la campaña mediática salvaje de todos los medios”. El magistrado, Manuel García Castellón, preguntó a varios de los testigos si la campaña fue general o más de unos medios de derechas o de izquierdas. Coincidieron en señalar que fue general, “alimentada por González y el banco”, indicó José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA que fue obligado a dimitir por el entonces presidente tras conocerse las inversiones del banco en Jersey. En su opinión, la operación fracasó por ese acoso contra su reputación. “Hasta mis escoltas se dedicaban a espiarme”, dijo.

Miguel Sebastián, exdirectivo del BBVA y director de la oficina económica de La Moncloa en 2004, negó la participación del Santander en la operación, como sugirieron los papeles de Villarejo. Aseguró que fue víctima de una campaña mediática de desprestigio dirigida por el banco que le perjudicó profesionalmente cuando optó a otros trabajos y que fue atacado al hacer pública su homosexualidad. “No lo he ocultado en mi círculo privado, pero no es algo que me gusta hacer público. Me dijeron que el presidente del banco me estaba buscando novios, pero no los encontraba porque no hacía más que trabajar”, comentó.

Asaltos a la CNMV y a la casa de Arenillas

Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV, también declaró como testigo con uno de los relatos más duros de la jornada. Comentó lo que entiende que fue el resultado de la actuación de Villarejo por orden del BBVA: un asalto a la sede de la Comisión en julio de 2005, otro a su vivienda en diciembre de 2004, varios seguimientos físicos a su coche —la policía nunca aclaró quiénes los hicieron— y pinchazos de su móvil. En su opinión, estas actuaciones que se hacían con cierto exhibicionismo buscaban mandar el mensaje de que ellos podían llegar a todos los sitios, “transmitir la sensación de que éramos vulnerables”.

Arenillas también citó la existencia de una denuncia falsa contra Intermoney, su anterior empresa, que la CNMV investigó, aunque el entonces presidente, Manuel Conthe, no le informó. No supo de la existencia de esta denuncia falsa, “de la que habla Villarejo y Julio Corrochano, el exjefe de Seguridad del BBVA en varias ocasiones en las grabaciones, hasta que Conthe abandonó la CNMV y me lo contó algún funcionario”, dijo. Y añadió: “Fui hostigado por varios medios y sufrí acoso político”.     (Iñígo de Barrón, El País, 14/04/21)

Villarejo advirtió al BBVA de que los ataques de Inda al banco se debían a la escasa inversión publicitaria en su web

 "Eduardo Inda figura como "perjudicado-espiado" en la causa Tándem o caso Villarejo que instruye la Audiencia Nacional; concretamente, en la pieza IX (BBVA), que investiga 13 años de contratación del comisario encarcelado José Manuel Villarejo con la entidad.

Como muchos otros "perjudicados" personados en este caso que está abriendo en canal la forma de operar durante décadas de varios sectores de la sociedad, Inda basó su petición de ser considerado "víctima" de Villarejo en un supuesto acceso ilícito (que se supone que no es consentido por Inda) a sus comunicaciones telefónicas durante un periodo determinado, que tendría por objeto la confección de un documento incautado a Villarejo y a su segundo, Rafael Redondo, cuando ambos son detenidos en noviembre de 2017.

El documento en cuestión son en realidad tres archivos: un informe titulado "Gossip-29.1.16-IF.doc" y dos anexos etiquetados como "Anexo I. 29.1.16.doc" y "Anexo II 29.1.16.doc". Los tres documentos están fechados el 29 de enero de 2016, y la data última de modificación es el 10 de febrero del mismo año. Villarejo se los envía a Rafael Redondo el 31 de enero de 2016, pidiéndole que los revise y se los entregue a Julio Corrochano, entonces Jefe de Seguridad del BBVA e intermediario del comisario con el banco en los negocios que compartían.

