Las preferentes salían a cuenta: 20 millones en sanciones por 6.000 M. colocados

"Las multas que impuso la CNMV por las preferentes fueron anecdóticas. Las actuaciones disciplinarias adoptadas afectaron a diez grupos financieros y ascendieron a 20 millones de euros. Una cifra que no se puede comparar con los 6.235 millones que supusieron la colocación de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, según expone el regulador en un informe en el que explica su papel en la crisisfinanciera española, remitido al Congreso.

De esta cifra, 2.060 millones correspondían a casos de gestión inadecuada de conflicto de interés en operaciones de case entre clientes y 4.175 millones al resto de casos de incumplimiento.

En total, fueron cerca de medio millón de personas las que se vieron afectadas por las preferentes emitidas por Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia, que sufrieron pérdidas con motivo del rescate bancario. 

La CNMV expone que en 2009 fue cuando se produjo un significativo repunte de la emisión y de lacomercialización entre minoristas de estos instrumentos, motivados por "la necesidad de los bancos de obtener recursos propios computables y la dificultad de captarlos entre los inversores cualificados". 

Asimismo, recuerda que la normativa europea en materia de emisiones y ofertas públicas descansa en el principio de libertad de emisión, y ni la CNMV ni el resto de los supervisores europeos de valores disponían en ese momento de instrumentos de intervención que permitieran prohibir o limitar la colocación de estos productos entre los inversores minoristas y que tras el aumento, el regulador intensificó el uso de las herramientas legales que tenía a su disposición.

Incumplieron 22 normativas

Las actuaciones disciplinarias que llevó a cabo la CNMV se referían a un total de 22 incumplimientos de la normativa. Fueron seis casos por colocación de productos híbridos sin valorar la conveniencia, otros seis por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, ocho por inadecuada gestión de conflictos de interés y dos casos por información inadecuada.

Por otra parte, la CNMV también desarrolló actuaciones disciplinarias relacionadas con la comercialización de otros instrumentos computables como recursos propios, como emisiones de obligaciones convertibles y otros instrumentos complejos como derivados o estructurados, por parte de entidades bancarias que afectaron a seis grupos financieros. 

Considerando igualmente incumplimientos cometidos a nivel de todo el grupo, estas actuaciones se referían a un total de doce incumplimientos de la normativa. Fueron cuatro casos por colocación de los instrumentos sin valorar la conveniencia, otros cuatro por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, uno por inadecuada gestión de conflictos de interés y tres por inadecuada información. 

En estos casos, las sanciones impuestas por la CNMV ascendieron a 24 millones de euros, aunque  tampoco esta puede considerarse una cifra definitiva ya que muchos de estos expedientes sólo sonfirmes en vía administrativa y pueden ser revisados en el ámbito contencioso administrativo.

Además de estas, se han adoptado otras dos actuaciones disciplinarias contra sendas entidades bancarias por un deficiente funcionamiento de sus servicios de reclamaciones. Las sanciones por este motivo han ascendido a un millón de euros, y tampoco es definitiva. 

Las multas

• Barclays: una multa de 600.000 euros.
• Valores Santander: dos multas por un total de 16,9 millones de euros.
• Banco Pastor: una multa de 400.000 euros.
• Banco Santander: una multa de un millón de euros.
• C.A.M: cuatro multas que fueron suspendidas.
• LaCaixa: dos multas por un total de 5 millones de euros.
• CaixaBank: tres multas por 2,75 millones de euros en total.
• Liberbank: tres multas por 700.000 euros.
• Deutsche Bank: una multa de 600.000 euros. 
• C. España de Inversores: tres multas por un total de 1,1 millones.
• Nova Caixa Galicia: cuatro mulas por un importe de 2.050.000 euros. 
• Bankinter: dos multas por un importa total de 4,1 millones de euros. 
• Caja de Asturias: una multa por 200.000 euros.
• Caja de Extremadura: una multa por 500.000 euros. 
• Caja de Santander y Cantabria: una multa por 750.000 euros.
• Banco Popular: dos multas por un importe total de 1,5 millones.
• Caja Madrid (Cases): una multa de 2,1 millón de euros.
• Bankia: una multa de un millón de euros. 
• Caixa Catalunya: una multa de 1,1 millones de euros. 
• Catalunya Banc: una multa de 2 millones de euros. 
• BBVA Cases: una multa de 250.000 euros. 
• Popular Banca Privada: una multa de 300.000 euros. 
• Banco Mare Nostrum (BMN): una multa de 150.000 euros. 
• Caja Laboral Popular: una multa de 150.000 euros."         (David Cabrera, Vox Populi, 19/01/18)

