Pocos personajes han retratado mejor a las élites políticas y empresariales de este país que el Pequeño Nicolás: para ser parte de ellas, a veces basta con fingirlo... aunque sea al estilo Groucho Marx...Tres años de cárcel para El Pequeño Nicolás por hacerse pasar por emisario del Rey

 "Al entrar en la cárcel por practicar un reconocible modo de estar español en ciertos círculos (presentarte siempre de parte de alguien o diciendo que lo tratas “mucho”, la apariencia social como pasaporte profesional, decir quién te está llamando cuando coges el teléfono en la mesa, etcétera) Francisco Nicolás Gómez Iglesias (El Pequeño Nicolás en los periódicos) podrá perfeccionar ahora ese modo de estar hasta extremos impensables. Si en los colegios caros y en las juventudes de un partido puede tejerse un adolescente una red de contactos tan grande como la de un ministro, en prisión se encontrará de golpe con los dos ambientes y el que le faltaba, el de los sicarios. “Ya estamos todos”, como le dijo un jugador del Madrid a otro cuando les estaban pintando la cara en Turín y vieron que entraba en el campo Freddy Rincón.

 Pocos personajes han retratado mejor a las élites políticas y empresariales de este país que el Pequeño Nicolás: para ser parte de ellas, a veces basta con fingirlo. Hasta el extremo que dé igual tu edad, a la manera de Groucho Marx: “Esto lo podría hacer hasta un niño de dos años, traedme a un niño de dos años”. Define tanto a una sociedad quien consigue medrar en ella como a costa de quiénes lo consigue, y esa es la vieja lección que enseña involuntariamente el condenado. Enseña todo lo que se le puede hacer bien vestido a unos señores impresionables que tienen ganas; ganas de conocer a la gente que el Pequeño Nicolás les decía que conocía; ganas de hacerse con contratos que el Pequeño Nicolás les decía que conseguiría; ganas de entrar en palacios, estadios y salones a los que el Pequeño Nicolás entraba y les prometía que entrarían. Todo ello mientras esquilmaba uno a uno con promesas de inversiones o sin ellas, sólo por favores futuros o por diversión, préstamos personales que configuraban una bellísima estafa piramidal basada en la confianza y el cariño, dos emociones tan desconocidas en ese mundo que nadie sabía luego cómo recuperar el dinero.

“Me mandaron a un colegio en el que todos eran ricos menos yo. Me dije: ‘Tengo que tener ese nivel de vida”, le dijo Francisco Nicolás Gómez a Pablo Ordaz. Es una frase brillante que está detrás del origen de grandes obras de la literatura universal, de condenas a prisión y de asesinatos célebres. También de carreras profesionales hechas a base de resentimiento, que suele ser un combustible potentísimo. “Lo enviamos a un colegio elitista porque queríamos que se hiciera con amigos importantes”, dijo su madre en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que es donde se pronuncian estas frases. Ella y tantos saben que la primera consecuencia de entrar en un círculo exclusivo es creer que perteneces a él.

 “Vales lo que vale tu agenda”, “¿sabes con quién estás hablando?”, “tengo que presentarte a alguien”, “pórtate bien con mi amigo”, “si entras tú, sacamos el doble”, “soy el relaciones” (esto se lo dijeron a una amiga hace poco, luego supimos que para hacerse respetar; ella entendió que era conocido como El Relaciones de igual manera que también existe El Rulas). Este fenómeno, que es un fenómeno muy madrileño, tiene consecuencias también muy madrileñas, que casi nunca son las que ha sufrido el Pequeño Nicolás porque él, al contrario que los pequeñosnicolases con los que fue a parar, no era rico, y hay lugares en Madrid en los que sólo es rico quien tiene unos padres ricos, da igual lo rico que sea él. Se llama clase social y no se entra con invitación."               (Manuel Jabois, El País, 21/07/21)

 

 "Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, suma una nueva pena de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen, según han confirmado fuentes de su defensa a EL PAÍS.

 El acusado, de 27 años, que se sentó en mayo en el banquillo por dos de los cuatro juicios que tenía pendientes, ya fue sentenciado el pasado 2 de junio a otro año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo se presentase en su nombre al examen de Selectividad.

Según esta nueva resolución, avanzada por la agencia Efe y que la defensa tiene pensado recurrir, la sección 17 de la Audiencia de Madrid considera al Pequeño Nicolás culpable de dos delitos: uno de usurpación de funciones públicas, por el que le impone una pena de nueve meses de cárcel; y otro de cohecho activo, por el que dicta dos años y tres meses de encierro en un centro penitenciario. La Fiscalía pedía, en cambio, que se le condenase a siete años de prisión, pero los jueces han aplicado finalmente las atenuantes “de anomalía psíquica y dilaciones indebidas”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También han descartado el delito de falsedad documental, que solicitaba la acusación pública.

El episodio de Ribadeo se produjo en el verano de 2014, apenas dos meses después de la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo Rey de España. Para entonces, según los jueces, Gómez Iglesias ya se había “introducido en determinados círculos relevantes”. Tanto políticos y de la Administración del Estado, como empresariales. En este contexto, el 13 de agosto de aquel año, una comitiva de vehículos partió del paseo de la Habana de Madrid rumbo al municipio de Lugo. En su interior, viajaba El Pequeño Nicolás, junto a dos policías locales, Jorge González y Carlos Pérez, que también se sentaron en el banquillo, acusados de cooperar con él. A estos dos últimos, entre otras funciones, se les atribuyó que simularon labores de vigilancia y escolta para ayudar con el engaño. Pero solo ha acabado condenado González a tres años de prisión por cohecho pasivo (al recibir “una cantidad no concretada”, según el tribunal), mientras que Pérez ha resultado absuelto (al no haberse probado que “hubiese pactado una retribución”).

Días antes del viaje, El Pequeño Nicolás había contactado con las autoridades municipales para avisar de que acudiría una persona cuya identidad no podía revelar “por razones de seguridad nacional”. Y a Jorge Cosmen, además, le dijo que le acompañaría “alguien muy importante de la Casa Real”, según aseguró el empresario durante la vista oral.

El juicio, celebrado el pasado mayo, puso sobre la mesa los tejemanejes del joven en aquellos días. No solo el presidente de Alsa insistió en que Gómez Iglesias se le presentó como “enlace” entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real —incluso, durante la comida, fingió que recibía una llamada de Sáenz de Santamaría, según contó Cosmen—, sino que otros testigos apuntaron en la misma dirección. Tanto el jefe de la Policía Municipal de Ribadeo como el presidente del Club Náutico de la localidad gallega, donde se encuentra el restaurante que acogió el almuerzo, aseguraron que días antes recibieron sendas llamadas del Pequeño Nicolás donde se identificó de la misma forma. Su engaño adquirió tal dimensión, que varios coches de la policía local escoltaron a la comitiva a su llegada a Ribadeo.

Sin embargo, Gómez Iglesias optó por echar balones fuera durante la vista oral. El joven negó que se hiciese pasar por emisario del Rey y del Gobierno: “Yo quería parecer una persona importante, nunca una autoridad […] De hecho, ese cargo no existía”, insistió ante el tribunal: “Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo”, dijo: “Quería asemejarme a los mayores y hacerme creer poderoso, parecer una persona importante”. Pero la Abogacía del Estado, que también lo acusaba, le reprochó su actitud: “Se atribuyó la condición de secretario de Estado, de director general o de subdirector, (...) porque todos los miembros del gabinete de la vicepresidenta tienen esa condición”.