 En la portada del informe "Gossip" se especifica que éste es solicitado por el "cliente K" (BBVA) el 7 de octubre de 2015, tras haberle remitido Villarejo un "avance de 5 de octubre de 2015". Los dos primeros epígrafes ("I. Origen" y "II. Antecedentes") explican textualmente el detonante del "proyecto encomendado" (o a encomendar): un artículo de Okdiario de 30 septiembre de 2015 titulado "Francisco González perdonó 312.000 euros al ministro que le había nombrado: Rodrigo Rato". En dicho artículo se acusa al entonces presidente del BBVA, Francisco González, de haber condonado supuestamente un préstamo a Rodrigo Rato quince años atrás (en 2000). El presunto delito estaría por tanto prescrito y no tendría relevancia penal alguna; sin embargo, Villarejo lo traduce a su cliente como el inicio de una campaña mediática instigada por hipotéticos enemigos de Francisco González.

 Como justificación de la indagación que el comisario lleva a cabo sobre los posibles filtradores del contenido del artículo, en el informe "Gossip" Villarejo facilita a su "cliente K" un perfil de Inda y de su supuesta agenda de contactos. Dibuja al periodista como una persona con "poder", con incontables relaciones de doble dirección (como fuentes y como altavoces) y por eso insinúa incluso la idea de contentarle con una oferta de inversión publicitaria no "mezquina", que es como Villarejo califica el volumen de inversión que BBVA había ofertado a Inda, y que según el comisario no motiva al director de Okdiario "para dejar de publicar en contra [de BBVA]". La web okdiario.com había nacido el 23 de septiembre de 2015; es decir, siete días antes de publicar la información sobre Francisco González.

Villarejo resalta en su dossier el hecho de que, a pesar de ser un medio recién nacido, este artículo fuera "profusamente reproducido" por La Sexta, cadena de la que el periodista es colaborador habitual y que, según el comisario, actuó como "caja de resonancia" de dicha información.

 "Se detecta el inicio de la acción contra K una vez que el medio digitá (SIC) OKDIARIO.ES, propiedad del periodista EDUARDO INDA (EDI) publicara el 30/09/15 bajo la firma de FRANCISCO MERCADO…". "La SEXTA TV actuó a modo de caja de resonancia…", puede leerse en el informe del comisario.

La información de Okdiario se publica seis días antes de que Villarejo hiciera llegar el "avance" del informe a su cliente.

El artículo de ‘OKdiario’: ¿el huevo o la gallina?

El comisario, hoy ya jubilado, habla en "Gossip" de un proyecto y dossier "ya encomendado", y no de un "proyecto a encomendar". Sin embargo, no hay constancia de que se le hiciera tal encargo: no existe correo, contrato, factura o cobro que mencione nada de este asunto más allá de los correos de Villarejo a Redondo (en los que no hay interacción alguna de Corrochano).

 Esta ausencia de documentación abre el interrogante de si la iniciativa del encargo de servicios a Villarejo partió de BBVA tras el artículo de la web de Inda o si fue en realidad una argucia del binomio Villarejo-Corrochano (para el que se investigan comisiones supuestamente recibidas del comisario en forma de muebles y otros conceptos) para lograr luz verde a una nueva contratación del comisario por parte del banco. En otras palabras, ¿se utilizó el artículo de Okdiario para generar la ‘urgencia’ a BBVA de contratar a Villarejo con el fin frenar esa supuesta campaña mediática contra Francisco González? Es decir, ¿se utilizó el artículo de la web de Inda para una estrategia de automarketing del comisario?

La última contratación de Villarejo con BBVA había tenido lugar en diciembre de 2014. Después hubo dos facturas más sin el amparo de un contrato y sin relación con el tema de este informe, y el comisario no vuelve a conseguir un nuevo contrato hasta junio de 2016, apenas cinco meses después del informe "Gossip". Varios indicios apuntan a una posible actuación coordinada para incentivar una contratación y alguna otra contraprestación:

a) La situación de sequía en la que se encontraba Villarejo con BBVA y el resto de sus clientes a raíz de que su nombre y negocios fueran destapados por Público y por Javier Ayuso (El País), le impelía a ser agresivo en términos de contratación y de buscar el cobro de facturas ya emitidas. Si quería seguir manteniendo oficinas, empleados y nivel de vida, necesitaba contratar, cobrar y hacerlo, además, en España. Repatriar capitales desde el extranjero era arriesgado siendo ya el foco de todas las miradas. 