Banco Santander falsificó la firma de dos jubilados para colocarles subordinadas de Fagor

"El Banco Santander tendrá que devolver 69.975 euros a un matrimonio guipuzcoano cuyas firmas falsificó para suscribir un contrato de aportaciones subordinadas de Fagor Electrodomésticos. 

 Un juzgado de San Sebastián considera probado que la entidad falsificó las firmas de sus clientes en varios documentos y apunta a que se trata de imitaciones de las firmas de los DNI de los dos clientes y que existen indicios de que ambas rúbricas fueron "falsificadas por una misma persona".

La sentencia alude a una prueba pericial caligráfica que determina que varios documentos incluidos en la operación no fueron firmados por los demandantes, sino que en ellos figuran "firmas falsificadas". Pese a estas pruebas la juez no ha derivado estos hechos a la vía penal.

Además l a sentencia, hecha pública por el despacho Olaizola Abogados y Asociados, que representó a los clientes, considera probado que el Banco de Santander "incumplió absolutamente las obligaciones impuestas por la normativa aplicable" al "omitir información esencial e imprescindible para que su cliente pudiera tener una idea cabal del tipo de producto que estaba adquiriendo y de los riesgos inherentes al mismo".

El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Sebastián asegura que el consentimiento de los actores, un matrimonio de jubilados, al contratar las subordinadas de Fagor "estaba viciado por el error sobre unas características esenciales del producto", en concreto "el carácter perpetuo de la inversión y el riesgo de falta de liquidez".

La compra de las aportaciones se cerró el 13 de julio de 2006 por un importe de 69.975 en el Banco de Santander, del que los contratantes habían sido clientes durante 40 años, y que ahora deberá devolver todo el dinero y pagar los intereses correspondientes desde esa fecha.

Respecto al folleto explicativo que la empleada de banca que cerró la operación asegura que entregó a los clientes, la juez destaca que en él "no se mencionan en ningún momento las palabras 'perpetuo' o 'perpetuidad' ni se advierte suficientemente sobre el riesgo de no poder rescatar lo invertido".

Tampoco ha quedado acreditado que las subordinadas "fueran adecuadas al perfil inversor de los demandantes, ni se deduce de la contratación de otros productos que pudieran comprender el funcionamiento, características y riesgos de las aportaciones financieras subordinadas".

Por todos estos motivos, la juez condena al banco a devolver los 69.975 euros invertidos más los intereses, mientras que los clientes deberán reintegrar los intereses legales que cobraron por la inversión."          (eldiario.es, 23/02/2015)

Las presiones de Caixa Catalunya para vender preferentes

"La venta de participaciones preferentes era una prioridad para Caixa Catalunya, el embrión de la posterior Catalunya Caixa (junto a las cajas de Tarragona y Manresa) y el actual Catalunya Banc vendido a precio de saldo a BBVA. 

 Por ello, envió a sus trabajadores vía correo electrónico todo un "argumentario comercial para facilitar su venta" como un producto seguro, "un plazo fijo" con el que los clientes gozarían de "disponibilidad inmediata de su dinero". Así lo reflejan varios mails de la dirección de la caja hacia sus empleados en la zona de Asturias y Galicia, según informa este miércoles la Cadena Ser. 

En una de estas comunicaciones internas de 2008 se exige "con carácter urgente prioritario y de forma inmediata" a las sucursales que coloquen entre 10.000 y 15.000 euros en el producto tóxico y recuerda que "debemos venderlo con el criterio de disponible aunque sea de 1.000 en 1.000 euros y necesito report de suscripciones diarias aunque sea cero, que no lo será, ¿verdad?". 