“Trastorno de la personalidad”

El tribunal considera que las maniobras del acusado estuvieron condicionadas por un “trastorno de la personalidad” que padece, según creen probado los magistrados, que le atribuyen “características narcisistas y de rasgos inmaduros”. Los magistrados también aprecian un “trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, situación que le condicionaba la percepción de la realidad, limitando levemente sus facultades cognitivas”. “Solo desde la manifiesta inmadurez propia de los pocos años y de la existencia de determinado trastorno, que habría de generar una interpretación peculiar de la realidad, puede darse explicación a la actuación que protagonizó Gómez Iglesias llevando a cabo el delito de usurpación de funciones”, remacha la Audiencia Provincial: “Porque, por un lado, estaba condenado a descubrirse. Y, por otro, solo desde el punto de vista del trastorno psiquiátrico podría explicarse su comisión”.

Además de las dos sentencias que ya acumula por los dos juicios celebrados en mayo, El Pequeño Nicolás tiene otras dos causas pendientes. La primera, por la supuesta estafa a un empresario de Toledo haciéndose pasar por asesor del Gobierno, en la que el ministerio público solicita para él seis años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa. Y la segunda, por obtener datos de policías y del Ayuntamiento de Madrid a cambio de favores, todo con la intención de hacerse pasar por un alto cargo del Estado para ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero; donde la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión.

Descargue aquí la sentencia completa"                (J. J. Gálvez, El País, 20/07/21)

La cara B de Moreno: vídeos de sus invitados, una sala acorazada y el amante-testaferro... los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas imágenes

 "Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que registraron este martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte. Al lado de un gimnasio, una piscina climatizada y una sauna había una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada, con doble hoja de entrada, por la que era posible caminar sin agacharse. Ahí guardaba Moreno dinero, documentos y otros secretos, aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

El productor había contado a su círculo de confianza que en esa habitación del sótano escondía decenas de grabaciones de las fiestas privadas que había organizado durante décadas. Cenas y bailes en el interior del número 15 de la calle de Retama que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y que a veces terminaban en la piscina climatizada. Fuera, en el jardín, tenía otra con forma de lágrima. “Decía continuamente que tenía acceso a gente muy poderosa, y que tenía grabaciones de gente muy importante que había pasado por su casa en las que se les veía en situaciones comprometidas”, asegura a este diario una persona que estuvo vinculada a sus negocios. “Uno de los que hablaba continuamente era Silvio Berlusconi, con el que afirmaba tener una estrecha amistad de su época en la televisión italiana”.

Este testigo, que estuvo varias veces en su mansión, explica que Moreno siempre recibía en chándal y que en las distancias cortas era una persona que contagiaba su ilusión por los proyectos que tenía entre manos. “Tenía una enorme capacidad de trabajo, pero su faceta artística parecía solo una excusa para conseguir más y más dinero. Estaba obsesionado con el dinero y con mantener su altísimo tren de vida. Luego, tras esas primeras conversaciones, descubrías que era en realidad un déspota sin escrúpulos. No tenía ningún problema en dejar de pagarte. Te pagaba hasta que ya no le eras útil”, cuenta esta fuente. 

 La propia mansión de Boadilla, valorada en unos cuatro millones de euros, era una metáfora de la doble vida del 'showman'. El terreno ocupa una superficie de 11.114 metros cuadrados. La zona de vivienda se divide en dos áreas que suman 1.150 metros construidos. Además de las piscinas climatizada y exterior, en la zona de atrás de la finca hay una pista de tenis de tierra batida. A Moreno le encantaba practicar ese deporte. En la planta principal había un piano, dos despachos y una sala de audición de películas. Pero todo era fachada. La vivienda tenía pendiente una hipoteca que el presunto cerebro de la operación Titella llevaba tiempo sin pagar. Y Hacienda había embargado la propiedad.

 Incluso cuando sus empresas acumulaban deudas con Hacienda superiores a los cinco millones de euros, Moreno siguió viajando por todo el mundo en aviones privados, se iba de vacaciones a destinos de lujo y tenía en su casa mayordomo, chófer, cocinera y personal de limpieza. Llegó a deberles varias nóminas, pero no se marcharon porque confiaban en que algún día les pagaría los atrasos. Decenas de actores, presentadores y profesionales del mundo audiovisual se encontraban atrapados en esa misma rueda.

Uno de los más fieles escuderos del ventrílocuo era Martin Czehmester, un modelo checo que vivía con Moreno aunque tenía su propio apartamento dentro de la mansión. Era su pareja, su escolta, su actor fetiche (aparece en decenas de producciones de Moreno, desde ‘Noche de fiesta’ a ‘Escenas de matrimonio’, pasando por ‘Planta 25’y ‘Sábado sensacional’) y también uno de sus principales testaferros, según explican a este diario fuentes próximas a la investigación. Czehmester aparece como apoderado y administrador en varias de las mercantiles presuntamente utilizadas por el empresario para estafar dinero a inversores a los que seducía con la promesa de salir en los créditos y participar en los beneficios de series y programas de televisión que alcanzarían prestigio internacional.

 El nombre de Czehmester figura tras uno de sus últimos proyectos, Dreamlight International Productions SL, una productora creada en el verano de 2018 tras asociarse con el industrial argentino Alejandro Roemmers, hijo de una de las mayores fortunas de ese país. Los presentó el periodista Luis María Ansón, con quien Moreno hablaba a diario. Aunque tenía la vida resuelta, Roemmers soñaba con convertirse en un escritor y poeta de éxito, y Ansón le convenció de que Moreno podía ayudarle a ganar hasta el Premio Nobel de Literatura.

Roemmers cayó seducido por esa idea y el resto de proyectos de Moreno. Al inversor argentino le fascinaba la figura de Francisco de Asís, así que el productor de TV montó un musical en Bilbao centrado en la vida del santo católico que llamó 'Franciscus'. Fue su gran tarjeta de presentación ante el nuevo inversor. Para terminar de convencerle, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su nuevo socio. El ahora detenido fletó un autobús y trasladó a 54 trabajadores de sus empresas hasta la capital vizcaína para que se hicieran pasar por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos para que llenaran las primeras sesiones del musical en el teatro Euskalduna. El inversor volvió a Argentina decidido a apostar por Moreno aunque, poco después del estreno, la asistencia empezó a caer y la obra ya no viajó a otras ciudades. 

 Para empezar, Roemmers puso 12 millones de euros en Dreamlight. Debían servir para costear la primera serie que tenía Moreno entre manos. Se llamaba 'Resplandor y tinieblas' ('Glow and Darkness') e iba a rodarse plenamente en inglés. El creador de personajes como Rockefeller, Monchito y Macario anunció la producción por todo lo alto en enero de 2020. Dijo que contaría con un presupuesto de 270 millones de euros, seis por capítulo, más que 'Juego de tronos' en su primera temporada.