Los seguimientos comerciales quincenales que Villarejo y su equipo realizan para sus reuniones internas dan fe de su interés en activar nuevas contrataciones con BBVA, como se desprende de los archivos de "seguimiento" de septiembre de 2014 a abril de 2015 incautados a Redondo. No es hasta junio de 2016 que BBVA por fin le firma el nuevo contrato sobre "seguridad y entorno", y nada menos que por 50.000 euros al mes a cambio de "alertas diarias" e informes de 'riesgo país' elaborados con noticias de prensa y comunicados oficiales de acceso público.

 b) La estrategia de automarketing no es nueva. Son recurrentes párrafos similares sobre el "peligro de la prensa" en "informes preliminares" realizados tanto para BBVA como para otros clientes, ya se trate de información verdadera o falsa. Son tantos los ejemplos, que de recogerlos todos esta información sería interminable; a continuación, una muestra de esa estrategia a la que el propio Villarejo bautizó como "currarse el espanto" de la que ya informó Público en informaciones sobre la pieza Land.

 c) El Informe "Gossip", elaborado para supuestamente conocer la trastienda de Inda, no incluye sin embargo información relevante sobre sus negocios y que, además, es accesible para cualquiera en bases de datos públicas.

Es cuando menos curioso que el propio Inda no se haya hecho eco en su web de la totalidad de este informe "Gossip", pantalleando solo selectivamente en las ocasiones en que ha alardeado de su personación como "perjudicado" en Tándem.

 Objetivos: ¿publicidad más honorarios de protección? La fundación Zagatka

La última frase del informe "Gossip", con la que se cierra el último epígrafe ("Conclusiones"), es para afirmar que la escasa oferta de inversión publicitaria ("mezquindad", en palabras de Villarejo) por parte de BBVA en la recién nacida web de Inda ha provocado en éste la reacción contraria a la que, según Villarejo, se pretendía (que dejara "de publicar en contra" [de Francisco González]). Y le sirve al comisario para autoproponerse como "enlace" entre BBVA y Okdiario, "toda vez que el propio periodista ha comentado que no hay química con las personas del banco". Es importante recordar que la web de Inda tenía una semana de vida cuando publica el artículo contra Francisco González.

 El anexo I de "Gossip" contiene una relación de empresas y personas entre las que figuran la Fundación Zagatka -vinculada al rey emérito- y Shaphari Zanganev, la iraní que trabajó para el consorcio del Ave a La Meca. Villarejo advierte en el informe de que ambas son sospechosas de blanqueo y de que existe información sobre las mismas que circula ya por las redacciones debido a filtraciones. El informe y anexos están fechados el 29 de enero de 2016; es decir, meses después de que Villarejo se viera con Corinna Larsen en presencia de Juan Villalonga.

Sin embargo, ningún medio publica nada sobre la Fundación Zagatka hasta tres años después, y es precisamente la web de Inda la que lo hace; eso sí, citando como fuente el sumario del juzgado suizo. Pero, curiosamente, cuando publica sobre el informe "Gossip" y su personación como "víctima de Villarejo" cita la existencia de un Anexo I, pero no describe su contenido.

No se entiende muy bien el encaje del Anexo I con el contenido del informe "Gossip", cuyo objetivo supuestamente era advertir de peligros para el BBVA y su presidente. Por las fechas del dossier (enero de 2016), el objetivo de dicho anexo podría ser hacer ver a BBVA la capacidad de Villarejo de filtrar información de alto voltaje o bien hacer las veces de "aviso" de lo que podían encontrarle a Villarejo si era detenido y registrado, ya que en esas semanas el juzgado del Caso Nicolás comenzaba la investigación por la grabación ilegal al CNI y su posterior difusión, y el asunto afectaba tanto a Inda como a Villarejo. Pero tendrá que ser la investigación la que determine las razones de la inclusión en este informe "Gossip" de dicho Anexo 1.