En la misma línea agresiva se mostraba otro de los correos, donde según la emisora aparece en mayúsculas y negrita "necesitamos aportar 30.000 euros por oficina hoy, el tirón de orejas puede ser muy importante". 

Para la dirección de zona de la entidad rescatada lo importante era colocar el producto y no tanto ofrecer la información sobre el mismo, según puede deducirse de otra comunicación de 2008, donde se hace hincapié en que debe decirse al cliente que se trata de un "plazo fijo". 

"Vamos a ser vendedores, no informadores, no ofrecedores, vendedoressssssss, con disponibilidad inmediata, los clientes y no clientes estarán encantados con nosotros nos darán besos durante cinco años, besos". "Nuestras familias, padres, hermanos, compañeros, amigos, amigos de amigos tienen que ser clientes de Caixa Catalunya", se lee en otro de los correos. 

La entidad, que emitió 510 millones en preferentes y 1.072 millones en deuda subordinada entre 1999 y 2008, achaca estas informaciones a una práctica individual y defiende que la comercialización de este producto se llevó a cabo siguiendo los criterios que exige la CNMV.  "               (Vox Populi, 23/07/2014)

La banca solo gana el 4% de las demandas por preferentes... luego, el 96% eran estafas

"Los tribunales se han convertido en un hueso duro de roer para los bancos nacionalizados. Los clientes de las preferentes y, en menor medida, de la deuda subordinada de Bankia, Novagalicia (ahora Abanca) y Catalunya Banc que han demandado a las entidades financieras han tenido buenos resultados. 

Según un informe oficial fechado el 6 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, sólo en el 4% de los casos resueltos los jueces han dado la razón a las entidades.

Hasta la fecha citada, se han presentado un total de 30.048 demandas, por un importe de 1.773 millones de euros. Se han resuelto 8.788 demandas en primera instancia, por un importe global de 488 millones.

 Un 61% de sentencias resolvieron a favor del cliente, un 4% a favor de la entidad y el 35% restante fueron procesos con desistimiento del cliente porque pactó con el banco una buena salida. Las entidades usan esta vía cuando ven claramente que son casos perdidos y el acuerdo les permite ahorrarse tiempo y las costas judiciales.

Los datos reflejan que los bancos públicos tienen pendiente 1.285 millones en los tribunales, una cantidad que pueden dar por perdida en su inmensa mayoría porque, a medida que pasan los meses, el porcentaje de demandas a favor de los bancos disminuye. Hace poco más de un año estaba cerca del 10% y ahora han caído al 4%. El caso más llamativo ha sido el de Adicae, que el 2 de junio interpuso una demanda colectiva contra Bankia de 7.500 preferentistas por valor de 121,5 millones.  (...)

Según algunos abogados consultados, los casos de éxito para el banco son más frecuentes en clientes de altos patrimonios, aunque la casuística es dispar. (...)

En general, los jueces entienden que los inversores de alto nivel adquisitivo tienen más conocimientos financieros (e inversiones más sofisticadas) por lo que podían saber los riesgos de las preferentes y rechazan sus casos.

La mayoría de los clientes que no han querido demandar a la entidad (una vía lenta y costosa económicamente) han optado por el arbitraje. En total, había 534.150 clientes minoristas en preferentes y subordinadas, según un informe de la CNMV. De ellos, 425.210 solicitaron arbitraje. 

 Un experto independiente valoró si el cliente tenía conocimientos suficientes para entender el producto. Hasta el 13 de junio, ha dado la razón a 303.379 clientes, el 71%, que recibirán todo su dinero. Sobre el total de los que invirtieron, el 57% han ganado este partido. (...)"        ( Íñigo de Barrón , El País, Madrid 29 JUN 2014 )

Mataró entierra las preferentes. Buena parte de los 6.000 afectados por Caixa Laietana, podrán recuperar el dinero

Pere Ayter compró preferentes. / MASSIMILIANO MINOCRI

"Carlos García y Pere Ayter pueden explicar de forma rápida y sencilla conceptos financieros que, hasta hace un par de años, no sabían ni que existían. No es que hayan hecho un curso avanzado de economía.