Moreno empezó a grabar. Cuando se terminaba el dinero pedía más. El inversor argentino entregaba otra remesa y volvía a sonar la claqueta. Hasta que volvía a acabarse el presupuesto y Moreno pedía más. La dinámica siguió hasta que Roemmers soltó casi 50 millones de euros. La relación marchaba bien por entonces. Eran íntimos amigos. La participación del industrial en Dreamlight aumentó hasta el 70% de las acciones. Compartían proyectos e incluso se iban juntos de viaje a las Maldivas con otros acompañantes. Pero la situación empezó a torcerse el pasado diciembre.

 Fuentes próximas a Roemmers explican a El Confidencial que Moreno se comprometió a entregar en esa fecha los 10 primeros capítulos de 'Resplandor y tinieblas'. Después, dijo que tendría listos tres. Luego, que uno. Y finalmente, llegó diciembre y no facilitó ni un solo episodio. En ese momento, el industrial latinoamericano empezó a sospechar y estableció un control más estricto de su dinero. La serie debía haberse estrenado en marzo, pero en estos momentos no hay ni un solo minuto listo para su emisión. Tampoco hay ningún acuerdo firmado con cadenas o plataformas para su venta. Entre los detenidos en la operación Titella se encuentran dos sobrinos de Moreno que le representaban en Dreamlight, además del propio Czehmester.

 No era la primera vez que Moreno recurría a personas de su confianza para iniciar nuevos proyectos. En 2017 empezó a grabar una serie para TVE. Se llamaba ‘Aquí mando yo… y punto com’. Montó un enorme escenario en sus naves de grabación de Moraleja de Enmedio (Madrid), también embargadas por Hacienda. Pero el ventrílocuo no podía trabajar directamente para el ente público por sus problemas con el fisco. “Afirmaba que tenía un contacto en RTVE con el que había pactado la serie, pero que le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo”, relata el contacto que conocía sus negocios. Lo cierto es que, en 2016, la corporación pública ya había provocado una polémica por contratar con Moreno la emisión de la serie 'Reinas' a pesar de que no estaba al corriente con la Agencia Tributaria.

Para evitar un nuevo problema, Moreno ideó otro sistema. RTVE adjudicó la emisión de ‘Aquí mando yo… y punto com’ a Amiguetes Entertainment SL, una empresa del director Santiago Segura, que había colaborado con el productor en varias entregas de 'Torrente'. Posteriormente, Amiguetes Entertainment SL cedió los derechos de emisión a una sociedad pantalla de Moreno, Integral Mundox Producciones SL, que se encargó de ejecutar el rodaje. El nombre del 'showman' no aparecía por ninguna parte, “aunque tenía tanto ego que no pudo aguantarse las ganas de anunciar que era un proyecto suyo”, cuenta a El Confidencial la fuente de su entorno.

 Como en otras ocasiones, Moreno pedía anticipos a RTVE para elaborar capítulos. Cuando se terminaba el dinero, reclamaba más y empezaba a grabar de nuevo. Así sucesivamente. Sin embargo, su plan se vino abajo con la moción de censura de Pedro Sánchez. Los responsables del ente público de la etapa de Mariano Rajoy fueron destituidos y el productor se quedó sin el contacto con el que había acordado la serie. Nunca se emitió ningún episodio.

Roemmers fue la siguiente tabla que encontró en pleno naufragio. Las escuchas telefónicas efectuadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional revelan que seguía manteniendo un elevado nivel de interlocución con directivos del mundo audiovisual, periodistas, empresarios y políticos. Los investigadores tendrán que reconstruir ahora todas esas operaciones. La existencia de posibles grabaciones furtivas de los asistentes a sus fiestas llevaría el caso a otra dimensión. En su entorno, están convencidos de que los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas supuestas imágenes."                  (José María Olmo ,Beatriz Parera , El Confidencial, 01/07/21)

Las 4.000 víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’

"El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil en la Operación Lubido-Hezurra se acerca a las 4.000. Así lo destaca un escrito remitido por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de afectados y su extensión a “la práctica totalidad del territorio nacional”.

El sumario, que permanece en gran parte secreto, acumula más de 25 tomos y en él están imputadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel. En la causa se investigan delitos de extorsión, amenazas, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y organización criminal.

La trama de sextorsión ahora investigada es descrita por la Guardia Civil en uno de los primeros informes incorporados a la causa como “un grupo criminal organizado” dedicado al chantaje sexual a personas que habían contratado o intentado contratar los servicios de prostitutas a través de la web pasion.com. Los investigadores recogían en aquel documento policial que la red podría llevar actuando “incluso años” y ya hablaban de “centenares o miles de víctimas”, aunque aún sin concreción.

La Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la misma tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas, quienes —ante el temor de ser descubiertos por familiares y parejas su consumo habitual o esporádico de servicios sexuales— realizan desembolsos de diversas cantidades en una o en varias ocasiones”. Para conseguir sus objetivos, la red amenaza a las víctimas con enviar a sus domicilios a los supuestos integrantes de un grupo mafioso de Europa del Este para darles una paliza o, incluso, matarles si no pagaban. “En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, le dicen a un hombre al que reclamaban 450 euros.

‘Mulas’ para cobrar

“Es ese temor a un mal que creen factible el que logra paralizar a las víctimas y conlleva el pago de las sumas solicitadas, llegándose a superar, en algunos casos, los varios miles de euros”, destacan varios informes de la Guardia Civil, que recogen el caso de una víctima que entregó a la red 25.000 euros. Cuando se produjeron los primeros arrestos, las pesquisas apuntaban ya a que la red de chantaje sexual había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”. Para cobrar estas cantidades, los presuntos extorsionadores habían montado un entramado de cuentas a nombre de testaferros para recaudar el dinero sin que se les pudiera conectar con los chantajes. 

A través de una familia del conflictivo barrio valenciano de La Coma, coordinaban una red de mulas, personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir los ingresos a cambio de una pequeña comisión: de cada 1.000 euros, 50 eran para el coordinador y otros 50 para la mula. El dinero se retiraba de inmediato de las cuentas, la mayoría de las veces sin dejar siquiera el rastro de una tarjeta, sino mediante un código. Uno de los implicados llegó a mover “en unos pocos meses” más de 250.000 euros, de los que 233.000 salieron enseguida hacia cuentas abiertas por personas con pasaportes de Malawi, que los investigadores sospechan que son falsos.

La Guardia Civil conoció la existencia de la trama en abril de 2018, cuando una de las víctimas denunció en el cuartel de Sarrión (Teruel) después de ver que, pese a efectuar un primer pago, la extorsión no cesaba. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón o Guipuzkoa, donde aparecieron nuevas víctimas. Las primeras investigaciones apuntaron como origen de los chantajes sexuales la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias donde la trama había abierto las cuentas para recibir el dinero. Diez meses después eran detenidos como presuntos cabecillas dos veinteañeros valencianos, Salva y Erik.