 Más usos del informe "Gossip"

Villarejo y Asociados nunca desaprovechan la ocasión para hacer doblete o triplete, sus tejemanejes y producciones literarias siempre son multipropósito o multicliente. Así es frecuente que, en previsión de una difusión futura, un documento suyo incluya acusaciones falsas a terceros o versiones suyas de historias, aunque no vengan a cuento. Las mete cual zapato de cristal a las hermanas de Cenicienta. Es una forma como otra cualquiera de asentar leyendas urbanas con las que atacar a sus enemigos, preparar otro "encargo" o dar cambiazo a alguna historia en la que le hayan pillado.

Y este "Gossip" no es excepción: incluye inventiva difamatoria sobre Javier Ayuso y Jaume Roures, a los que describe de forma delirante como "confidentes" o "contactos" de Inda, "aunque suene contradictorio". Público y Javier Ayuso (El País) eran por entonces los únicos que desvelaban los tejemanejes de Villarejo y sus cómplices. Ayuso había sido previamente director de comunicación de BBVA entre 1997 y 2009, algo que Villarejo utiliza para intentar justificar un supuesto desencuentro entre él mismo e Inda, escribiendo que Javier Ayuso avisa a Inda de que "Villarejo ha sido contratado por BBVA para investigarle". Ayuso niega haber mantenido contacto alguno con Inda y Roures los limita a contadas interacciones y siempre por asuntos profesionales cuando Inda era director de Marca.

El uso de los medios con "apretones"

No hay más que leer dos o tres de los "informes preliminares" que Villarejo entregaba a sus "clientes" para captar que una palanca fundamental para conseguir contratar y cobrar era el uso de los medios de comunicación; y otra, su supuesta y cacareada mano en la UDEF y en la Audiencia Nacional. Tanto el juzgado del Caso Nicolás cuando lo dirigía el magistrado Arturo Zamarriego como la Fiscalía del Caso Tándem destacan la frecuencia y número de contactos entre Villarejo y Asociados y un alto número de redactores de las secciones de Interior, Tribunales y de "investigación" de diferentes medios de comunicación.

No es casualidad que el primer expediente a Villarejo del que se tiene constancia por filtrar datos de una investigación se remonte a 1979 (el dato se incluía en un documento publicado en primicia por Público). Era un caso de asesinato y el periodista fue imputado. Y tampoco es fruto del azar que Villarejo buscase poder policial y ganancias por la vía de dirigir un sindicato y asegurarse el control de la primera revista de esta organización sindical, Tribuna Policial, en la que se situó como "gerente accidental", según la base de jurisprudencia del Consejo del Poder Judicial, y que tuvo que ser clausurada en 1983 con Villarejo expedientado por un asunto grave tras, según sentencias en todas las instancias, comprobarse un "déficit" a la par que ingresos millonarios por publicidad solicitados y cobrados irregularmente a empresarios. En 1983 es precisamente cuando solicita la "excedencia"; aún está por ver si se formalizó debidamente.

Tuvo clara la estrategia. Como explica a Julio Corrochano en una conversación de 1 de abril de 2005, creaba la necesidad en el "cliente" o víctima sacando una primera noticia en un diario tipo "confidencial" de impacto limitado para, seguidamente, plantarse delante de la persona objetivo con el artículo y un relato inquietante sobre que era el inicio de una serie de filtraciones futuras en medios nacionales. Cuando se le pregunta por qué no empezar con un diario de gran tirada en aquella época (como El Mundo), Villarejo lo razona así:

"…si tú le amenazas con irse con el tema al Confidencial y el tío lo lee, y dices 'como no [como no accedas a lo que te pido], te saco en El Mundo' , y..." y entre interrupciones de Corrochano Villarejo continua con la lección...."y..y si le sacas…"  "Y si le sacas en ElMundo ya no lo puedes…"  "…amenazar con nada".

 Es decir, Villarejo presiona avisando desde digitales periféricos, pero deja margen para poder ofrecer el antídoto bajo pago. Su negocio consistía en anunciar una bomba a su cliente o "víctima" y ofrecer su desactivación por un precio en efectivo o especie; por eso, si la bomba explotaba el primer día haciendo uso de un medio grande, se quedaba sin nada que ofrecer... y que ganar."              (PIlar l. González de lara / Patricia López, Público, 14/07/20)