Viven en Mataró —la ciudad española con mayor proporción de afectados por la estafa de las preferentes— y en los últimos dos años han tenido que aprender a las malas, como muchos de sus vecinos, cuestiones como qué es un producto híbrido o cuáles son las competencias del Banco de España.

Hoy, después de un intenso periodo de juicios y arbitrajes, este municipio de 124.000 habitantes comienza a sentirse “resarcido moral y económicamente”, asegura su alcalde, el convergente Joan Mora. Tras una larga lucha, algunos de los 6.000 vecinos que fueron víctimas de las preferentes —la inmensa mayoría, comercializadas por Caixa Laietana— han empezado a cobrar y la desesperación se ha convertido en una resignada paciencia.

Pere Ayter es uno de los muchos mataroneses que no exagera cuando dice que era cliente de Caixa Laietana “de toda la vida”: su abuelo le abrió una cuenta a los pocos días de nacer.

 “Me iban poniendo una peseta cada cierto tiempo”, recuerda este agricultor de 50 años. Cuando empezó a oír que “pasaban cosas en los bancos”, no se preocupó por sus 12.000 euros: “Mi mujer y yo somos muy conservadores y no nos gusta el riesgo… Pero luego escuché la palabra preferentes”.

Ayter es uno de los vecinos a los que Caixa Laietana convenció para que transformasen sus ahorros en participaciones preferentes o deuda subordinada, complejos productos financieros que se les vendieron como depósitos a plazo fijo, según afirma la mayoría de víctimas.

 Cuando la entidad fue adquirida por Bankia, se les engañó una segunda vez al canjearles estos productos por acciones sobrevaloradas del nuevo banco. Esto complicó que accedieran al arbitraje: se les consideraba inversores en vez de ahorradores. Tras una expedición a Madrid, donde Mora y plataformas de afectados se reunieron con varios partidos políticos, el Congreso autorizó al entonces Instituto Nacional de Consumo a mediar en el conflicto.

El 78% de los afectados de Mataró optó por el arbitraje y, de estos, un 92% tuvo un fallo favorable. Uno de los porcentajes más altos del país, según Bankia. Este sistema, sin embargo, conlleva una pequeña pérdida de la cantidad inicial, por lo que otros, como Carlos García, prefirieron la vía judicial.

“Tenía tres cuentas en Caixa Laietana con 18.000, 6.000 y 5.500 euros. Solo me aceptaron el arbitraje en la primera, o sea que además de las otras, iba a perder unos 2.500 de la primera.

Para mí, eso era dejar que se salieran con la suya”, explica García. El juez le ha dado la razón hace pocas semanas y calcula que cobrará sus 24.000 euros en octubre. El resto lo tiene en acciones y aún medita si reclamar o no. A Ayter le llegó la sentencia favorable hace meses y está a la espera de que le ingresen el dinero.

El proceso avanza con tanta rapidez que Estafabanca Mataró —la plataforma que durante dos años y medio organizó tres concentraciones cada semana, asesoró a las víctimas y llegó a tener hasta 350 familias activas— ha anunciado su disolución por haber “alcanzado sus objetivos”.

 La presión social consiguió que se abriera un juzgado transversal para los afectados por productos híbridos. Comenzó a funcionar en septiembre de 2013 y estará activo, por lo menos, hasta septiembre de 2015. Ha atendido 800 casos, a los que se suman los 1.200 que han llevado los otros seis juzgados de la ciudad. Todas las sentencias han sido favorables, asegura el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cifra la inversión media de las demandas en 50.000 euros.

La abogada del Col·lectiu Ronda Laia Manté considera que uno de los motivos de que en Mataró haya más fallos favorables es que Caixa Laietana no tenía registros tan eficientes como Caja Madrid. “Tenemos demandas de familiares de empleados suyos afectados por las preferentes y las estamos ganando. Muchos trabajadores de la entidad no sabían que eran productos de riesgo. En una ficha interna de 2006, por ejemplo, decía que no lo eran”, afirma.

La vicepresidenta de la asociación Apredef, Arianna Serras, añade otra particularidad a los procesos mataroneses: “La conciencia sobre la materia. Sus sentencias son rotundas, tan bien fundamentadas que no dan lugar a recursos”.