El juez Cano ya intentó el pasado año que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de las pesquisas a la vista de “la magnitud de la causa”, pero entonces el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama, rechazó la inhibición, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que no era competente porque no estaba acreditada “la existencia de una generalidad de personas afectadas” por las actividades ilegales de la red de extorsión. Por ello, el juez de Teruel se dirigió el pasado 3 de diciembre al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que este decida qué órgano debe, finalmente, hacerse cargo de la investigación, según confirmó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El principal argumento del juez Cano es que las investigaciones practicadas hasta el momento cifran ya en “un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional” a las víctimas de la red de sextorsión."                   (Óscar López-Fonseca, David Fernández, El País, 14/01/20)

La trama del cáncer infantil recaudó fondos para los bomberos solidarios pero solo les entregó el 40%... Los cinco acusados, que operaban desde Zaragoza, hicieron creer a miles de donantes que ayudaban a niños enfermos o a afectados por catástrofes...

"La trama criminal que desde Zaragoza pedía dinero para el cáncer infantil y para acciones humanitarias solo entregó 1,3 millones a Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) de los 3,1 que había recaudado en cuatro años, según los datos de la ONG.

Dos personas de esta trama permanecen en prisión, y otras tres están acusadas de estafar cinco millones de euros a miles de españoles que pensaban que con su dinero ayudaban a niños enfermos o a afectados por catástrofes. Roberto Pérez Rodríguez, de 58 años, y Óscar O. P., están encarcelados por orden judicial acusados de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Una de las empresas de la trama, la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci), pedía fondos para pequeños ingresados en Perú y distribuía material solidario por cientos de establecimientos.

La asociación de bomberos voluntarios, especializada en intervención ante grandes catástrofes y proyectos de cooperación, contrató en enero de 2012 a una empresa del cabecilla de la trama, Pérez González, para editar su revista y obtener socios y donaciones. Esa compañía se constituyó unos meses antes, en noviembre de 2011, con el nombre de Bomberos Unidos Gestión Pymes SL, y 14 empleados. “Según el contrato, tenían que entregarnos un mínimo de 360.000 euros anuales”, dice el presidente de BUSF, Antonio Nogales.

Esa cantidad, según sus cuentas, no se alcanzó nunca en el periodo analizado por la policía dentro de la Operación Andes, de 2014 a 2018. En 2014 entregaron 356.532 euros; en 2015, “alrededor de 300.000”, según el directivo; en 2016, 301.942,32; en 2017, 214.336,84 y a lo largo del pasado año 142.927,34. La suma, más de 1.315.737 euros, el 42% de lo que se consiguió desde el call center de Zaragoza donde hasta 100 operadores telefoneaban para pedir dinero.

Según los detalles de la investigación policial revelados por El Heraldo de Aragón, de los 3,1 millones obtenidos, uno se transfirió a otras tres empresas de la trama. Óscar O. P., retiró más de 250.000 euros en efectivo en los cuatro años analizados. La esposa de Roberto Pérez Rodríguez, también investigada, María Pilar Lázaro, de 54 años, extrajo en metálico 312.988 euros de los fondos transferidos a otra sociedad.

Pérez Rodríguez contactó con otras asociaciones humanitarias para ofrecerles recaudar dinero en su nombre, según ha reconocido una de ellas, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa), y les ofertaba quedarse con el 40% de lo recaudado. “Fue una conversación de 10 minutos y no hubo lugar a más”, asegura un portavoz. 

Aspanoa denunció a los ahora investigados hace un año, ya que también pedían dinero para niños con cáncer en Perú a través de otra firma, Linceci, con la que consiguieron en cuatro años dos millones de euros a través de la captación telefónica de fondos y la venta de artículos solidarios. Pero, según la policía, el dinero sostenía la estructura de empresas organizada a partir del call center de Zaragoza. Al menos 311.000 euros viajaron al país andino para sufragar la instalación de otro call center y "distintos negocios" que tienen allí.

BUSF, que se fundó 1996, cuenta con 500 socios. Está recabando toda la información en su poder y consultará con sus abogados para denunciar a los acusados, según el presidente, que lleva en el cargo desde 2018."                   (Ana Alfageme ,Patricia Ortega Dolz , El País, 07/06/19) 

La síndica de Barcelona denuncia oscurantismo en los servicios funerarios

"Por segundo año consecutivo el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los ciudadanos. 

Lo ha asegurado la síndica de Barcelona durante la presentación del informe de balance de las actuaciones del 2018, en el que también destacan las irregularidades al contratar servicios funerarios. Durante el año pasado el organismo llevó a cabo 3.604 actuaciones: 1.729 quejas y 1.875 consultas y asesoramientos legales. Maria Assumpció Vilà ha entregado el informe a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Una de las cuestiones destacadas del informe es la carencia de transparencia al contratar servicios funerarios. La síndica pone de ejemplo el caso de una mujer a quien le cobraron 11.000 euros por un entierro. Una factura que ella consideró demasiado elevada por los servicios que había solicitado.

Llevaron el caso a la Agencia Catalana de Consumo, que finalmente resolvió la reclamación a su favor y obligó la funeraria a devolverle una parte del coste. Vilà confirma que no es un caso aislado y reclama que las tasas de las funerarias sean más claras para que la ciudadanía las conozca al detalle. Afirma que algunas de las quejas relacionadas con las irregularidades también se dirigen a Cementerios de Barcelona, con un capital 100% municipal.  (...)"           (El Triangle, 06/12/19)

"El fraude de iDental se ha permitido desde 2015, ¿de verdad que nadie había visto nada raro?"

"Ana Tamargo (Madrid, 1977) es una de las mas de 300.000 personas afectadas por la estafa de Idental. En 2016 acudió a una de las clínicas para que le colocaran varios implantes bucales. Siempre había querido arreglarse la boca, pero debido a sus ingresos no había podido permitírselo.

 Idental se anunciaba como una "clínica de asistencia social" y Ana, como tantos otros clientes, pensó que iban a ayudarla. Su intervención costaba 7.000 euros, pero gracias a esa supuesta ayuda, solo tenía que desembolsar 1.800, un dinero que le sería adelantado por una financiera.

Después de una mala experiencia durante la primera limpieza bucal se echó atrás y decidió no continuar con el proceso. Pero el contrato con la financiera seguía vigente y durante once meses tuvo que pagar un total de 550 euros por una intervención que no le habían hecho.

 Este modelo es el mismo que la cúpula de la compañía quería repetir en los llamados Institutos Odontológicos y que ha supuesto esta semana la prisión incondicional para el exdirectivo de la compañía Luis Sans y para otras otras tres personas más. Al final, después de varias reclamaciones, a Ana le devolvieron su dinero. Se considera una afortunada. Ahora, aprovechando que está desempleada –trabajaba como limpiadora– trata de asesorar a otros afectados a través de las redes sociales.

¿Llegó a iDental pensando que prestaban un servicio social?

Sí. Todo el mundo iba a las clínicas creyendo que te daban una ayuda del Estado o de alguna institución benéfica. Se anunciaban diciendo que tenían convenios con Cruz Roja y con Cáritas, y nosotros, que en muchos casos somos personas sin demasiada cultura, nos lo creímos. Jugaban con que la mayoría jamás habíamos ido al dentista. 

Te hacían un presupuesto de muchos euros y luego te decían que te aplicaban un tanto por ciento de descuento por esa ayuda. En mi caso la intervención costaba 7.000 y me lo dejaban en 2.800. Dije que era demasiado y en menos de un mes me volvieron a llamar para decirme que me reducían 1.000 euros y que una financiera me iba a conceder un préstamo en condiciones muy ventajosas.