 Uno de sus defendidos es Ramón Sánchez, de 60 años, que ha recibido hace pocos días el fallo que obliga a Bankia a devolverle los 8.000 euros que tenía en preferentes y los 4.000 que tenía en acciones: “Veo que la justicia puede llegar a ser justa. Pensaba que solo recuperaría el de las preferentes. Estoy súper feliz. Antes no sabía ni para qué servía un juzgado”.

La oficina municipal de información al consumidor aún recibe consultas sobre productos híbridos, aunque ahora a cuentagotas. En dos años atendieron a 3.335 personas. “La gente desconfiaba porque el sistema de arbitraje obligaba a que contactaran con quienes les habían estafado”, explica el alcalde.

Así que contrataron a seis personas más. También se creó una unidad de atención psicológica en colaboración con la Fundación Hospital Mataró, aunque son pocos los que la han utilizado. “Las familias han preferido organizarse ellas solas”, afirma Mora.

No todas los han conseguido. García no le dirige la palabra a su cuñado, antiguo jefe de zona de Caixa Laietana y actual director de una oficina de Bankia. Fue él quien le vendió las preferentes y las acciones en documentos que le hacía firmar después de las comidas familiares.

 “Yo me cambié a esa caja porque él trabajaba allí. Si tienes un familiar que es economista y tú solo tienes la educación básica, te fías”, lamenta. Lo que más le duele es que no ve a sus sobrinos desde hace dos años y medio. Su madre de 80 años también es una afectada, pero acudió al arbitraje y desistió de la vía judicial por miedo a perder contacto con sus nietos.  (...)

Diego Herrera decidió pasar a la acción el día que vio a sus padres hundidos: “Tenían la cultura del ahorro. Nunca viajaban ni iban al cine. Y de un día para otro perdieron todo”. Él y otros seis familiares de afectados por las preferentes iniciaron Estafabanca Mataró, la plataforma más activa de la ciudad en esta materia. “Nuestros padres no han estudiado, pero nosotros sí”, así han ayudado a que todos los antiguos clientes de Caixa Laietana a los que atendieron recuperen su dinero.

”Hacíamos las convocatorias por teléfono porque la mayoría eran personas mayores y no tenían acceso a Internet”, recuerda Herrera, de 39 años. Hace cuatro meses decidieron disolverse. “Nuestros objetivos ya se han cumplido. Y son años de reuniones semanales…

Psicológicamente es agotador. Así que nos hemos ido desvinculando poco a poco y este mes ya hemos dejado de funcionar”.

De su memoria nunca se borrarán dos momentos: el dolor cuando el Gobierno excluyó del arbitraje a los ahorradores de Caixa Laietana y la alegría cuando salió la primera resolución favorable para uno de los afectados."                  ( Stefania Gozzer Arias , El País, Barcelona 28 JUN 2014 )

Bankia debe devolver 900.000 euros a un anciano de 88 años que compró sus preferentes

"Una juez de Madrid ha condenado a Bankia a devolver 900.000 euros a un agricultor de 88 años que invirtió en preferentes de Caja Madrid, con la que le unía una "relación continuada" que le llevó a confiar los "ahorros de toda su vida" en un producto de cuyos riesgos no fue informado.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid declara la resolución del contrato de intermediación en la orden de compra de participaciones preferentes suscrita en junio de 2009 y obliga al banco a devolver a un matrimonio de octogenarios 901.200 euros.

Según la magistrada, "lo que se produjo no fue una simple ejecución de una orden de compra de un determinado producto", ya que existía "una relación continuada" con la entidad, que "ofrecía al cliente los productos que podía comercializar, propiciando una apariencia de relación personalizada que hace más exigible la exhaustividad de la información".

Un agricultor de 88 años, prosigue, "podía creer fundadamente que la entidad bancaria le asesoraba adecuadamente sobre el producto" para obtener el mayor rendimiento posible.

Más aún cuando el afectado, representado por el despacho Zunzunegui Abogados, manifestó en el juicio que se trataba de los ahorros "de toda su vida, que lo llamaron del banco porque le vencía un depósito y le dijeron que era un producto nuevo muy bueno con garantía total -tanto que hasta los padres de quien lo estaba comercializando lo tenía-".

Además, aseguró que "jamás lo hubiera contratado si le hubieran dicho que podía perder el dinero" y que tampoco le habían avisado de que podía revocar la orden.

Bankia negó que existiera incumplimiento contractual alguno por su parte en el servicio de asesoramiento y que facilitó toda la información precontractual legalmente exigida, que firmaron los demandantes, que también habían invertido en preferentes en 1999, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Sin embargo, la sentencia subraya que no ha quedado demostrado que el banco ofreciera a los demandantes "una información completa y veraz" del producto, que además no era adecuado a su perfil.

La documentación informativa que aportó Bankia al matrimonio, señala la juez, es "insuficiente" para que los demandantes conocieran "exhaustivamente" el funcionamiento del producto, su alcance y riesgos."               (Público, 29/05/2014)

Un exdirector de Caja Madrid revela presiones para vender preferentes

"El director de una oficina de Caja Madrid que metió a un cliente en el embrollo de las participaciones preferentes le ha ayudado, cinco años después, a salir de él. En su declaración como testigo, el empleado (ya jubilado), admitió que no proporcionó al cliente, un lotero de 78 años, información adecuada sobre los riesgos del producto financiero. 

Su confesión ha servido de base para que un juez de Barcelona anule el contrato y obligue a Bankia a devolver los 586.151 euros que el cliente invirtió en preferentes entre 2009 y 2010.

La declaración del exdirector arroja luz sobre cómo gestionaron las entidades bancarias —o al menos la extinta Caja Madrid— la venta de preferentes. Reconoció que recibía “presiones” de sus superiores (“cuatro o cinco veces al día”, relató), del director de zona de la caja de ahorros, que le llamaba por teléfono para saber “qué importe habían colocado”. 

Debido a esas presiones, los test de idoneidad —para analizar si el perfil del cliente, minorista o profesional, era acorde con el producto— se hacían sin demasiado rigor. “Se leían las preguntas del test, pero se indicaban las respuestas para permitir la venta del producto”. Sobre sus características, “no se entraba en detalles”, añadió.

El exdirector narró que, desde hacía al menos 15 años, mantenía una relación de “confianza y cordialidad” con el cliente afectado, hasta el punto de que se regalaban, de tanto en cuando, aceite de oliva de Jaén. El cliente había regentado un establecimiento de quinielas que le permitió acumular unos ahorros. 

Nunca se interesó por productos de gran rentabilidad: se limitaba al clásico depósito a plazo fijo a las letras del Tesoro. En 2009, además, era viudo y le había sido diagnosticado un cáncer de próstata. Fue el director quien le propuso anular el plazo fijo sin penalización y cambiarlo por preferentes. El exdirector le explicó, según la demanda, que era “seguro, sin riesgo” y que podría disponer de los fondos cuando los necesitase.

Esa despreocupación por los resultados llevaba, dijo el exdirector, a omitir explicaciones que, a la larga, han resultado imprescindibles. Por ejemplo, no se informaba del riesgo de no cobrar dividendos. “Había temas que se obviaban”, señaló antes de admitir que ni siquiera él conocía uno de los riesgos que entrañan las preferentes: la pérdida total de la inversión.

“Lo expuesto por el testigo”, recoge el juez Guillem Soler en su sentencia, “es suficiente para apreciar que la información fue insuficiente y no exhaustiva, en relación con la complejidad del producto y el perfil” del cliente. Los documentos avalan esa tesis, de ahí que el magistrado decida —como en tantas otras demandas por participaciones preferentes— declarar nulo el contrato de adquisición de preferentes.