¿No le pareció extraño?

Me resulto raro, pero me iban a arreglar la boca a un precio supuestamente subvencionado. El contrato me llegó por correo electrónico y creo lo firmé sin apenas leerlo. Te pones tan contenta de que te hayan concedido un crédito para una cosa tan necesaria...

Hay gente que denuncia que en los contratos había datos falsos ¿fue su caso?

Para que la financiera pudiera concederte el préstamo tenían que inventarse datos que probaran que eras solvente. Mi contrato decía que estaba casada, que cobraba mil euros y que no tenía hijos. Todo era mentira. No estoy casada con mi pareja y tengo un hijo. Creemos que las financieras e iDental estaban compinchadas, o que al menos lo estaban los comerciales. Si había relación entre las empresas es algo que no sabemos.

¿Cómo fue su experiencia con los servicios odontológicos de iDental?

Primero me hicieron una limpieza bucal. Tengo las encías muy sensibles y cuando la dentista empezó me hizo muchísimo daño, así que solicité anestesia. El anestesista llegó con muy malas formas. Empezó a hacerme preguntas y yo me sentí fatal. Entonces la dentista me vio la boca y me advirtió de que no iban a poder colocarme el implante. 

Me negué a seguir con el proceso. Había una cláusula según la cual, si rescindías el contrato después de 14 días, tenías que pagar todo el tratamiento: en mi caso fueron 7.000 euros. Tuve que estar 11 meses pagando las letras, pero hay pacientes que tuvieron que abonar toda la intervención. Así que, a pesar de todo, tuve suerte.

¿Durante ese tiempo tuvo que seguir pagando?

Sí. En total 550 euros. No quería que me metieran en una lista de morosos. Entonces reclamé a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Me dijeron que no era de su competencia y me derivaron a la Consejería de Sanidad. Ellos me volvieron a derivar a Consumo. Al final decidí poner una reclamación a la financiera en el Banco de España. Seguramente les entró miedo y en dos días me devolvieron mi dinero.

¿Cómo cree que ha sido la respuesta de las administraciones en este caso?

Evidentemente el Ministerio de Sanidad no ha abierto las clínicas de iDental, pero cuando empezaron a llegar tantas denuncias y reclamaciones se podía haber hecho algo más. Esto se ha permitido desde 2015. ¿Nadie había visto nada raro? Ahora el Ministerio ha dicho que va a luchar contra la publicidad engañosa y nos parece muy bien… aunque eso ya estaba aprobado.

 Algunos partidos políticos nos han escuchado y asesorado. Nos reunimos con el PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Congreso este mes de marzo y nos recomendaron fundar la asociación de afectados por iDental Adafi.

Ahora trata de ayudar a gente por su cuenta ¿por qué lo hace?

Es por empatía. Hay muchísima gente mayor que no sabe a quién acudir, que sienten vergüenza y no quieren decirle a sus familias que se han quedado sin dientes y sin dinero. Mucha gente solo quiere hablar contigo. He hecho muchos amigos. Gente a la que acabas queriendo mucho porque hablas con ellos a diario. Señoras mayores que no saben ni encontrar un teléfono en internet. Tengo el móvil lleno de fotografías de bocas que me mandan otros afectados. Es terrible. Pero tenemos que apoyarnos.

¿Cree que la salud bucodental debería estar dentro del sistema nacional de salud?

Por supuesto que sí. Desde Adafi y Actora Consumo –una asociación de consumidores zaragozana– se ha empezado a recoger firmas para que así sea. La salud bucodental tiene que ser un derecho sanitario como cualquier otro. No es sólo una cuestión estética. Con una salud bucal deficiente se producen producir problemas estomacales, digestivos e incluso psicológicos. Nos va a llevar mucho tiempo recoger todas las firmas, pero lo conseguiremos."                    (Entrevista Ana Tamargo, afectada iDental, Ángel Villaescusa, eldiario.es, 16/10/18)

Condenas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de Fórum Filatélico por estafa. "Fue el paradigma de las estafas piramidales"

"Más de doce años han tenido que esperar las 268.000 personas que se vieron atrapadas en la estructura piramidal de Fórum Filatélico. Más de una década desde la intervención judicial para ver cómo los responsables de la sociedad de inversión son finalmente condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

 "Fue el paradigma de las estafas piramidales", subrayan los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una sentencia publicada este viernes.

La resolución llega cuatro meses después de que el juicio quedase visto para sentencia. Una vista oral que se prolongó durante cerca de ocho meses y por donde desfilaron más de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos. 

“[La estafa del Fórum Filatélico fue un hecho insólito e incapaz de repetirse. Fue el mayor fraude de la historia de España”, resumió durante la fase de conclusiones finales el fiscal Juan Pavía, que pidió 19 años de cárcel para el principal implicado en la trama, Francisco Briones, presidente de la sociedad de inversión. 

El Ministerio Público también solicitó 11 años y un día de prisión para los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá.

El día que sacudió a los inversores

Los perjudicados por esta estructura piramidal tienen un dia grabado en la memoria: el 6 de mayo de 2006. El juez Fernando Grande-Marlaska intervino Fórum Filatélico, una sociedad de inversión en sellos de correos que llevaba casi dos décadas captando ahorradores y que ofrecía una rentabilidad muy superior a la banca.

 Pero aquella jornada, donde también se ordenó la entrada en Afinsa —una empresa que actuaba de forma similar—, todo saltó por los aires. Se destapó el modelo de negocio, basado en un esquema piramidal que consistía en garantizar grandes intereses a los clientes financiando sus beneficios con el dinero que aportaban los nuevos inversores reclutados.

Los afectados vieron entonces como se esfumaban sus ahorros. Los sellos adquiridos por Fórum estaban absolutamente sobrevalorados. El entramado afirmaba que contaba con estampillas por valor de 4.347 millones de euros, cuando su tasación por peritos independientes apenas sumaba 390,8 millones. 

Además, según mantiene la Fiscalía, los fondos captados por la sociedad —11.200 millones de euros entre 2000 y 2015— se habían evaporado. 

No solo carecía de patrimonio para devolver las aportaciones, sino que los montantes recaudados durante años se habían destinado a “alimentar la propia maquinaria piramidal”; a satisfacer las “cuantiosas retribuciones” recibidas por sus directivos; y a desviarse a toda una red de empresas extranjeras que se usaban para el blanqueo.

La justicia mercantil ya condenó en 2015 a los resposables de Fórum —Briones, Hijón, López, Fernández y Maciá, así como al administrador José Manuel Carlos Llorca, que se encuentra actualmente fugado de España—.

 La resolución los consideró culpables del concurso de la sociedad y les oblibaba a pagar 2.259 millones de euros a los perjudicados. Por su parte, la Audiencia Nacional condenó en 2016 a 12 años de prisión a 11 de los 13 directivos de Afinsa procesados por hechos similares."                  (J. J. Gálvez, El País, 13/07/18)

Las preferentes salían a cuenta: 20 millones en sanciones por 6.000 M. colocados

"Las multas que impuso la CNMV por las preferentes fueron anecdóticas. Las actuaciones disciplinarias adoptadas afectaron a diez grupos financieros y ascendieron a 20 millones de euros. Una cifra que no se puede comparar con los 6.235 millones que supusieron la colocación de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, según expone el regulador en un informe en el que explica su papel en la crisisfinanciera española, remitido al Congreso.