 El hombre dio su consentimiento, pero no conocía los riesgos. En su defensa, el banco había alegado que fue “la crisis económica posterior”, y no su actuación la que causó los problemas del cliente. El titular del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, sin embargo, concluye que los contratos son nulos. La nulidad afecta también al canje de preferentes por acciones de Bankia y obliga a la entidad a devolver el dinero inicial al afectado, más los intereses."               (El País, 04/05/2014)

CiU impidió la aprobación de una enmienda que habría evitado el fraude de las preferentes. Los caminos de la banca son muy previsibles

"(...) Las participaciones preferentes se caracterizan principalmente por su carácter perpetuo, es decir, a diferencia de otros instrumentos financieros, carecen de fecha de vencimiento: en ningún momento el cliente tiene derecho a que se le reembolse el dinero invertido.

 De ahí que, en algunas ocasiones, por razones informáticas, se haya incluido en los documentos contractuales como fecha de vencimiento el año 9.999. Algo así como el fin de la historia.

Normalmente las preferentes tienen una remuneración (tipo de interés o cupón) ciertamente elevada. La alta rentabilidad de las preferentes es la contraprestación al enorme riesgo del producto, pues amén de su carácter perpetuo, el interés sólo se cobra en caso de que las entidades tengan beneficios. 

Por su elevado riesgo, el producto ontológicamente está destinado a inversores instituciones o especuladores. Sin embargo, ante las reticencias de los inversores profesionales, especialmente a raíz de la crisis financiera, las entidades decidieron utilizar su red comercial para colocar el producto masivamente a quienes podían engañar con mayor facilidad: sus clientes, pequeños ahorradores sin excesivos conocimientos en el campo financiero y que basaban su relación con el banco en la confianza.

La elevada remuneración y el adjetivo preferente servía para que los empleados de la banca, sometidos a todo tipo de presiones y sin la información necesaria sobre el producto, vendieran de forma camuflada un producto de alto riesgo como un depósito ventajoso, un “depósito preferente” (sintagma que incluso en ocasiones se plasmó en la deficiente documentación contractual), un depósito con mejor remuneración que sólo se ofrecía a clientes fieles, preferentes.

 La banca cometió todo tipo de tropelías, incumpliendo, como resulta obvio, la legislación en materia de contratación y protección al consumidor. Todo valía para cumplir los objetivos de colocación. 

Se vendieron preferentes a trabajadores despedidos que depositaban su indemnización, ancianos, personas enfermas o con discapacidad, menores de edad, personas analfabetas que firmaban con la huella dactilar, víctimas del atentado terrorista del 11-M que depositaban su compensación económica, etc.

Otra de las características más importantes de las participaciones preferentes es su falta de liquidez, esto es, la dificultad para deshacerse de la “inversión”. Ya sabemos que el banco no tenía obligación de recomprar las participaciones preferentes a sus clientes, pero éstos sí podían venderlos a otros compradores. 

Esta posibilidad de venta se presentaba a los clientes como una facultad absoluta que el banco no tendría más opción que aceptar. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que en un principio, cuando el contexto era de bonanza económica, los escasos clientes que querían “rescatar” su dinero del banco lo conseguían, ya que el banco cruzaba la orden de venta con una orden de compra… de otro cliente.

 Un sistema de ‘cases’ piramidal que por su propia naturaleza tenía fecha de caducidad, hasta que finalmente (año 2011) las pérdidas se hicieron públicas y las víctimas constataron el bloqueo de sus ahorros (corralito fáctico). Los datos aún varían según la fuente, pero podrían haberse vendido cerca de 30.000 millones de euros en preferentes a decenas de miles de personas. (...)

La captura del poder ejecutivo 

(...)  Un hecho prácticamente desapercibido es que con motivo de la evasión fiscal de la banca la Fiscalía Anticorrupción inicia una investigación que finalmente archiva en febrero de 2003, si bien tras constatar el grave fraude fiscal que se estaba cometiendo (2). 

El legislador toleró este limbo fiscal a sabiendas del especial interés de la banca, hasta que, en una legislatura con mayoría parlamentaria de la derecha (Partido Popular), aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de 2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) propone poner fin al fraude fiscal siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

 La enmienda proponía regular las participaciones preferentes estableciendo límites a sus emisiones, obligando a tributar por el Impuesto de Sociedades sin derecho a deducción y a comunicar a Hacienda la identidad de los suscriptores. 