De esta cifra, 2.060 millones correspondían a casos de gestión inadecuada de conflicto de interés en operaciones de case entre clientes y 4.175 millones al resto de casos de incumplimiento.

En total, fueron cerca de medio millón de personas las que se vieron afectadas por las preferentes emitidas por Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia, que sufrieron pérdidas con motivo del rescate bancario. 

La CNMV expone que en 2009 fue cuando se produjo un significativo repunte de la emisión y de lacomercialización entre minoristas de estos instrumentos, motivados por "la necesidad de los bancos de obtener recursos propios computables y la dificultad de captarlos entre los inversores cualificados". 

Asimismo, recuerda que la normativa europea en materia de emisiones y ofertas públicas descansa en el principio de libertad de emisión, y ni la CNMV ni el resto de los supervisores europeos de valores disponían en ese momento de instrumentos de intervención que permitieran prohibir o limitar la colocación de estos productos entre los inversores minoristas y que tras el aumento, el regulador intensificó el uso de las herramientas legales que tenía a su disposición.

Incumplieron 22 normativas

Las actuaciones disciplinarias que llevó a cabo la CNMV se referían a un total de 22 incumplimientos de la normativa. Fueron seis casos por colocación de productos híbridos sin valorar la conveniencia, otros seis por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, ocho por inadecuada gestión de conflictos de interés y dos casos por información inadecuada.

Por otra parte, la CNMV también desarrolló actuaciones disciplinarias relacionadas con la comercialización de otros instrumentos computables como recursos propios, como emisiones de obligaciones convertibles y otros instrumentos complejos como derivados o estructurados, por parte de entidades bancarias que afectaron a seis grupos financieros. 

Considerando igualmente incumplimientos cometidos a nivel de todo el grupo, estas actuaciones se referían a un total de doce incumplimientos de la normativa. Fueron cuatro casos por colocación de los instrumentos sin valorar la conveniencia, otros cuatro por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, uno por inadecuada gestión de conflictos de interés y tres por inadecuada información. 

En estos casos, las sanciones impuestas por la CNMV ascendieron a 24 millones de euros, aunque  tampoco esta puede considerarse una cifra definitiva ya que muchos de estos expedientes sólo sonfirmes en vía administrativa y pueden ser revisados en el ámbito contencioso administrativo.

Además de estas, se han adoptado otras dos actuaciones disciplinarias contra sendas entidades bancarias por un deficiente funcionamiento de sus servicios de reclamaciones. Las sanciones por este motivo han ascendido a un millón de euros, y tampoco es definitiva. 

Las multas

• Barclays: una multa de 600.000 euros.
• Valores Santander: dos multas por un total de 16,9 millones de euros.
• Banco Pastor: una multa de 400.000 euros.
• Banco Santander: una multa de un millón de euros.
• C.A.M: cuatro multas que fueron suspendidas.
• LaCaixa: dos multas por un total de 5 millones de euros.
• CaixaBank: tres multas por 2,75 millones de euros en total.
• Liberbank: tres multas por 700.000 euros.
• Deutsche Bank: una multa de 600.000 euros. 
• C. España de Inversores: tres multas por un total de 1,1 millones.
• Nova Caixa Galicia: cuatro mulas por un importe de 2.050.000 euros. 
• Bankinter: dos multas por un importa total de 4,1 millones de euros. 
• Caja de Asturias: una multa por 200.000 euros.
• Caja de Extremadura: una multa por 500.000 euros. 
• Caja de Santander y Cantabria: una multa por 750.000 euros.
• Banco Popular: dos multas por un importe total de 1,5 millones.
• Caja Madrid (Cases): una multa de 2,1 millón de euros.
• Bankia: una multa de un millón de euros. 
• Caixa Catalunya: una multa de 1,1 millones de euros. 
• Catalunya Banc: una multa de 2 millones de euros. 
• BBVA Cases: una multa de 250.000 euros. 
• Popular Banca Privada: una multa de 300.000 euros. 
• Banco Mare Nostrum (BMN): una multa de 150.000 euros. 
• Caja Laboral Popular: una multa de 150.000 euros."         (David Cabrera, Vox Populi, 19/01/18)

Dijeron que las subordinadas de eroski eran maravillosas y que podría venderlas en 24 horas

"Todos los demandantes que han testificado hoy en la vista por la demanda colectiva que se sigue contra la cooperativa Eroski y el BBVA por la comercialización de las aportaciones subordinadas de la cooperativa han explicado que nadie les informó de los riesgos que corrían al comprar estos productos financieros y que se fiaron de los gestores o de los directores de los bancos porque matenían una relación de confianza con ellos que en la mayoría de los casos sumaban varias decadas.

 "Me llamó el director y me dijo que había un producto de Eroski, una subordinadas que era maravillosas. Me dijo que si quería las iba a poder vender en 24 horas y que incluso iba a ganar mucho dinero". Rafael Ruiz de Azúa es un agente comercial con estudios de contabilidad que, como muchos de los 68 demandantes -tres han retirado la denuncia al llegar a un acuerdo con el banco- tenía una relación de confianza con su banco sobre la que cimentó su decisión de comprar las subordinadas de Eroski. 

En su declaración en la vista oral, ha negado que recibiera información sobre las características de lo que estaba adquiriendo. Por ejemplo, no le dijeron en el banco que esos productos eran perpetuos o que si Eroski se liquidaba sería el último en cobrar de la masa de acreedores o que si quería venderlos debería ir al mercado secundario de valores y que podía perder parte o incluso todo lo invertido si no había demanda de un producto que hoy en día nadie quiere ya comprar porque han perdido casi todo su valor.

 "No es que me dijera [el director de la sucursal] que era seguro, es que me dijo que iba a ganar dinero con ellas", ha apuntado Ruiz de Azúa.

Otro de los demandantes, Antonio Calahorro, un capital de marina que metió "los ahorros del trabajo logrados en 40 años navegando por esos mares de Dios" también ha apuntado que el director de su sucursal de toda la vida le ofreció las subordinadas: "Me llamó a casa y me dijo que había una cosa muy interesante de Eroski, una cosa segura y muy buena. No me explicó que eran perpetuas, ni me dieron información por escrito. 

 Todo fue verbal y el mismo día firmé y las compré", ha relatado en la sesión que concluye mañana con la presentación de los informes de las partes personadas en la primera demanda colectiva. Su esposa le ha acompañado en la declaración e incluso se ha acercado al micrófono para explicar que lo único que le pidieron al director del BBVA es que fuera seguro.

"Le insistí que fuera seguro, que nosotros somos mayores y que igual podíamos necesitar el dinero para entrar en una residencia o por alguna enfermedad. Me dijo: "no tienen ningún problema". Luego aparecieron las cosas en el periódico y le llamé para decirle: '¿Pero qué has hecho con nuestro dinero?'. No podía ni mirarnos a la cara", ha relatado en la vista oral una de las afectadas.

Un mismo producto financiero: las aportaciones subordinadas de Eroski encontraron sin embargo una explicación de cómo se colocaron diametralmente opuesta cuando los que relataron cómo se habían hecho las cosas en las sucursales del BBVA eran precisamente los directores que han testificado en el juicio.

 Todos ellos han asegurado que recibieron formación por parte del banco sobre las subordinadas de Eroski y las condiciones y que se les suministró información y documentación -folletos y tripticos- para poder entregar a los clientes que se acercaban al banco al calor de la información que habían escuchado en los anuncios de publicidad.

La actuación del magistrado Marcos Bermúdez ha sido clave en alguno de los momentos de las declaraciones de estos directores de sucursales del BBVA.

El juez les ha hecho precisar cómo explicaron la venta de esos productos y, sobre todo, si con el lenguaje alambicado que emplearon frente a ahorradores -algunos con edades de entre 60, 70 incluso 80 años- estos entendían el riesgo que corría. 

- "Les informó a las personas a las que usted vendió las subordinadas que podían perder toda la inversión", preguntó el juez.

- "Así de claro no", ha reconocido por ejemplo Andoni Martín, director de la sucursal del BBVA en el barrio bilbaíno de Sarriko.

Algunos directores se mostaron dubitativos cuando eran preguntados por si los clientes entendían la letra pequeña de las condiciones del producto -"creo que se entendía, sí"- aunque otros, como era el caso de la director comercial de la sucursal del BBVA de Basauri, Rocío Martín Ruiz de Alegría, fue muy firme en su declaración a la hora de afirmar que se explicaron todos los detalles del producto y sus riesgos. "Para explicarlo estaba con cada pesona más de 15 minutos e incluso media hora. Entendían lo que adquirían, pero no veían el riesgo en aquel momento" ha añadido."           (eldiario.es, 21/04/2014)

Miles de familias son desahuciadas por prestamistas privados, con la complicidad de notarios

"Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que proteja al que lo recibe. 

Aprovechando ese boquete proliferan los prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar. Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de la de sus padres.

Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.

La víctima ideal está angustiada y conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche, seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante notario.

¿Cómo encuentra el prestamista a la víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió directamente a casa".

Su amarga experiencia se jalona de abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala suerte.

Israel, Dani..., son muchos los afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y, tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.

Se trata de una hipoteca cambiaria, y estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía la casa", explica un testigo de estas situaciones.

 Es difícil que se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero los intereses de demora pueden llegar al 29%.

Del Pozo, que preside una asociación para agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras, los intereses suben y suben".

 También es común que se falsifiquen documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar, que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido la vivienda de mi madre".

También a Israel le falsificaron la firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así.

 "Supuestamente te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera en Toledo a plena luz del día.

En su web puede verse que tanto ayuda a embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.

Algunas de estas sociedades operan en varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en desahucio.

Los prestamistas son inclementes. Al segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo, puede valer 10 veces más.

La mayoría no reclama en los tribunales. En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

 Por ejemplo, que se les pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.

Juan Puche, otro afectado, tiene la valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro, entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.

Carlos Galán, abogado de la Asociación de Estafados Victimas Financieras, a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o las que tiene a nombre de sociedades.

Hablamos de dinero, mucho dinero. ¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen actuando igual", explica Galán.

En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara el abogado.

Los jueces dan por hecho la validez del reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar de desdichas.

Volvamos al principio: la registradora de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.

¿Cuál es la diferencia entre profesional y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que, si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).

Uno de los registradores que denuncia esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede hacerlo el acreedor.

Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.

 Cuando el notario ocupa su sitio

¿Qué dice, por alusiones en la historia, un notario? Que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar la intervención notarial para dar seguridad a una transacción. “En una escritura se reconoce la deuda y el compromiso de pagarla. Es el título ejecutivo que evita discutir en un juicio si era o no verdad que te deben ese dinero frente a una reclamación futura. Permite acudir al juez y que ejecute la deuda. 

Pero la fe pública tiene que defender a ambas partes y ser equilibradora, y cuando viene un particular a prestar dinero a otro, tenemos que hacer un control de legalidad”, indica Ignacio Navas Olóriz.

Aclara que, desde 2010 se inició una política de control de transacciones financieras más rigurosa: “Todas las sociedades deben identificar a la persona física que posea más del 25% del capital y, desde 2006, en la notaría se tienen que identificar los medios de pago: el prestamista tiene que decir de qué cuenta ha salido y a cuál ha ido el dinero, justificar el importe prestado y, para desarrollar esa actividad profesionalmente, tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley.

 ¿Manera de burlarlo? Decir que el prestamista es un familiar o amigo. Por eso mismo, el notario debe cerciorarse de que no se dedica profesionalmente al préstamo, y si se da cuenta de que es una actividad habitual está obligado a hacerle el control de legalidad, exigir la inscripción en el registro, una oferta vinculante...”.

Con las escrituras en la mano, firmadas por los citados en el reportaje, no duda: deben denunciar al notario ante el colegio notarial correspondiente."     (El País, 27/06/2013)

Está pasando, te están robando en el precio de la gasolina, ¿no lo estás viendo?

"Cualquiera que tenga coche sabe que la competencia en el mercado de las estaciones de servicio de carburante es una burla. Nos da igual llenar el depósito en una estación u otra porque la experiencia nos certifica una y otra vez que los precios son prácticamente los mismos en cualquiera gasolinera. 

¿Que por qué sabemos que los precios apenas varían? Pues porque si de verdad variaran seguro que nos habríamos enterado. Cuando el sector era un monopolio estatal, los expertos hablaban de "mercado cautivo y poco eficiente". Una vez liberalizado, los expertos hablan de "asimetrías en la velocidad de ajuste de los precios minoristas". Los que ponemos gasolina preferimos llamarlo robar.(...)

 Abundando en esa elegante tesis de la asimetría que algunos preferimos llamar atraco, la conclusión del informe de la CNC es ésta: "Las asimetrías suponen que cuando se produce un incremento en los precios internacionales, los precios minoristas nacionales reaccionan más rápidamente que cuando los precios internacionales disminuyen. Esta asimetría, tiene efectos perjudiciales para los consumidores finales, puesto que no se benefician rápidamente de las bajadas de los precios internacionales y sí sufren con mayor rapidez las subidas de los precios internacionales". (...)

Resumiendo: en 2012 han hecho una investigación oficial para comprobar si los operadores del mercado habían cumplido en 2011 las recomendaciones formuladas tras la investigación oficial hecha en 2009. En realidad, podrían haberse ahorrado cualquiera de estos informes: con haber preguntado a cualquier conductor que llene habitualmente el depósito habría sido suficiente para saber que en ese sector no existe la dichosa competencia.

 Es más, cualquier conductor le habría dicho lo mismo que se lee en el informe, si bien habría escogido otras palabras entre las cuales nunca habría figurado esa tan elegante de ‘asimetría': "Estos cabrones nos suben la gasolina cuando sube el petróleo, pero no nos la bajan cuando el petróleo baja". Eso le habría dicho. (...)