La aprobación de la enmienda en estos términos muy probablemente habría evitado el fraude finalmente cometido; sin embargo, una enmienda transaccional de Convergencia y Unió (derecha nacionalista de Cataluña) modificó sustancialmente la enmienda aprobada y consagró los beneficios fiscales.

 La banca tenía la alfombra roja para desencadenar la estafa financiera más grande de la historia de España. ¿Por qué Convergencia y Unió hizo una enmienda transaccional y fue finalmente aprobada en esos términos? La pregunta difícilmente puede responderse sin tener en cuenta la consabida actividad de los grupos de presión y la mezcolanza de intereses público-privados, sobre todo, a la hora de regular aspectos aparentemente técnicos.

La captura del poder ejecutivo 

(...) La experiencia empírica y una profusa pluralidad de análisis evidencian la producción, desde hace décadas, de un fenómeno de 'captura del regulador' que consiste en la apropiación del ente supervisor por los propios operadores regulados, que imponen sus intereses privados en las decisiones públicas. 

En  relación con la burbuja de las participaciones preferentes, la captura del ente regulador se traduce, cuando menos, en la tibieza de su actuación preventiva, inspectora y sancionadora. (...)

En febrero de 2009, en un contexto de objetivos renovados de solvencia de las entidades financieras y venta exponencial de participaciones preferentes, la CNMV se limitó a comunicar a las entidades reguladas el incremento de las exigencias de información para verificar las emisiones dirigidas a clientes minoristas, nuevamente con la intención de prevenir conflictos de interés. 

Y en el mes de mayo de 2009 publicaría un folleto informativo para advertir a los clientes de los riesgos existentes. Recomendaciones, comunicaciones, advertencias... Así trataba la CNMV un fraude en fase metastásica. (...)

La captura del poder judicial

No es necesario ser un experto jurista para intuir el carácter delictual de una macrooperación financiera basada en prácticas deliberadamente engañosas y dirigida a la sistemática conversión del ahorro de los trabajadores en capital de la banca. 

La inhibición de la maquinaria penal sólo puede entenderse en un escenario de hegemonía del poder financiero y, en particular, de una limitada independencia judicial, como se afirma en un reciente informe del Consejo de Europa.

 Ya nos hemos referido al archivo en 2003 de una investigación incipiente de la Fiscalía Anticorrupción. A priori podría parecer que la intención del establishment es focalizar la respuesta penal en casos aislados a fin de ocultar el alcance generalizado del fraude y sus causas sistémicas.

 Ni siquiera eso. En el llamado “caso Blesa” (por el expresidente de Bankia), que le ha costado el destierro al instructor de la causa, el Juez Elpidio Silva, la Audiencia Nacional ya ha descartado la responsabilidad penal en relación con las participaciones preferentes. Tampoco la Fiscalía, que tiene legitimación para defender los intereses generales de los consumidores en el orden jurisdiccional civil, ha llevado a cabo en este ámbito actuaciones de relieve.

Así las cosas, las personas que han perdido sus ahorros sólo tienen la vía judicial civil para intentar recuperarlos. No sin trabas. (...)

Esta es la historia, silenciada hasta hace poco y contada superficialmente por los medios de comunicación de masas, de los tipos que estafaron a nuestros abuelos y, en general, a decenas de miles de personas humildes que no han hecho otra cosa que trabajar y ahorrar en vidas de austeridad, dignidad y sacrificio. 

La codicia exacerbada e inmoralidad de unos pocos banqueros sin escrúpulos, que tienen nombres y apellidos, y también la pasividad y connivencia de poderes públicos sometidos, han provocado cuantiosas pérdidas económicas, angustia, sufrimiento, daños morales irreparables e incluso suicidios. A la verdad pretenden contribuir estos párrafos.

 A la justicia y la reparación deben dirigirse los esfuerzos coordinados de quienes pretenden democratizar el sistema político-económico y de las víctimas del fraude de las preferentes, para que, primero, recuperen lo que es suyo, y, segundo, sean juzgados los responsables del fraude. (...)"                       (Participaciones preferentes: naturaleza y causas de un fraude sistémico, de Miguel Á. Andrés Llamas, en Sin Permiso, 13/04/2014)