Los atracadores son gente eficiente. Es obvio que están haciendo bien su trabajo. Lo hacen bien incluso cuando no lo hacen bien, dado que ni siquiera entonces suelen acabar en la cárcel. En tal caso, la pregunta es: ¿están los polis haciendo bien su trabajo? ¿Está el Estado haciendo bien su trabajo? ¿Está el sentido común haciendo bien su trabajo? ¿Está la indignación haciendo bien el suyo?"          (Público, 12/07/2012)

Los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%

"Es legal, pero a los abogados que intervienen en las subastas les parece una burla. En julio de 2011, tras meses de presión popular, se aprobó un real decreto por el que se elevó hasta el 60% del valor de tasación el precio mínimo por el que las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas que salían a subasta pública por impago de la hipoteca. Hasta ese momento, si la subasta quedaba desierta, y eso ocurría casi siempre, el banco podía quedarse el piso por el 50% del valor de tasación. Pues bien, hecha la ley, siempre cabe la trampa. O la triquiñuela. Muchas entidades financieras siguen adjudicándose la vivienda por el 50% del valor de tasación, y no por el 60%, gracias a una argucia legal que consiste en hacer que puje también por el inmueble una sociedad filial de la propia entidad.

Desde que comenzó la crisis se han realizado en España más de 150.000 ejecuciones hipotecarias y hay otras 300.000 en curso. No se sabe cuántas de ellas afectan a viviendas habituales, pero todo indica que la cifra es socialmente importante. (...)

Bancos y cajas han encontrado, sin embargo, un resquicio para eludir la reforma en el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50%, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. En realidad, no hay otro aspirante. Son ellos mismos, pero con una personalidad jurídica distinta. Hacen que concurra a la subasta una filial que puja por la vivienda por una cantidad inferior, de modo que el banco se la pueda quedar por el 50% más un euro.

El portal inmobiliario Idealista denunció esta situación en su boletín y diferentes fuentes judiciales han confirmado este proceder por parte de las entidades financieras.  (...)

“Es claramente un artificio. La entidad recurre a una inmobiliaria filial para poder quedarse con el piso por un 10% menos de lo que tendrían que aceptar en caso de que la puja quedara desierta”, explica el profesor Domínguez Luelmo. El reverso de la moneda es que el desahuciado seguirá debiendo al banco un 10% más de lo que le debería si la subasta hubiera quedado desierta. (...)

Ese 10% de ganancia no es la única ventaja que obtienen bancos y cajas, según el profesor Falcón y Tella, al recurrir a este procedimiento. Para poder pujar en la subasta, el postor ha de depositar previamente el 20% del valor de tasación del inmueble. Pero en este caso, a la filial inmobiliaria le basta con presentar un aval bancario que le concede el propio ejecutante, con lo que puede pujar sin coste alguno. 

Una vez ejecutada la subasta, el banco tampoco se queda con la vivienda. “Jurídicamente la entidad financiera nunca llega a poseer el inmueble, porque en el momento de la adjudicación cede el remate de la subasta a la sociedad filial”, explica. Con ello logra dos beneficios adicionales: por un lado, evita que el inmueble figure en su balance y tener que provisionar el capital correspondiente; por otro, como las filiales inmobiliarias normalmente declaran pérdidas, pueden obtener ciertos beneficios fiscales, por ejemplo deducirse el IVA. (...)

 “Muchas de las viviendas que ahora salen a subasta fueron compradas en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Y muchas fueron tasadas a precios no solo muy superiores a los de su actual valor de mercado, sino superiores incluso al valor de mercado de entonces”.

Los compradores tienen su parte de responsabilidad, pero todo el sistema inducía a la sobrevaloración porque se daba por hecho que los precios seguirían subiendo. “Los directores y empleados de las oficinas bancarias tenían fuertes estímulos para colocar hipotecas a cualquier precio”, indica el profesor Falcón. “En muchos casos se hicieron valoraciones al alza para cubrir también los costes de tramitación y otros gastos”, añade. Se llegó a tal punto de descontrol, que cuando el comprador era un inmigrante y no tenía avalista, la propia entidad le ponía en contacto con otro inmigrante que quería comprar también una vivienda, para que se avalaran mutuamente.

“Ahora nos encontramos con casos de avalistas cruzados que ni siquiera se conocían”, explica Fernández Seijo. El magistrado ha conocido incluso un caso de venta simultánea de cuatro viviendas, en la que cada comprador firmó como avalista de los otros tres. Ahora, algunos avalistas han perdido su casa, no porque no pudieran pagar su hipoteca, sino por no poder hacer frente al aval que firmaron para cubrir a otro comprador.

El problema es que, cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, el drama no ha terminado, como muy bien sabe Montserrat Serrano, abogada del colectivo Ronda de Barcelona. “Con la subasta no se liquida el procedimiento. Este seguirá abierto hasta que el comprador salde toda la deuda”, explica. Como durante los primeros años la mayor parte de lo que se paga en la cuota son intereses, cuando el piso llega a subasta todavía queda por pagar la mayor parte del capital concedido. De modo que, cuando el banco se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, el comprador pierde la casa, pero sigue debiendo una parte importante de la hipoteca.

A esa cantidad se añaden encima las costas de la ejecución judicial y los intereses de demora, con lo que la deuda final pendiente puede ser superior al valor por el que se lo ha adjudicado el banco. Y de esa cantidad habrá de responder el desahuciado con todos sus bienes, presentes y futuros. “Muchos de ellos salen del juzgado con el salario embargado de por vida. Y si no tienen trabajo, saben que cuando lo encuentren, les embargarán una parte de lo que cobren”, señala Montserrat Serrano. (...)

 Pues los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%. Empiezan a contar desde que se deja de abonar la cuota y se suman de golpe a la deuda cuando termina la subasta. 

El caso que el magistrado ha planteado ilustra bien un fenómeno que podría calificarse de usura. Se trata de una ejecución hipotecaria instada por La Caixa d’Estalvis de Tarragona (ahora integrada en Catalunya Caixa) contra Mohamed Aziz, un marroquí que vivía en España desde 1993 y que en julio de 2007 suscribió un préstamo hipotecario sobre la vivienda que había adquirido en Mataró, tasada en 194.000 euros.

Era, como tantos otros, un préstamo a muy largo plazo, con cuotas de unos 600 euros mensuales. La última estaba prevista para el año 2040, pero apenas un año después, estalló la crisis y Mohamed Aziz no pudo hacer frente a los vencimientos. Desde el momento de formalizar el préstamo hasta que dejó de pagar, 10 meses después, había pagado 6.656 euros de intereses ordinarios y había amortizado 1.325 euros del capital. En marzo de 2009, cuando se inició la ejecución hipotecaria, la entidad le reclamó una deuda de 139.764 euros, más 41.902 euros de intereses de demora y costas judiciales. La primera cuota impagada ascendía a 620 euros, la segunda a 822, la tercera a 861, y así, sucesivamente.

La subasta se convocó en julio de 2010 y quedó desierta, por lo que la caja se quedó el piso por el 50% de su valor de tasación, es decir, por 97.200 euros, de modo que cuando en enero de 2011 Mohamed Aziz fue “lanzado” finalmente de la vivienda, había perdido su casa y seguía debiendo más de 40.000 euros del capital pendiente de amortizar más otros 42.000 euros de intereses de demora y costas judiciales."               (El País, 19/06/2012)